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Con dinero público pagan hasta el bolo, se contagian de limosnitis aguda
Juan Pablo Proal
Diez estados han destinado 350 millones de pesos para obras como la construcción y remodelación de
templos
Con dinero público, mandatarios estatales han entregado millones de pesos a la Iglesia católica para diversos fines, como la construcción y
remodelación de templos, principalmente, pero también han hecho donativos en especie y hasta colaborado con el popular bolo en los
festejos de bautizo.
Porque el gobernador de Jalisco, Emilio González, no ha sido el único en mezclar los asuntos gubernamentales con los religiosos, ya que
esto se repite en por lo menos diez entidades del país.
Pero ¿cuánto dinero del erario han recibido las iglesias? De las 32 entidades federativas de nuestro país, sólo diez respondieron
satisfactoriamente las solicitudes de información formuladas al respecto por Excélsior.
El resto esquivó la petición o simplemente comunicó que carece de un sistema de información que le permita ofrecer esos datos.
Entre terrenos obsequiados, donaciones a Organizaciones No Gubernamentales de corte religioso, reparación de templos, construcción de
iglesias y demás regalos, este diario cuantificó una suma superior a 350 millones de pesos destinados a la Iglesia por los gobiernos de
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora y Yucatán.
Para los templos Divino Salvador, Santa María Reyna y San José conseguir padrino de bolos para los niños no fue difícil: el gobierno de
Aguascalientes se encargó de ello.
En total, la actual administración de esa entidad ha obsequiado 18 mil 289 pesos en bolos, es decir, monedas que reparte entre los
invitados, y principalmente entre los niños, el padrino de bautizo.
Pero la caridad de la administración del gobernador Luis Armando Reynoso va más allá. Incluso ha procurado que las iglesias tengan vasos
desechables y juguetes para sus fiestas patronales, y con dinero público pagó diez mil pesos en trofeos para la parroquia de La Divina
Providencia, según información obtenida por medio de la ley de transparencia local.
Sin embargo, no sólo la Iglesia es favorecida con los donativos de los mandatarios estatales, sino también las asociaciones religiosas.
Tan sólo en Puebla, el ayuntamiento pasado, presidido por el priista Enrique Doger, tomó la decisión de regalar 105 vehículos usados a la
fundación Cáritas.
Según se verificó en una base de datos brindada por la Secretaría de Desarrollo Social de Jalisco, 13 organizaciones han recibido, por
separado, tres millones 103 mil pesos, a pesar de que el fin de algunas, como lo definen incluso ellas mismas, es sólo “espiritual”.
Un ejemplo es la agrupación Amor Centro en Acción Brazos Extendidos, a la que el gobierno jalisiciense entregó 50 mil pesos con el objetivo
de equipar una sala decapacitación.
Esta organización tiene como principal objetivo “extender amor por medio de ayuda social, talleres de capacitación, orientación para el
desarrollo social, y familiar, y suplir las necesidades de la familia”.
Un caso más es el de la agrupación Grupo Integra Juan Pablo II, destinada a “brindar información integral, promoviendo valores y principios
dentro del marco de la dignidad humana”, a la que se le entregaron 383 mil pesos para el equipamiento de talleres sicológicos.
Otra asociación favorecida por el gobierno de Emilio González es el Banco Diocesano de Alimentos, al que se entregaron 500 mil pesos para
“la adquisición de un vehículo”.
Guanajuato guarda proporciones similares con Jalisco. Desde la administración pública guanajuatense se destinaron 34 mil pesos a la casa
Jesús de Rehabilitación para una campaña de reciclaje, y 250 mil pesos a la Fundación Vida y Familia, dedicada a “ayudar a la mujer
desamparada en el embarazo”.
A la Ciudad del Niño Don Bosco, que atiende a niños abandonados, le donó un millón de pesos.
En Baja California, las organizaciones Casa Pastoral Maná, Federación de Jóvenes Cristianos y otras tres agrupaciones católicas recibieron de
la Secretaría de Desarrollo Social la suma de 542 mil pesos, se desprende también de una solicitud de acceso a la información