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Fuera de Ruta
Situación de los derechos sexuales y reproductivos en Sonora
Z. Margarita Bejarano Celaya*
De manera sorprendentemente coordinada, en varias entidades de la república se han
emprendido acciones para modificar sus constituciones locales a fin de blindarse de los
efectos de la legislación a favor de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito
Federal. La aprobación de la ILE en el DF fue ratificada constitucional por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y generó jurisprudencia, esto ha dotado de contenido
exigible los derechos de las mujeres a: la vida, la libertad, la protección de la salud, la
libertad sobre su cuerpo, la igualdad de género, la no discriminación, la libertad
reproductiva, la libertad sexual, la libre maternidad, la intimidad o privacidad (sexual); así
como la libertad de religión y los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la
educación en materia de salud sexual y reproductiva, el derecho a la autodeterminación, el
derecho al libre desarrollo personal y el derecho a la dignidad. Esta exigibilidad es válida
en todo el país, por lo que las reformas propuestas -y aprobadas ya en varios estados
incluyendo a Sonora- son inconstitucionales y violentan los antes citados derechos de las
mujeres.
En este contexto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) inicia un
análisis de temas relativos a salud y derechos sexuales y reproductivos en distintos estados
en los que se propusieron iniciativas o se aprobaron reformas para tutelar la vida desde la
fecundación. Para el caso de Sonora, los resultados del estudio evidencian el poco
conocimiento de la reforma al artículo primero de la Constitución local, que establece que
el estado tutela la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Sólo el 18 por ciento
de la población reportó conocerla. Tampoco se conocen sus efectos, la población no tiene
una opinión clara de ellos: 38 por ciento cree que beneficia a las mujeres mientras que 37
por ciento opina que las perjudica, es importante destacar que una cuarta parte de la
población no sabe si la reforma afecta o beneficia a las sonorenses. No obstante, al informar
de los posibles efectos (prohibición de métodos anticonceptivos que permiten la
fecundación pero impiden la implantación como el Dispositivo Intra Uterino (DIU), de la
reproducción asistida y el uso de procedimientos de diagnóstico a embriones, por ejemplo),
las y los sonorenses se manifiestan más a favor de los derechos sexuales y reproductivos
que dé su restricción: 45 por ciento de la población está en desacuerdo con que se impida la
utilización del DIU, contra 33 por ciento a favor; un 40 por ciento está en desacuerdo con
que se impida el uso de procedimientos de diagnóstico a embriones para casos de
problemas hereditarios, contra 38 por ciento a favor y un 40 por ciento está en desacuerdo
con que se pongan restricciones a la fecundación in vitro a mujeres que tienen problemas
para embarazarse, contra 32 por ciento a favor. En el estudio también se observa un
aumento de la cultura del auto cuidado en la salud reproductiva, incluso para la población
adolescente; sin embargo, se le sigue atribuyendo esa responsabilidad mayoritariamente a la
mujer.
De acuerdo con el estudio, las y los sonorenses aceptan el aborto de manera condicional, lo
apoyan en situaciones que el embarazo pone en riesgo de vida a la mujer, cuando es
producto de una violación, si la mujer tiene SIDA o si el producto presenta
malformaciones, no así cuando sea por voluntad o responsabilidad exclusiva de la mujer, lo
cual indica que no se reconoce el derecho humano de las mujeres a decidir.
La falta de información sobre importantes temas de salud sexual y salud reproductiva que
se verán afectados como consecuencia de la reforma tiene como “pantalla” la tutela de la
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vida desde la concepción. Se ha difundido que la reforma es protectora de la vida (y en ese
sentido ¿quién se atreve a oponerse?), pero deja oculta la prohibición del ejercicio de los
derechos reproductivos de las mujeres y, aunque aparentemente es bien intencionada,
conlleva afán de control de los cuerpos y las decisiones de las mujeres.
Para la población no está claro cuáles son las modalidades legales del aborto. La falta de
conocimiento de la ley es producto –en parte- del oscuro procedimiento mediante el que se
aprobó la reforma, así como por el hecho de que la información y los argumentos
manejados por quienes promovieron la reforma han sido parciales y con sesgo ideológico,
además de carecer de datos científicos vigentes.
Las variaciones en las opiniones de las y los sonorenses antes y después de tener
conocimiento de la reforma en cuestión y de sus efectos, indican la necesidad imperante de
llevar a cabo campañas basadas en información científica y con perspectiva de género a
todos los sectores de la población, no como un asunto moral sino como un problema de
salud pública -sexual y reproductiva- y de derechos humanos.
*Maestra en Ciencias Sociales, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, con
especialidad en Desarrollo Económico y Exclusión Social por El Colegio de Sonora,
[email protected]
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