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CONSULTA REGIONAL PARA EUROPA FAO/SOCIEDAD CIVIL
La respuesta de la política agrícola y el ajuste de los sistemas agrícolas y alimentarios al
aumento del precio de los alimentos y los impactos del cambio climático en las zonas agrícolas
y rurales
INNSBRUCK (AUSTRIA), 23-24 DE JUNIO DE 2008
DECLARACIÓN
Crisis mundial de los alimentos
La crisis mundial de los alimentos ha modificado el contexto de los debates internacionales sobre la
alimentación y la agricultura. Sin embargo, las políticas todavía no han cambiado. Somos conscientes
de que la crisis tiene su origen en las décadas de políticas mal orientadas, y no se puede aceptar que
se siga promoviendo un modelo equivocado. La crisis, que afecta severamente a millones de seres
humanos de todo el mundo todos los días, exige que se revisen y reorienten las políticas agrícolas y
alimentarias nacionales e internacionales de manera urgente y amplia. Los enfrentamientos motivados
por los alimentos que se han producido en muchos países prueban en qué medida la alimentación es
vital para los seres humanos. La alimentación es una necesidad absoluta para la vida, y observamos
que son las mujeres las que, principalmente, aseguran la provisión de alimentos. Los alimentos son
mucho más que un producto básico; el acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano
universal que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir en todo momento, para
todas las personas del planeta.
La FAO tiene la responsabilidad principal de promover el derecho a la alimentación y abordar
adecuadamente la crisis de los alimentos y sus causas estructurales. La FAO, en calidad de institución
de las Naciones Unidas responsable de la seguridad alimentaria y de la aplicación de las directrices del
derecho a la alimentación, debe asumir su liderazgo y dar la respuesta adecuada a la crisis de los
alimentos. La seguridad alimentaria es más importante que el comercio y, por consiguiente, la FAO no
debe dejar esta cuestión en las manos de las instituciones de Bretton Woods y la Organización Mundial
del Comercio. Exhortamos a las personas encargadas de la elaboración de las políticas a que den
respuesta a la crisis mundial de los alimentos en las más altas instancias políticas y a que garanticen
que todas las políticas futuras de Europa y Asia Central fomentarán la soberanía alimentaria y no
perjudicarán la seguridad alimentaria.
Nos preocupa mucho el hecho de que muchas de las recetas que han propiciado la crisis se sigan
proponiendo como soluciones, por ejemplo el modelo agroquímico de producción y la liberalización del
comercio. Al contrario de lo que aconsejó la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria
Mundial y los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía el 5 de junio de 2008, nosotros
recomendamos que no se fomenten “más procesos de liberalización”. Para nosotros, la liberalización es
parte del problema, no de la solución. Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar la crisis de los
alimentos para promover la biotecnología y los organismos modificados genéticamente. No aceptamos
el creciente control de la cadena alimentaria ejercido por unas pocas empresas transnacionales.
Nuestro ideal alternativo al paradigma neoliberal aún predominante es el marco de la soberanía
alimentaria. La soberanía alimentaria es más amplia que la seguridad alimentaria: la responsabilidad de
materializar el derecho humano a la alimentación, el acceso a los recursos naturales y la promoción y
protección de la agricultura de pequeña escala, con mayor empleo de mano de obra, sostenible y
diversificada en todas las regiones del mundo deben guiar todas las decisiones políticas relacionadas
con la alimentación y la agricultura. El igual derecho de las mujeres a la tierra y a los otros recursos, así
como su influencia equitativa en la toma de decisiones políticas son también elementos centrales de la
soberanía alimentaria. Promovemos un modelo diferente de producción agrícola que reconozca la
naturaleza multifuncional de la agricultura, ubicada y controlada en el ámbito local, cuya biodiversidad
sea amplia y que respete las normas sociales, laborales y medioambientales. Los precios a la salida de
la explotación agrícola deben cubrir los costos de la producción.
Exigimos un enfoque diferente de la Política Agrícola Común europea que incluya: la reglamentación del
mercado mediante la gestión eficaz de la oferta y el mantenimiento de existencias mínimas de
intervención; el apoyo a las pequeñas explotaciones familiares sostenibles y la adecuación de la
remuneración a la cantidad de trabajo; la redistribución de los pagos mediante el establecimiento de
límites máximos y pagos mínimos fijos para los pequeños agricultores; la creación de instrumentos
potentes y atractivos dirigidos a la promoción de los sistemas de producción ecológicos, la conservación
de los suelos y las estrategias de mejora. La Unión Europea debe respetar el principio de la coherencia
y el de no provocar perjuicios: se debe poner fin al dumping alimentario y a toda política agrícola,
comercial o inversora que contribuya a la infracción del derecho a la alimentación, incluso en otras
regiones.
Son necesarios enfoques diferentes para abordar las características particulares y diversas de los
países de Asia Central (incluso entre los países de esta región), Europa Oriental y Europa Occidental.
La transparencia y la responsabilidad deben regir todas las políticas alimentarias y agrícolas nacionales
y europeas. Debemos combatir los monopolios, la corrupción y las prácticas empresariales desleales.
Hace falta que actúe una sociedad civil fuerte e independiente para supervisar dichas políticas,
especialmente los precios de los alimentos, y reforzar los derechos de los consumidores y el poder
democrático de los ciudadanos. Se debe reforzar el trabajo en red de la sociedad civil entre todas las
regiones europeas, entre los productores de alimentos, los consumidores y las demás partes
interesadas, con la finalidad de analizar los problemas, fomentar el desarrollo de las capacidades y
definir acciones conjuntas orientadas a las soluciones.
En conclusión: exigimos que la FAO1 y los gobiernos2 aborden la crisis mundial de los alimentos como
una prioridad política de primer orden y como una llamada a reorientar las políticas actuales hacia la
promoción de la agricultura familiar y campesina sostenible, la soberanía alimentaria y la materialización
plena del derecho humano a la alimentación.
Agricultura, cambio climático y agrocombustibles
Las prácticas agrícolas no sostenibles y los flujos comerciales favorecen el cambio climático y, de esta
manera, ponen en peligro la capacidad de los sistemas agrícolas de superar los cambios aún más
rápidos de las condiciones del suelo, el agua y el clima. El suministro de alimentos y la nutrición futuros,
así como los medios de vida de las personas que dependen de los recursos naturales para acceder
física y económicamente a los alimentos, también están amenazados. Al mismo tiempo, afrontamos el
reto de deber alimentar a una población mundial cada vez más numerosa, por lo que debemos pasar de
una forma de agricultura alta en carbono y en insumos a una agricultura más diversificada, que necesite
pocos insumos externos y que emita poco carbono, no por ello perdiendo la productividad de las
cosechas sino, más bien, obteniendo mayor productividad por hectárea.
La región europea es una de las regiones que emite más gases de efecto invernadero del mundo y la
agricultura europea es responsable de una parte muy importante de dichas emisiones, lo que se debe a:
la producción ganadera intensiva que depende de la importación de proteínas; la conversión de suelos
con alto contenido en carbono (turba y bosque) en suelos cultivables; el uso intensivo de fertilizantes
químicos y plaguicidas que se aplican con poca eficiencia en suelos que tienen un contenido bajo de
carbono, lo que provoca altas emisiones de N2O. A la luz de estos hechos, los gobiernos y la FAO
deberían:
- evaluar urgentemente las consecuencias del cambio climático propiciado por estas prácticas (y
el supuesto remedio mediante la producción de agrocombustibles) para la seguridad alimentaria
y el derecho a la alimentación en la región y en países terceros;
- proponer medidas para reducir los impactos negativos mediante el cierre del ciclo de los
nutrientes y el aumento del contenido en carbono de los suelos (por ejemplo, mediante la
ganadería basada en los pastos, que no depende de la importación de piensos, y mediante la
agricultura orgánica).
1
En este documento, cuando se menciona a la FAO, se hace referencia a la Oficina Regional para Europa y las oficinas
subregionales para Europa Oriental y el Asia Central.
2
Cuando se menciona a los “gobiernos”, se hace referencia a los Estados miembros de la Unión Europea, los países del grupo
regional europeo o los del Asia Central, según proceda.
2
En lo que respecta a sus recursos y capacidades, los gobiernos y la FAO deberían:
- reforzar su trabajo mediante un análisis multifuncional y multidisciplinario del cambio climático y
la agricultura (incluidos los impactos de los agrocombustibles) y adaptar las metodologías de
recopilación de datos de manera que contemplen esta cuestión;
- priorizar el análisis y la acción en lo que respecta a la mitigación del cambio climático en la
agricultura y, seguidamente, la adaptación;
- promover sistemas agrícolas que contengan diversidad biológica, agroecológica y paisajística y
que estén gestionados de manera familiar o a pequeña escala, con la finalidad de blindarlos
contra las perturbaciones de los suelos, el agua y el clima en el futuro;
- poner en práctica las conclusiones de la Evaluación internacional de las ciencias y tecnología de
agricultura para el desarrollo (IAASTD), que recomiendan que se progrese hacia una producción
más agroecológica y a pequeña escala, y modificar las políticas pertinentes de común acuerdo,
para que se basen en los conocimientos locales y la investigación en la propia explotación y den
respaldo a los movimientos y las organizaciones de agricultores.
La lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero debe contemplarse en el contexto de un
reto mayor consistente en reducir la huella global de la región, que está aumentando inexorablemente a
expensas de las comunidades vulnerables de otras regiones, impotentes ante la exportación
insostenible de los nutrientes, el agua y las fuentes de energía locales en forma de productos de alto
valor, que es poco ventajosa en cuanto a los beneficios. Los Estados miembros de la UE deberían
priorizar la adopción de programas estructurales en el marco de la PAC con la finalidad de disminuir la
importación de cultivos proteicos (que, actualmente, representa el 75 % de los piensos para la
ganadería intensiva), promover la investigación de alternativas que permitan la producción de proteínas
localmente y promover la reducción del consumo de carne por parte de los ciudadanos. En vez de estar
dominada por explotaciones de ganadería intensiva, la cría de animales debe volver a ser un sistema
ganadero sostenible que contribuya al reciclaje de los nutrientes y al empleo de menos ensilajes,
fertilizantes y combustibles fósiles y, a su vez, a la mejor conservación y el empleo sostenible del agua y
la biodiversidad.
Al mismo tiempo, está claro que una parte importante de la biomasa necesaria para alcanzar los
objetivos vinculantes propuestos por la UE en relación con los agrocombustibles tendrán que venir de
terceros países, lo que provocará efectos igualmente negativos, como el desahucio de las tierras,
condiciones de trabajo asimilables a la esclavitud, pobreza, hambre, erosión del suelo y la biodiversidad
y deforestación. Exhortamos a los Estados miembros de la UE a que abandonen los objetivos
vinculantes de los agrocombustibles y a que pongan fin a los subsidios perniciosos que crean una
demanda artificial de agrocombustibles en el mercado. Los Estados miembros de la UE también
deberían estudiar la posibilidad de imponer una moratoria más amplia a la importación de
agrocombustibles hasta que se haya completado y aceptado una evaluación completa de sus
consecuencias para la seguridad alimentaria y los derechos humanos, incluido el derecho a la
alimentación. Si la UE interviene en el mercado, los objetivos deberían dirigirse más bien hacia metas
de sostenibilidad efectiva, como la mejora de la autonomía de los cultivos proteicos y la cuota de
mercado de la agricultura orgánica.
Con objeto de garantizar la protección del derecho a la alimentación, los medios de vida de las
poblaciones rurales vulnerables y el desarrollo rural controlado desde el ámbito local, los gobiernos y la
FAO deberían entablar un diálogo con los países de otras regiones que estén incrementando la
producción de agrocombustibles, o que deseen hacerlo, y que también estén intentando luchar contra el
cambio climático. Así, de manera participativa y sobre la base del principio de precaución, se podrían
crear un marco nacional para la clasificación de los usos de la tierra (para la producción de alimentos,
piensos y combustibles, expansión y conversión de la tierra), reglamentos para la transacción de las
tierras y medidas de compensación por la conversión de las tierras. Además, los gobiernos y la FAO
deberían ayudar a elaborar un marco jurídico destinado a regular el incremento repentino de los
agrocombustibles y a evitar los desalojos forzados.
La promoción técnica de la bioenergía se debería centrar en el uso local e integrado de los residuos
orgánicos (biogás) y la producción de aceites vegetales que permitan reducir los costos del transporte
local y los sistemas agrícolas, y hacerlos más autónomos, productivos y sostenibles.
3
Productos y alimentos agrícolas regionales tradicionales: mercados, demanda y políticas de
apoyo
La promoción de los productos locales y tradiciones es esencial para materializar la soberanía
alimentaria y la producción de alimentos resistentes y poseedores de biodiversidad.
Existe la necesidad de que se apoye particularmente el desarrollo de los sistemas agrícolas
tradicionales basados en los conocimientos locales, que dan muy buenos resultados en todos los
aspectos de la sostenibilidad. Es necesario prestar apoyo a:
- el acceso a los mercados y la promoción del valor del producto;
- el trabajo en red y la cooperación entre los productores;
- la vinculación directa con los consumidores/ciudadanos;
- la elaboración y las infraestructuras de comercialización locales, así como otras
instalaciones.
El agroturismo puede suponer un complemento importante de los ingresos familiares para los
agricultores que viven en comunidades rurales vivas y de paisajes diversos.
Es necesario disponer de otro tipo de reglamentación en lo que respecta a las normas de higiene de los
productos procedentes de pequeñas explotaciones que están destinados a los mercados locales.
Debido a las actuales normas uniformes, concebidas para la agricultura industrial, la producción, la
elaboración y los conocimientos locales están desapareciendo.
Necesitamos disponer de una reglamentación adecuada para las semillas y los recursos genéticos que
manejan los pequeños agricultores para permitir el acceso libre de éstos a semillas que no hayan sido
modificadas genéticamente. Actualmente, los acuerdos y los tratados internacionales, que dan prioridad
a los derechos de propiedad exclusiva, son beneficiosos para los intereses de las empresas
transnacionales de semillas. Los bancos nacionales de germoplasma están controlados, cada vez en
mayor medida, por empresas privadas. En el ámbito internacional, la situación está empeorando, ya que
las 10 mayores empresas controlan actualmente el 60 % del mercado comercial de semillas del mundo.
Se insta a los gobiernos a que mantengan los bancos de germoplasma y los recursos genéticos bajo
control público, a fin de que no se puedan reclamar derechos de propiedad intelectual sobre ellos. Los
derechos de uso exclusivo (patentes, derechos de propiedad intelectual, leyes sobre semillas o
contratos comerciales) restringen innecesariamente la producción local y culturalmente diversa de
alimentos, y amenazan los sistemas agrícolas tradicionales basados en los conocimientos locales.
Ahora, más que nunca, es necesaria la soberanía alimentaria.
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