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LA SOCIEDAD INCLUSIVA: ENTRE EL REALISMO Y LA AUDACIA
JOAQUÍN AZAGRA ROS
Sí, son dos libros en uno. Tiene su explicación. Perdón no sé si tiene. Vdes.
leerán y juzgarán, pero explicación sí. Fue hace dos veranos. Ximo escribía sobre cómo
Francisco centraba en los pobres y excluídos, el foco de su mensaje; yo descubría cómo
Piketty documentaba con cifras el aumento de la desigualdad. Y la realidad nos
mostraba cómo la crisis descargaba su furia selectiva sobre los estratos más pobres de
nuestra sociedad. La intersección era obvia: el aumento de la vulnerabilidad anuncia un
drama creciente que será duradero. Sin embargo, nuestros lenguajes no casaban. Ahí
nació la idea de cruzarlos. Ni el discurso de los cristianos podía reducirse a la labor de
Cáritas, ni el interés de quienes sin serlo apostamos por una sociedad inclusiva, debiera
prescindir de un mensaje tan potente como el que hoy plantea el Papa Francisco. Poner
en común lenguajes distintos, repensar prioridades, articular acciones, en suma dar
respuestas compartidas a la complejidad actual desde una clave común… la de sostener
una cohesión social hoy amenazada y exigida de repensar las prioridades y las formas
de gestión del Estado del Bienestar.
Porque ahí radica la cuestión, en los riesgos que se ciernen sobre el que quizás
haya sido nuestro más importante logro compartido: un Estado del Bienestar que pese a
todo ha mantenido la cohesión social de esta sociedad y sobre cuyo futuro se ciernen
riesgos de calado. Que no son sólo efecto de las políticas de consolidación fiscal y los
recortes de ellas derivados. No, la cuestión va más allá. Esta ya no es la sociedad en que
se fraguó ese gran pacto social que es el Estado del Bienestar. Ni lo son sus modos de
vivir o pensar, ni lo son sus gentes, ni lo son las condiciones en que se desarrolla.
Ocurre en toda Europa. Desde mucho antes de que la austeridad se impusiera
como política determinante en la U.E., ya se planteaba la cuestión de su viabilidad. Blair
o Schroeder son buen ejemplo. El escenario era, insisto, otro. Para empezar el
geopolítico, pues la estruendosa caída del comunismo restaba recorrido a la idea de una
economía mixta y dejaba el mundo sin alternativas a la expansión de la economía de
mercado. La globalización obligaba a incrementar la competitividad bajando precios
bien vía aumento de la productividad, bien vía reducción salarial o peor aún,
estrechando los límites del gasto social. Todo el gasto público empezaba a pesar como
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una losa sobre las economías europeas pues vivir a crédito permanentemente siempre
supone unos niveles de endeudamiento crecientes, muy duros de afrontar cuando la
productividad no crece a mayor ritmo. Además, el Estado ya no es el instrumento
autónomo y autosuficiente que era, pues subsumido en áreas de decisión
supranacionales, no es fácil ejecutar políticas expansivas con la alegría de antaño. Más
aún, pierde soberanía nacional,
pues este concepto implicaba un espacio político
delimitado. Por si ello fuera poco, la mejora en el nivel y esperanza de vida alumbraba
un proceso de envejecimiento que presiona el gasto en sanidad, farmacia, pensiones de
jubilación, residencias para ancianos, etc. Dicho en síntesis, ni el escenario demográfico,
ni el geopolítico, ni el instrumento transformador por excelencia que es el Estado, ni las
políticas keynesianas de expansión del gasto público se sostienen sobre las mismas
bases. Ni siquiera sobre las mismas bases sociales.
Quizás sea este, el punto central de mi argumentación. Porque el Estado del
Bienestar fue conquista de las clases trabajadoras nucleadas en torno al proletariado
industrial en aquella sociedad fordista, que forjaba en las fábricas la conciencia de clase.
Las clases medias y aún más, las altas aceptaron sufragar vía impuestos, el pacto que
daba estabilidad a un sistema del que ellos se beneficiaban más que nadie. Se tejió así
una suerte de solidaridad fiscal entre clases y entre generaciones que propició una larga
etapa de crecimiento y redistribución. Hoy la estratificación social es distinta. El
proletariado industrial no es ya mayoritario. Hoy lo es el de servicios, de muy distinta
cultura política. Son otras también las clases medias, con profundas diferencias entre sí.
Incluso la definición de las mismas es hoy más indeterminada y confusa. Es frecuente
oir, por ejemplo, al líder del PSOE, hablar de clases medias cuando en realidad se
refiere a obreros insiders con salarios aceptables y seguridad laboral; o peor, sostener
propuestas políticas en base a los intereses de un abstracto heterogéneo como es “la
gente”. Esa deficiente conceptualización de las clases olvida que la actual segmentación
provoca conflictos no sólo interclasistas, sino con frecuencia intraclasistas.
El conflicto distributivo es mucho más complejo que antaño. Y quizás el caso
más flagrante en esta época lo constituya ese colectivo diverso y heterogéneo cuya
amplitud ha crecido con la crisis y que ha encontrado definición en la expresión de
“precariado”. Muy heterogéneo pues engloba a parados de distintas edades y condición,
autónomos a los que la quiebra de su pequeño negocio ha conducido a la ruina, a
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inmigrantes sin redes sociales de apoyo y sobre todo a jóvenes, a muchos jóvenes con
tantos estudios como frustración… Colectivo heterogéneo, posiblemente con intereses
distintos pero cuya vulnerabilidad es tal que los sitúa en el riesgo de la exclusión y en
casos de la pobreza, convertida así en un espacio de intersección entre capas y clases
sociales como nunca se había conocido.
Esto afecta en particular al caso español, porque el nuestro es un Estado del
Bienestar de tipo medio, fuertemente ligado al empleo, muy descentralizado y en el que
la familia suple carencias en el ámbito de lo social. Así, el sistema ha mostrado músculo
en la provisión de bienes preferentes -educación y sanidad- y ha mantenido el sistema
de pensiones con cierta suficiencia. Tanto que las pensiones se han convertido en sostén
económico, a veces casi único, de familias con baja intensidad laboral. Pero es
claramente deficitario en las transferencias antipobreza, apoyo a las familias,
dependencia y en general a atención social. Un dato: las pensiones de jubilación
suponen un gasto del 11% del PIB, la sanidad un 7, la educación un 6 y todo el conjunto
de prestaciones que constituyen los servicios sociales, no llega al 2%. ¿Cabe atribuir a
este gasto responsabilidad en el déficit público?. Obviamente no.
El problema es que se trata de una cuestión urgente. La semana pasada el INE lo
cuantificaba: casi una cuarta parte de las familias españolas están por debajo del umbral
de la pobreza: más de diez millones de personas, la mayor parte niños. Un porcentaje
que aumenta si utilizamos el indicador AROPE, en cuyo caso alcanzaba el 29.2% con
ingresos de 2013. No sé si es hora de plantear la renta básica universal. Su articulación
es tan complicada que tardarán años en que se pueda hacer. Pero sí lo es de aumentar
sustancialmente la dotación de fondos para que los ayuntamientos puedan atender con
rentas mínimas de inserción ciudadana. No hacen falta cambios legales y supondrían un
alivio para tantas situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Ay! Pero es posible hacerlo
cuando tantas presiones para la consolidación fiscal existen?. Bien, creo que sí. Aunque
nada es gratis. Y como no será posible aumentar sustancialmente el gasto social a corto
plazo, hay que asumir con valentía que el Estado del Bienestar debe repensar sus
prioridades y llevar a cabo reformas que aseguren su viabilidad pero sin dejar de dar
respuesta a lo urgente. Y urgente es atender a la pobreza creciente, no sólo con ayudas
económicas, que también como es obvio, sino mediante en políticas de rescate para esos
parados de larga duración, sobre todo jóvenes, que corren el serio riesgo de quedar
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anclados en su situación. No se trata sólo de implementar transferencias a través de las
rentas de inserción, sino de articular políticas activas de empleo, porque el objetivo es
rescatar de la pobreza y recuperar la dignidad de las personas.
En el libro que hoy se presenta se alude a experiencias de interés, sobre todo en
los países nórdicos: la llamada mochila que acompaña a las pensiones de jubilación, la
que se conoce como “flexiguridad”, el equilibrio entre tasas y becas, etc. No repetiré
experiencias conocidas aunque no siempre interiorizadas. Pero sí diré, que el Estado del
Bienestar, como en general todo el andamiaje de nuestra democracia, está pendiente de
reformas. Reformas que no son gratis y exigirán renuncias y adecuaciones. Y a ese
respecto, me voy a permitir apuntar que una reforma del Estado del Bienestar dirigida a
mantener su carácter universal, público y de calidad, requiere asumir una preagenda
previa de condiciones que sintetizaré en las siguientes:
1) La protección social cuesta dinero y es deber ciudadano contribuir a su sostén.
La conciencia de que no se debe defraudar a la Hacienda Pública y que cada uno debe
contribuir según sus rentas y riqueza no admite tibieza frente al fraude en todos los
niveles. Será inexcusable acometer la revisión del
sistema para evitar tantas
posibilidades de elusión fiscal y aumentar la equidad en el reparto de la carga tributaria,
pero también hacer pedagogía fiscal más allá de las campañas institucionales, con
ejemplaridad y dedicación máxima a la generalización del hábito de la responsabilidad
2) La gestión de los servicios debe mejorar, ser más eficiente. Hay que
solucionar las ineficiencias del sector público por lo que suponen para la gestión y
porque ofrecen material para la crítica en su contra. Funcionarios y empleados públicos
han de implicarse en tal objetivo, alentando protocolos de actuación rigurosos,
evaluaciones ante-ex y post-ex de las políticas aplicadas e incluso abriéndose a fórmulas
de gestión con agentes externos (empresas privadas, voluntariado, ONGs, etc,) aunque a
veces pueda afectar a intereses o hábitos corporativos. Hay que buscar las fórmulas de
hacer mejor hasta lo que ya se hace bien.
3) Nuestro Estado del Bienestar es a veces impersonal, burocrático y
compartimentado. Hay que desburocratizar la gestión, reducir la uniformidad,
personalizar la atención, hacer seguimiento de los casos individuales, ajustar protocolos
a las circunstancias de las personas, coordinar las actuaciones en que concurran
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instancias competenciales distintas. Con la administración informatizada, no debiera ser
problema inabordable.
4) Universalidad no equivale a gratuidad total. Frente al copago, hay que
reivindicar el papel racionalizador de unas tasas selectivas, personalizadas, ajustadas a
los niveles de renta, circunstancias y condiciones vitales de los usuarios. Crean
conciencia de los costes y evitan malos usos e incluso distorsiones que merman la
capacidad redistributiva del sistema al disminuir su progresividad. Con todo, la base del
sistema es su gratuidad; las reformas no debieran dirigirse a compartir los costes del
sistema sino a erradicar las malas prácticas.
5) Repensar las prioridades va a ser obligado en un futuro inmediato. Atender a
la infancia ofrece igualdad de oportunidades a los niños y a las madres; cuidar a la vejez
es imperativo demográfico; dotar de dignidad a la pobreza ampliando número y cuantía
de las rentas mínimas, es una exigencia ética, social y política; incrementar los niveles
educativos mejora la competitividad, pero sobre todo la igualdad de oportunidades, etc.
Pero priorizar suele suponer dar algo por algo, es decir puede haber otras prestaciones
afectadas a la baja y tal vez hasta suprimidas. No puede hacerse sin rigor, sensibilidad y
acierto. Y desde luego, hay que economizar en gastos no productivos ni sociales, como
son tantos en la administración.
Creo haber cumplido arriesgando unos puntos tan controvertidos. Y como el
libro obviamente salió antes de elecciones, añadiré riesgos a mi propuesta. El Estado del
Bienestar goza de gran arraigo en nuestra sociedad pero no tiene tanta unanimidad en lo
que a sus prioridades respecta. Lo curioso es que coincidencias y diferencias, según
explico en él, no responden tanto a ideologías ni a posiciones políticas, sino sobre todo,
a la situación en el mercado laboral. No puedo alargarme en este punto, pero quiero
decir que las preferencias de quienes están en riesgo de exclusión no coinciden con las
de quienes están instalados en el sistema. Algo que debieran contemplar en especial
partidos y sindicatos. Lo cual significa que las reformas requieren matices, tacto, buen
hacer y consenso. Bien, pues está escrito antes de que se celebrasen estas elecciones. A
una sociedad tan segmentada puede representarla mejor una realidad política
fragmentada. En ese sentido no me cabe duda de que nuestra democracia se ha
enriquecido. La situación política actual añade protagonismos nuevos y con ellos,
matices. Un escenario idóneo si se sabe dialogar, si se sabe pactar la complejidad.
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