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La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la formación de políticas públicas en América
Latina: referentes teóricos y experiencias recientes
Alberto Hernandez Baqueiro, Instituto Tecnologico de Monterrey
La noción de Políticas Públicas (PP) se ha convertido en referencia para entender y orientar la participación de las
Organizaciones Civiles (OC) en los asuntos públicos. La manera como se entiende el alcance de las PP influye en
la definición de las formas de participación ciudadana, de allí la necesidad de enriquecer la discusión conceptual, en
aras de lograr un consenso más amplio y con mayores contenidos acerca de la clase de actividades, actores y
recursos que se han de movilizar. Simultáneamente, las OC mantienen un dinamismo constante en sus actividades y
su relación con el Estado. Este trabajo contribuye al conocimiento de la acción de las OC en la atención de los
problemas públicos, dentro de un marco conceptual que facilite la comunicación de experiencias y el debate acerca
de los retos y oportunidades que el momento actual presenta para las OC y los gobiernos.
La discusión sobre las PP ofrece una perspectiva pragmática al problema de las relaciones entre la sociedad civil y
el Estado. En este punto, pueden caracterizarse cuatro perspectivas que influyen en la estrategia que se propone
para la acción de las organizaciones (Martínez, 2010): 1) tradición marxiano-gramsciana, en la cual la sociedad civil
se opone al Estado, en cuanto resiste a una dominación ideológica de la burguesía; allí no cabe más que la
resistencia y la oposición como estrategias; 2) tradición crítica habermasiana, la sociedad civil como el lugar de la
creación de los valores culturales que afecta a los subsistemas político y económico; la estrategia apostaría por el
fortalecimiento de la esfera pública, la participación ciudadana y la discusión racional; 3) la literatura en torno al
“tercer sector”, afincado sobre la idea de las libertades cívicas; la estrategia aquí apunta al fortalecimiento en número
y capacidades de las organizaciones no lucrativas, por la vía del mejoramiento de las capacidades gerenciales y las
instituciones legales; d) perspectiva de corte democrático, vería a la sociedad civil como un terreno de reivindicación
de derechos de nueva generación, la realización de derechos culturales y de identidad, la reconstrucción del capital
social y del pluralismo; la praxis que propone es ecléctica, buscando respuestas en la atención de problemáticas
locales, pero tampoco está exenta de dificultades: la falta de referentes constantes en el ambiente de las
democracias latinoamericanas, así como el riesgo de la subordinación de las organizaciones respecto de los
gobiernos, convertidos en proveedores principales de las organizaciones.
La noción de PP tiene sentido propio dentro de una teoría más general de gobernanza democrática (Aguilar, 2007).
Dos propósitos se buscan con este concepto: (a) mayor eficiencia de la acción de gobierno como resultado de un
mejor cúmulo de conocimientos, resultado de la participación de otros actores sociales; (b) respaldo de la ciudadanía
a la acción de gobierno, en forma de aceptación, confianza o legitimidad.
El contexto en que tiene lugar la práctica de PP es el de regímenes democráticos, luego de que en casi todos los
países de la región se han dejado atrás los gobiernos militares o de autoritarismo duro (Dutrénit, 2010), para dar
lugar a un sistema de elecciones democráticas. Sin embargo, las democracias latinoamericanas enfrentan el reto de
la inequidad social y provisión de bienes y servicios, en un escenario de escasez, al mismo tiempo que asegurar la
permanencia de los propios regímenes democráticos. Las OC tienen ante ellas un escenario para el cual las viejas
estrategias frente al Estado y a otros actores sociales ya no son suficientes (Mariñes y Vidal, 2009). La estrategia del
enfrentamiento y la oposición ideológica está dando paso a la búsqueda de otras formas de influir en la problemática
social, desde la sustitución del Estado en campos donde su atención es deficiente (la línea del asistencialismo
tradicional), hasta la formación de nuevas estrategias que buscan influir en la definición, implementación y
evaluación de la acción de gobierno (Gurza y Bueno, 2011).
Como resultado se ofrece una crítica de las teorías sobre la relación entre gobiernos y OC, y de las estrategias que
éstas adoptan, apoyada en la literatura y en la revisión de casos documentados regionalmente (Paniagua y Morales,
2010; Saravia, 2009; Flores, Miranda y Muñoz, 2011, y otros). Se plantea que tanto la estrategia de la oposición
como la de sustitución del Estado son insostenibles, y que una parte de las OC de la región tienen la oportunidad de
conformar un sector de defensa de derechos de las comunidades sobre una estrategia de formación de
conocimientos, alto reconocimiento social, posicionándose como un interlocutor de calidad frente al gobierno,
concentrado en las tareas de publicación de las problemáticas sociales, formación o diseño de políticas, monitoreo
selectivo y evaluación de la acción pública gubernamental y privada. La experiencia latinoamericana puede servir a
la modelación de las relaciones entre Sociedad Civil y Estado en otras regiones con democracias emergentes.