Download El Manual de Transparencia y Probidad [3], en su página 19 indica

FUNDAMENTOS PARA UN NUEVO ESTATUTO PARA LA UACh
Levantar una alternativa estatutaria que refleje lo que la Universidad Austral es y lo que
aspira a ser en las próximas décadas, implica recoger su tradición construida
colectivamente y los nuevos escenarios que se vienen configurando en el país. Así, como
también la legitimidad y legitimación de los estatutos donde los miembros de la
comunidad universitaria perciban que el nuevo cuerpo estatutario satisface las necesidades
académicas, políticas, jurídicas y financieras de la corporación.
El Estatuto actual no cumple los requisitos legitimadores de los actuales estándares
del ideal democrático de hoy, por lo tanto no goza de la aceptación de la
comunidad universitaria, además los nuevos escenarios de reforma del Sistema de
Educación Superior exigen nuevas formas de relaciones entre los actores
individuales y colectivos que garantice los necesarios equilibrios de poderes en la
comunidad universitaria.
Es en este contexto y en el acuerdo de nuestro contrato colectivo que dice relación
con los derechos a participación institucional que además se consagra en la
derogación del DFL2 que inhibía la participación de TODOS los académicos,
estudiantes y trabajadores en la toma de decisiones institucionales, es que el
SINDOC a través de una comisión propone un marco conceptual que contextualice
un proceso de modificación estatutaria que el Consejo Superior Universitario debe
iniciar en el transcurso de este año.
En busca de un Ethos compartido que regule y mejore la convivencia en la comunidad
universitaria
La Universidad Austral de Chile, en sus 60 años de vida corporativa, ha enfrentado
diferentes situaciones conflictivas, derivadas de su naturaleza académica y
universitaria, de situaciones históricas, naturales, políticas, sociales, económicas y
culturales. Muchas veces, estas situaciones han derivado en crisis profundas, las
cuales han sido enfrentadas de las más diversas maneras, pero, casi todas, teniendo
como referente y esperanza de solución, las modificaciones estatutarias.1
1
En Derecho societario recibe el nombre Estatutos aquella norma, acordada por los socios o él o los fundadores, que
regula el funcionamiento de una persona jurídica, ya sea una Sociedad, una Asociación o una Fundación. Sus
funciones fundamentales, entre otras, son las siguientes: regular el funcionamiento de la entidad frente a terceros (por
ejemplo, normas para la toma de decisiones, representantes, etc.) regular los derechos y obligaciones de los miembros y
las relaciones entre éstos.
De hecho, la Corporación ha tenido al menos seis situaciones de modificación
estatutaria o derogaciones de facto a la fecha (1956, Rector Morales; 1968, Rector
Félix Martínez Bonati; 1973, Derogación de los Estatutos por la intervención militar
de la Universidad; 1977, aprobación Estatutos Millas; 1986, Derogación de facto,
Rector Ferrer; 1986, Rector Ebert; y los actualmente vigentes del 2005.
Sin embargo, el término de la tramitación de los Nuevos Estatutos, trae consigo
una derivación inmediata: la necesidad de reformarlos, ya que, a poco andar, no se
ajustan a la realidad ni a su circunstancia. Esto parece una problemática común en
universidades latinoamericanas, especialmente, las chilenas. Las causas pudieran
ser de doble naturaleza:
a) La sociedad y el entorno universitario son tan dinámicos que es imposible
prever los cambios acelerados que dejan desfasadas las modificaciones
consensuadas, o,
b) Las modificaciones son de tal manera coyunturales y forzadas por intereses de
sectores específicos, que hacen que una carta constitutiva se quede en la
temporalidad de la crisis y no vaya a la esencia de la naturaleza de la Institución
que pretenden normar (1).
Estamos convencidos de que la segunda, es la causa del desfase permanente de los
Estatutos de la Corporación. No es el momento de refrendarlo, pero cuando haya
lugar, podemos describir las situaciones específicas que motivaron las
transformaciones estatutarias señaladas en el párrafo segundo de este texto. Nuestra
tesis es que nunca se ha logrado incorporar en nuestra carta estatutaria la esencia de
la naturaleza universitaria, histórica y universal, y hemos pretendido solucionar
problemas –importantes- pero no fundamentales, coyunturales a veces, los que, una
vez pasada la crisis, dejan de tener la vigencia que motivó las transformaciones.
En este contexto, nuestra propuesta es que, en esta ocasión, y por vez primera, desde
una de las más nuevas organizaciones corporativas (SINDOC) emerja una propuesta
conceptual profunda, trascendente, alejada de intereses de grupos, que tenga como
único norte el engrandecimiento y el despegue definitivo para que la UACh sea
efectivamente una “Universidad para el mundo”.
Tres situaciones hacen propicio este planteamiento:
a) La experiencia acumulada en los sesenta años de vida institucional,
b) La reforma de la Educación Superior chilena, y,
c) Las transformaciones socio-culturales contemporáneas que afectan al país.
De allí que propongamos como base fundamental para la búsqueda de normas
estatutarias más estables y permanentes, iniciar un proceso caracterizado por la
determinación de un ethos compartido (2) que permita establecer y reformular los
problemas esenciales que han afectado a la organización, su racionalidad y
eficiencia en sus distintas esferas de acción, áreas disciplinares, organizacionales y
vinculación con el entorno local, regional, nacional e internacional.
Operacionalmente, se deberían establecer los temas que persistentemente entraban
el funcionamiento universitario y enrarecen el clima de convivencia institucional.
Estos, necesariamente, deben ser acotados y consensuados por la comunidad del
SINDOC, y establecer órganos de análisis, reflexión y propuestas que pudieran ser
–eventualmente- materias de consenso y determinación.
Los temas que a primera vista constituyen esencia y que es necesario resolver son:
a) Organización Jurídica, Corporación de Derecho Privado, versus, organización
depositaria de aportes y de la fe pública
b) Organización Jerárquica o Democrática, con participación de todos los
estamentos corporativos.
c) Carrera académica y definición de sus categorías tradicionales.
d) Funciones académicas jerarquizadas o caracterizadas por el predominio de
alguna de las funciones por sobre otras.
e) Responsabilidad cívica de la comunidad universitaria
f) Elección de autoridades Superiores y de Facultad acordes con las cualificaciones
necesarias para el ejercicio de aquellos cargos
g) Deberes y derechos de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad
universitaria.2
Vocación Pública
Para las políticas públicas de educación, la discusión con respecto de su
contribución a un modelo de sociedad se constituye como un eje central bajo el
actual modelo económico y político en Chile. Bajo un escenario de logros sociales
sostenidos y una percepción de certidumbre ciudadana, la discusión sobre las
implicancias colectivas de las políticas públicas no se presenta como un incentivo.
En educación, dicha situación se hace más evidente con respecto de otras políticas
sociales.
2
Ethos: Forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma
sociedad (D.R.A.E.). En su 23º edición el Diccionario de la Real Academia incorpora la palabra “etos”, que aparece
definida como “Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una
persona o una comunidad. La palabra griega éthos significa predisposición para hacer el bien.
Para las universidades, este escenario ha determinado un punto de inflexión con
respecto de su papel histórico en las sociedades. Esto, porque la generación y
difusión del conocimiento ya no es un bien del monopolio de las universidades,
por el contrario, los modelos económicos, políticos y sociales moldean a las
universidades. Así, el tránsito hacia un moldeo de educación centrado en el
individuo por sobre la sociedad recién ha comenzado a presentar una mayor
resistencia desde el ámbito de lo público.
Con base en lo anterior, la actual discusión con respecto de la vocación pública de
las universidades no sólo debe estar centrada en los individuos que acceden y
cómo se financia dicho acceso, sino también desde la contribución de las
instituciones a una visión de sociedad compartida. De esta forma, cuando se
discute la vocación pública de la universidad, no se argumenta con respecto de
cómo su naturaleza jurídica se relaciona con el Estado y el Mercado; más bien se
razona desde su compromiso con un proyecto social en un contexto de una amplia
deliberación democrática.
Las universidades como instituciones con vocación pública requieren de una
institucionalidad que las acerque a la sociedad sujeta de lo público. Desde dicho
ámbito, las instituciones universitarias que aseguran responder a su misión desde
la vocación pública, deberían presentar una institucionalidad centrada en la
democracia y transparencia hacia la sociedad que sustenta su existir.
La Universidad Austral de Chile fue fundada con base en un proyecto de
desarrollo que entendía a la universidad como una vía de cambio social; un faro
que iluminara a la ciudad de Valdivia con la luz de las ciencias, las humanidades y
las artes. Más aún, que en palabras de nuestro rector fundador don Eduardo
Morales Miranda, fuera no solo una universidad para la ciudad de Valdivia y
Chile, sino para el Mundo.
El ethos fundacional de la Universidad Austral de Chile se basó en una institución
que fuera más allá de la formación profesional; que valorara la formación espiritual
e intelectual de la familia universitaria. Desde dicha perspectiva, el proceso
fundacional instaló implícitamente en su sexta directriz la construcción de lo que
para la Universidad Austral de Chile se constituiría como vocación pública:
“Contribuir desde el primer instante de su vida al progreso social de la
colectividad que le brindaba el espacio físico para existir”.
La trayectoria fundacional de la Universidad Austral de Chile, nos convoca a
alcanzar los mínimos estatutarios que permitan recuperar la vocación pública del
proyecto fundacional. Para lograr los mínimos institucionales, la Universidad
Austral de Chile debe estar sometida no solo al escrutinio de la comunidad
universitaria, sino también de la sociedad. Lo anterior, y con el objetivo de
demostrar un convencimiento en cuanto a la vocación pública, debe cautelarse a
través de un proceso de toma de decisiones basado en el bien común; en lo público.
Equidad y Diversidad
La igualdad de oportunidades debería ser un valor central para la Universidad,
parte constitutiva de su ethos compartido. Para cumplir con este objetivo se debe
desarrollar una fuerza laboral diversa y especializada que refleje genuinamente la
composición de la comunidad UACh y a quienes la Universidad sirve y representa.
En este sentido, se deben extremar los esfuerzos para lograr equidad en la
representación y distribución dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, de las
mujeres, pueblos originarios, minorías raciales, étnicas y etno-religiosas, y las
personas con capacidades diferentes. Cabe destacar la importancia, del concepto
de equidad académica, el reconocimiento igualitario y objetivo de las diversas
actividades académicas en la Universidad, valorando del mismo modo y en sus
propios méritos la docencia, investigación y vinculación con el medio.
Es por ello que proponemos crear una Oficina Académica que tenga como misión
generar un ambiente inclusivo y representativo para académicos, trabajadores y
estudiantes de modo que garantice la igualdad de oportunidades y la
participación. Esta oficina, identificará los grupos prioritarios y establecerá los
objetivos y las Estrategias de Equidad y Diversidad para cumplir con el
compromiso planteado por la Universidad en este sentido.
Los objetivos de la Estrategia de Equidad y Diversidad deben ser:
a)
Mejorar las tasas de reclutamiento, retención y el éxito de los estudiantes en
los objetivos identificados como vulnerables.
b) Apoyar un ambiente de estudio en el que se reconoce la diversidad de la
comunidad universitaria.
c) Promover un entorno de trabajo inclusivo que fomente y apoye la diversidad
de la comunidad universitaria.
d) Crear un ambiente de buen liderazgo y la toma de decisiones basada en el
concepto de equidad.
e) Generar los mecanismos de apoyo sin distinción de género del personal
académico para aspirar a puestos de liderazgo.
f) Ofrecer un entorno de trabajo flexible para todo el personal, incluyendo
opciones para trabajar a tiempo parcial, tiempos de salida y llegada, así como
la cantidad de horas de trabajo.
g)
Reconocer factores como el trabajo a tiempo parcial, crianza de los hijos y otras
responsabilidades familiares que afecta la carrera académica, por lo que se
deben proponer mecanismos de ajustes que favorezcan entre otros,
Promociones Académicas.
h) Promover la equidad de la distribución del trabajo, independiente de la
jerarquía académica.
i) Promover la equidad en la valorización institucional que se hace de la
docencia, investigación y vinculación con el medio.
Confianza institucional
La confianza institucional se asocia con el grado de legitimidad democrática que
depende del nivel de satisfacción que las personas y los colectivos sociales
depositan en las estructuras institucionales y la confianza en ellas. Las estructuras
de mayor sensibilidad son las jurídicas y las morales. Las primeras son los sistemas
de normas escritas, estatutos y reglamentos; las segundas son las normas tácitas,
usos y costumbres que dicen relación con las conductas correctas y esmeradas y se
asocian a valores ampliamente compartidos y socialmente deseados como el bien
común y la justicia social.
La legitimidad de la autoridad que administra el poder en nuestra Universidad
tiene dos dimensiones. La primera es de origen de la autoridad, que de acuerdo a
nuestro ordenamiento estatutario sólo pueden participar los profesores de las tres
primeras categorías académicas, excluyendo a más de la mitad del cuerpo
académico de participar en los procesos eleccionarios de las autoridades
unipersonales. Incluso, excluyendo a los trabajadores administrativos y de
servicios y estudiantes. Todos estos actores constituyen la comunidad universitaria
de acuerdo a los estatutos vigentes.
La segunda dimensión legitimadora de la autoridad es el ejercicio de ésta en la
administración del poder. Tal dimensión debe ser inclusiva de todos los actores y
sectores que constituyen esta comunidad universitaria; ser transparente en sus
procedimientos, garantizando la participación social que ejerza un control social
sobre la autoridad para que la Corporación tenga relaciones de equilibrio y así
evite las tentaciones oligárquicas en la toma de decisiones que afecta a la
comunidad universitaria toda y la fe pública.
Respecto del grado de satisfacción de las personas y colectivos sociales sobre las
estructuras organizacionales es cuestionable que la exclusión de la mayoría de los
miembros de la comunidad universitaria quede fuera de la participación tanto en
el origen como en el ejercicio del poder de las autoridades unipersonales.
Entendiendo la participación social como una parte de la toma de decisiones en la
Universidad, la exclusión de las mayorías disminuye el grado de satisfacción de las
personas y colectivos sociales y genera un cuestionamiento que redunda en una
escaza confianza institucional.
Para aumentar la confianza institucional es necesario acercarse al ideal
democrático de una organización universitaria, permitiendo una mayor
participación y equidad en la toma de decisiones. El pluralismo de actores sociales
en la toma de medidas que afectan a todas las personas y sus colectividades mejora
no sólo las confianzas institucionales sino que además tiene un significativo
impacto en las confianzas psicosociales.
La democracia, como constructo, supone una conciencia secularizada de las
relaciones sociales, usando regulada y estratégicamente las instituciones, normas y
valores, posibilitando la negociación de consensos y disensos, practicando una
ética del respeto a la persona, y a la búsqueda permanente del mejoramiento de la
calidad de vida de las personas. Para esto se debe orientar al desarrollo humano
sustentable y responder a las demandas de satisfacción de las necesidades de las
personas y de esta manera evaluar la democracia por el tipo de sujeto social que
forma.
En una gestión democrática, la participación ciudadana implica visibilizar a todos
los actores y sectores sociales de una universidad como contrapartes necesarias en
el proceso de toma de decisiones. De esta manera, la realidad social, económica y
política se construye en una red de aportes particulares y colectivos que responden
al bien común.
La participación ciudadana explota las fuentes de la creatividad y la imaginación
social. Pero la participación ciudadana requiere de condiciones y espacios
institucionales para desarrollar el potencial de participación activa. Por lo tanto, se
requiere superar los obstáculos y la falta de espacios participativos reales con
información suficiente y oportuna sobre los asuntos corporativos y el
funcionamiento de la Institución.
A través de estos procesos participativos no sólo se logran mayores equilibrios
entre los distintos actores que administran el poder y los actores y sectores sociales,
sino que además se distribuye el poder en la toma de decisiones que permiten
superar las estructuras oligárquicas de poder que gobiernan actualmente las
universidades.
Además, esto garantizará la transparencia en la información y el funcionamiento
organizacional a través de un control social sobre quienes ejercen el poder
institucional. Esto tiene un efecto en la integridad en el ejercicio del poder pues se
hacen públicas las capacidades de quienes ostentan posiciones y roles de poder en
diferentes niveles de la organización.
Por último, a través de tales mecanismos es que se permite que los funcionarios y
destinatarios de los procesos formativos de las universidades, como bien público,
perciban que la universidad se preocupa de su bienestar y calidad de vida.
Transparencia y Probidad en la UACh
El tema de la Transparencia ha sido tomado como un objetivo de la mayor
importancia por la Sociedad Chilena y los distintos estamentos de la Universidad
Austral de Chile. En efecto, existe un acuerdo del Directorio de la UACh, en el
sentido de entregarle a la Rectoría un mandato para actualizar nuestros Estatutos,
teniendo como marco de referencia la Transparencia. Igualmente, nuestro
Sindicato de Docentes, SINDOC, ha discutido el tema en el marco de las últimas
negociaciones con el equipo de Rectoría.
Los acuerdos alcanzados han sido puestos de manera formal en el Contrato
Colectivo 2014-2016 [1], firmado recientemente por las autoridades superiores de
la UACh y la directiva del SINDOC. Este documento establece, en su Sección 9.1,
titulada Derecho a participación Institucional, una serie de compromisos, en sus
puntos 9.1.1 al 9.1.5, que se relacionan con:
a)
b)
c)
d)
Modificaciones reglamentarias
Implementación de mecanismos de transparencia activa
Mantención de información en página WEB
Participación en proceso de modificación estatutaria
En virtud de nuestro Contrato Colectivo, el SINDOC ha organizado una serie de
Comisiones de Trabajo, entre las que contamos la de Participación Institucional,
que tiene como objetivo hacer propuestas concretas para implementar, o ayudar a
implementar los acuerdos anteriores, incluyendo participar en propuestas de
modificación estatutaria. Como se verá al leer este documento, así como la
documentación adicional tomada como referencia [1-4], los acuerdos alcanzados
[1] son insuficientes para alcanzar los objetivos de Transparencia y Probidad en la
UACh, y que hay que hacer esfuerzos para ir más allá, para ponernos a tono con
los requerimientos de nuestra comunidad UACh, así como los que nuestra
sociedad en su conjunto requiere de todas las instituciones con Vocación Pública,
como decimos ser.
Aspectos generales
La UACh, como institución inserta en la realidad nacional, es receptora de las
influencias de nuestro medio; en particular, es afectada por la forma en que el
Estado y la sociedad enfrentan los temas de Transparencia y Probidad.
Sumariamente, podemos decir que los esfuerzos realizados en este sentido por los
últimos Gobiernos forma parte de una Política de Estado, que se ha materializado
en la Ley 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública [2], promulgada en agosto
de 2008, la cual afecta a todas las Instituciones del Estado, incluidas las
Universidades Estatales.
De acuerdo a nuestros Estatutos, somos una Corporación de derecho privado sin
fines de lucro y reconocida por el Estado, que ha sido creada por la Comunidad de
Valdivia, y que tiene un fuerte espíritu Público (de contribuir al Bien Público). Es
de esta manera que nuestras autoridades han defendido nuestro derecho a recibir
aportes del Estado, ante la opinión pública, ante las autoridades de Gobierno, y en
contra de la opinión de las Universidades Estatales del Consejo de Rectores, que
sostienen que, por el hecho de ser Instituciones Privadas, no estamos sujetos a Ley
20.285, y no rendimos cuentas públicas de los dineros que recibimos del Estado
(esto excluye, claro está, los aportes por proyectos específicos, que rinden cuentas a
la Institución que ha otorgado los recursos). Esta parece ser una de las mayores
dificultades que afrontamos, y es una debilidad, pues está claro que, más temprano
que tarde, el Estado pasará a requerir una rendición de cuentas detallada, dado
que el Estado es quien aporta la mayor parte de nuestro presupuesto. En este
sentido, la Contraloría General de la República juega un rol fundamental: si nos
acogemos a la Ley 20.285, la Contraloría tendrá las atribuciones para pedirnos
rendición de cuentas. Podemos hacerlo ahora, voluntariamente, o más tarde,
obligados por las circunstancias. Es nuestra elección.
Al mismo tiempo, existe en nuestra Comunidad Universitaria, y en nuestro
SINDOC, un fuerte clamor por Transparencia en todos los niveles de nuestra
administración universitaria. Esto se ha visto claramente reflejado en la forma en
que se ha discutido el tema en nuestros Diálogos Académicos, pero no se reduce
sólo a esto, sino que existe la fuerte convicción de que hace falta transparentar
dineros, procedimientos, reglamentos, etc. Todo esto genera una cierta sensación
de malestar en nuestra Comunidad, que percibe que no puede influir en mejorar
situaciones que desde hace mucho tiempo son percibidas como anómalas, o
sencillamente ineficientes. Al mismo tiempo, percibimos que si generamos
mecanismos de participación adecuados a nuestros tiempos: transparentes y
democráticos, mejoraremos en eficiencia y calidad, así como en la percepción que
el medio externo nacional tiene de nosotros; en otras palabras, se nos presenta una
gran oportunidad de que nuestra Institución haga un positivo aporte a la fe
pública, adoptando los principios de Transparencia y Probidad.
Todo esto ha sido planteado de manera muy clara en el Manual de Transparencia
y Probidad [3], del Gobierno de Chile, cuya edición actualizada en Enero de 2009,
es usada actualmente en todas las instituciones de la Administración Pública, y
contiene todos los conceptos aplicables. Una lectura a este Manual [3] deja bien
claro que sus Conceptos Generales de Transparencia y Probidad, son aplicables
tanto a la Administración del Estado como a cualquier Institución con Vocación
Pública, que desee aplicarlos en su interior. Además, se ha promulgado un
conjunto de Normas para Resguardar la Probidad [4], y trata diversos aspectos
legales y normativos en el tema.
Consideramos de la mayor importancia dar una lectura detenida al Capítulos del
Manual de Transparencia y Probidad [3], comenzando al menos por una lectura
de los títulos de los capítulos. De esa manera podremos todos apreciar el profundo
significado, así como los alcances, de los conceptos de Probidad y Transparencia
en el ámbito de lo público.
Concepto de Probidad
El Manual de Transparencia y Probidad [3], en su página 19 indica que la propia
Constitución Política de la República establece que “el ejercicio de las funciones
públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad
en todas sus actuaciones”. A continuación el Manual indica en forma detallada
aspectos de la definición legal del concepto de probidad, así como del concepto
opuesto, el de corrupción. De esta manera, la aplicación del Principio de Probidad
tiene como uno de sus objetivos el combate a la corrupción.
“La corrupción es una de las mayores lacras del mundo moderno. La corrupción mina el
buen gobierno, deforma esencialmente la política pública, falsea y distorsiona la correcta
aplicación de los recursos y deteriora el sector privado y sus posibilidades de desarrollo,
afectando muy especialmente a los más desfavorecidos. (Peter Eigen, Presidente de
Transparencia Internacional).
Concepto de Transparencia
De acuerdo al Manual de Transparencia y Probidad [3], pag. 23:
Se dice que algo es transparente cuando a través de él pueden verse los objetos claramente.
En este caso, lo que se persigue es que la Administración del Estado permita a la ciudadanía
conocer por qué y cómo actúa, y qué decisiones adopta. Así, se podrá evaluar y fiscalizar
directamente si se respeta el principio de probidad y, además, participar de la gestión
pública. Por otra parte, la publicidad que permite la transparencia inhibe las conductas
contrarias a la probidad, pues los servidores públicos no querrán verse expuestos a las
posibles sanciones y a la censura social que generará la difusión de tales conductas.
El Gobierno de Chile ha establecido que la Transparencia es uno de los principios
que debe observar la Administración del Estado, añadiéndose que las funciones
públicas debían ejercerse de una manera “que permita y promueva el conocimiento de
los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio
de ella”. La transparencia tiene una dimensión activa y otra pasiva.
a) Transparencia activa. Consiste en la acción positiva de poner información a
disposición permanente del público sin mediar requerimiento formal.
b) Transparencia pasiva o derecho de acceso a la información administrativa.
Consiste en la entrega de la información administrativa, que no está sujeta al
régimen anterior, a las personas que la soliciten.
Como queda claro de los párrafos anteriores, la Transparencia Activa no puede ser
discrecional por parte de la Autoridad, cualquiera que ésta sea, sino que requiere
de mecanismos que la hagan efectiva; en particular, no puede depender de las
autoridades unipersonales, y debe tener atribuciones para investigar cualquier
materia.
De los documentos examinados [1-4] queda claro que los conceptos de Probidad y
Transparencia han sido objeto de gran atención por parte de la Comunidad
Internacional y Nacional, al punto que, desde hace años, el Gobierno de Chile ha
establecido políticas para implementar, fomentar, y hacer efectivos los principios
mencionados, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de toda la
Administración y demás Instituciones del Estado. Es importante observar que,
para lograr estos objetivos, el Gobierno chileno no ha recurrido a modificar nuestra
Constitución, sino a la promulgación de Leyes y Normas específicas, que regulan
la Función Pública, así como a la creación de mecanismos que permitan a toda la
Comunidad Nacional la verificación y participación, que permiten vigilar de forma
efectiva el cumplimiento de las Leyes y Normas específicas.
Por lo expuesto anteriormente, es claro que, si pretendemos un mejoramiento de
nuestra administración Universitaria, que tome en cuenta los principios de
Transparencia y Probidad, la Corporación debe generar cambios necesarios que
requieren, en nuestra opinión, las siguientes medidas:
a) Adoptar los Principios generales de Probidad y Transparencia, en los Estatutos
(Ley 20.285, y otras) corporativos
b) Someter a nuestros Estatutos y estructura organizacional (Cuerpos Colegiados),
a un análisis exhaustivo e independiente, a la luz de los principios de
Transparencia y Probidad, para proponer los cambios que impidan el tráfico de
influencias, el nepotismo entre otras conductas reñidas con el buen gobierno al
interior de la UACh.
c) Crear la figura de ‘’Ombudsman’’, un profesional independiente, capacitado
para investigar las acciones de todos los funcionarios de la UACh, y con el
poder y recursos necesarios para hacerlo.
d) Emprender una revisión general de nuestros Reglamentos, a la luz de los
Principios de Transparencia y Probidad.
e) Implementar la Transparencia Activa y Pasiva. Esto va mucho más allá de tener
un sitio WEB, este debe ser actualizado y con información relevante.
En conclusión la Universidad austral de Chile debe iniciar un proceso de
modificación estatutaria que refleje lo que es y lo que aspira ser en el marco de
sus mejores tradiciones y los nuevos escenarios que se vienen configurando en
el país. La legitimidad de origen debe garantizar los equilibrios de poderes en la
comunidad universitaria.
La estabilidad estatutaria depende de la determinación de un ethos compartido
a través de un diálogo amplio y comprometido que permita identificar ese
conjunto de rasgos y modos de comportamientos que configuran la identidad de
nuestra comunidad universitaria.
La centralidad del orden estatutario debe radicar en la vocación pública de
nuestra universidad que implica básicamente un compromiso explícito con el
bien común y la justicia social que permite que la universidad haga uso de la
razón pública para someterse al escrutinio de la fe pública, única garante de la
acreditación social y política de la universidad.
La funcionalidad estatutaria debe considerar algunos valores permanentes como
el respeto por la diversidad y la equidad en el cumplimiento de las funciones
propias de la universidad, las confianzas institucionales y sicosociales, además
de la transparencia y probidad en el ejercicio del poder para garantizar la sana
gobernanza y los equilibrios de poderes en nuestra universidad.
Participaron activamente en la discusión y redacción de este marco conceptual
los siguientes Profesores: Francisco Cala, Oscar Martínez, Claudio Méndez,
Ricardo Oyarzún, Miguel Salgado, Marcos Urra y Constantino Utreras. Todos
miembros de la Comisión de Participación Institucional del SINDOC.