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Líderes de la oposición hondureña
son asesinados mientras
Washington le reparte dinero al
gobierno represivo y a los militares
por Mark Weisbrot
Este artículo fue publicado por El Libertador el 28 de octubre de 2016. Una
versión de este artículo fue publicada en inglés por The Hill el 25 de octubre de
2016. Si el texto a continuación aparece distorsionado, por favor
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Después del golpe militar contra el gobierno democrático del presidente Manuel
Zelaya en 2009, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del
mundopara los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. El
17 de octubre, fueron asesinados dos organizadores destacados más, José
Ángel Flores y Silmer Dionisio George, en Colón. Flores era el Presidente del
Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y George era un conocido
líder de la misma organización.
Esto fue precedido el 9 de octubre por el intento de asesinato de Tomás Gómez
Membreño, el coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de Alexander García Sorto,
líder comunitario de COPINH.
Lamentablemente esta ola continua de violencia política no solo está ligada al
gobierno corrupto y represivo de Honduras, sino también al gobierno de
Estados Unidos. Washington jugó un papel primordial en la consolidación del
golpe militar de 2009 y continúa suministrando decenas de millones de dólares
anualmente en ayuda militar y de seguridad a ese gobierno.
El 2 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH
y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015. Ella estaba luchando
con cierto éxito contra proyectos que destruían el medio ambiente, los cuales
proliferaron después del golpe de 2009. Uno de ellos era el de la construcción
de la represa de Agua Zarca, proyecto que amenaza al medio ambiente y los
derechos de la comunidad indígena Lenca. El movimiento que ella ayudó a
organizar obligó al constructor más importante de represas a nivel mundial a
retirarse del proyecto y paralizó la construcción desde el año pasado.
Posteriormente, un soldado hondureño le comentó a los medios de
comunicación que Berta había sido blanco de asesinato por las fuerzas
armadas.
El asesinato de Berta Cáceres generó tanta indignación internacional que 42
Miembros del Congreso de Estados Unidos patrocinaron el Proyecto de Ley
Berta Cáceres de los Derechos Humanos en Honduras (HR 5474). Dicha Ley
ordena la suspensión de toda ayuda militar y de seguridad a Honduras hasta
que el gobierno hondureño pueda proteger a los activistas sociales y hasta que
las fuerzas de seguridad del país dejen de cometer violaciones de los derechos
humanos con impunidad, entre otras condiciones.
Para la consternación de los defensores de los derechos humanos en Honduras
y en Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó el
30 de septiembre que Honduras había cumplido con las condiciones de
derechos humanos estipuladas para recibir ayuda militar y de seguridad en
2016, a pesar de la violencia que evidencia de lo contrario. Sin esta
certificación, Honduras hubiera perdido la mitad de dicha ayuda.
El Proyecto de Ley Berta Cáceres probablemente no será aprobado en el
Congreso controlado por el partido Republicano. Algunos líderes republicanos
del Congreso estadounidense apoyaron abiertamente el golpe militar de 2009;
la Administración de Obama se opuso oficialmente, pero tomó otras medidas
para asegurar el éxito del mismo. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton por
ejemplo escribió en su libro de 2014 “Decisiones Difíciles” que ella trabajó para
evitar que Zelaya, el Presidente destituido pero electo democráticamente,
volviese al poder.
Zelaya había logrado frenar la expansión de megaproyectos ambientalmente
destructivos; también presidió una economía que logró reducir la desigualdad,
la pobreza y el desempleo, e incrementó el sueldo mínimo sustancialmente
antes de ser destituido. Por otro lado también estaba trabajando en la
resolución de reclamos por parte de los campesinos en regiones como la del
Valle de Aguan, de que sus tierras habían sido incautadas ilegalmente por
terratenientes poderosos
El presidente Juan Orlando Hernández ha rehusado reunirse con Salil Shetty,
Secretario General de Amnistía Internacional, organización que condenó el
asesinato de Flores y George. El 20 de octubre, las fuerzas de seguridad
hicieron uso excesivo de fuerza para disolver una manifestación que protestaba
por el mal manejo de las autoridades hondureñas de la investigación del
asesinato de Berta Cáceres. Los movimientos sociales quieren que el gobierno
identifique a los responsables de más alto nivel del asesinato, y no únicamente
a los ejecutores. Como otra señal de que el estado de derecho no aplica para el
asesinato de líderes indígenas, el expediente del caso de Cáceres fue reportado
como robado a la magistrada que llevaba la investigación el 29 de septiembre.
La terrible situación de los derechos humanos en Honduras, incluyendo la
destrucción ambiental de territorios indígenas y el flujo constante de refugiados
huyendo la violencia, es un resultado natural del derrocamiento de un gobierno
promotor de reformas electo democráticamente, y su sustitución por represión
y militarización. Lamentablemente Honduras es percibido al más alto nivel del
“Estado de Seguridad Nacional” de Estados Unidos, como un peón en el juego
de ajedrez geopolítico de la Segunda Guerra Fría. Ahí se encuentra una de las
pocas bases militares estadounidenses que aún quedan en América Latina. Por
esa razón, los numerosos llamados de casi 100 miembros del Congreso a la
vez, de suspender las ayudas militares y de seguridad hasta que el gobierno le
ponga fin a la impunidad, habitualmente han sido ignorados.
Esto no cambiará necesariamente si los Demócratas ganasen el Senado el 8 de
noviembre, pero en todo caso hay muchas cosas que el Congreso podría hacer,
incluso ahora. De manera individual, en el seno de comités como el de
apropiaciones o de relaciones exteriores, algunos Senadores podrían dificultar e
incluso hacer imposible el desembolso de ayuda de seguridad de Estados
Unidos a Honduras. Este tipo de obstruccionismo justificado podría ejercer una
enorme presión sobre el gobierno hondureño para que respete la vida y los
derechos humanos.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en
Economía y Política (Center for Economic and Policy Research,
CEPR)
en
Washington,
D.C.
y
presidente
de
la
organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo
libro "Fracaso. Lo que los 'expertos' no entendieron de la
economía
global"
(Akal,
Madrid,
2016).
CEPR es un centro de investigación independiente y no
partidario, establecido para promover el debate democrático
sobre los temas económicos y sociales más importantes que
afectan el diario vivir de las personas.
Nuestro gabinete de asesores incluye a dos Premios Nobel de Economía Robert
Solow y Joseph Stiglitz; Janet Gornick, profesora en la facultad de Maestría de
CUNY y directora del Estudio de Ingreso de Luxemburgo; y Richard Freeman,
profesor de economía en la Universidad de Harvard.
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—Mario Solis Marich, presentador del programa “The Mario Solis Show” en
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