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Editorial de La Jornada donde se exhibe claramente la intención privatizadora de la
próxima reforma energética, desenmascarando al Secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell, que anunció una próxima iniciativa al respecto y pregonó que el
PIB crecerá 2 %, aún sin conocer la propuesta en cuestión.
Pemex: continuidad privatizadora
La Jornada / Viernes 15 de febrero de 2013
Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, el titular de
la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, dijo que la eventual
aprobación de una reforma que permita mayor inversión privada en Petróleos
Mexicanos (Pemex) podría propiciar un crecimiento de 2 por ciento en el producto
interno bruto, y permitir una disminución en las tarifas de energéticos y electricidad.
Las expresiones del funcionario son, en lo medular, una reiteración de la
argumentación falaz que acompañó la intentona privatizadora de la pasada
administración federal, cuya piedra de toque fue la fábula oficialista del “tesoro en
aguas profundas”.
En efecto, la afirmación de que la privatización de Pemex generará un impulso de 2
por ciento a la economía nacional se ve desvirtuada ante la ausencia de un estudio
serio y riguroso que justifique semejante aseveración, y resulta particularmente
insostenible en un momento en que el proyecto de reforma energética –según
reconoció el propio titular de la Sener– se encuentra aún en proceso de redacción. En
tal perspectiva, es inevitable concluir que los datos mencionados por Coldwell –como
fue el caso de los argumentos esgrimidos hace un lustro por el gobierno calderonista–
son sólo propaganda gubernamental.
Ciertamente, las acciones del gobierno federal deben ir orientadas a reactivar y
promover el crecimiento de una economía que acusa un severo estancamiento en
términos reales en las pasadas décadas. Sin embargo, para ello no es necesario, ni
mucho menos conveniente, transferir los filones más redituables de la industria
petrolera nacional a la iniciativa privada: para lograr este propósito, lo procedente, en
cambio, sería que la administración pública dejara de emplear el dinero público en
asuntos suntuarios y hasta insultantes, redujera los estipendios de sus altos
funcionarios y reorientara el presupuesto a la reactivación de la economía y el
mercado interno; que emprendiera una campaña de moralización y combate a la
corrupción en oficinas públicas, particularmente en las de Pemex; que se abstuviera
de usar la renta petrolera para sufragar el gasto corriente, frene la confiscación de las
ganancias de la paraestatal y cobre los impuestos que corresponden a las grandes
empresas y fortunas personales.
En la medida en que la administración actual no muestre voluntad de avanzar en esas
direcciones, no hay justificación económica ni política alguna para revivir un proyecto
privatizador ampliamente debatido y rechazado por la sociedad. Por el contrario, el
secretario de Energía enrarece, con sus declaraciones, el clima político previo a la
discusión de dicha reforma, alimenta innecesariamente un nuevo factor de
desacuerdo y polarización social, y socava la seriedad y la credibilidad de la secretaría
que encabeza.