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INTERVENCIÓN: BOGOTÁ Y EL PLAN DE DESARROLLO 2014-2018
¡Bogotá merece más!
Lunes 16 de Marzo 2015
INTRODUCCIÓN
Actualmente, según estudios como el de la Organización de las Naciones
Unidas, denominado “Construcción de una Paz Territorial estable, duradera y
sostenible”, las instituciones que por excelencia tienen la responsabilidad de
formar ciudadanos acordes con el desarrollo sustentable son la Familia y la
Escuela.
Después de realizar una revisión de los elementos relevantes del Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018, denominado “Todos por un Nuevo País”, el cual tiene
como ejes estructurales “la paz, la equidad y la educación”, y que
acertadamente pretende la competitividad, la movilidad social, el crecimiento
verde y el buen gobierno, o bien el fortalecimiento del deporte y la cultura,
como medios de implementar la solidaridad y alejar a nuestros jóvenes del
crimen y la pobreza, asunto que celebro, permítanme exponer una serie de
reflexiones de esta carta de navegación, sobre:
1) La institución de la Familia, 2) La economía regional y local en cuanto al
desplazamiento de familias hacia Bogotá y 3) Los Recursos Naturales de la
ciudad:
1.
La institución de la Familia.
Como Concejal de la Familia, estimo gravemente como funesto, que dentro del
Plan Nacional de Desarrollo en su Artículo 82°, se trace como política de
Estado, la implementación de los derechos reproductivos y prevención del
embarazo en los planes de desarrollo de las entidades territoriales, mientras
que las cátedras de formación cívica, convivencia pacífica y ciudadana basada
en valores, pasan a segundo plano en detenimiento de la estructura social que
tiene que ver con el respeto a la autoridad o los deberes por ejemplo.
Este artículo dice: “Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia”. El Gobierno
Nacional bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Salud y
Protección Social, en el marco de la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los
Derechos Sexuales y Reproductivos, realizará asistencia técnica conjunta a los entes territoriales del país
para que los alcaldes y gobernadores incluyan indicadores, políticas, programas y proyectos de derechos
sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en la adolescencia en los respectivos planes de
desarrollo”.
En este punto debo aclarar que todos estamos de acuerdo en que se diseñen
políticas estatales para prevenir el embarazo adolescente, pero ¿Qué se quiere
decir cuando se hace relación a la promoción y garantía de los derechos
sexuales reproductivos? ¿Por qué de plano se está descartando la promoción
de la abstinencia sexual como una alternativa estratégica viable, comprobada y
efectiva para prevenir el embarazo adolescente?
Sería importante que en el Congreso de la República se generara un debate
nacional sobre este artículo 82°, que en su contenido expresa un elemento
ideológico, que de paso, quiere eliminar el mensaje de abstinencia sexual y
otros comportamientos saludables y posibles, sólo porque algunos le ponen un
rótulo de religioso.
Es importante aclarar que estoy de acuerdo con el propósito central de la
disposición, que es prevenir el embarazo adolescente, así como la inclusión de
indicadores oficiales que permitan su medición concreta, pero el cómo se
pretende esta prevención, lamentablemente se deriva de una imposición
sofisticada y eufemística de unos contenidos ideológicos que no comparto y
que constituyen una exclusión de otras formas de ejercer la vida sexual.
Si bien, existe una determinación del Gobierno Nacional para impulsar la
jornada única gratuita y de calidad, y otras iniciativas dignas de aplaudir, no hay
que desconocer que la familia es el actor central en el proceso social y
económico de la nación, y si no se empodera como escenario que cultiva las
competencias básicas de los futuros ciudadanos, muchas de las buenas
intenciones consagradas en la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, se
quedarán en el papel, como ya ha ocurrido en el pasado.
No existe un solo punto explícito que favorezca de forma directa la formación y
protección de la familia como lo consagra el Artículo 42 de la Constitución
Política y el artículo 16,3 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos,
ni para las familias que ya estamos en Bogotá, ni para las que llegan de todo el
territorio nacional a esta ciudad.
Lo anterior me lleva al segundo punto.
2.
La economía regional y local en cuanto al desplazamiento de
familias hacia Bogotá.
De manera contextual hay que decir que espacialmente Bogotá, se encuentra
conformada por un 68% de zona rural. En la zona urbana según estadísticas,
diariamente se recepcionan 30 familias provenientes de diversas regiones del
país, principalmente por el fenómeno del desplazamiento derivado del conflicto
armado interno, o en la búsqueda de un mejor nivel de vida.
Es decir, Bogotá, como capital de la República, por ser un epicentro del
desarrollo nacional, atrae un alto porcentaje de población que ejerce una
presión e impacto en todo sentido y que no permite que la implementación de
políticas públicas vaya a la misma velocidad de la avalancha de inmigración de
familias, y en consecuencia, ofrecerles seguridad, trabajo, salud, educación,
entre otros factores básicos para sobrevivir en una ciudad convulsionada y
abarrotada, es más que un desafío.
En otros términos, si dentro del territorio nacional no se trazan o formulan
políticas acordes con las problemáticas o conflictos en las localidades, Bogotá
seguirá siendo un cada vez mayor receptáculo, que redundará en el
permanente y desordenado incremento de su población, y agravará su
densificación. Este asunto es complejo y sistémico, no se puede abordar sólo
desde la educación o cualquier otro tema, sino desde la familia.
3.
Los Recursos Naturales de la Ciudad.
Ahora, señores me dirán ¿Qué tiene que ver la situación de los recursos
naturales con Bogotá? Si podemos dar una respuesta eficiente para que las
personas se queden en sus territorios, se lograría detener la movilidad de
sectores de la población como los campesinos, estos implementarían
economías locales vinculadas a la economía regional aprovechando las
fortalezas de su territorio, en torno a los recursos naturales, como pequeños
“clusters” rurales.
Simultáneamente, con aquellos campesinos que irremediablemente llegaron a
Bogotá, no podemos darles la espalada, considero que ellos pueden seguir su
estilo de vida en la ruralidad bogotana, de forma controlada y sin
industrialización, surtiendo a minoristas.
En el documento del Plan Nacional, no se da un solo indicio para fortalecer la
institucionalidad ambiental y así otorgar importancia a la economía rural con el
fin de propiciar políticas de prevención y seguimiento de los recursos naturales,
más bien, se sigue con el debilitamiento de los instrumentos protectores del
ambiente, como por ejemplo, el licenciamiento ambiental que pretende
agilizarse para los intereses de quienes se benefician con la explotación de la
naturaleza y no da posibilidades de vida a familias rurales no industrializadas
que posteriormente vivirán bajo un puente y en los semáforos de esta gran
ciudad, y al mismo tiempo, veremos más factorías contaminantes en la
Sabana.
Así mismo, tengo dudas sobre la facultad de los Alcaldes Municipales
contenida en el Parágrafo 1 del Artículo 89, con respecto a la modificación y
aprovechamiento del uso del suelo para expedir por decreto. Como esta norma
tiene que ver con la incorporación del suelo rural, suburbano y la expansión
urbana al perímetro urbano, en mi sentir, va en contra de la función
constitucional de los concejos para regular el uso del suelo, y de paso se abre
una posibilidad jurídica para consolidar los objetivos de quienes históricamente
se han beneficiado del fenómeno de la concentración de la tierra en el país.
La ruralidad no industrializada pero controlada para mitigar la alta densificación
en Bogotá y atender a las familias que han llegado a la ciudad, entre tanto, se
desestimula a que lleguen más campesinos, requiere también de conectividad
como los trenes de cercanías, pero ojalá con tecnología de levitación
magnética que no hace ruido y no emplea combustibles fósiles.
CONCLUSIÓN
Finalmente, todos deseamos que los tres pilares del Plan Nacional de
Desarrollo, una sociedad en paz, una sociedad equitativa y una sociedad
educada, sean una realidad, pero la paz es fruto de la justicia, comenzando por
la familia, que es la primera célula educativa, formadora y productiva de toda
sociedad y que es anterior al Estado Nación y a los sistemas legales y jurídicos
de la humanidad, sin familias, nuestra civilización no existiría, soy consciente
que suena obvio, pero muchas veces lo obvio es más difícil de explicar y más
fácil de ignorar e incluso desnaturalizar.
Bogotá merece más. Aprovechar su reserva rural para ayudar a las familias a
salir adelante sin detrimento de los recursos naturales, antes bien
preservándolos para la paz, es de suma importancia, pero que al Plan Nacional
de Desarrollo poco o nada le interesó. La institución familiar como un eje
movilizador social y económico, no se ve por ninguna parte, no obstante el
elemento ideológico de los “derechos sexuales y reproductivos”, si son
explícitos y cuentan con especificidad.
Por lo demás, en otros aspectos positivos que el documento establece, me
queda por decir que no se queden en letra muerta, o en eslogan en el papel
como “bienvenidos al futuro”, “la revolución pacífica”, “el salto social”, “cambio
para construir la paz”, “hacia un Estado comunitario”, “prosperidad democrática
y “todos por un nuevo país”; pareciera que estuviéramos en el mismo punto,
hablando de lo mismo, porque realmente mucho de lo que se proyectó, no se
realizó.
Mi saludo respetuoso al Gobierno Nacional y mi observación hacia darle la
mano a la institución familiar, sin sesgos ideológicos impositivos y sí dándole
relevancia como motor social indiscutible.
H.C. DE BOGOTÁ MARCO FIDEL RAMÍREZ
Vocero del Partido Opción Ciudadana.