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Conferencia Internacional
“Hacia una concepción moderna de la justicia social – Una mirada desde América
Latina”.
Fundación Friedrich Ebert.
México, D. F., 16 de mayo del 2011.
Cuauhtémoc Cárdenas.
Me parece muy importante la convocatoria del capítulo mexicano de la Fundación
Friedrich Ebert para analizar y discutir qué es hoy, cómo y qué debemos entender por
justicia social. Para enmarcar nuestro análisis y nuestra discusión, encuentro necesario
hablar de democracia y vincular un concepto con el otro.
Si aceptamos que la democracia moderna nace con la Revolución Francesa y su
esencia se resume en el lema libertad-igualdad-fraternidad, la justicia social es una de las
formas como en la práctica, especialmente en la práctica política, se expresa la igualdad, el
valor que sin duda mejor define y representa a la democracia en su acepción más amplia.
Sin igualdad, ni la libertad ni la fraternidad se pueden convertir en valores universales. Sin
igualdad, y hoy día sin lo que bien se entiende por justicia social, no existe democracia
cabal y verdadera.
Justicia social, en la vida actual, quiere decir igualdad ante la ley y ante la sociedad,
igualdad de derechos y de oportunidades, igualdad en la condición individual e igualdad en
las identidades colectivas (ideológicas, culturales, étnicas, territoriales, de género, etc.),
igualdad en lo nacional y en lo internacional.
*
México es hoy uno de los países donde la desigualdad social es mayor, donde, en
consecuencia, se han hecho más estrechos los ámbitos de la justicia social.
En materia de ingreso, por ejemplo, la desigualdad se hace evidente al comparar el
10% de la población con ingresos mayores, con el 10% de la población con los ingresos
más reducidos: los primeros reciben 24.6 veces más que los segundos; ahora bien, si vamos
más al detalle y comparamos el 1% de los hogares con los ingresos más altos, con el 1%
con los ingresos más bajos, que concentran respectivamente 9.2% contra 0.07% del PIB, la
diferencia es de 131.43 veces.
La pobreza en el país alcanza al 77.2% de la población total, más de 82 millones de
habitantes, de los cuales puede estimarse que 11.2 millones, el 10.5%, se encuentran en
condiciones de pobreza extrema, 36 millones (33.7%) sufren pobreza multidimensional y
35.2 millones (33%) son personas vulnerables por algunas carencias sociales, como el no
tener acceso a la seguridad social, condición que afecta al 64.9% de la población nacional,
no tener acceso a servicios de salud (40.7%) o por padecer insuficiencia alimentaria (21.6%
del total de los mexicanos). En un Estado socialmente responsable, resultaría inadmisible la
1
existencia de este tipo de carencias y la existencia misma de la pobreza, en cualquiera de
sus manifestaciones.
De la década de los años treinta a los ochenta, la pobreza había logrado reducirse del
80 al 40%. Con el neoliberalismo, la población en condiciones de pobreza ha vuelto a los
niveles de los años treinta, debiendo agregarse que en los años del actual gobierno, el
número de pobres en el país se ha incrementado en 6.8 millones.
Conviene señalar que las políticas para enfrentar los efectos de la pobreza de
diversos Estados, el mexicano uno de ellos, se quedan en eso y se desentienden de dos
cuestiones fundamentales: la desigualdad y las causas de la pobreza.
En las políticas de Estado en las épocas del neoliberalismo, disminuir la
desigualdad, simplemente se ha dejado de lado en los proyectos políticos. Un Estado
socialmente responsable debiera proponerse, como objetivo prioritario, terminar con las
desigualdades: sociales, económicas y políticas, nacionales e internacionales.
En el caso de la pobreza, en el mejor de los casos y salvo excepciones, como el
gobierno nacional del Partido de los Trabajadores en Brasil, se atienden las manifestaciones
de la pobreza, pero no se atacan sus causas: la desocupación, la ignorancia, la marginación,
la informalidad, la corrupción, ni se instrumentan en paralelo políticas sociales para
disminuir, hasta eliminar, las carencias o deficiencias que se busca subsanar con los
subsidios. Así, a partir de las políticas vigentes, los subsidios se convierten en fondos
perdidos a otorgarse a perpetuidad (el pobre se queda pobre, el desempleado se queda
desempleado), sin que se busque en paralelo superar las carencias –de ingreso, empleo,
educativas, de salud, marginación, falta de capacitación para el trabajo, alimenticias,
tecnológicas, etc.- que los subsidios compensan.
En los países que adoptaron políticas de subsidio para enfrentar la pobreza -como
por ejemplo México con los programas Solidaridad, Oportunidades, Progresa, Procampo,
etc.- la desigualdad social no sólo no disminuyó, sino que aumentó.
En materia de trabajo, aun cuando la Constitución establece que todo mexicano
tiene derecho a un trabajo, se registra oficialmente un desempleo abierto del orden del 5%
de la población económicamente activa1 (2 337 000 personas). A esa desocupación abierta
deben agregarse 9.3% más del subempleo (4.4 millones de trabajadores), 27% de
informales (12.6 millones) y 6.8% de personas que trabajan sin recibir ingreso alguno (3.2
millones – generalmente parientes en alguna empresa familiar)2, lo que hace ascender a
20.2 millones el número de personas carentes de empleo formal, 43.1% de la población
económicamente activa.
1
“Milenio”. México, D. F., 12 de mayo del 2010.
2
Carlos Fernández Vega: “México, S. A.” “La Jornada”. México, D. F., 15 de marzo del 2010.
2
En lo que hace al poder adquisitivo del salario, en los últimos 20 años se ha
reducido en un 75% en términos reales.
El artículo 3° de la Constitución garantiza el derecho a la educación a todos los
mexicanos y establece como obligatorios los nueve años de los ciclos primario y
secundario. A pesar del esfuerzo realizado a lo largo de los años, esfuerzo ciertamente
disparejo en el curso del tiempo, el año pasado se registraba que 6% de la población de
entre 6 y 15 años no asistía a la escuela y no había concluido su educación obligatoria, y
que del total de los mexicanos, se encontraba sin educación básica el 19.4%3. En esta
materia, el primer objetivo de un Estado socialmente responsable sería el cumplimiento
universal de los ciclos obligatorios, que no quedara un solo niño sin asistir a la escuela –
hoy cerca de 2 millones no han pisado nunca un aula escolar- y que el Estado garantizara
acceso y permanencia en todos los demás grados del sistema educativo a aquel que quisiera
formarse en ellos, con la única condición de satisfacer los requerimientos académicos.
En 1994, al entrar en vigor el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, se
estimaba que la migración de mexicanos hacia el norte en busca de mejores condiciones de
trabajo y de vida ascendía anualmente a unas 28 000 personas. A raíz de la vigencia del
Acuerdo, el flujo de migrantes se elevó a alrededor de 500 000 anuales, más de 600 000
registrados en 2008, unos cuantos menos en los años de la actual crisis norteamericana que
compartimos, pero en peores condiciones.
La situación social tiene un evidente vínculo con el desarrollo de la economía, que
desde la década de los treinta hasta el inicio de los gobiernos neoliberales en 1982, había
crecido con tasas anuales del orden del 6% respecto al producto interno bruto. De 1982 al
2000, etapa del neoliberalismo antes de darse la alternancia política, el crecimiento fue de
2.6%, la tercera parte de lo que había sido durante los cincuenta años anteriores. En los dos
períodos de la alternancia, el crecimiento registrado en el primero, de 2000 a 2006, fue de
2.25%; en el segundo los crecimientos anuales han sido de 3.5% en 2007 y 2008, de -6.5%
en 2009, caída que se da como consecuencia de los impactos de la crisis norteamericana
que comienza a mediados del 2008 y de no haber puesto en práctica medidas contracíclicas
para contrarrestar los efectos negativos de esa crisis, como sí lo hicieron muchos otros
países, y de 5.5% en 2010, el mayor en los últimos años, aunque no compensa la fuerte
caída del año anterior.
La disminución en los ritmos del crecimiento a partir de la imposición de las
políticas neoliberales, se manifestó también en la incapacidad para crear los empleos
demandados por el aumento de la población, para no hablar del rezago que en la materia se
ha venido arrastrando desde años atrás y que en las tres décadas de neoliberalismo se ve
incrementado año con año.
Esta es la situación socioeconómica que se vive en el país. Al respecto, debe decirse
que no se está en estas condiciones accidentalmente o por la fatalidad del destino. A esta
situación se llevó al país consciente e intencionalmente al instrumentar, desde principios de
3
Ciro Murayama: “Rezago educativo: el túnel del tiempo” en “El Universal”. 6 de mayo del 2011.
3
la década de los años 80, un modelo de desarrollo neoliberal, siguiendo con todo rigor los
llamados Consensos de Washington.
Así, al subordinar la política de desarrollo a los intereses del vecino norteamericano,
se desmantelaron instrumentos vitales para la promoción y orientación de la economía,
como la banca de fomento; la banca comercial pasó en su mayor parte a manos extranjeras
y dejó de cumplir con su función básica, que es la de otorgar crédito a las actividades
productivas; se dejó sin apoyos financieros y técnicos la agricultura, fuera de las áreas de
alta productividad, dedicadas principalmente a los productos de exportación; se canceló
toda política de industrialización, llegándose a declarar que la mejor política industrial era
que no hubiera política industrial; se abrieron súbitamente las fronteras a la competencia
internacional, sin modernizar ni poner en condiciones de competir a sectores como la
industria pequeña y mediana; se abandonó el desarrollo de la petroquímica y se redujeron
drásticamente sus producciones; y se paró la integración de los ciclos productivos de la
industria petrolera en su conjunto; etc. Todo ello, provocó una alta desocupación, el
crecimiento de la informalidad y de la migración, que representó una creciente oferta de
mano de obra barata y desprotegida política y laboralmente para la economía
norteamericana, así como mercados mexicanos abiertos y sin competencia nacional.
Recientes informaciones han señalado que el año pasado la corrupción costó al país
32 mil millones de pesos. En este concepto habría que englobar el daño que recibió el
conjunto de la población, más el daño en particular ocasionado a quienes buscaron justicia,
a los agraviados por la impunidad brindada a delincuentes y quebrantadores de la ley, a
productores y prestadores de servicios, por funcionarios corruptos y sus cómplices de fuera
de la administración. En la omisión del cumplimiento de la ley y en su violación, se afecta
necesariamente la condición de justicia social que debiera ofrecerse y llegar a todos por
igual.
*
Puede afirmarse, sin riesgo a equivocarse, que las administraciones neoliberales
renunciaron y rechazaron sus responsabilidades sociales para imponer un modelo de fuerte
exclusión social, desmedida concentración de la riqueza en minorías privilegiadas y una
creciente asimetría en la relación internacional, que día a día acentúa la dependencia
económica y política.
Hoy, sobre todo después de conocidos y resentidos los efectos de la crisis
norteamericana que estalló en el 2008, hay plena conciencia en los grupos progresistas y
democráticos que sólo con un proyecto de desarrollo opuesto en sus objetivos básicos al
neoliberal puede alcanzarse una verdadera justicia social.
Marco básico de un proyecto de justicia social es la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, de la que destacaría los artículos 1 (Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros), 3 (Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona), 22 (Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y
4
la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a
su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad), 23.1 (Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo), 23.3 (Toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social), 25 (Toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad), 26 (Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos) y 28 (Toda persona tiene derecho a que
se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos).
Un Estado socialmente responsable, que propugne por la justicia social, tendría que
plantearse políticas de alto empleo formal, un sólido régimen de seguridad social universal
(atención a la salud, pensión de retiro, seguro de desempleo), educación de alta calidad con
acceso a todos, programas de capacitación para ascenso o reinserción en el trabajo,
enmarcadas, desde luego, en un crecimiento económico sostenido en el largo plazo y
sustentable social y ambientalmente, y en un sistema político y una convivencia social
efectivamente democráticos.
Para ello es indispensable contar con finanzas públicas fuertes, producto de un
régimen fiscal equitativo y eficiente, así como un desarrollo sólido de los sectores
estratégicos, constituidos en conductores del crecimiento y la modernización de la
economía y de la expansión del bienestar social.
Las décadas de neoliberalismo a ultranza demostraron que en la realidad económica
y política no existe la libre competencia en los mercados, sino que para que se dé una
competencia equitativa, resultan indispensables el poder y la acción reguladora del Estado.
Finalmente, el desarrollo de un proyecto nacional, para que tenga efectiva solidez,
debe corresponderse con un proyecto de alcance global. En este caso un proyecto que se
plantee equidad en las relaciones internacionales, la práctica de una colaboración solidaria
para reducir gradualmente, hasta eliminar, asimetrías económicas y diferencias sociales,
que en contraposición al modelo neoliberal que ha globalizado la exclusión social, los
privilegios económicos de minorías y la dependencia de las naciones y los pueblos de
menor desarrollo relativo de las potencias hegemónicas, se proponga globalizar la justicia
social, haciendo realidad universal los contenidos fundamentales de la democracia:
libertad-igualdad-fraternidad.
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