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El papel de las instituciones y políticas públicas en favor
de las cooperativas en México
México tiene una larga tradición de movilización colectiva e instituciones políticas
que reconocen esta realidad: ¿Cómo las cooperativas han asegurado la seguridad
de empleo en México? ¿De qué manera las instituciones y la actitud de los
gobiernos nacionales y regionales han tenido un impacto sobre la creación y el
desarrollo de las cooperativas en el país?
Federico Luis Pohls Fuentevilla*
Octubre 19 de 2011
Marco
La economía social y solidaria, y en ella el movimiento cooperativo en México, ha tenido
un proceso semejante al de los salmones, esos peces que nadan contra la corriente de
los ríos, y de los que algunos llegan a su destino, pero muchos pescados en el camino, y
muchos otros son devorados por los osos que los esperan en la parte alta de las caídas
del agua.
Así, ahora nuestra realidad es más bien de resistencia con esperanza ante las
autoridades, que de impulso y fomento por parte de las mismas autoridades.
La experiencia en México es la de un Estado–gobierno cada vez más hostil a todas las
iniciativas de organización y desarrollo (populares o no) que no sean meramente
asistenciales y/o económicamente neoliberales, e insertas y avaladas por los esquemas y
las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales o multilaterales, los
bancos y las empresas trasnacionales y sus fundaciones. Pero aún así nuestra reflexión
nos ha llevado más a concluir de manera muy semejante a lo que ha expresado Alfonso
Cotera, investigador peruano: “Con el Estado, ni tan cerca, ni tan lejos”.
Pues, si bien su papel en general es adverso, mientras no construyamos otras opciones,
las instituciones actuales, normas, figuras jurídicas, son necesarias para estructurar y dar
institucionalidad a los procesos que vamos desarrollando como ciudadanía, aunque no
vemos conveniente que en México el Estado–gobierno tome la iniciativa en la
institucionalización de la Economía Social y Solidaria, y el desarrollo del cooperativismo.
De acuerdo a nuestra experiencia, qué ciudadanía se ha ido construyendo en México en
este proceso:
En nuestra opinión, desde hace ya muchos años, y ahora a pesar de la situación de
violencia, se ha venido desarrollando en México (y en otros países latinoamericanos) un
proceso muy importante de acumulación de participación ciudadana. En este proceso se
ha llegado al redescubrimiento del actor social que ha podido articular de manera
organizada sus procesos de lucha con propuestas de política, programas y proyectos, por
las que exige el cumplimiento de, y llega a ejercer, sus derechos civiles, políticos,
sociales, económicos, culturales y ambientales.
*
Director Ejecutivo del Consejo Mexicano de Empresas de la Economía Solidaria.
Con esta experiencia, desde hace años se ha mostrado que la participación de todos los
sectores sociales en las decisiones sobre el desarrollo es fundamental para lograr
soluciones duraderas y viables para los problemas públicos. Consideramos que, para
garantizar una respuesta efectiva a los intereses y problemas públicos, es necesaria la
participación de todas y todos en los procesos de toma de decisiones. Que la ciudadanía
debe operar en el sistema político desde el exterior, pero en relación, necesaria pero
respetuosa, con las diferentes instancias formales de los poderes del Estado.
La experiencia nos ha mostrado que, en cualquiera de los tres ámbitos de gobierno
(municipal, estatal y federal), la participación ciudadana permite y exige que algunas
decisiones sean tomadas de manera razonada, que algunas políticas sean fruto de
necesidades reales y de un mayor consenso. Igualmente, la participación permite y exige
que haya transparencia en las acciones del gobierno y de la misma sociedad, y evita de
manera importante algunos actos de corrupción social y gubernamental.
Ahora, en el contexto actual, creemos que es todavía pertinente afirmar que una condición
fundamental para alcanzar el desarrollo sustentable, a través del impulso de la economía
solidaria y el cooperativismo, es el establecimiento de un marco institucional que garantice
el ejercicio efectivo de la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones
públicas al respecto, y que posibilite la interacción y la asunción corresponsable tanto de
actores sociales como gubernamentales en la búsqueda creativa de formas y
mecanismos para solucionar los problemas públicos, y para apoyar las iniciativas
ciudadanas.
En resumen, se trata de avanzar en un cierto grado de institucionalización de la Economía
Social y Solidaria, pero siempre de la mano de las organizaciones y empresas de la
sociedad civil, en un ejercicio real y constante de democracia deliberativa (que no se ha
logrado en nuestro país), en un proceso en que los tres actores principales, ciudadanía,
gobierno y legislativo, vayamos construyendo las leyes, las políticas, los programas y las
instituciones necesarias.
Se requiere entonces un Estado activo sí, pero en la creación de condiciones eficaces
para que la economía social y solidaria pueda desarrollarse y crecer. Un Estado que
asuma verdaderamente su papel de garante de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de toda la población.
Pero además, para que todo lo anterior pueda irse construyendo, hay que insistir en la
creación de condiciones también eficaces para el fortalecimiento e institucionalización de
las organizaciones y empresas ciudadanas de economía solidaria. Es decir, que las
mismas organizaciones y empresas deben buscar apoyarse en lo que las une para lograr
en su interior una institucionalidad o consolidación suficiente, que les de la capacidad para
establecer y mantener una relación de respeto mutuo con el Estado (en todas sus
instancias y poderes) e iniciar procesos de deliberación conjunta para el establecimiento
de leyes, mecanismos, políticas y programas que favorezcan el fortalecimiento y la
consolidación de estas organizaciones y empresas, y desde ahí el desarrollo sostenido de
la Economía Social y Solidaria.
Sobre el marco legal e institucional
Políticas públicas necesarias
LO PÚBLICO
Es la pretensión de encontrar el interés que a todas y todos conviene, teniendo en cuenta
que se parte de los intereses individuales.
Responde a intereses diversos y a distintas condiciones, a diversas maneras de ver el
mundo, y desde ahí lo público rebasa a lo gubernamental. Entonces, cuando se trata de
problemas públicos, éstos rebasan también la esfera gubernamental.
POLÍTICAS PÚBLICAS:
Definición:
Acciones múltiples concatenadas y bien coordinadas, tendientes a la solución de
problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en
medio de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden
utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de
mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad. Son, pues acciones
que deben avanzar con una estrategia común entre ciudadanía y gobierno.
De aquí, que las políticas deben ser realmente públicas, pero en México no lo son. Hay
políticas, hay políticas de Estado, pero la gran mayoría no responden realmente a las
necesidades y a los problemas públicos.
No lo son porque en México no hemos llegado a una visión real de ejercicio del poder. Es
decir: algunos años antes del año 2000, se rompió en México el régimen político de
partido único o casi único, y en el año 2000 se dio el paso a la alternancia en el poder,
cuando cambió el partido que ocupaba la presidencia de la república.
Pasamos entonces a un régimen de partidos, en el que se aprendió a distribuir el poder,
pero no hay preocupación por ejercer el poder. Es decir, hay más preocupación en los
partidos por los procesos electorales que por el ejercicio del poder; hay más preocupación
por mantenerse en los puestos públicos (legislativos o ejecutivos), que por solucionar los
problemas públicos o mejorar las condiciones de vida de la población.
Es un juego perverso en el que los partidos, con tal de llegar o mantenerse con poder —o
de recuperar el poder— no toman las decisiones de fondo para el desarrollo del país, sino
que ya en el gobierno se someten a las decisiones que toman las instituciones financieras
internacionales, las empresas trasnacionales y los gobiernos de los países con los que
mantienen relaciones de dependencia, como algunos de Europa, pero principalmente de
los Estados Unidos.
Legislación
A pesar de todo esto, como decíamos antes, algunos creemos que es necesario seguir
insistiendo en que se abran espacios claros para la participación ciudadana en el proceso
de deliberación y toma de decisiones en el país, para que llegue a haber leyes y políticas
públicas que verdaderamente busquen solucionar los problemas públicos y/o mejorar las
condiciones de vida de la población.
En estos procesos hay dos visiones a veces en tensión: la que se orienta hacia la
promoción y elaboración de políticas sin meterse necesariamente en un proceso
legislativo, que suele resultar tortuoso —hasta por los meros procedimientos— y
electorero; y la otra visión, que afirma que sí vale la pena sufrir el proceso legislativo,
porque así se garantiza al mismo tiempo una base y una cobertura legales a los cambios
que se pretenden, y la obligación gubernamental de establecer políticas, planes,
programas y proyectos.
Desde esta segunda consideración, estamos viviendo en México un proceso legislativo
doble en estos días. Dos procesos que tienen que ver con un largo proceso de
construcción ciudadana, pero aprovechados coyunturalmente por algunos representantes
del poder legislativo. Se trata de la Ley General de Economía Social y Solidaria, y de la
propuesta de una nueva Ley de Sociedades Cooperativas.
LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
De acuerdo a las necesidades del proceso de fomento y desarrollo de la Economía Social
y Solidaria en nuestro país, esa Ley no se apega a ellas ni cumple con los requerimientos
de las organizaciones y empresas de la sociedad que se han creado y se sustentan en
sus principios, valores y prácticas. Se trata de una ley por la que se favorece más el
control y la corporativización de la economía social, que su fomento y desarrollo.
Desde ahí, es claro que tanto el proceso de elaboración de la propuesta de ley que dio
origen al dictamen como el proceso mismo de dictaminación, fueron realizados sin
consulta a las organizaciones que trabajamos en la economía solidaria, impulsamos sus
valores, y buscamos, desde hace más de cinco años, la elaboración de una Ley que
verdaderamente promueva y fomente el desarrollo de la economía social y solidaria en
México.
Desde la experiencia concreta, una propuesta de Ley que toma en cuenta la realidad del
proceso de desarrollo de la Economía Social y Solidaria en el país, debería considerar:
- Una definición clara y en los términos ya aceptados y asumidos internacionalmente
sobre la economía social y solidaria.
- El establecimiento de mecanismos para concretar los valores, principios, contenidos y
acciones que la caracterizan.
- Incluir, sin interpretación que los desvirtúe, los valores de búsqueda constante del bien
común, la propiedad social y la identificación de las personas como principio y fin del
desarrollo.
- Abrir posibilidades y fomentar la autonomía de las organizaciones y empresas de la
economía social y solidaria, y también de desarrollo conforme a sus necesidades, sin
someterlas al control por parte de ninguna instancia de gobierno, tanto en la interpretación
administrativa de la norma como en la dirección y presupuesto de las instancias que se
puedan crear (en este caso un Instituto, un Fondo y un Registro) para fomentar la
economía social y solidaria.
- Establecer un Instituto Nacional de la Economía Social, como un organismo público
autónomo, con personalidad jurídica y presupuesto, se pretende instalarlo como un
organismo administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía,
cambiando solamente de nombre para esto a la Coordinación General del Programa
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.
- La apertura de posibilidades y de creación de mecanismos para el desarrollo y
establecimiento de nuevas formas asociativas o figuras legales de organización, cuando
las actuales resultan ya a todas luces insuficientes para lograr una personalidad jurídica
específica para las empresas u organizaciones de economía solidaria.
- Igualmente, la apertura de posibilidades para establecer condiciones fiscales
adecuadas para el fomento de la creación y desarrollo de empresas y organizaciones de
la economía social y solidaria.
- Establecer una estructura de participación ciudadana que resulte eficaz y no
burocrática, para la discusión y toma de decisiones pertinentes para el desarrollo y
fomento de la Economía Social y Solidaria en el país, y con mecanismos de elección y
funcionamiento que no permitan su corporativización ni el control político partidario.
- La vivencia y el fomento de los principios, valores y prácticas de la economía social y
solidaria obligada tanto para las organizaciones y empresas de la economía social y
solidaria, como para las instituciones que se crearían por efecto de la Ley, y para las
instancias gubernamentales y legislativas que, de acuerdo a lo establecido en la Ley,
deban participar en las acciones de desarrollo y fomento de la Economía Social y
Solidaria en México.
LA NUEVA LEY DE COOPERATIVAS
No hay grandes innovaciones en esta iniciativa de ley, no contiene un proyecto de
desarrollo cooperativo claramente definido, sino una mezcla de dos proyectos, en cierta
forma contrapuestos entre sí:
- Por una parte, avanza hacia definir el carácter eminentemente social de las cooperativas
y su no confusión con empresas mercantiles. La derogación de los artículos 1 y 212 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles es lo más valioso de todo. Pero no se proponen
mecanismos claros y viables para reforzar el área social de las cooperativas, como la
formación de sociedades cooperativas integradoras o la exigencia de un balance social.
- Por otra parte, fortalece la parte empresarial y profesional de la sociedad cooperativa, su
funcionamiento operativo, su mayor transparencia y eficiencia. Tiene un marcado interés
en garantizar la adecuada capitalización de la cooperativa, para que ésta no sea
insolvente financieramente.
En todas las disposiciones relativas a cuestiones administrativas y financieras se distingue
entre sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y el resto de cooperativas, pero no
entre pequeñas y mayores. Se inhibe así el desarrollo de las cooperativas pequeñas que
difícilmente podrán cumplir con todo lo que se les exige.
Al parecer se busca impulsar un modelo de cooperativismo que privilegie a las más
grandes. No se consideran las diferencias de tamaño y fortaleza económica entre las
mismas cooperativas.
No queda clara la corresponsabilidad del Estado materia de fomento y promoción de la
economía cooperativista. No hay garantías de un trato digno y equitativo en igualdad de
condiciones y prerrogativas que las que tiene el sector privado.
La iniciativa propone una ley demasiado amplia, (tiene un total de 168 artículos que
exigen un gran esfuerzo para entenderlos y aplicarlos), y deja poco espacio a la
creatividad e innovación de las y los socios, puede llegar a ser muy pesada en sus
controles, pues pretende regular hasta la vida cotidiana de las cooperativas.
¿Pone freno a la involución jurídica que perjudica al cooperativismo? ¿Respeta o viola los
principios cooperativos? ¿Realmente llena los vacíos e inconsistencias del pasado:
Consejo Superior del cooperativismo, registro, instituciones de asistencia técnica,
integración…? Al parecer intenta todo eso, pero no logra suficientemente y
definitivamente carece de un tinte nacionalista o verdaderamente popular. Rescata muy
poco las experiencias exitosas de las sociedades cooperativas mexicanas.
Aunque se trata de procesos legislativos que no deben considerarse por separado,
creemos que, siendo aprobada y publicada la Ley de Economía Social y Solidaria,
convendría esperar un tiempo prudente antes de emitir nuevas legislaciones particulares
sobre las distintas figuras asociativas amparadas en dicha Ley; así se evitarían
repeticiones indebidas como la existencia de registros e institutos de fomento, por
ejemplo. Consideramos que las cooperativas en general, y sobre todo las de ahorro y
préstamo, necesitan desregulación, no más leyes.
No atiende la problemática de ahorradores defraudados que tanto daño ha hecho a la
imagen de las sociedades cooperativas. Yo aprovecharía la ocasión para reformar
también la ley del FIPAGO y dejar claro que a partir de ahora, todos los fraudes que se
cometan en contra de ahorradores de SCAP serán responsabilidad de ellos y no habrá un
solo peso más del erario público para resarcir esas pérdidas, que tienen su origen en la
falta de supervisión de las bases de las cooperativas hacia sus directivos o peor aún en
un mal concepto de lo que es o debe ser una SCAP. En este sentido, creo que ALCONA
no se ha puesto las pilas para aprovechar esta ocasión y desembarazarse de la excesiva
regulación que la está asfixiando.
Entonces, como organizaciones y empresas que trabajamos en la Economía Social y –
Solidaria, y desde el Movimiento Cooperativo, seguiremos insistiendo en que se
establezca un proceso de profundización y seguimiento de ambos procesos legislativos
en conjunto, en diálogo efectivo entre las organizaciones y empresas y las y los diputados
y senadores responsables.
Muchas gracias.