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ENSAYO
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA
EN CHILE: 1970-1990*
Juan Andrés Fontaine
El autor examina los orígenes y desarrollo de las transformaciones económicas y políticas en Chile en los últimos veinte años, en
torno a tres tópicos centrales: i) la incidencia que habrían tenido
las políticas económicas intervencionistas de los gobiernos de las
décadas precedentes en el quiebre de la democracia en Chile a
comienzos de los años setenta; ii) las reformas económicas emprendidas por el gobierno militar a la luz de la tensión existente
entre la naturaleza autoritaria de ese gobierno y el carácter liberal
de las políticas propiciadas; iii) la relación existente entre la instauración de una economía de mercado y la posterior transición
desde un régimen autoritario a un gobierno democrático.
JUAN ANDRÉS FONTAINE. M. A. en Economía, Universidad de Chicago. Ex
Director de Estudios del Banco Central. Profesor del Instituto de Economía de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus artículos publicados anteriormente en Estudios Públicos pueden mencionarse "El punto de vista económico",
"El rol macroeconómico del Estado". "Los mecanismos de conversión de la
deuda en Chile" y "Observaciones sobre la experiencia macroeconómica chilena
de 1985-1989", en los números 2, 9, 30 y 40, respectivamente.
* Texto traducido del inglés del trabajo presentado por el autor en el
seminario "Economic, Society and Democracy" que se realizó el mes de mayo de
1992, en Washington D.C., bajo el auspicio de la Hoover Institution y la AID.
Estudios Públicos, 50 (otoño 1993).
230
ESTUDIOS PÚBLICOS
c
Introducción
hile ha llegado a desarrollar con éxito una economía de mercado. La transformación de la economía chilena fue llevada a cabo por un
Gobierno militar y autoritario, el cual, a principios de 1990, entregó el
poder en forma pacífica a las autoridades democráticamente elegidas.
Desde entonces el pueblo chileno ha podido gozar de un régimen democrático y, a la vez, de una economía de mercado.
En las páginas que siguen intentaré describir en forma sucinta los
orígenes y la evolución de la transición económica y política chilena. En
muchos aspectos esta exposición puede verse influida por mi propia experiencia en el proceso de formulación de la política económica en el Banco
Central de Chile entre los años 1984 y 1989, cuando el "modelo chileno"
fue rescatado de un virtual naufragio, para luego consolidarse. Con todo,
espero que esta particular perspectiva desde la cual analizo los desarrollos
habidos en Chile no distorsione los hechos objetivos.
El trabajo está organizado de la siguiente manera: la primera parte
trata del quiebre democrático chileno. Lo que aquí interesa es en qué
medida tal quiebre puede explicarse, por lo menos parcialmente, por las
políticas económicas intervencionistas de las décadas anteriores. En la
segunda parte se describen las reformas económicas del Gobierno militar.
La tercera parte se refiere a las conexiones entre las reformas introducidas
para abrir y liberalizar el mercado y el proceso chileno de redemocratización: ¿hasta qué punto las transformaciones económicas facilitaron la
transición política hacia un régimen democrático?
Cualquiera de estos temas puede ser objeto, por supuesto, de un
ensayo por sí solo. Sin embargo, por economía de espacio, me limitaré a
presentar las hipótesis básicas más que a desarrollar un completo análisis
de ellas.
1. EL QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA CHILENA
¿Por qué la ejemplar tradición democrática chilena se vio repentinamente interrumpida en 1973? Por cierto, el asunto ha sido analizado en
profundidad y no es el objetivo de este trabajo hacer una revisión de la
gran cantidad de literatura disponible al respecto. Los analistas y dentistas
políticos tienden a concordar que Chile logró un grado significativo de
"consenso social" durante los años 1940 y 1950, lo que facilitó el funcionamiento del sistema económico y político. Sin embargo, la situación
comenzó a cambiar en la década de los años sesenta cuando la "polarización
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política" condujo a una creciente frustración con el orden político y económico imperante.1 Los partidos políticos comenzaron a proponer amplias
reformas políticas y económicas; "soluciones globales" que abarcaban los
más variados aspectos de la vida social.2 Al parecer, esta polarización política llegó a su máxima expresión entre los años 1971 y 1973, durante
el gobierno del Presidente Allende y su fallido intento por construir un
sistema socioeconómico marxista-socialista.
1.1 El Estado redistributivo
Para nuestro propósito resulta importante especificar cuál fue la
naturaleza del "consenso social" de las décadas de 1940 y 1950. Ese consenso, en mi opinión, se fundaba en el uso generalizado del proceso político
para fines de redistribución de riqueza o ingresos.3 No se trataba, sin embargo, de una distribución dirigida necesariamente hacia los más pobres,
sino de un juego de influencias y presiones que originaba masivas transferencias entre los distintos grupos sociales y sectores económicos.4
Como afirma Valenzuela (1978), "la necesidad de acomodar las
demandas particulares contribuyó a perpetuar una política acomodaticia y
de transacciones" (p. 19). Estas demandas constituían básicamente las
peticiones de los sindicatos de trabajadores, de las asociaciones profesionales y confederaciones gremiales por una participación mayor en el ingreso
nacional. Dichas asociaciones eran articuladas por los partidos políticos,
los que servían de "redes claves para procesar las demandas" (p. 9). De
este modo "los representantes de las distintas agrupaciones y facciones
políticas pasaban la mayor parte de sus momentos de lucidez consiguiendo pensiones de viudez, empleos para maestros de escuelas, reajustes
de salarios para las asociaciones gremiales o sindicales, puentes para las
1
Para un completo análisis del proceso chileno, véanse Valenzuela (1978)
y Falcoff (1989).
2
El carácter desestabilizador de la controversia "sistémica" fue planteado
por Góngora (1981). Ffrench-Davis y Muñoz (1990) vinculan dicho debate a la
distribución de la propiedad.
3
La base teórica de esta perspectiva se puede encontrar en Downs (1957),
Becker (1958), Stigler (1970, 1972), Peltzman (1976) y muchos otros economistas provenientes de la "Escuela de Chicago".
4
Stigler (1970) argumenta que bajo reglas democráticas el patrón de transferencia del ingreso obedece a lo que él denomina la Ley de Director: la redistribución del ingreso desde los grupos de mayores y menores ingresos hacia las "clases
medias". Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando las transferencias son costosas
y la participación política de los grupos de bajos ingresos (los "marginados") es baja.
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municipalidades y un gran número de otros favores, ya sea directamente
o actuando como intermediarios ante una compleja burocracia estatal"
(p. 8). El Chile pre 1973 es un caso típico de la llamada rent-seeking
society.5
En esencia, cumplir estas "demandas particularistas" implicaba reasignar las rentas en favor de los grupos más influyentes y ello constituyó
la base de una expansión sostenida de la intervención estatal en la economía.
El aumento de la intervención del Estado en Chile, como en la mayoría de
los países menos desarrollados, fue especialmente notorio luego de que la
Gran Depresión desacreditara el capitalismo, pero sus raíces históricas e
intelectuales provenían de un pasado mucho más lejano.6
Algunas de las intervenciones estatales fueron decretadas por ley
como resultado de una negociación política en el Congreso. Otras competían al Ejecutivo, como la política arancelaria. Otras eran administradas
por un grupo de organismos "semi-autónomos" del sector público dominados por poderosas burocracias. Las directivas de varios de estos organismos estaban conformadas por representantes del sector privado (es decir,
lobbies empresariales), del Ejecutivo y del Congreso. Ese era el caso, por
ejemplo, del omnipotente Banco Central (que determinaba la asignación
de créditos sectoriales, administraba las líneas de crédito subsidiadas y
controlaba la totalidad de las transacciones de divisas); el Banco del
Estado (a cargo de los créditos agrícolas subsidiados y, sorprendentemente,
del monopolio de la distribución de fertilizantes), y la CORFO, la compañía de Holding estatal más importante.
El pensamiento económico se vio fuertemente influido por la "escuela estructuralista", la cual sostenía que en los países en desarrollo el
comportamiento de los agentes económicos era relativamente inmune a
los incentivos de precios.7 Por consiguiente, se suponía que estas intervenciones eran inofensivas desde el punto de vista de la asignación eficiente
de recursos. Las políticas económicas podían entonces orientarse libremente
a la captación de las rentas generadas por el cobre y la agricultura para
recanalizarlas hacia los grupos favorecidos.
Así, la meta principal de la llamada "política chilena del cobre" de
los años cuarenta y cincuenta era aumentar la participación del Estado en
5
El término fue acuñado por Krueger (1979).
Véanse Encina (1911) y Veliz (1980).
7
Para un análisis teórico de la escuela estructuralista, véase Little (1982).
Lal (1983) proporciona una demolición teórica de los postulados estructuralistas.
6
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las rentas generadas por las minas de cobre de propiedad extranjera.8 Y, de
hecho, la fracción del valor de la producción de cobre retenida por el
Estado creció de 5% en 1925 a 40% en 1970.9 Esto se logró a través de
una gran variedad de mecanismos tributarios, incluida la obligación de
liquidar en el Banco Central los retornos de las exportaciones a un tipo de
cambio inferior al del mercado.
El caso de la política agrícola fue similar. Nuevamente la meta
fundamental de la política estatal fue capturar y redistribuir las rentas
agrarias. Con este propósito, los precios de los alimentos controlados por
el Gobierno se mantuvieron bajos, transfiriendo así dichas rentas a los
consumidores urbanos. Valdés et al. (1990) han calculado que en 1970 el
precio relativo de los alimentos básicos (trigo, leche, carne) era 40% más
bajo que en 1975, año para el cual se había levantado ya la mayoría de los
controles de precios.10 El Estado utilizó con el mismo fin, a su vez, el
control del tipo de cambio, las restricciones a las exportaciones, los aranceles altos de importación para los fertilizantes y otros productos.
El sesgo de las políticas, en contra del cobre y la agricultura, se
introdujo en nombre de la "industrialización". La producción nacional de
bienes de consumo e intermedios fue fuertemente protegida mediante una
estructura de aranceles altos y diferenciados, un tipo de cambio diferenciado, licencias y prohibiciones de importación y una gran cantidad de otras
disposiciones y subsidios indirectos.11 Obviamente detrás de la industrialización había también intereses económicos y votos que obtener. Los poderosos sindicatos industriales, las asociaciones gremiales y lobbies empresariales se beneficiaban de las políticas en favor del sector industrial.12
Las políticas de industrialización generalmente favorecieron a la población
urbana en desmedro de la población rural vinculada a la agricultura y a la
minería.
8
Véase Ffrench-Davis (1974) para un análisis de los múltiples instrumentos empleados entre 1950 y 1973 para gravar las ganancias procedentes del
cobre.
9
Banco Mundial (1980).
10
Para un excelente análisis de las políticas agrícolas aplicadas en Chile
antes de 1973, véanse Valdés y otros (1990).
11
Para una descripción de las políticas comerciales aplicadas en Chile
antes de 1973, véanse Cauas y De la Cuadra (1981) y Banco Mundial (1980).
12
Véase Lavín (1980) para un mayor análisis de las intervenciones del
Gobierno en el ámbito del comercio exterior que beneficiaron a los grupos captadores de rentas. En 1960, el 57% de los obreros sindicalizados pertenecían al
sector manufacturero (Petras, 1969). En 1970, el 20% de la población, que representaba a los más pobres, no pertenecía al sector manufacturero (Méndez, 1980).
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La intervención gubernamental también se hizo notar en los mercados de factores. El mercado de capitales estaba fuertemente controlado:
límites máximos legales para las tasas de interés (frecuentemente inferiores a los índices de inflación existentes), estrictos controles en la asignación
de créditos bancarios, altas exigencias de encaje sobre los depósitos, líneas
de créditos subsidiadas administradas por el Banco Central, controles de
intercambio, múltiples tipos de cambio fijados por el Banco Central, etc.
Nuevamente, el objetivo de esta amplia gama de controles consistía en
extraer las rentas, que en un sistema de libre mercado hubieran pertenecido
a los depositantes, y trasladarlas a los usuarios de los créditos en ciertos
sectores (por ejemplo, la industria). Entre 1940 y 1970 las tasas de interés
de los préstamos alcanzaron un promedio negativo de 10,7% en términos
reales y la intermediación financiera estaba dominada por organismos
gubernamentales.13
El mercado laboral también fue un área fértil para una intervención
gubernamental redistributiva. El Gobierno fijaba el salario mínimo, ordenaba los reajustes de salarios para los trabajadores no sindicalizados del
sector privado, participaba en comisiones negociadoras de salarios en algunos sectores (con representantes de los empleados y de los empleadores),
permitía practicas monopolísticas de sindicatos y, a menudo, intervenía a su
favor en disputas laborales privadas, manejaba un costoso sistema de seguridad social, regulaba las condiciones de trabajo, penalizaba los despidos e
imponía barreras de entrada a una gran cantidad de ocupaciones.14
Nuevamente, la lógica de estas intervenciones era inclinar la distribución del ingreso a favor de unos (los trabajadores) y en contra de
otros (los dueños del capital). Naturalmente el ámbito de control gubernamental era más limitado de lo que se pretendía; de hecho, sólo alcanzaba a
un subsector del mercado laboral, los trabajadores urbanos sindicalizados
y los empleados del sector público.15 Para el resto —los trabajadores rura13
Para una descripción de las políticas aplicadas en el mercado de capitales en Chile antes de 1973, véanse Banco Mundial (1980), Gregoire y Ovando
(1974), y otros artículos publicados en Estudios monetarios III, Banco Central.
14
Véase Alamos (1987).
15
Como Foxley y Muñoz (1974) afirmaran, se había creado una nueva
fuente de privilegios para ciertos sectores sociales, la que se traducía en un acceso diferenciado a los productos y servicios escasos debido, únicamente, a que dichos sectores estaban bien organizados. Esto sucedía, por ejemplo, con algunos
grupos laborales que se las arreglaban para influir en los instrumentos administrados por el Estado, tales como los regímenes de seguro social, las políticas de
precios y salarios, las concesiones arancelarias o tributarias para ciertas empresas o
regiones —o, más recientemente, un acceso al área de la propiedad social—
(p. 386).
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les, trabajadores urbanos no sindicalizados, trabajadores informales—,
estas intervenciones gubernamentales disminuían las oportunidades de trabajo y los salarios. Pero, como veremos más adelante, éstos no formaban
parte de los grupos políticamente más poderosos. Además, componían los
estratos más pobres de la población. Hacia 1970 la mitad de la población
que vivía en la extrema pobreza la constituían trabajadores independientes. La otra mitad se componía de trabajadores poco calificados, a menudo empleados en empresas pequeñas o informales, generalmente fuera del
alcance de las autoridades del Ministerio del Trabajo.16
Entre las intervenciones gubernamentales más importantes del mercado laboral se encontraba el régimen de seguridad social. Este consistía
en alrededor de treinta diferentes "cajas" de seguro social que funcionaban
bajo un sistema de reparto. Cada una de ellas servía a un tipo o clase de
trabajadores, requería diferentes contribuciones de los empleadores y empleados y prestaba distintos beneficios. Las cajas se financiaban mediante
impuestos sobre las planillas, con diferentes cotizaciones, dependiendo de
cada caja. Las cotizaciones aumentaron gradualmente y llegaron a su
punto máximo entre 1973 y 1974, cuando alcanzaron al 60% de los salarios.17 El sistema de seguridad social era una gigantesca maquinaria de
redistribución del ingreso. Pero como los empleados independientes y los
de pequeñas empresas (sector informal) no pertenecían al sistema, el papel
redistributívo se limitaba a redistribuciones internas entre trabajadores de
ingresos medios y altos.
1. 2 El consenso se desmorona
¿Por qué se desmoronó el consenso acerca de este proceso político?
¿Por qué se abrió paso una "creciente polarización de la sociedad chilena"? ¿Por qué los líderes políticos pensaron que debían ofrecer a los
votantes "soluciones globales", una transformación completa de las estructuras socioeconómicas?
Durante los años sesenta, las condiciones económicas y políticas
bajo las cuales se desarrollaba el juego redistributivo reseñado anteriormente sufrieron un cambio significativo. Por un lado, el poder político
relativo se vio modificado por el aumento masivo de la participación
16
17
Méndez (1980).
Cheyre (1991) y Pinera (1991).
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electoral que tuvo lugar en la década de 1960. Por otra parte, y contrariamente a las opiniones del pensamiento estructuralista, la intervención
gubernamental no fue inofensiva. A medida que las distorsiones introducidas
por las políticas redistributivas disminuyeron el crecimiento económico y
estimularon la inflación, las propuestas políticas se fueron haciendo más
radicales. El consenso se vino abajo.
No dedicaremos demasiado tiempo al primer factor. Un rasgo indiscutido del sistema político chileno previo a 1973 es que, a pesar de
encontrarse abierto a un significativo grado de competencia política, mostraba una baja participación. Dahl, por ejemplo, en su famosa caracterización bidimensional de los sistemas democráticos, clasificó al sistema chileno
dentro de los más competitivos, aunque había otros 56 sistemas (de un
total de 114) que mostraban una mayor participación.18
Hasta comienzos de los años cincuenta, el electorado correspondía
sólo al 10% de la población, puesto que el sufragio femenino recién se
permitió en 1950 y la población analfabeta no estaba facultada para sufragar. Pero incluso entre aquellos formalmente facultados para votar, la
participación política era baja: la población registrada constituía apenas el
40% de quienes podían sufragar. Ello era, probablemente, consecuencia
de niveles de educación relativamente bajos, comunicaciones deficientes y
el limitado desarrollo de las organizaciones políticas. La participación
política era menor en las áreas rurales que en las áreas urbanas.
La diferencia que había en la participación electoral de los distintos
sectores de la población influyó sobre el patrón de transferencia de ingresos
generado por el proceso político. Puesto que la participación política era
menor en las áreas rurales que en las urbanas, no resulta sorprendente que
las políticas redistributivas fueran sesgadas, en contra de las primeras.
Como hemos visto, las políticas agrícolas, industriales y laborales tenían
un sesgo pro-urbano. El gasto social del gobierno también se inclinaba a
favor de los grupos urbanos de ingresos medios.19 Esto puede explicar por
qué los indicadores de distribución del ingreso no mostraron un avance
durante los años sesenta y por qué la mortalidad infantil —un indicador
razonable de los niveles absolutos de pobreza— se encontraba por sobre el
promedio de los países latinoamericanos en 1965.20
18
(1969).
19
Dahl (1971), apéndice A.; véanse también Valenzuela (1978) y Petras
Véanse Méndez (1980), Kast (1984) y Castañeda (1990).
Los coeficientes de Gini de la desigualdad del ingreso permanecieron
constantes o se deterioraron durante la década de 1960, según se considere el
20
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Sin embargo, dicha situación tenía que cambiar. Al mejorar los
niveles de educación y la calidad de las comunicaciones, la conciencia
política de los grupos menos favorecidos debía aumentar y el patrón de la
transferencia de ingresos tenía que verse afectado. Además, los agentes
políticos —dirigentes y partidos políticos— veían un claro incentivo en
llegar a estos grupos menos favorecidos y en intentar ganar su lealtad. Los
partidos políticos ajustaron sus estrategias y apoyaron cambios legislativos para aumentar la participación política.
De hecho, eso fue lo que sucedió. La participación política aumentó sustancialmente con las reformas electorales de 1958 y 1962, las que
eliminaron la exigencia de la inscripción periódica en los registros electorales que obligaba a registrarse y penaba con prisión la abstención electoral. En 1970, otra reforma otorgó derecho a voto a los analfabetos. Los
efectos de estas reformas fueron drásticos.21 La población inscrita llegó a
constituir el 70% de las personas facultadas para votar en un lapso de 5
años y el 40% del total de la población. En términos absolutos, el electorado
creció de 1,28 millón en 1957 a 3,24 millones en 1969; un aumento de
350% en sólo 12 años.
Las reformas de 1958 y 1961 incorporaron a miles de nuevos votantes al sistema. La mayoría de ellos provenían de las zonas rurales donde la
participación electoral había sido menor. Los partidos políticos debieron
modificar sus estrategias y realizar amplios esfuerzos para conseguir la
preferencia de estos nuevos votantes. Por consiguiente, dirigieron sus
estrategias a aumentar la sindicalización de la fuerza laboral y otras formas de movilización social.22 Durante el Gobierno de Frei, en particular,
la sindicalización rural y otros medios de promover la conciencia política
(como el programa de "promoción popular", por ejemplo) fueron en gran
medida el resultado de una política gubernamental deliberada.23 En mi
opinión, esto reflejó básicamente los esfuerzos de la Democracia Cristiana
ingreso familiar o el individual (Heskia, 1980). La mortalidad infantil se mantuvo en 107 por cada mil niños nacidos en 1965, mientras que el promedio en
América Latina fue de 96 (Castañeda, 1990).
21
Estas reformas se describen en Valenzuela (1978); véanse también
Bitar (1979) y Petras (1969).
22
Durante la década de 1960 se registró un aumento tanto en la sindicalización de obreros urbanos como en el número de huelgas. Sin embargo, como
lo afirma Valenzuela (1978), esos hechos constituyeron una recuperación en
cierta medida de los niveles alcanzados a principios de los cincuenta.
23
Valenzuela (1978), p. 30.
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y de los partidos de la izquierda para lograr el apoyo de los nuevos votantes
incorporados al sistema por las reformas electorales ya mencionadas.
Las consecuencias políticas de la mayor participación, como se ha
señalado, no fueron obvias, en el sentido de que "el aumento de la participación política no benefició a ningún partido en particular en desmedro de
otros".24 Sin embargo, la apertura del sistema a nuevos grupos debe haber
desestabilizado el equilibrio anterior. Grupos que habían sido previamente
descuidados obtuvieron repentinamente poder para exigir una porción de
la torta. Los partidos políticos no tuvieron más alternativa que ajustar sus
estrategias y ofrecer sus servicios también a esos grupos. Las reformas
electorales fueron probablemente endógenas, fruto de la competencia entre
los partidos políticos por captar más electores. Si esta hipótesis es válida,
entonces la ya mencionada neutralidad política de los nuevos votantes (el
hecho que sus preferencias partidarias no fueran diferentes a las de los
antiguos votantes) es endógena: es decir, la consecuencia de las estrategias
de optimización adoptadas por los partidos políticos en competencia.
La segunda razón del desmoronamiento del consenso social es
netamente económica. A pesar de las suposiciones del enfoque estructuralista, el comportamiento económico de los productores y consumidores
chilenos demostró ser bastante consecuente con los postulados de la teoría
económica ortodoxa. El crecimiento económico se vio afectado por las
distorsiones provenientes de las intervenciones gubernamentales en el sistema de precios. Entre 1950 y 1970 el PIB per cápita aumentó en una tasa
promedio real de 1,4% anual, comparado con un promedio de 3,1% en los
países en desarrollo con un nivel de ingresos comparable, y 3,3% en los
países industrializados.25 Los sectores más damnificados fueron los que
soportaron el peso de las políticas redistributivas: la minería del cobre (no
se descubrieron nuevos yacimientos desde principios de siglo y la participación de Chile en la producción mundial cayó desde 21 a 13%)26 y la
agricultura. La creciente brecha entre el nivel chileno de ingreso per cápita
y el de los países más ricos debe haber provocado gran frustración.
El lento crecimiento de la producción y el empleo, comparado con
las expectativas, hizo que la lucha política se intensificara. El problema
resultó agravado por la expansión de la participación política: más personas deseaban compartir la misma torta. El debate político comenzó a
24
Valenzuela y Valenzuela (1986), p. 196. Véase también Falcoff (1989).
Banco Mundial (1980).
26
Banco Mundial (1980).
25
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subrayar la "fatiga" del sistema imperante y a resaltar el hecho de que
"todo" tenía que "cambiar".27 Se comenzaron a proponer y a desear soluciones radicales y globales.
Paradójicamente, pero siguiendo las tendencias ideológicas de la
época, la insatisfacción con el rendimiento económico originó una mayor intervención gubernamental. El bajo crecimiento de la producción fue
atribuido a una reticencia a invertir en el sector privado, y, por lo tanto,
se crearon más empresas estatales o se expandieron las ya existentes. La
dirección de la economía debía estar en manos del Gobierno para superar
las deficiencias de un sector privado sobrerregulado. Además, según las
enseñanzas keynesianas, la política fiscal se hizo cargo de promover
el empleo. Se estima que durante la segunda mitad de los años sesenta el
empleo en el sector privado sólo creció en 1% anual, mientras que en el
sector público aumentó en 4,9% anual. Puesto que los partidos políticos se
sentían obligados a ofrecer cada vez mayores transferencias de ingresos a
sus electores, éstos se volcaron hacia políticas fiscales y monetarias excesivamente expansivas y "populistas".28 El "realismo mágico" ha tenido un
papel importante en la literatura latinoamericana contemporánea, pero
también puede encontrársele en la política económica.
La causa inmediata de la historia inflacionaria de Chile (la tasa
anual promedio era de 30% entre 1940 y 1970) fue la excesiva expansión
monetaria para financiar el presupuesto fiscal.29 Pero la causa última debe
buscarse más atrás: en la lucha redistributiva.30
La inflación y las crisis de balanza de pagos se convirtieron en el
tema central de la política chilena. Los cuatro gobiernos anteriores a 1973
intentaron aplicar algún plan de estabilización. Ninguno lo logró; no pudieron quebrar la dinámica inflacionaria de la lucha redistributiva. De
hecho, estos planes a menudo se basaban en el control de precios y salarios,
en la sobrevaluación del peso y en un aumento masivo de la deuda externa
pública. Pero apenas se lograba algo de estabilidad temporal, resultaba
necesario volver a las políticas expansionistas.31 El control de los precios
27
De ese modo, Pinto (1959) pudo proclamar que Chile constituía un caso
de desarrollo "frustrado", y en la campaña presidencial de 1964 del candidato
Frei pudo emplear el lema "todo tiene que cambiar".
28
El término "populista" se utiliza aquí en el sentido dado por Dornbusch
y Edwards (1989). Véase también Larraín y Meller (1990).
29
La historia de la inflación en Chile ha acaparado una gran atención.
Véanse Harberger (1959), Lüders y Arbildua (1969) y Sierra (1970).
30
Véase Hirshman (1963).
31
La inestabilidad política de los planes de estabilización ha sido analizada por Sjaastad (1974) en un excelente trabajo. El tema ha recuperado última-
240
ESTUDIOS PÚBLICOS
y de las importaciones les aseguraban un respiro político antes de que las
presiones inflacionarias se descontrolaran, pero toda expansión terminaba en una crisis de la balanza de pagos, en renegociaciones de la deuda
externa, aumento de los controles a las importaciones, devaluación e inflación. La cantidad de promesas electorales insatisfechas y de planes fallidos
de estabilización terminaron por desacreditar tanto a la democracia como
a la empresa privada.
1. 3 Las nacionalizaciones y la crisis política
El objetivo principal de las intervenciones gubernamentales se desplazó gradualmente desde una mera apropiación de una parte de las rentas
generadas por las distintas actividades económicas hacia la expropiación
de los activos que producían esas rentas. Durante la segunda mitad de
los años sesenta y a comienzos de los setenta, el centro del debate fue la
distribución de la propiedad. La proposición económica fundamental del
Gobierno de Allende fue una expropiación masiva de los medios de producción.32
Al quedar de manifiesto el fracaso de las políticas agrícola y del
cobre imperantes surgió un consenso político respecto de la necesidad de
nacionalizar los yacimientos de cobre y las tierras agrícolas. La nacionalización del cobre se inició durante la presidencia de Frei. En 1971, el
Presidente Allende completó el proceso al nacionalizar sin compensación
alguna todos los yacimientos de cobre de propiedad extranjera, de acuerdo
a una reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso.33
La atención política también se volcó hacia la propiedad privada en
la agricultura. La Reforma Agraria fue propuesta como un remedio contra
la ineficiencia de "terratenientes ausentes". De hecho, la falta de incenti-
mente vigencia en la literatura económica como el "problema de la inconsistencia temporal".
32
El programa de la campaña de Allende postulaba la expropiación de
todas aquellas actividades que condicionen en general el desarrollo económico y
social del país, tales como la producción y distribución de la energía eléctrica;
transporte por aire, agua y tren; las comunicaciones; la producción, refinación y
distribución de petróleo, incluido el gas licuado; la siderurgia, la industria petroquímica, la industria química pesada, la celulosa y el papel (Unidad Popular,
diciembre, 1969). Véase Arturo Fontaine Talavera, Harald Beyer y Eduardo
Novoa (1990).
33
Falcoff (1989).
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vos económicos era tal que probablemente convenía dejar las tierras
sin trabajar y utilizarlas como colateral para los préstamos bancarios
subsidiados. Pero la posición opuesta ganó fuerza y a principios de los
sesenta, bajo el conservador Gobierno del Presidente Alessandri, se aprobó una ley de Reforma Agraria. La consolidación de tal proceso fue una
de las principales metas del gobierno de Frei (para este fin el Congreso
aprobó una reforma constitucional) y fue completada por el Presidente
Allende. En resumen, en 1973 las tierras expropiadas alcanzaban el 49%
del total de tierras agrícolas (y 61 % de las tierras irrigadas).34
Mientras tanto, las empresas del sector industrial, que habían prosperado gracias a una barrera arancelaria altísima, también fueron blanco
político.35 Fueron acusadas, con razón, de prácticas monopólicas (el pe-
queño mercado local estaba protegido de la competencia externa) y sus
ganancias se convirtieron en una tentadora presa para los competidores
políticos. Vinieron primero el alza en los impuestos, el aumento de las
reglamentaciones y de los salarios. Finalmente, sin embargo, el sector
industrial privado siguió el curso de la minería y la agricultura: uno de los
objetivos básicos del Gobierno de Allende fue la nacionalización de las
principales industrias, la creación de un "área de propiedad social". Este
constituyó el principal campo de batalla política durante sus tres años en el
poder.
Debido a las intervenciones gubernamentales en el mercado de
capitales, los bancos privados (y el Banco Central) estaban encargados de
racionar los escasos y baratos créditos. No resulta sorprendente, entonces,
que surgieran poderosos grupos económicos en torno a los bancos y que
explotaran su acceso preferencial a los créditos. Los bancos también se
convirtieron en blanco político. No sin algo de razón, fueron acusados de
tener demasiado poder.36 El origen del problema no radicaba en que fueran privados, sino en el racionamiento artificial de los créditos creado por
la fijación de la tasa de interés y otras regulaciones. El Presidente Allende
pensaba de otro modo, y en su discurso de Año Nuevo de 1971 (habiendo
asumido hacía tan sólo 60 días) anunció su propósito de nacionalizar todos
los bancos privados. En menos de un año, y sin una oposición significativa, el Gobierno había cumplido su objetivo.
34
35
Véase Banco Mundial (1980).
Lagos (1961) elaboró un influyente análisis de la estructura oligárquica
de la industria y la banca durante la década de 1950.
36
Véase Lagos (1961).
242
ESTUDIOS PÚBLICOS
En suma, en tres de las cuatro décadas anteriores al Gobierno de
Allende, Chile desarrolló un sistema económico mixto con amplia y creciente intervención estatal. El objetivo era captar para el Estado ciertas
rentas económicas y canalizarlas hacia ciertos grupos predilectos. Estas
políticas eran consideradas inofensivas desde el punto de vista de la eficiente
asignación de recursos porque se pensaba que las personas eran relativamente indiferentes a los incentivos económicos. Pero, desde un punto de
vista político, dichas transferencias de ingresos fueron el instrumento clave utilizado por los distintos partidos políticos para ganarse el apoyo de un
electorado que crecía rápidamente.
Cuando los costos económicos de las intervenciones redistributivas
se hicieron evidentes, el énfasis de las políticas públicas se volcó desde la
redistribución del ingreso hacia la nacionalización de la propiedad. Esta
tendencia se inició con la "revolución en libertad" del Presidente Frei;
continuó con el patrocinio del sector más izquierdista de su propio partido
(cuyo líder, Radomiro Tomic, fue el candidato democratacristiano para las
elecciones presidenciales de 1970), que buscaba una "forma no capitalista
de desarrollo", y fue llevada a su conclusión lógica con "el camino chileno
hacia el socialismo" que propiciaba el Presidente Allende, el que difícilmente era compatible con un régimen democrático normal. Y Allende no
hizo ningún esfuerzo por esconder este hecho cuando le dijo a Regis
Debray: "He llegado a este cargo para realizar la transformación económica y social de Chile, para abrir la senda del socialismo. Nuestro objetivo es
el socialismo marxista, científico, total" (Debray, 1971, p.118).37 Y también en esa otra sombría declaración que hizo al mismo autor: "Respecto
del Estado burgués que tenemos en este momento, estamos tratando de
superarlo. De derrocarlo." (p.82).
El Gobierno de Allende se apoderó fácilmente de las minas de
cobre, de una gran parte de las tierras agrícolas y de la mayoría de los
bancos. La batalla política en favor de la nacionalización de las empresas
industriales fue ardua.
Las expropiaciones no sólo alienaron a los inversionistas extranjeros y a las grandes empresas, sino también a los pequeños y medianos
empresarios. Las asociaciones de camioneros, de dueños de autobuses y
de minoristas lideraron la movilización social en contra del Gobierno de
Allende. Algunos poderosos sindicatos laborales de clase media, como los
37
Debray (1971) p.118.
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
243
trabajadores del cobre, se sumaron. El Gobierno de Allende intentó recuperar algo del apoyo político de estos grupos a través de políticas monetarias y fiscales altamente expansivas y populistas. La prosperidad
originada por las políticas populistas duró poco (nunca dura mucho). El
consiguiente brote inflacionario y la crisis de la balanza de pagos siguieron
su curso natural. El Banco Mundial ha resumido las consecuencias econó-
micas del camino hacia el socialismo de Allende en el siguiente párrafo
lapidario:38
Durante el período de 1971-1973 se "tomaron" cerca de 500
empresas y se expropió más de un cuarto del total de tierras
agrícolas. El período se caracterizó por una profunda crisis económica y política. Antes de su fin, el PIB real per cápita y los
salarios en términos reales habían descendido a niveles inferiores
a los de 1970; la producción agrícola se encontraba al nivel de
comienzos de los años sesenta; el déficit del Gobierno central
excedía al 20% del PIB; en el mercado negro el tipo de cambio
tenía un valor diez veces mayor que el cambio oficial y las reservas internacionales netas eran negativas. (Banco Mundial, 1980,
p. iv).
2. LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ECONÓMICO CHILENO
El régimen militar que siguió al golpe de Estado de 1973 puso en
marcha una profunda reforma económica y social, la que condujo finalmente
a una economía de mercado. Como se ha dicho, en Chile el libre mercado
nació con un "pecado original".39
Los militares, liderados por el general Pinochet, gobernaron el
país durante dieciséis años y medio con mano dura. El Congreso fue
disuelto y los poderes legislativos se transfirieron a la Junta de Gobierno;
un comité formado por los cuatro Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros). Los partidos
políticos fueron proscritos y se prohibió toda actividad de oposición al
régimen. Las libertades civiles fueron restringidas y hubo numerosos casos
de violación a los derechos humanos.
38
Las políticas económicas del Presidente Allende han sido analizadas
y debatidas ampliamente. Véanse, por ejemplo, Bitar (1979), Larraín y Meller
(1990), Dornbusch y Edwards (1989).
39
Arturo Fontaine Talavera (1991).
244
ESTUDIOS PÚBLICOS
Por otra parte, el mismo Gobierno cambió drásticamente la geografía económica chilena al reducir la intervención del Estado en la actividad
económica y aumentar en igual medida la esfera de libertad individual.
La contradicción entre ambas caras del régimen de Pinochet ha
inquietado a numerosos observadores y analistas. No trataré aquí muchos
de los temas que suscita esta tensión entre la libertad económica y el
autoritarismo político. Sólo me propongo discutir cómo esta asociación
funcionó, de hecho, en la aplicación del modelo chileno.
La discusión está organizada de la siguiente manera: una primera
subsección narra cómo llegaron al poder los economistas de libre mercado.
La segunda describe el rendimiento macroeconómico de Chile durante la
época de las reformas. La tercera trata de la economía política de estas
reformas: las transacciones políticas necesarias para llevarla a cabo.
2.1 El surgimiento de los economistas de libre mercado
Si bien el derrumbe de la democracia chilena tuvo lugar en septiembre de 1973, el colapso del enfoque económico estatista que había predominado hasta entonces tardaría bastante más. De hecho, a pesar de que el
nuevo Gobierno militar comenzó rápidamente a suprimir el control de los
precios, a desmantelar regulaciones, a reformar el sistema tributario y a
devolver las empresas nacionalizadas a manos privadas, estas decisiones
no constituían todavía una visión coherente del futuro económico chileno.
Si hubiera que ubicar el comienzo de la transición chilena hacia una
economía de libre mercado en una fecha precisa, ésta sería abril de 1975,
cuando Jorge Cauas, entonces Ministro de Hacienda, anunció su draconiano
"Plan de Reconstrucción Económica".40
La idea de aplicar en Chile un modelo de libre mercado no era
nueva, y los economistas que asumieron la responsabilidad estaban ligados a intentos anteriores. A mediados de los sesenta, una joven generación
de economistas, graduados en universidades chilenas y en la Universidad
de Chicago (cuyo Departamento de Economía mantenía un importante
programa de apoyo a la Escuela de Economía de la Universidad Católica
de Chile) pasaron a ejercer gran influencia intelectual.41 Rápidamente es40
Reimpreso en Méndez (1979).
El modelo chileno constituye, de hecho, el resultado de una valiente y
visionaria empresa a nivel intelectual. Un ejercicio de persuasión mediante el
cual se capacitó a una élite intelectual a fin de remodelar el país. Pinera (1992)
41
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
245
tablecieron lazos con los hombres de negocios chilenos más modernos y
con la ayuda de éstos formaron el primer centro de estudios de libre
mercado en Chile. Ganaron influencia en la prensa, particularmente en
el diario El Mercurio, que comenzó a publicar periódicamente sus "revolucionarias" opiniones en favor del libre mercado. Algunos de ellos fueron
reclutados como tecnócratas por el equipo económico del Presidente
Frei, otros fueron asesores económicos del Presidente Alessandri durante
su candidatura presidencial en 1970. Estos dos grupos de economistas,
que trabajaron para distintos partidos políticos, compartieron una experiencia frustrante en lo que respecta al establishment político y económico
de la época. La política redistributiva descrita en la primera parte estaba
bien enraizada, y tanto los políticos de izquierda y de derecha como los
hombres de negocios se mostraban renuentes a abandonar las prácticas
tradicionales.
Los economistas a favor del libre mercado se opusieron tenazmente
a las políticas económicas del Presidente Allende y, de hecho, predijeron
con bastante exactitud sus funestos resultados.42 Debido a ello, posiblemente, recibieron el encargo de preparar un plan económico alternativo.
Poco después del golpe los autores de este documento fueron llamados al
Gobierno como asesores del equipo económico recientemente nombrado
por el general Pinochet.43
El hecho de que un grupo de economistas partidarios del libre
mercado, más tarde denominados "Chicago boys", se encontrara en puestos importantes de asesoría en el Gobierno chileno no significaba que los
militares hubieran aceptado su programa económico de mercado libre.
Fueron llamados principalmente en reconocimiento de su alto nivel profe-
sional. La magnitud de la crisis económica exigía profesionales altamente capacitados y éstos no se encontraban, por cierto, entre los militares.
Además los economistas de Chicago, considerados como tecnócratas apolíticos, podrían analizar los problemas económicos chilenos con una "visión fresca". En eso se parecían a los militares, quienes también consti-
describe este proceso bajo el título de "el poder de una idea". Desafortunadamente, aún no existe una descripción completa de dicha iniciativa. En Valdés (1989)
se entrega una detallada pero muy sesgada visión de la sociedad que formaron la
Universidad de Chicago y las universidades chilenas. Valdés ve en esta asociación algo así como como una conspiración imperialista.
42
43
Bardón y otros (1972).
Para una vivida narración de estos hechos, véase Arturo Fontaine
Talavera (1988).
246
ESTUDIOS PÚBLICOS
tuían un grupo "marginal" en relación al establishment político y económico de la época.44 Los economistas de libre mercado tenían una visión
verdaderamente revolucionaria. Pretendían derribar el sistema económico imperante y construir uno totalmente nuevo. Y no le temían a ningún
grupo de interés opuesto a las reformas. El valeroso intento de comenzar
una nueva etapa en la historia del país se ganó la simpatía de algunos
militares, especialmente del general Pinochet.
Pero las simpatías se acababan ahí. Debido a su entrenamiento
profesional, los militares tenían una visión nacionalista de la economía.
Las políticas proteccionistas les parecían más propicias para la seguridad
nacional que las propuestas de libre comercio. De modo similar, el estricto
control gubernamental de las actividades económicas "estratégicas" parecía
como la extensión natural, a la esfera económica, de su inclinación nacionalista. La retórica neoliberal de los economistas de Chicago provocaba
no poca desconfianza. Y tal actitud no sólo estaba presente entre los
militares sino también entre la mayoría de los partidarios civiles del Gobierno. El golpe había sido apoyado por los democratacristianos y los
conservadores. Aunque formalmente disueltos, sus líderes tuvieron al comienzo gran influencia entre los militares. Por tradición y doctrina éstos
estaban a favor del estatismo. Querían recrear el Estado redistributivo
anterior a 1973.
Al final triunfaron los economistas de Chicago gracias a su contundente capacidad técnica —basada en la lógica aplastante de la teoría
económica— y también en buena medida debido a factores exógenos. Una
severa crisis de la balanza de pagos a principios de 1975 —consecuencia
del alza de los precios internacionales del petróleo en 1973 y de la caída
de los precios de los bienes en 1974— cambió el curso de los hechos. En
una reunión histórica realizada en Viña del Mar, el general Pinochet y sus
colaboradores más cercanos se abocaron a discutir dos planes de
estabilización alternativos.45 El primero, prudentemente gradual y basado
en una creciente ayuda financiera internacional. El otro, un shock fiscal y
monetario destinado a restaurar rápidamente la viabilidad de la balanza de
pagos y a detener la espiral inflacionaria. El general —nada de amigo de
las opciones tibias— escogió el tratamiento de shock. Intuía que la situa-
ción era extremadamente delicada y confiaba en la capacidad profesional
de los tecnócratas que apoyaban la terapia de shock. En abril de 1975, Jor-
44
45
Pinera (1990).
Arturo Fontaine Aldunate (1988).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
247
ge Cauas, Ministro de Hacienda, y Sergio de Castro, Ministro de Economía, con la ayuda de un amplio equipo de economistas jóvenes, comenzaron la construcción del modelo económico chileno.
2. 2 El entorno macroeconómico
Considerado en conjunto, el período comprendido entre 1975 y
1989 fue más bien pobre en lo que respecta a resultados macroeconómicos.
En 1990 el PIB real per cápita sólo superaba en 20% el nivel de 1970 y el
consumo real per cápita se encontraba 10% por debajo (véase Cuadro Nº 1).
Sin embargo, los resultados macroeconómicos debieran juzgarse
considerando si políticas económicas alternativas hubiesen dado o no mejores resultados bajo las mismas circunstancias. Las circunstancias, en
efecto, eran extremadamente adversas para la economía chilena durante el
período en discusión, debido a i) la necesidad de recuperar el equilibrio
macroeconómico luego de la aventura populista del Presidente Allende; ii)
la fuerte caída de los términos de intercambio que, con algunas variaciones menores, prevaleció durante todo el período, y iii) los costos inevitables
de echar a andar un modelo nuevo. Esto explica la gran volatilidad de los
principales indicadores económicos durante el período (véase Cuadro Nº 2)
y el consiguiente (bajo) promedio acumulativo.
CUADRO Nº 1
CHILE 1979-1990 INDICADORES MACROECONÓMICOS
(índices y porcentajes)
1970
1 PGB real (per cápita)
2 Inflación* (%)
3 Consumo real (per cápita)
4 Tasa de inversión** (%)
5 Exportaciones totales** (%)
6 Términos de intercambio
7 Tasa de desempleo (%)
8 índice de salarios reales
9 Relación deuda externa/exportaciones***
1975
1980
1985 1990
100
81 108
95 120
341
35
31
26
21
71
100
75
90
89
20
15
20
15
18
17
24
27
11
31
100
55
52
34
50
3,5 14,9 10,4 12,2 5,3
100
66 122 113 128
2,4
4,0
2,2
1,6
1.5
* IPC de diciembre a diciembre.
** Como porcentaje del PGB.
*** Deuda de mediano y largo plazo en relación al total de las exportaciones.
Fuente: Banco Central de Chile.
248
ESTUDIOS PÚBLICOS
CUADRO Nº 2
CHILE 1970-1980 AJUSTES Y RECUPERACIONES
(TASAS PROMEDIOS REALES EN PORCENTAJE, SALVO INDICACIÓN
CONTRARIA)
1 PGB real
2 Inflación*
3 Consumo real
4 Inversión real
5 Exportaciones reales
6 Importaciones reales
7 Tasa de desempleo**
8 índice de salarios reales
9 Deuda externa
10 Términos de intercambio
1974-75
1976-81
1982-83
1984-89
-5,8
358
12,7
-4,0
22,2
-20,4
14,9
-4,3
3,1
-33,1
6,6
26,5
6,8
14,5
10,7
18,7
11,3
12,4
3,1
0,5
-8,3
21,9
-9,2
-27,6
2,4
-26,5
14,6
-5,0
3,8
-3,4
6,4
20,3
4,5
14,3
9,0
11,3
5,3
0,6
1.7
1,7
* Inflación anual promedio (IPC).
** Medida como porcentaje de la fuerza de trabajo al final de cada período.
*** Como proporción de exportaciones al final de cada periodo.
Uno de los rasgos más dramáticos (y a menudo pasado por alto) de
la reciente historia económica chilena es el enorme deterioro que experimentaron sus términos de intercambio. Desde un índice de 100 en 1970,
éstos cayeron a 55 en 1975, como consecuencia de la crisis, ya mencionada, del cobre y del petróleo. El índice mostró una leve recuperación en la
segunda mitad de los años setenta, pero volvió al 52 en 1980 y bajó
incluso a 34 en 1985. Durante la segunda mitad de 1980, los términos de
intercambio se recuperaron parcialmente, pero en 1990 seguían por debajo
de los niveles de 1970 (véase Cuadro Nº 1).
La crisis de 1975 fue enfrentada con un severo programa de estabilización que, aunque no oficialmente respaldado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), tenía todos los ingredientes propios de una receta del
organismo. Se disminuyó fuertemente el gasto fiscal (en 15% los realizados
en moneda local y en 25% todos los correspondientes a moneda extranjera)
y se aumentaron las tasas de impuesto. El resultado fue dramático: el gasto
corriente del Gobierno descendió a 31% del PIB en 1975 comparado con
41% que alcanzaba dos años antes, y los ingresos públicos aumentaron en
7 puntos del PIB hasta alcanzar 27% en esos dos años. Por consiguiente, el
déficit general del sector público se redujo de un nivel récord de 30% en
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
249
1973, a 2% del PIB en 1975. En 1976 el empleo del sector público era
30% menor a 1973. Otras medidas incluyeron una fuerte devaluación del
peso (26% en términos reales sobre las devaluaciones anteriores de fines
de 1973 y 1974), y una política monetaria contractiva que debió congelar algunos depósitos privados de gran liquidez en el sistema de ahorro y
préstamo.46
Por supuesto que el ajuste tuvo un costo muy alto en términos
sociales y políticos. En 1975, el PIB real cayó en 12,9% y el desempleo
alcanzó al 14,9% de la fuerza laboral. Los salarios reales, sin embargo,
disminuyeron sólo 2,7%, gracias al establecimiento de un régimen de
reajustes trimestrales. El duro programa de estabilización fue fuertemente
resistido por los empresarios y personalidades civiles cercanas al Gobierno
militar. El ex Presidente Frei, hasta ese momento partidario del Gobierno
militar, proclamó públicamente su oposición a las políticas económicas.
La mayoría de sus seguidores en puestos oficiales comenzaron a abandonar
el Gobierno.
La pregunta que cabría plantearse es si ese duro programa de
estabilización hubiera sido posible bajo un régimen democrático. El ajuste
era inevitable, una recesión mundial había reducido a la mitad los términos
de intercambio chilenos, y Chile ya no disponía de reservas internacionales
ni de créditos. Ningún régimen político puede ignorar sistemáticamente la
realidad. Políticas económicas alternativas probablemente podrían haber
pospuesto en algo las severas medidas, pero, tarde o temprano, la amarga
medicina tendría que ser aceptada. La década de 1980 mostró en Argentina, Bolivia, Brasil, México y Perú que los costos sociales, de no someterse
a programas de ajuste, pueden ser inmensos. El decenio de 1990 puede
terminar demostrándonos que los gobiernos democráticos de América Latina, después de todo, también pueden aplicar políticas de ajuste exitosas.
La emergencia macroeconómica proporcionó también la oportunidad política para comenzar a aplicar importantes reformas estructurales.
En 1975, por ejemplo, se levantó la mayoría de los controles a los precios,
el peso fue devaluado, se restringió el gasto público, se eliminaron subsidios,
se liberalizaron las tasas de interés, etc. El equipo económico explotaba
rápidamente la emergencia para lograr que todas estas medidas fueran
aprobadas por las autoridades políticas. La adopción de tales medidas
estructurales durante la crisis macroeconómica ha sido más tarde criticada
46
Véanse Cauas y De la Cuadra (1981), Harberger (1982), Edwards y
Edwards (1987) y Larraín (1991).
250
ESTUDIOS PÚBLICOS
debido a su potencial impacto desestabilizador, pero su adopción obedeció
a razones de táctica política.47
El programa comenzó a mostrar resultados favorables hacia fines
de 1975. La posición de la balanza de pagos mejoró y la inflación comenzó a disminuir. A mediados de 1976, el Banco Central pudo anunciar
orgullosamente una revaluación de 10% del peso, decisión que señalaba
claramente que la crisis había sido superada. A pesar de que aún vendría
una severa crisis bancaria (a fines de 1976), la revaluación del peso marcó
un vuelco en las expectativas del sector privado: el influyente diario
El Mercurio se refirió a ella como el comienzo del "despegue" económico,
y los futuros acontecimientos le dieron la razón.
Entre 1976 y 1979 la economía chilena vivió una saludable expansión liderada por las exportaciones, la que culminaría en el boom de inversión y consumo de los años 1980-1981. Entre 1976 y 1981 el PIB real
creció a una tasa anual de 6,6% y las exportaciones lo hicieron al 10,7%
anual en términos de volumen. La inflación, que en 1975 alcanzaba a un
370% anual, disminuyó gradualmente hasta llegar a 33% en 1979 y a 9%
en 1981 como consecuencia de la persistente disciplina fiscal y monetaria
(véase Cuadro Nº 2). Los salarios reales aumentaron en una tasa promedio
anual de 12,4%. La deuda extema neta también bajó de un nivel equivalente a tres veces las exportaciones en 1975, a 1,6% en 1979 y posteriormente comenzó a crecer a pasos agigantados debido al endeudamiento del
sector privado.48
A fines de este período el crecimiento económico se vio estimulado
por políticas macroeconómicas que, quizás inadvertidamente, se hicieron
expansionistas. Al mismo tiempo que se flexibilizaron las restricciones al
flujo de créditos extranjeros, el tipo de cambio se mantuvo fijo. Esto tuvo
como resultado una aguda apreciación real del peso, una fuerte expansión
monetaria, un acelerado crecimiento de los salarios reales y un boom del
mercado de valores. Incluso la política fiscal, piedra angular del ajuste de
1975, se tornó expansiva en 1980-1981. El cambio se debió probablemente a una combinación de factores: la percepción de que los términos de
intercambio mejorarían, que siempre habría abundante financiamiento ex-
47
Foxley (1983a) argumenta que el control de los precios bajo fuertes
presiones inflacionarias alimentó expectativas inflacionarias y aumentó los costos de la estabilización.
48
Un análisis de este período se puede encontrar en Edwards y Edwards
(1987). Véanse también Balassa (1984), Mamalakis y otros (1984) y Juan Andrés
Fontaine (1983).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
251
terno y cierto optimismo excesivo acerca de las capacidades de autoajuste
de una economía abierta. Pero también fue la consecuencia de cierto grado
de fatiga política con las penurias del ajuste, las que se reflejaban aún en
un alto desempleo y altas tasas de interés, en particular cuando se acercaba
el crucial plebiscito constitucional de 1980.
De cualquier modo, lo que importa es que la mayoría de las más
importantes reformas estructurales que crearon la economía de mercado
en Chile fueron planificadas y ejecutadas en el marco de una economía en
rápido crecimiento. Un efecto político del progreso económico fue el
afianzamiento de la posición de los economistas de libre mercado dentro
del Gobierno militar y frente a la opinión pública. Las reformas estaban
rindiendo los primeros frutos. Además, los mayores ingresos fiscales brindaban la posibilidad de administrar ciertos subsidios —como veremos más
adelante— y aminorar así la oposición a las reformas.
Las ideas del libre mercado se difundieron y discutieron ampliamente.49 Las consiguientes reformas fueron públicamente respaldadas por
economistas de renombre mundial que visitaban el país, por banqueros y
funcionarios de organismos internacionales, llegando a ser reconocidas
como la "modernización" de la sociedad chilena. El brote de optimismo
provocado por el auge económico y la amplia propagación de ideas de
libre mercado sorprendieron a los grupos opositores con la guardia baja.
Por primera vez los intelectuales y políticos de tendencia izquierdista se
encontraron en una posición conservadora: debían defender el antiguo
orden.50 Aparentemente, comenzaron a leer a autores liberales y a revisar
sus posiciones anteriores.
El optimismo se acabó repentinamente cuando se desató la "crisis
de la deuda". La sobrecalentada economía chilena de 1981, golpeada por
el alza de las tasas de interés internacionales y una nueva caída en los
términos de intercambio, se vio nuevamente sumergida en una depresión
de la magnitud de la de 1975.51
49
Gran influencia tuvieron El Mercurio (véanse sus suplementos "Semana Económica" y "Semana Política", publicados los sábados y domingos, respectivamente), y Economía y Sociedad (y su predecesor, Informe económico CNV),
editado por José Pinera en los períodos 1976-1979 y 1982-1988. Además, pensadores liberales como Friedrich A. von Hayek y Milton Friedman fueron ampliamente leídos y celebrados.
50
Vergara y Moulián (1980).
51
El debate en torno a qué fue lo que falló en la economía chilena de
principios de los ochenta ha sido largo y acalorado. Un buen ejemplo de ello se
puede encontrar en la mesa redonda "¿Qué pasó con la economía chilena?",
cuyos resultados se publicaron en Estudios Públicos 11 (1983). Ffrench-Davis
252
ESTUDIOS PÚBLICOS
Dada la importancia política de esta nueva crisis y de sus consecuencias, volveremos a referirnos a ella en la siguiente sección. Cabe
consignar aquí, sin embargo, que estuvo a punto de hacer naufragar el
modelo chileno. Los economistas de oposición nunca previeron que la
economía se recuperaría rápidamente de la depresión de 1982-1983 y
sostuvieron que la raíz del problema estaba en una excesiva liberalización
de la economía. Escribieron documentos y libros explicando "el porqué
del fracaso", bajo títulos tales como: Auge y caída del neoliberalismo en
Chile (Vergara, 1985) o Después del monetarismo (Foxley, 1983b), queriendo decir en realidad, "después del capitalismo". Recuerdo que uno de
ellos, incluso, dijo una vez, en un debate sobre el tema, que la discusión
era, de hecho, la "autopsia" del modelo chileno.
Lo sorprendente es que el modelo de libre comercio sobrevivió
finalmente. Luego de habérsele declarado muerto durante los turbulentos
años de 1982-1984, renació más fuerte y saludable entre 1985-1989. Durante
esta época no sólo se reanudó el crecimiento en la producción y el empleo,
sino que además se consolidaron y profundizaron las reformas de la economía de libre mercado.
2. 3 El proceso de reforma
Las reformas de libre mercado abarcaron todas las áreas de importancia económica. Su objetivo era desmantelar el régimen intervencionista
creado durante tres o cuatro décadas de políticas redistributivas como las
descritas en la primera sección. Estas reformas señalaban un quiebre radical con las políticas económicas previas, y en este sentido resultaban
verdaderamente revolucionarias. Ellas se aplicaron, sin embargo, en forma gradual y en dos fases: 1975 a 1981 y 1985 a 1989.
Las reformas abarcaron esencialmente cinco áreas:52 i) una redefinición del papel del Estado, que eliminó los déficit fiscales crónicos,
responsabilizaba de la crisis a la excesiva apertura y liberalización de la economía. El mismo Ffrench-Davis desempeñó un papel protagónico en la oposición al
modelo chileno y actualmente es un cercano asesor del Ministro de Hacienda.
Juan Andrés Fontaine argumenta que la mezcla de políticas macroeconómicas
fue inadecuada, pero que dicho error no invalida la aplicación de las reformas de
libre mercado. Para otros puntos de vista, véase también García y Wisecarver.
52
Aún no se ha publicado una completa descripción de las reformas intro-
ducidas en Chile entre 1973 y 1989. El primer período (1973-1981) se puede
estudiar en Edwards y Edwards (1987), Méndez (1980) y Banco Mundial (1980).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
253
redujo el gasto fiscal y los impuestos, levantó los controles de precios,
liberalizó los mercados y privatizó la mayor parte de las empresas estatales, el sistema de segundad social y (parcialmente) la educación y la
salud; ii) la apertura de la economía al mundo exterior a través de la
eliminación de todas las barreras no arancelarias a las importaciones, la
sustitución de una estructura arancelaria alta y diferenciada por una tasa
arancelaria baja y cuasi uniforme, la aplicación de una política cambiaria
realista, la reducción de controles cambiarios y la abolición de todas las
restricciones a las importaciones; iii) la creación de un mercado de capitales libre, mediante la supresión del límite máximo de las tasas de interés y
los controles de crédito, la liberalización de la inversión extranjera y el
establecimiento de un Banco Central independiente; iv) la flexibilización
de los mercados laborales, mediante la reducción del poder monopólico de
los sindicatos laborales y la eliminación de la mayoría de las barreras de
entrada a las diferentes ocupaciones, la disminución de las restricciones a
los despidos y eliminación virtual de la intervención gubernamental en la
negociación de los salarios privados, y v) el fortalecimiento de una "red
social" con el fin de mejorar las condiciones de los más pobres (y protegerlos de las penurias del ajuste económico) a través de varios programas
gubernamentales eficientemente diseñados y cuidadosamente dirigidos.53
Sería muy extenso describir en detalle todas estas reformas, sus
logros y debilidades. En esta sección me concentraré más bien en algunos
puntos centrales del proceso de reforma.
Las reformas fueron aplicadas por un régimen autoritario. Muchas
de ellas implicaron modificaciones a la legislación. Las leyes debían ser
aprobadas unánimemente por los cuatro miembros de la Junta de Gobierno,
luego de la opinión de comisiones legislativas que integraban personalidades
designadas por la Junta. Entre éstas se encontraban dirigentes de partidos
políticos conservadores, ex ministros, profesores universitarios y empresarios. Puesto que la actividad política estaba proscrita, las discusiones en
las comisiones y la Junta constituían el filtro político de las propuestas que
hacían los economistas del Gobierno. Como el campo de argumentos de
política económica es bastante limitado, este proceso político "cerrado"
reproducía, de hecho, muchos rasgos de los sistemas abiertos.
Por supuesto que el proceso legislativo difería mucho del de un
proceso democrático normal. Sin embargo, de ninguna manera se encon53
Por falta de espacio no abordaremos en este trabajo esa vital área de las
políticas económicas y sociales. Castañeda (1990) y otros ya han emprendido
esta tarea.
254
ESTUDIOS PÚBLICOS
traba cerrado al debate o a la confrontación. La política económica era el
único campo en el que el Gobierno militar toleraba la discusión abierta.
Los diarios y radios (aunque no la televisión, controlada por el Estado)
publicaban constantemente las críticas a la política económica que formulaban los empresarios, líderes sindicales, economistas y comentaristas
políticos.54 Los miembros de la Junta y de las comisiones legislativas eran
sumamente sensibles al debate público. Durante el proceso legislativo,
representaban a menudo las opiniones críticas publicadas en la prensa.55
De hecho, como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, el debate más importante se produjo entre los partidarios del régimen militar. La
"oposición interna" la conformaban algunos generales de importancia,
líderes empresariales y políticos conservadores.56 En lo que respecta a la
"oposición externa", a cargo de los adversarios políticos del Gobierno, su
influencia directa estaba limitada por el alto costo que implica ejercer la
oposición política bajo condiciones autoritarias. No obstante, en la esfera
de la política económica eran activos en sus "centros de estudio", tenían
acceso a la prensa y a la radio y ejercían gran influencia sobre los ampliamente respetados obispos de la Iglesia Católica, que fueron bastante críticos de algunas de las reformas. Después de 1983, cuando se retomó la
actividad política abierta, las organizaciones políticas de la oposición
lideraron la resistencia contra las reformas.
Naturalmente, el proceso de reforma tomó en cuenta las restricciones políticas impuestas por las fuerzas de oposición internas y externas. La
secuencia de las reformas no siguió un "plan maestro", que estableciera un
camino óptimo para ellas. Las autoridades económicas sabían perfectamente hacia dónde deseaban llevar al país, pero el avance en esa dirección
era determinado en gran medida por las circunstancias económicas y políticas. Las propias reformas fueron menos drásticas y radicales de lo que
generalmente se piensa. En comparación con recientes ejemplos en Amé-
54
Véase, por ejemplo, Arellano y otros (1982). En 1978 y 1980, el Gobierno militar convocó a una consulta electoral y a un plebiscito, respectivamente. En aquella época, a la mayoría de los grupos oficialistas les pareció adecuado
dejar en claro que votarían a favor del Gobierno, a pesar de su fuerte rechazo a
las políticas económicas implantadas por éste.
53
Por ejemplo, me tocó asistir a todas las sesiones de las comisiones
legislativas dedicadas a discutir la ley que otorgaba la independencia al Banco
Central. El proyecto de ley fue duramente criticado por la oposición, y la mayoría de sus argumentos fueron seriamente analizados en dichas sesiones.
56
Para lograr una apreciación de estos debates, véanse Arturo Fontaine
Aldunate (1988) y Piñera (1990, 1991).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
255
rica Latina y Europa del Este, fueron bastante graduales, demorándose en
algunos casos, como en el proceso de privatización, alrededor de 15 años.
Como se señaló en la sección anterior, algunas medidas de estabilización
debieron actuar como una especie de "terapia de shock", pero éstas no
constituyen reformas estructurales sino decisiones monetarias o fiscales
de emergencia como aquellas que debe enfrentar cualquier gobierno que
sufre una crisis fiscal o de balanza de pagos. Las reformas estructurales,
en cambio, se introdujeron poco a poco y en muchos casos incluyeron
algunos elementos heterodoxos, cuidadosamente diseñados para facilitar
la transición hacia una economía de mercado.
Con el fin de analizar cómo funcionaron específicamente esos rasgos
del proceso de reforma, se describirán a continuación la reforma comercial, la privatización de las empresas estatales y las reformas del mercado
laboral.
a) La apertura de la economía 57
Hacia fines de 1973 la economía chilena estaba virtualmente cerrada al comercio exterior. Los aranceles de importación promediaban el
105% y variaban entre 0 y 105%. Las importaciones también estaban
limitadas por amplias barreras no arancelarias (para 2.300 posiciones
arancelarias se requería de licencias previas, mientras que otras 3.000 se
encontraban prohibidas) y por diez distintos tipos de cambio oficiales
fijados por el Banco Central para diferentes transacciones. Detrás de estas
barreras había surgido una base manufacturera políticamente poderosa,
pero económicamente débil. Por otra parte, la orientación hacia el interior
de la economía había perjudicado el crecimiento de las exportaciones,
concentrándolas en sólo algunos productos, especialmente el cobre (75%
del total de las exportaciones).
La tarea de la reforma comercial era liberalizar las importaciones y
reducir y unificar los aranceles con el fin de establecer las bases para un
crecimiento económico liderado por las exportaciones. El equipo económico
estaba convencido de la crucial importancia de esta reforma: ella estaba
destinada a proporcionar la piedra angular de la nueva estrategia de desarrollo. Pero el ritmo óptimo de las reformas no estaba claro. Por una parte
parecía prudente levantar gradualmente las restricciones a las importaciones, de acuerdo a un cronograma preanunciado: así, las industrias
57
Véase Cauas y De la Cuadra (1981).
256
ESTUDIOS PÚBLICOS
sustituidoras de importaciones dispondrían de tiempo para adecuarse a la
competencia externa y las nuevas empresas de exportación para absorber
la mano de obra liberada por aquellas incapaces de competir. Después de
todo, incluso Adam Smith favoreció el enfoque gradualista en esta materia.58 Por otra parte, ese mismo espacio temporal podría ser utilizado por
grupos de interés vinculados a los sectores afectados para detener las
reformas. En general, el camino escogido en Chile fue el de disminuciones arancelarias esporádicas, pero sorpresivas, repartidas a lo largo de un
período de seis años.
Ya en 1973 se adoptaron los primeros pasos. En octubre de ese año
se devaluó fuertemente el peso y en pocos meses el tipo de cambio fue
virtualmente unificado. Casi todas las barreras no arancelarias se suprimieron entre 1974 y 1975. Pero el proceso de reducción de aranceles
demoró mucho más.
El objetivo de la liberalización comercial fue tempranamente anunciado por el Gobierno militar, pero no se establecieron entonces metas o
cronogramas específicos, excepto que el arancel máximo debía ser menor
al 60%.59 Más tarde las autoridades anunciaron un sistema diferenciado
con aranceles que fluctuaban entre 10 y 35%. Esta vez se estableció un
cronograma detallado para lograr gradualmente el objetivo. Pero en 1977
se determinó una nueva meta y otro cronograma para lograr en 1979 un
arancel uniforme de 10%.
El proceso no termina aquí. La crisis de 1982-1983 provocó una
regresión, y los aranceles fueron aumentados a 20% en 1983 y a 35% en
1984; luego volvieron a bajar esporádicamente y sin anuncio previo hasta
llegar a 15% en 1988. El último capítulo de esta historia lo constituye la
decisión de junio de 1991 del nuevo gobierno democrático, aprobada en el
Congreso por todos los partidos políticos, de reducir los aranceles uniformemente a 11%.
La reducción de los aranceles a las importaciones habría sido políticamente mucho más difícil de aplicar si no hubiera ido acompañada por
determinadas devaluaciones del peso. Esto cumplía un doble propósito:
por una parte, las devaluaciones del peso aumentaban los precios en pesos
de los bienes importados, lo cual neutralizaba parte del impacto negativo
de la desgravación arancelaria sobre las empresas substituidoras de importaciones. Por otro lado, la devaluación aumentaba las ganancias de las
58
59
Smith (1789), pp. 435-36.
Cauas y De la Cuadra (1981).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
257
industrias exportadoras, lo cual aseguraba su apoyo y les señalaba las
áreas hacia las que debían destinarse las inversiones.
Gradualmente el sector exportador se convirtió en un poderoso
aliado de las reducciones arancelarias. Se opuso, por ejemplo, al aumento
de aranceles decretado por el gobierno en 1983-1984 para compensar la
pérdida de ingresos fiscales causada por una baja en el precio internacional del cobre. En 1984 las principales asociaciones empresariales estaban
controladas por los exportadores, incluida la que representaba al sector
manufacturero, SOFOFA, que irónicamente había sido creada a fines del
siglo pasado para abogar en favor de la protección.60 Esto proporcionó el
respaldo político necesario para continuar con las reducciones arancelarias
en 1985 (nuevamente acompañadas por devaluaciones del peso). La última reducción arancelaria, en junio de 1991, fue, en general, apoyada por
las asociaciones empresariales.
La estrategia de reducir los aranceles en forma gradual y a la par
con devaluaciones del peso resulta menos popular para los consumidores
que una sin esas devaluaciones compensatorias. Esto se debe a que en el
primer caso los precios de las importaciones disminuyen menos que en el
segundo. La disminución de los aranceles puede ser bastante popular si no
va acompañada de una devaluación, porque contribuye a bajar la inflación
y aumenta el poder adquisitivo de los salarios. En el caso chileno, y a
pesar de que los precios de algunos bienes de consumo fuertemente protegidos cayeron sustancialmente (automóviles y productos electrónicos), la
mayoría de los alimentos importables y exportables aumentaron sus precios por la devaluación del peso.61 La estrategia chilena fue eficiente en
términos de ganar el apoyo de los grupos empresariales, pero no de la
población en general. Esto podría explicar por qué las recientes políticas
de reducción arancelaria en Argentina, Bolivia, México y Perú —aplica60
El año 1983 se produjo en la SOFOFA una confrontación histórica
entre los proteccionistas y aquellos que apoyaban el libre comercio, controversia
que fue ganada, aparentemente, por estos últimos. Otros grupos claves de apoyo
al libre comercio fueron la Sociedad Nacional de Agricultura (en la cual los
tradicionales productores de granos fueron sustituidos por los nuevos empresarios frutícolas orientados a los mercados exportadores), la Sociedad Nacional de
Minería (este rubro constituye una industria exportadora en Chile) y la Cámara
Nacional de Comercio (donde los importadores asumieron el liderazgo y, de ese
modo, apoyaron al libre mercado). La oposición al libre comercio se redujo a
algunos segmentos de la SOFOFA (sectores importadores sustitutivos de importaciones, tales como la industria textil y la de maquinaria) y a los representantes
no demasiado influyentes de la pequeña empresa.
Valdés y otros (1990).
258
ESTUDIOS PÚBLICOS
das quizás con la mirada puesta en futuras elecciones— han sido comparativamente más rápidas y sin una devaluación compensatoria.
b) La privatización de las empresas estatales
En 1973 no sólo el gasto fiscal y la carga tributaria eran muy altos
en proporción del PGB (40 y 25%, respectivamente en 1973),62 sino que
además el Gobierno era propietario de empresas en todas las áreas claves.
Algunas de ellas habían sido creadas por el Estado en décadas anteriores
con el objetivo de promover ciertas actividades. Otras habían caído en
manos del Estado a través de la expropiación a nacionales y extranjeros a
principios de los años setenta. Y un tercer grupo de empresas había sido
directamente confiscado por el Gobierno socialista. Se ha estimado que en
1973 las empresas del Estado proporcionaban el 85% del valor agregado
del sector minero, 40% del área manufacturera, 70% del sector de transporte y comunicaciones y 85% del área de servicios financieros.63
La privatización de las empresas en manos del Gobierno fue un
proceso complejo y lento. El primer paso fue la devolución de las empresas y tierras agrícolas a sus dueños, cuando éstos habían sido ilegalmente
expropiados por el Gobierno socialista. La reprivatización de las tierras
agrícolas, de los bancos y de la mayoría de las empresas industriales y
comerciales nacionalizadas se efectuó entre 1974 y 1980, pero en 1981 la
porción del PIB controlada por las empresas del Estado continuaba siendo
superior a la de 1965, el primer año de la presidencia de Frei.64 La crisis de
1982-1983 causó una seria regresión en el proceso de privatización cuando los bancos con problemas financieros y sus empresas fueron intervenidos por el Estado. El proceso de privatización continuó en 1985 y sólo
entonces comenzó a afectar a las propiedades más importantes del Estado:
minería, electricidad, telecomunicaciones, acero, líneas aéreas, etc. Pero a
fines del Gobierno militar, en 1989, el Estado aún controlaba compañías
clave, tales como CODELCO y ENAMI (que son responsables del 80% de
las exportaciones de cobre), ENAP (la única refinería de petróleo), Banco
del Estado (el principal banco comercial), EMPORCHI (que administra
casi todos los puertos), ferrocarriles y una treintena de otras empresas.
El proceso de privatización se vio enfrentado a serios problemas
políticos y económicos. El problema político estaba en que las empresas
62
63
64
Larraín (1991).
Larroulet (1984).
Larroulet (1984).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
259
estatales servían de proveedores de subsidios a los consumidores, a los
proveedores o a sus empleados. Poderosos grupos de interés se oponían a
todas las privatizaciones que realizaba el Gobierno. Los argumentos de
seguridad nacional, las preocupaciones nacionalistas acerca de un eventual control excesivo de los inversionistas extranjeros y una cierta desconfianza en los empresarios privados tenían considerable peso, por cierto,
entre militares y civiles conservadores.
Las consideraciones políticas, por consiguiente, tuvieron gran influencia en el camino que siguió el proceso de privatización. No se anunció ningún programa de privatización que contuviera una lista de las
empresas en venta. Por el contrario, se prefirió un enfoque individual, caso
por caso.65 Un ejemplo de esto lo constituye la venta de las empresas
tradicionales del Estado entre 1984-1989. Se aprobó una ley que permitía
la venta de hasta un 30% de las acciones de cada empresa. Cuando el
proceso hubo terminado en forma satisfactoria, se aprobaron y aplicaron
los siguientes pasos para la privatización de las acciones restantes. Aparentemente no se fijaron prioridades claras respecto de cuáles empresas
debían privatizarse primero. De modo que en 1989 se habían resuelto
complejos casos de tarificación de monopolios naturales con el fin de
privatizar las telecomunicaciones y la electricidad, mientras que áreas más
obvias a ser privatizadas, como los yacimientos cupríferos, el banco comercial del Estado y la lotería estatal, aún se encontraban en manos del
Gobierno. La explicación de esta aparente paradoja radica simplemente en
que los grupos de presión contrarios a las privatizaciones fueron más
poderosos en estos últimos casos que en los primeros.
El impulso privatizador debió encarar dificultades económicas no
menos importantes. Por una parte, la mayoría de las empresas gubernamentales arrojaban pérdidas, y había que decidir entre venderlas tal como
se encontraban o hacerlo después de que su situación hubiera sido saneada. La primera opción tenía la ventaja de la rapidez, pero la desventaja de
dejar en manos de los nuevos dueños decisiones difíciles respecto de
aumentos de precios y disminución de personal y de salarios. El riesgo
consistía en que la incapacidad de aplicar tales medidas podría causar la
quiebra de las nuevas empresas privatizadas y hacer necesario un rescate a
través de nuevos subsidios gubernamentales. La opción alternativa era
poner primero las empresas por privatizarse bajo la dirección de ejecuti-
65
El proceso de privatización en Chile tiene algunas similitudes con el
caso británico. Véase Walters (1987).
260
ESTUDIOS PÚBLICOS
vos competentes y convertirlas en empresas rentables. Después se diseñarían y aplicarían disposiciones apropiadas, como la fijación de precios
conforme al costo marginal para monopolios naturales; luego se pondrían
en venta las acciones. Obviamente el riesgo de esta opción era que una vez
que las empresas se hubieran convertido en una fuente de ingresos para
el Gobierno, el siempre poderoso argumento presupuestario para la privatización perdería fuerza. En todo caso, en general, fue este segundo camino el que se siguió en Chile y eso también explica por qué el proceso de
privatización demoró tanto.66
La otra decisión fundamental en un proceso de privatización es a
quién vender. Esto depende en gran medida de si el propósito de la privatización es maximizar los ingresos del Gobierno o algún otro objetivo
como, por ejemplo, diseminar la propiedad accionaria. A este respecto se
pueden identificar dos fases claramente diferentes en el proceso de
privatización chileno. Durante la primera, entre 1974 y 1980, prevalecieron las consideraciones presupuestarias fiscales.67 Las privatizaciones
efectuadas durante este período fueron muy criticadas, posteriormente, por
haber concentrado demasiado poder en manos de algunos grupos económicos.68 En la segunda fase, durante el programa de privatizaciones de
1985-1989, se tomó la decisión de repartir la propiedad lo más posible. Se
aplicaron diversos mecanismos, algunos de los cuales implicaron subsidios.
Se permitió que los trabajadores de las empresas a ser privatizadas (y más
tarde todos los empleados de la Administración Pública) pudiesen exigir a
sus empleadores un pago previo de la indemnización que recibirían para
utilizarlo en la compra de acciones de las empresas. Se establecieron
líneas de crédito subsidiadas con el fin de ayudar a los pequeños inversionistas a comprar acciones de las empresas en proceso de privatización, y
las sociedades inversionistas creadas por algunos de ellos tuvieron acceso
a créditos adicionales en el banco estatal para que pudieran adquirir más
acciones.69 En algunos casos se otorgaron exenciones al impuesto a la
renta. Los nuevos fondos de pensiones también fueron importantes compradores de las acciones transadas en la Bolsa y gozaron de algunos
66
67
Algunos de estos temas se discuten en Alé (1990) y Larroulet (1991).
Hachette y Lüders (1992) han planteado la distinción entre estas dos
fases del programa de privatización.
68
Dahse (1979). Dichas privatizaciones también fueron criticadas por haber sido transadas a precios muy bajos. Véase Marcel (1989).
69
Para una discusión de estos mecanismos en el caso de la privatización
de las empresas de electricidad, véase Beyer (1988).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
261
privilegios legales, tales como el derecho a vender las acciones nuevamente al Gobierno en algunos casos excepcionales.
La decisión de privatizar mediante la venta de acciones a los trabajadores y a pequeños inversionistas tuvo importantes consecuencias políticas. El programa de "capitalismo popular", como se le denominó, aumentó enormemente la cantidad de accionistas y creó, de ese modo, un
influyente electorado a favor del proceso. Masiva y voluntariamente los
trabajadores de las empresas privatizadas decidieron comprar acciones, a
pesar de los reclamos de los dirigentes de los respectivos sindicatos laborales. Las reformas desplazaron a los dirigentes y apelaron directamente a
las personas. El Gobierno actual, a pesar de haber anunciado una "revisión" de las privatizaciones debido a su supuesta falta de "transparencia",
no ha podido o querido tomar medidas al respecto.70
c) Las reformas del mercado laboral
Las reformas al mercado laboral se comenzaron a introducir bastante tiempo después de iniciado el proceso, nuevamente debido a las dudas
doctrinarias (¿debía dejarse entregada la subsistencia de los trabajadores a
los avatares de la demanda y la oferta?) y a las realidades políticas (el
temor a una ola de huelgas). Bajo condiciones de severo control político
—las huelgas estaban prohibidas, los dirigentes sindicales eran nombrados
por el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) estaba proscrita— no se aplicó ninguna medida de liberalización de los mercados
laborales hasta el año 1979. Por el contrario, probablemente en un esfuerzo por conformar un "electorado" de líderes sindicales políticamente leales, se introdujo un mecanismo semiautomático de indexación de los salarios y pensiones de los trabajadores del sector público y privado. El salario
mínimo fue aumentado significativamente en términos reales. El consiguiente crecimiento de los salarios reales durante la segunda mitad de los
años setenta fue probablemente la causa de las persistentemente altas tasas
de desempleo.71 De este modo, la política tradicional de intervención gu70
El programa de la campaña de Aylwin empleó el concepto ambiguo
de una "revisión" de las privatizaciones, pero la percepción general fue de que
algunas de ellas se revertirían. Una vez en el Gobierno, el Presidente Aylwin
formó una comisión encargada de investigar las privatizaciones previas, pero
dicha comisión no ha planteado ninguna denuncia específica. Por otra parte, el
Gobierno ha resistido la presión que han ejercido los partidos opositores a fin de
que reasuma el programa de privatizaciones.
71
Para un análisis de esta materia, véase Edwards y Edwards (1987).
262
ESTUDIOS PÚBLICOS
bernamental en el mercado laboral fue mantenida por el Gobierno militar
durante los primeros seis años de gobierno.
Recién en 1979-1980, cuando la economía se encontraba en su
punto máximo y la influencia de los economistas de libre mercado había
crecido en forma considerable, comenzaron a ser abordadas las distorsiones
del mercado laboral. Bajo la dirección de José Pinera, Ministro del Trabajo, se realizó una completa revisión de la legislación laboral y del sistema de seguridad social. Las presiones externas (la amenaza de un boicot
laboral a las exportaciones chilenas en los puertos norteamericanos) convencieron al Gobierno militar de liberalizar el mercado laboral y levantar
la prohibición de realizar huelgas. La intervención gubernamental en la
fijación de los salarios fue severamente restringida, la afiliación a los
sindicatos laborales se hizo voluntaria y las negociaciones colectivas quedaron limitadas al nivel empresarial.72 También se eliminó la mayoría de
las barreras legales de entrada a los diferentes gremios.73
Sin embargo, para superar la fuerte oposición interna a las reformas
se incluyeron compensaciones cuidadosamente diseñadas. El aparentemente omnipotente Gobierno militar se sintió obligado a buscar una solución de transacción. La eliminación de restricciones en el mercado laboral
no incluyó la supresión de los reajustes obligatorios de todos los salarios
del sector privado por variaciones del costo de vida. Por el contrario, la
nueva ley que reglamentaría las negociaciones colectivas estableció la
reajustabilidad automática de los salarios como un derecho mínimo para
los trabajadores, siguiendo una práctica similar a la aplicada en ese entonces a los trabajadores del sector público y privado que no se encontraban
sujetos a negociación colectiva.74 El mercado podría elevar los salarios en
términos reales, nunca disminuirlos. Predeciblemente, cuando la recesión
mundial de 1981-1982 debía causar una caída en los salarios reales en
72
Véanse Alamos (1987) y Piñera (1990). En ocasiones, estas reformas
han sido malinterpretadas, pues restringirían el derecho a la huelga. Por ejemplo,
se dice que impondrían un límite de 60 días a la duración de las huelgas. El
Gobierno de Aylwin aprobó una ley que elimina dicho "límite". Sin embargo, lo
que la reforma hacía, de hecho, era solamente fijar un período último de 60 días
durante el cual los huelguistas no podían ser despedidos. En los Estados Unidos
los huelguistas no gozan de tal privilegio.
73
Alamos (1987) señala 23 preceptos legales que restringían el desempeño de oficios tales como músico, actor, conductor de autobuses, electricista,
peluquero, etc., los cuales se derogaron entre 1979 y 1980.
74
Según Piñera (1990), esta restricción se agregó durante las discusiones
legislativas de su proyecto de ley.
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
263
Chile, el desempleo creció a más de 20% de la fuerza laboral. Sólo entonces el Gobierno militar consideró que podía liberalizar los salarios privados reales al eliminar todos los reajustes obligatorios por variación del
costo de vida. Desde ese momento el mercado laboral chileno ha funcionado notablemente bien, con escasa intervención gubernamental.
Las reformas laborales también incluyeron la supresión de barreras
de entrada a ciertas ocupaciones. Entre las muchas restricciones eliminadas resulta interesante mencionar la relativa a los trabajadores portuarios
(estibadores), quienes solían poseer permisos especiales estrictamente
controlados por las autoridades portuarias. Los que poseían el permiso
tenían acceso a un recurso artificialmente escaso, el derecho a trabajar en
los puertos, y cobraban la renta monopólica correspondiente. Generalmente arrendaban sus permisos a terceros, de modo que ni siquiera tenían que
molestarse con el trabajo físico. Este curioso estado de cosas sólo era
posible debido a su enorme poder político: la posibilidad de cerrar todos
los puertos chilenos durante alguna huelga. Esta distorsión elevó artificialmente los costos de transporte de las exportaciones chilenas. Para acabar
con esa distorsión el Gobierno militar decidió previamente compensar en
efectivo a los trabajadores portuarios por la pérdida de sus rentas monopólicas. Así el Gobierno compró los permisos antes de suprimirlos.75 Resulta
interesante que medidas similares hayan sido adoptadas por los gobiernos
(democráticos) de Argentina y Perú, aunque en dichos casos los trabajadores
portuarios no han recibido compensación alguna.
La reforma de la seguridad social debió enfrentar también una
fuerte oposición por parte de los dirigentes laborales. Esta reforma fue
crucial, puesto que, como se ha planteado en la primera parte, el sistema
antiguo representaba la más grande maquinaria de redistribución de ingresos. La reforma al sistema de seguridad social llevada a cabo en 1980 creó
un sistema de pensiones totalmente financiado y de administración privada y transfirió al Gobierno todos los otros programas anteriormente administrados por las Cajas privadas, como las asignaciones familiares. La
reforma, por consiguiente, modificó drásticamente el equilibrio del poder
entre el Estado y los mercados. Anteriormente, los fondos de seguridad
social se obtenían de impuestos sobre las planillas de sueldos fijados
por ley y asignados de acuerdo al deseo de organismos paraestatales. La
reforma estableció una tasa mínima de contribución del 10% de los salarios y otorgó a cada trabajador completa libertad para escoger en cuál
75
Wisecarver (1986).
264
ESTUDIOS PÚBLICOS
fondo privado depositaría su abono. Los administradores de los fondos
fueron facultados para invertir estos fondos en el mercado de capitales
nacional bajo un conjunto de estrictas regulaciones.76
La estrategia de la reforma del sistema de seguridad social hizo a un
lado a los dirigentes tradicionales y apeló en forma directa a los trabajadores. Estos tenían la opción de quedarse en el sistema antiguo o de
cambiarse a los nuevos fondos de pensiones de administración privada.
Para este propósito el Estado les prometió un certificado (el "bono de
reconocimiento") que representaba el valor actualizado de sus contribuciones a las cajas, de modo que podían incorporarse al nuevo sistema con
algo de capital acumulado. El Fisco asumió la deuda correspondiente.
Además se les dio un incentivo pecuniario: como la contribución obligatoria
al nuevo sistema de pensiones era menor que la imperante bajo el antiguo
sistema, el salario líquido de los trabajadores que se incorporaron al nuevo
sistema fue incrementado, por ley, en tal magnitud. Como resultado, el
salario líquido de las personas que se incorporaron al nuevo sistema creció de una vez en 7%.77 Por lo tanto, y para consternación de los dirigentes
laborales, los trabajadores optaron masivamente por el nuevo sistema.
Esto actuó como un plebiscito entre la empresa privada y la pública, el que
fue ganado avasalladoramente por la primera. Y los trabajadores que
participaron en dicho plebiscito actuaron sabiamente: no sólo recibieron el
mencionado incentivo económico, sino que además sus fondos administrados por empresarios privados han producido un tasa real de retorno de
14% anual desde 1981.
En suma, a pesar de la naturaleza autoritaria del régimen, las reformas de mercado fueron cuidadosamente diseñadas para vencer la oposición política. Estas se aplicaron gradualmente y fueron complementadas
con medidas compensatorias, transacciones políticas y algunos subsidios.
Todo ello requirió de liderazgo, creatividad y pragmatismo. Estos atributos
no son otros que los que se requieren para la determinación de políticas en
un régimen democrático.
Había, sin embargo, una diferencia crucial: la ausencia de elecciones periódicas. El ingenio político exhibido por los reformistas chilenos
76
El proceso de reforma del sistema de seguro social es detallado en
Pinera (1991). Un completo análisis del nuevo sistema se encuentra en Cheyre
(1991). La reforma fue atacada fuertemente por algunos de los economistas
que hoy están en el Gobierno (Arellano, 1985, cap. 3), pero hasta ahora no se ha
introducido ningún cambio de importancia.
77
Cheyre (1991).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
265
estuvo destinado a neutralizar la oposición dentro de las fuerzas políticas
que apoyaban al Gobierno y a disminuir la oposición de grupos de presión
empresariales y laborales que pudieran perjudicar las reformas. Como ya
se ha dicho, esto se logró mediante la combinación de "mano dura",
persuasión y compensaciones económicas. Pero esa estrategia no estaba
destinada a ganar elecciones.
De hecho, la ausencia de elecciones periódicas tuvo dos consecuencias. Por una parte, permitió al Gobierno planificar para un plazo comparativamente mayor. Por la otra, disminuyó la necesidad de persuadir a la
población en general de las ventajas de estas reformas.
Un rasgo distintivo del proceso de reforma chileno fue el aparentemente débil apoyo de la población, juzgado, por ejemplo, por las encuestas de 1988-89.78 De acuerdo a una encuesta de opinión realizada en Santiago en 1987, el 55,5% consideraba que los precios debieran ser fijados
por el Gobierno (el 28% estaba en desacuerdo) y 52% manifestaba tener
más confianza en el antiguo sistema de pensiones que en el nuevo (27%
pensaba de otra manera).79
De modo similar, en 1988, el 54,8% de la población de Santiago
estaba a favor de políticas de redistribución del ingreso como la mejor
manera de acabar con la pobreza, comparado con apenas un 37,6% que
favorecía el crecimiento económico; 39,1% apoyaba la propiedad estatal
de las grandes empresas (38,5% se oponía). El 49,4% prefería el sistema
de pensiones antiguo (sólo el 22,2%, el nuevo sistema) y sólo 15,1%
manifestó su preferencia por mantener las ideas políticas, económicas y
sociales del Gobierno de Pinochet para el próximo período (contra un
35,5% que prefería las ideas de Frei, 22,5% las de Alessandri y 14% las de
Allende).80
En cierta medida lo anterior resulta comprensible, en vista de los
costos sociales de los ajustes macroeconómicos de 1975-1976 y 19821983.81 En cualquier caso, las reformas chilenas de libre mercado han sido
menos populares de lo que lo son ahora las reformas argentinas, por
78
Véase nota 76.
Centro de Estudios Públicos (1987).
Centro de Estudios Públicos (1988).
81
Se ha escrito bastante acerca de los "costos sociales" del modelo chile-
79
80
no. Dados los pobres resultados promedios del período 1970-1990 (véase Cuadro
Nº 1), no resulta sorprendente que, de hecho, las condiciones de vida de los
pobres hayan sido difíciles. Sin embargo, hay pruebas de que el segmento más
bajo de la población se vio relativamente protegido por programas sociales cuidadosamente elaborados (Castañeda, 1990). Por otra parte, los críticos han destacado el deterioro en algunos indicadores de la distribución del ingreso.
266
ESTUDIOS PÚBLICOS
ejemplo.82 El modelo de libre mercado sólo recién parece estar siendo
aceptado por la población chilena, bajo un nuevo Gobierno que ha adherido a sus postulados.
3. LA ECONOMÍA DE MERCADO Y LA TRANSICIÓN POLÍTICA
En marzo de 1990, después de 16 años y medio, el Gobierno militar
entregó el poder a un Gobierno civil elegido democráticamente y apoyado
por una coalición de partidos políticos de la oposición. Ello se efectuó
conforme a un cronograma de transición que había sido aprobado diez
años antes en un referéndum constitucional. Aunque desde un comienzo el
Gobierno militar había manifestado su intención de restaurar las instituciones democráticas, pocos creyeron que dicho compromiso fuera a cumplirse de manera tan cabal y pacífica.
La Constitución de 1980 contemplaba un largo período de transición con un doble propósito: en primer lugar, dar el tiempo necesario para
poner en práctica las profundas reformas económicas y sociales descritas
en la sección precedente, y, segundo, permitir que esas reformas mejoraran gradualmente el estándar de vida de la población y, con ello, contribuir
a la estabilidad del sistema político.83
Las reformas sociales y económicas no sólo eran un medio para
incrementar la eficiencia de la economía, sino también para crear un
nuevo equilibrio de poder entre el Estado y la ciudadanía. La idea consistía en que, al restringirse la esfera de acción del Estado a algunas funciones
muy básicas, el nuevo orden democrático resultaría menos vulnerable.
Todas las reformas económicas y sociales tenían como finalidad limitar el
ámbito de las intervenciones gubernamentales y, de ese modo, la factibili-
dad de las políticas redistributivas, como aquellas aplicadas en el período
democrático previo a 1973. Por esa razón, el retorno a la democracia tenía
que esperar hasta que dichas reformas se pusieran plenamente en marcha
durante el régimen autoritario.
Una transición prolongada permitía que las reformas tuviesen tiempo de producir palpables resultados positivos. De hecho, se pensaba que
las reformas se traducirían en una mejora sustancial del nivel de vida de la
82
Para el caso argentino, véase Mora y Araujo (1991).
Los fundamentos de la transición y de la Constitución de 1980 fueron
mejor explicados por su principal arquitecto, el senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991. Véase Guzmán (1982) y muchos de sus otros artículos.
83
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
267
población. Como se señaló en la sección 2, el ajuste macroeconómico de
1975 y los inevitables costos iniciales de las reformas tuvieron un efecto
fuertemente negativo en términos de producción y desempleo. Se esperaba
que con el paso del tiempo se superarían estas dificultades iniciales y
Chile iniciaría un período de crecimiento fuerte y sostenido. De esta
manera, la decisión de prolongar el régimen autoritario hasta fines de la
década de 1980 se vio influida por el argumento extraído de la ciencia
política de que un mejoramiento general de las condiciones de vida —y la
consecuente reducción de los niveles de pobreza— harían más estable la
nueva democracia.
Entre 1980 y 1981 el plan funcionó bien. Como se dijo en la
sección anterior, durante los cinco años previos la economía había tenido,
de hecho, una rápida expansión. Las expectativas sobre el futuro de la
economía chilena eran muy esperanzadoras, tanto en Chile como en el
extranjero.84 El clima de optimismo alcanzó su punto máximo a fines de
1980, después de que el referéndum constitucional convocado por el general Pinochet fuera aprobado con el 67% de los votos. Este hecho fue
considerado, en general, como un masivo voto de confianza hacia el
Gobierno militar. Aquella misma noche, en un discurso de celebración de
la victoria, el general Pinochet realizó un detallado pronóstico del auge
que se avecinaba (mayor disponibilidad de automóviles, equipos de televisión, líneas telefónicas, etc.), el que tendría lugar durante el período de
ocho años que se iniciaba en virtud de la nueva Constitución.85
Todas estas expectativas llegaron a un abrupto fin en 1982, cuando
la economía se sumergió en una nueva y grave recesión. Como se describe
en la sección 2, el crecimiento excesivo del gasto nacional y la recesión
mundial de 1982 condujeron a una caída de 14% en el PIB, elevaron la
tasa de desempleo sobre el 25% de la fuerza laboral y llevaron a la
mayoría de los deudores, grandes y pequeños, al borde de la quiebra. Las
consecuencias derivadas de esta profunda recesión pudieron haber sido
aun más graves, pues el descrédito del modelo de libre mercado entre los
expertos, los empresarios, los políticos y la opinión pública alcanzó enormes proporciones. El modelo de libre mercado fue declarado muerto por
la mayoría de los observadores.86 El regreso a las antiguas prácticas
intervencionistas parecía inevitable.
84
Véase, por ejemplo, Banco Mundial (1980).
Barandiarán (1983) describe este arranque de optimismo en términos
kindlebergenrianos,
86
Por ejemplo, Arellano y Cortázar (1982), Foxley (1983a, 1983b),
Vergara (1985), Tironi (1990). Según estos observadores, la crisis de 1982-1983
85
268
ESTUDIOS PÚBLICOS
Como siempre ocurre en tales circunstancias, las políticas económicas se volvieron algo populistas. A principios de 1983, la erupción de la
crisis bancaria dio pie a que el Estado interviniese a los principales grupos
empresariales, a los propietarios de muchos de los bancos y de las empresas recientemente privatizadas. El hecho de que esas empresas volvieran a
quedar en manos gubernamentales y que los mismos empresarios que
habían sido alabados por su eficiencia y su compromiso con el modelo
fueran acusados ahora de prácticas temerarias e incluso de fraude por
parte de funcionarios gubernamentales y la prensa, asestaron un fuerte
golpe al prestigio del Gobierno militar y su modelo económico. Muy
pronto los aranceles a las importaciones, los impuestos y el gasto fiscal
comenzaron a ser moderadamente alzados. De igual modo, los límites
máximos de las tasas de interés, los créditos subvencionados, los tipos de
cambio preferenciales, los controles cambiarios y la reprogramación de la
deuda extema oficial tuvieron una discreta reaparición.
La percepción general era que el Gobierno había fracasado y este
retroceso no hacía más que confirmar dicha impresión. La legitimidad del
Gobierno fue puesta en tela de juicio. Los grupos opositores, aunque
formalmente proscritos de la actividad política, comenzaron a actuar. Se
organizaron "jomadas de protesta" mensuales, en las que los grupos opo-
sitores marchaban al centro de la ciudad y se enfrentaban contra las fuerzas policiales. Violentos disturbios tenían lugar en los barrios de bajos
ingresos, mientras que en los sectores medios y altos las dueñas de casa
golpeaban las cacerolas al anochecer (lo hacían incluso a unas cuantas
cuadras de la residencia del general Pinochet).87 En un esfuerzo por calmar los ánimos, el Gobierno inició negociaciones con los líderes opositores, las que finalmente fracasaron cuando estos últimos exigieron la inmediata renuncia del general Pinochet como condición previa para continuar
las conversaciones. En aquella época, no solamente parecía inminente el
derrumbe del experimento chileno de libre mercado, sino también la caída
del general Pinochet.
fue la prueba concluyente de los fracasos del modelo chileno de libre mercado.
Después de la recuperación de la economía entre 1985 y 1989, éstos redefinieron
el modelo que, a su juicio, había fallado, a saber, un particular enfoque macroeconómico, el denominado "enfoque monetario de la balanza de pagos" (Tironi,
1990). La confusión es comprensible, porque en América Latina las proposiciones de libre mercado a menudo han sido llamadas "monetarismo", probablemente debido a su vínculo con el FMI. De todas maneras, a mi juicio, resulta evidente que el modelo de libre mercado fue el tema principal entre 1982 y 1983, y no
simplemente una doctrina monetaria.
87
Véase Tironi (1990).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
269
Sin embargo, nada de eso sucedió. A principios de 1985 se hizo
cargo un nuevo equipo económico encabezado por Hernán Büchi, quien
había sido un importante miembro del equipo de libre mercado. Se instauró
un plan macroeconómico coherente y las reformas liberales no sólo se
mantuvieron, sino que se consolidaron y se profundizaron. El nuevo plan
incluía un nuevo y riguroso ajuste fiscal, esta vez principalmente en materia de gasto público; una fuerte devaluación del peso a fin de estimular las
exportaciones y reequilibrar la balanza de pagos y una flexible y pragmática política monetaria que combinaba objetivos estabilizadores con la cuidadosa reactivación de la demanda agregada.88 El resultado de estas medidas fue una fuerte y sana recuperación del producto y el empleo. Esta vez
tomaron la delantera las exportaciones y la inversión, mientras el consumo
y los salarios reales aumentaron lentamente. La inflación y los índices de
la deuda extema declinaron gradualmente. Se reconstituyó la confianza
nacional e internacional: el modelo de libre mercado había resucitado.
El éxito del programa se debió principalmente a su "ortodoxia
pragmática", una hábil combinación de firmeza en el logro de los objetivos básicos y flexibilidad y creatividad para seleccionar los medios. El
primer atributo necesitaba una dosis de mano dura y, de hecho, una de las
primeras medidas del plan incluyó una disminución de 10% en las pensiones de los jubilados, la eliminación de una subvención cambiaria que
beneficiaba a los grupos empresariales poderosos y la reanudación de las
reducciones en los aranceles de importación. A pesar de haber sido perjudicada por estas medidas, la comunidad empresarial reaccionó bien. La
creatividad y la flexibilidad del plan se reflejan en las medidas adoptadas
para resolver el problema de la deuda externa (reprogramaciones, formas
innovadoras de reunir "dinero fresco", conversiones de deuda en capital),
recapitalizar los bancos nacionales, estimular las exportaciones no tradicionales y la inversión extranjera, modernizar el sistema tributario y proteger a los sectores más pobres de la población de algunos de los peores
efectos del ajuste.89
88
Para un análisis de las políticas aplicadas entre 1985-1989, véase J. A.
Fontaine (1989, 1990).
89
Las medidas macroeconómicas se discuten en J. A. Fontaine (1989,
1990). El impacto social de las mismas se analiza en Castañeda (1990), quien
argumenta que los más pobres estuvieron comparativamente mejor en Chile que
en otros países latinoamericanos durante los difíciles primeros años de la década
de los ochenta.
270
ESTUDIOS PÚBLICOS
La evolución política siguió, a su vez, una ruta muy diferente de la
que cabía esperar en 1983. Pese a la creciente unidad, organización y
fuerza política de la oposición, el Gobierno militar permaneció en el
poder. Hubo una apertura política gradual, en la que el Gobierno permitió
una creciente actividad. El cronograma de la Constitución de 1980 se
cumplió estrictamente y el general Pinochet se retiró pacíficamente en
marzo de 1990, después de perder el plebiscito de 1988. De ese modo, el
sendero que finalmente siguió Chile fue de recuperación económica y
apertura política, como lo anticiparan -o desearan- Fontaine, Guzmán,
Pinera y otros.90
La interrogante que surge de este relato es qué fue lo que hizo que
este plan tan improbable se concretara: ¿cómo se puede explicar la resurrección de las políticas de libre mercado?, ¿por qué el general Pinochet se
ajustó, contra toda probabilidad, a la agenda económica previa y al cronograma político? En mi opinión, la respuesta a estas preguntas se encuentra
en las traumáticas experiencias de 1982-1984.
A pesar de sus grandes costos sociales y económicos, la crisis de
1982-1984 y el interludio populista tuvieron una consecuencia política positiva: enseñaron al Gobierno militar, y también al futuro Gobierno
civil, los límites de los poderes estatales en una economía abierta y competitiva. Cuando se asimiló esta lección, aumentó enormemente la probabilidad de una transición a la democracia ordenada y pacífica.
De hecho, como ya se dijo, la reacción inicial del Gobierno militar
ante la crisis fue la de promover la intervención gubernamental. Por ejemplo, la aguda crisis bancaria de 1983 fue abordada con una masiva intervención de los bancos y sus empresas relacionadas. Esta decisión la anunció el Ministro de Hacienda en un discurso televisado que contenía claras
alusiones políticas. Es obvio que la intención del Gobierno consistía en
atribuirles a algunos empresarios la responsabilidad política de la recesión
en marcha. Naturalmente, los mercados reaccionaron en forma muy adversa. En el curso de tres semanas el Banco Central perdió 1.000 millones de
dólares en reservas; el peso cayó alarmantemente en el mercado paralelo,
y el Gobierno no tuvo otra alternativa que reprogramar oficialmente la
90
Arturo Fontaine Aldunate (1983) presentó varios escenarios y eligió
uno —"la recuperación gradual de la economía y la apertura política"— como el
más probable y conveniente. Su descripción de dicho escenario es sorprendentemente cercana a la forma en que se desarrollaron finalmente los hechos.
Véase también Guzmán (1982) y varios artículos de José Pinera en Economía y
Sociedad.
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
271
deuda externa privada. El efecto político de todo esto fue que el Gobierno
militar perdió temporalmente la confianza de la comunidad empresarial,
especialmente entre los industriales jóvenes que habían apostado a favor
del éxito del modelo de libre mercado.
Los mercados volvieron a reaccionar de manera muy adversa, con
una enorme especulación contra el peso, cuando el Gobierno intentó reconquistar a los empresarios, estableciendo un nuevo equipo económico
de orientación claramente antirreformista, inclinado a políticas keynesianas
y controles cambiarios, financieros y comerciales. Las medidas propuestas
por el nuevo equipo no eran radicales, pero el mercado percibía que podía
ser el inicio del desmantelamiento gradual del modelo de libre mercado.
Los dirigentes empresariales, que inicialmente se mostraron favorables,
finalmente tuvieron una actitud contraria al plan, bajo la fuerte influencia
de los grupos proexportadores que habían aparecido en los años anteriores. En suma, este nuevo intento intervencionista (ojalá el último) fue
frustrado por la que podría denominarse "la rebelión de las mesas de
dinero".91
Las mesas de dinero de los bancos, los ejecutivos de los fondos de
pensiones y los tesoreros de las grandes compañías constituyen un grupo
bastante poderoso en una economía de mercado. A principios de la década
de 1980 la mayoría de estos puestos eran ocupados por profesionales
jóvenes y capaces, con estudios en economía y finanzas en los Estados
Unidos o en universidades chilenas que habían seguido la tradición de
Chicago. Podían detectar rápidamente las oportunidades para obtener beneficios y explotar cualquier incoherencia visible en las políticas gubernamentales. Cuando vieron que el gobierno adoptaba políticas monetarias y
fiscales expansionistas, especularon contra el peso. Cuando se enteraron
de los planes proteccionistas, aceleraron las importaciones. Aquellos que
estaban relacionados con el negocio de las exportaciones e importaciones
comprendieron rápidamente que ponían en peligro sus intereses e iniciaron, en consecuencia, su contraataque político.92
En suma, los mercados abiertos y sin restricciones brindaron un
amplio espacio para especular en contra de un cambio en las políticas
91
En aquella época yo era funcionario del Banco Central y recuerdo
vividamente la exasperación del Ministro de Hacienda debida a la "falta de
cooperación" por parte de los especuladores financieros, quienes constantemente
apostaban en contra de sus políticas.
92
El Mercurio y Economía y Sociedad encabezaron la oposición a cualquier desviación populista.
272
ESTUDIOS PÚBLICOS
económicas. Así, el viraje populista acarreó costos políticos significativos
para el Gobierno militar y éstos finalmente lo obligaron a volver al camino
del libre mercado. Los costos políticos asociados con la desviación de
dicho camino actuaron eficientemente como válvula de seguridad automática contra el populismo. El mercado se defiende a sí mismo.
El temor a la inestabilidad económica afectó la orientación económica y también política. Como en el resto de América Latina, el desempeño económico de la segunda mitad de los ochenta dependió fuertemente
del financiamiento externo.93 Se requirió un flujo sustancial de dichos recursos para lograr la estabilidad macroeconómica. Inicialmente, este
financiamiento provino del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como asimismo de la reprogramación oficial de
las deudas con los bancos comerciales. Todas estas instancias estaban
influidas por los gobiernos de los países acreedores, especialmente por el
de los Estados Unidos. Aunque la disponibilidad de asistencia financiera
nunca se vinculó formalmente con el progreso alcanzado en el programa
de redemocratización, se entendía claramente que, por ejemplo, si se
abandonaba el cronograma constitucional, ello traería graves consecuencias financieras.94 Más tarde, las fuentes privadas de financiamiento —la
inversión extranjera— se hicieron igualmente importantes, y éstas exigían, además, estabilidad económica y política.
Con esto no se pretende afirmar que los empresarios nacionales y
extranjeros presionaron activamente para acelerar el paso de la transición
política. Por el contrario, los líderes empresariales fueron muy críticos de
las acciones emprendidas por los grupos opositores. La mayoría de ellos,
por ejemplo, respaldó al general Pinochet en el plebiscito de 1988. Sin
embargo, el punto es que su preocupación por la estabilidad económica los
hizo preferir la mantención del cronograma constitucional. Cualquier modificación se habría percibido como un peligro para la estabilidad y habría
sido extremadamente costosa, en términos económicos y políticos, para el
Gobierno militar.
Algunos autores han planteado una explicación alternativa del proceso de transición en Chile. Según la hipótesis propuesta, el autoritarismo
93
J. A. Fontaine (1989).
94 El
apoyo del Banco Mundial fue crucial. El representante de los Estados Unidos en la Junta de Gobernadores se abstuvo de aprobar préstamos vitales
a Chile entre 1985 y 1986. Si hubiera votado en contra, los préstamos habrían
sido rechazados. El Gobierno de los Estados Unidos adoptó una senda menos
perjudicial, probablemente porque ya se estaba produciendo una apertura política
en Chile.
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
273
se hizo incoherente, llegado cierto momento, con una economía de mercado.95 Habiendo alcanzado ya la libertad económica, la ciudadanía exigió
también libertad política. Aunque esta es una explicación teóricamente
plausible, a mi juicio carece de suficiente sustentación empírica. En primer lugar, las reformas de libre mercado no gozaron de popularidad en
Chile: todas las encuestas efectuadas antes de las elecciones de 1988 y
1989 mostraban claramente que ellas eran rechazadas por la mayoría de la
población.96 En segundo lugar, el apoyo político de los sectores opositores
procedía, en parte, de su oposición sistemática y orquestada a todas y cada
una de las políticas económicas del Gobierno militar. Como se afirma en
la sección 2, los principales economistas opositores nunca previeron que
la economía iba a recuperarse tan rápidamente de la depresión de 19821983 y afirmaban que la raíz del problema radicaba en la excesiva liberalización de la economía. En 1983 los economistas de la oposición propusieron un modelo económico alternativo de orientación corporativista, algunos de cuyos elementos estuvieron también presentes en sus respectivos
programas en las campañas del plebiscito de 1988 y la elección de 1989.97
Finalmente, el papel de los sectores de opositores en el proceso de
transición fue relativamente ambiguo. Como ya se dijo, en 1983 pensaron
que podrían obligar al general Pinochet a dejar el poder. Más tarde, en
1985, organizaron el Acuerdo Nacional con el objetivo de negociar algunos
cambios en el proceso de transición, especialmente la sustitución del plebiscito de 1988 por una elección competitiva. Aunque éste fue un paso
importante, fallaron en ese intento específico. Los más radicales entre los
grupos opositores optaron por la vía violenta.98 Los partidos opositores
moderados (el democratacristiano y los socialistas) comenzaron calmada y
eficientemente a prepararse para las futuras elecciones. Sin embargo, se
mostraban comprensiblemente escépticos acerca de la transparencia e imparcialidad del proceso. Sólo en enero de 1988, diez meses antes del
plebiscito, llamaron a sus partidarios a inscribirse en los registros electorales.99 Estos últimos respondieron acudiendo masivamente a los registros
95
Véase, por ejemplo, Tironi (1990).
Para un análisis de los resultados electorales de 1988 y 1989, véase
Roberto Méndez (1989, 1990).
97
Véanse, por ejemplo, Foxley y otros (1983b) y Boeninger (1985). Un
comentario crítico de este último se puede encontrar en J. A. Fontaine (1983).
98
En 1986 hubo un intento de asesinato contra el general Pinochet y se
descubrió que ciertos grupos terroristas habían efectuado una internación masiva
de armas.
99
Para una discusión de la estrategia seguida por la oposición al general
Pinochet, véase Tironi (1990).
96
274
ESTUDIOS PÚBLICOS
electorales y los grupos opositores pudieron llevar adelante, bajo un mando unificado, una campaña muy eficaz por el "No" (vale decir, el rechazo
al general Pinochet), y más tarde, en 1989, en pro del candidato a la
presidencia, Patricio Aylwin. Si bien en sus críticas a las reformas económicas se habían mostrado ideológicamente atrasados, como organizadores
de campañas políticas actuaron en forma moderna y pragmática.
Por eso, en mi opinión, no fue la oposición al general Pinochet la
que encabezó la transición a la democracia. No eran los representantes
políticos de un electorado que deseara sumar las libertades políticas a las
libertades económicas recientemente adquiridas. Los líderes opositores
más bien actuaron como hábiles políticos y aprovecharon el descontento
generado por las políticas de austeridad económica.100
El plan político del Gobierno militar funcionó al fin, pero, irónicamente, lo hizo para beneficio de los partidos opositores. Los logros económicos fueron significativos y proporcionaron un clima de progreso económico estable, crucial para una transición política ordenada y pacífica.
Sin embargo, los votantes no favorecieron al general Pinochet en 1988 ni
al candidato presidencial Hernán Büchi en 1989, quien fuera uno de los
arquitectos del modelo económico. No obstante, la ciudadanía fue lo suficientemente conservadora como para darles a los dos partidos de centroderecha una importante representación en las elecciones parlamentarias de
1989 (33% de los votos).
En mi opinión, el clima de progreso económico estable ha sido un
factor clave en los primeros dos años de la nueva democracia chilena. La
necesidad de preservar un clima de estabilidad y crecimiento económicos
ha condicionado todas las decisiones del Gobierno actual. La experiencia
chilena de 1983-1984 y los experimentos heterodoxos de los ex Presidentes
Alan García, en Perú, y Raúl Alfonsín, en Argentina, han sido ejemplos
útiles de lo que se debía evitar. El riesgo de una crisis de confianza,
acompañado por una rebelión de las mesas de dinero, ha hecho que el
equipo económico actúe cautelosamente, y lo ha llevado lentamente a
dejar de lado sus promesas electorales. También se han extraído lecciones
positivas de las experiencias en España y México. Naturalmente, las actuales
tendencias ideológicas han influido también de manera muy favorable.101
100
Arturo Fontaine Talavera, Harald Beyer y Eduardo Novoa (1990);
R. Méndez (1989, 1990).
101
El nuevo clima ideológico internacional ha sido estudiado y difundido
por muchos centros de estudios independientes fundados durante el régimen
militar. Para un análisis de su papel en la transición política, véase Arturo Fontaine Talavera (1991).
TRANSICIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN CHILE: 1970-1990
275
De ese modo, el nuevo Gobierno ha aplicado una política económica básicamente conservadora. Este ha adherido en forma estricta a la
disciplina fiscal y ha apoyado al nuevo Banco Central (actualmente independiente) en sus esfuerzos por mantener la inflación por debajo del 20%,
aunque se han introducido algunos cambios potencialmente perjudiciales:
se aumentaron los impuestos a las empresas, a fin de financiar el gasto
público adicional, y algunas reglamentaciones se han vuelto más rigurosas,
especialmente en los mercados laborales. Sin embargo, estas reformas han
sido moderadas. El debate se centra ahora en si aquéllas constituyen los
primeros pasos de una lenta marcha que podría culminar en la demolición
del modelo o si representan simplemente unas cuantas concesiones para
asegurar su vigencia en democracia. De cualquier modo, al suscribir los
elementos básicos del modelo, el Gobierno de Aylwin ha hecho una contribución fundamental para el futuro de Chile: le ha conferido un carácter
no partidista a un modelo construido en las peculiares circunstancias que
hemos descrito.
Paradójicamente, aunque encabezada por sus adversarios políticos,
la emergente democracia chilena no parece diferir mucho de lo que preveían
los arquitectos del plan de transición del Gobierno militar. En el Chile
contemporáneo, el ámbito de las libertades individuales ha aumentado
enormemente gracias a las reformas de libre mercado aplicadas en los
años anteriores. La intervención estatal ha disminuido en forma significativa y las probabilidades de regresar a las políticas de redistribución anteriores a 1973 se ven cada día más lejanas. El país, al parecer, aprecia las
ventajas que presenta una economía estable y en crecimiento. Las capacidades de autodefensa que exhibe el mercado no dan pie a las tendencias
populistas. La nueva democracia se muestra mucho más eficiente y segura que la antigua. Por supuesto, es demasiado pronto para formular un
juicio definitivo, pero los actuales signos son indudablemente muy alentadores.
276
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