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Construyendo la paz en los territorios a partir de la economía civil
Juan Fernando Álvarez1
El pensamiento económico está lleno de exquisitas nociones conceptuales que dan cuenta de una
variada búsqueda por la interpretación y predicción del desenvolvimiento socioeconómico de los
territorios, sus contextos y las necesidades que discurren desde un ámbito individual hasta un
ámbito colectivo.
Dado el contexto socioeconómico actual de Colombia, la reconfiguración de las relaciones entre
sus agentes, los mayores grados de intercambio con otros países del mundo y la búsqueda de
generar procesos de paz en los territorios, puede ser útil plantear algunos enfoques que propicien
condiciones socioeconómicas para la construcción de la paz.
A fin de acotar el ámbito de análisis proponemos convenir en que la paz no es un resultado, sino
un proceso articulado de satisfacción de necesidades colectivas. En segundo lugar, que la meta en
términos de tiempo debe radicar en la búsqueda de su sostenibilidad a largo plazo, lo que implica
necesariamente propiciar un enfoque de desarrollo cimentado en las lógicas territoriales. En
tercer lugar, se propone convenir que la perdurabilidad del desarrollo en los territorios requiere
que tanto la presencia de los órganos del Estado como del resto de organizaciones, se articulen sin
solaparse junto a las diferentes expresiones de la sociedad civil. Si hemos de convenir en los
anteriores aspectos estaríamos frente a la necesidad de re-significar algunas nociones sobre
desarrollo, territorio, paz y qué actores deben influir en su consecución.
En el pensamiento económico los elementos propuestos a convenir, hacen parte de la economía
civil. Este concepto, de tradición italiana, procura ahondar en las organizaciones de la sociedad
civil como actores del desarrollo y parte de considerar que en las sociedades existen agentes con
intereses muy disímiles que se organizan en el Estado, la sociedad civil o el mercado. Otro
concepto relacionado es el de capital social el cual involucra evidencia para soportar que en
aquellos territorios donde priman mayores cuotas de asociatividad, reciprocidad, confianza y
redes relacionales, tienden a establecerse condiciones para producir mayores cuotas de
desarrollo.
Tomando estos dos conceptos trazaremos un breve camino para concebir el desarrollo en los
territorios y generar acciones para la construcción perdurable de la paz.
Teóricamente, si en un territorio no existe un conglomerado de organizaciones que formen parte
del entramado civil, difícilmente pueden establecerse condiciones que limiten el accionar de los
grupos armados al margen de la Ley, las pandillas, el contrabando y el narcotráfico. Intuyo que en
Colombia, la ausencia de la sociedad civil, sus instituciones y sus lógicas es el denominador común
de los territorios que registran mayor conflictividad. Así lo muestran la historia de la violencia, la
1
Miembro del Comité Científico de CIRIEC-Colombia. Candidato a doctor en Ciencias Sociales y máster en
economía social. Correo electrónico: [email protected]
observación del devenir socioeconómico y el examen de la participación y el desarrollo cultural en
estos territorios.
Quizá si realizáramos un examen en estos territorios encontraríamos que en ellos el caos sea lo
más visible. Pero ahondando un poco quizá nos encontremos una comunidad dispersa, donde las
únicas instituciones a las que pueden tener acceso (y encuentro) los ciudadanos sean las iglesias,
los hospitales y los colegios, en menoscabo por la soledad que sufren como únicos líderes
institucionales en un territorio donde gobierna la impunidad. En estos territorios reclamar
posiblemente sea considerado un acto ilegal, el silencio sea una estrategia de sobrevivencia y
escapar se configure como opción. Quizá predomine el imaginario de que nada puede cambiar,
que el liderazgo es reservado para unos pocos, que lo público es sólo lo estatal y que no es posible
crear sin permiso previo. Quizá las primeras víctimas del narcotráfico, de los grupos armados, las
pandillas y el contrabando hayan sido las organizaciones de la sociedad civil y la estructura
simbólica de valores cívicos.
Caso contrario ocurre en territorios de Colombia donde la sociedad civil se organiza a partir de
redes de acción e intercambios de mercado y de no mercados (como los intercambios recíprocos y
de racionalidad no utilitaria) y donde es posible leer la identidad, las relaciones y la historia sin
velos y sin necesidad de hablar con sus “representantes”. En ello es menester mencionar la
incidencia de algunas organizaciones asociativas en los territorios quienes han logrado traducir a
sus actividades, la lógica cívica de procurar el desarrollo en el ámbito local bajo actuaciones que
producen capital social.
En ese contexto, el Estado podrá procurar una presencia menos simbólica y buscará propiciar
condiciones para el fortalecimiento de los mercados internos, la divulgación del conocimiento, el
acceso a la salud, la impartición de justicia y la preservación de la seguridad; pero sin duda esta
presencia seguirá incidiendo de forma marginal mientras existan conglomerados que determinan
que las relaciones económicas y los mercados tengan nombres propios y que impiden la existencia
de todo aquello que sea distinto a la lógica monopólica del capital.
De manera que un punto relevante para el fomento de la paz en los territorios, es lograr que el
Estado, las empresas y Universidades propicien condiciones para crear nuevos mercados y que los
ciudadanos puedan construir una red civil de actores que, actuando o no con la lógica del capital,
configuren conglomerados capaces de anticipar acciones indebidas y recrear el desarrollo basadas
en su idiosincrasia, su historia y sus relaciones.
En ello gravitan organizaciones y líderes comunitarios como los personeros, juntas de acción
comunal, asociaciones y empresas solidarias que son las expresiones de mayor incidencia en la
creación de capital social comunitario. Y por ende el acento en su regulación y supervisión no debe
asimilar a estas organizaciones con las lógicas de las empresas de capital, sino procurar verificar la
incidencia de las mismas en la creación de capital social. Pero sobre todo no debe determinarse la
muerte jurídica de las organizaciones sin la aplicación de mecanismos previos de salvataje, redireccionamiento y otras medidas que conduzcan a fortalecer porque lo que está en juego es la
confianza en los territorios.
Palabras más, palabras menos, se propone que el Estado, las Universidades y las empresas
generen acciones concatenadas para que los ciudadanos se apropien en forma ordenada de sus
territorios y propicien una paz basada en la consolidación civil que les estimule a producir,
consumir y relacionarse con una lógica sostenible, apelando a las relaciones de confianza y bajo la
noción de que el desarrollo local no se decreta sino se construye.
Se propone que el fortalecimiento de la economía civil sea un acto de responsabilización del
Estado y las empresas privadas hacia el eslabón tradicionalmente más golpeado de la cadena y sin
cuya confianza será imposible propiciar condiciones perdurables de paz en Colombia. Sin duda, se
cuentan varias iniciativas en la materia, pero aún resta articular la acción como un nuevo contrato
social.