Download 350.003 5-B562a-CAPITULO I

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1. MARCO REFERENCIAL
1.1 EL DISCURSO POLÍTICO DE FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 80’S.
El proceso eleccionario de 1989, significó para la derecha del país,
representada por el partido ARENA, el ascenso vertical al poder político. Este
súbito cambio
en el panorama socio-político traería consigo una serie de
modificaciones en los órdenes económico-social, supraestructural, jurídico e
institucional; concebidas con la única finalidad de superar – o al menos
intentarlo-, la grave crisis en la cual se encontraba sumergido el país, luego de
cinco años de paternalismo estatal extremo promovidos por la Democracia
Cristiana.
El primero de Junio de 1989, Alfredo Cristiani asume la presidencia de un
país cuya crisis se origina principalmente en “ un subdesarrollo profundo y de
extrema pobreza generalizada… de injusticia estructural e institucional y de
violencia de todo tipo” /1. Sus principales retos son la inmediata estabilización
de la nación, la recuperación de la soberanía nacional y la culminación del
conflicto armado latente desde principios de la década. Pero para ello
Cristiani necesita el apoyo incondicional de todas las fracciones de su partido,
incluso la derecha recalcitrante que se opone a la negociación con la
guerrilla, pues de lo contrario cualquier esfuerzo impulsado resultaría
completamente estéril.
La crisis coyuntural, como la define Cristiani, requiere para su solución
grandes esfuerzos colectivos orientados hacia la concertación; la guerra sólo
1
/ Consejo Editor ECA. Estudios Centroamericanos UCA. Año XLIV Nº 488. Junio 1989. Pág.413
2
es superable si todos los sectores de la sociedad civil muestran voluntad
política y abandonan el esquema confrontativo tan arraigado dentro de la
era democristiana. Corresponde a Cristiani, plantear la urgente necesidad de
renovación existente al interior de las estructuras gubernamentales, así como
también, la de enfilar el país hacia un modelo económico, aunque esto
genere el descontento de la mayoría del pueblo, incluido el FMLN, principal
opositor del gobierno de Cristiani.
En materia económica, la visión empresarial de Cristiani es su mayor aliada
y le permite desarrollar una gestión moderadamente estable, donde la
inversión privada juega un papel importante. En este sentido, la participación
de la empresa privada en la dirección económica del país es un signo
manifiesto de los compromisos adquiridos con ese sector durante la campaña
política y de cuyo cumplimiento depende una gestión presidencial estable.
En este punto, habría que recordar que Cristiani no es únicamente un
político
neoliberal comprometido con el desarrollo económico del país, sino
también un próspero empresario salvadoreño ávido de mayores ganancias;
de ahí que su plan de gobierno sitúe el capital privado en tan favorable
posición.
La actividad política es al parecer la más desatendida por Cristiani y su
gobierno, pues la consolidación democrática sólo es concebible luego de
finalizar el conflicto armado. ( Cfr. Infra Nº 3 ) En términos generales, el
discurso político de Alfredo Cristiani se articula a partir de los siguientes ejes:
1) La libertad, la honestidad, la legalidad, la seguridad, la justicia y la
solidaridad como principios rectores de su gobierno.
3
Llama significativamente la atención el concepto de libertad, que alude en
este caso, a las facilidades otorgadas a la empresa privada ( libertad de
empresa),
lo
cual
termina
de
confirmar
su
voluntad
por
mejorar
significativamente la situación de la empresa privada en el país.
2) Una inmediata solución al problema básico de El Salvador: La Extrema
pobreza.
Para lo cual propone “ una solución de muy dudosos resultados…(pues)
pensar que la liberalización y la privatización, la nueva política de empleo,
precios y salarios, una nueva política fiscal, monetaria y crediticia… van a ser
capaces de resolver esa pobreza extrema… no deja de (representar) peligros
enormes”/2
3) La proposición solemne de terminar con el conflicto armado, con lo cual,
Cristiani abre la posibilidad de comenzar un verdadero proceso de
diálogo.
La propuesta de Cristiani posee aún un marcado matiz antimarxista, típico
de la derecha, y la prueba más palpable es que en los primeros momentos de
su gestión , Cristiani habla de un diálogo y no de negociación. En este sentido,
el Gobierno no está dispuesto a ceder a las peticiones de la guerrilla,
argumentando para ello el marco legal proveído por la Constitución de la
República”…el diálogo con todos los sectores debe hacerse dentro del marco
de la ley, y el que tengamos con el FMLN no tiene por qué ser la excepción “
/3 .
2
3
/ Ibídem. Pág. 418.
/ Ibídem. Pág. 487.
4
En síntesis, son tres los rasgos existentes en la propuesta de Cristiani:
Existe en ella un deliberado intento por reunir a todos los sectores
antirrevolucionarios, de manera que los actuantes
del proceso sean el
sector democrático y el FMLN. Pero esta dicotomía ideológica plantea un
grave problema, pues condena de antemano a todos los sectores afines a
la guerrilla por considerarlos antidemocráticos.
Se advierte el poco deseo negociador de la derecha pues “ en último
término
quien
debe
ceder
a
sus
pretensiones
es
el
movimiento
revolucionario y no el Gobierno “ /4
El
diálogo
debe
ser
un
proceso
reservado,
lejano
a
los
actos
propagandísticos impulsados por la Democracia Cristiana en La Palma,
Ayagualo y la Nunciatura Apostólica. Pero ese carácter “ reservado” del
diálogo deja fuera del proceso a la oposición política, las fuerzas vivas del
país y a la iglesia.
4) El Respeto a los Derechos Humanos
Planteamiento, que al igual que otros, parte de un falso supuesto, pues
atribuye al FMLN la mayor cantidad de violaciones a los Derechos Humanos y
el fomento del terrorismo. Por completo olvida Cristiani, la gran cantidad de
violaciones atribuidas a la Fuerza Armada y a la extrema derecha, a través de
los Escuadrones de la Muerte.
5) La consolidación de la democracia, que no es otra cosa más que la creación
de un Estado de Derecho, “ un Estado de leyes más que de Justicia “/5. Esa
creación de leyes busca ampliar mayormente el campo estatal, de manera que
4
/ Ibídem. Pág.488
5
el Estado cuente con medios e instrumentos legales que garanticen su
permanente intervención en los asuntos socio-económicos; dicho de otra
manera, ARENA está dispuesta a gobernar “conforme a la ley, pero conforme a
leyes hechas a la medida de los intereses que representa”/6
6) El respeto a la Soberanía Nacional, que en la práctica resulta casi imposible,
pues la desmesurada deuda externa vincula fuertemente a El Salvador con los
intereses norteamericanos. En este sentido, el Gobierno de Cristiani tiene todo
para perfilarse como una continuación del Gobierno Demócrata Cristiano.
El aberrante nacionalismo que había mostrado ARENA como partido opositor,
se resquebraja con su llegada al poder y sufre una profunda reconversión, cuyo
principal signo lo representa el traspaso de una ideología antimarxista a un
concepto colectivista de superación social ( Economía Social de Mercado ).
7) La efectividad en el manejo de la Res Pública, que sólo puede lograrse con
laboriosidad, honestidad y probidad.
Cristiani rechaza de entrada la
generalizada corrupción de la administración democristiana y propone una
gestión transparente y sobre todo encabezada por gente capaz.
Como puede observarse, el discurso político salvadoreño de finales de los 80’s
se encuentra alimentado principalmente por la necesidad de democratizar la
sociedad – lo cual implica la finalización del conflicto armado - y la necesaria
transformación de la estructura económica salvadoreña, de manera que el país
pueda autogestar su desarrollo a partir de una distribución equitativa de la
riqueza y un decidido apoyo de la iniciativa privada.
5
/ Ibídem. Pág.422
6
1.2. ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO Y ECONÓMICO DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL
DE ALFREDO CRISTIANI.
Un balance general de la gestión presidencial de Alfredo Cristiani devela
los principales logros y dificultades afrontadas durante su quinquenio al frente de
la gestión pública.
Innegable resulta la grave crisis en que se encuentra inmersa la sociedad
salvadoreña a finales de los 80’s, en donde destacan dos factores que acaparan
la atención del gobierno entrante: la fragilidad de la economía y el grave
conflicto armado. Con ese marco de referencia, Alfredo Cristiani inicia una
gestión presidencial de alta significación para la vida política de El Salvador, y
como retos se plantea estabilizar la economía y finalizar el conflicto bélico,
pretensiones que habrían de ocupar la mayor parte de su tiempo al frente de la
República. Aunque la firma de los Acuerdo de Paz en Chapultepec, México,
supuso un logro significativo a nivel nacional e internacional para la gestión de
Cristiani, la economía significó su talón de Aquiles; pues todos los ajuste hechos en
6
/ Ídem.
7
este campo no lograron erradicar la extrema pobreza, derivada de la mala
distribución de los recursos.
En
materia estrictamente económica, dos etapas caracterizan a la
administración Cristiani
: la estabilización económica y la reorientación
económica. La primera abarca el período comprendido entre Julio y Diciembre
de 1989 y busca “limitar en el corto plazo la profundización de los crecientes
desequilibrios y restablecer las relaciones de los precios relativos, creando las
condiciones para iniciar un proceso de reactivación económica...”/7
La estabilización económica exige al Gobierno la implementación
de
políticas y medidas que en la mayoría de casos afectan directamente a la
población. Para estabilizar los indicadores macro-económicos, el Gobierno
decide implementar al menos cinco políticas.
1. POLÍTICA DE PRECIOS
Desde la toma de posesión, Cristiani
destacó la urgente necesidad de
implementar un sistema liberal que beneficie la inversión privada. Transcurridos los
primeros meses de gestión, el Gobierno comienza una reforma radical en la
política de precios, la liberalización, la eliminación de los elementos monopólicos
( principalmente los generados por el Estado ), la desaparición de los subsidios y el
fin de las restricciones comerciales son algunas de las acciones encaminadas a
dar transparencia al mercado.
Pero la teoría difiere mucho de la práctica en este caso, y la liberalización
de precios, basada en el sistema de la libre competencia, generó alzas
7
/ Documento BCR. “ La Gestión presidencial de Alfredo Cristiani” . San Salvador.1994. Pág. 19
8
desmesuradas en los precios de productos y servicios de la canasta básica. La
supuesta estabilización de los indicadores macroeconómicos, simplemente fue un
paliativo a la crisis, en realidad, el poder adquisitivo de la población de menores
ingresos mermó significativamente como resultado de la liberalización “ de
precios a 230 productos antes del 31 de Julio de 1989”/8.
El más duro golpe dado por la Administración Cristiani a la economía
popular, es el cierre definitivo del Instituto Regulador de Abastecimientos ( IRA ), el
cual deriva de las exigencias mismas de un mercado libre de monopolios y sin
precios fijos.
2. POLÍTICA COMERCIAL Y DE ESTABILIZACIÓN
Encaminada a disminuir los desequilibrios comercial
y de servicios, y
fomentar las exportaciones. En este sentido la inclusión de El Salvador a mercados
más amplios sólo es posible si la adhesión al GATT se vuelve realidad. Pero no
basta con aumentar significativamente las exportaciones, sino perfilar una política
de reactivación interna, la cual comprende básicamente el desarrollo y fomento
de las zonas francas.
Pero aunque las exportaciones crecieron significativamente a lo largo de la
gestión presidencial de Cristiani ( Cfr. Anexo N° 5 ), las divisas obtenidas por éstas
difícilmente se tradujeron en obras encaminadas a solventar la grave crisis
económica de “ los más pobres de los pobres “.
La eliminación progresiva de los impuestos de importación, el libre uso de
las cuentas en dólares y la revisión de la Ley de Exportaciones, fueron algunas
8
/ Ibídem. Pág. 21.
9
medidas impulsadas por el gobierno durante el segundo semestre de 1989 a fin
de generar mayor cantidad de divisas.
3. POLÍTICA FISCAL
Uno de los problemas más graves del Estado salvadoreños es el enorme
déficit fiscal acumulado a lo largo de la década de los 80’s. El incumplimiento en
el pago de grandes instituciones gubernamentales como el INCAFE, INAZÚCAR y
la Lotería Nacional, constituye la principal causa de déficit; en este sentido el
Gobierno
de Cristiani pretende impulsar una reforma a la política fiscal que
asegure una mayor y mejor recaudación.
Aunque en un inicio únicamente se habla de modificar las Leyes de Papel
Sellado y Timbres, la del Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio; la inoperancia
fiscal forzó la derogación de la primera ley y su sustitución por la del tan discutido
impuesto al valor agregado ( IVA ).
La implementación del IVA dejó al descubierto dos graves problemas de la
Administración Cristiani:
La falta de voluntad de las instancias fiscales para implementar una política
más organizada que evite la gran evasión de la empresa privada, y
La reiterada conducta estatal de trasladar a las grandes mayorías (
consumidor
final
)
los
costos
de
los
aparentes
implementados por las instituciones gubernamentales.
4. POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA
beneficios
sociales
10
Busca la inmediata estabilización y saneamiento del sistema financiero.
Estos ajustes sólo son posibles privatizando la banca y proporcionando créditos
para subsanar los agudos problemas de liquidez afrontados por la mayoría de
bancos del sistema.
El aumento en las tasas de interés para las cuentas de ahorro y a plazo
constituye una política orientada a incentivar el ahorro doméstico; pero en la
práctica resulta inoperante, pues la mayoría de salvadoreños no logran gozar de
los beneficios de esta medida. Una vez más queda manifestada la deliberada
intención del Gobierno Cristiani de beneficiar al gran capital nacional e
internacional.
5. POLÍTICA DEL SISTEMA FINANCIERO
Partiendo de la visión empresarial del Gobierno Cristiani, donde la banca
ocupa el más privilegiado de los sitios dentro de la estructura organizacional, se
crea a partir de Julio de 1989 la Superintendencia del Sistema Financiero; ente
rector de la actividad bancaria, encargado principalmente de hacer cumplir el
principio básico de la libre competencia en esa área.
En lo concerniente a la ejecución de políticas de reorientación económica
(segunda etapa del Gobierno Cristiani ), las cuales habrían de impulsarse entre
1990 y 1994, destaca la necesidad de establecer un sistema de Economía Social
de Mercado que garantice una actividad económica eficiente y diversificada.
El plan de desarrollo económico planteado por Cristiani se resume en tres
grandes áreas de acción política:
Política de reducción de la dependencia de la ayuda externa
11
( Donaciones ).
Políticas financieras de estabilización y reorientación económica
Reformas institucionales y legales
Al igual que las políticas de estabilización, éstas únicamente proyectan el
crecimiento
de
los
indicadores
macroeconómicos
y
enfatizan
el
papel
preponderante de la inversión. “ Se estima que la inversión privada tendrá un
fuerte estímulo asociado con un programa de reorientación de la inversión
pública a través del cual se espera que el Estado, a fin de mejorar su capacidad
de ejecución, recurra en gran medida a la exportación privada para la
materialización de sus proyectos “ / 9
La creación de leyes ( de Reactivación de las exportaciones, del Régimen
de Zonas Francas y Recintos Fiscales, de Fomento y Garantía de la inversión
extranjera ), se convierte en la primera acción concreta encaminada a subsanar
la alta dependencia económica del país, pero al igual que la mayoría de
acciones del Gobierno Cristiani, éstas marginan a los sectores populares y
benefician directamente al gran capital.
La reorientación económica desarrollada a lo largo del quinquenio tiene
como eje fundamental la modernización del Estado y el incremento en la
eficiencia del aparato fiscal.
La adecuación en política de gastos del Estado como una medida
derivada de la modernización, generó altos índices de desempleo al prescindirse
de los servicios de gran cantidad de empleados públicos. La austeridad y
probidad estatales, impulsadas durante casi toda la gestión presidencial, no
9
/Ibídem. Pág. 31
12
tuvieron los efectos deseados en parte por la poca voluntad política mostrada
por algunas instituciones gubernamentales y la escasa eficiencia de la política de
Recaudación Fiscal que sigue protegiendo a los grandes evasores y al
contrabando.
Ante el fracaso de algunas medidas, la Presidencia plantea nuevos ajustes
a sus políticas, los cuales afectan directamente la frágil economía de los
salvadoreños. Caso ejemplificante es la implementación del impuesto al valor
agregado ( IVA ), con el cual se pretende mejorar significativamente la
recaudación estatal, y en conjunto con la generación de divisas ( producto de las
crecientes exportaciones ) , disminuir la
excesiva dependencia económica
salvadoreña.
Las
reformas
institucionales
y
legales
puestas
en
marcha
por
la
reorientación económica, contemplan la creación de instancias legales que
permitan la instauración de una Economía Social de Mercado y que garantice la
propiedad privada.
Desde el inicio de su gestión, Cristiani dejó manifiesta su intención de
democratizar el capital, es decir, facilitar la incursión del capital privado en las
obras gubernamentales, de manera que conjuntamente el Estado y la empresa
privada aporten cantidades significativas de dinero que subsanen el problema de
la pobreza extrema, tan arraigada en la sociedad salvadoreña.
Pero aunque el Gobierno se empeñó en gestar una ilimitada serie de leyes
que propiciaron la inversión privada
con vocación social, la alta dirigencia
empresarial difícilmente quiso involucrarse en semejante proyecto, lo cual
automáticamente forzó al Gobierno a buscar un financiamiento para obras
13
sociales a través de organismos internacionales que a la larga terminaron por
pasar la factura a la sociedad por entero. La última alternativa viable entonces
para el
Gobierno Cristiani es impulsar un proceso de privatización de las
empresas en poder estatal, lo cual originó de inmediato un alto desempleo y un
alza desmesurada en los precios de productos y servicios.
La gestión presidencial de Alfredo Cristiani está llena de contraste; por un
lado los ofrecimientos de campaña y por el otro la implementación de una serie
de medidas muy nocivas para la economía de los salvadoreños. Quizá lo más
destacado en dicha gestión
sea la apertura democrática y su ideal de
concertación que habrían de finalizar en un proceso de negociación y firma de
los Acuerdos de paz.
1.3 . EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SOCIEDAD
SALVADOREÑA.
Sentadas las bases para la estabilización y reorientación de la economía
salvadoreña, la Presidencia Cristiani ve como prioritaria la culminación del
conflicto armado. La guerrilla – principal opositor político del Gobierno -, debe
democratizar sus estructuras y convertirse en una institución legalmente
establecida; para ello debe deponer las armas e iniciar a la brevedad posible un
proceso de diálogo negociación.
La Propuesta Cristiani, fundamentada en los intereses económicos de la
derecha, resulta duramente criticada por la guerrilla, pues ve en ella una
14
continuidad de las presentadas por la Democracia Cristiana, en las cuales se le
exige su rendición incondicional.
Esta confrontación ideológica desencadenaría una agudización del
conflicto armado, la cual se hizo patente durante los meses de noviembre y
diciembre de 1989, cuando la guerrilla movilizó los escenarios de combate hacia
la capital. La “ofensiva final” o “ hasta el tope “, constituyó una palpable muestra
del estado real del conflicto armado salvadoreño. Las cuotas de poder militar se
encuentran perfectamente equilibradas y no alcanza a vislumbrarse otra salida
sino la negociación.
Bajo este ambiente de alta tensión política y recrudecimiento de la “
guerra de baja intensidad “, Cristiani retoma su idea de concertación y lanza una
nueva propuesta de diálogo negociación a la
guerrilla; aunque antes
de
implementarla ha tenido que dialogar y negociar con los sectores ortodoxos de su
partido y la Fuerza Armada, cuya oposición al proceso deriva de intereses
estrictamente económicos. A este respecto, nadie ignora en el país que el
conflicto
armado enriqueció a muchos oficiales del ejército y a empresarios
auspiciadores de las estructuras paramilitares ( Cfr. De la locura a la esperanza.
Informe de la Comisión de la Verdad ).
Una vez superadas las contradicciones al interior de la derecha, Cristiani
plantea abiertamente la intención de su Gobierno de entablar un proceso de
diálogo negociación con la guerrilla. Este proceso de diálogo pretende ser
diferente a sus antecesores y para ello se implementan una serie de medidas.
Destacan en este punto el incondicional apoyo brindado por la comunidad
internacional ( sobre todo los Gobiernos de México, Colombia, Venezuela, España
15
y los países centroamericanos ) y la presencia de Naciones Unidas como ente
regulador.
Por primera vez, las partes involucradas en el conflicto negociarían
sistemáticamente en un proceso calendarizado y continuo. La participación
directa de Naciones Unidas en el diálogo salvadoreño es vista, por los diferentes
sectores sociales, como un signo aliciente.
El primer acercamiento entre el FMLN y el Gobierno se da en Ginebra,
Suiza, el día 4 de abril de 1990 y supuso el establecimiento claro de los propósitos
de la negociación “ el propósito del proceso será terminar el conflicto armado
por la vía política al más corto plazo posible “/10. Lo importante en el inicio de este
nuevo proceso es el reconocimiento hecho por ambas partes de que cualquier
resultado no representa una derrota o rendición militar.
Por primera vez, la negociación amplía su campo de acción y se abordan
temas como : el respeto a los Derechos Humanos y la reinserción
de los
combatientes a la vida civil, institucional y política . La firma de este primer
protocolo auguró la continuidad del proceso de negociación y facultó al
Secretario General de la ONU a tomar las acciones pertinentes para evitar la
ruptura del proceso.
La segunda ronda de negociación ( Acuerdo de Caracas ), celebrada el
21 de mayo de 1990, fijó la agenda definitiva de la negociación, que puede
sintetizarse en cuatro grandes componentes:
PRIMERO. Los acuerdos políticos
10
/Documento. “ Acuerdos hacia una nueva nación. Recopilación de los Acuerdo de Paz suscritos
con el Gobierno “. FMLN. San Salvador. Abril 1992.
16
SEGUNDO La concertación de un cese al fuego y de todo acto que irrespete
los derechos de la población civil.
TERCERO
Establecimiento de las garantías y condiciones necesarias para la
reincorporación de los integrantes del FMLN a la sociedad civil,
dentro de un marco de plena legalidad.
CUARTO
Acuerdos finales para la consolidación de los objetivos del Acuerdo
de Ginebra y su verificación por Naciones Unidas.
Aunque los compromisos abundan en la mesa de negociación, lejos de
ella, las cosas poco cambian, pues la guerra continúa cegando muchas vidas y
confrontando a los dos sectores partícipes del proceso. En este punto se vuelve
importante la participación de las fuerzas sociales del país ( sector sindical, obrero,
campesino, iglesia , Comité Permanente del Debate Nacional
y otros )
que
constantemente se manifiestan a favor de la finalización del conflicto a través de
la vida política.
Los primeros acuerdos sustanciales de la negociación fueron los de San
José, en donde ambas partes se comprometen a generar los
mecanismos
legales e institucionales para promover el irrestricto respeto a los Derechos
Humanos en El Salvador; así como también, facilitar la verificación internacional
en este campo.
El acuerdo de San José, firmado el 26 de julio de 1990, sentó las bases para
la apertura democrática en El Salvador, pues ambas partes reconocían
públicamente su participación directa en actos violatorios de los derechos
17
individuales fundamentales, y se comprometían a cesar en un futuro inmediato
dichas acciones.
La más novedosa de la propuestas pactadas
creación de la Procuraduría para la
en dicho acuerdo es la
Defensa de los Derechos Humanos,
organismo nacional encargado de propiciar y velar por el cumplimiento de las
garantías individuales. Satisfactoria fue la reacción del sector social del país ante
la firma de este acuerdo pues vislumbra un panorama más esclarecedor, sobre
todo si se tiene en cuenta que durante la década de los 80’s, El Salvador fue
señalado en reiteradas ocasiones como uno de los países latinoamericanos en
donde mayor cantidad de violaciones a los Derechos Humanos se cometieron.
Pese a la trascendencia del acuerdo pactado en San José , y luego de
cuatro meses de negociación, temas medulares como: Depuración de la Fuerza
Armada y reformas constitucionales se encuentran estancados, al punto que en
reiteradas ocasiones la guerrilla amenaza con abandonar la mesa de diálogo.
Superadas las dificultades ( gracias a la mediación directa del Secretario
General de Naciones Unidad, Dr. Javier Pérez de Cuellar ), las partes inician una
nueva ronda en Oaxaca, México, donde los puntos a tratar eran Fuerza Armada y
reformas constitucionales.
Luego de arduas y muy confidenciales negociaciones, el FMLN y el Gobierno
firman el 27 de abril de 1991, El acuerdo de México, que contempla entre otros
puntos:
“ El sometimiento ( a la brevedad posible ) de la Fuerza Armada al poder civil”
/11
11
/ Ibídem. Pág. 14
18
Reformas constitucionales destinadas a mejorar el funcionamiento del Sistema
Judicial.
Creación de instancias legales que permitirán el establecimiento del Tribunal
Supremo
Electoral,
órgano
encargado
de
ejecutar
y
supervisar
la
transparencia de todo proceso electoral
La creación de la Comisión de la Verdad, integrada por tres personas
designadas por el Secretario General de Naciones Unidas y cuya principal
atribución será “la investigación de graves hechos de violencia ocurridos
desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el
conocimiento público de la verdad “/12.
El acuerdo de México proporcionó a la negociación carácter irreversible,
bastaba únicamente flexibilizar algunas posiciones para lograr el cese al
enfrentamiento armado.
Los siguientes meses aportaron logros trascendentales para la culminación
satisfactoria del protocolo de Ginebra. Tanto el FMLN como el Gobierno
sostuvieron pláticas al más alto nivel, con la mediación de Naciones Unidas. Los
resultados no tardaron, de manera que el 25 de septiembre de 1991, en la Ciudad
de Nueva York, los negociantes acuerdan firmar un nuevo protocolo que
encamine el proceso hacia la recta final.
Con la voluntad de ambas partes, los acuerdos de esta ronda pueden
sintetizarse en :
Crear la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz ( COPAZ ),
constituida por dos representantes del Gobierno, dos del FMLN y por un
12
/ Ibídem. Pág. 18
19
representante de cada partido político representados en la Asamblea
Legislativa;
Iniciar un proceso de depuración de la Fuerza Armada.
Reducir el número de elementos activos de la institución armada.
Reorientar la doctrina de la Fuerza Armada, de manera que ésta se adapte a
los tiempos de paz.
Creación de una institución de Seguridad Pública que sustituya a los antiguos
cuerpos de seguridad pública
como la
Guardia Nacional y la Policía de
Hacienda.
Revisar la política económica social del Gobierno y su impacto en la
población.
Esta última ronda, que habría de convertirse en un proceso de negociación
comprimida, agotó los puntos de la Agenda de Caracas; bastaba únicamente
que el Gobierno y el FMLN pactaran un acuerdo final que ratificara todos los
compromisos alcanzados y fijara los mecanismos para su implementación a través
de una agenda.
De esta manera fue que 31 de diciembre de 1991, en la sede de la Naciones
Unidas, los negociadores celebran la última ronda de negociación que declara
como definitivos los acuerdos suscritos en San José, México y Nueva York , y cuya
ejecución propiciará el cese definitivo del enfrentamiento armado salvadoreño.
La ronda final de Nueva York hace énfasis en la voluntad bilateral de
mantener una atmósfera propicia en las posteriores rondas ( 5 de enero de 1992 ),
donde ha de fijarse la fecha exacta de la firma de los Acuerdos finales de Paz.
20
La culminación de un arduo proceso de negociación, iniciado en 1990, abre
una perspectiva diferente para la sociedad salvadoreña que comienza, a partir
del 16 de enero de 1992, una nueva etapa hacia la consolidación democrática.
No hay duda que la negociación política de los Acuerdos de Paz, suscritos en
Chapultepec, México, solidificó la vocación democrática de los salvadoreños y
puso de manifiesto la posibilidad real de la concertación.
Con la finalización del conflicto armado, la sociedad salvadoreña inicia el
recorrido por los senderos de la democracia brindando a sus integrantes la
posibilidad de la conciliación y convivencia armónica.
1.4. LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA APERTURA DEMOCRÁTICA DE LA
SOCIEDAD SALVADOREÑA.
La firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México, el 16 de enero
de 1992, significó para la vida social salvadoreña el inicio de una nueva etapa
histórico-social, donde la culminación de la guerra abre la posibilidad “ para
21
convivir
fraternal
y
solidariamente
y
para
crear
condiciones
para
la
transformación de esta sociedad en otra muy justa”/13.
Pero como era de suponerse, la abrupta transición de una sociedad en
guerra a una sociedad en paz, traería grandes ajustes a las estructuras
institucionales que hasta antes de la firma de los acuerdos se mantenían.
Chapultepec puso fin a la era militarista de la sociedad salvadoreña y
abrió espacio para la constitución de una sociedad civil participativa “cuyos
ciudadanos deben y pueden organizarse libremente sin pedir permiso al
Estado”/14. La desmilitarización de la sociedad implica no sólo la drástica
reducción del número de elementos, sino que una profunda transformación
ideológica de la institución “la cual ya no gozará de un poder absoluto, por
encima de la sociedad y el derecho “/15
.
1.4.1. EXPECTATIVAS Y RIESGOS DE LOS ACUERDOS DE PAZ.
Como es normal, todo proceso de reajuste social conlleva ciertos riesgos y
expectativas. En el caso particular del proceso de paz salvadoreño, éstos no
dejan de generarse, sobre todo, por parte de las organizaciones sociales que han
seguido el proceso de negociación con detalle.
En términos generales, las expectativas más arraigadas en estos grupos son
las relativas al proceso
de desmilitarización y su conversión
en un nuevo
concepto de seguridad pública ( PNC ). La supresión de los antiguos aparatos
13
/ECA. Estudios Centroamericanos. UCA. Año XLVII N° 519-520. Enero – Febrero 1992. Pág. 5
14
/Roggenbuck, Stefan. “ Sociedad Civil y Sociedad Política” artículo en “ Sociedad Participativa en
El Salvador “. Fundación Konrad Adenauer. San Salvador 1995. Pág.3.
15
/ECA. Estudios Centroamericanos. UCA. Año XLVII N° 519-520. Enero – Febrero 1992. Pág. 6.
22
represivos del Estado, es tomada a bien por todos los sectores sociales, pues les
permite accesar de manera directa a los espacios políticos vedados durante el
conflicto armado. Pero la desmilitarización también plantea retos al Gobierno,
que en lo sucesivo, tendrá que defender sus programas con instrumentos políticos
adecuados a la nueva etapa social del país. A partir de la firma de los Acuerdos
de Paz de Chapultepec, México, el Estado debe cambiar su rol y adecuarse a las
nuevas exigencias, tendrá que abandonar sus antiguas posturas inquisitivas y
convertirse en un ente de concertación cuyas posiciones deben ser discutidas
públicamente y beneficiar a las mayorías.
Corresponde al Estado en su nuevo rol, propiciar una política de paz con
justicia social, pues solamente de esta manera, podrán superarse las causas
estructurales que generaron el conflicto armado. Se trata pues, de que el Estado
reasigne sus funciones y genere las garantías necesarias para dar carácter
irreversible a los Acuerdos de Paz.
Producto de la presión interna, el Gobierno se vio obligado a garantizar la
continuidad del proceso de paz a través de la ejecución de acciones como:
La instalación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz
(COPAZ ), que sitúa a la oposición política como supervisor efectivo del
Gobierno. Gracias a COPAZ, la confrontación izquierda derecha, comienza a
superarse
La supervisión de la Comunidad internacional, lo cual permitirá la construcción
de los acuerdos suscritos en Chapultepec, México. En este sentido, es
23
importante la reorientación política de los Estados Unidos, pues “ya ha
abandonado la obsesión ideológica y militar “/16.
La presencia militar de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento del cese
armado y la integración del FMLN a la vida política.
La participación de las organizaciones populares en el cumplimiento de los
acuerdos.
En lo relativo a los riesgos que conlleva la implementación de los Acuerdos de
Paz, destaca la poca negociación , durante el proceso, en materia económica;
lo cual podría agudizar nuevamente las causas estructurales del conflicto y
generar una nueva confrontación. En efecto, la negociación enfatiza el cese de
las acciones bélicas, pero olvida algunos puntos medulares como la tenencia de
la tierra, la erradicación de la pobreza extrema y la humanización del modelo
económico impulsado por el Gobierno.
Resulta importante , para el feliz término del proceso, la implementación de
medidas certeras que alivien el alto peso económico acarreado por las grandes
mayorías. Aunque la reconstrucción nacional es tarea de todos, debe tenerse
muy en cuenta que junto al crecimiento material e infraestructural, se necesitan
nuevos fundamentos éticos.
En resumen, esta nueva etapa histórica de El Salvador , requiere de esfuerzos
colectivos, de participación ciudadana y el surgimiento de nuevas instituciones
políticas que representen verdaderamente los ideales de la nueva sociedad en
construcción.
16
/ Ibídem. Pág. 8
24
1.4.2. LIMITACIONES Y ALCANCES DEL PROCESO DE PAZ.
Si bien es cierto que la firma de los Acuerdo de Paz en Chapultepec,
México, resulta un caso insólito en las guerras civiles de todo el mundo, éste
adolece de algunas limitantes que pueden entorpecer el desarrollo del mismo.
Al respecto destaca la poca importancia atribuida durante la negociación
a las causas estructurales del conflicto, sobre todo, aquellas que conciernen a la
distribución y tenencia de la tierra. A excepción de algunos puntos relacionados a
la consolidación de la reforma agraria, la negociación FMLN - Gobierno, no prevé
la amplia demanda de tierra y recursos económicos que
producirá la
desmovilización del ejército y la guerrilla .
Otra importante limitación en el proceso de paz la constituye el radicalismo
de alguna parte del sector industrial salvadoreño que bajo ninguna perspectiva
está dispuesto a aportar dinero para programas de reinsersión social. Esto
lógicamente tiene un fuerte impacto en la economía estatal , que se endeuda
más o recurre a programas de donación que le permitan financiar los Acuerdos
de Paz.
Ante
la
poca
capacidad
económica,
el
Gobierno
plantea
una
reestructuración de la recaudación fiscal, es decir, aumentar tres puntos al
Impuesto al Valor Agregado ( IVA ), para que sean los mismos salvadoreños los
que paguen los “ costos de la paz “. Coyuntural o no, la medida impulsada por el
gobierno arenero termina nuevamente afectando la economía de las mayorías.
En relación a los alcances de la firma de los Acuerdos de Chapultepec,
México, el panorama se presenta más alentador, pues los drásticos cambios en la
25
organización social del país brindan una mayor apertura y propician un
verdadero pluralismo, síntoma claro de una naciente democracia.
La desmilitarización de la sociedad salvadoreña y el fin de los aparatos
represivos de la oligarquía, permiten la incorporación de la sociedad civil en
general a las actividades de cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Con la llegada de la paz, el control del ejército sobre el poder político
desaparece. La autonomía de poderes comienza a vislumbrarse realmente
durante este período, pues el Estado reencausa sus roles y deja de preocuparse
exclusivamente por el conflicto armado para atender programas de bienestar
social dentro de los grupos económicamente más desprotegidos.
Para el Gobierno, la firma de los Acuerdos de Paz supone la transacción de
espacios políticos, de manera que exista cabida para una nueva fuerza: la
izquierda, que con todos su empuje está dispuesta a convertirse en una
verdadera oposición para el Gobierno.
Para el FMLN, los Acuerdos no sólo representan la más digna salida del
conflicto armado, sino la posibilidad real de convertirse en una fuerza política
legalmente establecida y representativa de las grandes mayorías.
Para el Gobierno norteamericano, la finalización del conflicto supone una
oportunidad que “ le permite zafarse de una situación contracorriente en su patio
trasero “/17. Es decir, una buena oportunidad para evitar los gastos que ocasiona
la pacificación de Centro América.
17
/ Arriola, Joaquín. Et al. “ Alcances y límites de la Concertación Social “ ECA. Estudios
Centroamericanos. UCA. Año XLVII. N° 521. Marzo 1992.Pág. 218
26
Para lo Fuerza Armada, los Acuerdos, significaron la pérdida
de muy
buenos privilegios ( Franquicias , IPSFA. [Instituto de Previsión Social de la Fuerza
Armada] ) y la significativa reducción de su presupuesto institucional.
Finalmente, para el pueblo salvadoreño, los Acuerdos de Paz, significaron
ganancia
en el campo político y el inicio de una cultura democrática con
respeto a los Derechos Humanos.
En síntesis, desmilitarización y apertura democrática son los dos principales
legados de la firma de los Acuerdos de Paz, que representan para la nueva
sociedad civil salvadoreña, la oportunidad de encausar sus estructuras e
instituciones hacia la política participativa.
1.4.3. LA SOCIEDAD CIVIL SALVADOREÑA Y EL NUEVO ROL DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
La Firma de los Acuerdos de Chapultepec, México, permite
la
participación de los ciudadanos ( que han dejado de ser simples electores ) en
actividades estrictamente políticas. “ La formación libre, el funcionamiento
autónomo y la relación mutua basada en la libertad de asociaciones, gremiales y
partidos, constituyen el fundamento del pluralismo de la sociedad civil.”/18.
El tránsito de una sociedad militarista, altamente polarizada en sus
estructuras políticas, a una participativa; supuso la disolución de las viejas
estructuras ideológicas del Gobierno y la renovación doctrinaria de los partidos
18
/ Roggenbuck, Stefan. “ Sociedad Civil y Sociedad Política “ en “ Sociedad Participativa en El
Salvador “. Fundación Konrad Adenauer. San Salvador 1995.Pág. 4.
27
políticos que en lo sucesivo deben convertirse en verdaderos representantes de
las mayorías.
Los retos de la sociedad participativa son variados, sobre todos si se toma
en cuenta que los ciudadanos que la constituyen son entes críticos y propositivos,
“ desconfiados y exigentes con respecto a la articulación y representación de sus
intereses “/19
En el caso de la sociedad salvadoreña de postguerra,
dichas
características se acentúan, pues la irrepresentabilidad de los partidos políticos
obliga a muchos salvadoreños a buscar nuevas alternativas que satisfagan su
nuevo pensamiento político. Una de las principales innovaciones de esta
transición democrática salvadoreña es el surgimiento de una verdadera sociedad
participativa donde el liderazgo político deja de ser una actividad propia de una
clase: los políticos ; para convertirse en derecho de cualquier ciudadano.
La nueva política exige nuevas leyes , y por lo tanto, una nueva clase
política agrupada en nuevos institutos. Los partidos políticos de los tiempos de paz
no pueden seguir promoviendo doctrinas sectaristas, su rol debe modificarse de
manera
que
logre
crear
instituciones
representativas
y
que
aporten
significativamente al proceso de paz que juntos construimos desde 1992.
Los nuevos actores del proceso político, deben recoger y representar los
intereses sociales mayoritarios, pero deben estar concientes de que “ el pueblo
parece estar cansado de la forma como actúan los partidos políticos “ /20. Ante
19
20
/ Ibídem. Pág. 5
/ Roggenbuck, Stefan. “ El Papel de los partidos políticos en la transición salvadoreña “ , en
“ Partidos y actores políticos en transición: La derecha, la izquierda, y el centro en El Salvador “.
Fundación Konrad Adenauer. San Salvador 1996. Pág.4
28
esta inconformidad del electorado, los nuevos políticos deben cumplir una nueva
misión: movilizar y socializar a los ciudadanos. “ Iguales derechos y prerrogativas
para todos los ciudadanos “ constituye el ofrecimiento inmediato de los partidos
políticos que en buena parte han comprendido, luego de firmados los Acuerdos
de Paz, “ que su misión es la de representar a la sociedad en su conjunto y de no
favorecer la división de clases al representar a un solo sector de la misma “ /21.
La pluralidad política de la nueva sociedad civil salvadoreña resulta vital
para la correlación de fuerzas y la reasignación de cuotas de poder, de manera
que, el partido político deje de ser una simple institución eleccionaria y se
convierta en un ente dinámico, cuyos aportes a la consolidación del proceso de
paz sean trascendentales.
En síntesis, los nuevos tiempos exigen a los partidos políticos su
modernización, sin olvidar que su poder radica en la representatividad que tienen
y que por lo tanto, democratizarse es prioritario dentro de esta nueva etapa
transitoria.
Todos los esfuerzos de los políticos deben orientarse a la consecución del
bienestar común y la concertación, pues únicamente de esta manera, los
Acuerdos de Paz, suscritos en Chapultepec, México, podrán convertirse en una
realidad irreversible y de amplia cobertura.
Los políticos deben rehacerse de la confianza ciudadana, deben recordar
que ante todo son representantes, gestores de un orden democrático
compartido con sus conciudadanos, y que por lo tanto, su principal cometido es
21
/ Ibídem. Pág. 7.
29
velar por el estricto cumplimiento de las leyes y la búsqueda del beneficio
general.
Corresponde además al político de esta época, propiciar la cultura del
debate; tan requerida para el fortalecimiento de la democracia. Grandes pactos
sociales deben generarse a la brevedad posible, sólo así, la grave crisis política
podrá ser superada y el país podrá encaminarse por el auténtico camino de la
gobernabilidad con equidad social.