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34 / SOCIEDAD
EL PAÍS, lunes 26 de septiembre de 2005
Opio para medicinas
Un foro europeo propone a Afganistán exportar droga para uso legal y vender sus derivados
ÁNGELES ESPINOSA, Kabul
ENVIADA ESPECIAL
El cultivo de opio constituye
uno de los mayores obstáculos
para la reconstrucción de Afganistán. A falta de cultivos alternativos que generen los suficientes ingresos para los agricultores, las campañas del Gobierno
para su erradicación sólo crean
más pobreza y malestar en las
comunidades rurales. The Senlis
Council, un foro europeo de políticas sobre drogas, presenta esta
mañana en Kabul una propuesta innovadora: conceder a Afganistán una licencia internacional
para que pueda exportar opio
para usos legales y crear una industria local para sus derivados.
“El nivel de desarrollo es tan
bajo que los cultivos alternativos no facilitan suficientes ingresos para los agricultores”, explica un portavoz, Jorrit Kamminga. Hay dos problemas principales: la falta de infraestructuras
viarias para comercializar los
sustitutos (azafrán, nueces o flores) y el endeudamiento de las
comunidades rurales, que sólo
consiguen adelantos de efectivo
de los narcotraficantes.
Afganistán ha reducido este
año un 21% sus cultivos de opio
(de 131.000 a 104.000 hectáreas), según los datos preliminares de un informe que publicará
en las próximas semanas la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito. Pero apenas ha
supuesto un descenso del 2% de
su producción (de 4.200 a 4.100
toneladas), la más alta del mundo y origen del 90% de la heroína que se consume en Europa.
Los cultivos alternativos no
ofrecen una solución inmediata
en un país sin apenas carreteras
y, tal como advierte el Banco
Mundial en su primer informe
sobre Afganistán en 25 años, “la
erradicación en ausencia de sustentos alternativos no funciona,
aunque puede reforzar su desarrollo si les sigue en lugar de precederlos”. Y ahí es donde encaja
la propuesta de The Senlis Council, en cuyo comité de sabios figuran entre otros los españoles Manuela Carmela (juez del Supremo) y Juan Luis Cebrián
(consejero delegado del Grupo
PRISA, que edita este diario).
De acuerdo con el estudio de
viabilidad realizado, Senlis recomienda que “se desarrolle una
vía rápida para que Afganistán
Campesinos afganos, en cultivos de amapola de opio. / ASSOCIATED PRESS
pueda producir opio bajo una
licencia controlada” y que “se
investigue la posibilidad de una
marca y un acceso especial al
mercado para la morfina y la
codeína afganas”. También pide
que se evite la “creciente militarización de la política antidrogas
afgana”. La producción legal de
opio está regulada por una convención de la ONU de 1961.
“La licencia no sería ni siquiera necesaria si Afganistán
produjera medicinas para el
mercado nacional”, apunta
Kamminga. “Aquí no se dispone ni de morfina ni de codeína
[dos derivados del opio], y cuando se encuentran, se trata de
productos diluidos traídos de
Pakistán”, explica. Pero puestos a ser ambiciosos, Afganistán también podría exportar
esos productos. Según los datos
que maneja Senlis, existe un déficit mundial de 10.000 toneladas de morfina y la producción
afgana de opio ronda las 4.000.
“No proponemos convertir
toda la producción en legal”, precisa Kamminga. Sería contraproducente porque, además de convertir el opio en un monocultivo,
con los problemas añadidos que
genera en cualquier economía,
distorsionaría el mercado. A
igual demanda, subiría el precio
de la droga (como ya pasó a raíz
de la erradicación de los talibanes en 2000), y el previsible descenso de los precios de las medicinas afectaría a los ingresos de los
agricultores que se verían de nuevo tentados por el cultivo ilícito.
La propuesta de esta organización no gubernamental y sin
Este cultivo “provee
sustento a muchos
afganos, pero sólo
enriquece a algunos”
ánimo de lucro es una solución
complementaria y de transición. “Se trata de generar recursos para incrementar las posibilidades de que las comunidades
rurales pasen de una economía
ilegal a una economía legal”,
elabora el portavoz. El 80% de
los afganos vive aún en zonas
rurales y su dependencia del dinero de la droga deriva no sólo
de los mayores ingresos que proporciona la amapola o del menor riesgo climático de su culti-
vo, sino de que constituye el único medio de obtener créditos.
Tal como subraya el estudio,
aunque la economía ilegal del
opio “provee sustento a muchos
afganos, sólo enriquece a unos
pocos”. Son ingresos que, además de florecer en la inseguridad y la ausencia de un Estado
de derecho, no pagan impuestos
y, por tanto, privan al sector público de los fondos necesarios
para mejorar las infraestructuras. El sistema de licencia ayudaría a hacer aflorar ese negocio,
defiende Senlis, y reduciría significativamente los riesgos asociados con las actuales prácticas.
Pero no es tan fácil. Por un
lado, el proyecto tiene que asegurarse de que el opio para medicinas puede proporcionar ingresos equivalentes al ilícito, y por
otro, vencer varios problemas
políticos. “El opio es una droga
y no podemos enviar mensajes
contradictorios, fomentando su
cultivo cuando el Gobierno trata de erradicarla”, explica Kamminga. Más complicado parece
vencer los intereses económicos
y comerciales de los actuales países productores, como India y
Turquía, a los que Afganistán
haría competencia.
Francia experimenta el cultivo de viñas
transgénicas para combatir una plaga
E. DE. B., Madrid
El Instituto de Investigaciones
Agrarias de Francia va a plantar
viñas tratadas genéticamente para resistir una infección vírica.
La enfermedad que se quiere
combatir es la llamada virosis de
la degeneración infecciosa o del
entrenudo corto, una plaga que
reduce el tamaño de las plantas,
las debilita y disminuye su producción. El virus que la causa se
transmite por un gusano subterráneo.
El presidente del Instituto
Agrario francés, Jean Masson,
ha explicado que para evitar el
riesgo de posibles cruces entre las
plantas modificadas genéticamente y el resto de las viñas, se
eliminarán las flores de las plantas tratadas. Ello impedirá, asimismo, que las viñas modificadas genéticamente den fruto y garantizará la no entrada de las
uvas modificadas en el mercado
y en la cadena alimentaria de ninguna especie.
Aún en el caso de que estas
medidas fallaran, Masson aclaró
que la fruta obtenida no sería
transgénica. El experimento consistirá en utilizar plantones modificados genéticamente a los que
se les injertarán vides de 70 especies comerciales. De esta manera
las raíces de la vid estarán protegidas contra la picadura del gusano que transmite la enfermedad,
pero el posible fruto tendrá el genoma de los injertos.
Los experimentos con viñas
han sido muy discutidos en Francia, y hubo que paralizarlos, incluso se arrancaron las viñas, por
la oposición de los grupos contrarios a estas prácticas. Estos grupos no quieren que se cultiven
estas vides al aire libre sino en
invernaderos, un sistema más caro y que no reproduce las condiciones exactas del exterior para
llevar a buen fin los ensayos, según opinan los expertos que también se quejan de la escasa capacidad de este tipo de instalaciones.
El Gobierno
presentará el
Estatuto del
Cooperante antes
de fin de año
MIGUEL BAYÓN, Madrid
El Gobierno presentará antes de
fin de año un proyecto de ley
sobre el Estatuto del Cooperante, han manifestado a este periódico fuentes de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional (SECI). Ese estatuto es
una de las reivindicaciones históricas del sector, y beneficiará a
1.400 cooperantes que desempeñan su labor fuera de España. La
Ley de Cooperación de 1998 ya
mandataba la puesta en marcha
del estatuto, pero durante los gobiernos del PP no se plasmó.
“La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
ha estudiado otras experiencias
europeas, y se está trabajando
en materias de Seguridad Social, empleo y régimen fiscal, y
siempre en contacto con el colectivo de organizaciones no gubernamentales y de cooperantes”,
señalaron las fuentes de Cooperación.
El Estatuto del Cooperante
deberá regular, entre otros aspectos, los derechos laborales y de
contratación, el régimen de seguridad social, la fiscalidad, la atención sanitaria y el registro público de quienes desempeñan trabajos de cooperación en el extranjero y, en su caso, la reinserción
profesional cuando regresa a España. Las ONG también reivindican que el personal voluntario,
aunque excluido del concepto de
cooperante, tenga garantizados
todos esos derechos, excepto los
estrictamente laborales.
La Coordinadora de ONG de
Desarrollo (Congde) se cuestionaba en el año 2003: “¿Por qué,
pagando los mismos impuestos
que el resto de los españoles, a
los cooperantes no les cubre la
asistencia sanitaria? ¿Por qué los
hijos de los cooperantes no tienen derecho a la educación gratuita en los países donde sus padres trabajan?”.
Protestas del PP
El PP, por medio del ex director
general de la Agencia Española
de Cooperación, Rafael Martínez-Ponga, ha expresado sus críticas al Gobierno por “no haber
presentado un Estatuto del Cooperante en 17 meses. Nosotros
presentamos un proyecto en julio
de 2004, pero por nuestra actual
situación parlamentaria no logramos que pasara”, añade Martínez-Ponga.
“El pasado diciembre todos
los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, aprobamos una proposición no de
ley, presentada por el partido
socialista, que instaba al Gobierno a presentar el estatuto
antes de finalizar el presente
año”, dice Carles Campuzano,
de CiU, que, con Xavier Trias,
presentó en 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, un
proyecto de estatuto para los
cooperantes.
Hace tres años, en 2002, el
Congreso de los Diputados
aprobó una moción, que incluía
el compromiso del PP, para instar al Gobierno del presidente
Aznar a presentar en el más breve plazo posible un proyecto de
ley regulador del estatuto. No
hubo tal.