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LA POLÍTICA DE DESENDEUDAMIENTO DE LA ARGENTINA FRENTE A LA DECISIÓN DE LA
CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Como consecuencia de décadas de neoliberalismo y sobreendeudamiento, la economía
argentina fue conducida al default en el año 2001, el más grande que tuvo lugar en la historia de la
humanidad, por un monto total, sólo en títulos públicos, de US$ 81.836 millones.
En aquel momento la economía argentina presentaba un muy complejo cuadro socio
económico, con casi el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, una relación
deuda/PBI que llegó al 167%, el desempleo rondando el 25% y el quiebre de la relación entre los
ciudadanos y la política, como punto fundante de la democracia y mecanismo de mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
A partir del año 2003, con la puesta en marcha de un conjunto de políticas, cuyo objetivo fue
el de estimular el crecimiento económico y avanzar en términos redistributivos y sociales, la
Argentina dejó atrás años de tropiezos, de idas y vueltas, y comenzó un periodo de crecimiento que
se desarrolla hasta la actualidad y que no tiene comparación –en extensión y en el nivel de las altas
tasas de crecimiento verificadas- con ningún otro momento en nuestra historia. Este se ha
caracterizado por valorar como prioritario el crecer a altas tasas y en poner el énfasis en que el
trabajo decente sea el ordenador de un proyecto político inclusivo. Además, se ha retornado a la
idea que ningún proceso de desarrollo puede ser exitoso si no lo conduce el Estado a partir del
estímulo de la demanda efectiva, junto con la implementación de políticas sociales con el objetivo de
atender demandas de los sectores más vulnerables, que fueron los que resultaron más perjudicados,
tanto por la aplicación de políticas neoliberales en su momento, como también por el impacto de la
crisis provocada por estas.
En simultáneo, la Argentina se planteó la necesidad ineludible de salir de la situación de
cesación de pagos en la que se encontraba. Cabe mencionar, que el sobreendeudamiento argentino
no ha sido un dispositivo que se le pueda adjudicar al actual gobierno, sino que ha sido patrimonio
de los gobiernos que se sucedieron desde el año 1976 al 2002, y funcionó como un mecanismo para
potenciar la valorización financiera del capital, dolarizar excedentes y fugarlos al exterior y para
esconder bajo la alfombra problemas estructurales de la economía argentina, como lo es su cíclica
falencia de escasez de divisas. El cambio de proyecto político dado en 2003, en términos de la
deuda externa, se comenzó a materializar en 2005 cuando se convocó a un canje voluntario de los
bonos en default por nuevos títulos de deuda emitidos por el gobierno nacional. El principio rector de
la propuesta presentada por la Argentina fue la defensa de la soberanía nacional y su objetivo fue
pagar, pero sin afectar el crecimiento económico y la inclusión social, en contraposición de lo
actuado en años anteriores donde el pago de deuda era el renglón más importante en términos del
presupuesto nacional. La idea entonces fue la de poner el orden el frente externo y respetar las
nuevas obligaciones contraídas, pero sin comprometer el proceso de crecimiento.
La posición con que se iba a realizar la salida del default fue ejemplificada muy bien por el
Dr. Kirchner en la Asamblea de Naciones Unidas de 2003 cuando expresó: “Déjennos crecer, porque
los muertos no pagan las deudas”. Esto quedó plasmado en las características de la propuesta, en
términos de tasas de interés, estructura de los instrumentos nuevos y plazos. Gran parte de los
bonos nuevos contemplaron períodos de gracia, de manera de postergar los pagos de intereses y de
esa forma no ahogar financieramente a la economía. El resultado de este proceso de canje
voluntario fue que el mismo alcanzó un 76% de aceptación, es decir, un monto total de US$ 62.318
millones fueron canjeados por títulos nuevos. El éxito de esta reestructuración favoreció la dinámica
de crecimiento de la Argentina y ayudó a recomponer sus vínculos con el resto del mundo, tanto
financiero como comercial. En el inicio del año 2006 la Argentina canceló completamente la deuda
que tenía al momento con el FMI, por un total de US$ 9.530 millones, poniendo fin a las
condicionalidades de este organismo sobre nuestras políticas económicas, y recuperando
definitivamente la soberanía nacional en materia económica. Más adelante, en el año 2010 se
decidió abrir un nuevo canje para aquel 24% de tenedores de bonos en default (holdouts) que no
habían aceptado el canje voluntario del 2005, con las mismas condiciones ofrecidas en aquel
momento. En este caso, el porcentaje de aceptación alcanzó un 15,7% del monto total original, es
decir se canjearon títulos por un total de US$ 12.862 millones. El resultado final global de ambos
canjes arroja como resultado un porcentaje de aceptación del 93%.
No obstante, un 7% de los tenedores originales decidieron mantener su situación de
holdouts, entre los que se encuentran un grupo de fondos buitre. Es importante aclarar que estos
fondos se dedican a comprar títulos de deuda de países, una vez que los mismos se encuentran en
situación de default y pagando precios muy bajos por los mismos, con el objetivo de presionar a
través de vericuetos legales, principalmente en sedes extranjeras, para cobrar el 100% del valor
nominal de los títulos soberanos, obteniendo de esta forma tasas de rentabilidad extraordinarias.
En los últimos meses la Argentina continuó avanzando en el ordenamiento total del frente
financiero externo, lo cual se evidencia en el acuerdo con un grupo de empresas que tenían
sentencia firme contra el país en el marco del CIADI, el acuerdo con la empresa Repsol tras la
expropiación de la porción mayoritaria de las acciones de YPF y, finalmente, el acuerdo con el Club
de París, con quien manteníamos una deuda histórica que tuvo su origen durante una etapa de
gobiernos de facto, y que registró su crecimiento más importante en décadas dominadas por
políticas neoliberales.
Mientras tanto, el Fondo Buitre NML de propiedad de Paul Singer fue avanzando en la
justicia de los Estados Unidos, con fallos a su favor de parte del juzgado a cargo del Juez Griesa en
Nueva York. Resulta importante destacar que uno de los pilares del modelo económico argentino de
la última década ha sido la política de desendeudamiento, que llevó la relación entre la deuda
pública bruta y el PBI -una de las medidas comúnmente utilizadas para describir el nivel de
endeudamiento de una nación- desde un 167% en el año 2002 hasta menos de un 40% en la
actualidad. Junto con el desendeudamiento también se mejoró de manera sustancial la estructura de
la deuda, alargando plazos e incrementando el porcentaje en pesos y en el mercado interno
(denominado intra sector público) por sobre la deuda externa y en dólares. Durante estos años el
país cumplió con todos los pagos, ya sea de intereses o de vencimientos de capital, habiendo
abonado por estos conceptos alrededor de US$ 174.000 millones. Incluso se pagó todos los años,
un adicional que se creó en su momento, con el objetivo de tentar a los inversores para que
aceptaran el canje; se trata de un título que paga todos los fines de año un monto que se calcula a
partir de la tasa de crecimiento que haya registrado la economía en el año anterior. La idea de este
bono fue la de vincular los pagos a la capacidad de pago del país, dada por su crecimiento
económico.
Sin embargo, un grupo minúsculo de inversores que en ninguna de las dos oportunidades
aceptó las propuestas de nuestro país, afecta la solución final al problema de la deuda externa
argentina. Se trata, en mayor medida, de los internacionalmente conocidos como “Fondos Buitre”,
cuyo nombre deviene de su política de expoliar a los países sobreendeudados luego de una crisis
profunda comprando su deuda a precios de remate. Como ya explicamos, el negocio de estos
fondos se basa en comprar títulos de deuda de un país una vez que el mismo ha declarado el
default, con todo el daño en términos económicos y sociales que esto implica, para luego operar a
través de poderosos mecanismos de lobby, apoyados por dispositivos jurídicos y políticos de las
economías más poderosas del mundo, y presionar al emisor de los títulos a pagar el 100% del valor
original de cada uno de ellos, más los intereses originales y los punitorios propios del no pago. Es
importante tener en cuenta que no se trata de un inversor inocente que compró el título en
condiciones de normalidad (no son el remanido caso de los jubilados italianos o japoneses haciendo
un inversión financiera) y que luego se vieran sorprendidos por la aparición de un default y sufrieran
un perjuicio en consecuencia, sino de un inversor sofisticado que paga muy poco por ese bono que
carece de valor bajo las condiciones descriptas y apunta a obtener una rentabilidad extraordinaria.
Estos fondos suelen estar radicados en paraísos fiscales con el objetivo de eludir
regulaciones y no tributar en ninguna plaza. Tras varios años de litigio en la justicia de los Estados
Unidos, estos fondos han obtenido una serie de fallos favorables, es decir, la justicia se ha expedido
a favor del reclamo del reconocimiento del pago del 100% de los bonos en cuestión (se trata de
menos del 1% de los tenedores de bonos argentinos). Como justificación de esta decisión se utiliza
el concepto “pari passu”, o principio de igualdad. ¿A qué igualdad se refiere el tribunal? Un 93% de
los acreedores originales aceptó las condiciones oportunamente descriptas. La justicia
norteamericana ignora esta situación y pretende aplicar la idea de igualdad sobre el hecho de que si
existen tenedores de deuda que cobran normalmente (quienes ingresaron oportunamente a los
canjes voluntarios), todos deberían cobrar por los títulos que tienen, los holdouts también, pero no
sobre qué cobra y de qué forma se paga al resto de los bonistas que si aceptó el canje.
La racionalidad indicaría que la presión de un grupo muy pequeño, que además tiene las
características y el comportamiento descripto, no debiera ser considerado frente a una abrumadora
mayoría que posee en la actualidad una deuda normalizada y un Estado soberano que cumple el
compromiso asumido. La no aceptación del caso de parte de la Corte Suprema de EE.UU, deja firme
el fallo del Juez Griesa, es decir, la obligación de pagar un monto de aproximadamente US$ 1.500
millones a favor del Fondo NML. El problema que conlleva el fallo en firme es que se presentarían
rápidamente pedidos de pago por parte del resto de los inversores que conforman el grupo de los
holdouts, lo cual incrementaría el monto en alrededor de US$ 15.000 millones. Más allá de la
injusticia del caso, resulta imposible para el país realizar un pago en efectivo por ese monto.
Por este motivo, y en una muestra contundente de voluntad de pago, se anunció la puesta
en marcha de un proceso voluntario de canje por cambio de jurisdicción de la deuda performing para
aquellos títulos que actualmente se encuentran bajo jurisdicción internacional, para que pasen a
hacerlo bajo jurisdicción local. El objetivo subyacente, es el de proteger a estos inversores frente a la
eventualidad de algún tipo de embargo en los pagos de estos bonos en la plaza norteamericana de
parte de la justicia de ese país; ya que, al realizarse la liquidación y el pago a través de la Caja de
Valores, los mismos permanecerían exentos frente a esta situación eventual al ingresar los fondos a
ese país.
La política de desendeudamiento de nuestro país, que tantos beneficios trajo hacia adentro,
resultó también, la pérdida de un gran negocio financiero para aquellas entidades acostumbradas a
lucrar con la deuda de las economías en desarrollo. Asimismo, permitió independizar la política
económica de los condicionamientos de los organismos multilaterales que continúan imponiendo sus
recetas a cambio de paquetes de ayuda financiera a los países de Europa que hoy atraviesan una
profunda crisis económica.
La probabilidad de que otros países imiten el sendero recorrido por la Argentina, es motivo
de preocupación en el mercado financiero global, ya que poner freno a las ganancias especulativas
extraordinarias y desconectadas de la realidad económica y el interés productivo nacional,
conduciría a una mayor solvencia e independencia económica de los países hoy grandes deudores y
una pérdida de negocios financieros especulativos de semejante índole. Prueba de ello es que, en la
actualidad, nuestra economía presenta indicadores de solvencia entre los más altos del mundo y, sin
embargo, recibe una calificación negativa y se encuentra frente a una situación muy incómoda por
un grupo de inversores sofisticados que con prácticas extorsivas pretenden hacer caer toda la
exitosa reestructuración de deuda argentina.
Sin duda, esta situación, pone en duda la eficacia de cualquier canje de deuda soberana de
los países ya que se desprende que cualquier país que imite el caso argentino será tratado de la
misma forma por los grandes especuladores. Nuestro Gobierno Nacional ha demostrado en
reiteradas ocasiones su voluntad de negociación, siempre defendiendo los intereses nacionales y sin
comprometer la dinámica económica ni resignar avances sociales fundamentales. Desde el
Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno apoyamos la
posición de la Argentina frente a esta situación, entendiendo la importancia de cerrar exitosamente
este capítulo, tanto para la economía nacional, como por el peligroso antecedente a nivel
internacional que implicaría lo contrario.
Departamento de Economía y Administración de la UNM