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HACER PATENTE LA REALIDAD : NO EXISTE VIVIENDA SOCIAL Según la población andaluza1, entre las cuestiones que más han mejorado en Andalucía en los últimos dos o tres años destacan las carreteras y las obras públicas (64 %), la atención a las personas mayores (55,4 %), el turismo (51,7 %) y la atención sanitaria (49,8 %). De las que se perciben que han mejorado menos destacan, al igual que el pasado año, la vivienda (10,0 %) o el empleo (13,5 %), que son al mismo tiempo los problemas que más preocupan. Los gigantescos incrementos registrados por los precios de la vivienda en los últimos diez años han expulsado del mercado a numerosas familias y potenciales compradores. Los bajos tipos de interés, el alargamiento de los plazos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos a la hora de conceder préstamos no han podido contrarrestar, sin embargo, el diferencial registrado entre la subida de los precios y el de los salarios entre 1995 y 2005. Así, mientras que las viviendas se han encarecido un 145% durante este periodo, el incremento porcentual del salario bruto medio ha sido solamente del 37%. En sólo el primer trimestre de 2006, el encarecimiento ha sido del 3,5%. Este dato supone una constatación de que los precios de la vivienda están fuera de control, dado que en el trimestre anterior el encarecimiento había sido del 2,40 por ciento. En lo que se refiere a la vivienda protegida, los datos tampoco son positivos. El crecimiento de precios al final del primer trimestre, alcanzaba un 6,4 %, interanual, con una subida del 2,8 % en el primer trimestre de 2006. Ambas tasas de crecimiento son superiores a las de un año antes. Y si hablamos de viviendas de integración social, los datos son estremecedores: 1 - en la ciudad de Córdoba no se están construyendo ni rehabilitando viviendas de este tipo. - la promoción pública en venta ha desaparecido y en la actualidad de siguen firmando adjudicaciones de viviendas de promoción pública de programas anteriores( en torno a los años 80). - Desde el año 2003 no se ha calificado ninguna nueva promoción de viviendas como de integración social. Actualmente solo se están tramitando tres promociones de este tipo de viviendas en pueblos de la provincia. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA).- BARÓMETRO DE OPINIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA– 2005 Desde la APDHA vivimos con muchísima preocupación la dificultad de acceso a la vivienda que tiene un gran sector de la población española, pero, desde la opción que como colectivo hacemos hacia los sectores en exclusión social debemos alzar la voz ante la inexistencia de vivienda de integración social. Junto a las reivindicaciones que exigen a las distintas administraciones que impulsen acciones que posibiliten el acceso a la vivienda (en venta o alquiler) es necesario incidir que es urgente la puesta en marcha de medidas que garanticen el techo ( no sólo el acceso) para aquellas familias con graves dificultades sociales que engloban un 4% de la población - según datos de la propia Junta de Andalucía – al estar en situación de exclusión social. En pocas materias como en la de vivienda protegida, las previsiones desarrolladas legalmente distan tanto de lo que realmente se ejecuta. ¿Que sentido tiene tener un ambicioso Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 si el mismo no se desarrolla? ¿Y el Acuerdo por el suelo residencial y la vivienda protegida entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba de 17 de noviembre de 2003? ¿Hay presupuesto asignado a la vivienda de interés social?¿Por qué no se califican terrenos para viviendas de interés social? El referido Plan se configura como un documento en el que se define la política de vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, diseña los programas de actuación, configura los instrumentos de gestión y asegura la necesaria coordinación interadministrativa para optimizar sus objetivos económicos y alcanzar la mejor solución del problema social de la vivienda. En el mismo se recogen una serie de actuaciones en materia de vivienda que “pretenden” garantizar el acceso a la vivienda a familias mediante distintas formulas, entre las que citamos: Actuaciones de vivienda en venta Viviendas protegidas de régimen especial en venta Viviendas protegidas de iniciativa municipal y autonómicas Viviendas protegidas de precio general Adquisición de viviendas usadas, para su tenencia en régimen de propiedad Actuaciones protegidas de alquiler Viviendas protegidas en alquiler de renta básica Viviendas protegidas en alquiler de iniciativa municipal y autonómica Alojamientos protegidos en alquiler Viviendas para la integración social: bien en promociones públicas de alquiler2, bien mediante promoción pública directa3. Bolsas de alquiler, etc Actuaciones de viviendas para jóvenes Actuaciones de rehabilitación de infravivienda, de barriadas... Facilitar el acceso a la vivienda a las familias con especiales dificultades sociales, mediante la reserva de un porcentaje (una media del 30%) de cada nueva promoción pública de viviendas en alquiler a este colectivo. 3 Facilitar el acceso a la vivienda a las familias con especiales dificultades sociales(no superen 1 IPREM) Se edificará sobre suelos o inmuebles cedidos gratuitamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía o a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para esta finalidad. 2 Así, dentro de las anteriores actuaciones están incluidas tanto la viviendas denominadas “anteriormente” de protección oficial4 como las de promoción públicas destinada éstas últimas a la población con menos recursos. Actuaciones con finalidades muy distintas; si las primeras van destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a familias con unos ingresos más o menos estables, las segundas están destinadas a posibilitar una vivienda ante la imposibilidad de acceder a las viviendas puestas en el mercado ( nos referimos a familias cuyos ingresos anuales estén por debajo de 1 IPREM, o lo que es lo mismo, inferiores a 5.749,20 euros= 956.586,39 pts). Estamos hablando, por tanto, de salarios mensuales por debajo del umbral de 480 euros por unidad familiar. A pesar de lo anterior y pese a que el referido Plan Andaluz de Vivienda y el Acuerdo por el suelo residencial y la vivienda protegida entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba tienen ya tres años de vida no se han puesto en práctica estas actuaciones, sino todo lo contrario. Al igual que no han funcionado las agencias de fomento del alquiler, destaca en nuestra ciudad la disminución en un 95% de las ayudas concedidas a vivienda protegida durante el año 2005 respecto al anterior y la no construcción de viviendas de promoción social pese a tener una amplia lista de espera de solicitantes. Así mismo, es significativo que los programas de vivienda contemplados en los planes anteriores al Plan Andaluz de Vivienda 2003-2007 regulaban tanto la posibilidad de venta como de alquiler de viviendas de promoción pública ( integración social en la actualidad) , y que en la actualidad, sin embargo solo se prevea el alquiler. Observamos con cierta desesperanza como el tema de la vivienda es utilizado políticamente como arma arrojadiza entre los distintos grupos políticos. Las distintas administraciones transigen ,a su conveniencia, con excesivas irregularidades urbanísticas (parcelaciones ilegales, caso carrera del caballo, ventas especulativas de viviendas de VPO, etc) siempre y cuando los afectados resulten útiles a los propósitos de la administración de turno, ya sea financiando proyectos de embellecimiento de la ciudad, abonando cuantiosas multas que aumenten las arcas de las administraciones o asegurando o prolongado el control de parcelas de poder político mediante el aseguramiento de determinados votos. Pero en la referida dinámica no son parte ese 4% de excluidos pues poco pueden aportar, en la mayoría de las ocasiones ni el voto. Ante ellos la administración se muestra con toda su dureza (ellos no cuentan, solo molestan) y así por ejemplo se hace la vista gorda con el ciudadano que para acumular unos ahorros trafica con una vivienda de protección oficial adquirida a bajo precio para venderla posteriormente a un precio que en muchas ocasiones duplica al de adquisición, y sin embargo se criminaliza, castiga y persigue a la familia que cede el uso de una vivienda de promoción pública (por precios ridículos -1000 o 2000 euros- ) igualmente sometida a un régimen de protección. La ausencia de una política de vivienda social se hace muy patente cuando observamos la realidad urbanística de nuestras ciudades, así en Córdoba no pasan desapercibidas muchas realidades entre las que destacan: - El grave deterioro y la ausencia de mantenimiento adecuado que sufren las viviendas sociales de las dos únicas administraciones propietarias de las mismas (Junta de Andalucía y Subdelegación de Gobierno). - Inexistencia de baremo y publicidad en los procedimientos de adjudicación de las viviendas sociales existentes en nuestra ciudad. El Decreto que los regulaba está derogado por lo que nos encontramos ante una situación de vacío legal. - Ausencia de seguimientos y apoyos sociales adecuados de los adjudicatarios de las viviendas sociales. El que la vivienda de integración social sea gestionada en la actualidad por empresas públicas como EPSA (y con subcontratas) está obstaculizando cualquier seguimiento de índole social. - Inadmisibles situaciones de infravivienda. - Emergentes situaciones de chabolismo. - Hacinamiento en multitud de viviendas. - Ausencia de recursos de emergencia . - Inexistencia de política social municipal en esta materia. - Descoordinación absoluta e interesada de las distintas administraciones, las distintas empresa públicas de suelo y de vivienda (Vimcorsa, Provincorsa y Epsa) y la sucesión cadena de subcontratas que operan en los procesos., PROPONEMOS 1. La incorporación en el debate político de la situación de la vivienda de integración social en Córdoba y la puesta en marcha de inmediato del Plan Andaluz de Vivienda 2003-2007 y del Acuerdo por el suelo residencial y la vivienda protegida entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba de 17 de noviembre de 2003 en esta materia. ¿Que sentido tiene tener una ambicioso Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 si el mismo no se desarrolla? ¿Hay presupuesto asignado para vivienda de interés social? ¿Por qué no se califican terrenos para viviendas de interés social? ¿Qué espacio ocupan este tipo de viviendas en el Pacto por la Vivienda? 2. La construcción de viviendas de integración social, promovidas tanto por la administración local como por la autonómica y distribuidas en distintas zonas integrándose con otro tipo de viviendas. Así exigimos el cumplimiento del art. 100 del Plan Andaluz 03/07. de tal forma que puedan convivir en una misma promoción regímenes de vivienda mixtos, evitando la creación de guetos. 3. En el caso de la calle Torremolinos, la inmediata rehabilitación de la zona con medidas sociales. Aunque se ha puesto en marcha el Plan de Rehabilitación de San Martín de Porres, las viviendas más deterioridadas son las que están planificadas rehabilitar en último lugar, pese a las situaciones de insalubridad en la que se encuentran. En el caso del Barrio de Palmeras, el plan de rehabilitación ni siquiera ha comenzado, por lo urgimos en los mismos términos su inicio, así como la realización del mantenimiento básico de los edificios y zonas comunes de las VPP del Polígono Guadalquivir. 4. La equipación con el mobiliario urbano debido y adecuado de estas zonas ( papeleras, contenedores, paradas de bus...) 5. Coordinación entre Administración local y autonómica en la que actúen conjuntamente tanto las dependencias con competencias en vivienda como las competentes de los servicios sociales. La creación de empresas públicas de suelo y de vivienda tales como Vimcorsa, Provincorsa y Epsa , exige un esfuerzo aun mayor para establecer las conexiones que exige el tener una responsabilidad compartida. 6. Contemplar medidas que eviten el deterioro de los barrios en los que se encuentran situadas la VPP. a. Punto cero. Hacer tabla rasa en todos los casos irregulares que existan (regularización), y a partir de ahí realizar un censo actualizado para que no se vuelvan a dar irregularidades. b. Seguimiento por parte de la Administración para que no se den casos como cambio de viviendas, ventas ilegales, tráfico de viviendas..., lo que debe ir unido a una información transparente tanto de los requisitos para ser adjudicatario como de los procedimientos para su concesión. 7. Facilitar el acceso a las viviendas sociales: Establecer una cuota entorno al 5 % de la viviendas protegidas para actuaciones relativas a viviendas de integración social, con la correspondiente reserva presupuestaria. 8. En cuanto a la inexistencia de recursos de emergencia relacionados con la necesidad de vivienda, la puesta en marcha de los alojamientos protegidos en alquiler, con el establecimiento de una reserva presupuestaria para ello. (previstos en el art 36 “..aquellos destinados a personas con recursos limitados y necesidades temporales de vivienda..”) Córdoba, 19 de junio de 2006.