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CUMBRE EUROMEDITERRÁNEA DE ATENAS DE LOS
CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
(6-7 de marzo de 2002)
LA DEUDA EXTERIOR DE LOS PAÍSES
DEL SUR DEL MEDITERRÁNEO
GRUPO DE TRABAJO
•
•
•
Consejo Nacional de Economía y Trabajo (CNEL) de Italia
Consejo Económico y Social (CES) de Túnez
Consejo Nacional Económico y Social (CNES) de Argelia
Atenas, 6-7 de marzo de 2002
F/CES 523/2002 FR-PLI/gf
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La Cumbre de los Consejos Económicos y Sociales
Euromediterráneos celebrada en Nápoles los días 2 y 3 de
noviembre de 2000 encomendó al CNEL de Italia la
elaboración, con la colaboración del CNES de Argelia y el
CES de Túnez, de un informe sobre la deuda exterior de los
Países del Sur del Mediterráneo que va a ser presentado en la
Cumbre de Atenas los días 6 y 7 de marzo de 2002.
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PREÁMBULO
La cuestión de la deuda exterior se ha abordado en numerosos
foros de la sociedad civil y su reconsideración constituye una de
las principales reivindicaciones de los países en vías de
desarrollo (PVD), incluidos los países socios del Mediterráneo
(PSM).
Esta cuestión ya fue:
objeto de una comunicación conjunta del CNEL de Italia y el
CNES de Argelia con motivo de la Cumbre euromediterránea
de los Consejos Económicos y Sociales e Instituciones
Similares celebrada en Nápoles en 2000.
inscrita en el orden del día de la Cumbre euromediterránea de
los Consejos Económicos y Sociales e Instituciones
Similares celebrada en París en 1996.
Cabe celebrar los numerosos progresos realizados en este
ámbito en favor de las posiciones abanderadas por la sociedad
civil y algunos círculos políticos, así como por las autoridades
científicas y morales.
Conviene también hacer una referencia a:
las numerosas resoluciones propuestas por varios PVD en el
marco de las Naciones Unidas para la materialización
concreta del derecho al desarrollo;
a las numerosas intervenciones ante la Comisión de las
Naciones Unidas de los Derechos humanos;
a la posición afirmada por las XI e XII Conferencias
interparlamentarias entre la Unión Europea y América
Latina (Sao Paulo, Brasil, 1993; Bruselas, 1995) al objeto de
que la Asamblea General de las Naciones Unidas pida al
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que emita un
dictamen consultivo que permita abordar el problema de la
deuda exterior según los principios generales del derecho
internacional contemporáneo (Estatuto del Tribunal,
apartado c) del artículo 38). Esta última posición fue
reafirmada por el CNEL de Italia en su dictamen emitido el
24 de junio de 1997 y por la Cámara de Diputados de la
República Italiana en la moción aprobada en septiembre de
1998.
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Sobre esta base, cabe recordar también las posiciones de las
iglesias católica y protestante en relación con los principios del
derecho y los derechos humanos, que concuerdan con las del
derecho musulmán.
Por otra parte, es oportuno recordar:
la Declaración de Annaba sobre la deuda exterior de los
países del Sur y el Este del Mediterráneo, adoptada
conjuntamente por el CNES de Argelia y el CNEL de Italia
en 1999;
los dictámenes del CNEL de Italia emitidos en 1997 y en
2001 sobre la deuda exterior de los PVD del Mediterráneo;
la ley n° 209 adoptada por el Parlamento italiano el 25 de
julio de 2000 referente a las "Medidas en favor de la
reducción de la deuda exterior de los países con ingresos
reducidos y los países pobres muy endeudados".
Conviene por último tomar nota de los progresos realizados en
el tratamiento de la deuda a través de la iniciativa para los países
pobres muy endeudados (PPME), la ampliación del número de
países beneficiarios de las medidas de reducción de la deuda
enunciadas por el G8 en general y la atención que éste presta a
los problemas de la deuda exterior de los países africanos en
particular, en el marco de la nueva asociación para África
(NEPAD).
El conjunto de estas medidas resulta no obstante insuficiente, en
particular las relativas a los PSM. Como se trata de países con
rentas intermedias, estos PSM quedan excluidos de la iniciativa
destinada a los PPME. En cuanto a las conversiones llevadas a
cabo, con frecuencia en un marco bilateral, siguen siendo
simbólicas y sin efectos notables en las deudas de los PSM.
La perspectiva de la creación de la zona de libre comercio
Euromed requiere un reequilibrado de los flujos y también la
utilización de los recursos necesarios para la modernización
económica y social de los PSM. Dichos flujos pueden ser
logrados a través de la reducción del peso de la deuda y de su
conversión en otros tipos de activos gracias a una política de
redistribución de los recursos.
Y todo ello en un contexto en el que los muy avanzados
objetivos de la asociación euromediterránea han encontrado
obstáculos que han frenado la progresión del proceso de
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Barcelona de manera notoria, retrasando la aplicación de
distintas disposiciones tomadas en el marco de la cooperación
euromediterránea.
CONSTATACIONES
1. Actualmente el problema de la deuda exterior de los PVD en
general, y de los PSM en particular, sobre todo de los del Sur y
el Este del Mediterráneo (PSEM), se plantea en términos de
justicia social y estabilidad económica, y por lo tanto en
términos de garantía de la paz y la estabilidad regional.
La deuda exterior de los PVD supera los 2.300 millardos de
dólares con un servicio de la deuda de 270 millardos de dólares,
es decir, un décimo de la riqueza producida en el mundo, y está
concentrada sobre todo en América Latina y África. Este último
continente está excluido en realidad de los grandes flujos de
inversiones y del comercio mundial, en los que participa, con sus
700 millones de habitantes, en un 4% solamente.
2. Es por otra parte notable constatar la grave desigualdad de las
relaciones entre los países deudores y los países acreedores.
Estos últimos están agrupados en el "Club de París" para
coordinar las posiciones de las instancias de decisión sobre las
medidas que deben adoptarse en relación con los países
deudores. Desde este punto de vista, es conveniente recordar la
iniciativa destinada a crear un "Foro de deudores". Esta
propuesta, presentada por el CNEL de Italia en 1997 en su
dictamen sobre la deuda exterior de los PVD del Mediterráneo,
fue favorablemente acogida por el Parlamento latinoamericano
en sus Declaraciones de Caracas en julio de 1997 y de Sao Paulo
(Brasil) en mayo de 2001.
La propuesta de crear un "Foro de deudores" revela en realidad
una grave anomalía de carácter más general, que caracteriza aún
actualmente los procesos internacionales de toma de decisiones,
con muy serias deficiencias en materia de transparencia y
democracia. En efecto, los PVD se encuentran actualmente
excluidos de las instancias donde se deciden los parámetros
económicos y financieros mundiales, y por lo tanto quedan
también excluidos de los beneficios del proceso de
globalización de los mercados.
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Del mismo modo, los países deudores están excluidos de las
instancias decisorias que abordan la problemática de su deuda
exterior. Han tenido que soportar medidas inadecuadas de
reestructuración, lo que a menudo ha empeorado sus situaciones
económicas y ha tenido consecuencias negativas en las
condiciones de vida de sus poblaciones. Es necesario reconocer
su derecho a organizarse a nivel internacional para poder
negociar multilateralmente las condiciones de tratamiento de sus
deudas. Pero es también necesario que superen sus diferencias,
que son no obstante legítimas, y logren encauzar la voluntad y la
capacidad que conduzcan a la unidad necesaria para negociar
juntos y, por lo tanto, con más autoridad y credibilidad.
La petición formulada en diversos ámbitos para una reforma de
las relaciones financieras internacionales, y en particular de las
instituciones multilaterales competentes como el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional, constituye una necesidad
tanto para los países deudores como para los países acreedores.
3. La participación de la sociedad civil en los procesos de
cooperación garantiza una mayor coherencia de las
intervenciones respecto de las necesidades reales y una mejor
cohesión social, más extendida gracias a la participación "por la
base" en el proceso de desarrollo socioeconómico. Constituye
también un instrumento eficaz de democratización política.
En cuanto a la conversión de la deuda, cabe destacar la
necesidad de una participación activa de los países beneficiarios
en la financiación de los fondos de contrapartida, que serán
financiados a través de los reembolsos de las deudas. Los
recursos se destinarán a la financiación de programas de
desarrollo.
La gestión de dichos fondos debería encomendarse a un
organismo local de cooperación para el desarrollo. El control del
destino y la utilización de estos fondos puede garantizarse con la
participación tanto de los países acreedores como de los países
deudores.
4. La resolución del problema de la deuda exige nuevas normas
en el contexto de la globalización de los mercados para que este
proceso sea un instrumento de inclusión y emancipación de los
países del Sur y de construcción de un sistema económicamente
estable y socialmente sostenible. Este proceso debe tener en
cuenta especialmente la situación de la fuerte desigualdad
económica entre los países del Norte y del Sur, adoptando
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medidas compensadoras y de excepción con relación al proceso
de liberalización.
Se trata de prever medidas similares a las que, en el transcurso
de cada revolución industrial, han "protegido" de distintas
maneras el desarrollo de los mercados interiores en todas las
partes del mundo desarrollado de hoy. Y no en una óptica que
tendería a perpetuar la "exclusión" de los PVD de los mercados,
sino con una visión más dinámica y más moderna, que habría
que definir progresivamente, de las medidas de compensación y
excepción acordadas a nivel internacional, y que, al menos en
principio, serían admitidas también en el marco de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Además de las consideraciones de carácter técnico y financiero
de la deuda, se impone un enfoque político. No puede abordarse
eficazmente sin una coordinación entre las políticas financieras,
comerciales y de cooperación, al objeto de crear y mantener en
los países afectados las condiciones para lograr un marco
macroeconómico "sano".
En efecto, la espiral de la deuda empeora las condiciones de
desigualdad de los PVD deudores con relación a los países
industrializados acreedores, actuando como un factor de
deformación de las relaciones económicas internacionales y del
desarrollo económico y social.
La deuda exterior de los PVD tiene también consecuencias
negativas en las economías de los países acreedores. Limita la
posibilidad de expansión de los intercambios comerciales y la
ampliación de los mercados de los países ricos. El apoyo al
desarrollo de los países menos desarrollados (PMD) y los PVD
mejoraría las relaciones económicas y comerciales entre los
países del Norte y del Sur, lo que acarrearía un aumento de las
posibilidades de intercambio de bienes y servicios, la mejora del
empleo y la limitación, por consiguiente, de los flujos
migratorios, que son cada vez más difíciles de controlar en un
mundo globalizado.
5. El derecho internacional, en su aplicación e interpretación
actuales, no parece indicado para la regulación de este problema,
dado que no regula la relación entre países acreedores y países
deudores. Es necesario pues definir los instrumentos jurídicos
capaces de garantizar una mayor equidad en las relaciones de
obligación entre los Estados.
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6. Las Conclusiones de las XI y XII Conferencias
Interparlamentarias entre la Unión Europea y América Latina
(Sao Paulo, Brasil, 1993; Bruselas, 1995) pueden tomarse como
modelo para los gobiernos euromediterráneos al objeto de
exhortar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que
solicite ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya un
dictamen sobre el derecho y la ética de la deuda.
7. También es cierto que, en espera de que se establezca un
marco jurídico internacional adecuado, el estado de urgencia
dictado por las graves condiciones económicas y sociales de los
países muy endeudados requiere medidas inmediatas que deben
respetar los principios generales de justicia y equidad.
Habida cuenta de estas consideraciones, no cabe sino compartir
y apoyar las orientaciones definidas en las Cumbres del G8 de
Colonia (junio de 1999), Okinawa (julio de 2000) y Génova
(julio de 2001). Los ocho expresaron su compromiso de incluir
el problema de la deuda exterior de los PVD entre las cuestiones
prioritarias y estratégicas de la globalización. Previeron la
necesidad de introducir el factor social entre los objetivos del
desarrollo.
Pero es necesario destacar que, durante estos años, a las
modalidades de tratamiento de la deuda, generales y más bien
genéricas, y la determinación de los países prioritariamente
beneficiarios de este tratamiento no siguió la definición de los
instrumentos necesarios. Se ha echado en falta la acción de cada
gobierno separadamente, así como la acción coordinada de los
gobiernos y de las Instituciones internacionales competentes.
Por consiguiente, para las Cumbres futuras se desea que los
PVD participen en las instancias de decisión donde se definen
las estrategias de lucha contra los problemas del subdesarrollo y
la pobreza.
8. En cuanto a las acciones que deben emprenderse a nivel
socioeconómico, sería razonable pensar que el problema de la
deuda se plantea en términos diferentes según los niveles de
crecimiento económico de los países endeudados: para los
PPME, es lógico abogar por la anulación total o parcial de la
deuda más que por su reestructuración o su conversión. Para los
países con ingresos medios, la solución más adecuada consiste
en utilizar el reembolso de la deuda en forma de acciones de
desarrollo local en un marco de asociación económica y social,
bilateral y/o multilateral.
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El objetivo es contribuir a lanzar un proceso de reestructuración
y crecimiento de las economías nacionales con arreglo a
objetivos que tengan en cuenta las necesidades reales de los
países considerados y ofrezcan ventajas recíprocas a las "partes"
afectadas.
9. En cuanto a los PSM del Sur y el Este del Mediterráneo, sería
conveniente examinar la necesidad de promover una amplia
cooperación basada en la conversión de una parte de la deuda
exterior. Esta conversión deberá contribuir a la modernización
económica y social de estos países en la perspectiva de la
creación de la zona euromediterránea de libre comercio en 2010.
Sin embargo, la conversión total o parcial de la deuda en
acciones de desarrollo local puede constituir una etapa
importante hacia una política de cooperación concreta y
duradera. Sin pretender subestimar los problemas técnicos
vinculados a las medidas de conversión, es inevitable una
elección política dirigida principalmente a los siguientes
objetivos: la defensa del medio ambiente, la protección social de
los grupos más seriamente afectados por las medidas de
reestructuración económica, las inversiones en favor de las
empresas locales y la formación de capital humano.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Como conclusión, y en el marco de la búsqueda de soluciones
para resolver los problemas de la deuda de los PVD, en
particular los de los PSM del Sur y el Este del Mediterráneo, en
el respeto de consideraciones éticas, de solidaridad y del
necesario reequilibrio de los flujos, y en la perspectiva de un
apoyo al desarrollo de dichos países, es oportuno presentar
algunas propuestas, que la Cumbre euromediterránea de los
Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares de
Atenas hace suyas, y que pueden constituir un planteamiento
regional para los PSM y un planteamiento internacional para los
PVD. Se articulan en torno a las siguientes recomendaciones:
1. La creación de un Foro euromediterráneo de PSM deudores.
Este Foro debería servir no sólo de interlocutor privilegiado de
los PSM deudores para defender sus intereses ante los
acreedores, sino también de interfaz con las instituciones
multilaterales (G8, Naciones Unidas, OMC, BM, FMI, etc., a
través, naturalmente, de la Unión Europea).
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Debería también participar en las principales decisiones que
afectan al futuro de los países en desarrollo, tanto en relación
con el tratamiento de la deuda como con la defensa de los
derechos de los PSM deudores en un marco universalmente
aceptado. Naturalmente, esto no debería impedir que cada país
negociara separadamente con sus acreedores las condiciones y
modalidades de tratamiento de su deuda.
2. La creación de un observatorio euromediterráneo de la
deuda de los PSM.
3. La reducción de la deuda de los PSM del Sur y el Este del
Mediterráneo mediante:
el establecimiento de un límite para el servicio de la deuda
equivalente al 15% de los ingresos de las exportaciones para
no hipotecar sus posibilidades de desarrollo;
la reducción de los tipos de interés o eventualmente su
anulación.
4. La conversión (reciclaje) de la deuda de los PSM del Sur y el
Este del Mediterráneo.
Los reembolsos efectuados, en lugar de transferirse se
destinarían a un fondo (fondo de contrapartida) para financiar
programas complementarios o programas prioritarios de
desarrollo.
Los programas que puedan ser financiados por el fondo de
contrapartida tendrían que guardar relación con:
la protección del medio ambiente;
la educación y la formación profesional, en particular, en el
ámbito de las nuevas tecnologías;
la creación de nuevas zonas industriales que respondan a las
normas internacionales;
la promoción de la mujer como socio y protagonista del
desarrollo económico y social.
5. El estímulo y el refuerzo de los flujos de capitales no
generadores de deuda con destino a los PSM como, por ejemplo,
inversiones directas extranjeras, capital riesgo y los fondos de
garantía de las inversiones.
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6. La concesión de un importe sustancial de ayuda pública y
de préstamos en condiciones favorables para mejorar la
estructura de la deuda de los PSM deudores.
7. La creación de un fondo euromediterráneo entre los países
de la Unión Europea y los PSM:
El fondo Euromed debería tener como objetivo estimular y
orientar la inversión privada. Se abastecería a través del
reembolso de la deuda privada contraída por los países deudores
con acreedores privados, en particular los de los países de la
Unión Europea. Las modalidades se definirían de común
acuerdo en el marco del proceso de Barcelona.
Estas distintas recomendaciones pueden generalizarse a escala
internacional en favor de los PVD. Sin embargo, estas medidas
y soluciones no deben de ninguna manera reducir los
compromisos de los países acreedores en la continuación de la
financiación del desarrollo de los PVD, en particular de los PSM
del Sur y el Este del Mediterráneo, ofreciendo facilidades de
financiación en condiciones favorables.
Los países con rentas intermedias que forman parte del grupo de
PSM deben también beneficiarse de las soluciones propuestas
para resolver el problema de la deuda exterior y de la
continuación del apoyo financiero internacional. Sería ilógico e
inaceptable que se vieran penalizados por haber logrado buenos
resultados económicos y sociales.
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