Download Informe intermedio - niveles básicos de protección social

INFORME INTERMEDIO EUROMED SOBRE LOS NIVELES BÁSICOS
DE PROTECCIÓN SOCIAL
Informe intermedio que presenta el CES de España en colaboración con los CES de
Bulgaria, Jordania y Marruecos, a la Cumbre Euromed de Consejos Económicos y
Sociales e Instituciones Similares que se celebra en Grecia,
los días 24 y 25 de octubre de 2016
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ES
Antecedentes
El derecho a la seguridad social reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos implica el derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional y en conformidad con la organización y los recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y
al libre desarrollo de su personalidad. La protección social constituye una herramienta política
fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades al mismo tiempo que estimula el
crecimiento inclusivo y la paz social, la mejora del capital humano y la productividad,
apoyando la demanda interna y facilitando la transformación estructural de las economías
nacionales.
Alcanzar una protección social con cobertura universal representa un cometido fundamental
de la OIT que, a partir del Convenio de 1952 (Núm. 102) relativo a la norma mínima de la
seguridad social, ha ido generando un conjunto de normas aceptadas a nivel internacional y
aplicables a los sistemas nacionales. La Recomendación relativa a los pisos nacionales de
protección social, 2012 (Núm. 202), que fue adoptada por 185 Estados en 2012, complementa
el marco de Convenios y Recomendaciones existentes. Junto a las Naciones Unidas, también
la Comisión Europea, la ASEAN, el G-20 y la OCDE se han pronunciado a favor de la
protección social universal. El objetivo común del programa de acción conjunto del Banco
mundial y la OIT en este ámbito es aumentar el número de países que proporcionan una
protección social universal y ayudarlos a diseñar y poner en práctica sistemas de protección
social universales y sostenibles. Se parte del reconocimiento de que hay muchas maneras de
lograr una protección social y universal: corresponde a cada país elegir su propia vía y elegir
los medios y los métodos más acordes con sus circunstancias individuales.
El momento temporal en que se aborda este informe coincide con los inicios de la
implantación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de
2015 en el marco de las Naciones Unidas; una oportunidad para impulsar una protección
social universal para todos y en todas partes. Los sistemas de protección social son parte
esencial de la consecución del Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Poner fin
a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo), proponiéndose la puesta en práctica, a
nivel nacional de sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y para 2030, lograr una cobertura sustancial para las personas pobres y
vulnerables. También se contemplan las políticas de protección social en los objetivos
concernientes a la igualdad de género y la reducción de la desigualdad salarial.
Asimismo, cabe recordar que la protección social, junto a la integración social y la lucha
contra la pobreza, figuran entre las áreas de acción actuales y futuras en la Unión Europea y a
nivel internacional, que contribuyen a la aplicación de Río +20. Ello implica el fomento de la
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protección social, incluidos los mínimos de protección social y recomendaciones de
aplicación adoptadas por la OIT en línea con los planes y las políticas de los países asociados,
así como la aplicación de las medidas de la Comunicación sobre la protección social en la
cooperación para el desarrollo de la Unión Europea1. A este respecto, en el ámbito
comunitario cabe destacar la Carta Social Europea (1961) y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (2000).
La crisis económica mundial de los últimos años ha hecho más apremiante la necesidad de
protección social en una época de incertidumbre económica, bajo crecimiento y crecientes
desigualdades. Sin embargo, más allá de la crisis económica mundial, no hay que olvidar que
la región euromediterránea se enfrenta a enormes desafíos humanos y económicos, entre los
que destacan las convulsiones humanitarias derivadas de los conflictos bélicos y la violencia,
las crisis alimentarias o de las materias primas, el problema del acceso al agua y las
consecuencias del cambio climático, así como los desplazamientos de población por estas
causas o los retos de la gobernanza democrática. La magnitud de estos fenómenos ha puesto
de relieve tanto el papel defensivo que desempeña la protección social, como las
consecuencias de carecer de sistemas suficientemente eficaces para apoyar a las personas a la
hora de afrontar los diversos riesgos sociales que pueden surgir a lo largo de la vida. En este
contexto, es preciso articular los mecanismos necesarios para evitar el riesgo de cronificación
de la pobreza.
Con todo, es evidente que el desarrollo de sistemas de protección social y sus niveles básicos
no es suficiente para enfrentarse a las causas de la pobreza y la desigualdad, que guardan
estrecha relación con dichos desafíos y con las características del propio sistema económico
mundial. Idealmente, dicho desarrollo debería formar parte de un enfoque más holístico de las
políticas sociales, políticas y económicas, que contemplara todos esos fenómenos y no sólo la
búsqueda de respuestas paliativas a los síntomas de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo,
es evidente que ello desbordaría la finalidad y las posibilidades reales de este informe
tratándose, por otro lado, de cuestiones que ya vienen siendo objeto de reflexión en el marco
de la asociación euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e instituciones
similares.
Por lo que hace al desarrollo de sistemas de protección social en concreto, valga recordar el
Informe sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social, aprobado en la cumbre de
2014, entre cuyas conclusiones se realzaba el papel de los sistemas de protección social, como
elementos clave para afrontar el riesgo de pobreza y promover la inclusión social. En él se
señalaba, refiriéndose a los países de la Unión Europea, el importante papel preventivo y
1
Comisión Europea, Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible,
COM (2013) 92 final, así como Comunicación de la Comisión La protección social en la cooperación al
desarrollo de la Unión Europea, COM (2012) 446 final.
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compensador que despliegan los sistemas de protección social, pese a las no desdeñables
diferencias existentes entre países y la presión de ajustes presupuestarios a que se estaban
viendo sometidos en los últimos años. En el caso de los PSM, se ponía en evidencia el
importante margen de mejora en el desarrollo de sistemas de protección social públicos e
institucionalizados, tanto en términos de alcance como de eficacia, subrayando asimismo la
necesidad de progresar en los sistemas de información y evaluación que permitan avanzar en
el conocimiento de la situación social en la región euromediterránea. A este respecto, cabe
recordar cómo el reciente Informe sobre los agentes sociales y la gobernanza democrática
aprobado en 2015 apelaba a la importancia de la gobernanza democrática y participativa como
el marco institucional y de procedimientos necesario para unas políticas eficaces y
transparentes en todos los países de la región que sirvan a objetivos de crecimiento sostenible,
bienestar social y desarrollo inclusivo.
Propósito del informe
El propósito de este informe es conferir mayor protagonismo a un área de actuaciones, el de la
protección social, que hasta este momento no ha figurado, al menos de forma explícita, entre
las prioridades de cooperación socioeconómica en el marco de la Asociación por el
Mediterráneo. La diversidad de «redes» y sistemas de protección social en la zona, así como
la ausencia de fuentes de información adecuadas y suficientemente actualizadas, han podido
contribuir a esta escasa presencia de la protección social en los procesos de la Asociación.
Para facilitar la comparabilidad, el planteamiento de este informe se acoge a la definición de
protección social acotada por la OIT, sin dejar de tener en cuenta, como trasfondo, la red de
los fenómenos, las reflexiones y propuestas conexas contempladas en los trabajos
anteriormente realizados.
Propuesta de estructura y contenido
Atendiendo a su estructura, que a continuación se detalla, el informe se propone describir la
situación, los retos y las tendencias en protección social en el contexto de la región
euromediterránea, y concretar el significado y el alcance de los «pisos» de protección social
en una región tan heterogénea, así como contribuir a identificar el papel que puede
desempeñar el marco de cooperación euromediterránea en la consecución del objetivo de
expansión de la protección social y garantía de unos niveles mínimos.
La introducción del informe expondría las razones de su planteamiento, en su relación con la
recomendación de la OIT de 2012 sobre los niveles básicos de protección social y la
oportunidad de la revisión de los objetivos de desarrollo del milenio.
El segundo apartado se dedicará a la reflexión sobre el significado y alcance de los niveles o
garantías básicas en materia de protección social en una realidad política, económica y social
tan heterogénea como la de la Unión por el Mediterráneo. Se aprovechará la información
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disponible en el Banco Mundial y la OIT para trazar, en primer lugar, una descripción de los
principales factores del contexto socioeconómico de la región que influyen en las perspectivas
de la protección social. Entre dichos factores cabe mencionar, sin ánimo de exhaustividad, los
retos demográficos y sus distintas expresiones en la Unión Europea y en los PSM; las
características de los mercados de trabajo, el desarrollo del diálogo social y la mayor o menor
extensión de la economía informal; las distintas situaciones en relación con los indicadores de
desarrollo humano, en particular respecto a la profundidad de la pobreza; los efectos de la
crisis económica en los sistemas de protección social y en algunos grupos de población en
concreto, como las familias con niños, el peso de las migraciones o las consecuencias de la
crisis humanitaria de los refugiados. Además, en este contexto es necesario tener en cuenta
cuestiones como la dimensión de género o la persistencia de brechas territoriales, como la
existente entre el mundo urbano y el rural, que pueden condicionar de manera importante el
acceso a la protección social. Asimismo, se dará una impresión general sobre el diseño y
puesta en práctica de los niveles básicos de protección en una aproximación comparada UEPSM, intentando reflejar las diferencias y condicionantes nacionales donde proceda.
El tercer apartado, tras una breve descripción general de la situación de la protección social en
sentido amplio, incluyendo los principales indicadores de gasto, financiación, alcance y
cobertura (subapartado a), abordará cada una de las áreas en que, según la recomendación de
la OIT, deberían desplegarse las garantías básicas en materia de seguridad social. Siguiendo el
esquema de la recomendación, los niveles mínimos deberían comprender al menos garantías
básicas de protección social en el ámbito de la atención de salud esencial, incluida la atención
de la maternidad (de lo que se trataría en el subapartado b); seguridad básica de ingresos para
los niños que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera
otros bienes y servicios necesarios (subapartado c); seguridad básica de ingresos para las
personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de
enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez (subapartado d) y seguridad básica de
ingresos para las personas de edad, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el
plano nacional (subapartado e).
Siguiendo con la recomendación de la OIT, las garantías básicas en materia de seguridad
social deben ser proporcionadas a través de la combinación más eficaz y eficiente de
prestaciones y regímenes en el contexto nacional. Dichas prestaciones podrán incluir, entre
otras, prestaciones familiares y por hijos a cargo, prestaciones de enfermedad y atención a la
salud, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y supervivencia, prestaciones por
desempleo y garantías de empleo, medidas públicas de conciliación del trabajo y la vida
familiar y cualquier otra prestación social, ya sea monetaria o en especie.
El cuarto apartado revisaría las políticas adoptadas en el marco de la cooperación
euromediterránea con mayor conexión con el objeto del informe, como las iniciativas de la
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Unión Europea vinculadas al impulso a la protección social o los instrumentos financieros
vinculados al programa regional para la asociación euromediterránea dentro de la política
europea de vecindad, destinados a promover las reformas sociales desde el punto de vista de
su suficiencia y utilidad para el reforzamiento de las garantías básicas en materia de
protección social. En este punto, no cabe obviar la importancia del papel que vienen
desempeñando los convenios bilaterales de Seguridad Social. Asimismo, este apartado deberá
contemplar la situación con respecto al desarrollo de estrategias nacionales de extensión de la
seguridad social basadas en consultas nacionales a través de un diálogo social efectivo y de la
participación social, tal y como prevé la citada Recomendación de la OIT.
A la vista de lo anterior, se propone el siguiente índice:
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ÍNDICE
1. Introducción
2. Niveles básicos: significado y contexto en la región euromediterránea
3. Protección social en el euromediterráneo: situaciones y tendencias
a. Situación y tendencias generales: extensión, financiación, gasto y cobertura
b. Atención a la salud
c. Protección de la familia y la infancia
d. Apoyo a las personas en edad activa: incapacidad y desempleo
e. Protección social en la tercera edad
4. Iniciativas abordadas en el marco de la cooperación euromediterránea: logros y
limitaciones
5. Conclusiones y propuestas
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