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Ante la crisis del
Estado-Bienestar
JOSÉ IGNACIO
BERROETA
ECHEVARRÍA
E
«El Estado-bienestar ha sido
una víctima de su propio
desarrollo y todo apunta a que
los modelos actuales de
seguridad social entrarán en
una zona de quiebra técnica
dentro de los primeros años
del siglo XXL»
s un hecho conocido que el Estado-bienestar, modelo de protección social
instalado en Europa después de la II Guerra Mundial, ha entrado en una
crisis profunda, víctima de la recesión que asóla a los países occidentales en
estos primeros años de los 90 y víctima también de los desequilibrios
financieros y sociales que se han generado tras la caída del telón de acero y el
proceso de reunificación alemana. Sin duda, estamos ante un fenómeno de
trascendencia histórica que puede llevar a cambiar el consenso histórico de
postguerra establecido sobre el modelo social dominante en los países
avanzados. De alguna manera, la crisis del Estado-bienestar es la crisis del
«european way of life» y está llamado a constituir junto a los procesos
derivados de la creciente internacionalización y globalización de la economía, el principal eje de desequilibrios económicos y sociales en este final de
siglo.
La situación crítica de los sistemas de protección social se puede explicar
apelando a la intensidad de la crisis económica actual: la recesión de la
economía y el incremento del paro han llevado a la aparición de
importantes déficits públicos en todos los países europeos, que no son
finan-ciables de una manera no inflacionista. Sin embargo, sin
menospreciar en absoluto la importancia de los factores coyunturales,
los propios sistemas de protección social con cargo al Estado han
llevado dentro de sí el germen de su propia destrucción por dos razones
básicas: por una parte, la mayor competitividad internacional derivada
del proceso de globalización está expulsando del proceso productivo
a sectores crecientes de población, y, por otra, se está
«La crisis del Estado-bienestar
produciendo un continuo proceso de envejecimiento de las
es de tal relevancia histórica que
pirámides de población de los países más avanzados. En
corresponde a todos los agentes
este sentido, el Estado-bienestar ha sido una víctima de su
sociales y económicos
propio desarrollo y todo apunta a que los modelos actuales
posicionarse ante la misma,
de seguridad social entrarán en una zona de quiebra
cambiando los esquemas
técnica dentro de los primeros años del siglo XXI, a no ser
tradicionales.»
que se encuentren remedios que consigan salvaguardar las
conquistas de este «welfare-state».
Los esfuerzos y las medidas de corrección adoptados por
países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia y España, para ajustar sus políticas de protección
social son un buen ejemplo de cómo los sistemas de pen
siones y de protección al desempleo establecidos, además de una pesada
carga financiera que los estados no pueden compensar a través de la
presión fiscal, resultan un pasivo a largo plazo que hay que financiar con
cargo al esfuerzo presente y ajustarlo en consecuencia a la medida de las
posibilidades financieras de cada país.
Parece necesario, por consiguiente, reducir las pretensiones del
Estado-bienestar para asegurar la supervivencia del mismo, o al menos
de su parte sustancial, aunque ello pase necesariamente por la reducción
de algunas prestaciones, por la eliminación total del fraude y de las
situaciones de sobreprotección que toleran las normativas actuales.
De alguna manera, las políticas que los Estados están intentando aplicar en
este momento significan una catarsis del Estado-bienestar, tras la cual
habría que esperar que los sistemas sociales de cobertura alcancen una
dimensión adecuada a las posibilidades de cada país en el seno de una economía cada vez más globalizada y sometida a fuertes presiones competitivas
externas, tanto de los países avanzados tecnológicamente como de
aquellos países emergentes que tienen precisamente en la ausencia de los
sistemas de protección social una de sus ventajas relativas más importantes.
De todo lo anterior resulta necesario preguntarse hacia donde camina el
modelo actual de Estado-bienestar establecido en toda Europa tras los
años 50 y 60. Partiendo de la base de que queremos defender un cierto
nivel de protección, solamente existen dos alternativas: reducir la base
social a la que va destinada, lo cual significaría una regresión histórica
después de la generalización de los sistemas de protección social, o,
manteniendo la universalidad de los servicios sociales mínimos, disminuir las prestaciones hasta ajustarías a las capacidades financieras del
país. En cualquier caso, este ajuste o esta reducción del nivel de protección, además de una mayor inestabilidad social y política, conlleva inevitablemente una ampliación de los sectores sociales desprotegidos y un
incremento de aquellos segmentos sociales que necesitan apoyos financieros para garantizar los niveles de vida que gozan en la actualidad.
La crisis del Estado-bienestar es de tal relevancia histórica que corresponde a todos los agentes sociales y económicos posicionarse ante la
misma, cambiando los esquemas tradicionales que han venido funcio-
«A la crisis del Estado del
bienestar se viene a sumar el
peor de los males sociales,
el incremento del desempleo.
Ninguna lacra más insolidaria
que el paro.»
nando hasta la fecha para adaptarlos a su realidad presente y
a su evolución futura. Las reflexiones siguientes intentan
contribuir al debate desde el punto de vista de las entidades
financieras ante los nuevos horizontes abiertos tras la crisis
del modelo actual.
Las Cajas de Ahorros están inevitablemente emplazadas a
adoptar una posición estratégica ante la crisis de los sistemas
de protección social, lo que acarreará un número de
consecuencias en dos vertientes: la financiera y la social.
Como entidades financieras regionales centradas en el
segmento de clientes que cubren básicamente las necesidades financieras de las ramillas y de las rYMES, las Cajas no pueden
menos que tener en cuenta los factores básicos de la nueva situación: el
incremento sustancial del paro que tiene un componente estructural
importante y el paralelo envejecimiento de la población que da origen a la
crisis de la Seguridad Social. Si como parece probable, estos dos factores no
son coyunturales sino que se agudizarán en el tiempo, pronto estaremos
confrontados a una nueva situación: una población donde existan más
parados, jubilados y funcionarios que trabajadores, con el consiguiente
peligro de la quiebra total del sistema.
Dado que es más que previsible que los sistemas públicos de protección
social tengan que ser reducidos, los sistemas privados de previsión están
llamados a alcanzar un desarrollo importante durante los próximos años.
Garantizar a los ciudadanos una pensión digna de jubilación solamente será
posible complementando la protección mínima establecida por el Estado con
los sistemas de previsión privada que alientan el ahorro a largo plazo y
garantizan la supervivencia económica de la tercera edad. Los planes y
fondos de pensiones adquieren aquí una importancia notable junto con otros
instrumentos financieros por desarrollar o ya desarrollados (ahorro-pensión,
ahorro-jubilación, seguros frente a situaciones de desempleo, fondos de
inversión, planes de ahorro popular,...). Las Cajas tienen una amplia tarea
para orientar a su clientela hacia productos que entrañen un ahorro a largo
plazo, lo que sin duda forma parte de su vocación original como impulsoras
seculares del ahorro-precau-ción. Además de fomentar los sistemas de
previsión a largo plazo, las Cajas deberían asimismo potenciar la gestión
técnica de dichos fondos garantizando su máxima rentabilidad y solvencia.
A la crisis del Estado del bienestar se viene a sumar el peor de los males
sociales, el incremento del desempleo. Ninguna lacra más insolidaria que el
paro. Sin duda, los puestos de trabajo son el instrumento más eficaz de
redistribución de la renta y deben ser el objetivo central y último de toda
política económica. En la solución del problema del paro también tenemos
que estar todos, y sobre todo, aquellos agentes económicos y sociales que
juegan un papel determinante en el mismo. Las Cajas de Ahorros, como
alentadoras del desarrollo social, tienen que implicarse más decididamente
en la creación de puestos de trabajo fomentando la indus-
trialización y la actividad económica. Pero lo tienen que hacer de una
manera inteligente, no dejándose arrastrar por presiones políticas o
sociales, por muy fuertes que estas sean, ya que su primer objetivo es el de
administrar eficazmente los depósitos que les han sido confiados. Esta
cuestión, el fomento empresarial, nos conduce directamente hacia dos
extremos de especial importancia en la gestión de las Cajas: las condiciones de
financiación de los proyectos de inversión y el tema de la participación de las
Cajas en el capital de las empresas, hasta alcanzar una presencia, siempre
limitada por sus Recursos Propios, en aquellas industrias o sectores
estratégicos que, además de ser viables técnicamente, tengan un efecto
tractor sobre la economía regional y puedan contribuir a mantener el nivel
industrial o tecnológico del entorno. Estas dos líneas propuestas, el impulso
de los instrumentos de ahorro y previsión a largo plazo y la lucha contra el
paro, son las que las Cajas tienen que abordar más intensamente a través de
una estrategia que implica acciones conjuntas de la actividad financiera y de la
actividad social. Existe la convicción creciente de que las Cajas de Ahorros
deberán reorientar su Obra Social desde la situación actual de financiación de
actividades a determinados colectivos sociales, hacia unas líneas de actuación
horizontales que impliquen, por un lado, la financiación blanda de los
proyectos de inversión rentables, y, por otro, el establecimiento de un
paquete de productos financieros que sirvan de alternativa o complemento
a la crisis inevitable de la Seguridad Social. Encontrar políticas concretas
que desarrollen estos puntos estratégicos es una condición necesaria para
responder al emplazamiento que la crisis del Estado-bienestar ha conducido a
las Cajas de Ahorros.
Naturalmente, esta reorientación de la política de Obras Sociales a seguir
por parte de las Cajas de Ahorros debería incluir todas las actividades de
patrocinio o mecenazgo cultural que, bajo diferentes formas, obligan a las
Cajas a subvencionar a determinados colectivos y asociaciones del entorno,
generalmente bajo sistemas no eficientes de asignación de los recursos
escasos de las Cajas. Sin embargo, la reorientación de la Obra Social de las
Cajas hacia actividades horizontales en el campo financiero necesita dos
puntos complementarios: el establecimiento de límites y la comunicación
hacia el exterior. Sobre el primero de ellos, hay que dejar claro desde el
principio que las Cajas no pueden sustituir al mercado y convertirse en
financiadoras de proyectos no rentables o en unos nuevos circuitos
privilegiados de financiación que al final acaban primando la ineficacia
económica. Surge, pues, la pregunta de si una política moderna de Obras
Sociales debería encontrar alternativas a las ya existentes o si, por el
contrario, las actuales mantienen su vigencia e intemporalidad.
Pasemos revista a la estructura del Gasto de las Cajas Vascas
y del resto de Cajas del Estado, en actividad social:
«La reorientación de
la Obra Social de las Cajas
hacia actividades horizontales
en el campo financiero
necesita dos puntos
complementarios:
el establecimiento de límites
y la comunicación hacia
el exterior.»
Importancia de la Obra Social 1992
Dotación O. S. % Beneficio
Gastos Obra Social % Act. Medio
Distribución Gasto Obra Social %
Cultural
Docente
Sanitaria
Asistencial
Investigación
Cajas Vascas
Total Cajas
27,46
0,31
17,78
0,19
100,00
100,00
14,67
50,12
41,46
11,21
30,67
1,98
20,93
2,93
22,93
3,09
Estos datos ponen de relieve dos hechos importantes: por un lado, el
superior peso que ostenta la Obra Social de las Cajas Vascas en relación con
la media del sector, tanto a nivel de dotación anual como de Gastos de
Mantenimiento. Por otro, la importancia que la Obra Social «básica» reviste
dentro de nuestras Cajas, en especial, las docentes y asistenciales y que
suponen más del 70 % del conjunto de gastos anuales. Además de una
importante hipoteca para el futuro de las propias Obras Sociales, ello implica la
asunción por parte de las Cajas vascas (también por parte del conjunto de las
Cajas) de ciertas actividades correspondientes al Estado-bienestar, dejando un
espacio menor para otros tipos de actividad. ¿Deben seguir las Cajas por la vía
de ofertar obras asistenciales y sanitarias a un conjunto cada vez mayor de
ciudadanos no protegidos por los sistemas públicos de Seguridad Social?
¿Qué iniciativa es subsidiaria de cuál? ¿La privada de la pública o ésta de
aquélla? ¿Qué implicaciones reviste el decidido impulso hacia la
privatización? ¿Deben abrirse líneas de financiación para atender nuevas
demandas sociales como son, por ejemplo, los colectivos afectados por las
nuevas enfermedades de nuestra sociedad? o ¿deben priorizarse las acciones
para la creación de empleo, esto es, de renta y con ésta de un
ahorro-previsión? Nos hallamos sin duda ante un dilema tan apasionante
como dramático, ante el que no cabe la inhibición. Las Cajas en general, y
las vascas en particular, han dado durante el pasado y siguen ofreciendo en el
presente mensajes nítidos de un intenso compromiso social, tratando de
conciliar la inevitable limitación de los recursos -el dividendo social- con la
creciente demanda de necesidades.
Desde la profesión inequívoca y diferenciadora de su vocación social, las
Cajas se muestran decididas a afrontar los retos planteados por el declive del
Estado del bienestar combinando con inteligencia y sensibilidad las
acciones ya acrisoladas del pasado con otras nuevas y menos tradicionales,
pero que tienen su origen en la demanda de los ciudadanos. A la tradición
de ayer, deberán unir las Cajas de Ahorros la ilusionada apuesta del
mañana.