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Ante la crisis del Estado-Bienestar JOSÉ IGNACIO BERROETA ECHEVARRÍA E «El Estado-bienestar ha sido una víctima de su propio desarrollo y todo apunta a que los modelos actuales de seguridad social entrarán en una zona de quiebra técnica dentro de los primeros años del siglo XXL» s un hecho conocido que el Estado-bienestar, modelo de protección social instalado en Europa después de la II Guerra Mundial, ha entrado en una crisis profunda, víctima de la recesión que asóla a los países occidentales en estos primeros años de los 90 y víctima también de los desequilibrios financieros y sociales que se han generado tras la caída del telón de acero y el proceso de reunificación alemana. Sin duda, estamos ante un fenómeno de trascendencia histórica que puede llevar a cambiar el consenso histórico de postguerra establecido sobre el modelo social dominante en los países avanzados. De alguna manera, la crisis del Estado-bienestar es la crisis del «european way of life» y está llamado a constituir junto a los procesos derivados de la creciente internacionalización y globalización de la economía, el principal eje de desequilibrios económicos y sociales en este final de siglo. La situación crítica de los sistemas de protección social se puede explicar apelando a la intensidad de la crisis económica actual: la recesión de la economía y el incremento del paro han llevado a la aparición de importantes déficits públicos en todos los países europeos, que no son finan-ciables de una manera no inflacionista. Sin embargo, sin menospreciar en absoluto la importancia de los factores coyunturales, los propios sistemas de protección social con cargo al Estado han llevado dentro de sí el germen de su propia destrucción por dos razones básicas: por una parte, la mayor competitividad internacional derivada del proceso de globalización está expulsando del proceso productivo a sectores crecientes de población, y, por otra, se está «La crisis del Estado-bienestar produciendo un continuo proceso de envejecimiento de las es de tal relevancia histórica que pirámides de población de los países más avanzados. En corresponde a todos los agentes este sentido, el Estado-bienestar ha sido una víctima de su sociales y económicos propio desarrollo y todo apunta a que los modelos actuales posicionarse ante la misma, de seguridad social entrarán en una zona de quiebra cambiando los esquemas técnica dentro de los primeros años del siglo XXI, a no ser tradicionales.» que se encuentren remedios que consigan salvaguardar las conquistas de este «welfare-state». Los esfuerzos y las medidas de corrección adoptados por países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, para ajustar sus políticas de protección social son un buen ejemplo de cómo los sistemas de pen siones y de protección al desempleo establecidos, además de una pesada carga financiera que los estados no pueden compensar a través de la presión fiscal, resultan un pasivo a largo plazo que hay que financiar con cargo al esfuerzo presente y ajustarlo en consecuencia a la medida de las posibilidades financieras de cada país. Parece necesario, por consiguiente, reducir las pretensiones del Estado-bienestar para asegurar la supervivencia del mismo, o al menos de su parte sustancial, aunque ello pase necesariamente por la reducción de algunas prestaciones, por la eliminación total del fraude y de las situaciones de sobreprotección que toleran las normativas actuales. De alguna manera, las políticas que los Estados están intentando aplicar en este momento significan una catarsis del Estado-bienestar, tras la cual habría que esperar que los sistemas sociales de cobertura alcancen una dimensión adecuada a las posibilidades de cada país en el seno de una economía cada vez más globalizada y sometida a fuertes presiones competitivas externas, tanto de los países avanzados tecnológicamente como de aquellos países emergentes que tienen precisamente en la ausencia de los sistemas de protección social una de sus ventajas relativas más importantes. De todo lo anterior resulta necesario preguntarse hacia donde camina el modelo actual de Estado-bienestar establecido en toda Europa tras los años 50 y 60. Partiendo de la base de que queremos defender un cierto nivel de protección, solamente existen dos alternativas: reducir la base social a la que va destinada, lo cual significaría una regresión histórica después de la generalización de los sistemas de protección social, o, manteniendo la universalidad de los servicios sociales mínimos, disminuir las prestaciones hasta ajustarías a las capacidades financieras del país. En cualquier caso, este ajuste o esta reducción del nivel de protección, además de una mayor inestabilidad social y política, conlleva inevitablemente una ampliación de los sectores sociales desprotegidos y un incremento de aquellos segmentos sociales que necesitan apoyos financieros para garantizar los niveles de vida que gozan en la actualidad. La crisis del Estado-bienestar es de tal relevancia histórica que corresponde a todos los agentes sociales y económicos posicionarse ante la misma, cambiando los esquemas tradicionales que han venido funcio- «A la crisis del Estado del bienestar se viene a sumar el peor de los males sociales, el incremento del desempleo. Ninguna lacra más insolidaria que el paro.» nando hasta la fecha para adaptarlos a su realidad presente y a su evolución futura. Las reflexiones siguientes intentan contribuir al debate desde el punto de vista de las entidades financieras ante los nuevos horizontes abiertos tras la crisis del modelo actual. Las Cajas de Ahorros están inevitablemente emplazadas a adoptar una posición estratégica ante la crisis de los sistemas de protección social, lo que acarreará un número de consecuencias en dos vertientes: la financiera y la social. Como entidades financieras regionales centradas en el segmento de clientes que cubren básicamente las necesidades financieras de las ramillas y de las rYMES, las Cajas no pueden menos que tener en cuenta los factores básicos de la nueva situación: el incremento sustancial del paro que tiene un componente estructural importante y el paralelo envejecimiento de la población que da origen a la crisis de la Seguridad Social. Si como parece probable, estos dos factores no son coyunturales sino que se agudizarán en el tiempo, pronto estaremos confrontados a una nueva situación: una población donde existan más parados, jubilados y funcionarios que trabajadores, con el consiguiente peligro de la quiebra total del sistema. Dado que es más que previsible que los sistemas públicos de protección social tengan que ser reducidos, los sistemas privados de previsión están llamados a alcanzar un desarrollo importante durante los próximos años. Garantizar a los ciudadanos una pensión digna de jubilación solamente será posible complementando la protección mínima establecida por el Estado con los sistemas de previsión privada que alientan el ahorro a largo plazo y garantizan la supervivencia económica de la tercera edad. Los planes y fondos de pensiones adquieren aquí una importancia notable junto con otros instrumentos financieros por desarrollar o ya desarrollados (ahorro-pensión, ahorro-jubilación, seguros frente a situaciones de desempleo, fondos de inversión, planes de ahorro popular,...). Las Cajas tienen una amplia tarea para orientar a su clientela hacia productos que entrañen un ahorro a largo plazo, lo que sin duda forma parte de su vocación original como impulsoras seculares del ahorro-precau-ción. Además de fomentar los sistemas de previsión a largo plazo, las Cajas deberían asimismo potenciar la gestión técnica de dichos fondos garantizando su máxima rentabilidad y solvencia. A la crisis del Estado del bienestar se viene a sumar el peor de los males sociales, el incremento del desempleo. Ninguna lacra más insolidaria que el paro. Sin duda, los puestos de trabajo son el instrumento más eficaz de redistribución de la renta y deben ser el objetivo central y último de toda política económica. En la solución del problema del paro también tenemos que estar todos, y sobre todo, aquellos agentes económicos y sociales que juegan un papel determinante en el mismo. Las Cajas de Ahorros, como alentadoras del desarrollo social, tienen que implicarse más decididamente en la creación de puestos de trabajo fomentando la indus- trialización y la actividad económica. Pero lo tienen que hacer de una manera inteligente, no dejándose arrastrar por presiones políticas o sociales, por muy fuertes que estas sean, ya que su primer objetivo es el de administrar eficazmente los depósitos que les han sido confiados. Esta cuestión, el fomento empresarial, nos conduce directamente hacia dos extremos de especial importancia en la gestión de las Cajas: las condiciones de financiación de los proyectos de inversión y el tema de la participación de las Cajas en el capital de las empresas, hasta alcanzar una presencia, siempre limitada por sus Recursos Propios, en aquellas industrias o sectores estratégicos que, además de ser viables técnicamente, tengan un efecto tractor sobre la economía regional y puedan contribuir a mantener el nivel industrial o tecnológico del entorno. Estas dos líneas propuestas, el impulso de los instrumentos de ahorro y previsión a largo plazo y la lucha contra el paro, son las que las Cajas tienen que abordar más intensamente a través de una estrategia que implica acciones conjuntas de la actividad financiera y de la actividad social. Existe la convicción creciente de que las Cajas de Ahorros deberán reorientar su Obra Social desde la situación actual de financiación de actividades a determinados colectivos sociales, hacia unas líneas de actuación horizontales que impliquen, por un lado, la financiación blanda de los proyectos de inversión rentables, y, por otro, el establecimiento de un paquete de productos financieros que sirvan de alternativa o complemento a la crisis inevitable de la Seguridad Social. Encontrar políticas concretas que desarrollen estos puntos estratégicos es una condición necesaria para responder al emplazamiento que la crisis del Estado-bienestar ha conducido a las Cajas de Ahorros. Naturalmente, esta reorientación de la política de Obras Sociales a seguir por parte de las Cajas de Ahorros debería incluir todas las actividades de patrocinio o mecenazgo cultural que, bajo diferentes formas, obligan a las Cajas a subvencionar a determinados colectivos y asociaciones del entorno, generalmente bajo sistemas no eficientes de asignación de los recursos escasos de las Cajas. Sin embargo, la reorientación de la Obra Social de las Cajas hacia actividades horizontales en el campo financiero necesita dos puntos complementarios: el establecimiento de límites y la comunicación hacia el exterior. Sobre el primero de ellos, hay que dejar claro desde el principio que las Cajas no pueden sustituir al mercado y convertirse en financiadoras de proyectos no rentables o en unos nuevos circuitos privilegiados de financiación que al final acaban primando la ineficacia económica. Surge, pues, la pregunta de si una política moderna de Obras Sociales debería encontrar alternativas a las ya existentes o si, por el contrario, las actuales mantienen su vigencia e intemporalidad. Pasemos revista a la estructura del Gasto de las Cajas Vascas y del resto de Cajas del Estado, en actividad social: «La reorientación de la Obra Social de las Cajas hacia actividades horizontales en el campo financiero necesita dos puntos complementarios: el establecimiento de límites y la comunicación hacia el exterior.» Importancia de la Obra Social 1992 Dotación O. S. % Beneficio Gastos Obra Social % Act. Medio Distribución Gasto Obra Social % Cultural Docente Sanitaria Asistencial Investigación Cajas Vascas Total Cajas 27,46 0,31 17,78 0,19 100,00 100,00 14,67 50,12 41,46 11,21 30,67 1,98 20,93 2,93 22,93 3,09 Estos datos ponen de relieve dos hechos importantes: por un lado, el superior peso que ostenta la Obra Social de las Cajas Vascas en relación con la media del sector, tanto a nivel de dotación anual como de Gastos de Mantenimiento. Por otro, la importancia que la Obra Social «básica» reviste dentro de nuestras Cajas, en especial, las docentes y asistenciales y que suponen más del 70 % del conjunto de gastos anuales. Además de una importante hipoteca para el futuro de las propias Obras Sociales, ello implica la asunción por parte de las Cajas vascas (también por parte del conjunto de las Cajas) de ciertas actividades correspondientes al Estado-bienestar, dejando un espacio menor para otros tipos de actividad. ¿Deben seguir las Cajas por la vía de ofertar obras asistenciales y sanitarias a un conjunto cada vez mayor de ciudadanos no protegidos por los sistemas públicos de Seguridad Social? ¿Qué iniciativa es subsidiaria de cuál? ¿La privada de la pública o ésta de aquélla? ¿Qué implicaciones reviste el decidido impulso hacia la privatización? ¿Deben abrirse líneas de financiación para atender nuevas demandas sociales como son, por ejemplo, los colectivos afectados por las nuevas enfermedades de nuestra sociedad? o ¿deben priorizarse las acciones para la creación de empleo, esto es, de renta y con ésta de un ahorro-previsión? Nos hallamos sin duda ante un dilema tan apasionante como dramático, ante el que no cabe la inhibición. Las Cajas en general, y las vascas en particular, han dado durante el pasado y siguen ofreciendo en el presente mensajes nítidos de un intenso compromiso social, tratando de conciliar la inevitable limitación de los recursos -el dividendo social- con la creciente demanda de necesidades. Desde la profesión inequívoca y diferenciadora de su vocación social, las Cajas se muestran decididas a afrontar los retos planteados por el declive del Estado del bienestar combinando con inteligencia y sensibilidad las acciones ya acrisoladas del pasado con otras nuevas y menos tradicionales, pero que tienen su origen en la demanda de los ciudadanos. A la tradición de ayer, deberán unir las Cajas de Ahorros la ilusionada apuesta del mañana.
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