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Historia de España
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Historia de España
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CASTILLA-LA MANCHA
CONVOCATORIA JUNIO 2009
SOLUCIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO
AUTORA:
Marta Monje Molina
Opción A
 쐌 Califato. Término con el que se designa la dignidad
del califa, su jurisdicción y el tiempo que dura su
mandato o el de sus sucesores. La palabra procede
del árabe jalifa, que significa, en referencia a Mahoma, «sucesor» o «lugarteniente». El califa era el líder
político y espiritual de los musulmanes. Durante la
Edad Media, el título fue utilizado por los omeyas de
Damasco, los abasíes de Bagdad, los fatimíes en el
norte de África, los omeyas de Córdoba y los almohades. El cargo se mantuvo vigente hasta principios del
siglo xx.
Durante la época de presencia política musulmana
en la Península Ibérica (siglos VIII-XV), el período conocido como califato de Córdoba (929-1031) constituye
la fase de mayor poder y esplendor de al-Ándalus. El
califato siguió a las etapas del emirato dependiente
(711-756) y el emirato independiente (756-929). Se
inició cuando Abd al-Rahman III, emir desde el año
912, se proclamó califa en Córdoba (929), restauró la
unidad del Estado islámico, muy dañada durante
la fase final del emirato independiente, y estableció la
hegemonía de al-Ándalus sobre toda la Península
Ibérica. A nivel internacional, Abd al-Rahman III intentó que la cultura andalusí liderara el mundo árabe e
islámico y promovió el desarrollo artístico e intelectual en Córdoba y Madinat al-Zahra (Medina Azahara). Su sucesor, Al-Hakam II (961-976), fue un notable
erudito y un gran protector de la cultura. Continuó la
política de su padre, consolidó el centralismo de los
omeyas y mantuvo la hegemonía militar de al-Ándalus sobre los reinos cristianos del norte de la Península Ibérica y en el Magreb. Tras la muerte de Al-Hakam II,
los califas de Córdoba se mantuvieron en el poder de
forma simbólica. Aprovechando la minoría de edad
del nuevo califa, Hisham II (976-1013), el gobierno
efectivo pasó a manos del hayib o valido andalusí,
Almanzor. Él y sus dos hijos, que le sucedieron en el
poder, son conocidos como los amiríes. Almanzor
controló la Administración y el Ejército, y emprendió
expediciones de castigo contra los reinos cristianos
del norte. Tras la muerte de Almanzor, uno de sus
hijos pretendió ser nombrado sucesor del califa Hisham II, lo cual le enfrentó a la dinastía omeya, a los
dirigentes religiosos y al pueblo. En el año 1009 estalló una revolución en Córdoba durante la cual fueron
asesinados los amiríes. Por último, en el año 1031, una
asamblea de notables decretó en Córdoba el final del
califato, dando paso a la fase histórica de al-Ándalus
conocida como primeros reinos de taifas.
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쐌 Almanzor. Nombre con el que es conocido el caudillo
militar andalusí Muhammad Ibn Abi Amir, llamado AlMansur (el victorioso, 940-1002). Almanzor era miembro de una familia de terratenientes de origen yemení que había formado parte de las primeras oleadas
de invasión a principios del siglo VIII. Se formó en Córdoba y se relacionó con los círculos de palacio hasta
convertirse en administrador de la sultana Subh,
esposa de Al-Hakam II. A la muerte de Al-Hakam II,
Almanzor fue nombrado visir y tutor de su sucesor,
Hisham II (965-1013). Aprovechó la minoría de edad
del nuevo califa para controlar el gobierno, la Administración y el Ejército —cuyo tamaño aumentó considerablemente reclutando mercenarios bereberes—,
imponiendo una dictadura militar y la defensa de la
ortodoxia religiosa. De su rigorismo son ejemplos
la depuración de la biblioteca del califa y la ampliación de la mezquita de Córdoba. Él y sus dos hijos,
que ocuparon el poder después de su muerte, son
conocidos como los amiríes.
Almanzor aumentó la presión sobre los reinos cristianos del norte, contra los que realizó numerosas expediciones. Les exigió además contribuciones y sometimiento. Durante su gobierno, emprendió más de
cincuenta aceifas. El objetivo era conseguir botín para
sufragar los gastos que suponía el mantenimiento de
su ejército y reducir el déficit fiscal del califato, así
como aumentar su prestigio y acallar a quienes criticaban la falta de legitimidad de su poder. Entre las
principales campañas de Almanzor destacan las de
981 contra León —durante la cual conquistó Zamora
y venció en Simancas— y la de 985 contra Cataluña
(saqueo de Barcelona), aunque la de mayor resonancia fue la realizada en 997 contra Santiago de Compostela. En la última de sus expediciones se internó
en La Rioja y destruyó el monasterio de San Millán de
la Cogolla. Al retirarse enfermó y murió en Medinaceli
(1002). Algunos cronistas reseñan que fue derrotado
en la batalla de Calatañazor (1000); sin embargo, la
realidad histórica indica que esta batalla concluyó
con una victoria más de Almanzor. A los pocos años
de su muerte se produjo una rebelión en Córdoba
contra el gobierno de sus descendientes. El califato se
internó en un proceso de disolución y desapareció en
el año 1031.
쐌 Romanización. Proceso histórico por el cual la población indígena de Hispania asimiló los modos de vida
romanos. No fue un proceso homogéneo en el tiempo
—se intensificó notablemente a partir del siglo I a. C.
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bajo la pax romana— ni tuvo la misma incidencia en
todas las áreas, ya que fue muy acentuado en el litoral
mediterráneo y más leve en el interior, el norte y el
noroeste. La romanización se manifestó en diversas
facetas: administración territorial, urbanización y
obras públicas, estructuras económicas y sociales,
derecho, religión y cultura.
La administración territorial varió a lo largo de los
siglos. Durante la República (197 a. C.-siglo I a. C), Hispania se dividió en dos provincias: Hispania Citerior e
Hispania Ulterior. En el Alto Imperio (siglos I a. C.-III) se
incrementó el número de provincias a tres: Bética,
Lusitania y Tarraconense. Durante el Bajo Imperio
(siglos III-V) se introdujo una circunscripción de ámbito superior, la diócesis, y se amplió el número de las
provincias. La diócesis de las Hispanias englobaba
varias provincias: Gallaecia, Lusitania, Bética, Cartaginense, Tarraconense y Mauritania Tingitana, dirigidas
por un vicarius (delegado). Hacia 385 se añadió una
nueva provincia, Baleárica.
La ciudad fue la unidad administrativa básica y el
principal instrumento de romanización de los territorios conquistados. Se crearon nuevas ciudades (colonias como Emerita Augusta) o se transformaron
poblaciones ya existentes (Malaca, Gades, Saguntum,
Cartago Nova y Tarraco). Las ciudades tenían un plano de planta ortogonal con dos grandes ejes —cardo
(norte-sur) y decumanus (este-oeste)—. Disponían de
un foro o espacio urbano donde se ubicaban los centros de poder del municipio —la basílica, donde se
impartía justicia; la curia, centro de Administración
municipal; el tabularium o archivo—, los templos y
las tabernae o tiendas. En las afueras se encontraban la
necrópolis (cementerio) y diferentes edificios para
espectáculos públicos: teatros, anfiteatros y circos.
Los centros urbanos también estaban dotados de
infraestructuras para las comunicaciones (puentes,
puertos y faros), higiénicas (red de cloacas) y para el
abastecimiento de agua (acueductos y cisternas). Las
ciudades de Hispania estaban comunicadas por una
red viaria (calzadas) que contribuyó a mejorar las
relaciones económicas y a cimentar la unidad peninsular y del Imperio.
La economía se basaba en la minería y la exportación
de los productos de la trilogía mediterránea (vino,
aceite de oliva y trigo), los salazones y el garum o
garo (salsa de pescado macerado con sal), así como la
cerámica local (sigillata hispánica). La sociedad hispana estaba formada por grupos de diferente situación
jurídica: colonos itálicos, élites indígenas, indígenas
libres, libertos (esclavos liberados), y esclavos.
El latín era la lengua utilizada en el derecho, la ciencia
y la cultura. El derecho romano fue un importante
instrumento para la romanización. En el ámbito religioso, los romanos respetaron los cultos locales,
siempre que no amenazaran la lealtad a Roma y al
emperador. Tras la implantación del cristianismo, la
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Iglesia colaboró en la latinización de la sociedad hispánica, además de en su evangelización. Entre los hispanorromanos que destacaron en el ámbito cultural
y científico figuran los Séneca, padre e hijo —dramaturgo el primero y filósofo y preceptor del emperador
Nerón el segundo—, el poeta Lucano; el agrónomo
Columela y el geógrafo Pomponio Mela. En el terreno
artístico cabe destacar los edificios destinados al ocio
(teatro y anfiteatro de Mérida), los monumentos conmemorativos (arco de Bará) o las obras públicas
(acueducto de Segovia y puente de Alcántara). La creación artística tuvo también notables manifestaciones
en el campo de la escultura y el mosaico.
 División de Hispania en Citerior y Ulterior
197 a. C.
Destrucción de Numancia
133 a. C.
VIII Concilio de Toledo (Bajo Recesvinto)
653
Batalla de Covadonga
722
 El documento 1 está constituido por dos mapas en los
que se representa el desarrollo de la Guerra de la Independencia (1808-1814). El primero refleja la fase de predominio francés, entre los años 1808 y principios de
1812; en él se sitúan varias batallas que marcaron las
diferentes alternativas del conflicto durante estos años.
Aunque en el mapa se indica que prácticamente todo el
territorio de la Península Ibérica se mantuvo bajo dominación francesa, lo cierto es que esta estuvo sujeta a una
serie de avances y retrocesos. Entre agosto y noviembre de de 1808, tanto España como Portugal se vieron
libres de tropas francesas, excepto la región situada al
norte de la línea del Ebro. Posteriormente, tras la rendición de Madrid a Napoleón (diciembre de 1808), su hermano José I no inició la conquista de Andalucía hasta
principios de 1810 (el sitio de Cádiz se inició en febrero);
asimismo, los franceses alcanzaron las cercanías de Lisboa en octubre de ese mismo año y se retiraron meses
después. Tanto en Portugal como en España, su dominio
del territorio fue precario y se mantuvieron focos de
resistencia, además de en Portugal y Cádiz, en Cataluña,
Galicia y el Levante español.
En el segundo mapa se representa la línea de avance de
los ejércitos británico-portugueses y españoles entre
1812 y 1814 y sus principales victorias. La línea de avance aliada, sin embargo, no fue continua. A la toma de
Ciudad Rodrigo (enero de 1812) y la victoria de Arapiles
(julio de ese mismo año), que hizo posible la toma de
Madrid, siguió un «reflujo francés» que permitió José I
recuperar la capital de su reino entre noviembre de
1812 y mayo de 1813. Fue a lo largo de ese último año,
como consecuencia del desastre de los ejércitos napoleónicos en Rusia, cuando se produjo la retirada francesa y
el avance definitivo del Ejército aliado hacia el norte de
la Península.
La Guerra de la Independencia, provocada por la invasión de los ejércitos de Napoleón para instaurar una
monarquía satélite de Francia en España, marcó el inicio
de la historia contemporánea en nuestro país, ya que
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tuvo como consecuencia el derrumbe de las estructuras
de gobierno del Antiguo Régimen y condujo a la primera experiencia de gobierno de corte liberal durante las
Cortes de Cádiz (1810-1813). Fue un conflicto complejo
por tres razones:
쐌 Tuvo los rasgos de una guerra civil entre los españoles partidarios del rey José I Bonaparte (afrancesados)
y quienes se oponían a él por las armas.
쐌 En su transcurso se produjo una crisis política entre
los españoles que se oponían a la invasión francesa.
Esta se debió inicialmente al vacío de poder provocado por la ausencia del monarca considerado legítimo,
Fernando VII, y, más adelante, a la división entre los
partidarios del rey ausente: absolutistas, ilustrados y
liberales.
쐌 Por último, formó parte de un conflicto internacional
más amplio, abierto en 1792 entre Francia y las
monarquías legitimistas europeas y que no concluyó
hasta 1815.
Los prolegómenos de la guerra estuvieron marcados
por la debilidad española frente a Napoleón, quien
había completado el cerco sobre Manuel Godoy, favorito de Carlos IV y María Luisa de Parma, convirtiéndolo
en un mero peón de su política. Por el Tratado de Fontainebleau, firmado en octubre de 1807, el Ejército francés penetró en la Península para ocupar Portugal. De
esta forma, el emperador pretendía completar el bloqueo continental emprendido contra su principal enemigo, Gran Bretaña. Tras la toma de Lisboa, el 30 de
noviembre, la familia real portuguesa huyó a Brasil; sin
embargo, siguieron entrando en España tropas francesas. A medida que transcurrían los primeros meses de
1808, quedó claro que Napoleón, además de completar
el bloqueo continental, pretendía acabar con la dinastía
de los Borbones. A esta delicada situación se añadió la
grave crisis política interna que concluyó con la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII (motín
de Aranjuez, 17-19 de marzo de 1808). Carlos IV revocó
su decisión unos días después y abrió una crisis dinástica que Napoleón utilizó para alcanzar sus propios fines.
Apoyándose en su posición de predominio, el emperador francés «medió» en el conflicto y atrajo a ambos a
Bayona (Francia), donde logró que renunciaran a la
Corona (5 y 6 de mayo).
Mientras tanto, en Madrid se registraron constantes incidentes entre la población y las tropas francesas, que
desde marzo habían ocupado la ciudad y se habían convertido en el auténtico poder político. Esta situación
desembocó en un motín popular el 2 de mayo de 1808:
a la noticia de la salida de la familia real siguió el rumor
de que los soldados de Napoleón no venían a apoyar a
Fernando VII sino a deponerlo. En esta sublevación, las
clases populares madrileñas se enfrentaron a las cargas
de la caballería francesa en la Puerta del Sol. También
participaron soldados españoles, como los oficiales de
Artillería del cuartel de Monteleón. Los soldados de Napoleón acabaron con el motín a las pocas horas y fusila© Oxford University Press España, S. A.
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ron a un elevado número de madrileños en las afueras
de la ciudad.
Durante el mes de mayo, el eco de la revuelta y la noticia
de las abdicaciones llegaron a todos los rincones de
España. Se constituyeron de forma espontánea numerosas juntas, instituciones formadas por notables locales
que actuaban en nombre del rey pero cuya única legitimidad procedía del pueblo. La necesidad de coordinarse obligó a formar juntas supremas provinciales y, más
tarde, una Junta Suprema Central en Aranjuez (septiembre de 1808), que posteriormente se trasladó al sur, primero a Sevilla y después Cádiz, ante el avance francés.
La persona designada por Napoleón para ocupar el trono español fue su hermano, José Bonaparte. El nuevo
rey se rodeó de ilustrados y afrancesados españoles e
hizo aprobar una Ley Fundamental para el reino, el Estatuto de Bayona (julio de 1808). Durante su reinado, condicionado por los avatares de la guerra, abolió los derechos señoriales y la Inquisición, suprimió las órdenes
religiosas masculinas y las órdenes militares y continuó
la desamortización iniciada por Godoy. Para contrarrestar el Estatuto de Bayona, la Junta Suprema Central convocó unas Cortes, que abrieron sus sesiones en Cádiz (1810).
Estas Cortes, dominadas por los liberales frente a jovellanistas y absolutistas, promulgaron medidas similares a
las del rey José I y aprobaron la Constitución de 1812,
que reflejaba el programa de los liberales de la época.
Desde la perspectiva militar, la Guerra de la Independencia se caracterizó por la superioridad táctica de los
ejércitos de Napoleón —que durante la primera fase del
conflicto infligieron severas derrotas a los ejércitos españoles en campo abierto, salvo excepciones como la
batalla de Bailén (julio de 1808)— y su insuficiencia
numérica para llevar a cabo un control eficaz del territorio conquistado. Tres factores resultaron decisivos en el
desarrollo de la guerra. En primer lugar, la presencia de
un contingente militar británico, dirigido por Arthur
Wellesley, futuro duque de Wellington, que desde sus
bases en Portugal operó en coordinación con las fuerzas
españolas. En segundo lugar, el surgimiento de las guerrillas —que hostigaron las líneas de comunicación francesas y obstaculizaron el control del territorio— y, por
último, la situación bélica en el resto del continente,
especialmente desde 1812 tras el inicio de la campaña de
Rusia, que obligó a Napoleón a retraer tropas y recursos
de la Península. La guerra se desarrolló en tres etapas:
쐌 Mayo-octubre de 1808. Tras las rebeliones de mayo,
los franceses se plantearon la ocupación efectiva del
territorio peninsular. En el noroeste el ejército napoleónico derrotó a los españoles en las batallas de Cabezón (junio) y Medina de Rioseco (julio), pero fue frenado en el paso del Bruch (Cataluña) y no pudo tomar
Valencia. Asimismo, se emprendieron sin resultados
los sitios de Zaragoza y Gerona. El mariscal Dupont se
internó en Andalucía sin asegurar su retaguardia,
derrotó a los españoles en el Puente de Alcolea y
tomó Córdoba. El saqueo de la ciudad provocó el
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levantamiento de la comarca. Aislado, Dupont emprendió una retirada que se vio obstaculizada por el botín
tomado en Córdoba. El general Castaños le cortó el
paso y los franceses sufrieron una estrepitosa derrota
(batalla de Bailén), la primera que sufría un ejército
napoleónico. El 1 de agosto desembarcó en Portugal
un cuerpo expedicionario británico al mando de
Arthur Wellesley que, semanas después, derrotó en
Vimeiro al general Junot. Este se vio obligado a firmar
el Convenio de Sintra, en virtud del cual el ejército
francés fue evacuado a Francia por la flota británica.
Estas derrotas obligaron a los invasores a replegarse
detrás de la línea del Ebro.
쐌 Octubre de 1808-julio de 1812. Inmediatamente se
produjo la reacción francesa. Tras asegurar la situación en Europa, Napoleón concentró en el País Vasco,
La Rioja y Navarra un ejército de 200 000 hombres (la
Grande Armeé) y, dirigiéndolo personalmente, rompió
con facilidad el centro del dispositivo español que
pretendía frenarlo en Gamonal (Burgos, 10 de noviembre). Continuó hacia el sur y, tras forzar el paso de
Somosierra, el 4 de diciembre entró en Madrid. Pocos
días después, se produjo el avance hacia Valladolid
del cuerpo expedicionario británico, al mando del
general Moore (Wellesley había debido regresar al
Reino Unido para dar explicaciones sobre el Convenio
de Sintra). Napoleón atravesó el Guadarrama e hizo
retroceder a las fuerzas de Moore hasta La Coruña,
donde fueron reembarcadas en enero de 1809.
Se inició entonces una guerra de desgaste (18091811) durante la cual los franceses trataron de dominar el territorio peninsular a través de tres líneas
de penetración: Levante, Portugal y Andalucía. Sin
embargo, se mantuvieron focos de resistencia y surgió el fenómeno de las guerrillas, dirigidas por líderes
de extracción popular, como Juan Martín el Empecinado y el Cura Merino (Castilla) o Espoz y Mina (Navarra). En el este se produjo la confluencia de las fuerzas
francesas del valle del Ebro y Cataluña, y concluyó el
segundo sitio de Zaragoza, que capituló el 20 de
febrero de 1809. Pese a que Gerona resistió hasta
finales de diciembre, buena parte de Cataluña estaba
en manos francesas a finales de año. En el oeste, el
mariscal Soult penetró en Portugal desde Galicia y
alcanzó Oporto, pero fue rechazado por los británicos
(mayo). Meses después se produjo un avance angloespañol sobre Madrid. En julio de 1809, una fuerza
dirigida por Wellesley (que había recuperado el mando
del ejército británico) y el general Cuesta derrotó a
los franceses en Talavera; sin embargo, las bajas sufridas
en la batalla y la estrategia británica de no alejarse de
sus bases en Portugal impidieron explotar ese éxito.
Tras esta acción, Wellesley fue nombrado comandante de las fuerzas de la Península Ibérica. En octubre la
Junta Central planteó una nueva ofensiva sobre
Madrid, para lo que reunió un ejército de 50 000 hombres que encomendó al general Areizaga. El rey José
salió al paso de esta fuerza y la destruyó en la batalla
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de Ocaña (19 de noviembre de 1809). Tras esa derrota
el avance de las fuerzas imperiales hacia el sur quedó
libre.
A principios de 1810 los franceses atravesaron Despeñaperros, ocuparon Andalucía y en febrero iniciaron
el sitio de Cádiz, donde se refugió la Junta Central.
Poco después, esta se disolvió y se formó la Primera
Regencia. Paralelamente, las fuerzas de ocupación
progresaron en Cataluña (caída de Lérida, mayo) y en
el Levante alcanzaron Valencia aunque debieron retirarse al poco tiempo. En mayo el mariscal Masséna
inició desde Salamanca una nueva penetración en
Portugal. Tras tomar las plazas fuertes de Ciudad
Rodrigo y Almeida, se hizo con el control de Coimbra
y prosiguió su avance hasta alcanzar la línea fortificada de Torres Vedras (octubre de 1810), dispuesta por
Wellesley para la defensa de Lisboa. Ante su solidez
Masséna no se atrevió a atacarla y solicitó refuerzos,
pero las tropas que podían haber engrosado su ejército se encontraban ocupadas protegiendo de las
guerrillas las líneas de comunicación entre Madrid y
Francia. Aislado y sin avituallamientos, emprendió la
retirada en marzo de 1811. Ese año, la crisis con Rusia
provocó una retirada de efectivos de la Península, lo
que debilitó las fuerzas de José I. Estas fueron derrotadas en Fuentes de Oñoro (frontera de León y Portugal, mayo de 1811); al mismo tiempo, el general
Beresford sitió (sin éxito) Badajoz —tomada en marzo
por Soult— y derrotaba en La Albuera a los franceses.
Sin embargo, estos siguieron avanzando en Cataluña
(toma de Tarragona y Figueras) y en el Levante (nuevo avance sobre Valencia en diciembre, que fue ocupada en enero de 1812).
쐌 Julio de 1812-1814. En esta última fase cambió el signo de la guerra. Los aliados tomaron la iniciativa y
finalmente pudieron expulsar a los ejércitos franceses del suelo peninsular. Wellesley inició el avance
aliado: en enero de 1812 tomó Ciudad Rodrigo tras
un sitio de dos semanas y en abril se apoderó de
Badajoz. En julio, el ejército aliado infligió una severa
derrota al ejército del mariscal Marmont en la batalla de Arapiles (Salamanca). La derrota obligó a los
franceses a levantar el sitio de Cádiz, abandonar
Andalucía y retirarse de Madrid (agosto). Mientras
el almirante Popham hostigaba a los franceses en el
Cantábrico, Wellesley sitió Burgos (septiembre-octubre), pero hubo de iniciar una rápida retirada ante la
contraofensiva francesa, que permitió a José I recuperar Madrid (noviembre).
El año 1813 estuvo marcado por el desastre de Napoleón en Rusia y la necesidad de defender el imperio
frente a las fuerzas rusas, prusianas y austriacas. En
mayo, Wellesley tomo Salamanca y Zamora y derrotó
a los franceses en Vitoria el 21 de junio. Suchet abandonó sus posiciones en Levante y Aragón, y los aliados iniciaron el asedio de San Sebastián (junio). El día
31 de agosto las fuerzas aliadas frenaron en San MarHistoria de España
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cial, al este de la capital guipuzcoana, un intento francés de recuperar la ciudad. Tras la toma de San Sebastián (8 de septiembre), la guerra se trasladó a la frontera. Los aliados cruzaron el Bidasoa el 7 de octubre y
Pamplona cayó el 31 de ese mismo mes. En diciembre
de 1813 tuvo lugar la firma del Tratado de Valençay,
por el cual Napoleón reconoció a Fernando VII como
rey de España. En 1814 los últimos soldados franceses abandonaron la Península Ibérica, aunque el avance aliado prosiguió a lo largo de los meses siguientes
hasta la toma de Bayona (abril de 1814).
Las principales consecuencias de la Guerra de la Independencia fueron:
쐌 Grandes pérdidas demográficas. Se calcula que murieron unos 200 000 franceses y alrededor de 500 000
españoles. A las muertes ocasionadas por los enfrentamientos armados hay que sumar las producidas por
las represalias, la dureza de la vida diaria (hambruna
en Madrid en 1812) y las epidemias.
쐌 Enormes pérdidas materiales: edificios destruidos,
especialmente, en ciudades sitiadas como Zaragoza y
Gerona o bombardeadas, como San Sebastián; campos arrasados y cosechas perdidas por los episodios
bélicos y los saqueos de ambos bandos.
쐌 Difusión de una nueva forma de lucha, la guerrilla, que
sería empleada en conflictos posteriores, como la Guerra
de Secesión Americana y la Segunda Guerra Mundial.
 El Sexenio Absolutista
Tras su confinamiento en Francia, Fernando VII llegó a
España en 1814 y fue aclamado por el pueblo en varias
localidades españolas como símbolo de la paz, la normalidad y la legitimidad restablecidas después de la
guerra. El monarca recibió también presiones (como el
célebre Manifiesto de los persas entregado al rey en abril
de 1814) por parte de altos oficiales del Ejército, de la
Iglesia y de políticos conservadores para anular la Constitución y disolver las Cortes, reunidas entonces en
Madrid. En esta línea, el propio rey dio un golpe de Estado el 4 de mayo de 1814 al promulgar en Valencia un
decreto que anulaba todas las reformas aprobadas en
las Cortes, incluida la Constitución de 1812. Al decreto
siguió la disolución de las Cortes por la fuerza y la persecución de los políticos liberales, muchos de los cuales
tuvieron que exiliarse. Finalmente, Fernando VII entró en
Madrid aclamado por sus súbditos. El rey procedió a restablecer las instituciones de 1808: se restauraron los
consejos y la Inquisición, así como la jurisdicción señorial y sus privilegios, y se suspendió la desamortización emprendida en 1813. Sin embargo, el restablecimiento de la monarquía absoluta pronto se enfrentó a
una serie de problemas insalvables:
쐌 Una gran inestabilidad en el Gobierno. Los ministros
eran relevados de forma continua, en especial el de
Hacienda, debido a la influencia de la camarilla y a la
incapacidad de gobernar con un sistema político
obsoleto.
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쐌 Una crisis en la Hacienda estatal. La deuda del Estado
español era un antiguo problema, pero se agravó con
la Guerra de la Independencia, que había generado
graves trastornos económicos. A estos se unió el proceso de emancipación de los territorios americanos,
que privaba a la Corona de unos ingresos fundamentales, dificultaba las relaciones comerciales y el desarrollo de la industria y obligaba al Estado a efectuar
un gasto extraordinario por el continuo envío de tropas a las colonias para sofocar las rebeliones que allí
estallaban. Además, resultaba imposible imponer un
sistema tributario que garantizara al Estado los ingresos
necesarios sin alterar los privilegios económicos y
sociales de los diferentes grupos.
쐌 La acción de la oposición política liberal. Al no poder
expresarse públicamente, los liberales recurrieron a la
conspiración y a la rebelión militar. La conspiración se
canalizó a través de sociedades secretas como la
masonería, mientras que la rebelión militar se expresó
en los pronunciamientos, que fueron frecuentes a lo
largo del siglo XIX.
Tras varios pronunciamientos fracasados (Espoz y Mina,
Díaz Porlier, Lacy, Vidal), en enero de 1820 el oficial
Rafael del Riego se sublevó con sus tropas en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), proclamando la vigencia de
la Constitución de 1812. En ese momento se habían
concentrado en Andalucía tropas preparadas para
embarcar con destino a América. La acción de Riego,
que contó con el respaldo de la burguesía liberal gaditana, no encontró el apoyo del resto de la población. Sin
embargo, la pasividad de los partidarios del rey provocó
que se produjeran en el mes de febrero insurrecciones
militares en otras localidades (La Coruña, Zaragoza) que
secundaron el pronunciamiento. En marzo Fernando VII
decidió restablecer la Constitución de 1812.
El Trienio Constitucional
Durante el Trienio Constitucional o Liberal (1820-1823)
se intentaron aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz, como la supresión definitiva del Tribunal
de la Inquisición y la abolición del régimen señorial, y se
reemprendió la desamortización, aplicándola a los
mayorazgos, que fueron suprimidos. También se abordó
una reforma eclesiástica para reducir el número de
monasterios y órdenes religiosas; los bienes de las órdenes eliminadas se nacionalizaron (pasaron a manos del
Estado) y se vendieron. Asimismo, se redujo a la mitad
el importe del diezmo cobrado por la Iglesia. En este
período se constituyó la Milicia Nacional, un cuerpo de
carácter civil, al margen del Ejército, formado por ciudadanos dispuestos a defender la Constitución. También
se aprobaron el Reglamento General de Instrucción
Pública (la primera legislación española sobre enseñanza), el primer Código Penal y una nueva división del
territorio español en 52 provincias.
Los liberales se dividieron en dos facciones cada vez
más definidas: los moderados, también llamados doceañistas, creían que bastaba con aplicar las medidas aproHistoria de España
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badas entre 1810 y 1813. Los exaltados eran los organizadores de la Revolución de 1820 y reivindicaban reformas más radicales. Los primeros gobiernos del Trienio
Liberal, hasta agosto de 1822, estuvieron en manos
de moderados. Entre estos se encontraban Agustín de
Argüelles y Francisco Martínez de la Rosa, que habían
estado en el exilio e incluso habían sido encarcelados
durante la primera etapa absolutista de Fernando VII.
Por su parte, los exaltados, entre los que figuraban el
propio Rafael del Riego, Juan Álvarez Mendizábal y Antonio Alcalá Galiano, lideraron diversas protestas urbanas
a finales de 1821 (como la batalla de las Platerías en
Madrid), que inauguraron los movimientos populares
urbanos de signo liberal característicos del siglo XIX. El
grupo de liberales exaltados se hizo cargo del Gobierno
en 1822.
Durante el Trienio Liberal se generó por primera vez un
debate público sobre la acción del Gobierno gracias a
las libertades constitucionales de imprenta, reunión y
expresión. Dicho debate se canalizó a través de las sociedades patrióticas (clubes de discusión política), los cafés
y la prensa libre. En toda España llegó a haber más de
doscientas sociedades patrióticas; habitualmente se reunían en un café (como el célebre de La Fontana de Oro,
en Madrid, que sirvió de inspiración a Benito Pérez Galdós en su primera novela) y empleaban como medio de
expresión la prensa política, que tuvo una gran expansión en esos años. También se popularizaron canciones
y tonadillas, como el Trágala y el Himno de Riego.
En este período surgió también una oposición de carácter conservador al régimen liberal. El rey, cuyos poderes
estaban muy limitados por la Constitución de 1812, se
enfrentó en varias ocasiones a sus ministros y a las Cor-
CONVOCATORIA JUNIO 2009
tes. Un sector del Ejército y de las élites del Antiguo
Régimen lo apoyaban, ya que consideraban que estaba
«secuestrado» por los liberales. La mayor parte del clero
se oponía también a las reformas y a la desamortización
y atrajo a su causa al campesinado, que percibía el liberalismo como un movimiento de clases medias urbanas
favorable a los terratenientes. Los miembros de la oposición contrarrevolucionaria, conocidos como absolutistas, realistas o apostólicos y, más despectivamente, como
serviles, acuñaron el lema «Dios, patria y rey», frente a la
doctrina liberal. La contrarrevolución se manifestó en
distintas rebeliones militares urbanas, como la que tuvo
lugar el 7 de julio de 1822 en Madrid, cuando la Guardia
Real intentó un golpe de Estado con la complicidad del
monarca. Los realistas también organizaron una guerra
de guerrillas rural que se prolongó hasta 1823. Las guerrillas más activas se encontraban en las zonas montañosas de Cataluña, el País Vasco, Navarra y el norte de
Castilla. En el Pirineo catalán se llegó a formar un
Gobierno absolutista conocido como la Regencia de
Urgel (1822). Fue suprimido por las tropas gubernamentales, y sus miembros se refugiaron en Francia.
El régimen liberal fue derrocado por la intervención
extranjera, acordada por varios países en el Congreso de
Verona (1822) y solicitada por el propio Fernando VII.
Francia organizó la expedición conocida como los Cien
Mil Hijos de San Luis, que penetró, con muy poca oposición, en España en abril de 1823. El Gobierno , sin apoyo
popular, se trasladó a Sevilla y después a Cádiz, llevándose al rey consigo. Finalmente, capituló y liberó al
monarca (octubre de 1823). Se inició entonces un nuevo
período de Gobierno absolutista conocido como la
Década Ominosa (1823-1833).
Opción B
 쐌 Marqués de la Ensenada. Título nobiliario por el que
es conocido el estadista español Zenón de Somodevilla (1702-1781). Tras servir como administrador en las
campañas de Italia, fue nombrado secretario de Guerra y Estado por Felipe V en 1741. Dos años después
ocupó la presidencia del Consejo de Castilla y se convirtió en el político de mayor peso de la época. Impulsó el fortalecimiento de la Marina y el Ejército y trató
de reformar la Hacienda pública implantando una
«única contribución»; para ello ordenó la realización
del catastro que lleva su nombre. Favoreció además el
comercio (supresión de las aduanas interiores), la
industria (proteccionismo, exenciones fiscales) y las
obras públicas. Acordó un segundo Concordato con
el papado (1753), que estuvo vigente hasta el siglo
XIX, y que concedía al monarca el derecho de patronato universal (presentación por el rey al Papa de sus
candidatos a obispos y a otros cargos eclesiásticos) y
la potestad de apropiarse de las rentas de los obispa© Oxford University Press España, S. A.
dos vacantes. Tras la muerte de Felipe V, Ensenada
mantuvo su influencia durante los primeros años del
reinado de su sucesor, Fernando VI, pero cayó en desgracia en 1754 y sufrió el destierro. Regresó a la corte
al ser proclamado rey Carlos III. Sin embargo, tras el
motín de Esquilache fue acusado de connivencia con
los jesuitas y desterrado a Medina del Campo, donde
vivió hasta su muerte.
쐌 Ilustración. Corriente de pensamiento que se difundió por Europa en el siglo XVIII. En el caso de España
fue la base de las reformas llevadas a cabo por los primeros Borbones, especialmente Carlos III. Los rasgos
más importantes del pensamiento ilustrado fueron el
empleo de la razón para el análisis y la mejora de la
sociedad española, el fomento de la economía nacional (agricultura, industria y comercio), el impulso del
conocimiento científico y la educación y la creencia
en el progreso y la posibilidad de lograr la felicidad
individual.
Historia de España
8
CASTILLA-LA MANCHA
Los canales de difusión de las ideas ilustradas fueron
las academias (Real Academia Española, 1713-1714;
de la Historia, 1735-1738, y de Bellas Artes de San Fernando, 1744); las nuevas instituciones de enseñanza
superior (Real Seminario de Nobles de Madrid, 1725;
Seminario Patriótico de Vergara, 1767); los consulados
y las sociedades económicas de amigos del país
—cuyos objetivos eran la difusión de la ciencia, en
especial las consideradas útiles, y el fomento de la
economía, y estaban integradas por nobles terratenientes, clérigos reformistas y funcionarios locales—
y las instituciones culturales y científicas (Librería
Real, 1714-1716; Jardín Botánico de Madrid, 1755;
Observatorio Astronómico de la Marina en San Fernando, 1753).
Al ámbito de la Ilustración perteneció también un
importante grupo de intelectuales (Gregorio Mayáns
y Siscar, Benito Jerónimo Feijoo, Gaspar Melchor de
Jovellanos), científicos (José Celestino Mutis) y literatos (José Cadalso, Juan Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín).
La función social del arte era, según los seguidores de la
Ilustración, educar la moral pública y el buen gusto.
Las manifestaciones artísticas debían atenerse a unas
rígidas normas que dieran medida y orden a los excesos formales del Barroco. Consecuente con estas ideas
fue el neoclasicismo, estilo artístico que predominó en
las reformas urbanísticas llevadas a cabo en Madrid
durante la segunda mitad del siglo XVIII por Carlos III
(fuentes de Neptuno, Apolo y Cibeles, el Museo del
Prado, la Puerta de Alcalá). Mención aparte merece
el pintor Francisco de Goya, que de retratista ilustrado
de aristócratas, intelectuales y miembros de la familia
real pasó a ser un pintor genial, difícil de clasificar.
쐌 Tratados de Utrecht. Denominación que engloba a
una serie de acuerdos bilaterales firmados en esta ciudad neerlandesa (1713) y en Rastadt (Alemania, 1714)
por las potencias que habían intervenido en la Guerra
de Sucesión Española (1701-1715). Dichos acuerdos
no solo marcaron el final de la intervención extranjera
en el conflicto en España —la guerra se prolongó en
Cataluña hasta el asalto a Barcelona en 1714 y en las
Islas Baleares hasta la capitulación de Mallorca e Ibiza
en 1715—, sino que establecieron un nuevo orden en
Europa y en el ámbito colonial tras el conflicto abierto
entre Francia y España, donde reinaban los Borbones,
y la Gran Alianza de La Haya, formada en 1701 por
Inglaterra, Austria, Provincias Unidas y Prusia, y a la
que posteriormente se sumaron Saboya y Portugal.
En virtud de estos acuerdos, Felipe V fue reconocido
como rey de España y de las colonias americanas;
en contrapartida, hubo de renunciar a sus derechos
a la Corona francesa y realizar importantes concesiones territoriales que pusieron fin a la presencia española en el norte de Europa e Italia. El gran beneficiado de los acuerdos de Utrecht fue el Reino Unido,
que se consolidó como potencia naval y comercial
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CONVOCATORIA JUNIO 2009
hegemónica y pudo frenar el expansionismo francés
en los Países Bajos e Italia.
Siguiendo las disposiciones establecidas en los tratados de Utrecht, España cedió Menorca y Gibraltar al
Reino Unido que, además, vio reconocido su derecho a
participar en el comercio con las Indias: el envío anual
de un barco de mercancías (navío de permiso) a la
feria de Portobelo (Panamá). El Reino Unido, además,
se hizo con el monopolio del comercio de esclavos
africanos en América, llamado asiento de negros, que
estaba en poder de Francia.
Asimismo, España debió ceder Sicilia a Saboya y perdió definitivamente los Países Bajos del sur, el Milanesado, Nápoles y Cerdeña, que pasaron al Imperio alemán. También realizó concesiones territoriales a las
Provincias Unidas y Prusia. Por último, cedió a Portugal la Colonia del Sacramento (Uruguay), un importante enclave para el comercio y el contrabando con
las Indias de portugueses e ingleses.
 Comienzo de la privanza del duque de Lerma
Tratado de Lisboa
Tratados de Utrecht
Carlos III ocupa el trono de España
1599
1668
1713
1759
 El texto es una fuente primaria histórico-jurídica, ya que
recoge algunos artículos de la Constitución española de
1931, que estuvo vigente entre 1931 y 1936 y, en la zona
republicana, hasta el final de la Guerra Civil en 1939.
Dichos artículos reflejan las características del régimen
de la Segunda República: social y democrático (art. 1, 44,
52), igualitario (art. 2), laico (arts. 3, 26, 27) y descentralizado (arts. 1, 21). La Constitución de 1931 estaba compuesta por 125 artículos organizados en nueve títulos,
además de dos disposiciones transitorias. De las siete
leyes fundamentales promulgadas en España, pertenece, junto a las constituciones de 1869 y 1978, al grupo
de las que poseen un carácter democrático. Las de 1812,
1837, 1845 y 1876 establecían algún tipo de limitación
en el censo electoral, repartían la soberanía nacional
entre las Cortes y el rey en beneficio de este último o no
recogían de modo suficiente los derechos individuales.
En 1930 dimitió el general Primo de Rivera, que había
gobernado España como dictador desde el golpe de
Estado de septiembre de 1923. Alfonso XIII confió entonces el poder al general Berenguer, quien intentó retornar a la normalidad constitucional de 1876. En enero de
1931 se formó un Gobierno monárquico de concentración, dirigido por el almirante Aznar y compuesto por
políticos aún favorables al rey (de la Cierva, Romanones,
García Prieto, Cambó). El nuevo ejecutivo anunció la
convocatoria de elecciones municipales y constituyentes, y se comprometió a conceder la autonomía a Cataluña. No toda la derecha favorecía el regreso la situación
anterior a la Dictadura: antiguos miembros de la Unión
Patriótica creada por Primo de Rivera constituyeron la
Unión Monárquica Nacional (1930), que rechazaba el
régimen parlamentario.
Historia de España
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CASTILLA-LA MANCHA
Entretanto, la oposición republicana había creado nuevos partidos: Acción Republicana (1925), liderado por
Azaña; el Partido Republicano Radical-Socialista (1929),
dirigido por Marcelino Domingo; la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA, 1929), de carácter
autonomista, y Esquerra Republicana de Catalunya
(marzo de 1931), una formación nacionalista encabezada por Francesc Macià y Lluís Companys. Parte de la
derecha conservadora y católica también se adhirió al
republicanismo con la creación de la Derecha Liberal
Republicana (1930), en la que militaron antiguos liberales como Niceto Alcalá-Zamora y exmauristas como
Miguel Maura. A estas fuerzas se sumaban los radicales
de Alejandro Lerroux, representantes del republicanismo histórico.
En agosto de 1930 los partidos republicanos firmaron el
Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a
llevar a cabo una insurrección que instaurara la República. Crearon un comité revolucionario, que era, en realidad, un Gobierno provisional clandestino presidido por
Alcalá-Zamora. En octubre se unieron al Pacto el PSOE
y la UGT, ofreciendo el respaldo de una huelga general
(que no llegó a realizarse). Algunos militares protagonizaron una sublevación fallida en Jaca (diciembre de
1930), que se adelantó a la insurrección proyectada por
los firmantes del Pacto de San Sebastián. La República
no llegó a través de un pronunciamiento militar sino de
una convocatoria electoral que se interpretó como un
plebiscito sobre el cambio de régimen: las elecciones
municipales (celebradas el 12 de abril de 1931). Los
firmantes del Pacto de San Sebastián acudieron a ellas formando una coalición electoral que resultó victoriosa en
las grandes ciudades. El rey, falto de apoyos, partió al exilio. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República española.
Ese mismo día se constituyó un Gobierno provisional,
constituido casi íntegramente por los miembros del comité revolucionario formado un año antes a raíz del pacto
de San Sebastián, que también presidió Alcalá-Zamora.
En su primera declaración, el 14 de abril, el nuevo ejecutivo anunció la celebración de elecciones constituyentes. A su preparación estuvieron destinadas algunas de
las primeras medidas aprobadas en las semanas siguientes: revisión del censo electoral, nombramiento de una
comisión jurídica asesora para elaborar el proyecto de
Constitución y rebaja de la edad para alcanzar la condición de elector de 25 a 23 años. Asimismo, antes de la
convocatoria de elecciones, se promulgaron algunos de
los decretos de reforma militar —preparados por el
ministro de la Guerra, Manuel Azaña— y sobre la mejora
de las condiciones laborales en el campo, impulsados
por el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero,
que indicaban la decidida voluntad del Gobierno de
iniciar un amplio proceso de reformas. En mayo se produjo el primer roce con la Iglesia (declaración contraria a
la República del cardenal Pedro Segura) y pocos días
después estalló un motín popular, que derivó en la quema de conventos y edificios religiosos en varias ciuda© Oxford University Press España, S. A.
CONVOCATORIA JUNIO 2009
des españolas (10-13 de mayo). La derecha hizo responsable de los sucesos al régimen republicano.
Las elecciones constituyentes se celebraron a finales de
junio y dieron una gran mayoría a los partidos de la coalición gobernante. La fuerza mayoritaria fue el PSOE,
seguido por los radicales de Lerroux y los radical-socialistas de Marcelino Domingo; eran minoritarios los partidos de Alcalá-Zamora y Azaña, así como los nacionalistas. Las derechas, que acudieron divididas a los comicios,
obtuvieron una escasa representación. El 14 de julio
tuvo lugar la apertura de las Cortes y se procedió a la
elección de su presidente, el socialista Julián Besteiro. En
los días siguientes se constituyó la comisión parlamentaria para preparar el proyecto definitivo de Constitución, bajo la dirección del también socialista Luis Jiménez de Asúa. El proyecto fue presentado a finales de
agosto y comenzó a debatirse inmediatamente. Los
párrafos, reproducidos en el texto, sobre la naturaleza
del nuevo régimen—«España es una República democrática de trabajadores de toda clase […]» y «La República constituye un Estado integral […]»— fueron objeto
de un duro debate y se aprobaron por estrecho margen.
La polémica volvió a encenderse en octubre, con la discusión de los artículos relativos a la separación IglesiaEstado. La medida era similar a la adoptada en Francia y
Alemania; con ella se pretendía reducir a la Iglesia al
ámbito exclusivamente religioso, desligándola de la política y de la economía nacional. La aprobación de estos
artículos (26 y 27) provocó la dimisión de Alcalá-Zamora
y del ministro de Gobernación, Miguel Maura. Ocupó
la presidencia del Gobierno Manuel Azaña, líder de una
formación minoritaria, Acción Republicana, pero que
gozaba de gran prestigio intelectual y estaba teniendo
una actuación destacada como ministro de la Guerra. El
tratamiento que se daba a la cuestión religiosa en la
Constitución provocó la oposición radical de toda la derecha católica y de la Iglesia, que no se identificaron con el
régimen republicano a partir de ese momento. Esto
explica, en parte, la ambigüedad mostrada por algunos
partidos de la derecha española —la CEDA especialmente— con respecto a la República. Por otra parte, la
oposición política de la Iglesia incrementó el anticlericalismo popular, y desde algunos sectores se consideró a
los religiosos aliados naturales de la derecha antiliberal. Finalmente, la Constitución fue aprobada el 9 de
diciembre de 1931 y, un día después se procedió a la
elección del primer presidente de la República, Niceto
Alcalá-Zamora.
La Constitución de 1931 establecía que el régimen político español sería una «república». El origen de la soberanía era explícitamente «el pueblo». La primacía la tenía
el poder legislativo unicameral, representado por el
Congreso de los Diputados. Sometido a este se encontraban el poder ejecutivo (el jefe del Gobierno y el presidente de la República) y el Tribunal Supremo, cúspide
del poder judicial. El presidente de la República contaba
con cierto margen para elegir o deponer al jefe del
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Gobierno, pero él mismo podía llegar a ser destituido
por las Cortes. Se establecía el Tribunal de Garantías
Constitucionales, que debía declarar la constitucionalidad de las leyes que se aprobasen. Los diputados a Cortes se elegían por sufragio general masculino; en 1933
se amplió el sufragio a las mujeres. El presidente de la
República era designado de forma indirecta a través de
compromisarios. Las corporaciones municipales también eran elegidas por sufragio universal.
Además de configurar un régimen democrático existía
la voluntad de poner fin a las enormes desigualdades
económicas y sociales que existían en la época. Como
punto de partida, en el artículo 25 de la Constitución se
rechaza cualquier tipo de privilegio. Se incluyó, además,
una extensa declaración de derechos individuales (libertad de conciencia, garantías procesales, libertad de
expresión, etc.) y sociales (protección del trabajo infantil
y femenino, limitación de la jornada laboral, salario mínimo, acceso a la Seguridad Social, etc.). También se limitó
el derecho a la propiedad, ya que esta era susceptible de
expropiación forzosa por motivo de utilidad social, aunque siempre con indemnización. Se establecía, asimismo, la posibilidad de nacionalizar algunos servicios de
interés común o públicos (transportes, telefonía…).
Tal y como se indica en el texto, el artículo 1 establecía
que «la República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones».
Con la denominación Estado integral se pretendía evitar
la definición de España como Estado unitario o federal,
mientras se hacía compatible el mantenimiento de la unidad del país con la autonomía de las regiones que lo
solicitaran. En este sentido el primer Estatuto de Autonomía aprobado en la Segunda República fue el de
Cataluña (septiembre de 1932). El Estatuto vasco se
aprobó en plena Guerra Civil (octubre de 1936), al igual
que el gallego (febrero de 1938), si bien, este último no
llegó a aplicarse.
CONVOCATORIA JUNIO 2009
ges (causa justa). El reconocimiento del derecho al
divorcio suponía que el Estado asumía la prerrogativa
de regular el vínculo matrimonial por encima del derecho canónico, en un claro ejercicio de supremacía de las
leyes del Estado sobre las eclesiásticas (de acuerdo con
el principio de que España era un Estado laico). La Ley
de Divorcio se aprobó en 1932.
 Aprobada la Constitución de la Segunda República en
diciembre de 1931, se produjo la elección del nuevo jefe
del Estado: Niceto Alcalá-Zamora, quien había abandonado la presidencia del Gobierno en octubre al estar en
desacuerdo con los artículos 26 y 27 de la Constitución,
que regulaban las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
Su sucesor al frente del ejecutivo, Manuel Azaña, que
mantuvo su cargo de ministro de la Guerra, se dispuso a
proseguir el programa reformista marcado por el Gobierno provisional. En los meses anteriores, él mismo había
iniciado la reforma militar; también se habían dictado
medidas favorables a los trabajadores, especialmente
los del campo. Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, se mostró partidario de convocar elecciones al considerar concluido el período constituyente.
Al ser derrotada esta opción, se produjo la salida de los
radicales del Gobierno.
En la Constitución se afirmaba de modo tajante la separación entre Iglesia y Estado. Así, en el artículo 3 se
declara la aconfesionalidad del Estado y la libertad de
conciencia (art. 27). En el 26 se priva a la Iglesia católica
de los privilegios de los que disfrutaba. Esto último
suponía acabar con los acuerdos de desamortización,
por los que el Estado, a cambio de enajenar los bienes
eclesiásticos, se comprometió en su día a mantener a la
Iglesia. Se terminaba con el subsidio al clero y se privaba
a las órdenes religiosas de inmunidad fiscal. Asimismo,
se consideraba a las confesiones religiosas como asociaciones, por lo que estas deberían inscribirse en un registro y no podrían ejercer ni la enseñanza ni actividades
comerciales o industriales. También se disolvía la Compañía de Jesús, sin citarla, por obedecer a una autoridad
distinta de la legítima del Estado, es decir, al papado.
Azaña conservó su mayoría gracias al apoyo de los socialistas y mantuvo su Gobierno hasta septiembre de 1933.
Sin embargo, durante su mandato debió enfrentarse a
numerosas dificultades: descontento en el Ejército (golpe militar fallido de agosto de 1932), presión creciente
de la derecha antiliberal (carlistas, monárquicos alfonsinos y derecha católica) e insurrecciones de los anarquistas de 1932 y enero de 1933. Durante la segunda de
estas insurrecciones se produjeron los incidentes de Casas
Viejas (Cádiz), que provocaron un fuerte desgaste en el
Gobierno y en el propio Azaña. A medida que transcurría el año 1933, el Gobierno comenzó a tener problemas para mantener una mayoría favorable. La crisis
económica provocó un aumento del paro y de la conflictividad, y la presión de los militantes del PSOE y UGT
sobre los miembros socialistas del Gobierno era cada
vez mayor. Además, una mayoría de los parlamentarios
republicanos deseaba la salida de los socialistas del ejecutivo y lograron que el presidente Alcalá-Zamora aprovechara una crisis de Gobierno para retirar su apoyo a
Azaña y encargar a Lerroux la formación de un gabinete
basado en el apoyo del Partido Radical (septiembre de
1933). Los radicales ensayaron varias fórmulas de coalición y, finalmente, se convocaron elecciones para
noviembre de 1933, que dieron la victoria a las candidaturas de centro y derecha. Se abrió entonces una nueva
etapa: el Bienio Radical-cedista (1933-1936). En su conjunto el balance del Bienio Reformista puede resumirse
en los siguientes aspectos:
En el artículo 43 se reconocía el divorcio. Se establecía la
igualdad de derechos para ambos sexos dentro del
matrimonio y la posibilidad de disolución de este por
mutuo acuerdo o a petición de cualquiera de los cónyu-
쐌 Reforma agraria, con la que se pretendió realizar una
redistribución de la propiedad de la tierra para satisfacer la demanda de los jornaleros. La Ley de Reforma
Agraria (septiembre de 1932) tuvo el inconveniente
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de que se aplicó en todo el país en lugar de ceñirse a
los latifundios del sur, molestando innecesariamente
a muchos pequeños y medianos propietarios que,
sobre todo en Castilla, se opusieron a ella.
쐌 Reformas laborales, promovidas por el socialista Largo
Caballero, ministro de Trabajo, que crearon un nuevo
marco de relaciones laborales. Destacan la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos, así como
las de aplicación exclusiva en el campo (leyes de Términos Municipales, de Laboreo Forzoso y de Accidentes de Trabajo en el Campo). Además, se impuso la
jornada laboral de ocho horas en la agricultura.
쐌 Fortalecimiento del Estado civil y laico. A este campo
pertenecen las medidas impulsadas por Azaña como
ministro de la Guerra. Sus objetivos eran reducir el
enorme número de oficiales, reorganizar la administración del Ejército y la enseñanza militar, modernizar
las escalas y someter la jurisdicción militar a la civil. Al
ámbito del fortalecimiento del Estado laico pertenecen las leyes de Congregaciones Religiosas (1933) y
de Divorcio (1932), así como la secularización de los
cementerios. Estas medidas, junto a la expulsión del
cardenal Segura y la quema de conventos y edificios
religiosos de mayo de 1931, además de la tajante
separación entre Iglesia y Estado del nuevo régimen,
provocaron la oposición del clero (prácticamente en
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CONVOCATORIA JUNIO 2009
bloque) y del catolicismo militante al Gobierno de la
Segunda República.
쐌 Reforma educativa. El objetivo fue crear un sistema
educativo público y laico. Se estableció la coeducación y se prohibió a las asociaciones religiosas ejercer
la enseñanza. Además, se mejoró la formación de los
docentes y se construyeron nuevas escuelas primarias e institutos. En el ámbito cultural destacaron las
Misiones Pedagógicas y otros experimentos de socialización de la cultura en medios rurales y obreros
(grupos teatrales, Universidades Populares).
쐌 Autonomías regionales. En su artículo 12, la Constitución fijó las condiciones para la aprobación de estatutos de autonomía: propuesta por la mayoría de los
ayuntamientos o por aquellos cuya población supere
las dos terceras partes del censo electoral de la
región, aprobación en plebiscito por las dos terceras
partes del censo, aprobación de las Cortes con la condición de que los estatutos presentados respeten los
preceptos constitucionales. La acción del Gobierno
durante el primer bienio se concentró en la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña
(septiembre de 1932). En el proceso de negociación el
presidente Azaña jugó un importante papel. También
se presentó el estatuto vasco, cuya tramitación quedó
paralizada durante el Bienio Radical-cedista.
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