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Historia de España
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CONVOCATORIA JUNIO 2009
SOLUCIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO
AUTORA:
Marta Monje Molina
Opción A
Primera parte
a) Pueblos prerromanos. Conjunto de pueblos de la
Península Ibérica y las Islas Baleares que, durante la Edad
del Hierro y hasta la llegada de los romanos (entre los
siglos VIII y III a. C.), configuraron varias culturas indígenas con distintos grados de desarrollo y de relación con
los pueblos del Mediterráneo. Todos ellos terminaron, de
un modo u otro, sometidos a la autoridad de Roma, aunque asimilaron de forma diferente la cultura de los conquistadores.
Los pueblos prerromanos pertenecían a tres grandes
grupos culturales: iberos, celtas y preceltas y celtíberos.
Los iberos, procedentes del norte de África, formaban
parte de un grupo de pueblos camítico-semíticos cuyo
origen se sitúa en el Cáucaso. Los celtas procedían de
Europa occidental y de la fusión de ambas culturas surgieron los pueblos conocidos como celtíberos. La naturaleza, composición y distribución de estos pueblos es
relativamente bien conocida gracias a las fuentes griegas y romanas.
ceos (entre los cursos medios de los ríos Tajo y Duero), turmódigos (Submeseta Norte), berones (oeste
del Sistema Ibérico), galaicos (Galicia), astures (Asturias), cántabros (Cantabria), autrigones, caristios, várdulos (costa del Cantábrico oriental) y vascones (entre
el curso medio del Ebro y los Pirineos occidentales).
Vivían de la ganadería y poseían asentamientos fortificados permanentes (castros). Probablemente estaban relacionados con la cultura de campos de urnas
de Centroeuropa. Resistieron tenazmente la conquista romana. Los restos arqueológicos más destacados
de esta cultura son los Toros de Guisando (Ávila), el
castro de Coaña (Asturias) y el asentamiento de Celada Marlantes (Asturias).
쐌 Los celtíberos. Ocupaban una posición intermedia
entre los dos grupos anteriores, en torno al curso alto
de los ríos Tajo y Duero y el curso medio del Ebro. Los
principales pueblos de esta cultura eran, de norte a
sur, los pelendones, arévacos y celtíberos. Fueron cotizados mercenarios, valorados por su devoción al jefe,
su sentido del honor y de la hospitalidad y su valentía
en el combate. Famosos por su barbarie, salvajismo y
su tendencia al bandolerismo y al pillaje, sostuvieron
encarnizados enfrentamientos con los romanos. Los
restos arqueológicos más destacados de esta cultura
se encuentran en Numancia (Soria).
쐌 Los iberos. Ocupaban la mitad oriental de la Península Ibérica: este de los Pirineos, litoral mediterráneo,
parte del Sistema Ibérico, La Mancha y el valle del
Guadalquivir, incluyendo Sierra Morena. A este grupo
pertenecían diferentes pueblos como los turdetanos
y túrdulos (valle del Guadalquivir); mastienos (litoral
almeriense); bastetanos (Murcia); oretanos (La Mancha); contestanos e ilercavones (litoral valenciano);
edetanos e ilergaones (este del Sistema Ibérico); lacetanos, layetanos, indigetes, ilergetes y ceretanos
(situados entre el bajo valle del Ebro y los Pirineos) y
baleáricos (Islas Baleares). Eran pueblos agrícolas, disponían de alfabeto y habían desarrollado una lengua.
Su organización social se articulaba en torno a una
aristocracia y jefes de tribu. Sus dioses no solían tener
forma humana, excepto la Gran Madre o Madre Tierra.
Apreciaban los valores guerreros y heroicos. En Baleares eran muy apreciados sus mercenarios (honderos
baleáricos). Entre los principales restos arqueológicos
que se conservan de estos pueblos figuran el santuario del Cerro de los Santos (Albacete) y el santuariopalacio de Cancho-Roano (Badajoz); el toro con cabeza
humana conocido como Bicha de Balazote (Albacete)
y esculturas como la Dama de Baza (Granada) y la
Dama de Elche (Alicante).
Los fenicios eran un pueblo oriental de comerciantes
procedentes de ciudades estado situadas en el actual
Líbano. Fundaron Gades o Gadir (Cádiz), probablemente
en el siglo VIII a. C., Malaca (Málaga), Abdera (Adra) y Sexi
(Almuñécar). Su influencia cultural fue importante en
Baleares y en toda la Península, especialmente en el sudeste. De influencia fenicia, en la zona del Bajo Guadalquivir, existía, al parecer, un país rico llamado Tartesos,
del que se han encontrado restos relacionados con ritos,
objetos y tecnologías orientales como la orfebrería fina
de oro del tesoro del Carambolo (Sevilla).
쐌 Los celtas y preceltas. Ocupaban la mitad occidental
de la Península Ibérica. Sus principales pueblos eran
los cinetes (al oeste del Guadiana), lusitanos (valle del
Tajo), carpetanos (Montes de Toledo), vetones y vac-
Los griegos llegaron hacia el siglo VII a. C. Eran focenses (originarios de Focea, en Asia Menor) y fundaron
Emporion (Ampurias/Empúries) y, después, Rhode
(Rosas). Junto con los fenicios, introdujeron la vid y el
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A partir del año 750 a. C., las culturas indígenas de la
Península y de las Islas Baleares entraron en contacto
con otros pueblos más desarrollados que procedían del
Mediterráneo oriental: los fenicios y los griegos. Estos
pueblos conocían el alfabeto y practicaban la escritura,
realizaban unos ritos religiosos más sofisticados y su
tecnología era más avanzada, pues empleaban ya el hierro, aún desconocido en Occidente.
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olivo y las primeras monedas acuñadas en la Península
Ibérica.
Los cartagineses procedían de Cartago, ciudad norteafricana de origen fenicio; a partir del siglo VI a. C., se convirtieron en la potencia hegemónica del área. Aparte de
buscar metales, reclutaron mercenarios para sus guerras
con los romanos (guerras púnicas).
b) Reino de Pamplona. Denominación original del reino
de Navarra que se mantuvo hasta mediados del siglo XII.
Sus orígenes se remontan a las luchas que sostuvieron
los vascones por alcanzar la independencia frente a los
musulmanes y los francos. A lo largo del siglo VIII el valle
del Ebro se sometió sin apenas resistencia a los musulmanes, quienes establecieron guarniciones en Pamplona, Huesca y Zaragoza. Sin embargo, los vascones, que
habitaban ambos lados de los Pirineos, mantuvieron la
resistencia, como antes los habían hecho contra los visigodos.
A mediados del siglo VIII, expulsaron de Pamplona a los
invasores islámicos y durante los años siguientes los
jefes de las tribus vascas (Ibn Belascot, Jimeno el Fuerte)
lucharon por mantener su independencia. Paralelamente, una estirpe de muladíes, los Banu Qasi, se hizo con el
control del valle del Ebro. A principios del siglo IX, uno de
sus miembros, al-Mutarrif, gobernaba en Pamplona, que
fue ocupada poco después por Carlomagno. En 816, Íñigo Íñiguez, miembro del clan de los Arista, se alió con
Musa ibn Musa, perteneciente a los Banu Qasi, y expulsó a
los carolingios de la ciudad. Se constituyó entonces el
reino de Pamplona, que logró sobrevivir gracias a la
debilidad carolingia y a la alianza con los Banu Qasi frente al emirato de Córdoba.
La alianza con los Banu Qasi se rompió en 858, cuando los
normandos remontaron el valle del Ebro, alcanzaron
Pamplona y se apoderaron del rey García Íñiguez ante la
pasividad de Musa ibn Musa. Liberado tras pagar un rescate, García Íñiguez se alió al rey asturiano Ordoño I y en
859 derrotó a Musa ibn Musa en la batalla de Albelda. En
represalia, los Banu Qasi permitieron el paso al ejército
del emir de Córdoba, que tomó Pamplona y secuestró al
hijo del rey, Fortún. A su regreso, Fortún Garcés I el Tuerto, ocupó el trono del reino de Pamplona (870-905) y
mantuvo la amistad con el emirato.
A principios del siglo X, se produjo un cambio de dinastía, cuando un miembro de la familia de los Jimeno, Sancho Garcés I (905-925), se hizo con el trono. Aliado al reino de Asturias, el monarca aprovechó la debilidad del
emirato de Córdoba y avanzó hacia La Ribera y La Rioja.
En 917 venció en San Esteban de Gormaz al emir cordobés, aunque este pudo vengar la derrota en Valdejunquera tres años después. Pese al saqueo de Pamplona
por los musulmanes (924), Sancho Garcés I consolidó
sus avances territoriales y logró una posición de influencia en el reino de Asturias y el condado de Aragón. La
boda de su hijo, García Sánchez I (925-970) con Andregoto Galíndez, hija del conde de Aragón Galindo II, hizo
posible la anexión del condado de Aragón al reino de
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Pamplona. Su sucesor, Sancho II, fue derrotado por
Almanzor en la batalla de Rueda (984). Tanto él como su
hijo, García Sánchez II, hubieron de someterse al hayib
andalusí.
Con Sancho Garcés III el Mayor (1004-1035), el reino de
Pamplona alcanzó su momento de mayor poder. Este
monarca incorporó al reino Sobrarbe y Ribagorza, y
extendió sus posesiones por el valle del Ebro y el este de
Soria. Intervino en el reino de León y se hizo con el control del condado de Castilla. Favoreció la introducción
de las corrientes de pensamiento europeas a través de
la orden de Cluni, bajo cuya observancia puso los
monasterios de San Juan de la Peña y de Leire, e impulsó
el Camino de Santiago. A su muerte dividió sus dominios entre sus hijos Fernando (Castilla), Ramiro (Aragón),
Gonzalo (Sobrarbe y Ribagorza) y García de Nájera
(1035-1054), que conservó el reino de Pamplona.
Muerto García ante Fernando I de Castilla en la batalla
de Atapuerca, el reino de Pamplona perdió Álava, Vizcaya y Santander. A la muerte de Sancho IV de Peñalén
(1054-1076), el reino cayó en manos de Aragón. En 1134
García Ramírez el Restaurador recuperó el trono de
Pamplona. Durante el reinado de su sucesor, Sancho el
Sabio (1150-1194), comenzó a utilizarse la denominación de reino de Navarra.
c) Tribunal de la Inquisición. Institución eclesiástica constituida en el siglo XIII para reprimir los delitos contra la fe.
En Castilla y Aragón recibió un nuevo impulso a finales
del siglo XV. El Consejo de la Suprema Inquisición fue
creado por los Reyes Católicos en los primeros años de
su reinado con el objetivo de que todos sus súbditos
profesaran la misma fe. Isabel y Fernando consideraban
una obligación restaurar la unidad religiosa de la época
visigoda y tener por súbditos a buenos y sinceros cristianos. En este sentido, la existencia de importantes minorías de judíos y mudéjares constituía un problema. Para
solucionarlo crearon una institución que persiguiese a
los falsos conversos, es decir, aquellos que, pese a haber
abrazado la fe cristiana, persistían en sus antiguos ritos y
costumbres religiosas. La Inquisición constituyó, además, un importante instrumento político, ya que fue la
única institución que se impuso en todos sus reinos,
incluyendo Canarias y, más tarde, las Indias. En la Corona
de Aragón existía un Tribunal de la Inquisición desde el
siglo XIII. Controlado por el papado y los dominicos, su
misión original de perseguir herejes había quedado
obsoleta. Isabel y Fernando decidieron darle un nuevo
sentido y crearla en Castilla.
Autorizado por el Papa en 1478, el primer Tribunal de la
Inquisición, a cargo de los dominicos, comenzó a funcionar en Sevilla dos años después. Más tarde, la Inquisición
se implantó en el resto de Castilla y los demás reinos. En
sus primeros años, se empleó con un rigor máximo,
especialmente contra los judeoconversos. En los siglos
siguientes, amplió su campo de acción a moriscos,
protestantes y a todos aquellos cuyas conductas se consideraban desviaciones morales (blasfemia, brujería,
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homosexualidad…). La Inquisición se mantuvo vigente
hasta el siglo XIX. Las Cortes de Cádiz abolieron la institución, aunque Fernando VII, a su regreso en 1814, la reinstauró. La Inquisición se abolió definitivamente en 1820,
durante el Trienio Liberal.
d) Expulsión de los moriscos. Acontecimiento político
ocurrido a principios del siglo XVII, que supuso la salida
de los reinos de la monarquía hispánica de unos trescientos mil musulmanes convertidos al cristianismo
(moriscos). Los musulmanes que quedaron en la Península tras la caída del reino de Granada (1492), es decir,
los antiguos habitantes de al-Ándalus, se denominaron
mudéjares («islámicos en tierra cristiana»). En principio
su vida, posesiones y prácticas religiosas fueron respetadas, como había sucedido con las minorías musulmanas
residentes en los diferentes reinos cristianos peninsulares. Posteriormente, en 1502 y tras varias sublevaciones
de la población mudéjar en Granada, se ordenó que
todos los musulmanes de Castilla se convirtiesen al cristianismo o partiesen al exilio; en 1526 se dictó en Aragón una medida similar.
Los musulmanes convertidos al cristianismo fueron llamados moriscos. Pese a su conversión, mantuvieron sus
costumbres y constituyeron una minoría diferenciada,
que se dedicó fundamentalmente a la agricultura. A lo
largo del siglo XVI, fueron objeto de una presión creciente por parte de las autoridades y de la Inquisición. Esta
presión provocó el estallido de la revuelta de los moriscos de Granada (Guerra de las Alpujarras, 1568-1570).
Tras su derrota, la mayoría de los moriscos supervivientes (unos 80 000) fueron deportados y repartidos por
Castilla.
El duque de Lerma, valido del rey Felipe III, decidió la expulsión de esta minoría, que se llevó a cabo entre los años
1609 y 1614. Es probable que esta decisión se tomara,
en cierta medida, para apaciguar una sociedad descontenta en un período de crisis económica. Los moriscos
constituían una mano de obra servil muy útil a los
nobles terratenientes, pero las presiones favorables a su
expulsión crecieron a medida que la crisis económica
fue debilitando la influencia de este sector de la nobleza. Los eclesiásticos consideraban a los moriscos falsos
conversos que se negaban a adaptarse a la sociedad
cristiana; se adujo, además, el peligro que representaban
para la seguridad de los reinos por la posibilidad de que
se aliaran con los turcos y por el bandolerismo protagonizado por algunos de sus miembros. Finalmente, en
1609 los moriscos de Valencia fueron expulsados, y un
año después los de Castilla y Aragón. En conjunto, representaban el 4 % de la población española en el siglo XVII,
pero en Valencia sumaban un tercio de la población y en
Aragón alcanzaban el 20 %. Las economías agrarias de
ambos reinos se vieron profundamente afectadas por la
medida.
e) Guerra de Sucesión española. Conflicto armado librado
a principios del siglo XVIII entre los partidarios de instaurar la dinastía de los Borbones en España y quienes
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defendían al candidato de la rama austriaca de los Habsburgo tras la muerte sin herederos de Carlos II el Hechizado. En su testamento, el último monarca de la dinastía
de los Austrias dejó los reinos españoles a Felipe,
duque de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto
de Felipe IV. Sin embargo, existía otro candidato al trono,
el archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador
de Alemania y descendiente de Felipe III de España. La
mayor parte de las potencias europeas no querían que
los Borbones ocuparan los tronos de Francia y España.
Por esa razón, cuando Felipe de Anjou llegó a Madrid y
tomó posesión del trono con el nombre de Felipe V
(1701), los Habsburgo, las Provincias Unidas e Inglaterra
formaron una Gran Alianza con Portugal, Prusia y el
ducado de Saboya. El enfrentamiento de ambos bandos
dio inicio a la Guerra de Sucesión Española (1701-1715).
La guerra tuvo varios escenarios: las fronteras de Francia, los territorios españoles de Milán y Flandes, las posesiones franco-españolas de ultramar y la Península Ibérica,
donde en 1704 desembarcó Carlos de Habsburgo. Castilla se alineó con Felipe V, mientras Aragón, Cataluña,
Mallorca y Valencia apoyaron a Carlos de Habsburgo, quien llegó a ocupar Madrid en dos ocasiones. Sin
embargo, chocó con la hostilidad de las clases populares. Por este motivo, convirtió Barcelona en su centro de
operaciones en la Península Ibérica. Las tropas de Felipe V
derrotaron a la Gran Alianza en Almansa (Albacete,
1707), Brihuega y Villaviciosa (Guadalajara, 1710). Tras
estas batallas solo Cataluña y Baleares quedaron fuera
del control de Felipe V. La muerte sin descendencia del
emperador de Alemania, hermano del archiduque Carlos, en 1711, obligó a este a asumir el trono imperial con
el nombre de Carlos VI. Esta circunstancia favoreció las
negociaciones de paz: por un lado, los países que componían la Gran Alianza no estaban dispuestos a que los
Habsburgo dominasen gran parte de Europa; y por otro,
Felipe V renunció al trono francés. Ambos bandos firmaron la Paz de Utrecht, constituida por los tratados de
Utrecht (Países Bajos, 1713) y Rastadt (Alemania, 1714).
Los aliados abandonaron Cataluña y Baleares, que se
negaron a aceptar a Felipe V. Barcelona cayó tras un
duro asedio (1714), y las islas de Mallorca e Ibiza lo hicieron en 1715. El final de la guerra tuvo consecuencias de
orden internacional. El Reino Unido se consolidó como
potencia naval y comercial: se apoderó de Gibraltar y
Menorca, y obtuvo concesiones de Francia en ultramar.
Además, recibió el derecho a participar en el comercio
con las Indias (navío de permiso) y se hizo con el monopolio del tráfico de esclavos africanos (asiento de
negros) en América. Por último, frenó la expansión francesa hacia Italia y Flandes, y se convirtió en el árbitro de
Europa. Los Habsburgo controlaron el Imperio alemán y
ocuparon Flandes, hasta entonces una posesión española. Además, se repartieron, con el ducado de Saboya, los
dominios italianos de España. Portugal adquirió Colonia
del Sacramento, ubicada en el Río de la Plata, un centro
importante de comercio y contrabando con las Indias
españolas. A nivel interno, la guerra supuso la desapariHistoria de España
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ción de las instituciones propias de los reinos orientales
(Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia) como consecuencia de la promulgación de los decretos de Nueva
Planta (1707-1716).
Segunda parte
a) El gráfico muestra el ritmo con que se construyó la red
de ferrocarriles en España entre los años 1850 y 1935. Se
trata de un gráfico lineal. En el eje horizontal se sitúan
los años. En el eje vertical se ha situado una escala referida al número de kilómetros de vía instalada.
Un primer dato que se deduce de la lectura del gráfico
es el retraso con que comenzó la construcción de la red
ferroviaria en España: en 1850 apenas se había iniciado.
Desde entonces y hasta 1935, se superaron ligeramente
los 12 000 kilómetros. En el período pueden distinguirse
dos fases: una primera de fuerte crecimiento entre 1850
y 1900, durante la cual se alcanzaron los 11 000 kilómetros de vía (más del 90 % de la red ferroviaria); en la
segunda fase, entre 1900 y 1935, apenas se superaron
los 1 000 kilómetros. Dentro de la primera fase se observan a su vez cuatro períodos: un primer momento de
crecimiento muy leve (entre 1850 y 1855), en el que no
se llegó a los 500 km, seguido de otro de construcción
muy intensa entre 1855 y 1865, durante el cual se instalaron más de 4 000 kilómetros de vía y que fue consecuencia de la promulgación de la Ley de Ferrocarriles
(1855); en el decenio siguiente (1865-1875) se puede
observar una desaceleración con respecto al período
anterior (1 500 km), que fue consecuencia de la crisis
económica y la Tercera Guerra Carlista; entre 1875 y
1900 se produjo una nueva aceleración del ritmo de
construcción que, sin alcanzar los niveles del período
1855-1865, se mantuvo constante hasta 1900. El crecimiento prosigue débilmente hasta 1905 y desde ese
año hasta 1925 la línea del gráfico se mantiene prácticamente plana. A partir de 1925, el crecimiento vuelve
a reactivarse ligeramente hasta alcanzar la cota de los
12 000 km en 1930, que fue superada ligeramente a lo
largo del lustro siguiente.
b) En España, los primeros proyectos para la construcción
de líneas férreas se elaboraron en la década de 1830, y al
final de la misma tuvo lugar la inauguración de la primera de ellas, aunque fuera del territorio peninsular, en
Cuba: la línea La Habana-Güines (1837), impulsada por
los industriales azucareros de la isla. España se convertía
así en el séptimo país del mundo en establecer el ferrocarril, y Cuba en el primer territorio de Hispanoamérica
en disponer de este servicio.
Sin embargo, la construcción del ferrocarril se vio obstaculizada por una serie de factores negativos. En primer
lugar, una baja densidad demográfica, que hacía poco
rentables las grandes inversiones que requería este
medio de transporte, más aún en un país como España,
cuya orografía dificultaba notablemente la construcción
de líneas. A ello se sumó una situación política adversa,
marcada por la Primera Guerra Carlista y el elevado déficit del Estado. Consecuencia de ello fue el abandono de
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los proyectos iniciales para la construcción de las primeras líneas férreas.
Sin embargo, existía una clara conciencia de la necesidad de establecer una red de ferrocarriles que permitiese superar las deficiencias del sistema de vías terrestres
—agravadas por la falta de vías de transporte fluvial— y
favorecer la creación de un mercado nacional que
impulsara el desarrollo económico. Estos condicionantes
marcaron uno de los rasgos de los primeros años del
ferrocarril en España: el elevado peso del Estado y de la
inversión extranjera en su construcción. La Administración dio los primeros pasos a través de la Real Orden
sobre Creación de Ferrocarriles (1844), que determinó
las características básicas de la red ferroviaria española:
distribución radial desde la capital hacia el resto del
territorio, sistema de concesiones, participación del Estado y ancho de vía propio —15 centímetros superior a la
norma europea para permitir la instalación de calderas
de mayor tamaño en las locomotoras y superar las dificultades orográficas—. En los años siguientes se construyeron las primeras líneas en territorio peninsular (Barcelona-Mataró, 1848; Madrid-Aranjuez, 1851), aunque el
desarrollo de la red en esta época padeció enormes
deficiencias, tanto técnicas como de planificación. Además, la Real Orden provocó un proceso especulativo y
un aumento notable de la corrupción, que constituyeron un factor importante en el clima de descontento
que condujo a la Revolución de 1854. En ese momento
apenas se había producido un desarrollo apreciable de
la red ferroviaria. Aún no se habían alcanzado los 500 km.
España llevaba un considerable retraso con respecto a
las principales potencias europeas: Reino Unido y Alemania alcanzaron la cota de los 5 000 km antes de que
finalizara la década de 1840; Francia lo logró en 1855.
La llegada de los progresistas cambió la situación. Consideraban clave el desarrollo del ferrocarril para la modernización de la sociedad y la economía españolas. Un año
después de su acceso al poder se aprobó la Ley General
de Ferrocarriles (1855), que concedió importantes incentivos a la construcción ferroviaria. La nueva ley propiciaba la formación de sociedades anónimas, facilitaba el
pago de subvenciones, ofrecía garantías contra determinados riesgos y desgravaba la importación de material
ferroviario. Además, se complementó con una legislación financiera adicional —leyes de Bancos de Emisión y
de Sociedades de Crédito—. Consecuencia de estas
medidas fue la entrada masiva de capital, especialmente
de origen francés (Crédit Mobilier, familia Rothschild), y
un aumento considerable en el ritmo de construcción
de la red ferroviaria. Entre 1855 y 1865 se completaron
4 500 km de vía, aunque el proceso se llevó a cabo
demasiado deprisa, lo que originó deficiencias técnicas.
Al final del período las expectativas de beneficio demostraron ser falsas. Las compañías que explotaban el ferrocarril tuvieron numerosas dificultades de financiación
y no percibían ingresos suficientes. Se abrió además
una etapa de crisis económica internacional (Guerra
de Secesión estadounidense, crisis del algodón), que se
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agravó en España con la quiebra del sistema bancario y
una serie de malas cosechas. Una de las consecuencias
de este ciclo recesivo, además de la caída de Isabel II, fue
la ralentización en el ritmo de construcción del ferrocarril. A partir de 1876, superadas la fase de inestabilidad
política del Sexenio Democrático y la Tercera Guerra
Carlista, se dio un nuevo impulso a la construcción de
líneas férreas. Fue clave la promulgación de la Ley General de Ferrocarriles (1877). Con ella se pretendía, además
de confirmar la legislación anterior y apaciguar a los
inversores tras el último conflicto armado con los carlistas, completar la red ferroviaria mediante el tendido de
líneas transversales y periféricas, la superación de puntos
de especial complicación (puerto de Pajares) y la construcción de una red de vía estrecha destinada al transporte
de pasajeros a nivel comarcal y de determinadas mercancías. A la nueva legislación se unió el clima de
bonanza económica que caracterizó los primeros años
de la Restauración. Consecuencia de ambos factores fue
una fase de intensa construcción de la red ferroviaria, que pasó de los 6 000 km de longitud en 1875 a los
11 000 aproximadamente en 1900, prácticamente el
total del período 1850-1935. Algunas de las líneas construidas en esta época fueron las de Bilbao-San Sebastián; Madrid-Cáceres-Portugal, y Huelva-Sevilla.
En esta época se produjo un proceso de reagrupamiento de las empresas del sector. A finales de siglo tenían
una clara posición de predominio la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte de España (Norte) y la
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y
Alicante (MZA). En 1900 las cinco mayores compañías
ferroviarias controlaban el 86 % de las líneas. Construida
la parte esencial de la red, las compañías se enfrentaron
a una serie de problemas que no pudieron superar a lo
largo de las primeras décadas del siglo. Los escasos márgenes de beneficio provocaron una inversión insuficiente en material y deficiencias en el mantenimiento de la
red, pese a que se produjo un aumento importante del
tráfico, tanto de mercancías (impulsado por la Primera
Guerra Mundial), como de pasajeros. El ferrocarril se
había convertido ya en aquella época en un servicio
básico, y los gobiernos del rey Alfonso XIII comenzaron a
trazar planes para una mayor implicación del Estado en
su gestión. A lo largo de la década de 1920 se fue estableciendo un consenso sobre la necesidad de nacionalizar la red ferroviaria. En 1926 se constituyó la Jefatura de
la Explotación de los Ferrocarriles por el Estado (EFE),
organismo estatal destinado a gestionar las empresas
ferroviarias en dificultades. Durante la Segunda República se aprobó una ley que permitía la intervención del
Estado en consorcio con las empresas propietarias de la
concesión de líneas ferroviarias y se produjeron varias
intervenciones de la Administración mediante la incautación o asunción de determinadas líneas como servicio
público. Pese a lo dicho, a mediados de la década de
1930 un 72 % de la red ferroviaria seguía en manos privadas. Tras la Guerra Civil, el gobierno de Franco promulgó la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los
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Transportes por Carretera, por la que se constituyó la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), sociedad estatal destinada a la gestión y explotación de los
ferrocarriles de vía ancha.
El ferrocarril desempeñó un papel importante en el desarrollo económico e industrial de España. Si bien inicialmente buena parte del capital, la tecnología y la iniciativa empresarial provino de Francia, la implantación del
arancel de 1890 estimuló la demanda de la industria
siderúrgica y mecánica nacional (Maquinista Terrestre y
Marítima). También impulsó el desarrollo de otros sectores, como el maderero y el hullero. A medio plazo tuvo
un efecto dinamizador de la economía española: fue un
factor de peso en la creación de un mercado nacional y
en la superación del aislamiento entre las diferentes
regiones españolas.
Tercera parte
El Bienio Reformista es la denominación que reciben los
dos primeros años de la historia de la Segunda República
española. El período abarcó desde la proclamación del nuevo régimen, el 14 de abril de 1931, hasta septiembre de 1933,
y se caracterizó por los ambiciosos proyectos de reforma
impulsados desde el Gobierno. Puede dividirse en dos fases:
la primera de ellas ocupa los ocho primeros meses del régimen republicano, hasta la aprobación de la nueva Constitución, en diciembre de 1931; la segunda está dominada por
la figura de Manuel Azaña, presidente del Gobierno desde
octubre de ese mismo año.
En la primera fase se produjo la formación, en medio del
entusiasmo popular, de un Gobierno provisional tras el
desplome de la monarquía, provocado por los resultados
favorables obtenidos en las elecciones municipales del 12
de abril por la Conjunción Republicano-Socialista en las
capitales de provincia y en las grandes ciudades. Dicho
Gobierno estaba compuesto por antiguos monárquicos
—entre los que figuraba quien lo presidía, Niceto AlcaláZamora—, republicanos, regionalistas moderados y socialistas. Su principal tarea fue convocar elecciones a Cortes
constituyentes (junio de 1931). El 2 de mayo el cardenal
Segura, primado de España, publicó una carta pastoral en
contra del nuevo régimen. Unos días después estalló un
motín popular, provocado por la inauguración de un círculo
monárquico en Madrid, que derivó en la quema de conventos y edificios religiosos en varias ciudades españolas
(10-13 de mayo). La derecha hizo responsable al Gobierno
de lo sucedido.
Las elecciones de junio dieron la victoria por una amplia
mayoría a los partidos de la coalición en el poder (por este
orden: socialistas, radicales, radical-socialistas y Acción
Republicana de Azaña). Durante los debates sobre el texto
de la Constitución se produjo una primera crisis de Gobierno, al dimitir Alcalá-Zamora como consecuencia de la aprobación de los artículos referentes a la cuestión religiosa
(octubre). Le sustituyó Manuel Azaña, líder de una formación minoritaria pero que gozaba de gran prestigio intelectual y estaba teniendo una actuación destacada como
ministro de la Guerra.
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El 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución, por la
que se implantaba en España un régimen republicano,
democrático y parlamentario. El origen de la soberanía residía explícitamente en «el pueblo». La primacía la tenía el
poder legislativo, unicameral, representado por el Congreso
de los Diputados. Sometido a este se encontraban el poder
ejecutivo (el jefe del Gobierno y el presidente de la República) y el Tribunal Supremo, cúspide del poder judicial. En
junio de 1931 los diputados a Cortes constituyentes se eligieron mediante sufragio general masculino. En los siguientes comicios, celebrados dos años después, las mujeres
pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez en la
historia de España. El presidente de la República era designado de forma indirecta a través de compromisarios.
En lo que respecta a la organización territorial, se contemplaba la aprobación de estatutos de autonomía para las
regiones, para lo cual estas debían presentar un proyecto
que se sometería a referéndum en su región y debía ser aprobado en las Cortes. Se afirmaba además de modo tajante la
separación entre Iglesia y Estado y se establecía la igualdad
de trato hacia las confesiones religiosas. Se terminaba con
el subsidio al clero y se prohibía ejercer la enseñanza a las
órdenes religiosas, a las que también se privaba de inmunidad fiscal. Se admitía, asimismo, la posibilidad del divorcio.
En la Constitución de 1931 también se recogía una extensa
serie de derechos individuales (libertad de conciencia y
expresión, garantías procesales, etc.) y sociales (acceso a la
Seguridad Social, protección del trabajo infantil y femenino, limitación de la jornada laboral, salario mínimo). Se
limitó el derecho a la propiedad: esta podía ser expropiada
por motivo de utilidad social a cambio de una indemnización. Se estableció, asimismo, la posibilidad de nacionalizar servicios de interés común o públicos (transportes,
telefonía…).
Fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora. Se produjo entonces una segunda crisis de Gobierno,
provocada por la salida de los radicales liderados por
Lerroux, quien esperaba atraerse desde la oposición a la opinión pública republicana moderada. Azaña siguió al frente
del ejecutivo y mantuvo la política reformista iniciada por el
Gobierno provisional constituido el 14 de abril de 1931. Los
principales aspectos de dicha política son los siguientes:
쐌 Reforma agraria, con la que se pretendió realizar una
redistribución de la propiedad de la tierra para satisfacer
la demanda de los jornaleros. La Ley de Reforma Agraria
(septiembre de 1932) tuvo el inconveniente de que se
aplicó en todo el país en lugar de ceñirse a los latifundios del sur, molestando a muchos pequeños y medianos propietarios.
쐌 Reformas laborales, promovidas por el socialista Largo
Caballero, ministro de Trabajo, que crearon un nuevo
marco de relaciones laborales. Destacan la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos, y las de aplicación exclusiva en el campo (leyes de Términos Municipales, de Laboreo Forzoso y de Accidentes de Trabajo en
el Campo). Además, se impuso la jornada laboral de
ocho horas en la agricultura.
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CONVOCATORIA JUNIO 2009
쐌 Fortalecimiento del Estado civil y laico. A este campo
pertenecen las medidas impulsadas por Azaña como
ministro de la Guerra. Sus objetivos eran reducir el enorme número de oficiales, reorganizar la administración y
la enseñanza militar, modernizar las escalas y someter la
jurisdicción militar a la civil. Al ámbito del fortalecimiento del Estado laico pertenecen las leyes de Congregaciones Religiosas (1933) y de Divorcio (1932), así como la
secularización de los cementerios. Estas medidas, junto
a la expulsión del cardenal Segura y la quema de conventos y edificios religiosos de mayo de 1931, además
de la tajante separación entre Iglesia y Estado del nuevo
régimen, provocaron la oposición del clero (prácticamente en bloque) y del catolicismo militante al Gobierno de la Segunda República.
쐌 Reforma educativa. El objetivo fue crear un sistema educativo público y laico. Se estableció la coeducación y se
prohibió a las asociaciones religiosas que ejercieran la
enseñanza. Además, se mejoró la formación de los docentes y se construyeron nuevas escuelas primarias e institutos. En el ámbito cultural destacaron las Misiones
Pedagógicas y otros experimentos de socialización de la
cultura en medios rurales y obreros.
쐌 Autonomías regionales. La acción del Gobierno se concentró en la concesión de un régimen autonómico para Cataluña. En agosto de 1931 se votó un proyecto de Estatuto
de Autonomía —conocido como el Estatuto de Nuria—;
tras un largo debate y diversas modificaciones para adecuarlo a la nueva Constitución, fue aprobado en septiembre de 1932. En noviembre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones al parlamento autónomo de
Cataluña, que fueron ganadas por Esquerra Republicana.
Francesc Macià se convirtió en presidente de la Generalitat hasta su muerte en 1933. Le sucedió Lluís Companys.
El Gobierno Azaña se enfrentó a numerosas dificultades:
descontento en el Ejército (golpe militar fallido de agosto de
1932), presión creciente de la derecha antiliberal (carlistas,
monárquicos alfonsinos y derecha católica) e insurrecciones de los anarquistas de 1932 y enero de 1933. Durante la
segunda de estas insurrecciones se produjeron los incidentes
de Casas Viejas (Cádiz), que provocaron un fuerte desgaste
en el Gobierno y en el propio Azaña. A medida que transcurría el año 1933, el Gobierno comenzó a tener problemas
para mantener una mayoría favorable. La crisis económica
provocó un aumento de la conflictividad, y la presión de los
militantes del PSOE y UGT sobre los miembros de estas formaciones presentes en el Gobierno era cada vez mayor. Además, una mayoría de los parlamentarios republicanos deseaba la salida de los socialistas del ejecutivo y lograron que el
presidente Alcalá-Zamora aprovechara una crisis de Gobierno para retirar su apoyo a Azaña y encargar a Lerroux la formación de un gabinete basado en el apoyo del Partido
Radical (septiembre de 1933). Los radicales ensayaron
varias fórmulas de coalición y, finalmente, se convocaron
elecciones para noviembre de 1933, que dieron la victoria a
las candidaturas de centro y derecha. Se abrió entonces una
nueva etapa: el Bienio Radical-cedista (1933-1936).
Historia de España
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
CONVOCATORIA JUNIO 2009
Opción B
Primera parte
a) Provincias romanas. Circunscripciones territoriales y
administrativas en que se dividió Hispania durante el
período de dominación romana. Su número y extensión
varió a lo largo del tiempo. Entre 197 a. C. y el siglo I a. C.,
Hispania se dividió en dos provincias: Hispania Citerior
(vertiente mediterránea) e Hispania Ulterior (sur del litoral mediterráneo, valle del Guadalquivir). Su función era
eminentemente militar; al frente de cada una de ellas se
encontraba un pretor. Entre los siglos I a. C. y III d. C., la
división territorial de Hispania se amplió a tres provincias: Bética (costa andaluza, valle del Guadalquivir, sur de
Extremadura), Lusitania (mitad meridional de Portugal,
parte de las actuales Extremadura y Castilla y León) y
Tarraconense (resto del litoral mediterráneo, territorios
del interior, litoral cantábrico y noratlántico). Durante el
Bajo Imperio (siglos III-V) se estableció la diócesis, unidad
administrativa que englobaba varias provincias. La diócesis de las Hispanias agrupaba siete provincias: Gallaecia (desgajada de la Tarraconense, comprendía aproximadamente los territorios de la actual Galicia), Lusitania,
Bética, Cartaginense (litoral levantino, territorios de la
Meseta), Tarraconense (vertiente norte del litoral mediterráneo, valle del Ebro, mitad occidental del litoral cantábrico), Baleárica y Mauritania Tingitana (territorios de
África frente al estrecho de Gibraltar). Eran dirigidas por
un vicarius (delegado).
b) Califato de Córdoba. Fase de la historia de al-Ándalus,
que siguió a las etapas del emirato dependiente (711756) y emirato independiente (756-929). El período se
abrió cuando Abd al-Rahman III, emir desde el año 912,
se proclamó califa en Córdoba (929). Abd al-Rahman III
restauró la unidad del Estado islámico y estableció la
hegemonía de al-Ándalus sobre toda la Península Ibérica. Promovió además el desarrollo artístico e intelectual
en Córdoba y Madinat al-Zahra (Medina Azahara). Su
sucesor, Al-Hakam II (961-976), fue un notable erudito y
un gran protector de la cultura. Continuó la política de
su padre, consolidó el centralismo de los omeyas y mantuvo la hegemonía militar de al-Ándalus sobre los reinos
cristianos del norte de la Península Ibérica y en el
Magreb. Tras la muerte de Al-Hakam II, los califas de Córdoba se mantuvieron en el poder de forma simbólica.
Aprovechando la minoría de edad del nuevo califa, Hisham II (976-1013), el gobierno efectivo pasó a manos del
hayib o valido andalusí, Almanzor. Él y sus dos hijos, que
le sucedieron en el poder, son conocidos como los amiríes. Almanzor controló la Administración y el Ejército, y
emprendió expediciones de castigo contra los reinos
cristianos del norte. En el año 1009 estalló una revolución en Córdoba durante la cual fueron asesinados los
amiríes. En el año 1031, una asamblea de notables decretó en Córdoba el final del califato.
c) Casa de Contratación. Institución a través de la cual
la Corona de Castilla controló el comercio con las Indias.
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Constituida en 1503, se eligió como sede del nuevo
organismo la ciudad de Sevilla, a la que se otorgó en
régimen de monopolio el comercio con las colonias
americanas. Las razones de la elección de Sevilla fueron
la seguridad militar que ofrecía su puerto fluvial y su
condición de territorio de realengo, a diferencia de otros
puntos alternativos situados en la costa dominados por
diferentes clanes aristocráticos. La Casa de Contratación
intervino en todos los aspectos relacionados con el tráfico comercial con las Indias: organización de flotas, control de las cargas fiscales, resolución de pleitos judiciales,
enseñanza de técnicas náuticas, etc. En 1717 su sede se
trasladó a Cádiz, donde se mantuvo hasta su disolución
en 1790. La razón fundamental de su desaparición fue la
promulgación por Carlos III del Decreto de Libre Comercio (1778) con las colonias americanas.
d) Diputación del Reino de Navarra. Comisión permanente de las Cortes del Reino de Navarra constituida en
1576, cuya función era ejecutar sus disposiciones mientras estas no estuviesen reunidas y vigilar la observancia
de los fueros. A diferencia de las diputaciones de otros
reinos de la monarquía hispánica, que poseían atribuciones en materia fiscal, en Navarra esa función la ejercía
la Cámara de Comptos, aunque al finalizar la Edad
Moderna la Diputación del Reino asumió muchas de
dichas funciones.
La Diputación del Reino de Navarra se componía de siete
miembros, nombrados por los tres brazos de las Cortes:
uno del eclesiástico, dos del militar y cuatro de las ciudades (que, no obstante, poseían dos votos). La presidía el
obispo de Pamplona. Entre sus atribuciones políticas
figuraban la presentación al rey de los proyectos de ley
elaborados por las Cortes para que los sancionara y la
solicitud de reparación de los contrafueros, es decir, los
actos contrarios a los fueros. Para la salvaguarda de
estos, el Reino de Navarra disponía del llamado derecho
de sobrecarta y el pase foral. El primero, instituido en
1561, consistía en que todas las decisiones del Gobierno
del rey fuesen examinadas por el Consejo Real de Navarra. El pase foral, establecido en 1692, exigía la comunicación previa a la Diputación de todas las medidas del
Gobierno antes de ser presentadas al Consejo para el
examen de sobrecarta.
Durante los siglos XVII y XVIII, la Diputación del Reino fue
ganando importancia con respecto a las Cortes, ya que
estas se reunieron con una frecuencia cada vez menor.
Como consecuencia de la promulgación de la Ley Paccionada de 1841, la Diputación del Reino de Navarra fue
suprimida y sustituida por la Diputación Provincial, que
posteriormente recibió el nombre de Diputación Foral.
e) Mercantilismo. Doctrina económica surgida entre los
siglos XVI y XVII, que estuvo vigente hasta la segunda
mitad del siglo XVIII, cuando empezó a ser rebatida por
nuevas teorías (la fisiocracia y el liberalismo). Para los merHistoria de España
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
cantilistas, la riqueza era un bien limitado, que se medía
por la cantidad de metales preciosos que un reino era
capaz de atesorar en detrimento de otros estados. Por
tanto, los gobiernos debían impulsar la agricultura y la
industria de su país para, a través del comercio exterior,
obtener la mayor cantidad posible de metales preciosos. Era necesario, además, fomentar medidas proteccionistas que obstaculizaran las importaciones y fomentaran las exportaciones. De esta manera se lograría que
la riqueza del propio reino se incrementara en perjuicio
de otros. El mercantilista europeo más célebre fue el
francés Jean-Baptiste Colbert, consejero de Finanzas y
secretario de Estado de Luis XIV.
Segunda parte
a) El texto recoge varios fragmentos de La tierra y la cuestión social, título de un conjunto de ensayos escritos por
Joaquín Costa y reunidos en el volumen IV de la Biblioteca Económica de sus Obras completas. El volumen fue
publicado, póstumamente, en 1912. Se trata de una
fuente histórica primaria de naturaleza jurídico-política.
Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, Joaquín Costa (1846-1911) fue profesor de la Institución Libre de
Enseñanza y mantuvo posiciones próximas al krausismo
y al republicanismo. Desarrolló una intensa y amplia
actividad intelectual que le llevó a ocuparse de asuntos
relacionados con la historia, el derecho, la economía y
otros muchos aspectos de la realidad española. En su
obra destacan títulos como Colectivismo agrario en España (1898) y Oligarquía y caciquismo como forma actual
de gobierno en España (1901-1902). Costa fue uno de los
ideólogos del regeneracionismo, un movimiento intelectual y social crítico con el sistema político de la Restauración surgido tras la pérdida de las últimas posesiones del imperio colonial español.
El régimen político de la Restauración se instauró en
enero de 1875. Supuso el regreso al trono español de la
dinastía de los Borbones en la persona de Alfonso XII,
hijo de la destronada Isabel II, y abrió una etapa de estabilidad política después de las incertidumbres vividas
durante el Sexenio Democrático (1868-1874). Antonio
Cánovas del Castillo, artífice del nuevo régimen, pretendió dotar a la monarquía restaurada de un sistema político liberal que permitiera la alternancia pacífica en el
Gobierno de dos grandes partidos que no se marginaran entre sí ni recurriesen a la insurrección para acceder
al poder. El edificio político canovista se sustentó en la
Constitución de 1876, en el papel arbitral del rey y en
la alternancia pacífica en el poder de los partidos Conservador y Liberal, el llamado turno de partidos, oficializado en 1885 por el Pacto de El Pardo.
A lo largo de la década de 1880 se establecieron una
serie de medidas de apertura (Ley de Asociaciones,
1887; Ley del Jurado, 1888) que culminaron con la instauración del sufragio general masculino en 1890. Sin
embargo, el sistema estaba viciado por la corrupción del
voto («pucherazo») y el falseamiento de los procesos
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CONVOCATORIA JUNIO 2009
electorales, que eran dirigidos desde el ministerio de
Gobernación y controlados a nivel local por una red
de notables locales, los llamados «amigos políticos». Este
sistema, conocido como caciquismo, fue más eficaz en
las zonas rurales que en las urbanas, donde la opinión
pública y los votos eran más difíciles de controlar. Tampoco se produjo la integración de las fuerzas que operaban fuera del sistema (carlistas, republicanos, nacionalistas, movimiento obrero); algunas de ellas exigían una
democratización real del sistema político. A esto se unía
la existencia de grandes bolsas de pobreza en el medio
rural, situación que se vio agravada por la crisis que
experimentó el sector agrícola en el último cuarto de
siglo. En las ciudades, sujetas algunas de ellas a un rápido
proceso de expansión como consecuencia de la industrialización, se concentró una población obrera que vivía
en condiciones de miseria y precariedad laboral.
El descontento y la apatía fueron extendiéndose en sectores cada vez más amplios de la sociedad durante la
década de 1890 hasta que la pérdida de las últimas
colonias españolas, episodio conocido como el desastre
del 98, provocó el surgimiento del regeneracionismo. Se
trataba de un movimiento intelectual y social que aglutinó a la pequeña y mediana burguesía, marginada del
poder y perjudicada por la política económica proteccionista de los gobiernos de la Restauración y los efectos de la crisis. Desde 1892 Costa dirigía la Cámara Agrícola del Alto Aragón y había defendido una revisión del
arancel proteccionista, que perjudicaba los productos
agrícolas de exportación, el desarrollo de la vida municipal y la adopción de una política de obras públicas,
especialmente en el sector hidráulico. En 1899 su movimiento se unió a la Liga Nacional de Productores, que
Costa pasó a presidir. Un año después la Liga se fusionó
con la Asamblea de las Cámaras de Comercio de Basilio
Paraíso, formando la Unión Nacional, que se presentó a
las elecciones de 1901 y obtuvo cuatro escaños. El movimiento, sin embargo, se disolvió dos años después y
Costa, tras ser elegido diputado por la Unión Republicana (1903), se retiró de la vida política en 1904.
Algunos de los planteamientos políticos del regeneracionismo (supresión del caciquismo, necesidad de una
reforma social, recuperación de la grandeza económica
de España) fueron asumidos por los partidos dinásticos.
Los primeros en adoptar estos puntos de vista fueron los
políticos conservadores, liderados por Francisco Silvela.
Cuando este presidió el Gobierno (1899-1900), creó dos
nuevos ministerios, separados del de Fomento, que
encarnaban las reivindicaciones del regeneracionismo:
el de Instrucción Pública (equivalente al de Educación)
y el de Agricultura. La tarea política de Silvela fue continuada por Antonio Maura (1903-1904; 1907-1909). Los
políticos de la izquierda liberal también adoptaron el
espíritu del regeneracionismo: Santiago Alba (que colaboró con Costa), José Canalejas y Melquíades Álvarez se
acercaron o se integraron en el ala izquierda del Partido
Liberal y fueron los impulsores de su renovación; estos
políticos proponían, además, la reforma del régimen
Historia de España
10
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
monárquico desde la izquierda y se granjearon las simpatías de muchos intelectuales liberales.
Las ideas de Costa mantuvieron su influencia a lo largo
de las décadas siguientes y se reflejaron en la preocupación por la mejora de la situación en el campo y el impulso de las obras públicas que caracterizó, desde diferentes
planteamientos, tanto a la Dictadura de Primo de Rivera
como a la Segunda República. Algunos aspectos de su
pensamiento (como la referencia al «cirujano de hierro»
que el autor aragonés consideraba necesario para solucionar los males del país), fueron utilizados para propugnar soluciones de carácter autoritario. Sin embargo, Costa siempre se mantuvo en los límites del liberalismo.
b) La primera de las críticas que Costa hace al sistema de la
Restauración es la falta de conexión entre las estructuras políticas del régimen y la realidad social, que los
regeneracionistas expresaron como la existencia de un
abismo entre la «España oficial» y la «España real». El
establecimiento de una Constitución liberal, el sufragio
universal y los derechos individuales no han supuesto
una mejora en las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad («[…] seguimos lo mismo que estábamos: el pueblo gime en la misma servidumbre […] ¿Y
sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más
que de escribirla en la Gaceta […]»).
Una segunda crítica a los gobiernos de la Restauración
es que no impulsaron una política de reformas, especialmente en el ámbito rural («[…] mejorando y universalizando la instrucción… promoviendo una transformación
honda de la agricultura[…] »). Esa falta de prosperidad y
preparación, y esta es la tercera crítica, es la que ha fortalecido los mecanismos de control político del caciquismo («el que tiene la llave del estómago tiene la llave de
la conciencia») y que son la causa de la corrupción electoral («[…] el que tiene el estómago dependiente […]
no puede el día de las elecciones votar a quien quiere
[…]»). Por esa razón el Régimen de la Restauración, en
opinión de Costa, no era representativo («[…] la revolución no pudo rendir fruto alguno, quedó estéril. »).
Tercera parte
El acercamiento a Francia, promovido por Godoy, y que se
plasmó en los tratados de san Ildefonso, firmados en 1796
y 1800, convirtieron a España en un satélite del Estado
francés. La dependencia creció en los años siguientes y, en
los primeros meses de 1808, Napoleón cerró el cerco al que
había sometido a Godoy y a Carlos IV. En virtud del Tratado
de Fontainebleau, el Ejército francés penetró en la Península al finalizar 1807 con el pretexto de tomar parte en la guerra con Portugal; meses después, quedó claro que el «pequeño corso», además, pretendía acabar con la dinastía
de los Borbones.
El 23 de marzo de 1808 las tropas francesas entraron en
Madrid, donde fueron bien recibidas. Cuatro días antes, como
consecuencia de la conspiración de Aranjuez, Carlos IV
había cedido el trono a su hijo Fernando VII, pero al retrac-
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CONVOCATORIA JUNIO 2009
tarse de su decisión poco después provocó una crisis dinástica en la que los franceses intervinieron con la intención de
imponer su propio candidato. En abril, Fernando VII partió
hacia Bayona (localidad situada en el sur de Francia) para,
con el arbitraje de Napoleón, solucionar el conflicto que le
enfrentaba a su padre. En lugar de eso, el emperador francés obtuvo la renuncia al trono de ambos (abdicaciones de
Bayona, 5 y 6 de mayo). Antes de partir, Fernando VII había
nombrado una Junta Suprema de Gobierno con la misión
de gobernar en su nombre.
A lo largo del mes de abril, en Madrid se registraron constantes incidentes entre la población y las tropas francesas,
que se habían convertido en el auténtico poder político.
El 2 de mayo, a la noticia de la salida de la familia real y el
rumor de que los franceses iban a deponer al rey, siguió
una sublevación de las clases populares madrileñas, que
combatieron a los franceses en la Puerta del Sol. En los
enfrentamientos también participaron soldados españoles,
entre ellos los oficiales de Artillería del cuartel de Monteleón.
Las tropas de Napoleón llevaron a cabo una represión muy
dura y fusilaron a un elevado número de madrileños en las
afueras de la ciudad.
El eco de la revuelta en Madrid y la noticia de las abdicaciones provocaron que la sublevación se extendiera por
todo el territorio español. Los insurrectos reclamaban el
regreso de Fernando VII y, ante el vacío de poder existente,
constituyeron juntas, organismos de ámbito local y provincial compuestos por ilustrados, militares, clérigos y otras
personalidades elegidas por los ciudadanos. Dichas juntas
actuaban en nombre del rey ausente, pero su única legitimidad procedía del pueblo español. Se trataba, por tanto,
de una auténtica revolución política. La necesidad de coordinarse política y militarmente obligó a formar juntas supremas provinciales y, más tarde, una Junta Suprema Central
en Aranjuez (septiembre de 1808). Esta constaba de 35
miembros, la mayoría de ellos nobles reformistas; aunque
su presidente inicial era el anciano conde de Floridablanca,
su figura más representativa fue, sin duda, Gaspar Melchor
de Jovellanos. La Junta Suprema Central tuvo que establecerse en Cádiz, huyendo del ejército francés. A pesar de las
discrepancias, finalmente se adoptó la decisión de convocar
unas Cortes con el objetivo de contrarrestar la asamblea
convocada por José Bonaparte y el Estatuto de Bayona. La
primera sesión de dichas Cortes se celebró en Cádiz en septiembre de 1810.
A diferencia de las Cortes medievales, divididas en estamentos, las de Cádiz reunieron en una misma asamblea a
todos los diputados o representantes llegados de distintos
lugares de España. Incluso las provincias que estaban sometidas por el ejército invasor y no podían enviar diputados,
estuvieron presentes a través de ciudadanos de esos territorios que se encontraban por entonces en Cádiz. Las Cortes funcionaron hasta septiembre de 1813; el número de
diputados aumentó constantemente, pasando, en tres años,
de cien a más de doscientos. En su mayoría eran clérigos,
abogados, funcionarios o militares; había también algunos
nobles y unos cuantos comerciantes y propietarios. Pue-
Historia de España
11
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
de decirse, así, que la clase media urbana fue la protagonista de las Cortes de Cádiz. Los diputados reunidos en las
Cortes de Cádiz pertenecían a tres grupos ideológicos:
쐌 En el ala izquierda, los liberales, partidarios de emprender
cambios radicales y de dotar a las Cortes, como Asamblea Nacional, de toda la soberanía. Entre ellos destacó
Agustín de Argüelles. Fueron los auténticos triunfadores,
ya que consiguieron imponer sus criterios.
쐌 En el centro, los seguidores de Jovellanos abogaban por
establecer un compromiso entre la nación y el rey a través de unas Cortes estamentales. A la larga, su criterio se
impuso en el siglo XIX y en las constituciones futuras.
쐌 En el ala derecha, los absolutistas, enemigos de las reformas y partidarios del sistema tradicional, en el que la
soberanía del rey emanaba de Dios. Esta teoría fue respaldada por Fernando VII a su vuelta del exilio y por los
carlistas a lo largo del siglo XIX.
Las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de medidas que
desmantelaban gran parte de los fundamentos políticos,
sociales y económicos del Antiguo Régimen. Entre las reformas políticas, la más importante fue la aprobación de la
Constitución (marzo de 1812), una extensa norma que reflejaba el programa de los liberales de la época (llamados doceañistas en su honor). Se trata de la primera ley fundamental
aprobada por un Parlamento nacional en la historia de
España. Sus principios básicos, inspirados en la Constitución
de la Revolución francesa de 1789, fueron los siguientes:
쐌 Soberanía nacional. La soberanía residía en la nación, la
«reunión de todos los españoles», incluidos los habitantes de las colonias.
쐌 División de poderes. El poder legislativo residía en las
Cortes unicamerales, el poder ejecutivo lo ostentaba el
rey y el judicial competía a los tribunales. El régimen político era, por tanto, una monarquía parlamentaria, es decir,
el Gobierno en torno al rey era responsable ante la ley y
ante el Parlamento o Cortes. El poder del monarca estaba
muy limitado, y la superioridad del poder legislativo era
evidente.
쐌 Reconocimiento de los derechos individuales. Se incluían
derechos como la libertad, la propiedad, la igualdad jurídica y fiscal, la inviolabilidad del domicilio, las garantías
penales y la libertad de imprenta, entre otros. Sin embar-
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CONVOCATORIA JUNIO 2009
go, no existía una declaración explícita de derechos individuales, como sucedió en la Revolución francesa.
쐌 Proclamación del catolicismo como religión oficial del
Estado. Se prohibía el ejercicio de cualquier otra. Se afirmaba, por tanto, la intolerancia religiosa.
쐌 Adopción de un nuevo sistema electoral. Incluía un sufragio general masculino muy amplio (solo se excluía a los sirvientes domésticos y los vagabundos) e indirecto (los
electores no elegían directamente a los diputados a Cortes sino a unos representantes que se encargaban, a su
vez, de designarlos). Las mujeres tampoco podían votar.
쐌 Democratización de la vida municipal. Las corporaciones
municipales serían renovadas anualmente, y sus miembros (alcaldes y regidores o concejales), elegidos por
sufragio general masculino e indirecto. Además, se creaba la Milicia Nacional, un cuerpo armado civil, independiente del Ejército, encargado de defender la nación y,
por extensión, la Constitución.
Otras medidas de carácter social y económico aprobadas
por las Cortes de Cádiz fueron las siguientes:
쐌 Supresión del régimen señorial. Se abolieron los derechos feudales (1811), es decir, la dependencia personal
que los campesinos tenían respecto de sus señores y, por
tanto, los señoríos jurisdiccionales: los señores dejarían
de administrar justicia y de percibir rentas por ejercer
esta función. Se mantuvieron los señoríos territoriales. La
propiedad agraria apenas experimentó cambios.
쐌 La nueva desamortización. Se aplicó (1813) a las propiedades de los afrancesados, a las de las órdenes militares
disueltas, a las de los monasterios destruidos por la guerra y a la mitad de las tierras municipales. Estos bienes
(bienes nacionales) se venderían en pública subasta y se
admitirían los títulos de deuda pública como medio de
pago.
쐌 Otras medidas adoptadas fueron la supresión de la Inquisición, de las aduanas internas y de los gremios.
Las reformas adoptadas por las Cortes apenas llegaron a
aplicarse. A su regreso a España, Fernando VII las anuló
todas, incluida la Constitución de 1812, y restableció las instituciones del Antiguo Régimen. Sin embargo, las medidas
aprobadas en Cádiz constituyeron durante décadas el programa de los liberales españoles.
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