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Guía 3.ª E DI corre CIÓN g y aum ida entad a práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas con discapacidad Fundación Jiennense de Tutela Fundación Jiennense de Tutela C/. Federico Mendizábal, 1 - 4.º 23001 Jaén Teléfono 953 23 74 52 Fax 953 953 24 27 84 [email protected] GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 1 2 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 3 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL Y OTRAS ACTUACIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL Y OTRAS ACTUACIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTONIO CABEZAS MOYANO ASESOR JURÍDICO DE LA F.J.T. CRISTÓBAL FÁBREGA RUIZ FISCAL COORDINADOR DE LA SECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA FISCALÍA DE JAÉN INMACULADA MORENO GARRIDO TRABAJADORA SOCIAL DE LA F.J.T. JOSÉ MIGUEL ORZÁEZ FERNÁNDEZ SECRETARIO JUDICIAL 5 6 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Esta obra se acoge al amparo del Derecho de Propiedad Intelectual. Quedan reservados todos los derechos inherentes a que ampara la Ley, así como los de traducción, reimpresión, transmisión radiofónica, de televisión, internet (página web), de reproducción en forma fotomecánica o en cualquier otra forma y de almacenamiento en instalaciones de procesamiento de datos, aún cuando no se utilice más que parcialmente. Depósito Legal: J - 491 - 2006 Primera edición: Octubre 2006. 1.000 ejemplares. Segunda edición: Noviembre 2006. 500 ejemplares. Tercera edción. Corregida y aumentada: Diciembre 2007. 500 ejemplares. Fuente: «Guía práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas incapacitadas» de la Fundación Tutelar de La Rioja. Edita: Fundación Jiennense de Tutela. © C/. Federico Mendizábal, n.º 1 - 4.º 23001 Jaén Teléfono 953 23 74 52. Fax 953 24 27 84 [email protected] Imprime: UNIÓN GRÁFICA® C/. Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3 - 23005 Jaén Teléf. 953 086 400 - Fax 953 086 300 E-mail: [email protected] Impreso en España - Printed in Spain Distribución gratuita. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 7 ÍNDICE Presentación a la 1.ª y 2.ª edición .......................................................... 15 Presentación a la 3.ª edición .................................................................. 17 I.- Prólogo..................................................................................... 19 ¿De dónde partimos? ¿Qué es la Fundación Jiennense de Tutela? ¿Quiénes componen la Fundación? ¿Qué actividades desarrolla fundamentalmente la Fundación? ¿Desde dónde intentamos trabajar? II.- LA INCAPACIDAD CIVIL..................................................... 27 ¿Qué diferencia hay entre Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar? ¿Cómo se determina que una persona es incapaz? 1.- EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE INCAPACIDAD.......................... ¿Quién inicia el proceso? ¿Cómo se interpone la demanda y se practican las pruebas? ¿Qué efectos produce la Sentencia de Incapacitación? ¿Si una persona está incapacitada significa que ya no puede hacer nada? ¿La incapacitación declarada por el Juez es para siempre? ¿Hay que esperar a la Sentencia para obtener la protección del presunto incapaz? ¿La incapacitación supone el internamiento de la persona declarada incapaz? 28 8 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 2.- RESPONSABILIDAD PENAL DE INCAPACES ...................................... 33 ¿Cuáles son las consecuencias de que un incapaz cometa una infracción penal (delito o falta)? Aunque no proceda la imposición de una pena por exención de responsabilidad penal ¿el Juez puede acordar alguna otra medida? ¿Cuánto pueden durar esas medidas? ¿Cuál sería la Responsabilidad Penal del tutor? 3.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE INCAPACES ...................................... 36 ¿Cómo se determina si un incapaz debe responder por los daños que origine? ¿Cuál sería la responsabilidad civil derivada de ilícitos penales? ¿Cuál sería la responsabilidad civil de los tutores respecto a los actos realizados por los incapaces? III.- LAS INSTITUCIONES DE GUARDA Y PROTECCIÓN DEL INCAPAZ........................................................................ 41 1.- PATRIA POTESTAD............................................................................. 41 2.- TUTELA................................................................................................ 42 ¿Cuál es el procedimiento para el nombramiento de tutor? ¿Quiénes están sometidos a la tutela? ¿Quiénes pueden ser tutores? ¿A quién se prefiere para el cargo de tutor? ¿Cómo llega una persona jurídica a asumir la tutela de un incapaz? ¿Dónde está el origen de que una persona jurídica pueda ejercer cargos tutelares? ¿Qué entidades pueden ejercer cargos tutelares? ¿Puede nombrarse más de un tutor para un solo incapaz? ¿Qué debe primar a la hora de elegir un tutor? ¿Es obligatorio el cargo de tutor? ¿Puede un llamado a ejercer la tutela o un tutor excusarse del cargo? ¿Qué funciones tiene el tutor? ¿Qué obligaciones asume el tutor? ¿Qué derechos tiene el tutor? ¿Cuándo termina la tutela? ¿En qué casos pueden a uno destituirlo como tutor? 42 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 3.- CURATELA........................................................................................... 9 51 ¿Cuál es el procedimiento para su nombramiento? ¿Quiénes están sometidos a curatela? ¿Quiénes pueden ser curadores? ¿Qué funciones tiene el curador? ¿Cuándo termina la curatela? 4.- DEFENSOR JUDICIAL......................................................................... 53 ¿Cuál es el procedimiento para su nombramiento? ¿Cuándo es necesario nombrar un defensor judicial? ¿Quiénes pueden ser defensores judiciales? ¿Es lo mismo defensa judicial que defensa técnica? ¿Qué funciones tiene el defensor judicial? ¿Cuándo termina la defensa judicial? 5.- LA GUARDA DE HECHO..................................................................... 55 ¿Qué funciones tiene el guardador de hecho? ¿Qué obligaciones asume el guardador de hecho? ¿Cuándo termina la guarda de hecho? IV.- LA AUTOTUTELA............................................................. 59 V.- OTRAS ACTUACIONES EN BENEFICIO DEL INCAPAZ 61 1.- EL TESTAMENTO................................................................................. 61 2.- EL CONTRATO DE ALIMENTOS.......................................................... 63 ¿Quiénes pueden suscribir el contrato de alimentos? ¿Qué finalidad se persigue con el contrato de alimentos? ¿Cuándo finaliza el contrato? 3.- LA LEY DE PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD......................................................................................... ¿Qué es un patrimonio protegido? ¿Quién puede constituir el patrimonio protegido? ¿Cómo se constituye? ¿Quién administra el patrimonio protegido? ¿Cómo se extingue? ¿Qué régimen fiscal se aplica a los patrimonios protegidos? ¿Qué son los Poderes Preventivos? 64 10 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 4.- ALGUNAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS SOCIALES. Especial referencia a la Ley 39/2006 de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ........................................................................................ ¿Tener un Certificado de Reconocimiento del Grado de Minusvalía es igual que una Incapacitación Civil? ¿Cómo se define una persona con discapacidad? ¿Una incapacidad civil es igual a una incapacidad laboral? La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ¿da nuevos derechos a las personas incapacitadas judicialmente? ¿Cómo se define la dependencia? ¿Cuál es el objeto de la Ley de Dependencia? ¿Cuáles son los requisitos básicos para ser beneficiario del SAAD? ¿Qué grados de dependencia contempla la Ley? ¿Cómo se valora la dependencia? ¿Cómo se solicita en Andalucía el reconocimiento de la situación de dependencia? ¿Quién firma la solicitud? ¿Dónde se presenta la solicitud? Una vez solicitado el reconocimiento de dependencia y presentada correctamente la documentación requerida ¿cual es el siguiente paso? ¿Cuál debe ser el contenido de la Resolución del reconocimiento de la situación de dependencia? ¿En qué momento se tiene derecho a las prestaciones reconocidas por la Resolución del reconocimiento de la situación de dependencia? ¿Qué es el Programa Individualizado de Atención (PIA)? ¿Quién aprueba el PIA y qué contenido debe tener? ¿El PIA tiene validez permanente? ¿Quién hace el seguimiento del PIA? ¿Qué prestaciones de atención a la dependencia contempla la Ley? ¿Qué servicios contempla la Ley? 67 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 11 ¿Qué prestaciones económicas de atención a la dependencia contempla la Ley? ¿Cómo participan los beneficiarios en la financiación del SAAD? ¿Cuándo se hacen efectivos los derechos a las prestaciones de dependencia previstas? ¿Si incapacito a un familiar tengo derecho preferente a una residencia? ¿Qué son los Centros Residenciales para Personas con Discapacidad? Clasificación de Centros Residenciales para Personas con Discapacidad Clasificación de Centros de Día para Personas con Discapacidad ¿Qué son los Centros Residenciales para Personas Mayores? ¿Qué son y qué finalidad tienen las Unidades de Estancia Diurnas? ¿Qué requisitos se deben cumplir para entrar en un Centro Residencial para Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Unidad de Estancia Diurna? ¿Qué son y cómo puedo beneficiarme de un Programa de Respiro Familiar? 5.- ALGUNAS CUESTIONES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO ........ ¿Con qué dispositivos cuenta la red asistencial de Salud Mental en Andalucía? ¿Qué es la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental FAISEM? ¿Cuál es el objetivo general de FAISEM? ¿Con qué medios cuenta FAISEM para el cumplimiento de sus fines? ¿Qué Programas lleva adelante FAISEM? ¿Cuáles son los centros residenciales en el ámbito de atención a personas con enfermedad mental? ¿Cómo se accede a los Programas de FAISEM? ¿Puede un incapaz recibir información médica? ¿Puede una persona declarada incapaz firmar un consentimiento informado? ¿Puede un incapaz firmar un alta médica voluntaria? 77 12 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ¿Puede un incapaz negarse a recibir un tratamiento médico incluso en contra de la opinión de su tutor? ¿Y si son los tutores los que se niegan a que su pupilo reciba un determinado tratamiento médico? ¿Y si el incapaz carece de persona que pueda prestar consentimiento al tratamiento medico con la necesaria celeridad? VI.- ESQUEMAS....................................................................... 85 ANEXOS.................................................................................................... 111 123 111 1. Selección de artículos de los Estatutos de la F.J.T. ......................... 2. Selección de artículos de legislación básica y relacionada ........... ● Constitución Española ● Código Civil ● Ley de Enjuiciamiento Civil ● Ley Orgánica 2/1986 de 13 de Marzo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ● Ley Orgánica 1/1992 de 21 de Febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. ● Código Penal. ● Ley 41/2003 de 18 de Noviembre de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad. ● Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. ● Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 127 119 135 167 3. Normativa básica y relacionada para fundaciones tutelares en Andalucía .................................................................................................. 191 4. Directorio de entidades tutelares andaluzas ...................................... 193 5. Formularios ......................................................................................... 201 ● Demanda promoviendo la declaración de incapacitación ......... 201 ● Carta inicio de incapacidad dirigida al Ministerio Fiscal ........... 205 ● Inventario de Bienes ..................................................................... 207 ● Prórroga para presentación del Inventario de Bienes ............... 212 ● Rendición de Cuentas ................................................................... 213 ● Excusa de tutela ............................................................................ 219 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 13 ● Retribución al tutor ....................................................................... 220 ● Autorización judicial para entablar demanda ............................. 221 ● Enajenación de bienes .................................................................. 223 ● Autorización para aceptación de herencia ................................. 227 ● Autorización de Internamiento ..................................................... 229 ● Escrito solicitando el reconocimiento de Guardador de Hecho 234 ● Modelo solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia .................................................................................. 236 Modelo declaración responsable del Guardador de Hecho ....... 239 6. Directorio ............................................................................................. 241 ● ● Juzgados y Fiscalía ● Entidades que componen el Patronato de la F.J.T. ● Otras direcciones de interés 7. Algunas referencias bibliográficas ................................................... 251 14 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 15 PRESENTACIÓN A LA PRIMERA Y SEGUNDA EDICIÓN Como presidenta de la Fundación Jiennense de Tutela me corresponde hacer la presentación de esta Guía Práctica sobre la incapacitación judicial dirigida tanto a los profesionales y asociaciones que trabajan en este complejo campo de la discapacidad y la incapacitación judicial, como a los particulares que ejercen la tutela de algún familiar. La Fundación Jiennense de Tutela (en adelante FJT) es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el desempeño de los fines atribuidos, entre otros: el ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas judicialmente, cuando la autoridad judicial encomienda dicho servicio a la Fundación. Se posibilita que exista una institución que pueda prestar el apoyo necesario a las personas mayores de edad incapacitadas legalmente, cuando no sea posible el nombramiento de tutor respecto de las personas –familiaresllamadas a ejercer la tutela, por inexistencia, no idoneidad o inhibición de los mismos. Y el fin no es otro que dar una respuesta más adecuada, prestando una atención especializada y permanente a las, cada vez mayores, dificultades y complicaciones sociales que surgen de la atención a estas personas que ven sus capacidades limitadas. 16 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA El trabajo a desempeñar, siendo en tres áreas diferentes: Jurídica, Social y Económica, se entiende como un todo integrado, y siempre dentro del diseño de un plan individualizado de intervención que sea el que más se ajuste a las necesidades personales del tutelado y siempre adecuando los cambios que se produzcan en la línea de una mayor normalización e integración social. La estructura de la Guía que ponemos a su alcance tiene un doble sistema expositivo. Por un lado encontrarán el sistema de «preguntas más frecuentes» a las que se da cumplida respuesta y, por otro, se sistematizan los distintos conceptos e institutos jurídicos en esta materia por medio de cuadros sinópticos con la finalidad de situar cada institución en su contexto y ayudar a la comprensión en conjunto de la materia que nos ocupa. Sirva pues, esta Guía de instrumento de consulta deseando que, conservando todo el rigor jurídico necesario, se convierta en una herramienta de fácil acceso, ágil y útil sin más objetivo que el de facilitar nuestra comprensión sobre este tema que redundará en beneficio de quienes, por haber perdido su autogobierno, se nos han confiado. Ellos son nuestra razón y nuestra responsabilidad. Jaén, 26 de Octubre de 2006 Mª Pilar Parra Ruiz Presidenta Fundación Jiennense de Tutela 2003-2007 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 17 PRESENTACIÓN A LA TERCERA EDICIÓN Es para mí una gran satisfacción poder ofrecerles la tercera edición de esta «Guía práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas con discapacidad». La FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA, en su compromiso de servicio a favor de las personas con discapacidad, intenta con esta nueva edición, revisada y aumentada, incorporar las sugerencias recibidas y añadir algún contenido referente a aquellas cuestiones que con más frecuencia se plantean en su Programa de Información y Asesoría para familias y asociaciones. Junto con ello, la F.J.T. también quiere hacerse eco de la enorme importancia que tiene para determinados incapaces y sus tutores/as la reciente Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Si bien sabemos que no todos los declarados judicialmente incapaces son dependientes tal y como los define la Ley, sí puede darse el caso de que ambos perfiles coincidan y pueda suponer para algunas de las personas que tutelamos la oportunidad de acceso a ciertos recursos y prestaciones. Hemos querido mantener la estructura de la Guía en su doble sistema expositivo donde, por un lado, encontrarán el sistema de «preguntas más frecuentes» y, por otro, una serie de cuadros sinópticos que sistematizan los distintos conceptos e institutos jurídicos en esta materia. En su última parte se mantienen los anexos con algunas actualizaciones y se añade un último 18 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA anexo con referencias bibliográficas que pueden ayudar a profundizar en este campo jurídico de la incapacitación judicial. Me complace presentar algo que es fruto del trabajo hecho desde la complementariedad de sus autores pero, sobre todo, me congratula pensar que esta Guía práctica puede ser efectivamente un medio donde cualquiera pueda acudir, sintiendo que sus dudas se puedan despejar, encontrando respuesta a algunas incertidumbres sobre el tema que se aborda. Jaén, 26 de Noviembre de 2007 Manuel Fernández Palomino Presidente Fundación Jiennense de Tutela G CURSO UÍA PRÁCTICA I: PRINCIPIOS SOBRE GENERALES LA INCAPACIDAD DEL MANEJO JUDICIAL DEL PACIENTE TERMINAL 19 I INTRODUCCIÓN ¿De dónde partimos? Si esta Guía sobre la incapacitación judicial tiene sentido es por su intencionalidad práctica y clarificadora; por eso no me resisto a comenzar por tres cuestiones que desde un principio deben quedar bien perfiladas. Lo primero es no olvidar nunca que la enfermedad o la deficiencia de carácter físico o psíquico no es, en sí misma, criterio de valoración para determinar que una persona deba ser incapacitada judicialmente. Quede claro, por tanto, que no todas las personas con discapacidad tienen necesariamente que ser declaradas incapaces porque no se es incapaz por tener una enfermedad o patología, sino que es preciso carecer de autogobierno, es decir, estar privado de voluntad consciente y libre con el suficiente discernimiento para adoptar decisiones adecuadas relativas a la esfera personal y/o patrimonial. Y, es más, que existiendo causa (enfermedad que afecta al autogobierno) también exista motivo, es decir, que la persona no pueda por sí sola hacer todo lo que deba hacer. En esta tercera edición nos encontramos con la novedad que para todos supone la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Por eso también, con esta nueva edición de la Guía, trataremos de clarificar determinados conceptos como el de INCAPACITACIÓN JUDICIAL, PERSONA CON DISCAPACIDAD, INCAPACIDAD LABORAL, PERSONA DEPENDIENTE como términos que debemos diferenciar tanto 20 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA por la función que cumplen como por la finalidad que persiguen y los órganos a quienes corresponde su declaración. Agradezco a Isabel Fernández Doménech, Jefa del Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Provincial en Jaén de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y miembro de la Comisión Técnica de la FJT, su desinteresada colaboración en la clarificación de determinados aspectos de la Ley de Dependencia; ello nos ha posibilitado darle más rigor al apartado donde se hace especial mención a esta normativa. La segunda cuestión a tener muy clara es que cuando pensemos en la necesidad o no de incapacitar a una persona analicemos antes y con mucho cuidado si el problema que presenta se resuelve incapacitándola puesto que existen muchas creencias erróneas en torno a la incapacitación. La principal equivocación es que, en demasiadas ocasiones, se tiende a equiparar indebidamente incapacitación con internamiento no voluntario en centro pensando, además, que incapacitando judicialmente se tendrán más facilidades para acceder a una plaza residencial. La incapacitación no facilita el internamiento de una persona a un centro, ni el acceso a una residencia pública, no nos adelanta en la lista de espera, no obliga a las entidades públicas a la atención del discapacitado, ni es requisito para la obtención de ayudas o pensiones. Y si una persona (incapacitada o no) se niega a ingresar en centro se acudirá al juez para solicitar autorización (que no orden) de internamiento involuntario como algo extraordinario en la medida que el enfermo no pueda desarrollar su vida en su medio ni cuente con los apoyos comunitarios necesarios o estos sean insuficientes. Como tampoco podemos pretender la incapacitación como medio de represión o control de un familiar de carácter ingobernable o con un estilo de vida extravagante. Ni siquiera creer que el nombramiento de un tutor va a ser solución única a problemas de patologías coincidentes como el alcoholismo, la ludopatía, etc. Y en tercer lugar, y muy unido a lo anterior, decir que si bien hemos de entender la incapacitación como medida de protección tampoco podemos olvidar que también supone una limitación en la independencia de la persona y, por eso la declaración de incapacidad debería producirse únicamente cuando sea necesaria para el bien del individuo y restringida a aquellas áreas donde verdaderamente precisa ayuda. Aunque la rutina de la administración de justicia hace que esto no sea siempre así provocando que GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 21 no se personalice la declaración de incapacidad llegando, en algunos casos, la sentencia más allá de donde debiera. El gran problema que se plantea es que, en demasiadas ocasiones, los jueces olvidan la graduabilidad de la sentencia y tratar a las personas como personas nos obliga a la individualización de cada caso. Establecidos estos mínimos, fruto de la experiencia del trabajo diario y de mi siempre condición de alumna informal y agradecida de D. Cristóbal Fábrega Ruiz, Fiscal Coordinador de la Sección de Protección a la Persona con Discapacidad de la Audiencia Provincial de Jaén, de cuya colaboración esta Fundación se siente honrada, podemos acudir a esta Guía sabiendo también que inherente a la incapacitación aparece la figura del tutor. La sentencia por la cual se determina la incapacidad de una persona debe contemplar la extensión y los límites de la misma, el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el/la incapaz y, si se ha solicitado en la demanda, la persona que deba ejercer el cargo tutelar. Para el nombramiento de tutor/a se preferirá al designado por el propio tutelado, al cónyuge que viva con el tutelado/a, a los padres, a la persona designada por los padres en sus disposiciones de última voluntad, al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez. Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden anterior o prescindir de todos si el beneficio del incapacitado así lo exigiere. En defecto de las personas antes mencionadas, el Juez designará tutor a quien por sus relaciones con el tutelado y en beneficio de éste, considere más idóneo pudiendo también ser tutores (art. 242 C.C.) las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de incapaces. Pueden ser tutores, por tanto, personas jurídicas públicas o privadas siendo, en estos últimos años, la fundación la forma jurídica más utilizada para el ejercicio de cargos tutelares. Lo cierto es que a la hora de designar un tutor lo que debería primar sobre todo es el interés del incapaz y su máximo beneficio. Quizás por ello, lo mismo que para discernir si la enfermedad que padece el presunto incapaz es susceptible o no de incapacitación el Juez valora según el informe del médico forense, no sería descabellado pensar en la necesidad de un informe social para discernir la designación del tutor más adecuado. 22 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ¿Qué es la Fundación Jiennense de Tutela? La Fundación Jiennense de Tutela es una entidad tutelar de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro de lucro constituida el 26 de Diciembre de 2002 donde el gobierno, administración y representación de corresponde a su Patronato. La F.J.T. nace para dar respuesta a la necesidad de una entidad especializada que tuviera capacidad para: 1. Proporcionar la necesaria protección y asistencia de las personas adultas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente por resolución judicial que se encuentren en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos o no sean competentes para el ejercicio del cargo tutelar bien por su inexistencia, inhibición o no idoneidad. 2. Promover, respecto a las personas tuteladas, el mayor nivel de autonomía personal y plena integración social velando por la mejora de sus condiciones de vida y dignidad personal. 3. Proporcionar apoyo, información y asesoría relativa a todas las actuaciones relacionadas con el campo de la incapacitación judicial, especialmente a aquellas personas que tienen encomendadas funciones tutelares. 4. Ofrecer y apoyar cuantas acciones formativas vayan encaminadas a una mejor comprensión de la incapacidad judicial como la medida de protección que el ordenamiento jurídico ofrece a personas que por padecer algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial no pueden gobernarse por sí mismas. Las características propias de una Fundación tutelar pueden o no coincidir con otras, nos referimos a que en la Fundación Jiennense de Tutela: 1.- El modelo jurídico es el de una fundación privada de participación mixta. Su Patronato está compuesto por ocho personas jurídicas, donde tres son entidades públicas y cinco privadas. Cada patrono nombra, según su normativa interna, la persona física que lo represente. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 23 2.- El Patronato tiene delegada la asunción o no de cargos tutelares a la decisión de la Comisión Técnica. 3.- El ámbito geográfico de actuación es la provincia de Jaén. 4.- El ámbito de actuación no es sectorial pues asume cargos tutelares de personas incapacitadas independientemente de la causa que haya provocado la pérdida de autogobierno. Por lo cual se asumen tutelas de personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental o mayores con demencia. 5.- No somos una entidad prestadora de servicios (empleo, residenciales, etc.). ¿Quiénes componen la Fundación? Su Patronato está formado por las mismas entidades promotoras: ᔢ Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. ᔢ Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía. ᔢ Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM). ᔢ Fundación para la Promoción, Desarrollo y Protección de las Personas Mayores (FUNDEMA). ᔢ Confederación Andaluza de organizaciones a favor de las personas con retraso mental (FEAPS – Andalucía). ᔢ Asociación Provincial de Allegados y Enfermos Mentales (APAEM). ᔢ Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer «La Estrella». ᔢ Asociación Síndrome Down de Jaén y provincia. 24 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Comisión Técnica: Se define como un órgano de apoyo al Patronato que está integrada por el personal que al efecto designe el propio Patronato y que tiene una periodicidad de una reunión mensual. La Comisión Técnica ha asumido entre sus funciones el estudio, aprobación y aceptación de los cargos tutelares respecto de aquellos presuntos incapaces o incapaces que se encuentren en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos, y el seguimiento de la situación personal y patrimonial de las personas incapacitadas cuya tutela, curatela o defensa judicial haya sido asumida por la Fundación. En la actualidad el personal de la Fundación lo integra una Trabajadora Social, una Auxiliar al Programa de Tutelas y un Auxiliar Administrativo junto con los servicios externos de un Asesor Jurídico. ¿Qué actividades desarrolla fundamentalmente la Fundación? a. Asunción y ejercicio de las funciones de tutela, curatela, defensa judicial o administración de bienes que le sean encomendadas por resolución judicial. b. Coordinación con los órganos judiciales, con el Ministerio Fiscal y con cuantas entidades sean precisas para un mejor desempeño de las funciones tutelares asumidas. c. Prestar servicios de apoyo y asesoramiento jurídico y social a las personas que tengan encomendadas funciones tutelares cuando lo soliciten y carezcan de recursos adecuados. d. Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de personas en las que se aprecie necesidad de protección jurídica y posible causa de incapacitación judicial. e. Comunicar al órgano judicial competente los hechos que pudieran dar lugar a la inhabilitación o remoción de tutores y curadores. f. Asesoría, información y formación a instituciones, entidades, familiares y profesionales relacionados con el sector de personas con discapacidad. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 25 g. Promover, apoyar y realizar acciones formativas en el ámbito de la incapacitación judicial. h. Realización de sesiones formativas para Delegados Tutelares. i. Cooperación con cuantas entidades públicas o privadas tengan fines similares o coincidentes. j. Todas aquellas actividades que sean necesarias para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales. ¿Desde dónde intentamos trabajar en la F.J.T.? Pretendemos no olvidar nunca que lo primario y sustantivo en el incapaz es su condición de persona. La existencia de una discapacidad que le haga jurídicamente incapaz tiene un carácter adjetivo y excepcional que habrá de ser probado e interpretado restrictivamente y prudencialmente caso a caso. Por eso la determinación de la capacidad habría de hacerse de forma contextualizada, individualizada, variable, graduable y revisable en atención a la singularidad de cada enfermo y de la situación en la que se encuentra, así como de la intensidad, el alcance, las áreas o ámbitos de incapacidad y de apoyos que necesita. Ojalá todos los profesionales implicados en la declaración de incapacidad de un enfermo y sus propias familias supiéramos poner la fuerza en lo sustantivo (la condición de persona) y no poner el énfasis en lo adjetivo (en la existencia de la discapacidad que le hace jurídicamente incapaz). Jaén, 31 de Diciembre de 2007 Inmaculada Moreno Garrido Secretaria del Patronato y Directora Técnica de la FJT 26 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA G PRÁCTICA SOBREGENERALES LA INCAPACIDAD JUDICIAL CUÍA URSO I: PRINCIPIOS DEL MANEJO DEL PACIENTE TERMINAL 27 II LA INCAPACIDAD CIVIL En este apartado explicaremos los trámites que deben seguirse para lograr la plena protección de las personas incapaces. ¿Qué diferencia hay entre Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar? Todas las personas, por el hecho de serlo y desde su nacimiento, tienen capacidad jurídica. La capacidad jurídica sólo se perderá con la muerte, y la tiene toda persona con independencia de su edad, estado civil y de su salud mental y física. En virtud de la capacidad jurídica, todas las personas, incluidas las afectadas por una incapacidad, pueden ser titulares de derechos y obligaciones, y ser sujetos de las relaciones jurídicas. Esto significa que las personas incapaces pueden ser propietarias de una vivienda (con la consiguiente obligación, por ejemplo, de pagar el impuesto de bienes inmuebles), pueden ser titulares de acciones, pueden ser declaradas herederas. Sin embargo, para ejercitar estos derechos y cumplir con sus obligaciones es necesario un complemento: la capacidad de obra. La capacidad de obrar la tienen todas las personas mayores de edad mientras no sean privadas de ella, total o parcialmente, mediante la incapacitación. Por los menores de edad actúan quienes ostenten la patria potestad. Las personas incapaces carecen de capacidad de obrar, lo que supone que no pueden firmar contratos de compraventa, de arrendamiento, o aceptar una herencia, etc. sin la asistencia de otra persona. 28 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ¿Cómo se determina que una persona es incapaz? La incapacidad es una situación, provocada por el padecimiento de una enfermedad o deficiencia física o psíquica, de carácter permanente, que priva a algunas personas de su capacidad de obrar. Para proteger a estos individuos que no poseen una voluntad consciente y libre, ni suficiente discernimiento para adoptar las decisiones adecuadas en la esfera personal, y/o en la de administración de sus bienes, la Ley ha previsto la declaración de incapacidad. Al tratarse de un asunto tan grave y, con consecuencias tan trascendentes, el ordenamiento jurídico impone que la incapacitación sólo puede declararla un Juez mediante Sentencia, tras haberse tramitado el oportuno procedimiento judicial. El Código Civil no determina las enfermedades o deficiencias que dan lugar a la incapacitación, pero exige como requisitos ineludibles que las mismas sean persistentes en el tiempo, no meramente temporales, y que impidan a la persona gobernarse. En todo caso, la incapacitación hay que entenderla en un sentido positivo, pues tiene por finalidad posibilitar que personas sin capacidad, o con su capacidad disminuida, puedan actuar a través de sus representantes legales, o con la debida asistencia buscando siempre la protección jurídica de los mismos. 1.- EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE INCAPACIDAD El procedimiento de incapacitación debe iniciarse ante el Juzgado de 1ª Instancia, del lugar en que reside la persona presuntamente incapaz. ¿Quién inicia el proceso? Conviene distinguir dos supuestos: El menor presuntamente incapaz-. Mientras una persona es menor de edad está amparada por la patria potestad que, normalmente, será ejercida por ambos progenitores. Los padres actúan por sus hijos menores, supliendo GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 29 su falta de capacidad. Al cumplir los dieciocho años, la persona adquiere la plena capacidad de obrar. Por ello, cuando sea previsible que el menor continúe siendo incapaz aún después de alcanzar la mayoría de edad, es aconsejable iniciar el procedimiento de incapacitación mientras sea menor. En este caso, iniciarán el proceso quienes ejerzan la patria potestad, o en su caso, la tutela, con el efecto de quedar la guarda automáticamente prorrogada en beneficio del menor. El presunto incapaz mayor de edad-. En esta situación puede promover la declaración de incapacidad el presunto incapaz, su cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. Además, el Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas anteriormente no existieran, o no la hubieran solicitado. El procedimiento puede iniciarse: 1. Mediante solicitud dirigida a la Fiscalía del domicilio de la persona presuntamente incapaz.- Según establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, cualquier persona puede poner en conocimiento del Fiscal los hechos que determinan la incapacitación. En el caso de las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de una posible incapacidad en una persona, la Ley establece la obligación de manifestarlo al Ministerio Fiscal. De este modo, será el Ministerio Fiscal, a la vista de los informes y documentos facilitados, quien interponga la demanda, si considera que existen indicios suficientes. 2. Mediante abogado y procurador que interpondrán directamente la demanda ante el Juez competente.- Si se carece de bienes suficientes para iniciar el juicio, o para defenderse en el proceso, puede solicitarse el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Cómo se interpone la demanda y se practican las pruebas? El procedimiento se inicia mediante un escrito de demanda, en el que se pone en conocimiento del Juez la existencia de una persona con presunta 30 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA falta de capacidad, y en el que también puede solicitarse que se le nombre un representante legal. La demanda se notifica a la persona que se pretende incapacitar en su domicilio, para que pueda contestarla en el plazo de veinte días. Si el presunto incapaz deja transcurrir este tiempo sin realizar gestión alguna, el Fiscal solicitará que se le nombre un defensor judicial que le represente en el juicio mediante procurador, y asuma su defensa a través de abogado. Las pruebas que se practican en el proceso básicamente son: Prueba Documental: consistente en los documentos que en su día se aportaron con la demanda, para acreditar la falta de capacidad: certificado literal de nacimiento, informes médicos, informes sociales, certificado de minusvalía; y cualquier otro que pueda tener relevancia para decidir sobre la incapacitación. Audiencia de los parientes más próximos o con especial relación con el presunto incapaz: que serán preguntados sobre la situación del presunto incapaz, y sobre la persona que consideran idónea para ejercer las funciones de tutor o curador. Exploración del presunto incapaz por el Médico Forense: que emitirá un Informe sobre la enfermedad o deficiencia que presenta el interesado, y la incidencia de estos padecimientos en su capacidad de obrar. Examen del presunto incapaz por el Juez: que antes de decidir sobre la incapacidad solicitada, se entrevistará con el interesado formándose una primera opinión sobre su estado. Examen que también puede realizarse en el domicilio si hay certificado médico que avale dificultades para su traslado. ¿Qué efectos produce la Sentencia de Incapacitación? Practicadas todas las pruebas y celebrado el acto de la vista, el Juez dictará Sentencia en la que determinará la extensión y límites de la incapacidad solicitada, y establecerá el régimen de guarda al que el incapaz debe quedar sometido. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 31 La Sentencia declarará la incapacidad total, en el caso de que se aprecie que el demandado no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes. La Sentencia declarará la incapacidad parcial, cuando se estime que el demandado puede realizar determinados actos por sí solo, y que es capaz de adoptar algunas decisiones que atañen a su persona; pero que, para actos de mayor trascendencia o complejidad necesita el auxilio de otra persona. En este supuesto. La Sentencia debe especificar qué actos puede el incapaz realizar por sí mismo, y para qué actos necesita asistencia. Como puede apreciarse, la Sentencia de incapacitación debe adecuarse a la protección que necesita cada individuo, a sus especiales condiciones, insuficiencias y necesidades de apoyo. Asimismo, la incapacitación deberá inscribirse en el Registro Civil y, si es necesario, en el Registro de la Propiedad. Por último, la Sentencia determinará la persona o institución que va a ejercer la guarda del incapaz, nombrando tutor o curador al interesado, o bien, prorrogando o rehabilitando la patria potestad de sus progenitores. ¿Si una persona está incapacitada significa que ya no puede hacer nada? La incapacitación legal no conlleva la pérdida de derechos, sino que brinda la oportunidad al incapaz de ejercer sus derechos y hacer valer sus intereses a través, o con el apoyo, de otra persona. La Sentencia de incapacitación tiene el efecto de que una persona mayor de edad, vuelve a una especial «minoría de edad», y podrá hacer todo lo que sus padres, o en su caso su tutor, le permitan que haga. Además, tanto si se declara la incapacidad total como la parcial, existen algunos derechos personales que el incapacitado conserva siempre que la Sentencia no le prive de ellos expresamente. Estos son: a) El ejercicio del derecho de sufragio.- Cuando la Sentencia no declara lo contrario, el incapaz podrá ejercer su derecho al voto. 32 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA b) La facultad de hacer testamento notarial.- Si la Sentencia de incapacitación no se pronuncia sobre esta cuestión, y el incapaz pretende otorgar testamento, el Notario puede autorizar su otorgamiento, cuando dos facultativos por él designados examinen al incapaz, y respondan de su capacidad para testar en el momento en que desea hacerlo. c) Derecho a contraer matrimonio.- La declaración de incapacidad no impide la celebración del matrimonio civil. Corresponde al Juez encargado del Registro Civil, previo informe médico de un especialista, apreciar si el contrayente posee capacidad para prestar su consentimiento. d) Firmar un contrato de trabajo.- Las leyes laborales exigen la plena capacidad de obrar para celebrar un contrato de trabajo. No obstante, en los supuestos de una persona con capacidad limitada basta con la autorización expresa de su representante legal. ¿La incapacitación declarada por el Juez es para siempre? La Ley permite que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda iniciarse un nuevo proceso con el objeto de dejar sin efecto la incapacitación, o modificar el alcance de la establecida. Esto significa que la incapacitación, en principio, no tiene por qué perdurar toda la vida. Sin embargo, no es habitual que una persona recupere su capacidad, pues ello implicaría que han desaparecido las enfermedades o deficiencias persistentes, físicas o psíquicas, que determinaron la declaración de incapacidad. Más abundantes son los casos en que se declara una incapacidad parcial, y al agravarse los padecimientos con el transcurso del tiempo, se inicia un nuevo proceso para que se declare la incapacidad total. ¿Hay que esperar a la Sentencia para obtener la protección del presunto incapaz? Existe un procedimiento específico para conseguir la inmediata protección de la persona y/o de los bienes del presunto incapaz, sin tener que esperar GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 33 a que se dicte la Sentencia de incapacitación. Se trata de la posibilidad de solicitar del Juez, la adopción de las medidas de protección que resulten imprescindibles. En ocasiones, será el propio Juzgado quien adopte estas medidas si lo estima necesario. Entre estas medidas podemos citar la de internamiento no voluntario en centro médico-psiquiátrico, el seguimiento de un tratamiento médico adecuado, el nombramiento de un administrador provisional de los bienes del presunto incapaz, la indisponibilidad de las cuentas bancarias, el depósito de bienes muebles o valores mobiliarios en un establecimiento destinado al efecto, la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad, etc. Hay que tener presente que estas medidas cautelares estarán vigentes, mientras se decide el proceso de incapacitación. Una vez concluido el proceso, la Sentencia deberá pronunciarse sobre el mantenimiento o extinción de las medidas cautelares, o bien, su sustitución por otras más oportunas. ¿La incapacitación supone el internamiento de la persona declarada incapaz? La declaración de incapacidad de una persona, no supone el internamiento de ésta en un Centro. De hecho, una vez declarada la incapacidad, la persona o entidad que ejerza la guarda del incapaz, -sea la patria potestad, la tutela o la curatela-, debe solicitar del Juez la necesaria autorización para internarla. Esto supone que el solicitante tiene que aportar pruebas de la necesidad del internamiento, y entre ellas, los informes médicos que establezcan el ingreso como mejor opción terapéutica. El internamiento puede solicitarse también como medida cautelar, e incluso, sin haberse iniciado la incapacitación. 2.-RESPONSABILIDAD PENAL DE INCAPACES ¿Cuáles son las consecuencias de que un incapaz cometa una infracción penal (delito o falta)? La responsabilidad penal es consecuencia jurídica –otra es la civil- de la realización de una infracción criminal. 34 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Es importante destacar que el art. 25 del Código Penal establece que a efectos penales se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma. En principio la comisión de una infracción penal conlleva siempre la imposición de una pena a su autor. Ahora bien, lo que el juzgador habrá de determinar es si esa persona comprende la ilegalidad de la infracción o si es consciente de tal ilegalidad porque si determina que el incapaz no ha podido controlar ni evitar la comisión de la infracción, dicha persona carecerá de responsabilidad penal o ésta se atenúa según el grado de afección padecido. En este sentido se tiene en cuenta el concepto de inimputabilidad, es decir ha de determinarse si el sujeto es incapaz de conocer el significado antijurídico de su comportamiento o de poder orientar su conducta conforme a ese conocimiento; en este caso estamos ante la ausencia de culpabilidad, esto es, ante la falta de la capacidad para ser culpable de la infracción criminal. Aunque no procediera la imposición de una pena por exención de responsabilidad penal ¿el Juez puede acordar alguna otra medida? Sí, el Juez puede acordar la aplicación de una medida de seguridad. En atención a la intensidad de los efectos psicológicos de la alteración psíquica el Código Penal dispone de distintas consecuencias: caso de incapacidad total (aplicación de las eximentes del art. 20.1 y 20.3 del C.P., según sea el supuesto), si no es total pero sí la limita considerablemente (se aprecia la eximente incompleta del art. 21.1 del C.P.) y si hay una menor intensidad en la imputabilidad por su menor incidencia (se aplica la atenuante analógica del art. 20.6 del C.P.). Ello conlleva distintos efectos a la hora de imposición o no de pena y medida de seguridad: exención de pena y posibilidad de medida de seguridad en el primer caso, atenuación privilegiada de pena y posibilidad de medida de seguridad en el segundo y sólo atenuación de pena sin posibilidad de medida de seguridad en el tercero. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 35 Las medidas de seguridad pueden ser de dos tipos: 1. Medidas de seguridad privativas de libertad, como el internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado a la enfermedad padecida. 2. Medidas de seguridad no privativas de libertad. El Código Penal contempla un amplio abanico de estas medidas, entre las que destacan la sumisión a tratamiento médico externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario, la obligación de residir en un lugar determinado, el sometimiento a custodia familiar, la prohibición de acudir a determinados lugares o visitar establecimientos de bebidas alcohólicas, sometimiento a programas de tipo formativo, de educación sexual, etc ¿Cuánto pueden durar esas medidas? La duración de las medidas es variable, ya que durante la ejecución de las mismas, el Juez mediante un procedimiento contradictorio en el que se valorarán los informes de los facultativos y demás profesionales que asisten al sometido a la medida, podrá: ɀ Sustituir la medida acordada por otra que estime más adecuada. ɀ Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido, si bien la suspensión quedará condicionada a que no vuelva a delinquir. ɀ Acordar el cese de la medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal de la persona sometida a la misma. ¿Cuál sería la Responsabilidad Penal del tutor? Si en el ejercicio de sus funciones el tutor incurriera en alguno de los delitos tipificados en el Código Penal sí que puede exigírsele responsabilidad ante la jurisdicción penal. En este caso estamos ante el incapaz como sujeto pasivo del delito, contemplándose en el C.P. como infracciones de que puedan ser objeto los 36 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA incapaces por sus tutores las siguientes: delitos contra la libertad e indemnidad sexual (arts. 187.1, 188.3, 189 C.P.), delitos contra los derechos y deberes familiares (arts. 223, 224, 229,230, 231,232 C.P.), delitos de fraudes y exacciones ilegales (art. 440 C.P.) y otros tipos penales: delitos de violencia doméstica (art. 153.2 en relación con art. 173.2, ambos del C.P.), delito de lesiones (art. 153.2 C.P.) y falta de quebrantamiento de resolución judicial (art. 622 C.P.). 3.-RESPONSABILIDAD CIVIL DE INCAPACES ¿Cómo se determina si un incapaz debe responder por los daños que origine? Para determinar la responsabilidad del incapaz hemos de acudir a criterios de imputabilidad, es decir, de la capacidad de una persona para discernir la trascendencia de sus actos y prever sus posibles consecuencias, hallándose además en condiciones de actuar de acuerdo con dicho entendimiento para evitar el daño previsto, en definitiva, si tiene una suficiente madurez de juicio para entender lo que significa dañar a otro. La apreciación de esa madurez de juicio para entender lo que significa dañar a otro debe de ser apreciado por el juez en cada caso concreto. En definitiva el hecho de que una persona esté incapacitada o sea incapaz no supone «per se» que sea inimputable a los efectos de responsabilidad civil y ello porque los límites entre los diversos estadios de la capacidad son difusos y variados, siendo compatible la declaración de incapacidad con la responsabilidad civil del incapaz por sus actos, por lo tanto va a depender del grado de incapacidad u de madurez de juicio lo que va a determinar su responsabilidad civil por sus actos. ¿Cuál sería la responsabilidad civil derivada de ilícitos penales? Nuestro ordenamiento jurídico regula de forma distinta la responsabilidad civil nacida del delito y la meramente civil. Hay que advertir que la responsabilidad penal por delito o falta conlleva también la responsabilidad civil que pueda aparejarse de la conducta ilícita. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 37 El Código Penal vigente hace a este respecto dos menciones importantes, en cuanto a la responsabilidad civil respecto de guardadores legales o de hecho, así como de padres o tutores, refiriendo como posibles responsables directos no sólo a los que tienen la patria potestad o guarda legal, sino también a los guardadores de hecho, es decir, personas o entidades que se encarguen, aunque sea con carácter temporal del incapaz. De este modo se fija la responsabilidad directa de padres y tutores, la cual puede ser solidaria o conjunta con la responsabilidad civil directa de los incapacitados exentos de responsabilidad criminal. En estos casos quien asume la guarda del incapaz es quien debe responder por culpa (falta de vigilancia que ocasiona daño). Así en los casos en que el tutor no tiene al incapaz en su compañía y la guarda del mismo se encomienda a un centro donde reside y recibe tratamiento, no es exigible responsabilidad civil derivada de delito o falta al tutor y sí al guardador. Por otro lado, en cuanto a los supuestos de patria potestad prorrogada o rehabilitada y tutela de mayor edad, la ley exige como requisito indispensable para la exigencia de responsabilidad civil, con carácter subsidiario, que el incapaz mayor de edad conviva con el padre o tutor. Aquí, a diferencia de la anterior, la responsabilidad es subsidiaria, actuando sólo en el caso de que el incapaz carezca de bienes. Asimismo frente al supuesto anterior, esta afecta sólo a los mayores incapacitados que hayan sido declarados total o parcialmente imputables. ¿Cuál sería la responsabilidad civil de los tutores respecto a los actos realizados por los incapaces? El Código Civil regula la responsabilidad por hecho ajeno, es decir, que la causa directa del daño es consecuencia de un hecho no propio, sino atribuible a las personas de las que se debe responder. Debe buscarse entonces un título de imputación para esta responsabilidad por hecho no propio, siendo la solución clásica la de acudir al recurso de la culpa in vigilando o in educando. Así la exigencia de responsabilidad a los tutores, no es simplemente un modo subsidiario de obtener la indemnización, sino que se fundamenta en un título distinto, en una culpa propia de naturaleza 38 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA autónoma, distinta e independiente de la impuesta al autor material de los hechos. El artículo 1903 del C. Civil recoge en su párrafo tercero «que los tutores son responsables de los daños causados por menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habiten en su compañía». El citado artículo in fine recoge: «La responsabilidad de que se trata en este artículo cesará cuando las personas mencionadas prueben que emplearon toda diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño». Dos son, por tanto, los requisitos que recoge el citado artículo para que surja la responsabilidad de los tutores por los actos realizados por la persona incapaz sometida a su tutela: 1.- Que el incapacitado esté bajo la autoridad y habite en compañía del tutor. Este requisito supone que para que responda el tutor, es necesario que el tutelado esté bajo la autoridad de aquél y habite en su compañía, por lo que se va a exigir la convivencia del causante del daño con el tutor para que éste responda. Es preciso por tanto que el incapaz resida en compañía del tutor, pues difícilmente puede éste controlar personalmente y supervisar la actuación del que tiene bajo su tutela si no comparte el mismo domicilio. 2.- Que se aprecie falta de diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. La responsabilidad del tutor de los daños ocasionado por el tutelado es una responsabilidad por culpa del tutor por el incumplimiento de su obligación de velar por sus tutelados. La culpa del tutor respecto de los actos de sus tutelados es una culpa presunta u objetiva por lo que les obliga a probar que actuaron con la diligencia de un buen padre de familia para evitar o prevenir el evento dañoso. En definitiva, los tutores responden porque con su culpa in vigilando o in educando ha contribuido, generalmente por omisión, a la producción del resultado lesivo. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 39 Se ofrecen tres posibilidades en cuanto a la responsabilidad civil: ɀ Guardador legal que no observa la diligencia debida y el autor incapacitado inimputable civilmente, la responsabilidad es exclusiva del guardador legal. ɀ Guardador legal que no observa la diligencia debida y el autor incapacitado imputable civilmente, concurrencia de responsabilidades entre el incapaz y guardador legal. ɀ Guardador legal que observa la diligencia debida y el autor incapacitado inimputable civilmente, exoneración de la responsabilidad civil. Como vemos, el código civil impone al tutor la obligación de velar por el sometido a tutela, por ello, el incumplimiento de este genérico deber de velar, puede dar lugar a responsabilidad frente al propio interesado que sufre las consecuencias de tal incumplimiento, pero para que provoque la concreta obligación de indemnizar a terceros por daños causados por el tutelado, tal incumplimiento debe darse la circunstancia de que el tutor conviva con el tutelado, si no se vive con el tutelado, no puede exigirse una estricta obligación de vigilancia y posiblemente no habría fundamento subjetivo de responsabilidad suficiente. 40 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 41 III LAS INSTITUCIONES DE GUARDA Y PROTECCIÓN DEL INCAPAZ Declarada la incapacidad, total o parcial, de un individuo mediante Sentencia Judicial, el siguiente paso es nombrar a la persona o entidad que le va a representar o, en su caso, asistir en todos aquellos ámbitos de la vida y, para todos aquellos actos, que no pueda realizar por sí solo. En este apartado nos referiremos a las distintas figuras de protección de las personas incapaces, que establece el ordenamiento jurídico: ɀ Patria potestad ɀ Tutela ɀ Curatela ɀ Defensor Judicial ɀ Guarda de hecho 1.- PATRIA POTESTAD Procede la patria potestad prorrogada, cuando la persona incapacitada es menor de edad y convive con sus padres, o con uno de ellos. En este caso, el Juez que aprecie la incapacidad declarará prorrogada la patria potestad a favor de los progenitores, para cuando el hijo incapaz alcance la mayor edad. Se establecerá la patria potestad rehabilitada, si el incapaz es mayor de edad, soltero, y vive con sus progenitores, o con uno de ellos. 42 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Las funciones que ejercen los padres son las mismas que si el hijo fuera menor, de modo que, lo representan legalmente, administran sus bienes, y velan por él procurándole los cuidados y la atención que sean necesarios. La patria potestad se extingue por la muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo, por la adopción del menor, por haberse modificado la Sentencia de incapacitación declarando el cese de la incapacidad, y por haber contraído matrimonio el incapaz. Si al cesar la patria potestad el hijo continúa incapacitado, se constituirá la tutela o curatela. 2.- TUTELA La tutela es la institución de guarda que procede cuando se declara la incapacidad total de una persona, para regir su persona y sus bienes, en sustitución de la patria potestad ejercida por los padres. La tutela está pensada para aquellos casos en que se determine una incapacidad total y también para los supuestos en que no proceda la curatela, debiendo indicarse expresamente en este caso a qué actividades alcanza la institución protectora. Así se distinguen: - Tutela sobre la persona y bienes. Para los casos más graves se nombra un tutor con facultades de administración y disposición de los bienes del incapaz y gobierno de su persona. - Tutela parcial sobre bienes (u otros). Casos en los que el tutor se limita a representar económicamente al tutelado (actos de disposición o administración) conservando éste la capacidad de gobernar su vida personal. También puede concederse para determinadas actividades concretas como las de someter al discapaz a determinado tratamiento o evitar sus fugas, etc. Conviene indicar que la tutela parcial es diferente de la curatela. La tutela parcial (ej. tutela sobre bienes) está prevista para aquellos supuestos en que la persona puede regir su persona, pero en cuanto a la administración de sus bienes la curatela se muestra como mecanismo protector insuficiente, decretándose en estos casos la tutela plena restringida solo sobre el patrimonio del incapaz. (S.A.P. Córdoba 11-12-2000). GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 43 La curatela es fundamentalmente una institución de asistencia y no de representación y supone un complemento de la capacidad de aquellas personas que sin ser totalmente incapaces no alcanzan la plena capacidad. Aparte de ello la intervención del curador está limitada a aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido. (En este sentido S.T.S. 15-12-1991). ¿Cuál es el procedimiento para el nombramiento de tutor? Ya hemos señalado que será en el propio proceso de incapacitación, donde se solicite el nombramiento de un tutor. También es posible pedirlo en un proceso posterior e independiente, este sistema se utilizaba hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no supone ventaja alguna para la persona incapacitada. ¿Quiénes están sometidos a tutela? ɀ Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad. ɀ Los incapacitados, cuando la Sentencia lo haya establecido. ɀ Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela. ¿Quiénes ser tutores? La tutela puede ejercerse por cualquier persona física que tenga capacidad de obrar, y esté en pleno uso de sus derechos civiles y, subsidiariamente, cualquier persona jurídica que no tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de incapaces. No podrán ser tutores: ɀ Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad. ɀ Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior. ɀ Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena. 44 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ɀ Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela. ɀ Las personas con imposibilidad absoluta de hecho. ɀ Los que tuvieran enemistad manifiesta con el incapacitado. ɀ Las personas de mala conducta o que no tuvieran manera de vivir conocida. ɀ Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el incapacitado, tengan un juicio contra él, o le adeuden sumas de dinero considerables. ɀ Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona. ɀ Los excluidos expresamente por los padres en testamento o escritura pública, salvo que el Juez estime otra cosa en beneficio del incapacitado. ¿A quién se prefiere para el cargo de tutor? Conforme establece el Código Civil, para el nombramiento de tutor se preferirá: ɀ Al designado por el propio tutelado, antes de declararse su incapacidad, en escritura pública notarial. ɀ Al cónyuge que conviva con el tutelado. ɀ A los padres. ɀ A la persona o personas designadas por los padres en su testamento. ɀ Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez. El juez tiene potestad para alterar este orden de preferencia, y puede incluso prescindir de todas las personas mencionadas, si con ello se beneficia a la persona incapacitada. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 45 Asimismo, puede nombrarse tutor a las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, entre cuyos fines figure la protección de las personas incapacitadas. ¿Cómo llega una persona jurídica a asumir la tutela de un incapaz? De manera general la asunción de un cargo tutelar por parte de una persona jurídica es un hecho extraordinario de último recurso y siempre subsidiario es decir, cuando falte persona física que pueda asumir su ejercicio de forma adecuada bien por la no existencia de familiares o personas con especial relación, por inhibición de estos o por no idoneidad. Una vez nombrada tutora el titular de la tutela es ésa persona jurídica y no ningún miembro u órgano de la misma. Aunque, como es lógico, las funciones tutelares habrán de ser realizadas por personas físicas pertenecientes a esa entidad ¿Dónde está el origen de que una persona jurídica asuma cargos tutelares? Está en la reforma del Código Civil conforme a la Ley 13/ 1983, de 24 de Octubre, de reforma en materia de tutela. Esta reforma hizo posible que el ejercicio de los nombramientos tutelares se realice no sólo por personas físicas sino también por Entidades, tanto públicas como privadas. Su base normativa se encuentra en el artículo 242 C.C. ¿Qué entidades pueden ser tutoras? Pueden ser tutores personas jurídicas públicas o privadas siendo en primera instancia y en virtud del reparto de competencias que recoge el texto constitucional, la Comunidad Autónoma la llamada al ejercicio del cargo tutelar. Pero también pueden ser tutores Diputaciones y Ayuntamientos en tanto tienen atribuidas competencias en materia de servicios sociales. En este sentido hay determinadas Administraciones Públicas que han articulado mecanismos de protección jurídica de personas incapacitadas 46 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA creando organismos específicos dedicados al ejercicio de los distintos cargos tutelares. Sin embargo, la gran mayoría de las administraciones autonómicas y entidades privadas lo que han hecho ha sido promover la constitución de personas jurídicas de carácter privado como son las fundaciones. La Fundación, por tanto, ha sido la forma jurídica más utilizada para el ejercicio tutelar por parte de personas jurídicas; posiblemente por su especial naturaleza jurídica con un patrimonio afecto a la actividad, la posibilidad de acceso a subvenciones y beneficios fiscales, su estabilidad y, sobre todo, por el control ejercido por el Protectorado correspondiente. ¿Puede nombrarse más de un tutor para un solo incapaz? La tutela solo puede ejercerse por un solo tutor salvo en los siguientes supuestos (tutela plural): ɀ Cuando se nombre un tutor para la persona y otro para los bienes, por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio que aconsejen separar en cargos distintos el de tutor de la persona y de los bienes, actuando cada uno de los cuales independientemente en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente. ɀ Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre, de modo análogo a la patria potestad. ɀ Cuando se designa a alguna persona como tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela. ɀ En supuestos de designación testamentaria, cuando el juez nombre como tutores a las personas que los padres del tutelado o éste mismo hayan designado en testamento o documento público notarial para ejercer la tutela conjuntamente. ¿Qué debe primar a la hora de elegir un tutor para un incapaz? A la hora de designar un tutor lo que debe primar sobre todo es el interés del incapaz y su máximo beneficio. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 47 ¿Es obligatorio el cargo de tutor? Una vez que el juzgado nombra a una persona tutor, existe la obligación de ejercer las funciones que le son propias. Después del nombramiento, el tutor debe acudir al juzgado a tomar posesión de su cargo, firmando que lo acepta. ¿Puede un llamado a ejercer la tutela o un tutor excusarse del cargo? Esto podrá hacerse cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo. Es necesario probar con documentos, testigos, etc la razón de la excusa y proponer o indicar la persona, que siendo de parecidas condiciones pudiera sustituirle. Mientras se resuelve acerca de la excusa, el que la haya propuesto estará obligado a ejercer la función. No haciéndolo así, el Juez nombrará un defensor que le sustituya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos ocasionados por la excusa si ésta fuera rechazada. ¿Qué funciones tiene el tutor? El tutor es el representante legal de la persona tutelada. Esto significa que el tutelado puede suscribir escrituras, concertar contratos, solicitar prestaciones, o realizar cualquier otro acto con trascendencia jurídica, siempre que actúe a través de su tutor que firmará en su nombre. Por lo tanto, los actos que efectúe el incapaz sin la asistencia de su tutor serán nulos y carecerán de validez legal. La tutela se extiende: ɀ A la protección personal del tutelado, promoviendo la adquisición o recuperación de su capacidad, y su mejor inserción en la sociedad. Cuando sea menor se le procurará una educación y formación integral. El tutor debe también velar por el tutelado y procurarle alimentos. Pero esto no significa que el tutor deba llevarse al tutelado a su casa, ni que tenga que alimentarlo con cargo a su patrimonio personal. Se 48 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA trata de que el incapaz no le falte lo necesario, atendiendo a sus circunstancias económicas personales, cuidando que tenga una calidad de vida digna. ɀ A la administración del patrimonio del tutelado, como lo haría un buen padre de familia y siempre en beneficio exclusivo del incapaz. Estas funciones se ejercen bajo la supervisión del Juez y del Ministerio Fiscal. De este modo, el tutor tiene que solicitar autorización judicial previa para: ɀ Internar al tutelado en un centro de salud mental, o de educación o formación especial. ɀ Vender o gravar bienes inmuebles (fincas, casas), establecimientos mercantiles o industriales (tiendas, comercios, fábricas), objetos preciosos (joyas, obras de arte) y valores mobiliarios (acciones o participaciones en empresas), excepto el derecho de suscripción preferente de acciones. ɀ Celebrar contratos en nombre del tutelado, o actos que deban inscribirse en el Registro de la Propiedad. ɀ Renunciar derechos, transigir o someter a arbitraje cuestiones en las que el tutelado estuviese interesado. ɀ Aceptar sin beneficio de inventario o repudiar una herencia u otras liberalidades. ɀ Hacer gastos extraordinarios en los bienes. ɀ Interponer una demanda en nombre del tutelado, salvo que el asunto sea urgente o de escasa cuantía. ɀ Ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a 6 años. ɀ Dar y pedir dinero a préstamo. ɀ Disponer a título gratuito, o lo que es lo mismo sin recibir nada a cambio, de bienes o derechos del tutelado. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL ɀ 49 Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra el tutor, o adquirir a título oneroso, es decir, mediante pago, los créditos de terceros contra el tutelado. Antes de autorizar estas operaciones el Juez solicitará informe del Ministerio Fiscal, y oirá al tutelado si lo estima oportuno. Las particiones de herencia y la división de la cosa común realizadas por el tutor, deben presentarse al Juez para su aprobación. ¿Qué obligaciones asume el tutor? Para evitar que el tutor pueda adoptar decisiones arbitrarias, o que perjudiquen al tutelado, se le imponen las siguientes obligaciones: ɀ Hacer inventario de los bienes del tutelado, en los 60 días siguientes a aquel en que aceptó la tutela. Este inventario debe ser aprobado por el Juez, y contendrá todos los bienes y derechos propiedad del tutelado, así como las deudas y cargas de las que deba responder. ɀ Informar anualmente al juzgado de la situación personal y patrimonial del tutelado, y rendir la cuenta anual de su administración. En cualquier momento el juzgado puede exigir del tutor, que informe sobre la situación del incapaz. ɀ Rendición final de cuentas que deberá presentarse ante el juzgado al cesar en las funciones de tutor, en el plazo de los 3 meses siguientes. ¿Qué derechos tiene el tutor? La persona tutelada debe respeto y obediencia al tutor, que puede solicitar el auxilio de la autoridad en el ejercicio de su cargo. Además, el tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Es el Juez el que, previa solicitud del interesado, determina el importe de la remuneración dependiendo del trabajo que el tutor deba realizar, y del valor y rentabilidad de los bienes del tutelado. 50 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Asimismo, el tutor tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que sufra en el ejercicio de la tutela, sin culpa por su parte, con cargo a los bienes del tutelado. ¿Cuándo termina la tutela? La tutela concluye: ɀ Cuando el menor de edad cumple 18 años, salvo que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado. ɀ Por la adopción del tutelado menor de edad. ɀ Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad. ɀ Cuando se hubiera originado la tutela por la suspensión o privación de la patria potestad, y el titular de ésta la recupere. ɀ Por fallecimiento del tutor y/o de la persona sometida a tutela. ɀ Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la sentencia de incapacitación sustituyendo la tutela por la curatela. ¿En qué casos pueden a uno destituirlo como tutor? Pueden ser destituidos de la tutela los que, con posterioridad a su nombramiento, incurren en alguno de los casos en los que no se puede ser tutor o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados. La destitución, llamada remoción, solo podrá hacerse por el Juez que nombrará entonces un nuevo tutor. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 51 3.- CURATELA La curatela es la institución de guarda que se establece cuando se declara la incapacidad parcial de una persona. La incapacidad parcial supone que la persona conserva cierto grado de autogobierno o autonomía, que le permite adoptar las decisiones más sencillas sobre su persona y/o bienes. ¿Cuál es el procedimiento para su nombramiento? Es el mismo que el de la tutela, determinándose en la sentencia de incapacitación el sometimiento del incapaz a curatela, en atención al porcentaje de capacidad que mantiene. ¿Quiénes están sometidos a curatela? ɀ Los emancipados cuyos padres fallecieron o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley. ɀ Los que obtuvieren el beneficio de la mayor de edad. ɀ Los declarados pródigos. ɀ Las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento. ¿Quiénes pueden ser curadores? En cuanto a las personas e instituciones que pueden ser curadores, las causas que impiden ser curador, las excusas para el ejercicio de la curatela, y las obligaciones y derechos que conlleva el cargo, son las mismas que para el tutor. ¿Qué funciones tiene el curador? El curador, a diferencia del tutor, no es el representante legal del incapacitado. La misión del curador es asistir al incapaz y complementar su capacidad, en aquellos actos que no pueda realizar por sí mismo. 52 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Los actos en que se considera necesaria la intervención del curador, deben quedar delimitados en la sentencia que haya establecido la curatela. Cuando la sentencia no específica el alcance de la curatela, se entiende que el curador tiene que asistir a su pupilo en los mismos actos que el tutor necesita autorización judicial (Ver apartado: ¿Qué funciones tiene el tutor?) En ocasiones la curatela se ciñe a la administración de los bienes. En estos casos, el curador asistirá al incapaz en la administración ordinaria y, también, en la realización de negocios jurídicos que el cuartelado por sí, no puede efectuar. Esto supone que para firmar escrituras públicas o suscribir contratos, debe intervenir el curador junto con el incapacitado, impidiendo así que otras personas puedan aprovecharse de su impericia. Otras veces, la curatela se refiere a la esfera estrictamente personal, y requiere del curador la asistencia, por ejemplo, para el seguimiento del tratamiento médico por parte del incapacitado. Tiende a someterse a esta clase de curatela a las personas que padecen enfermedades, que si bien a priori las incapacitan, pueden controlarse a través de un tratamiento farmacológico permitiéndoles llevar una vida normal. Las dificultades surgen cuando la persona no tiene conciencia de su enfermedad (como ocurre en algunas personas con enfermedad mental), o simplemente, cuando se niega a tomar la medicación. En el caso de existir discrepancias entre el sometido a curatela y el curador, en un asunto en que éste último deba intervenir, tendrá que solicitarse el auxilio judicial. ¿Cuándo termina la curatela? El Código Civil no establece nada al respecto, sin embargo, podemos señalar que la curatela concluirá: ɀ Cuando el menor de edad cumple 18 años, salvo que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado. ɀ Por la adopción del menor de edad sometido a curatela. ɀ Por fallecimiento del curador y/o de la persona sometida a curatela. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL ɀ 53 Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la sentencia de incapacitación sustituyendo la curatela por la tutela. 4.- DEFENSOR JUDICIAL El defensor judicial es una figura de guarda que se caracteriza por su actuación provisional y transitoria. Su cometido es representar, o en su caso, asistir al incapaz en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el tutor o el curador, o cuando éstos no existen. ¿Cuál es el procedimiento para su nombramiento? Es el Juez quien nombrará un defensor judicial, previa la tramitación del oportuno procedimiento, cuando lo considere conveniente para la protección de la persona incapaz y/o de sus bienes. ¿Cuándo es necesario nombrar un defensor judicial? Pueden distinguirse las siguientes circunstancias: 1. Cuando en algún asunto exista un conflicto de intereses entre el incapacitado y sus representantes legales –padres o tutor-, o el curador. 2. Cuando el tutor, o el curador, haya sido destituido de su cargo, mientras se nombra a otra persona para desempeñarlo. 3. Cuando el tutor, o el curador, haya alegado alguna causa de excusa para no seguir ejerciendo la guarda, mientras se nombra a otra persona que lo sustituya. 4. Durante el proceso judicial de incapacitación, el Ministerio Fiscal actuará como defensor judicial del presunto, asumiendo su representación y defensa. En los casos en que el propio Ministerio Fiscal inicia el pleito, si el presunto incapaz no comparece a defenderse en el plazo establecido, se nombrará un defensor judicial que le represente en el juicio mediante procurador, y asuma su defensa a través de abogado. 54 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ¿Quiénes pueden ser defensores judiciales? Si se trata de la guarda ejercida por ambos padres, y el conflicto de intereses existe sólo con uno de ellos, corresponderá al otro representar y amparar al incapacitado por Ley, sin necesidad de que lo nombre el Juez. En los demás casos, las personas e instituciones que pueden ser defensores judiciales, las causas que impiden ser defensor judicial, las excusas para el ejercicio de la defensa judicial, y las obligaciones y derechos que conlleva el cargo, son las mismas que para el tutor y el curador. Así pues el Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, a instancia del menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo. ¿Es lo mismo defensa judicial que defensa técnica? No necesariamente. El cargo de defensor judicial puede recaer en cualquier persona física, no siendo imprescindible que sea técnica en derecho, nombrada por Juez para ejercer las funciones de amparo y representación de los menores e incapacitados de forma transitoria en ciertos casos. Durante el proceso judicial de incapacitación, el Ministerio Fiscal actúa como defensor judicial del presunto incapaz, asumiendo su representación y defensa. En los casos en que el propio Ministerio Fiscal inicia el pleito, si el presunto incapaz no comparece a defenderse en el plazo establecido, se le nombra un defensor judicial que le represente en el juicio mediante procurador, y asuma su defensa a través de abogado. La defensa judicial en este caso puede recaer en un letrado, en cuyo caso coinciden defensa judicial y defensa técnica en el procedimiento, o bien en otra persona quien se asiste de letrado y procurador para su defensa y representación en el proceso. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 55 ¿Qué funciones tiene el defensor judicial? El defensor judicial tendrá las funciones que le haya asignado el Juez, dependiendo de las necesidades que motivaron su nombramiento. Puede que su actuación sólo sea necesaria para un asunto concreto, por ejemplo, la firma de una escritura pública. O que sea requerido para ejercer la administración provisional de los bienes del incapaz. En el supuesto de que sustituya transitoriamente al tutor, asumirá la guarda de la persona incapaz y de sus bienes. ¿Cuándo termina la defensa judicial? Cuando concluya el cometido para el que fue designado, o cuando se nombre tutor o curador al incapaz tras aceptarse el cargo, según los casos. El defensor judicial debe rendir cuentas de su gestión al Juez una vez finalizada. 5.- LA GUARDA DE HECHO La guarda de hecho pretende regular la situación que se produce cuando una persona distinta de los progenitores u otra en el caso de mayores de edad, sin estar designada para ello por el juzgado, asume la protección de la persona y bienes de un menor o de un presunto incapaz. No todas las personas afectadas por una discapacidad deben necesariamente ser incapacitadas judicialmente y sometidas a tutela o curatela pero sí que pueden necesitar de la asistencia de otra persona. La realidad nos muestra que muchas de estas personas se encuentran al cuidado de un familiar, de un vecino, de un amigo o de un centro asistencial que, en la práctica, ejercen las funciones de un tutor o curador. Teniendo presente que no es posible, ni en ocasiones oportuno, incapacitar a todos los discapacitados se hace necesario establecer la figura de la guarda de hecho. La guarda de hecho posibilita que el Juez fiscalice la actuación de personas que ejercen la guarda de un menor o incapaz, aún sin haber sido nombradas tutor o curador. 56 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ¿Qué funciones tiene el guardador de hecho? El guardador de hecho no es el representante legal del presunto incapaz, no puede sustituirlo en negocios patrimoniales ni actuar por él en actos personales. En el ámbito personal, cuando el presunto incapaz lo precise, el guardador de hecho tiene el deber de cuidarlo, preocupándose de su alimentación, asistencia médica, formación y, en la medida en que sea posible, promoviendo la adquisición o recuperación de su capacidad. En el ámbito patrimonial, administra los bienes del presunto incapaz, pero no puede venderlos, ni arrendarlos, ni realizar ningún otro acto de disposición sobre los mismos. Sí puede efectuar pagos ordinarios como los suministros de agua, luz o gas, o el coste de la estancia en un centro, preferiblemente a través de una domiciliación bancaria. La guarda de hecho se ejerce de forma gratuita. Sin embargo, el Juez puede reconocer el derecho del guardador a ser indemnizado por los gastos y perjuicios que se le hubieran ocasionado, con cargo a los bienes del presunto incapaz. ¿Qué obligaciones asume el guardador de hecho? Cuando el Juez conozca la existencia de un guardador de hecho, puede requerirle para que informe sobre la situación de la persona y de los bienes del presunto incapaz, y de su actuación respecto a los mismos. De este modo, aún cuando no existe la obligación de practicar inventario y rendir cuentas anuales, como ocurre en la tutela, será conveniente que el guardador de hecho haya confeccionado un inventario de los bienes del presunto incapaz, y lleve su administración clara y ordenadamente. Si bien esta figura de la Guarda es compleja y más cuando C. Civil ni lo define ni especifica sus funciones, sólo constata esta actividad protectora que se da en la realidad. Esta escasa y deficiente regulación jurídica (ya que realmente existe aunque no haya resolución jurídica que lo reconozca) siempre crea una incómoda sensación de desamparo a los guardadores. Por el momento y hasta mejor clarificación y regulación lo idóneo es que sea una situación provisional llamada a acabar en una tutela formal. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 57 ¿Cuándo termina la guarda de hecho? ɀ Cuando el presunto incapaz recupere su razón. ɀ Por la muerte o declaración de fallecimiento del guardador de hecho o del presunto incapaz. ɀ Cuando la autoridad judicial sustituya al guardador de hecho, bien transitoriamente por un defensor judicial, bien de modo definitivo por un tutor o curador. 58 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 59 IV LA AUTOTUTELA Se conoce con el nombre de «Autotutela» a la oportunidad que tiene una persona capaz de obrar, para adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión de su propia futura incapacitación. La Autotutela se introduce en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, con la pretensión de mejorar el tratamiento jurídico de las personas con discapacidad. En este sentido, se modifica la legislación civil estableciendo las siguientes posibilidades: 1.- Otorgar documento público notarial, adoptando cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.- Es decir, cualquier persona con capacidad de obrara puede acudir al Notario y dejar dispuesto en una escritura pública quién quiere que sea su tutor, dónde quiere ser asistido o residir, o cómo deben administrarse sus bienes, en el supuesto de que resulte incapacitado. Esta posibilidad puede resultar muy importante, sobre todo en el caso de enfermedades degenerativas. 2.- Designar a la persona que ha de ser su tutor.- Se modifica el orden de preferencia para el nombramiento de tutor, estableciendo en primer lugar al designado por el propio tutelado en escritura pública. El Juez podrá prescindir de la persona designada, cuando hayan sobrevenido nuevas circunstancias que no fueron tenidas en cuenta al efectuar la designación, y así convenga al interés del incapacitado. 60 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA El Notario comunicará de oficio la existencia de estos documentos públicos al Registro Civil, para que quede indicado su otorgamiento en la inscripción de nacimiento del interesado. Cuando se inicia un proceso de incapacitación el Juez recabará certificación del Registro Civil, a fin de comprobar si existen esta clase de escrituras públicas. 3.- Otorgar mandato para el caso de incapacidad del mandante.- Se introducen cambios en la regulación del contrato del mandato, haciendo posible que el poder dado por una persona capaz a favor de otra subsista, aún cuando quien lo hubiera otorgado sea incapacitado con posterioridad, siempre que el mandato contenga esta disposición de manera expresa. 4.- Promover el juicio de incapacitación por el propio interesado.El presunto incapaz podrá iniciar el proceso a través de procurador que lo represente, y abogado que lo defienda. Si carece de bienes suficientes para iniciar el juicio, puede solicitar el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Qué son los Poderes Preventivos? La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad crea esta institución de enorme trascendencia, en la medida que permite, mientras se conservan las facultades mentales, nombrar un representante para el caso de que lleguen a perderse. Se puede evitar de este modo, en caso de pérdida de capacidad, el tener que nombrar un representante (tutor) a través del procedimiento de incapacitación. Supone una importante novedad por cuanto, que la incapacidad del mandante, no implicaría la revocación del poder. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 61 V OTRAS ACTUACIONES EN BENEFICIO DEL INCAPAZ Una de las mayores inquietudes de los padres y demás familiares de personas discapacitadas, es qué ocurrirá con éstas en el futuro cuando ellos falten. La preocupación se centra en garantizar al hijo incapacitado unos cuidados personales, y los suficientes recursos materiales para que pueda mantener una buena calidad de vida. La Ley ofrece a los progenitores varios modos de alcanzar esta finalidad de protección y previsión. Veamos cuáles: 1.- EL TESTAMENTO Es conveniente que las personas que tienen hijos discapacitados hagan testamento. A través de las disposiciones testamentarias, se permite a los padres adoptar decisiones que amparen al descendiente incapaz en el aspecto personal y en el patrimonial. En la esfera personal los progenitores pueden: ɀ Establecer disposiciones respecto a la forma de vida y cuidados de su hijo, su salud, educación, formación o residencia. ɀ Designar tutor de su hijo a una persona física o a una institución. Esta decisión debe tenerse en cuenta por el juzgado al constituir la tutela, salvo que el beneficio del incapaz aconseje otro nombramiento. 62 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ɀ Excluir a una persona del cargo de tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, y efectuar cualquier otra disposición sobre la persona que se considere necesaria. En la esfera patrimonial tienen facultades para: ɀ Ampliar la legítima del descendiente incapaz, con el tercio de mejora y/o el de libre designación, a fin de que pueda atender sus necesidades económicas. ɀ Establecer una sustitución fideicomisaria que podrá gravar la legítima estricta, en beneficio del hijo judicialmente incapacitado. Se trata de disponer a favor del incapaz, estableciéndose también las personas que adquirirán los bienes que le dejó el testador cuando aquél fallezca. ɀ Donar o legar a la persona con discapacidad un derecho de habitación sobre la vivienda habitual del progenitor, que no se computará para el cálculo de las legítimas, cuando el discapacitado convivía con el testador. Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley al legitimario discapacitado que lo necesite y estuviera conviviendo con el fallecido, salvo que el testador disponga otra cosa o lo excluya expresamente. En este caso no es necesario que el beneficiario esté incapacitado judicialmente. ɀ Legar al discapacitado el usufructo de determinados bienes, dejando la nuda propiedad para los hermanos. Mientras vive el incapaz obtiene los frutos y rentas que produzcan los bienes, pero no puede venderlos. Al fallecimiento del usufructuario los hermanos consolidan la plena propiedad. ɀ Hacer uso de la sustitución pupilar o ejemplar. En este supuesto se dispone a favor del incapaz en todo o parte de los bienes, y además se indican las personas que heredarán su patrimonio cuando fallezca. Como puede apreciarse los padres otorgan testamento en un intervalo lúcido o después de haber recobrado la razón. ɀ Establecer la forma de administrar los bienes, normas, condiciones o recomendaciones para la persona que se haga cargo de la tutela, o para el resto de herederos. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 63 En definitiva, el testamento puede incluir disposiciones muy diversas, debiendo acomodarse a las circunstancias y necesidades del discapacitado y de su familia. Para ello, es importante exponer al Notario de modo claro la voluntad del testador y todas las dudas que puedan abrigarse. 2.- EL CONTRATO DE ALIMENTOS En el contrato de alimentos una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a otra persona durante su vida, a cambio de obtener la transmisión de un capital compuesto por cualquier clase de bienes y derechos. ¿Quiénes pueden suscribir el contrato de alimentos? Por una parte, los progenitores u otros familiares del incapaz, que se obligan a transmitir a una persona la titularidad de un patrimonio. Aunque quienes contratan son los familiares, se designa como beneficiario a la persona discapacitada. Por otra, la persona que se obliga a prestar los alimentos al beneficiario mientras éste viva, recibiendo a cambio la propiedad de determinados bienes y derechos. ¿Qué finalidad se persigue con el contrato de alimentos? Asegurar que el beneficiario, llamado por la Ley alimentista, tenga cubierta las necesidades de residencia, manutención y asistencia personal hasta su fallecimiento. La extensión y calidad de los alimentos deben fijarse en el contrato y, salvo pacto en contrario, no dependerán de las vicisitudes del capital y necesidades del obligado, ni del caudal de quien los recibe. En caso de que fallezca el obligado a prestar los alimentos, éstos pueden abonarse mediante una pensión actualizable que si no está prevista en el contrato fijará el Juez. 64 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ¿Cuándo finaliza el contrato? En caso de incumplimiento por el obligado a prestar alimentos, el alimentista puede elegir entre exigir judicialmente su cumplimiento, o resolver el contrato. Si opta por la resolución, el alimentante deberá devolver el capital recibido. En cualquier caso, debe garantizarse al alimentista un superávit suficiente para constituir, de nuevo, una pensión análoga por el tiempo que le quede de vida. La única causa de extinción prevista en la Ley es la muerte del alimentista o beneficiario. 3.- LA LEY DE PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ¿Qué es un patrimonio protegido? Es una nueva solución que ofrece la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, para la protección económica de las personas con discapacidad. Consiste en la posibilidad de agrupar un conjunto de bienes, dinero y derechos, formando un patrimonio, del que sólo puede ser beneficiaria la persona que se encuentre afectada por una discapacidad física mayor del 65%, o por una discapacidad psíquica mayor del 33% (según certificado administrativo acreditativo del grado de minusvalía), con independencia de que haya sido o no judicialmente incapacitada, y con la finalidad de satisfacer sus necesidades vitales. ¿Quién puede constituir el patrimonio protegido? La propia persona discapacitada que vaya a disfrutar del patrimonio podrá constituirlo, siempre que conserve su capacidad de obrar. También pueden constituirlo sus padres, tutores, curadores, o guardadores de hecho. En todo caso, se requiere una aportación inicial de dinero, u otra clase de bienes o derechos, a título gratuito. Una vez constituido, cualquier persona puede efectuar aportaciones al mismo, siempre a título gratuito. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 65 ¿Cómo se constituye? Es necesaria escritura pública otorgada ante Notario, donde se harán constar las reglas de administración del patrimonio que resulten más adecuadas, según las necesidades de la persona con discapacidad y los bienes aportados. Asimismo, debe determinarse en la escritura el momento en que comenzará su uso, bien al fallecimiento de los progenitores, o incluso en vida de éstos. Para que surta plenos efectos frente a terceras personas será necesaria su inscripción en el Registro Civil, y en el Registro de la Propiedad – en el que además se transcribirán las normas de su administración-. La Ley contempla dos sistemas de constitución, que pueden acumularse entre sí: El Patrimonio de Gasto, si lo que se pretende es proporcionar al discapacitado un flujo de rentas disponibles que cubran sus necesidades cotidianas, a modo de una pensión alimenticia. Se trata de asegurarle, hasta donde sea posible, un determinado nivel y modo de vida. Las aportaciones dinerarias son las más apropiadas, para proporcionar a las personas dependientes rentas que gastar, pudiendo integrarse también con títulos valores, derechos de arrendamiento, uso de bienes muebles e inmuebles, la asistencia personal o cuidados de terceros. El Patrimonio de Ahorro, si se quiere que el discapacitado sea dueño de un patrimonio importante y perdurable, que le proporcione autonomía, independencia y autosuficiencia económica. Queda integrado por la propiedad y los derechos de goce y disfrute de bienes inmuebles, y las grandes sumas de dinero que permitan a la persona discapacitada generar ahorro, o en su caso, hacer inversiones de previsión como seguros de vida, o planes de pensiones. ¿Quién administra el patrimonio protegido? Conviene distinguir dos supuestos: 66 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 1. Cuando el patrimonio se constituye por la persona con discapacidad.El beneficiario que conserve su capacidad de obrar, puede establecer y modificar las reglas para la gestión de su patrimonio protegido, así como nombrar y sustituir a su administrador, cuantas veces desee. También podrá determinar el modo de supervisar la administración del patrimonio. 2. Cuando el patrimonio se constituye por persona distinta de su beneficiario.- Será la propia persona que ha constituido el patrimonio protegido quien lo administre, o quien designará un administrador. Además, en las reglas de administración se debe establecer la necesidad de recabar autorización judicial, para los mismos supuestos en que el tutor debe solicitarla respecto de los bienes del tutelado (Ver apartado: ¿Qué funciones tiene el tutor?). No será necesaria la subasta pública para enajenar los bienes o derechos incluidos en el patrimonio. Con independencia del sistema de supervisión de la administración dispuesto por el contribuyente del patrimonio, la Ley encomienda esta misión al Ministerio Fiscal en dos formas: A. Una supervisión permanente y general, consistente en la obligación del administrador, salvo que se trate del propio beneficiario o sus progenitores, de presentarle anualmente una relación de su gestión y el inventario de bienes y derechos del patrimonio protegido. B. Una supervisión esporádica y concreta, cuando las circunstancias concurrentes lo hagan preciso, pudiendo instar del Juez la adopción de las medidas que estime pertinentes en beneficio de la persona con discapacidad. ¿Cómo se extingue? El patrimonio protegido se extinguirá: ɀ Por la muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario. ɀ Cuando el beneficiario deje de padecer una minusvalía en los grados establecidos por la Ley. ɀ Por decisión judicial cuando así convenga al interés de la persona con discapacidad. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 67 ¿Qué régimen fiscal se aplica a los patrimonios protegidos? Por último, la Ley modifica determinadas normas fiscales estableciendo una serie de medidas para favorecer las aportaciones a los patrimonios protegidos a título gratuito. En concreto, se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con la finalidad de regular el régimen tributario aplicable al discapacitado, titular del patrimonio protegido, por las aportaciones que se integren en éste; y a las personas que aportan al patrimonio por las disposiciones que realicen. 4.- ALGUNAS CUESTIONES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Especial referencia a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. ¿Tener un Certificado de Reconocimiento del Grado de Minusvalía es igual que una Incapacitación Civil? No. A través del Certificado de Minusvalía se valora la discapacidad física, psíquica y/o sensorial que presenta la persona así como los factores sociales complementarios que dificulten su integración social, con la finalidad de determinar y acreditar el tipo y grado de minusvalía. Este certificado permite acceder a cuantas medidas, prestaciones, servicios o beneficios de protección social está establecidos o pueda establecerse y dimensionar su cuantificación según la gradación establecida. Este reconocimiento de Minusvalía se establece tras los dictámenes técnicos-facultativos emitidos por los Equipos de Valoración y Orientación que dependen orgánica y funcionalmente de las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Sin embargo, una incapacitación civil es una medida de protección jurídica que sólo puede venir determinada por Sentencia judicial firme en los términos explicados en apartados anteriores. 68 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ¿Cómo se define una persona con discapacidad? Según la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, tienen consideración de personas con discapacidad aquellas personas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. Así como los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio. ¿Una incapacidad civil es igual a una incapacidad laboral? No. La incapacidad laboral puede definirse como la imposibilidad, en mayor o menor grado, para desarrollar algún tipo de actividad profesional. No se declara mediante una sentencia judicial sino a través de una resolución administrativa del INSS. La sentencia de incapacitación no tiene por qué conllevar la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo. La incapacidad laboral sí. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ¿da nuevos derechos a las personas incapacitadas judicialmente? Sí en tanto en cuanto sean valoradas como dependientes o requieran de apoyo para su autonomía personal tal y como define la Ley. ¿Cómo se define la dependencia? Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (art. 2) dependencia se define como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 69 personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Dependencia? Reconocer un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esto supone un gran avance, ya que el derecho subjetivo puede ser exigido ante los Tribunales de Justicia y con independencia de la existencia de limitaciones presupuestarias. ¿Cuáles son los requisitos básicos para ser beneficiario del SAAD? Los españoles que cumplan los siguientes requisitos: 1. Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. 2. Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. ¿Qué grados de dependencia contempla la Ley? El art. 26 contempla tres grados. Grado I: dependencia moderada; Grado II: dependencia severa y Grado III: gran dependencia. (Cfr. Anexo legislación) ¿Cómo se valora la dependencia? La Ley de Dependencia establece la existencia de un único baremo en todo el territorio español de tal manera que el reconocimiento de la situación de dependencia tenga también validez en toda España. 70 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Este baremo se puede encontrar en el Anexo I del Real Decreto 504/ 2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE nº 96 de 21 de abril de 2007, págs. 17646 - 17685) Este Anexo determina los criterios objetivos para la valoración del grado de autonomía de las personas, en orden a la capacidad para realizar las tareas básicas de la vida diaria, así como las necesidades de apoyo y supervisión a este respecto para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Posteriormente, advertidos errores en este Real Decreto 504/2007, se procede a efectuar una serie de rectificaciones recogidas en Corrección de errores publicado en el BOE nº 119 de 18 de mayo de 2007, págs. 21351 - 21355. ¿Cómo se solicita, en Andalucía, el reconocimiento de la situación de dependencia? La Junta de Andalucía ha decidido que la puerta de entrada al SAAD sean los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes al lugar de residencia del solicitante los que inicien el expediente y la instrucción del mismo, tras petición de la persona solicitante o de su representante legal. Existe un modelo de solicitud aprobado por Orden de 23 de abril de 2007 (BOJA nº 83, 27 de abril de 2007) que puede obtenerse, por ejemplo, en cualquier Centro de Servicios Sociales Comunitarios o en la web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. (Véase en Anexo de esta Guía). El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD, así como los órganos competentes para su valoración viene regulado por el Decreto 168/2007, de 12 de junio de 2007 (BOJA nº 119, 18 de junio de 2007). ¿Quién firma la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia? La solicitud debe ir firmada por el propio solicitante del reconocimiento GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 71 de la situación de dependencia o bien, su representante legal en caso de existir dicha representación por sentencia judicial firme tras el oportuno procedimiento de incapacitación. También están habilitados los Guardadores de Hecho que, en este último caso deberán cumplimentar un modelo al efecto (Véase en Anexo de esta Guía). Sobre la Guarda de Hecho ver. apdo III punto 5 de esta Guía. ¿Dónde se presentan las solicitudes? En los Centros de Servicios Sociales Comunitarios correspondientes al domicilio de la persona solicitante, sin perjuicio de poder mandarlas por correo según el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Una vez solicitado el reconocimiento de dependencia, y presentada correctamente la documentación requerida, ¿cuál es el siguiente paso? Los Servicios Sociales Comunitarios elevan el expediente al Servicio de Valoración de la Delegación Provincial correspondiente y éste comunicará al solicitante el día y hora en que los profesionales de dicho Servicio acudirán a su domicilio para efectuar los reconocimientos y pruebas necesarias según el baremo anteriormente mencionado. Todo ello en virtud de que en Andalucía la competencia para valorar y resolver el grado y nivel de dependencia y los servicios o prestaciones que corresponden a la persona según su grado y nivel corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. ¿Cuál debe ser el contenido de la Resolución del reconocimiento de la situación de dependencia? Esta primera Resolución determinará: 1. El grado y el nivel de dependencia de la persona solicitante. 72 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 2. Los servicios o prestaciones que, en su caso, correspondan a la persona interesada de acuerdo con su grado y nivel de dependencia. ¿En qué momento se tiene derecho a las prestaciones reconocidas por la Resolución del reconocimiento de la situación de dependencia? En el momento que se apruebe el Programa Individual de Atención (PIA) ¿Qué es el Programa Individual de Atención (PIA)? El Programa Individual de Atención es elaborado, en el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, por los Servicios Sociales y recoge las modalidades de intervención más adecuadas a la persona en función de los recursos previstos en la resolución para su grado y nivel. Así, una vez comunicada la resolución del reconocimiento de la situación de dependencia a los Servicios Sociales Comunitarios, éstos elaborarán una propuesta de PIA volviendo a requerir determinada documentación y remitiendo posteriormente a la Delegación Provincial su propuesta. La persona declarada en situación de dependencia o, en su caso, sus familias o representantes legales serán consultados previamente a la aprobación del PIA, pudiendo, en su caso, elegir entre las alternativas propuestas. ¿Quién aprueba el Programa Individual de Atención (PIA) y qué contenido debe tener? La Delegación para la Igualdad y Bienestar Social dictará nueva Resolución con la aprobación del Programa Individual de Atención y que deberá contener: 1. Datos y circunstancias personales y familiares de la persona en situación de dependencia. 2. Servicio o servicios prescritos con indicación de las condiciones específicas de la prestación de éste, así como de la participación que en el coste del mismo pudiera corresponder a la persona en situación de dependencia según su capacidad económica. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 73 3. En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, prestación económica vinculada al servicio. 4. Excepcionalmente, prestación económica para cuidados familiares, cuando la persona beneficiaria esté siendo atendida en su entorno familiar y se reúnan las condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda, con indicación de las condiciones específicas de acceso a dicha prestación. 5. En su caso, prestación económica de asistencia personal, con indicación de las condiciones específicas de acceso a dicha prestación. ¿El Programa Individual de Atención (PIA) tiene validez permanente? No. El PIA deberá ser revisado por la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social a instancia de la persona interesada o sus representantes legales, a instancia de los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes, o de oficio cuando las circunstancias lo aconsejen o, en todo aso, cada 3 años o por traslado a otra Comunidad Autónoma. ¿Quién hace el seguimiento del PIA? La Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social con la colaboración de los Servicios Sociales Comunitarios. ¿Qué prestaciones de atención a la dependencia contempla la Ley? El art. 14 contempla tanto prestaciones económicas como servicios, si bien estos últimos tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados. ¿Qué servicios contempla la Ley? Según su art. 15 el Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia en los términos que se especifican por la propia Ley: 74 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA a) Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. b) Servicio de Teleasistencia. c) Servicio de Ayuda a domicilio. d) Servicio de Centro de Día y de Noche. e) Servicio de Atención Residencial. ¿Qué prestaciones económicas de atención a la dependencia contempla la Ley? Contempla tres: 1. Prestación económica vinculada al servicio (art. 17) 2. Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (art. 18) 3. Prestación económica de asistencia personal (art. 19) ¿Cómo participan los beneficiarios en la financiación del SAAD? Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas (art. 33) en función del tipo y coste del servicio y de la capacidad económica personal. Ninguna persona quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos. La capacidad económica se determinará en la forma que se establezca reglamentariamente, en función de la renta y el patrimonio, teniendo en cuenta para este último parámetro la edad de la persona beneficiaria y el tipo de servicio que se le va a prestar. ¿Cuándo se hacen efectivos los derechos a las prestaciones de dependencia previstas? La efectividad del derecho se realizará progresiva y gradualmente a partir del 2007 de acuerdo al siguiente calendario (D. Final Primera). GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL ɀ 2007, personas valoradas en el Grado III, niveles 2 y 1. ɀ 2008-2009, personas valoradas en el Grado II, nivel 2. ɀ 2009-2010, personas valoradas en el Grado II, nivel 1. ɀ 2011-2012, personas valoradas en el Grado I, nivel 2. ɀ 2013-2014, personas valoradas en el Grado I, nivel 1. 75 ¿Si incapacito a un familiar tengo derecho preferente a una residencia? No. La incapacitación judicial sólo facilita que sea el/la tutor/a quien pueda representar a todos los efectos al solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia y desde ahí que esa plaza residencial pueda ser concedida. Tampoco podemos olvidar que para el ingreso de un incapaz en un centro es necesario que el tutor solicite al Juez la correspondiente autorización. ¿Qué son los Centros Residenciales para Personas con Discapacidad? Un Centro Residencial para Personas con Discapacidad es aquel destinado a servir de hogar sustitutorio, de forma temporal o permanente, a personas que por su grado de discapacidad unido a su problemática sociofamiliar y económica, tengan dificultades para ser atendidos en su unidad de convivencia o no puedan vivir de forma independiente. Clasificación de Centros Residenciales para Personas con Discapacidad En función del grado de autonomía personal de los usuarios, se clasifican en: ɀ Residencias para personas gravemente afectadas. Atienden de forma integral a personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual o con parláis cerebral o con trastorno de espectro autista, que precisen de la ayuda generalizada de otras personas para la realización de las actividades de la vida diaria y que n puedan ser atendidas en su unidad de convivencia. 76 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ɀ Residencias para personas con graves y continuados problemas de conducta. Son centros de alojamiento que atienden de forma integral, con carácter temporal, a aquellas personas con discapacidad intelectual o con trastorno de espectro autista y graves y continuados trastornos de conducta que no remitan con tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos. ɀ Residencia de adultos. Son centros de alojamiento que atienden de forma integral a personas, con cierta autonomía personal, que tengan dificultad para una integración social y familiar en su unidad de convivencia. ɀ Viviendas tuteladas. Unidades de alojamiento, ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, destinadas a personas que osean un grado suficiente de autonomía y que tengan dificultad para una integración social y familiar en su unidad de convivencia. Clasificación de Centros de Día para Personas con Discapacidad Los Centros de Día son aquellos destinados a la atención de personas que por su discapacidad no pueden integrarse, transitoria o permanentemente, en un medio laboral especial o normalizado, o que por su gravedad, requiriendo de atención continuada, no puedan ser atendidos por su unidad de convivencia durante el día. Según el régimen de atención dispensado a los usuarios se clasifican en: ɀ Unidades de Estancia Diurna ɀ Centros Ocupacionales ¿Qué son los Centros Residenciales para Personas Mayores? Los centros residenciales para personas mayores son lugares de alojamiento y convivencia donde se presta una atención integral a las personas mayores, y tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 77 ¿Qué son y qué finalidad tienen las Unidades de Estancia Diurnas? Estos Centros tienen como objetivo ofrecer una atención integral, mediante servicios de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, terapia ocupacional, acompañamiento y transporte adaptado. La finalidad es mantener o mejorar el nivel de autonomía de las personas mayores, al tiempo que favorecer la compatibilidad de la vida laboral de los familiares. ¿Qué requisitos se deben cumplir para entrar en un Centro Residencial para Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Unidades de Estancia Diurna? Tener reconocida la situación de dependencia y que así lo contemple la resolución con la aprobación del Programa Individual de Atención. ¿Qué son y cómo puedo beneficiarme de un Programa de Respiro Familiar? Este Programa está destinado a colaborar con las familias cuidadoras de personas dependientes, a las que se presta apoyo mediante un servicio residencial de duración variable, en periodos que oscilan entre veinticuatro horas y un mes, con carácter prorrogable, por motivo de descanso, enfermedad u hospitalización de la persona cuidadora, emergencias y otras circunstancias análogas. 5.- ALGUNAS CUESTIONES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO ¿Con qué dispositivos cuenta la red asistencial de Salud Mental en Andalucía? La red asistencial de salud mental está integrada por seis tipos de dispositivos distintos: Los equipos de salud mental de distritos: constituyen la puerta de entrada a la red de salud mental especializada. Estos equipos atienden los problemas de salud de la población de todas las edades, derivados desde atención primaria, y coordinan las actuaciones del resto de dispositivos específicos. Además, cumplen una función de apoyo a los profesionales de atención primaria y prestan atención ambulatoria. 78 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Las unidades de salud mental de los hospitales generales: prestan atención hospitalaria en régimen de estancias cortas y desarrollan programas de enlace con el resto del hospital. Las unidades de rehabilitación de área: son centros de día en los que se realizan actividades de rehabilitación psicosocial de personas con trastornos mentales graves, y de apoyo a sus familias y entorno social. Estas unidades afrontan la atención de necesidades muy diversas (residencia, ocupaciones, laborales, ocio y tiempo libre) y entrenamiento en habilidades sociales necesarias para vivir en la comunidad con las mejores condiciones posibles, y un nivel de autonomía que les permita integrarse en su núcleo social. Los hospitales de día: son centros de día en régimen de hospitalización parcial para pacientes con procesos mentales agudos que requieren gran variedad de intervenciones terapéuticas: individuales, grupales, familiares, etc. Están ubicados habitualmente en un recinto hospitalario, lo que permite a los pacientes beneficiarse de otras prestaciones hospitalarias, y funcionan como un recurso intermedio entre la hospitalización completa (unidades de hospitalización) y la atención ambulatoria en los equipos de salud mental. Estas unidades tratan también de evitar o disminuir los ingresos y las estancias hospitalarias de aquellos pacientes que cuentan con apoyo familiar. Las unidades de salud mental infanto-juvenil: son dispositivos de apoyo a la atención infantil de los equipos de salud mental de los distritos. Estas unidades desarrollan también programas de enlace y apoyo a otros dispositivos sanitarios, educativos y sociales. Las comunidades terapéuticas: son unidades de media estancia en régimen de hospitalización, con un número limitado de plazas en las que se desarrollan programas psicoterapéuticos y psicosociales de rehabilitación, dirigidos a pacientes con trastornos mentales graves que no han encontrado mejoría en otras estrategias terapéuticas del resto de dispositivos de la red. También desarrollan programas en régimen de hospitalización parcial o programa de día. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 79 ¿Qué es la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental FAISEM? Según su página web (www.faisem.es) en Andalucía el proceso de Reforma Psiquiátrica iniciado en 1984 permitió acabar con algunas formas tradicionales de atención a las personas afectadas por trastornos mentales graves. Así, la creación de una nueva red sanitaria publica, de base y orientación preferentemente comunitaria e integrada en el sistema Sanitario Público de Andalucía, ha permitido el cierre de los Hospitales Psiquiátricos, instituciones asociadas a siglos de marginación y exclusión social hacia estas personas. Pero si el conjunto de intervenciones sanitarias encuentra ahora su base en el marco del sistema sanitario general, las medidas de apoyo social precisas para complementar eficazmente aquéllas, tuvieron más dificultades para integrarse en el marco histórico de las prestaciones de los Servicios Sociales, sobre los que recae la respuesta a una multiplicidad de necesidades de distintos colectivos desfavorecidos. Por todo esto, se creó en diciembre de 1993 a instancias del Parlamento Andaluz la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental. ¿Cuál es el objetivo general de FAISEM? La prevención de la marginación y la desadaptación de cualquier persona afectada por una enfermedad mental grave causante de una incapacidad personal y social, así como el apoyo a su integración social y laboral. ¿Con qué medios cuenta FAISEM para el cumplimiento de sus fines? ɀ Gestión y promoción de dispositivos y programas residenciales. ɀ Gestión y promoción de dispositivos y programas de carácter ocupacional y laboral. ɀ Gestión y promoción de recursos y programas de fomento de las relaciones sociales, ocio y disfrute del tiempo libre. ɀ En general, desarrollo y gestión de los programas tendentes a prevenir la marginación y la desadaptación, favoreciendo también la realización de programas de investigación en esta materia. 80 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ɀ Desarrollo de actividades de colaboración con la Administración y en especial con los distintos niveles de los Servicios de Atención a la Salud Mental, para la mejor orientación de sus actividades, prestando y recibiendo asesoramiento y apoyo. ɀ Colaboración e intercambio de experiencias con instituciones que desarrollen actuaciones de carácter semejante en nuestro entorno cultural. ɀ Promoción de cambios en las actitudes sociales tendentes a favorecer la aceptación e integración social. ɀ Promoción y apoyo a entidades tutelares para personas con enfermedad mental incapacitadas jurídicamente. ɀ Realizando cualquier otra actividad que le permita a la Fundación el mejor cumplimiento de sus fines. ¿Qué Programas lleva adelante FAISEM? ɀ Programa Residencial. ɀ Programa Ocupacional-Laboral. ɀ Fomento de Relaciones Sociales. ɀ Promoción y Apoyo a Entidades Tutelares. ɀ Evaluación, Investigación, Formación y Cooperación Internacional. ɀ Apoyo al Movimiento Asociativo. ¿Cuales son los Centros Residenciales en el ámbito de atención a las personas con enfermedad mental? ɀ Casas Hogar. Son centros residenciales de alojamiento y convivencia para personas (entre 10 y 20) con enfermedad mental a partir de los 18 años, con escaso nivel de autonomía personal. Disponen de personal las 24 horas del día. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL ɀ 81 Viviendas supervisadas. Ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, están destinadas a personas (máximo de 10) con enfermedad mental que poseen un grado suficiente de autonomía personal, por lo que no precisan necesariamente de personal específico durante las 24 horas. ¿Cómo se accede a los programas lleva adelante FAISEM? Con carácter general, el acceso al conjunto de programas de FAISEM se realiza a través de los Servicios Sanitarios Públicos de Salud Mental de la Comunidad Autónoma Andaluza. Para ello, los usuarios y usuarias deben estar siendo atendidos por algún dispositivo de dicha red sanitaria. Para conocer los criterios de derivación, acceso y seguimiento para los programas residencial y ocupacional-laboral pueden consultar la descripción general de cada uno de los programas que hace un su página web: www.faisem.es ¿Puede un incapaz recibir información médica? La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica expresa que todos los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la LEY. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. El titular a ese derecho de información asistencial (art. 5) es el PACIENTE. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el PACIENTE lo permita de manera expresa o tácita. El PACIENTE será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. 82 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ¿Puede una persona declarada incapaz firmar un consentimiento informado? A través del consentimiento informado el paciente manifiesta su conformidad de manera libre, voluntaria y consciente para la realización en su persona de un procedimiento diagnóstico o un tratamiento terapéutico que comportan riesgos inevitables de importancia. El paciente debe recibir previamente información precisa sobre el procedimiento, los riesgos que comporta, las posibles alternativas terapéuticas y asistenciales y las consecuencias que se derivan del mismo. Por este motivo la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica plantea el tema del consentimiento por representación. El consentimiento por representación es el que presta persona diferenta de aquella sobre cuyo ámbito de salud se va a actuar y se recabará en los siguientes supuestos: ɀ Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. ɀ Cuando al paciente esté incapacitado legalmente. ɀ Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. ¿Puede un incapaz firmar un alta médica voluntaria? En el mismo sentido expuesto que respecto al consentimiento informado otorgado por representación, el incapacitado total no puede firmar por sí su alta voluntaria como paciente, requiriéndose la firma de su representante legal (tutor). Es necesario en cualquier caso que la solicitud de alta médica voluntaria sea interesada por el paciente en pleno uso de sus facultades, con plena capacidad, requiriéndose para ello que la persona no esté incapacitada legalmente por sentencia judicial, o en su caso que tenga capacidad de hecho o competencia para decidir. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 83 En el caso de no aceptarse el tratamiento prescrito, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente permite que se pueda proponer al paciente o usuario la firma del alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas por la Ley. El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias quedarán debidamente documentadas. En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión. ¿Puede un incapaz negarse a recibir un tratamiento médico incluso en contra de la opinión de su tutor? La respuesta va a depender de lo que determine la Sentencia de incapacitación y, en el caso de que no se especifique nada a este respecto, pasa a depender del criterio médico respecto a la capacidad natural del discapaz, entendida como capacidad de juicio y discernimiento suficientes para entender lo que supone el tratamiento médico, ya que estamos ante actos que afectan a derechos de la personalidad y, por ello, no pueden sustraerse de su voluntad. Si la sentencia no dice nada y el médico aprecia en el incapaz capacidad natural suficiente para entender lo que supone el tratamiento médico habrá de respetarse la voluntad del incapaz. Si la sentencia no dice nada pero el médico duda de la capacidad natural del incapaz para entender el tratamiento médico entonces, parece razonable que decida el Juez a iniciativa directa del incapacitado, del médico o del Ministerio Fiscal. Si la sentencia no dice nada y el médico aprecia sin género de dudas la carencia de capacidad natural en el incapaz para poder entender lo que supone el tratamiento médico entonces, entra en juego lo establecido en el 84 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA artículo 5.3 de la Ley de autonomía del paciente que dispone «cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho» . Aquí es de aplicación el artículo 9.3.b) de la Ley de autonomía del paciente que permite el consentimiento otorgado por representación del incapacitado legalmente. ¿Y si son los tutores los que se niegan a que su pupilo reciba un determinado tratamiento médico? La Deontología médica exige que en caso de oposición de los padres o tutores –que actúan, no en representación del incapaz, sino en cumplimiento de la obligación de velar por él establecida en el artículo 269 del Código Civil – a tratamientos necesarios o imposibles de retrasar por parte de los representantes legales será, entonces, el médico el que informe a la autoridad judicial para que decida la misma, con excepción de los casos de urgencia vital o de afectación grave a la salud en los que el médico deberá actuar conforme a su leal saber y entender. ¿Y si el incapaz carece de persona que pueda prestar el consentimiento al tratamiento médico con la necesaria celeridad? En este caso los médicos deberían actuar conforme lo dispuesto en el artículo 10.5 del Código de Ética y Deontología Médica de 1.999 que dispone «si el enfermo no estuviese en condiciones de dar su consentimiento por ser menor de edad, estar incapacitado, o por la urgencia de la situación, y resultase imposible obtenerlo de su familia o representante legal, el médico deberá prestar los cuidados que le dicte su conciencia profesional». GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 85 VI ESQUEMAS 86 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 87 ESQUEMA 1. PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE OBRAR La PERSONA FÍSICA La PERSONA como sujeto reconocido por el Derecho ✦ PERSONA FÍSICA, hace referencia al hombre o mujer. ✦ PERSONA JURÍDICA, hace referencia a una Entidad. ✦ CAPACIDAD JURÍDICA, o la posibilidad de la PERSONA para ser titular de Derechos y Obligación ɂ Surge con el NACIMIENTO (incluso antes, el «nasciturus» - el concebido y no nacido- ) ɂ Termina con el FALLECIMIENTO (se incluye «la declaración de fallecimiento» - se puede definir como la muerte civil sin constancia fáctica-) ✦ CAPACIDAD DE OBRAR, es la posibilidad de la PERSONA para realizar eficazmente Actos jurídicos La CAPACIDAD DE OBRAR ✦ CAPACIDAD PLENA, la persona puede realizar por si, cualquier acto jurídico con total eficacia. ✦ INCAPACIDAD ABSOLUTA, O LIMITADA, la persona o NO puede realizar por si actos jurídicos con total eficacia; o puede realizar ALGUNOS y OTROS NO. Necesita de la representación legal. ɂ Limitación Natural, se produce por la minoría de EDAD, «Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años» (Art. 12 Constitución Española) ɂ Limitación Judicial, se produce por DECISIÓN JUDICIAL, que podrá ser de origen físico: «Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma» (Art. 200 del C. Civil); o de origen jurídico: «La declaración de concurso incapacita al concursado para la administración de sus bienes y para cualquiera otra que por la ley le corresponda» (Art. 1.914 del C. Civil). La INCAPACIDAD ✦ El menor de edad, no es por sí un incapaz, sin perjuicio que se pueda declarar su incapacidad por medio del correspondiente procedimiento judicial, cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad. (Art. 201 C. Civil). El menor de edad, no siendo incapaz, tiene limitada su capacidad de obrar por el hecho natural de su edad. ✦ Incapaz, sólo procederá por declaración judicial en Sentencia tras el correspondiente procedimiento judicial. Nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley, siendo éstas las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. (Art. 199 y 200 C. Civil) ✦ Discapaz, persona «presuntamente incapaz» sin declaración judicial, de ahí el término «presunto», en nuestro Derecho existe una presunción jurídica a favor de la capacidad de toda persona, mientras no aparezca declarada expresamente su incapacidad. (STS 28 junio de 1990). Estamos hablando de las personas con discapacidad física o psíquica, que en principio, y hasta que no se produzca decisión judicial al respecto, no tiene limitada su capacidad de autogobierno de su persona y bienes. 88 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESQUEMA 2. LA REPRESENTACIÓN LEGAL CONCEPTO Complemento de las PERSONAS con limitación, absoluta o parcial, de su CAPACIDAD DE OBRAR, con la finalidad de poder realizar actos jurídicos con plena eficacia por medio de su Representante legal. TUTOR Representante legal (persona o entidad) nombrada por la Autoridad judicial, ejerce su representación plena respecto del tutelado de forma permanente. (Art. 222 C. Civil) DEFENSOR JUDICIAL Representante legal (persona o entidad) nombrada por la Autoridad judicial, ejerce su representación ocasional respecto al sujeto de forma temporal (Art. 302 C. Civil) CURADOR Protección legal (persona o entidad) nombrada por la Autoridad judicial, con la finalidad de complementar la capacidad del sujeto para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia, de forma permanente (Art. 287 y 289 C. Civil) GUARDA DE HECHO Representante de hecho, ejerce su representación de forma extrajurídica, pero con posibilidad de control judicial posterior (Art. 303 C. Civil) MODALIDADES PATRIA POTESTAD Se puede definir como el «Representante legal natural», serían los padres respecto de los hijos, hasta su mayoría de edad. (Art. 154 C. Civil). Existen otras figuras relacionadas con la patria potestad, así: ɂ Patria potestad prorrogada o rehabilitada.- Se prorrogará la patria potestad sobre los hijos incapacitados, por ministerio de la Ley, al llegar aquéllos a la mayor edad, y se rehabilitará, por decisión judicial, la patria potestad sobre el hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres y fuere incapacitado. (Art. 171 C. Civil) ɂ Tutela automática.- Se constituye por Ley, corresponde a la entidad pública competente para la protección de los menores, respecto de menores en desamparo y conlleva la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. (Arts. 172 y 239 C. Civil) ɂ Adopción. Se constituye por resolución judicial, que tendrá en cuenta siempre el interés del menor, y es causa de extinción de la patria potestad. (Art. 169.3 C. Civil) GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 89 EXTINCIÓN CONCEPTOS ESQUEMA 3. LA PATRIA POTESTAD PATRIA POTESTAD.- Se ha definido como el poder que se atribuye a los progenitores sobre sus hijos menores o incapaces (patria potestad, prorrogada o rehabilitada) y que deriva de la propia filiación natural o adoptiva, incluye la guarda y custodia. Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados. (Art. 162 C. Civil). Constituye un Derecho-Deber de los padres (progenitores) de «velar» por sus hijos, constituyéndose en su Representación legal y administrador de sus bienes, y comprende desde «tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral» hasta la facultad de «corregir razonable y moderadamente a los hijos». La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad (Art. 154 C. Civil). Su ejercicio puede ser, Artículo 156 del C. civil: A) Por ambos progenitores que convivan, es el supuesto normal... «La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro» B) Por uno sólo de los progenitores, ... «En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro». C) En supuestos de progenitores sin convivencia, .. «Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio». GUARDA Y CUSTODIA.- Se ha definido como el derecho-deber de los progenitores a estar en compañía del menor, y como tal está incluido en la patria potestad. Pero en ocasiones (separación, nulidad o divorcio) no es posible la compañía (la guarda y custodia) de ambos progenitores de forma simultánea con el menor, surgen así lo que se ha llamado «guarda y custodia alterna». En cualquier caso los restantes derechosdeberes inherentes a la patria potestad pertenecen por regla general a ambos progenitores que siguen ostentado la misma con independencia del régimen de guarda y custodia. Su ejercicio puede ser: ᔢ La guarda y custodia unilateral o exclusiva, se atribuye a un progenitor y al otro se establece un régimen de visitas para con el menor. (Art. 103.1 C. Civil) ᔢ La guarda y custodia partida, cada progenitor se atribuye la custodia de alguno de los hijos comunes, tiene carácter excepcional ya que existe una reserva legal de ... «procurando no separar a los hermanos». (Art. 92.5 C. Civil) ᔢ La guarda y custodia compartida por ambos progenitores, pese a no tener convivencia, lo que puede implicar un elemento común que puede ser la vivienda que siempre será residencia del menor, donde se alternen durante periodos más o menos estables los progenitores de forma alternativa. (Art. 92.5 C. Civil) ᔢ La guarda y custodia atribuida a un tercero, de forma excepcional se establece en el Art. 103 del C. Civil, y podrá ser atribuida ... «a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea.» Por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o hijo. (Art. 169.1 C. Civil) La emancipación significa la salida de la patria potestad, se podrá otorgar por los padres (expresa o tácitamente), por decisión Judicial (Arts. 169.2, 319 y 320 C. Civil) o por matrimonio (Art. 316 del C. Civil) Por la adopción del hijo. (Art. 169.3 C. Civil) Por privación de la patria potestad (que podrá ser total o parcial) efectuada por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación. (Art. 170 C. Civil) 90 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESQUEMA 4. LA PATRIA POTESTAD PRORROGADA Y REHABILITADA. Conceptos: Patria potestad prorrogada, por mandato legal, es la ejercida por los padres sobre los hijos que hubieren sido incapacitados, al llegar éstos a la mayoría de edad. Patria potestad rehabilitada, por decisión judicial, es la ejercida por los padres sobre los hijos mayores de edad que con ellos convivan, si éstos hubieran sido incapacitados. Ejercicio de la patria potestad prorrogada y rehabilitada, se ejercerá, art. 171 C. Civil, conforme a la sentencia de incapacitación, y subsidiariamente por las reglas establecidas en el Código civil respecto a las relaciones paterno-filiales, entre otras: ✦ No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados. (Art. 160 C. Civil, reformado por L 42/03, de sobre relaciones familiares de los nietos con los abuelos.) ✦ «Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda». (Art. 39.3 Constitución Española) ✦ La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez. (Art. 156 C. Civil) ✦ «Las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes.» (D. Adicional 1ª L. 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.) ✦ Se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Respecto al progenitor que no ostente la patria potestad: ɂ Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de rela- cionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial. (Art. 160 C. Civil) ɂ Los padres aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos. (Art. 110 C. Civil) Extinción de la patria potestad prorrogada (o rehabilitada), art. 171 C. Civil: ᔢ Muerte o declaración de fallecimiento de ambos padres o del hijo. Si fuera de los padres y subsistiere el estado de incapacitación se constituirá la correspondiente tutela o curatela (Art. 222.3 del C. Civil). ᔢ Adopción del hijo, en los mismos términos que la patria potestad genérica (Art. 169 del C. Civil) ᔢ Por haberse declarado la cesación de la incapacidad, lo que tendrá lugar por el procedimiento de recuperación de la capacidad, establecido en el Artículo 761 de la L.e.civil. ᔢ Matrimonio del hijo incapacitado. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL ESQUEMA 5. RESPONSABILIDAD CIVIL DE INCAPACES PREMISA de la Responsabilidad civil.- Se establece la obligación de reparar el daño causado a otro, ya sea por acción u omisión, siempre que intervenga CULPA o NEGLIGENCIA. (Art. 1902 C. civil) SUJETOS responsables, artículo 1903 del C. Civil,: - El autor de la acción u omisión culpable. En el ORDEN CIVIL - El responsable de las acciones u omisiones culpables de otros, así: ɂ Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. ɂ Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. ɂ Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de ense- ñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. En el ORDEN PENAL FUNDAMENTO de la Responsabilidad «por otro», se encuentra en la atribución al primero de la «culpa in vigilando» o la «la culpa in educando», así se desprende del citado artículo 1902 in fine ... «la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño» PREMISA de la Responsabilidad civil «ex delicto».- De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. (Art. 100 L.e.crim.). En los mismos términos el Artículo 109 del C. Penal ... «1. La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.» SUJETOS responsables, artículos 116 y 118 C. Penal,: - El autor del delito, responderá civilmente del daño causado. - Es responsable civil, de los daños ocasionados por infracciones penales cometidas por otros, cuando éstos sufran alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, o tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad, quien los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho. FUNDAMENTO de la Responsabilidad civil por infracción penal de otro, tiene un doble enunciado: 1º.- Inimputabilidad del autor (Art. 20. 3 del C. Penal) 2º.- Al igual que en el orden civil, en la atribución al primero de la «culpa in vigilando» o la «la culpa in educando», así se desprende del citado artículo 118 del C. Penal ... «los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte...» 91 92 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESQUEMA 6. RESPONSABILIDAD PENAL DE INCAPACES. RESPONSABILIDAD PENAL. Conceptos generales Responsabilidad Penal / Criminal. Estamos ante otra consecuencia jurídica –una es la civil- de la realización de una infracción criminal. Inimputabilidad. El sujeto es incapaz de conocer el significado antijurídico de su comportamiento o de poder orientar su conducta conforme a ese conocimiento; estamos ante la ausencia de culpabilidad, esto es, ante la falta de la capacidad para ser culpable de la infracción criminal. Incapaz en el orden Penal Recordemos que para el ámbito civil incapaz sólo lo será mediante resolución judicial, art. 199 CC,...» Nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley». A efectos penales, Artículo 25 del C.P....» A los efectos de este Código se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma «. RESPONSABILIDAD PENAL. El incapaz como sujeto activo del delito CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD: A los efectos que nos ocupa en el presente trabajo comentamos las siguientes: ANOMALÍA O ALTERACIÓN PSÍQUICA –extinta enajenación mental-. Establece el art. 20.1 del C.P....» Están exentos de responsabilidad criminal: 1. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión (...)». De dicho precepto destacamos: 1) Se utiliza una fórmula abstracta. ...»cualquier anomalía o alteración psíquica», al no existir una lista cerrada de alteraciones definidas como tales, habrá que estar a los informes periciales médicos, si bien jurisprudencialmente se han estimado como tales supuestos de esquizofrenia, paranoia y epilepsia, siempre que impidan al sujeto conocer lo ilícito de su conducta -facultad intelectiva o cognoscitiva- u orientar su actividad -facultad volitiva. 2) Se requiere en la alteración tenga cierta intensidad y permanencia. Se distingue si la afectación de la anomalía dará lugar si es plena a la eximente completa, si la afectación es parcial se apreciará la eximente incompleta del art. 21 C.P. EL TRASTORNO METAL TRANSITORIO, recogido en el mismo precepto –Art. 20.1 CPen los siguientes términos ...» El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión» La diferencia con la Enajenación mental esta en la duración de la perturbación de la enajenación -que será transitorio en el trastorno y con la cualidad de permanente en la enajenación-, pero la intensidad debe ser la misma – suficiente para impedir conocer el ilícito de la conducta u orientar su actividad-, en otro caso podrá ser eximente incompleta, o incluso se podrá hacer valer por la atenuante de arrebato. ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN, contemplada en el art. 20.3 C.P....» Están exentos de responsabilidad criminal: (...) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.», se formula con un doble requisito: A) «presupuesto biológico» consistente en que el sujeto sufra alteraciones de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, así supuestos como la sordomudez, ceguera o incluso autismo; también se han equiparado por determinada jurisprudencia los sujetos con modos de vidas que evidencian graves carencias de índole cultural o intelectual, esto es, bajo desarrollo cultural. B) «efecto psicológico» que sufra alteraciones grave de la conciencia de la realidad. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL ESQUEMA 7. RESPONSABILIDAD PENAL. El incapaz como sujeto pasivo del delito DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL, donde el bien jurídico protegido no es sólo la «libertad sexual» entendida como la facultad de disponer a los fines sexuales del propio cuerpo y de repeler ataques indeseados, puesto que respecto a los menores o incapaces no tienen esa autonomía para determinar su comportamiento sexual, por lo que se habla también como bien jurídico protegido la «intangibilidad sexual, la seguridad sexual o la indemnidad sexual»: a) Prostitución y corrupción de menores o incapaces Art. 187.1 CP; b) Determinación coactiva de un menor o incapaz a ejercer la prostitución o mantenerse en ella, art. 188.3 CP; c) Utilización de menores o de incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, o en la elaboración de material pornográfico; o financiación de dichas actividades Art. 189.1; d) Difusión o venta de material pornográfico en cuya elaboración se hayan utilizado menores, art. 189.1. b; e) Posesión de material pornográfico para uso propio utilizando menores o incapaces, art. 189.2 CP; f) Participación de menores o incapaces en comportamientos sexuales que perjudiquen el desarrollo de su personalidad, art. 189.4 CP; g) Incumplimiento de deberes asistenciales 189.5 CP; h) Utilización indirecta de menores o incapaces en material pornográfico, art. 189.7 CP. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES: Entre otros: a) Retención de menores o incapaces, el Art. 223 CP. No es preciso que exista peligro para la seguridad, integridad, o la vida del menor/incapaz. Bien jurídico protegido dentro de las relaciones familiares, el derecho de custodia; b) Inducción al abandono de familia Art. 224 CP; c) Abandono de menores e incapaces Art. 229 CP se establecen distintos tipos penales: 1.- Abandono de menores PROPIO, el bien jurídico protegido es la seguridad del menor: Abandono sin peligro para la vida Art. 229.1 CP; Abandono con peligro para la vida/integridad del menor o incapaz; Abandono temporal Art. 230 CP -tipo atenuado-. 2. Abandono de menores IMPROPIO donde el bien jurídico protegido es el deber de cuidado y vigilancia, así: Entrega a tercero Art. 231,1 CP, Entrega a tercero con peligro para la vida/integridad del menor o incapaz Art. 231.2 CP. d) Utilización y préstamo de menores de edad e incapaces Art. 232.1 CP, constituyen tipos agravados cuando concurre dinero, por violencia o intimidación o por suministro de sustancias perjudiciales Art. 232.2 CP. DELITOS DE FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES, Capítulo del C. Penal donde se tipifican una serie de delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos que la doctrina ha denominado como de «gestión desleal», entre ellos Negociaciones prohibidas a peritos, árbitros, contadores partidores, tutores, curadores, albaceas. Art. 440 CP, se ha señalado como cualidad común de los sujetos activos relacionados en el precepto -peritos, árbitros, contadores partidores, tutores, albaceas, curadoresel ejercicio de funciones «cuasi-jurisdiccionales» en dichos sujetos. OTROS TIPOS PENALES: a) Delitos de violencia doméstica, Art. 153.2 en relación Art. 173.2, ambos del C. Penal; b) Delito de lesiones, Art. 153.2 CP; c) Falta de quebrantamiento de resolución judicial, Art. 622 CP. 93 94 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESQUEMA 8. RESPONSABILIDAD PENAL. El incapaz como REO PRESUPUESTOS: a) Presupuesto objetivo, Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito -no se contempla la falta, toda vez que se entiende que su entidad no demuestra suficiente índice de peligrosidad en su autor-; b) Presupuesto valorativo, que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos –peligrosidad-. SUJETOS: a) Los declarados exentos de responsabilidad criminal por causa de enfermedad mental o alteraciones psíquicas, se le podrá aplicar la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración apreciada –art. 101.1 CP-; b) Los declarados exentos de responsabilidad criminal por causa de intoxicación o síndrome de abstinencia, se le podrá aplicar la medida de internamiento en centro de deshabituación público o privado debidamente homologado –art. 102.1 CP; c) Los declarados exentos de responsabilidad criminal por sufrir alteraciones en la percepción, se le podrá aplicar la medida de internamiento en centro educativo especial –art. 103.1 C.P.; d) A los que se les aprecie cualquiera de las anteriores eximentes como incompleta, además de la pena correspondiente, se le podrá aplicar medidas de seguridad, si bien la de internamiento «solo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la de la pena de prisión prevista para el delito del que se trate –art. 104 C.P.CLASES: 1.-Medidas de seguridad «privativas y no privativas de libertad». Son medidas privativas de libertad 1.ª El internamiento en centro psiquiátrico. 2.ª El internamiento en centro de deshabituación. 3.ª El internamiento en centro educativo especial. Son medidas no privativas de libertad: 1.ª La inhabilitación profesional. 2.ª La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España. 3.ª La obligación de residir en un lugar determinado. 4.ª La prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. 5.ª La prohibición de acudir a determinados lugares o territorios, espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas o de juego. 6.ª La custodia familiar. 7.ª La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 8.ª La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 9.ª La prohibición de aproximarse a la víctima.10.ª La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. 11.ª La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario. 12.ª El sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación sexual y otros similares. 2.- Medidas de seguridad especiales: Inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo -por un tiempo de uno a cinco años- cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo (Art. 107 C.P) La sustitución de las medidas de seguridad que le sean aplicables, por la expulsión del territorio nacional, si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España (Art. 108 C.P.). OTROS CONCEPTOS: Concurrencia de penas y medidas de seguridad, Art. 99 CP, competencia del Juez o Tribunal sentenciador. Demencia sobrevenida, o ssuspensión de la ejecución de la pena por trastorno mental duradero sobrevenido al penado, Art. 60 CP, cuya competencia corresponde a los Juzgados de Vigilancia Penitenciarias. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 95 CONCEPTOS TUTELA, constituye la Representación legal del incapacitado de forma absoluta, se configura como un deber, se ejercerá en beneficio del tutelado y estará bajo la salvaguarda de la autoridad judicial, (Art. 216 del C. Civil) y la vigilancia del Ministerio Fiscal (Art. 232 C. Civil) TUTELA TOTAL, TUTELA PARCIAL SOBRE BIENES, en los procesos de incapacitación la decisión judicial determinará, en su caso, los límites y extensión de la incapacitación, y el régimen de tutela a que haya de quedar sometido el incapacitado. Así se habla de Incapacidad total, y por ende, de TUTELA TOTAL, la representación tutelar cuando la persona ha sido incapacitada para regir su persona y bienes de forma absoluta. Si la incapacidad afecta sólo a algunas facultades cognitivas o volitivas, se habla de TUTELA PARCIAL, que representa al incapaz parcial, normalmente en la esfera patrimonial del mismo. (Art. 760 L.e.civil y SAP Córdoba 11/12/00) AUTOTUTELA, se trata de una previsión de futuro, se establece en el Artículo 223.2 del C. Civil, tras la Ley 41/2003, según el cual ... «cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor» DESIGNACIÓN ESQUEMA 9. LA TUTELA (Exclusivamente Judicial) ✦ Proposición Testamentaria los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados. (Art. 223 C. Civil) ✦ Proposición Legal, se establece una prelación legal: Para el nombramiento de tutor se preferirá: 1.º Al designado por el propio tutelado (autotutela). 2.º Al cónyuge que conviva con el tutelado. 3.º A los padres. 4.º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad. 5.º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez. (Art. 234 C. civil) ✦ Decisión Judicial, El Juez constituirá la tutela en beneficio del tutelado, pese a disposición testamentaria o legal. (Art. 231, 224 y 234.2 C. Civil) EXTINCION TUTOR ✦ Fallecimiento del Tutor ✦ Excusa formulada amparada por la Ley (razones de edad, enfermedad, ocupa- ciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo. Las personas jurídicas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela) y siempre aceptada por el Juez. (Art. 251 C. Civil) ✦ Remoción del Tutor, en supuestos de inhabilidad, mal desempeño de su función, incumplimiento de deberes, o «notoria ineptitud en su ejercicio» (Art. 247 C. Civil) TUTELA ✦ Determinación judicial que ponga fin o modifique la incapacitación. (Art. 277 C. civil) ✦ Determinación legal: 1.) Cuando el menor de edad cumple los 18 años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado. 2.) Por la adopción del tutelado menor de edad. 3.) Por fallecimiento de la persona sometida a tutela. 4.) Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad. (Art. 276 C. civil) 96 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESQUEMA 10. LA TUTELA (Continuación) Derecho a una retribución, del tutor, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita, corresponde al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes, procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje del 4 por 100 ni exceda del 20 por 100 del rendimiento líquido de los bienes. (Art. 274 del C. Civil) Derecho de resarcimiento, el tutor que sufra daños y perjuicios sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento. (Art. 220 C. civil) Respecto a la persona del tutelado: OBLIGACIONES LEGALES tos. 2.) A educar al menor y procurarle una formación integral. 3.) A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad. 4.) A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración. (Art. 269 C. Civil) Respecto a los bienes del tutelado: ✦ Obligación de hacer inventario de bienes, con intervención del Juez, Fiscal y otros interesados (Art. 264 C. Civil) ✦ Depósito especial en establecimiento destinado al efecto, cuando así se requiera judicialmente, respecto al dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios u otros documentos importantes. (Art. 264 y 265 C. Civil) ✦ Constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma. No precisará fianza la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio de la ley o por resolución judicial. (Art. 260 C. Civil) ✦ Rendir la cuenta general justificada de su administración ante la Autoridad judicial en el plazo de 3 meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa. La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los 5 años. (Art. 279 C. Civil) ✦ Aprobación Judicial en operaciones de partición de herencia y división de cosa común realizadas por el tutor. (Art. 272) ✦ Respecto a la persona del tutelado: a) Para internar al tutelado en un estableci- miento de salud mental o de educación o formación especial. CONTROL JUDICIAL(Art. 271 ) CONTROL de la tutela ✦ El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 1.) A procurarle alimen- ✦ Respecto a derechos del tutelado: a) Para renunciar derechos, así como transi- gir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado; b) Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades; c) Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía. ✦ Respecto a bienes del tutelado: a) Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones; b) Para hacer gastos extraordinarios en los bienes, ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años, disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado, o ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL CONCEPTO ESQUEMA 11. LA CURATELA Tiene su fundamento en la posibilidad de graduar la incapacidad de una persona (grado de discernimiento), y constituye un instrumento legal de protección del incapacitado parcial de forma ocasional, tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido (Art. 289 C. Civil). El curador ni suple ni representa, ni cuida al sometido a ella, sino que sólo complementa su capacidad en aquellos actos que no puede realizar por sí mismo, conforme a la sentencia de incapacitación que la constituya. (Art. 290 C. Civil) ✦ Sujetos a CURATELA (Arts, 286 y 287 C. Civil) : ᔢ ᔢ NOTAS ᔢ ᔢ Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley. Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad. El emancipado se encuentra habilitado para regir su persona como si fuera mayor pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador. (Art. 323 C. Civil). Los declarados pródigos, a los que se puede definir «como un comportamiento irregular y socialmente condenable de una persona que pone en peligro su patrimonio y con ello las expectativas de su legitimarios y herederos forzosos.» (Art. 757.5 L.e.civil) Los incapacitados cuya sentencia de incapacitación o la resolución judicial que la modifique los coloque bajo esta forma de protección. ✦ Se ejercerán en beneficio del sujeto a ella, y estará bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. (Art. 216 del C. Civil) ✦ Son aplicables a la Curatela las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excu- sa, remoción, extinción, responsabilidad de la Tutela (Art. 290 C. Civil) ✦ Si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, se entenderá que ésta se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan, según este Código, autorización judicial. (Art. 290 C. Civil). 97 98 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESQUEMA 12. DEFENSOR JUDICIAL, GUARDA DE HECHO ✦ Representante legal (persona o entidad) nombrada por la Autoridad judicial, ejerce su representación ocasional respecto al sujeto de forma temporal, tiene carácter transitorio. ✦ Supuestos: El DEFENSOR JUDICIAL ᔢ ᔢ ᔢ Conflicto entre progenitores e hijos para un asunto concreto y específico. Si el conflicto de intereses existiera sólo con un progenitor, corresponde al otro por ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad. (Art. 163 C. Civil). Al presunto incapaz o a la persona cuya declaración de prodigalidad se solicita, en procedimientos instados por el Ministerio Fiscal, se les nombrará un defensor judicial si no se personaran en el proceso. Corresponderá al Ministerio Fiscal su representación siempre que no haya sido el promotor. (Art. 758 L.e.civil) En otros supuestos legales o cuando así lo estime necesario un Juez. (Art. 299) ✦ Serán aplicables las causas de inhabilidad, excusas y remoción de los tutores y curadores. (Art. 301 C. Civil) ✦ Tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez al que deberá rendir cuentas de su gestión una vez concluida. (Art. 302 C. Civil) ✦ Situación de hecho (y relativamente frecuente), donde una persona privada de razón o de voluntad suficiente, está siendo atendida y asistida por otro sujeto (familiar, amigo, institución). GUARDA DE HECHO ✦ Conlleva una Representación de hecho, sin previo procedimiento de incapaci- dad ni designación en el cargo, pero contemplada en la Ley permite su control judicial: ᔢ Requerimiento para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor o del presunto incapaz. (Art. 303 C. Civil) ᔢ Establecer medidas de control y vigilancia que considere oportunas. (Art. 303 C. Civil) ᔢ Los actos realizados por el guardador de hecho en interés del menor o presunto incapaz no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad. (Art. 304 C. Civil) ᔢ Obligación para los Centros Públicos de poner en conocimiento. (Art. 757.3 L.e.civil) GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL ESQUEMA 13. TRÁMITES ÁMBITO ADMINISTRATIVO Algunos instrumentos de protección Normativa estatal. Entre otras, Constitución Española (Artículo 50); Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Normativa autonómica (Andalucía). Entre otras, Estatuto de Autonomía de Andalucía (Artículos 13.22 y 13.30); Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores; Decreto 23/2004, de 3 de Febrero, protección jurídica a las personas mayores (BOJA 25/2004, de 6 de Febrero) Medidas de protección de la Administración autonómica andaluza, articuladas en el Decreto 23/2004, entre otros: ✦ Recepción e Investigación de denuncias de personas o entidades que tengan conocimiento de la situación de desasistencia o maltrato en que se encuentre una persona mayor, por escrito o por vía telefónica o electrónica. (Art. 7 y 8) ✦ Asistencia especializada domiciliaria, o por medio de Centro residencial (Art. 9) ✦ Asesoramiento, Apoyo y Programas de formación de personas físicas o jurídicas que pretendan asumir la tutela, curatela o defensa judicial de una persona mayor incapacitada, a fin de proporcionarles los conocimientos adecuados para el correcto desempeño de las funciones que ello comporta. (Art. 13) ✦ Servicio de orientación jurídica en supuestos de Expoliación patrimonial que las personas mayores pudieran sufrir por los actos de disposición o de administración, propuestos o ejecutados por sus familiares o por terceros. (Art. 14) «El patrimonio protegido» de las personas con discapacidad. Regulado en la Ley 41/2003. Su creación y regulación tiene como finalidad proteger a las personas con discapacidad, sobre todo en el aspecto patrimonial, favoreciendo la aportación a título gratuito de bienes y derechos al referido patrimonio y estableciendo mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. AMBITO JUDICIAL L.e.civil 1/2000, Artículos 756 a 763. ✦ JUICIO DE INCAPACITACIÓN (con o sin nombramiento de Tutor JURISDICCIÓN CONTENCIOSA o Curador) ✦ INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRAS- TORNO PSÍQUICO. ✦ OPOSICIÓN A LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES L.e.civil 1881, en vigor por lo prevenido en la Disposición Derogatoria única, 1.1. de la L.e.civil 1/2000. (Existe un Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria todavía no en vigor) JURISDICCIÓN VOLUNTARIA ✦ NOMBRAMIENTO TUTOR /CURADOR ✦ NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR JUDICIAL ✦ OTROS procedimientos: ᔢ ᔢ VENTA DE BIENES DE MENORES O INCAPACES ADOPCIÓN 99 100 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESQUEMA 14. EL PATRIMONIO PROTEGIDO Regulación.- Ley 41/03, de 18 de noviembre (BOE 19 de noviembre de 2003) Concepto.- Instrumento para la protección en el ámbito patrimonial de las personas con discapacidad. Consistente en una «masa patrimonial», especialmente protegida y regulada, que es independiente al resto del patrimonio de una persona con discapacidad, y vinculada específicamente a la satisfacción de sus necesidades vitales. (Exposición de Motivos Ley 41/03) Caracteres.✦ Ámbito territorial, siendo una regulación estatal, se reconoce la subsidiariedad respecto a las legislaciones autonómicas con derecho civil foral, conforme al Art. 149.1.8. C.E. ✦ Ámbito subjetivo, se establece como beneficiarios, todas las personas afectadas con determinado grado de incapacidad (minusvalía psíquica igual o superior al 33% o física o sensorial igual o superior al 65%), con independencia de que en ellos concurran causa de incapacitación. Podrán constituir el «patrimonio protegido» La propia persona con discapacidad, si tuviera capacidad de obrar suficiente. Los padres, tutores, curadores o guardador de hecho, si el discapacitado no tuviera capacidad de obrar. Requisitos de forma: ᔢ Escritura pública o Resolución judicial, donde se hará constar necesariamente el Inventario de bienes y derechos y las Reglas de administración y fiscalización. ᔢ Aportación inicial de bienes y/o derechos al «patrimonio protegido», sin perjuicio que formado se puedan recibir aportaciones de cualquier persona con interés legítimo a título gratuito, e incluso con oposición de padres, o representantes legales por decisión judicial. ᔢ Inscripción en los Registros públicos, así en el Registro de la Propiedad se hará constar la condición de un bien como perteneciente a patrimonio protegido, y en el Registro Civil se hará constar la administración del mismo cuando no sea el propio beneficiario o su representante legal. Administración: ᔢ Regla general, corresponde la administración y disposición de los bienes y derechos al propio beneficiario cuando tenga capacidad de obrar suficiente, o la persona por él designada. ᔢ Respecto a los padres, tutores, curadores o guardadores de hecho, pueden asumir la administración del patrimonio protegido, o establecerse una tercera persona, pero a los solos efectos de «actos de administración del patrimonio protegido». ᔢ A entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a las personas con discapacidad Medidas de control y supervisión: ᔢ El propio constituyente puede establecer las medidas de control y supervisión. ᔢ Ministerio Fiscal, estableciéndose la obligación del administrador de informarle periódicamente y la posibilidad de actuación de oficio de dicho órgano público instando ante Juez competente las medidas oportunas respecto al patrimonio y su administración. ᔢ Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, que se crea como órgano externo con funciones de apoyo, auxilio y asesoramiento del M. Fiscal. Extinción: ᔢ Muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario ᔢ Dejar de tener la cualidad de discapacitado en los términos contemplados en la ley. ᔢ Por resolución judicial, en beneficio de la persona con discapacidad. Prerrogativas e Incentivos: ᔢ Beneficios tributarios tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades, y exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. ᔢ ᔢ GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 101 ESQUEMA 15. JUICIO DE INCAPACITACION PECULIARIADES EN LA TRAMITACIÓN Procedimiento contencioso, declarativo especial. Tramitación del juicio verbal con emplazamiento y contestación a la demanda (Art. 753 L.e.civil) Indisponibilidad del objeto del proceso, no se admite la renuncia, allanamiento, ni transacción. Exclusión de la publicidad en las vistas, de oficio o a petición de parte (Art. 754 L.e.civil) Presupuesto.- Enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que impida a la persona gobernarse a si mismo. (Art. 200 C. Civil). Respecto a los menores de edad se establece que podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad (Art. 201 C. Civil) Competencia.- Tribunal (Juez de 1ª Instancia o especializado en Incapacitaciones) de la residencia habitual en España, con independencia de la nacionalidad del presunto incapaz, pero siendo extranjero se le aplicara la normativa de su país. (Arts 756 L.e.civil, 22.3 y 98 de la LOPJ y 9.1 del Código civil) Medidas cautelares.- Tienen como finalidad la protección del presunto incapaz y de su patrimonio, y podrán adoptarse antes, y en cualquier estado, del procedimiento, a petición de parte o de oficio. (Art. 762 L.e.civil) Legitimación.ᔢ Activa, se establece una lista cerrada: Presunto incapaz, el Cónyuge o situación de hecho asimilable, descendientes, ascendientes, o hermanos. (Art. 757 L.e.civil). Si fuera menor de edad sólo podrá ser promovida por quien ejerza la patria potestad o la tutela (Art. 757.4 L.e.civil) ᔢ Pasiva, el presunto incapaz, en el supuesto de haber sido instada por el Ministerio Fiscal, se le designará un defensor judicial (Art. 758 L.e.civil) ᔢ Ministerio Fiscal, instando la incapacitación, o asistiendo al presunto incapaz (Art. 749, 757.2 L.e.civil) Prueba.- Se pretende la búsqueda de la verdad material, lo que implica la práctica de prueba de oficio y la no vinculación al tribunal por la conformidad en los hechos (Art. 752 L.e.civil) ᔢ Exploración judicial del presunto incapaz que no se podrá hacer por exhorto, y cuya práctica puede ser declarada reservada. (Art. 759.1 y 355 de la L.e.civil). La exploración se centrará en el examen de las facultades cognitivas y volitivas del presunto incapaz y de su capacidad de autogobierno. ᔢ Informe médico, no se requiere especial conocimiento en psiquiatría, ni siquiera que se trate de un médico forense, la ley sólo habla de «dictamen pericial médico acordado por el tribunal» (Art. 759.1 L.e.civil) ᔢ Audiencia de pariente, concretamente a los «parientes más próximos», que se establece en la Ley, art. 759.1, como prueba necesaria. La Jurisprudencia ha entendido: - Necesariedad de su práctica, provocando la nulidad del procedimiento en otro caso. (STS 12 de junio de 1989). - Supuestos de no necesariedad: a) Por tener los parientes más próximos conocimiento del procedimiento y no comparecer para ser oídos (STS 19 febrero 1996); b) Ser los parientes más próximos los que actúan en el procedimiento de demandantes (STS 30 diciembre de 1995) ᔢ Prueba específica para la determinación de la persona que debe asumir el cargo tutelar, cuando así se solicite específicamente en la demanda. (Art. 759.2 L.e.civil) 102 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA PECULIARIADES EN LA TRAMITACIÓN (Continuación) ESQUEMA 16. JUICIO DE INCAPACITACION (Continuación) Sentencia.- (Artículo 760 de la L.e.civil) ᔢ Contenido, art. 760 de la L.e.civil: - Pronunciamiento sobre si procede o no declarar la incapacidad de una persona para regir su persona y bienes, y si ésta es TOTAL o PARCIAL. - Si la declaración es PARCIAL, determinación de la extensión y límites de la incapacidad (graduación de la capacidad). En los supuestos de prodigalidad la sentencia determinará los actos que no pueda realizar sin el consentimiento de la persona que deba asistirle (curador) - Determinación del régimen de representación legal, acordando la procedencia de las figuras legales: Patria potestad rehabilitada (hijos mayores de edad), Patria potestad prorrogada (hijos mayores de edad), tutela (incapacidad total) o curatela (incapacidad parcial). - Designación de la persona para el cargo de tutor o curador, cuando expresamente se hubiere solicitado en la demanda. - La necesidad de internamiento, cuando la persona no esté en condiciones de decirlo por sí, cuando se hubiere solicitado en la demanda. ᔢ Inscripción: - Con carácter obligatorio, se comunicará para su inscripción en el Registro Civil correspondiente que será: a) Para la inscripción marginal de la incapacitación, el Registro civil donde conste el nacimiento del incapaz (Art. 39 LRC); y b) Para la inscripción Principal en la Sección Cuarta «Tutela y representaciones legales», el Registro civil del domicilio de la persona sometida al organismo tutelar en el momento de constituirse ésta, o, en los demás supuestos de representaciones legales, el Registro civil del lugar donde se constituya (Arts. 89 y 90 LRC). - Con carácter obligatorio, se comunicará al Registro de la Propiedad donde conste inscritos bienes del incapaz, las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal para administrar, así como cualquier otra resolución judicial por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes. (Art. 2.4 LH) - Con carácter facultativo se prevé la posibilidad de comunicación, a instancia de parte, para su inscripción en el Registro Mercantil.(Art. 87.4 y 5 R. Mercantil) ᔢ Recurso, contra la sentencia cabe interponer Recurso de Apelación para ante la correspondiente Audiencia Provincial en el plazo de 5 días (Art. 455 L.e.civil) Recuperación de la capacidad.- Aún siendo firme la Sentencia dictada, sobrevenidas nuevas circunstancias se puede iniciar nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. Si el promotor fuera el incapacitado judicialmente y se le hubiera privado de la capacidad de comparecer en juicio, necesitará previamente expresa autorización judicial para actuar en el proceso por sí mismo (Art. 761.1 Y 2 L.e.civil) GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 103 ESQUEMA 17. INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO PSÍQUICO Procedimiento contencioso, declarativo especial. (Art. 763 L.e.civil) Existen dos modalidades: Procedimiento ordinario para obtener la autorización de internamiento y Procedimiento de urgencia, para ratificar el internamiento ya efectuado La tramitación se limita a la audiencia de la persona afectada, del Ministerio Fiscal, cualquier otra persona, reconocimiento de la persona por sí y dictamen de un facultativo designado por el tribunal (normalmente el Médico forense) Presupuestos.- Artículo 763 de la L.e.civil: ᔢ Será por razones de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decirlo por sí ᔢ Necesidad de autorización judicial, aunque esté sometido a la patria potestad o tutela ᔢ Temporal, se concede el internamiento por motivos sanitarios, por lo que habrá que estar a la determinación facultativa de su necesidad. Competencia.ᔢ Procedimiento ordinario: El tribunal (Juzgado de Primera Instancia o de Incapacidades) del lugar donde resida la persona afectada. ᔢ Procedimiento urgente o ratificación del internamiento: El tribunal (Juzgado de Primera Instancia o de Incapacidades) del lugar en que radique el Centro clínico Legitimación.- La solicitud corresponde a cualquier persona, constituyendo un deber asistencial específico para los facultativos que tuvieran conocimiento del hecho, quienes deberán solicitarlo con carácter previo o tras el ingreso (en el plazo de 24 horas). Resolución final.ᔢ Forma: Si fuese dictada en proceso de incapacidad revestirá la forma de Sentencia (Art. 760.1). Dictada como proceso autónomo o como medida cautelar revestirá la forma de Auto. ᔢ Recurso, siempre será recurrible en apelación ante la A. Provincial ᔢ Contenido: ✦ Acordar o denegar el internamiento. ✦ En caso de internamiento, se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de otros informes. ✦ En su caso, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos por si fueran determinantes de incapacitación. Ejecución del internamiento.- Obligación para los facultativos que atiendan a la persona internada, de comunicación inmediata al tribunal competente, el alta del enfermo si no consideran necesario mantener el internamiento. Especialidades.ᔢ Colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con independencia de la Resolución judicial de obligado cumplimiento para las Fuerzas de Seguridad del Estado, los Artículos 11 y 53. 1. de la LO 2/1986, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y Artículo 21 de la LO 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana ᔢ Internamiento de menores, se realizará siempre en establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor. (Art. 763.2 L.e.civil) ᔢ Internamiento de ancianos, no se contempla el supuesto en la L.e.civil, por lo que se aplicaría la normativa sin ninguna peculiaridad. La Circular 2/1984 de la Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre el internamiento voluntario inicial en un Centro por parte de un anciano, que después cambia de opinión, y mantiene que ... «la voluntad inicial capaz de legitimar un internamiento voluntario deberá estar exenta de vicios que la invaliden y durante él, esa misma voluntad deberá persistir y permanecer...» 104 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESQUEMA 18. PROCEDIMENTO DE TUTELA PROCEDIMIENTO Con la tutela se pretende la protección, asistencia y representación de una persona afectada por determinadas deficiencias (físicas o psíquicas), pero con la singularidad de que esa persona no esté sometida a patria potestad de los padres, toda vez que por medio de la patria potestad se protege, asiste y representa a la persona afectada, por lo que la tutela será precisa cuando el incapaz carezca de la protección de la patria potestad (padres). Se puede definir la función tutelar, como aquel conjunto de deberes que la Ley impone a una o en algunos casos, a varias personas, incluso a personas jurídicas, en beneficio y para la guarda y protección de la persona y bienes, o solamente de la persona o de los bienes, de los menores o incapacitados no sometidos a la patria potestad. Competencia.- Los Juzgados de Familia (Juzgados de Primera Instancia especializados) donde existan, en su defecto el Juez de Primera Instancia del domicilio del incapaz. Tramitación y Resolución, existe un doble mecanismo: ɂ Jurisdicción Voluntaria, en los artículos 1.811 y siguientes de la L.e.civil de 1881, el trámite será la audiencia judicial de todos aquellos que tengan interés, así como del Ministerio Fiscal, se resolverá por Auto. (Se prevé la posibilidad de dictar Decreto, resolución del Secretario Judicial) ɂ Procedimiento contencioso de incapacidad, siempre que se hubiere solicitado en la demanda, en estos casos en la Sentencia que declare la incapacitación se nombrará a la persona o personas que haya de asistir o representar al incapaz y velar por él (Arts. 759.2 y 760.2 L.e.civil) ✦ Podrá ser persona física o jurídica, siempre que no tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados. (Art. 242 C. Civil) ✦ No pueden ser tutores (causas de inhabilidad): 1) Los que estuvieran privados o suspendidos en EL TUTOR ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial. 2) Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior. 3) Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras están cumpliendo la condena. 4) Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela. 5) Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho. 6) Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o incapacitado. 7) Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida. 8) Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o los que le adeudaren sumas de consideración. 9) Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona. 10) Los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en testamento o documento notarial (Arts. 243, 244 y 245 C. Civil) Tutela Plural: 1.) Cuando por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente. 2.) Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre, será ejercida por ambos conjuntamente de modo análogo a la patria potestad. 3.) Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela. 4.) Cuando el Juez nombre tutores a las personas que los padres del tutelado hayan designado en testamento o documento público notarial para ejercer la tutela conjuntamente (Art. 236 C. civil) Las funciones tutelares constituyen deber y se ejercen en beneficio del tutelado (Art. 216 C. civil) Su ejercicio por el Tutor, está bajo la salvaguarda de la Autoridad judicial y vigilancia del Ministerio Fiscal (Art. 216 y 232 C. civil) Las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares (y de curatelas) serán inscribibles en el Registro civil, no surtiendo mientras tanto efectos frente a terceros (Art. 218 C. civil) Las de defensor judicial también serán inscribibles como un caso de representación Legal. Su inscripción tendrá lugar en la Sección Cuarta del Registro Civil: «Tutelas y demás representaciones legales» Serán compensados de los daños ocasionados a las personas que en el ejercicio de la función tutelar puedan sufrir, siempre que no se deba a su culpa (Art. 220 C. civil) Se prohíbe a quien desempeñe el cargo tutelar: 1. Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes hasta tanto no se haya aprobado su gestión. 2. Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio y exista interés. 3. Adquirir a título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual título (Art. 221 C. civil) GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 105 ESQUEMA 19. NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR JUDICIAL y VENTA DE BIENES DE MENORES e INCAPACES NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR JUDICIAL El artículo 209 del C. civil ordena que se nombrará defensor judicial para que represente y ampare los intereses de los menores o incapacitados cuando se hallen en alguno de los siguientes supuestos: ᔢ cuando exista conflictos de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. ᔢ cuando por cualquier causa el tutor o el curador no desempeñara sus funciones, hasta que la causa cese o se designe otra persona para el cargo. ᔢ los demás casos que previene la ley Regulación, artículos 299 y 302 del Código Civil. Tramitación, El procedimiento se inicia mediante solicitud, (podrá solicitarlo el propio menor, los padres, el Ministerio Fiscal y cualquier persona capaz de comparecer en juicio -art. 300 C. Civil-) la que se pasará al Ministerio Fiscal para informe y hecho se resolverá por AUTO. VENTA DE BIENES DE MENORES Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.011 de la L.e.civil «será necesaria la autorización judicial para enajenar (vender) o gravar los bienes de menores o incapacitados en los supuestos en que así lo establezca el Código civil». El Código civil, por su parte, impone tal autorización judicial a los padres y tutores que pretendan enajenar o gravar por causas justificadas de utilidad o necesidad los bienes: inmuebles, efectos públicos y valores de toda especie, derechos de toda clase y alhajas, muebles y objetos preciosos que puedan conservarse sin menoscabo. El artículo 116 in fine del C. civil hace dos excepciones respecto a los padres, al decir que no será necesaria autorización judicial: ᔢ si el menor hubiese cumplido 16 años y consintiere en documento público. ᔢ si lo que se venden son valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros. Regulación, Artículos 164 y siguientes del C. civil y en los artículos 2011 al 2015 de la L.e.civil. Tramitación, Presentada la solicitud ante el Juez de Primera Instancia, se practicarán las diligencias que se estimen oportunas (audiencias, documentos) para acreditar: ᔢ La necesidad de la venta. ᔢ Que la venta repercute en beneficio del menor o incapaz. Resolución, Por medio de Auto (en su día, será el Secretario Judicial mediante Decreto) De interés, la, cada vez más abundante, numerosa jurisprudencia, sobre la posibilidad de aplicar las distintas formas de enajenación (convenio, subastas especializadas) establecidas en la L.e.civil 1/2000 en su artículo 636, pese a que la L.e.civil de 1881 permita sólo la venta en Subasta Judicial. Así el Auto de la Audiencia Provincial de Córdoba, num. 84/02, de fecha 18 de febrero, establece en su Fundamento de Derecho Tercero ... «Es claro que la venta de un bien inmueble en pública subasta acarrea unos gastos, y una dilación en el tiempo e incluso por regla general la obtención de un precio inferior al normal en el mercado que inexcusablemente repercute en un perjuicio para el incapaz cuyo interés debe ser el único a defender y nadie duda que ésa era la intención del legislador de 1881 al establecer en el artículo 2015 pero el transcurso de más de 120 años lo ha dejado obsoleto y aún vigente debe hacerse una justa interpretación a tenor de lo dispuesto en el art. 3 del C. Civil. Por todo ello, esta Sala entiende que debe estimarse parcialmente (...) acordándose que la venta del inmueble de la incapaz, podrá efectuarse por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 636 de la L.e.civil ...» 106 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA MINISTERIO FISCAL De forma general, el Artículo 1 de su Estatuto, Ley 50/81, el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. De forma particular, en materia de menores e incapacidades, señalar entre otra normativa: ✦ Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley. (Art. 3.6 Estatuto). ✦ Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación. (Art. 3.7 Estatuto). ✦ Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta información estime conveniente. (Art. 4.2 Estatuto). ✦ La intervención preceptiva del Ministerio Fiscal en los procesos sobre capacidad, filiación y de menores (Art. 749 L.e.civil). ✦ La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado. (Art. 232). ✦ Vigilancia en los internamientos de incapaces y de residencias de la tercera edad. (Circular de la Fiscalía General del Estado num. 2/84, Instrucción de 7 de mayo de 1990, entre otras). ✦ En la tramitación de todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria sobre menores, incapaces se oirá preceptivamente al Ministerio Fiscal, aunque su dictamen no sea vinculante. (L.e.civil de 1881). JUZGADOS ESQUEMA 20. EL MINISTERIO FISCAL y JUZGADOS Por regla general el conocimiento de los asuntos sobre Capacidad, Menores y Familia, corresponden a los órganos del orden civil: ᔢ Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, existe al menos uno en cada Partido Judicial, y tienen conocimiento en orden civil y penal. ᔢ Juzgados de Primera Instancia, en determinados Partidos Judiciales por su extensión se produce la separación de jurisdicción, quedando en el Orden civil los citados Juzgados, y en el orden penal los Juzgados de Instrucción. Por especialización, Artículo 98 de la LOPJ, en grandes localidades: ᔢ Juzgados de Familia ᔢ Juzgados de Tutelas, incapacitaciones e internamientos. Por excepción, pueden tener conocimiento de algunas materias relacionadas con la Capacidad, Menores y Familia: ᔢ Juzgados de Violencia sobre la mujer, órganos que tienen conocimiento en el orden civil y penal, conociendo en el orden civil cuando aparezca como interesada en el proceso una víctima de delito tipificado como de violencia de género. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 107 ESQUEMA 21. LA FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA FINALIDAD (Art. 6 Est. FJT) De forma genérica, tiene como finalidad la protección y defensa de las personas adultas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente por resolución judicial y que se encuentren en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos o no sean competentes para el ejercicio del cargo tutelar. Así como colaborar en esta materia con el Ministerio Fiscal, Órganos judiciales competentes y entidades públicas o privadas con fines similares. De forma particular, destacar: ✦ Ejercicio de las funciones de tutela, curatela o defensa judicial, cuando así se constituya por resolución judicial. ✦ Asesoramiento jurídico y social, en el ejercicio de funciones tutelares por otras personas. ORGANIZACIÓN Con la denominación de «Fundación Jiennense de Tutela» se constituye, de acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de Diciembre, una organización de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se encuentra afectado de modo duradero a la realización de fines de interés general. (Art. 1 del Estatuto FJT). DE INTERES ᔢ Ámbito territorial, será la provincia de Jaén, sin perjuicio de poder desarrollar actividades fuera de la provincia en relación a personas residentes en la misma. ᔢ Ámbito personal, el sector de población atendido será personas adultas presuntamente incapaces o incapacitadas judicialmente, en situación de abandono por no tener persona idónea para el ejercicio de las funciones tutelares necesarias para su atención. EL PATRONATO, es el órgano de gobierno de la Fundación, formado por tantos miembros como Entidades fundadoras, que son: ᔢ Diputación Provincial de Jaén; ᔢ Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía. ᔢ Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM). ᔢ Fundación para la Promoción, Desarrollo y Protección de las Personas Mayores (FUNDEMA). ᔢ Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con Retraso Mental ( FEAPS-Andalucía). ᔢ Asociación Provincial de Allegados y Enfermos Mentales (APAEM). ᔢ Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer «La Estrella». ᔢ Asociación Síndrome de Down de Jaén y provincia. LA COMISIÓN TÉCNICA, es un órgano de apoyo al Patronato, que está integrada por el personal que al efecto designa el propio Patronato y que tiene una periodicidad de una reunión mensual. Ha asumido entre sus funciones el estudio, aprobación y aceptación de los cargos tutelares respecto de aquellos presuntos incapaces o incapaces que se encuentren en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos, y el seguimiento de la situación personal y patrimonial de las personas incapacitadas cuya tutela, curatela o defensa judicial haya sido asumida por la Fundación. La FJT se estructura básicamente en tres áreas: Área de Trabajo Social, Área Jurídica y Área Económico-Administrativa que se coordinan de tal manera que cada expediente es estudiado diseñándose para él un Plan Individualizado de Intervención que deberá ser el que más se ajuste a las necesidades del tutelado/a con el fin de tomar las decisiones más adecuadas al único beneficio de la persona y su patrimonio. 108 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Glosario de términos y ubicación sistemática en los Esquemas: A Autotutela.- Esquema 5 Adopción.- Esquema 2 Administración Autonómica.- Esquema 13 C Capacidad de obrar.- Esquema 1 Capacidad jurídica.- Esquema 1 Capacidad plena.- Esquema 1 Curatela.- Esquemas: 2, 11 D Defensor Judicial.- Esquemas: 2, 12, 20 Delitos contra incapaces.- Esquema 6 Discapacidad.- Esquema 1 E Edad.- Esquema 1 Emancipación.- Esquemas: 3 Enfermedad.- Esquema 1 Entidad Pública.- Esquema 14 Excusa tutor.- Esquema 6 Expolio Patrimonial.- Esquema 14 Extranjero.- Esquema 15 F Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.- Esquema 17 Fundación Jiennense de Tutela.- Esquema 21 G Guarda de hecho.- Esquemas: 2, 12 Guarda y custodia.- Esquema 3 Guarda compartida.- Esquema 3, 4 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 109 I Incapacidad, Incapaz.- Esquema 1, 5 Incapacidad natural.- Esquema 1 Inhabilidad tutor.- Esquema 19 Inimputabilidad.- Esquema 5 Internamiento involuntario por trastorno psíquico.- Esquemas: 13, 17 Internamiento de ancianos.- Esquema 17 Internamiento de menores.- Esquema 17 Internamiento urgente.- Esquema 17 J Juicio de incapacitación.- Esquemas: 13, 15, 16 Jurisdicción voluntaria.- Esquema 13 Jurisdicción contenciosa- Esquema 13 Juzgados.- Esquema 13, 20 M Medidas de Seguridad.- Esquema 7 Ministerio Fiscal.- Esquema 21 P Patria potestad.- Esquemas: 2, 3, 4 Patria potestad prorrogada.- Esquema 2, 4 Patria potestad rehabilitada.- Esquema 2, 4 Patrimonio protegido.- Esquema 14 Persona jurídica.- Esquema 1 Prodigalidad.- Esquemas: 11 R Recuperación de la capacidad.- Esquema 16 Remoción tutor.- Esquema 9 Régimen de visitas.- Esquema 3 Representación legal.- Esquema 2 Responsabilidad civil de incapaces.- Esquema 5 Responsabilidad penal de incapaces.- Esquemas 6,7 y 8 110 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA T Tutela.- Esquemas: 2, 9, 10, 18 Tutela automática.- Esquema 2 Tutela plural.- Esquema 18 Tutor.- Esquema 18 S Subasta pública.- Esquema 19 V Venta de bienes de menores o incapaces.- Esquema 13, 19 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 111 ANEXO I SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA TITULO I : DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- Denominación y naturaleza: Con la denominación de «FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA», se constituye una organización sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero a la realización de fines de interés general, propios de la Fundación. Artículo 2.- Personalidad y capacidad: La Fundación constituida e inscrita en el Registro de Fundaciones con el número JA/845, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Las entidades fundadoras de esta Fundación son: ɀ Instituto Provincial de Asuntos Sociales de la Diputación Provincial de Jaén, Organismo Autónomo Local que con fecha 30 de Septiembre de 2005 se extingue adscribiendo al Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial todos los servicios y centros anteriormente adscritos al mismo. Habiendo, a su vez, dictada una Resolución de 112 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 30 de Enero de 2006 (nº 81) que expresamente delega en el Área de Bienestar Social la representación legal ante la Fundación Jiennense de Tutela. ɀ Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía. ɀ Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM). ɀ Fundación para la Promoción, Desarrollo y Protección de las Personas Mayores (FUNDEMA). ɀ Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con Retraso Mental (FEAPS-Andalucía). ɀ Asociación Provincial de Allegados y Enfermos Mentales (APAEM). ɀ Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer «La Estrella». ɀ Asociación Síndrome de Down de Jaén y provincia. Artículo 3.- Régimen: La Fundación se regirá por la voluntad de los Fundadores, manifestada en estos Estatutos y, en todo caso, por la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquella, así como normativa estatal de aplicación supletoria. Artículo 4.- Nacionalidad y domicilio: 1.- La Fundación que se crea tiene nacionalidad española. 2.- El domicilio social de la Fundación radicará en Jaén, C/ Arquitecto Berges nº 9 - bajo. (Pendiente de modificación estatutaria por traslado a C/ Federico Mendizábal nº 1) 3.- El Patronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna modificación estatutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma prevista en la legislación vigente. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 113 Artículo 5.- Ámbito de actuación: 1.- La Fundación desarrollará sus actividades en la provincia de Jaén. No obstante lo anterior, podrá realizar cuantas actividades fueren necesarias fuera de la misma para el cumplimiento de sus fines respecto a personas residentes dentro de la provincia. 2.- En cuanto al ámbito personal o sector de población atendida, la actuación de la Fundación se circunscribe a las personas que, por padecer algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, no pueden gobernarse por sí mismas siendo por tanto personas adultas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente por resolución judicial y que se encuentran en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos o no sean competentes para el ejercicio del cargo tutelar bien por su inexistencia, inhibición o no idoneidad. TITULO II : OBJETO DE LA FUNDACIÓN Artículo 6.- Fines: 1.- La Fundación Jiennense de Tutela tiene por objeto: 1. Proporcionar la necesaria protección y asistencia de las personas adultas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente por resolución judicial que se encuentren en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos o no sean competentes para el ejercicio del cargo tutelar bien por su inexistencia, inhibición o no idoneidad. 2. Promover, respecto a las personas tuteladas, el mayor nivel de autonomía personal y plena integración social velando por la mejora de sus condiciones de vida y dignidad personal. 3. Proporcionar apoyo, información y asesoría relativa a todas las actuaciones relacionadas con el campo de la incapacitación judicial, especialmente a aquellas personas que tienen encomendadas funciones tutelares. 114 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 4. Ofrecer y apoyar cuantas acciones formativas vayan encaminadas a una mejor comprensión de la incapacidad judicial como la medida de protección que el ordenamiento jurídico ofrece a personas que por padecer algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial no pueden gobernarse por sí mismas. 2.- Para la consecución de sus fines, la Fundación Jiennense de Tutela, desarrollará entre otras las siguientes actividades: a. Asunción y ejercicio de las funciones de tutela, curatela, defensa judicial o administración de bienes que le sean encomendadas por resolución judicial tras su estudio, aprobación y aceptación por el Patronato u órgano en quién éste delegue. b. Coordinación con los órganos judiciales, con el Ministerio Fiscal y con cuantas entidades sean precisas para un mejor desempeño de las funciones tutelares asumidas. c. Prestar servicios de apoyo y asesoramiento jurídico y social a las personas que tengan encomendadas funciones tutelares cuando lo soliciten y carezcan de recursos adecuados. d. Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de personas en las que se aprecie necesidad de protección jurídica y posible causa de incapacitación judicial. e. Comunicar al órgano judicial competente los hechos que pudieran dar lugar a la inhabilitación o remoción de tutores y curadores. f. Asesoría, información y formación a instituciones, entidades, familiares y profesionales relacionados con el sector de personas con discapacidad. g. Promover, apoyar y realizar acciones formativas en el ámbito de la incapacitación judicial. h. Realización de sesiones formativas para Delegados Tutelares. i. Cooperación con cuantas entidades públicas o privadas tengan fines similares o coincidentes. j. Todas aquellas actividades que sean necesarias para el mejor cumplimiento de los fines fundacionales. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 115 No obstante lo anterior, el Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y dentro del cumplimiento de los fines señalados, sean los más adecuados y convenientes en cada momento. TITULO III : REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS. Artículo 7.- Destino de las rentas e ingresos: 1.- A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales resultados o ingresos, con exclusión de aquellos gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas, según acuerdo del Patronato. 2.- El plazo para el cumplimiento de la obligación señalada en el apartado anterior será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 3.- Los gastos de administración, entendidos como aquellos ocasionados a los órganos de gobierno, por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, los que los Patronos, por el desempeño de su cargo, tienen derecho a ser reembolsados con la debida justificación, tendrán la proporción máxima que reglamentariamente se determine. Artículo 8.- Beneficiarios: 1.- Serán beneficiarios directos de la Fundación Jiennense de Tutela las personas adultas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o 116 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA parcialmente por resolución judicial que se encuentren en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos o no sean competentes para el ejercicio del cargo tutelar bien por su inexistencia, inhibición o no idoneidad. 2.- El Patronato, atendiendo a los fines de la Fundación y a lo establecido en los propios Estatutos, determinará a los beneficiarios de las actividades fundacionales de acuerdo con criterios de imparcialidad, objetividad, igualdad y no discriminación. En consecuencia, nadie podrá alegar, ni individual ni colectivamente frente a la Fundación o sus órganos, el derecho a gozar de dichos beneficios antes de que fueren concedidos, ni imponer su atribución a persona determinada. 3.- La Fundación dará información de manera generalizada sobre sus fines y actividades para el conocimiento de sus eventuales beneficiarios y demás interesados. Artículo 24.- Comisión Técnica: 1.- Como órgano de apoyo al Patronato, la Fundación contará con una Comisión Técnica, que estará integrada por el personal que al efecto designe el propio Patronato y que tendrá una periodicidad de una reunión mensual. 2.- La Comisión Técnica asumirá, con carácter general, las tareas que le designe el Patronato, desarrollando especialmente entre sus funciones el estudio, aprobación y aceptación de los cargos tutelares respecto de aquellos presuntos incapaces o incapaces que se encuentren en abandono por falta de familiares que cuiden de ellos, y el seguimiento de la situación personal y patrimonial de las personas incapacitadas cuya tutela, curatela o defensa judicial haya sido asumida por la Fundación. 3.- La Comisión Técnica dará cuenta al Patronato, al menos trimestralmente, del desarrollo de sus funciones, pudiendo solicitar al Presidente del Patronato la reunión del mismo para los asuntos en que así lo estime necesario. 4.- Los miembros de la Comisión Técnica podrán ser retribuidos por el desempeño de sus cargos cuando no formen parte del Patronato o formando parte de él se atienda a lo establecido en el art. 23 de los presentes Estatutos. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 117 TITULO VI: PATRIMONIO DE LAS PERSONAS TUTELADAS. Artículo 32.- Patrimonio de las personas tuteladas: La Fundación administrará el patrimonio de los tutelados de conformidad con lo establecido en el Código Civil siendo, en todo caso, los principios inspiradores del ejercicio de la tutela en la dimensión patrimonial del tutelado los siguientes: ɀ Todas las operaciones y decisiones de administración de los bienes se adoptarán en el único y exclusivo beneficio de la persona tutelada. ɀ Los patrimonios de cada una de las personas tuteladas estarán individualizados y se administrarán de forma personalizada. ɀ Se alentarán las decisiones del propio tutelado en la administración de sus bienes, siempre que la sentencia lo permita. 118 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 119 ANEXO II SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE LEGISLACIÓN BÁSICA Y RELACIONADA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Art. 9. 2 «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva...» Art. 19.1 «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional» Art. 17.1 «Toda persona tiene derecho a la libertad. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y en la forma previstos en la Ley». CÓDIGO CIVIL Libro I. Título IX De la incapacitación Artículo 199 Nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley. 120 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Artículo 200 Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Artículo 201 Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de edad. Libro I. Título X De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones generales Artículo 215 La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, mediante: 1. La tutela. 2. La curatela. 3. El defensor judicial. Artículo 216 Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 de este Código podrán ser acordadas también por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e incapaces, en cuanto lo requiera el interés de éstos. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 121 Artículo 217 Sólo se admitirá la excusa de los cargos tutelares en los supuestos legalmente previstos. Artículo 218 Las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil. Dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones. Artículo 219 La inscripción de las resoluciones a que se refiere el artículo anterior, se practicará en virtud de la comunicación que la autoridad judicial deberá remitir sin dilación al Encargado del Registro Civil. Artículo 220 La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de éstos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento. Artículo 221 Se prohíbe a quien desempeñe algún cargo tutelar: 1. Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamente su gestión. 2. Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses. 3. Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual título. 122 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA CAPÍTULO II De la tutela SECCIÓN PRIMERA De la tutela en general Artículo 222 Estarán sujetos a tutela: 1. Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad. 2. Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido. 3. Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela. 4. Los menores que se hallen en situación de desamparo. Artículo 223 Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados. Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se comunicarán de oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado. En los procedimientos de incapacitación, el juez recabará certificación del Registro Civil y, en su caso, del registro de actos de última voluntad, a efectos de comprobar la existencia de las disposiciones a las que se refiere este artículo. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 123 [Este artículo está redactado conforme al art. 9 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE núm. 277, de 19-11-2003, pp. 40852-40863). Artículo 224 Las disposiciones aludidas en el artículo anterior vincularán al juez, al constituir la tutela, salvo que el beneficio del menor o incapacitado exija otra cosa, en cuyo caso lo hará mediante decisión motivada. Artículo 225 Cuando existieren disposiciones en testamento o documento público notarial del padre y de la madre, se aplicarán unas y otras conjuntamente en cuanto fueran compatibles. De no serlo, se adoptarán por el Juez, en decisión motivada, las que considere más convenientes para el tutelado. Artículo 226 Serán ineficaces las disposiciones hechas en testamento o documento público notarial sobre la tutela si, en el momento de adoptarlas, el disponente hubiese sido privado de la patria potestad. Artículo 227 El que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor o incapacitado, podrá establecer las reglas de administración de los mismos y designar la persona o personas que hayan de ejercitarla. Las funciones no conferidas al administrador corresponden al tutor. Artículo 228 Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieren conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción alguna persona que deba ser sometida a tutela, pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela. Artículo 229 Estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados 124 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA a ella y la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado, y si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados. Artículo 230 Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela. Artículo 231 El Juez constituirá la tutela previa audiencia de los parientes más próximos, de las personas que considere oportuno, y, en todo caso, del tutelado si tuviera suficiente juicio y siempre si fuera mayor de doce años. Artículo 232 La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado. En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración de la tutela. Artículo 233 El Juez podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime oportunas en beneficio del tutelado. Asimismo podrá en cualquier momento exigir del tutor que informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración. SECCIÓN SEGUNDA De la delación de la tutela y del nombramiento del tutor Artículo 234 Para el nombramiento de tutor se preferirá: 1.º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223. 2.º Al cónyuge que conviva con el tutelado. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 125 3.º A los padres. 4.º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad. 5.º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez. Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exige. Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida familiar del tutor. [Este artículo está redactado conforme al art. 9 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE núm. 277, de 19-11-2003, pp. 40852-40863). Artículo 235 En defecto de las personas mencionadas en el artículo anterior, el Juez designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en beneficio de éste, considere más idóneo. Artículo 236 La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo: 1. Cuando por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente. 2. Cuando la tutela corresponda al padre y a la madre, será ejercida por ambos conjuntamente de modo análogo a la patria potestad. 3. Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela. 126 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 4. Cuando el Juez nombre tutores a las personas que los padres del tutelado hayan designado en testamento o documento público notarial para ejercer la tutela conjuntamente. Artículo 237 En el caso del número 4. del artículo anterior, si el testador lo hubiere dispuesto de modo expreso, y en el caso del número 2., si los padres lo solicitaran, podrá el Juez, al efectuar el nombramiento de tutores, resolver que éstos puedan ejercitar las facultades de la tutela con carácter solidario. De no mediar tal clase de nombramiento, en todos los demás casos, y sin perjuicio de lo dispuesto en los números 1. y 2. las facultades de la tutela encomendadas a varios tutores habrán de ser ejercitadas por éstos conjuntamente, pero valdrá lo que se haga con el acuerdo del mayor número. A falta de tal acuerdo, el Juez, después de oír a los tutores y al tutelado si tuviere suficiente juicio, resolverá sin ulterior recurso lo que estime conveniente. Para el caso de que los desacuerdos fueran reiterados y entorpeciesen gravemente el ejercicio de la tutela, podrá el Juez reorganizar su funcionamiento e incluso proveer de nuevo tutor. Artículo 237bis Si los tutores tuvieren sus facultades atribuidas conjuntamente y hubiere incompatibilidad u oposición de intereses en alguno de ellos para un acto o contrato, podrá éste ser realizado por el otro tutor, o, de ser varios, por los demás en forma conjunta. Artículo 238 En los casos de que por cualquier causa cese alguno de los tutores, la tutela subsistirá con los restantes a no ser que al hacer el nombramiento se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso. Artículo 239 La tutela de los menores desamparados corresponde por Ley a la entidad a que se refiere el artículo 172. Se procederá, sin embargo, al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias, cuando existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con beneficio para éste. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 127 La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la tutela de los incapaces cuando ninguna de las personas recogidas en el artículo 234 sea nombrado tutor, asumirá por ministerio de la ley la tutela del incapaz o cuando éste se encuentre en situación de desamparo. Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que le incumben de conformidad a las leyes, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. [El tercer párrafo ha sido añadido por el art. 9 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE núm. 277, de 19-11-2003, pp. 40852-40863). Artículo 240 Si hubiere que designar tutor para varios hermanos, el juez procurará que el nombramiento recaiga en una misma persona. Artículo 241 Podrán ser tutores todas las personas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y en quienes no concurra alguna de las causas de inhabilitación establecidas en los artículos siguientes. Artículo 242 Podrán ser también tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados. Artículo 243 No pueden ser tutores: 1. Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación por resolución judicial. 2. Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior. 3. Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras están cumpliendo la condena. 128 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 4. Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela. Artículo 244 Tampoco pueden ser tutores: 1. Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho. 2. Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o incapacitado. 3. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida. 4. Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes o los que le adeudaren sumas de consideración. 5. Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona. Artículo 245 Tampoco pueden ser tutores los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en testamento o documento notarial, salvo que el Juez, en resolución motivada, estime otra cosa en beneficio del menor o del incapacitado. Artículo 246 Las causas de inhabilidad contempladas en los artículos 243.4 y 244.4 no se aplicarán a los tutores designados en las disposiciones de última voluntad de los padres cuando fueron conocidas por éstos en el momento de hacer la designación, salvo que el Juez, en resolución motivada, disponga otra cosa en beneficio del menor o del incapacitado. Artículo 247 Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud en su ejercicio. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 129 Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados. Artículo 248 El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra persona interesada decretará la remoción del tutor, previa audiencia de éste si, citado, compareciere. Asimismo, se dará audiencia al tutelado si tuviere suficiente juicio. Artículo 249 Durante la tramitación del procedimiento de remoción, podrá el Juez suspender en sus funciones al tutor y nombrar al tutelado un defensor judicial. Artículo 250 Declarada judicialmente la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo tutor en la forma establecida en este Código. Artículo 251 Será excusable el desempeño de la tutela cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo. Las personas jurídicas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela. Artículo 252 El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Artículo 253 El tutor podrá excusarse de continuar ejerciendo la tutela, siempre que hubiera persona de parecidas condiciones para sustituirle, cuando durante el desempeño de aquélla le sobrevenga cualquiera de los motivos de excusa contemplados en el artículo 251. 130 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Artículo 254 Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a la tutela encomendada a las personas jurídicas. Artículo 255 Si la causa de excusa fuera sobrevenida, podrá ser alegada en cualquier momento. Artículo 256 Mientras se resuelva acerca de la excusa, el que la haya propuesto estará obligado a ejercer la función. No haciéndolo así, el Juez nombrará un defensor que le sustituya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos ocasionados por la excusa si ésta fuera rechazada. Artículo 257 El tutor designado en testamento que se excuse de la tutela al tiempo de su delación perderá lo que, en consideración al nombramiento, le hubiere dejado el testador. Artículo 258 Admitida la excusa se procederá al nombramiento de nuevo tutor. SECCIÓN TERCERA Del ejercicio de la tutela Artículo 259 La Autoridad judicial dará posesión de su cargo al tutor nombrado. Artículo 260 El Juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma. No obstante la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio de la Ley o la desempeñe por resolución judicial no precisará prestar fianza. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 131 Artículo 261 También podrá el Juez, en cualquier momento y con justa causa, dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la garantía que se hubiese prestado. Artículo 262 El tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo. Artículo 263 La Autoridad judicial podrá prorrogar este plazo en resolución motivada si concurriere causa para ello. Artículo 264 El inventario se formará judicialmente con intervención del Ministerio Fiscal y con citación de las personas que el Juez estime conveniente. Artículo 265 El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio de la autoridad judicial, no deban quedar en poder del tutor serán depositados en un establecimiento destinado a este efecto. Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correrán a cargo de los bienes del tutelado. Artículo 266 El tutor que no incluya en el inventario los créditos que tenga contra el tutelado, se entenderá que los renuncia. Artículo 267 El tutor es el representante del menor o incapacitado salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de incapacitación. Artículo 268 Los sujetos a tutela deben respeto y obediencia al tutor en la forma establecida en este Código. 132 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Los tutores podrán, en el ejercicio de su cargo, recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también corregir a los menores razonable y moderadamente. Artículo 269 El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular: 1. A procurarle alimentos. 2. A educar al menor y procurarle una formación integral. 3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad. 4. A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración. Artículo 270 El tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia. Artículo 271 El tutor necesita autorización judicial: 1. Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial. 2. Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones. 3. Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado. 4. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 133 5. Para hacer gastos extraordinarios en los bienes. 6. Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía. 7. Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años. 8. Para dar y tomar dinero a préstamo. 9. Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado. 10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado. Artículo 272 No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial. Artículo 273 Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos artículos anteriores, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes. Artículo 274 El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Corresponde al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes, procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje del 4 por ciento ni exceda del 20 por ciento del rendimiento líquido de los bienes. Artículo 275 Sólo los padres, y en sus disposiciones de última voluntad, podrán establecer que el tutor haga suyos los frutos de los bienes del tutelado a cambio de prestarle los alimentos, salvo que el Juez, en resolución motivada, disponga otra cosa. 134 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA SECCIÓN CUARTA De la extinción de la tutela y de la rendición final de cuentas Artículo 276 La tutela se extingue: 1. Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado. 2. Por la adopción del tutelado menor de edad. 3. Por fallecimiento de la persona sometida a tutela. 4. Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad. Artículo 277 También se extingue la tutela: 1. Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere. 2. Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela. Artículo 278 Continuará el tutor en el ejercicio de su cargo si el menor sujeto a tutela hubiese sido incapacitado antes de la mayoría de edad, conforme a lo dispuesto en la sentencia de incapacitación. Artículo 279 El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir cuenta general justificada de su administración ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa. La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarlo. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 135 Artículo 280 Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, el Juez oirá al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial, y a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus herederos. Artículo 281 Los gastos necesarios de la rendición de cuentas, serán a cargo del que estuvo sometido a tutela. Artículo 282 El saldo de la cuenta general devengara interés legal, a favor o en contra del tutor. Artículo 283 Si el saldo es a favor del tutor, devengara interés legal desde que el que estuvo sometido a tutela sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes. Artículo 284 Si es en contra del tutor, devengará interés legal desde la aprobación de la cuenta. Artículo 285 La aprobación judicial no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por razón de la tutela. CAPÍTULO III De la curatela SECCIÓN PRIMERA Disposiciones generales Artículo 286 Están sujetos a curatela: 1. Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley. 136 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 2. Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad. 3. Los declarados pródigos. Artículo 287 Igualmente procede la curatela para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento. Artículo 288 En los casos del artículo 286, la curatela no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos que los menores o pródigos no puedan realizar por sí solos. Artículo 289 La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido. Artículo 290 Si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, se entenderá que esta se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan, según este Código, autorización judicial. Artículo 291 Son aplicables a los curadores las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores. No podrán ser curadores los quebrados y concursados no rehabilitados. Artículo 292 Si el sometido a curatela hubiese estado con anterioridad bajo tutela, desempeñará el cargo de curador el mismo que hubiese sido su tutor, a menos que el Juez disponga otra cosa. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 137 Artículo 293 Los actos jurídicos realizados sin la intervención del curador, cuando esta sea preceptiva, serán anulables a instancia del propio curador o de la persona sujeta a curatela, de acuerdo con los artículos 1301 y siguientes de este Código. SECCIÓN SEGUNDA De la curatela en casos de prodigalidad Artículo 297 Los actos del declarado pródigo anteriores a la demanda de prodigalidad no podrán ser atacados por esta causa. Artículo 299 Se nombrara un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos: 1. Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado. 2. En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo. 3. En todos los demás casos previstos en este Código. Artículo 299 bis Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela y en tanto no recaiga solución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Juez podrá designar un administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida. 138 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Artículo 300 El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo. Artículo 301 Serán aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusas y remoción de los tutores y curadores. Artículo 302 El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya concedido el Juez al que deberá rendir cuentas de su gestión una vez concluida. CAPÍTULO V De la guarda de hecho Artículo 303 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 203 y 228, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor o del presunto incapaz y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas. Artículo 304 Los actos realizados por el guardador de hecho en interés del menor o presunto incapaz no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad. Artículo 306 Será aplicable al guardador de hecho lo dispuesto en el artículo 220 respecto del tutor. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 139 LEY 1/2000 DE 7 DE ENERO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL LIBRO IV. DE LOS PROCESOS ESPECIALES TITULO I. DE LOS PROCESOS SOBRE CAPACIDAD, FILIACION, MATRIMONIO Y MENORES. CAPITULO II. DE LOS PROCESOS SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS Artículo 756. Competencia Será competente para conocer de las demandas sobre capacidad y declaración de prodigalidad el Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se solicite. Artículo 757. Legitimación en los procesos de incapacitación y de declaración de prodigalidad 1. La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. 2. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado. 3. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. 140 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 5. La declaración de prodigalidad sólo podrá ser instada por el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la pidieren los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal. Artículo 758. Personación del demandado El presunto incapaz o la persona cuya declaración de prodigalidad se solicite pueden comparecer en el proceso con su propia defensa y representación. Si no lo hicieren, serán defendidos por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido éste el promotor del procedimiento. En otro caso, se designará un defensor judicial, a no ser que estuviere ya nombrado. Artículo 759. Pruebas y audiencias preceptivas en los procesos de incapacitación 1. En los procesos de incapacitación, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el art. 752, el tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda y demás medidas previstas por las leyes. Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico, acordado por el tribunal. 2. Cuando se hubiera solicitado en la demanda de incapacitación el nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él, sobre esta cuestión se oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, a éste, si tuviera suficiente juicio, y a las demás personas que el tribunal considere oportuno. 3. Si la sentencia que decida sobre la incapacitación fuere apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de este artículo. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 141 Artículo 760. Sentencia 1. La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 763. 2. En el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, si el tribunal accede a la solicitud, la sentencia que declare la incapacitación o la prodigalidad nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él. 3. La sentencia que declare la prodigalidad determinará los actos que el pródigo no puede realizar sin el consentimiento de la persona que deba asistirle. Artículo 761. Reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la incapacitación 1. La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. 2. Corresponde formular la petición para iniciar el proceso a que se refiere el apartado anterior, a las personas mencionadas en el apartado 1 del art. 757, a las que ejercieren cargo tutelar o tuvieran bajo su guarda al incapacitado, al Ministerio Fiscal y al propio incapacitado. Si se hubiera privado al incapacitado de la capacidad para comparecer en juicio, deberá obtener expresa autorización judicial para actuar en el proceso por sí mismo. 3. En los procesos a que se refiere este artículo se practicarán de oficio las pruebas preceptivas a que se refiere el art. 759, tanto en la primera instancia como, en su caso, en la segunda. La sentencia que se dicte deberá pronunciarse sobre si procede o no dejar sin efecto la incapacitación, o sobre si deben o no modificarse la extensión y los límites de ésta. 142 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Artículo 762. Medidas cautelares 1. Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación. 2. El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, solicitar del tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior. Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación. 3. Como regla, las medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán previa audiencia de las personas afectadas. Para ello será de aplicación lo dispuesto en los arts. 734, 735 y 736 de esta Ley. Artículo 763. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. 1.- El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por si, aun que esté sometida a patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento. La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 143 3.- Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se haya efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por si mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las actuaciones la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el Art. 758 de la presente Ley. En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación. 4.- En la misma resolución que acuerde el internamiento, se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada, de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente. Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior. LEY ORGANICA 2/1986 DE 13 DE MARZO DE CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Art. 11. 1 «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 144 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Art. 53.1 «Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: 1) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.» LEY ORGANICA 1/1992 DE 21 DE FEBRERO SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Art. 21 «1.- Los Agentes de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, sólo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes. 3.- Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio, la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad» Nota: en estos casos las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden entrar en el domicilio sin necesidad de autorización judicial. No obstante la propia Ley de Seguridad ciudadana prevé un mecanismo de control judicial para estos casos: Añade el Art. 21 en su punto 4 «Cuando por las causa previstas en el presente artículo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio, remitirán sin dilación el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente» Nota: cuando se actúa en funciones de auxilio en caso de ingreso y traslado de un anciano, la policía no deberá redactar un atestado para el juzgado de guardia, sino un acta para el juzgado de 1ª instancia al que corresponda incoar el expediente de control del ingreso. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 145 CODIGO PENAL DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Art. 20. «Están exentos de responsabilidad criminal: 1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión... ...3.º El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad...». DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Art. 21. «Son circunstancias atenuantes: 1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en los respectivos casos... ...6.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.» Art. 25. «A los efectos de este Código se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma». 146 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SECCIÓN 1 De las medidas privativas de libertad Art. 101. «1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1.º del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo. 2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código». Art. 102. «1. A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 2.º del artículo 20 se les aplicará, si fuere necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituación público, o privado debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará ese límite máximo en la sentencia. 2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código». Art. 103. «1. A los que fueren declarados exentos de responsabilidad conforme al número 3.º del artículo 20, se les podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 147 de internamiento en un centro educativo especial o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado tercero del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto, el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo. 2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código. 3. En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 97 de éste Código deberá hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza». Art. 104. «1. En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. No obstante, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se observará lo dispuesto en el artículo 99. 2. Cuando se aplique una medida de internamiento de las previstas en el apartado anterior o en los artículos 101, 102 y 103, el juez o tribunal sentenciador comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la proximidad de su vencimiento, a efectos de lo previsto por la disposición adicional primera de este Código». SECCIÓN 2 De las medidas no privativas de libertad Art. 105. «En los casos previstos en los artículos 101 a 104, el juez o tribunal cuando imponga la medida privativa de libertad, o durante la ejecución de la misma, podrá acordar razonadamente la obligación de que el sometido a la medida observe una o varias de las siguientes medidas: 148 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 1. Por un tiempo no superior a cinco años: a) Sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter sociosanitario. b) Obligación de residir en un lugar determinado. c) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que se produzcan. d) Prohibición de acudir a determinados lugares o territorios, espectáculos deportivos o culturales, o de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas o de juego. e) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado. f) Sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo profesional, de educación sexual y otros similares. g) Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos. 2. Por un tiempo de hasta diez años: a) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. b) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas previstas en este artículo, el juez o tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad. El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración correspondiente informarán al juez o tribunal sentenciador». GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 149 Art. 106. «En los casos previstos en el artículo anterior, el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá que los servicios de asistencia social competentes presten la ayuda o atención que precise y legalmente le corresponda al sometido a medidas de seguridad no privativas de libertad». Art. 107. «El Juez o Tribunal podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por un tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20». Art. 108. «1. Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España. La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la medida de seguridad originariamente impuesta. 2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión. 3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será 150 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad». DELITOS DE LESIONES, DELITOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Art. 153. «1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. 3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado». GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 151 Art. 173. «1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores». 152 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores Art. 187. «1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en su mitad superior, y además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce años, los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. 3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades». Art. 188. «1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. 2. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior, y además la pena de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, a los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. 3. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al responsable la pena superior en grado a la que corresponda según los apartados anteriores. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 153 4. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.» Art. 189. «1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades. b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. 2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años. 3. Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Cuando se utilicen a niños menores de 13 años. b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. c) Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor económico del material pornográfico. d) Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que son víctimas de violencia física o sexual. 154 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA e) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. f) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho o de derecho, del menor o incapaz. 4. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año. 5. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o incapaz y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o incapaz, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. 6. El ministerio fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior. 7. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis meses a dos años el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare por cualquier medio material pornográfico en el que no habiendo sido utilizados directamente menores o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o modificada. 8. En los casos previstos en los apartados anteriores, se podrán imponer las medidas previstas en el artículo 129 de este Código cuando el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades». GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 155 RELATIVO A LA DENEGACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA Art. 196 «El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria, cuando de la denegación se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente (multa de tres a doce meses) en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES SECCIÓN 1 Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio Art. 223. «El que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o un incapaz, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro delito más grave». Art. 224. «El que indujere a un menor de edad o a un incapaz a que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o guardadores, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. En la misma pena incurrirá el progenitor que induzca a su hijo menor a infringir el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa». Art. 225. «Cuando el responsable de los delitos previstos en los dos artículos anteriores restituya al menor de edad o al incapaz a su domicilio o residencia, 156 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA o lo deposite en lugar conocido y seguro, sin haberle hecho objeto de vejaciones, sevicias o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual, el hecho será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, siempre y cuando el lugar de estancia del menor de edad o el incapaz haya sido comunicado a sus padres, tutores o guardadores, o la ausencia no hubiera sido superior a 24 horas». SECCIÓN 3 Del abandono de familia, menores o incapaces Art. 226. «1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. 2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años». Art. 227. «1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. 2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior. 3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas». GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 157 Art. 228. «Los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal». Art. 229. «1. El abandono de un menor de edad o un incapaz por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años. 2. Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años. 3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del incapaz, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave». Art. 230. «El abandono temporal de un menor de edad o de un incapaz será castigado, en sus respectivos casos, con las penas inferiores en grado a las previstas en el artículo anterior». Art. 231. «1. El que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de un incapaz, lo entregare a un tercero o a un establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad, en su defecto, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses. 2. Si con la entrega se hubiere puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del incapaz se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años». Art. 232. «1. Los que utilizaren o prestaren a menores de edad o incapaces para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. 158 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 2. Si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o incapaces, se empleare con ellos violencia o intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años». Art. 233. «1. El Juez o Tribunal, si lo estima oportuno en atención a las circunstancias del menor, podrá imponer a los responsables de los delitos previstos en los artículos 229 a 232 la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años. 2. Si el culpable ostentare la guarda del menor por su condición de funcionario público, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años. 3. En todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas pertinentes para la debida custodia y protección del menor». RELATIVO A LA DENEGACIÓN DE AUXILIO POR FUNCIONARIO PÚBLICO Art. 412.3 «La Autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo....para evitar un delito u otro mal, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años» DELITOS DE FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES Art. 440. «Los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto en el artículo anterior, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías, serán castigados con la pena de multa de doce a veinticuatro GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 159 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, por tiempo de tres a seis años». FALTA DE QUEBRANTAMIENTO DE RESOLUCIÓN JUDICIAL Art. 622. «Los padres que sin llegar a incurrir en delito contra las relaciones familiares o, en su caso, de desobediencia infringiesen el régimen de custodia de sus hijos menores establecido por la autoridad judicial o administrativa serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses». LEY 41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAPÍTULO I Patrimonio protegido de las personas con discapacidad Artículo 1. Objeto y régimen jurídico. 1. El objeto de esta ley es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad. 2. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad se regirá por lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicación tendrá carácter preferente sobre lo dispuesto para regular los efectos de la incapacitación en los títulos IX y X del libro I del Código Civil. Artículo 2. Beneficiarios. 1. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendrá como beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interés se constituya, que será su titular. 160 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 2. A los efectos de esta ley únicamente tendrán la consideración de personas con discapacidad: a) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento. b) Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento. 3. El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme. Artículo 3. Constitución. 1. Podrán constituir un patrimonio protegido: a) La propia persona con discapacidad beneficiaria del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar suficiente. b) Sus padres, tutores o curadores cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente. c) El guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica podrá constituir en beneficio de éste un patrimonio protegido con los bienes que sus padres o tutores le hubieran dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 306 del Código Civil. 2. Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con discapacidad o, en caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente, de sus padres, tutores o curadores, la constitución de un patrimonio protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados, suficiente para ese fin. En caso de negativa injustificada de los padres o tutores, el solicitante podrá acudir al fiscal, quien instará del juez lo que proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad. Si el juez autorizara la constitución del patrimonio protegido, la resolución judicial determinará el contenido a que se refiere el apartado siguiente de esta ley. El cargo de administrador no GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 161 podrá recaer, salvo justa causa, en el padre, tutor o curador que se hubiera negado injustificadamente a la constitución del patrimonio protegido. 3. El patrimonio protegido se constituirá en documento público, o por resolución judicial en el supuesto contemplado en el apartado anterior. Dicho documento público o resolución judicial tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: a) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el patrimonio protegido. b) La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización. Dicha determinación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta ley. c) Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la administración o conservación del mismo. Artículo 4. Aportaciones al patrimonio protegido. 1. Las aportaciones de bienes y derechos posteriores a la constitución del patrimonio protegido estarán sujetas a las mismas formalidades establecidas en el artículo anterior para su constitución. 2. Cualquier persona con interés legítimo, con el consentimiento de la persona con discapacidad, o de sus padres o tutores o curadores si no tuviera capacidad de obrar suficiente, podrá aportar bienes o derechos al patrimonio protegido. Estas aportaciones deberán realizarse siempre a título gratuito y no podrán someterse a término. En caso de que los padres, tutores o curadores negasen injustificadamente su consentimiento, la persona que hubiera ofrecido la aportación podrá acudir al fiscal, quien instará del juez lo que proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad. 3. Al hacer la aportación de un bien o derecho al patrimonio protegido, los aportantes podrán establecer el destino que deba darse a tales bienes o 162 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA derechos o, en su caso, a su equivalente, una vez extinguido el patrimonio protegido conforme al artículo 6, siempre que hubieran quedado bienes y derechos suficientes y sin más limitaciones que las establecidas en el Código Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables. Artículo 5. Administración. 1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario del mismo, su administración, cualquiera que sea la procedencia de los bienes y derechos que lo integren, se sujetará a las reglas establecidas en el documento público de constitución. 2. En los demás casos, las reglas de administración, establecidas en el documento público de constitución, deberán prever la obligatoriedad de autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los artículos 271 y 272 del Código Civil o, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas de derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior la autorización no es necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente. En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los bienes o derechos que integran el patrimonio protegido no siendo de aplicación lo establecido al efecto en el título XI del libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los constituyentes o el administrador podrán instar al Ministerio Fiscal que solicite del juez competente la excepción de la autorización judicial en determinados supuestos, en atención a la composición del patrimonio, las circunstancias personales de su beneficiario, las necesidades derivadas de su minusvalía la solvencia del administrador o cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza. 4. Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, así como sus frutos, rendimientos o productos, deberán destinarse a la satisfacción de las necesidades vitales de su beneficiario, o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 163 5. En ningún caso podrán ser administradores las personas o entidades que no puedan ser tutores, conforme a lo establecido en el Código Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables. 6. Cuando no se pudiera designar administrador conforme a las reglas establecidas en el documento público o resolución judicial de constitución, el juez competente proveerá lo que corresponda, a solicitud del Ministerio Fiscal. 7. El administrador del patrimonio protegido, cuando no sea el propio beneficiario del mismo, tendrá la condición de representante legal de éste para todos los actos de administración de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido, y no requerirá el concurso de los padres o tutor para su validez y eficacia. Artículo 6. Extinción. 1. El patrimonio protegido se extingue por la muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario o por dejar éste de tener la condición de persona con discapacidad de acuerdo con el artículo 2.2 de esta ley. 2. Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido por muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario, se entenderá comprendido en su herencia. Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido por dejar su beneficiario de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 2.2 de esta ley éste seguirá siendo titular de los bienes y derechos que lo integran, sujetándose a las normas generales del Código Civil o de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la finalidad que, en su caso, debiera darse a determinados bienes y derechos, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de esta ley. En el caso de que no pudiera darse a tales bienes y derechos la finalidad prevista por sus aportantes, se les dará otra, lo más análoga y conforme a la prevista por éstos, atendiendo, cuando proceda, a la naturaleza y valor de los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido y en proporción, en su caso, al valor de las diferentes aportaciones. 164 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Artículo 7. Supervisión. 1. La supervisión de la administración del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, quien instará del juez lo que proceda en beneficio de la persona con discapacidad, incluso la sustitución del administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza. El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido. 2. Cuando no sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del patrimonio o sus padres, el administrador del patrimonio protegido deberá rendir cuentas de su gestión al Ministerio Fiscal cuando lo determine éste y, en todo caso, anualmente, mediante la remisión de una relación de su gestión y un inventario de los bienes y derechos que lo formen, todo ello justificado documentalmente. El Ministerio Fiscal podrá requerir documentación adicional y solicitar cuantas aclaraciones estime pertinentes. 3. Como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de las funciones previstas en este artículo, se crea la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en la que participarán, en todo caso, representantes de la asociación de utilidad pública, más representativa en el ámbito estatal, de los diferentes tipos de discapacidad. La composición, funcionamiento y funciones de esta Comisión se determinarán reglamentariamente. Artículo 8. Constancia registral. 1. La representación legal a la que se refiere el artículo 5.7 de esta ley se hará constar en el Registro Civil. 2. Cuando el dominio de un bien inmueble o derecho real sobre el mismo se integre en un patrimonio protegido, se hará constar esta cualidad en la inscripción que se practique a favor de la persona con discapacidad en el Registro de la Propiedad correspondiente. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 165 La misma mención se hará en los restantes bienes que tengan el carácter de registrables. Si se trata de participaciones en fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva, acciones o participaciones en sociedades mercantiles que se integren en un patrimonio protegido, se notificará por el notario autorizante o por el juez, a la gestora de los mismos o a la sociedad, su nueva cualidad. 3. Cuando un bien o derecho deje de formar parte de un patrimonio protegido se podrá exigir por quien resulte ser su titular o tenga un interés legítimo la cancelación de las menciones a que se refiere el apartado anterior. LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. 2. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades Locales. 166 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Artículo 2. Definiciones. A efectos de la presente Ley, se entiende por: 1. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 2. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 3. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 4. Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. 5. Cuidados no profesionales: la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada. 6. Cuidados profesionales: los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro. 7. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 167 8. Tercer sector: organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales. Artículo 3. Principios de la Ley. Esta Ley se inspira en los siguientes principios: a) El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. b) La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en esta Ley. c) La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada. d) La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia. e) La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real. f) La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial la situación de quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades. g) El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental. h) La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible. i) La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida. j) La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. 168 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA k) La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en esta Ley. l) La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se establecen en la presente Ley y en las correspondientes normas de las Comunidades Autónomas y las aplicables a las Entidades Locales. m) La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. n) La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. ñ) La cooperación interadministrativa. o) La integración de las prestaciones establecidas en esta Ley en las redes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garantía de su oferta mediante centros y servicios públicos o privados concertados. p) La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. q) Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente. Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. 1. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma. 2. Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes: GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 169 a) A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad e intimidad. b) A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada relacionada con su situación de dependencia. c) A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la previa autorización, expresa y por escrito, de la persona en situación de dependencia o quien la represente. d) A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. e) A participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea a título individual o mediante asociación. f) A decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de pérdida de su capacidad de autogobierno. g) A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. h) Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios, garantizándose un proceso contradictorio. i) Al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales. j) A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que reconoce la presente Ley en el apartado 1 de este artículo. En el caso de los menores o personas incapacitadas judicialmente, estarán legitimadas para actuar en su nombre quienes ejerzan la patria potestad o quienes ostenten la representación legal. k) A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de esta Ley. l) A no sufrir discriminación por razón de orientación o identidad sexual. 170 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el párrafo anterior, sin más limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situación de dependencia. 4. Las personas en situación de dependencia y, en su caso, familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las Administraciones competentes, para la valoración de su grado y nivel de dependencia; a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, y a aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas; o a cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente. Las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, no estarán obligados a aportar información, datos o documentación que obren ya en poder de la Administración Pública que los solicite o que, de acuerdo con la legislación vigente, pueda ésta obtener por sus propios medios. Artículo 5. Titulares de derechos. 1. Son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley los españoles que cumplan los siguientes requisitos: a) Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. b) Para los menores de 3 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera. c) Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. 2. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/ 2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores que GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 171 carezcan de la nacionalidad española se estará a lo dispuesto en las Leyes del Menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales. 3. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España. 4. El Gobierno establecerá, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles retornados. TÍTULO I El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia CAPÍTULO II Prestaciones y Catálogo de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia Sección 1.ª Prestaciones del sistema Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de dependencia. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos: a) Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. b) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia. 1. Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por 172 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. 2. Los servicios del Catálogo del artículo 15 tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados. 3. De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios, en los Convenios a que se refiere el artícu≤lo 10 se incorporará la prestación económica vinculada establecida en el artículo 17. Esta prestación irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención al que se refiere el artícu≤lo 29, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia. 4. El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. 5. Las personas en situación de dependencia podrán recibir una prestación económica de asistencia personal en los términos del artículo 19. 6. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de prioridad señalado, tendrán derecho a la prestación económica prevista en el artículo 17 de esta Ley. 7. A los efectos de esta Ley, la capacidad económica se determinará, en la forma que reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en atención a la renta y el patrimonio del solicitante. En la consideración del patrimonio se tendrán en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio que se presta. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 173 Artículo 15. Catálogo de servicios. 1. El Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los términos que se especifican en este capítulo: a) Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. b) Servicio de Teleasistencia. c) Servicio de Ayuda a domicilio: (i) Atención de las necesidades del hogar. (ii) Cuidados personales. d) Servicio de Centro de Día y de Noche: (i) Centro de Día para mayores. (ii) Centro de Día para menores de 65 años. (iii) Centro de Día de atención especializada. (iv) Centro de Noche. e) Servicio de Atención Residencial: (i) Residencia de personas mayores en situación de dependencia. (ii) Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. 2. Los servicios establecidos en el apartado 1 se regulan sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Artículo 16. Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 1. Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red 174 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados. 2. Las Comunidades Autónomas establecerán el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados. En su incorporación a la red se tendrá en cuenta de manera especial los correspondientes al tercer sector. 3. Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente. 4. Los poderes públicos promoverán la colaboración solidaria de los ciudadanos con las personas en situación de dependencia, a través de la participación de las organizaciones de voluntarios y de las entidades del tercer sector. Sección 2.ª Prestaciones económicas Artículo 17. Prestación económica vinculada al servicio. 1. La prestación económica, que tendrá carácter periódico, se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administración General del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma. 2. Esta prestación económica de carácter personal estará, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio. 3. Las Administraciones Públicas competentes supervisarán, en todo caso, el destino y utilización de estas prestaciones al cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 175 Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. 1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares. 2. Previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en función del grado y nivel reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica. 3. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinen reglamentariamente. 4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso. Artículo 19. Prestación económica de asistencia personal. La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación. Artículo 20. Cuantía de las prestaciones económicas. La cuantía de las prestaciones económicas reguladas en los artículos de esta Sección se acordará por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto. 176 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Sección 3.ª Servicios de promoción de la autonomía personal y de atención y cuidado Artículo 21. Prevención de las situaciones de dependencia. Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. Con este fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia que elaboren las Comunidades Autónomas, con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores. Artículo 22. Servicio de Teleasistencia. 1. El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio. 2. Este servicio se prestará a las personas que no reciban servicios de atención residencial y así lo establezca su Programa Individual de Atención. Artículo 23. Servicio de Ayuda a Domicilio. El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función: a) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 177 Artículo 24. Servicio de Centro de Día y de Noche. 1. El servicio de Centro de Día o de Noche ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. 2. La tipología de centros incluirá Centros de Día para menores de 65 años, Centros de Día para mayores, Centros de Día de atención especializada por la especificidad de los cuidados que ofrecen y Centros de Noche, que se adecuarán a las peculiaridades y edades de las personas en situación de dependencia. Artículo 25. Servicio de Atención residencial. 1. El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario. 2. Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona. 3. La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 4. El servicio de atención residencial será prestado por las Administraciones Públicas en centros propios y concertados. CAPÍTULO III La dependencia y su valoración Artículo 26. Grados de dependencia. 1. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados: 178 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 2. Cada uno de los grados de dependencia establecidos en el apartado anterior se clasificarán en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requiere. 3. Los intervalos para la determinación de los grados y niveles se establecerán en el baremo al que se refiere el artículo siguiente. Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia. 1. Las Comunidades Autónomas determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial deberá acordar unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración de las Comunidades Autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público. 2. El grado y niveles de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 179 3. El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados y niveles de dependencia, y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso. 4. El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. 5. La valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas. CAPÍTULO IV Reconocimiento del derecho Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema. 1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, y su tramitación se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especificidades que resulten de la presente Ley. 2. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado. 3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado y nivel de dependencia. 180 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 4. En el supuesto de cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia. 5. Los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las características comunes del órgano y profesionales que procedan al reconocimiento serán acordados por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 6. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente Ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas. Artículo 29. Programa Individual de Atención. 1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un Programa Individual de Atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado y nivel, con la participación previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le represente. 2. El programa individual de atención será revisado: a) A instancia del interesado y de sus representantes legales. b) De oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las Comunidades Autónomas. c) Con motivo del cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma. Artículo 30. Revisión del grado o nivel de dependencia y de la prestación reconocida. 1. El grado o nivel de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas competentes, por alguna de las siguientes causas: GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 181 a) Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia. b) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. 2. Las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Ley. Artículo 31. Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad. La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta Ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Disposición adicional tercera. Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal. La Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas podrán, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias, establecer acuerdos específicos para la concesión de ayudas económicas con el fin de facilitar la autonomía personal. Estas ayudas tendrán la condición de subvención e irán destinadas: a) A apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria. b) A facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda. 182 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Disposición adicional sexta. Modificación del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se añade un nuevo apartado al artículo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legisla≤tivo 3/2004, de 5 de marzo, con el siguiente texto: «v) Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependencia.» Disposición adicional novena. Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de gran invalidez y de necesidad de ayuda de tercera persona. Quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona según el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, tendrán reconocido el requisito de encontrarse en situación de dependencia, en el grado y nivel que se disponga en el desarrollo reglamentario de esta Ley. LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. CAPÍTULO I Principios generales Artículo 1. Ámbito de aplicación La presente L EY tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los PACIENTES, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de AUTONOMÍA del PACIENTE y de información y documentación clínica. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 183 Artículo 2. Principios básicos 1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la AUTONOMÍA de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. 2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los PACIENTES o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el PACIENTE reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la LEY. 3. El PACIENTE o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 4. Todo PACIENTE o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la LEY. Su negativa al tratamiento constará por escrito. 5. Los PACIENTES o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria. 6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el PACIENTE. 7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida. Artículo 3. Las definiciones legales A efectos de esta LEY se entiende por: Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los PACIENTES y usuarios. 184 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Certificado médico: la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento. Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un PACIENTE, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial. Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un PACIENTE a lo largo del proceso asistencial. Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un PACIENTE , que especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. Intervención en el ámbito de la sanidad: toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación. Libre elección: la facultad del PACIENTE o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes, en cada caso. Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del PACIENTE o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 185 PACIENTE: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias. Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria. CAPÍTULO II El derecho de información sanitaria Artículo 4. Derecho a la información asistencial 1. Los PACIENTES tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la LEY. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al PACIENTE de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. 3. El médico responsable del PACIENTE le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle. Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial 1. El titular del derecho a la información es el PACIENTE. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el PACIENTE lo permita de manera expresa o tácita. 186 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 2. El PACIENTE será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. 3. Cuando el PACIENTE, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 4. El derecho a la información sanitaria de los PACIENTES puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al PACIENTE, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al PACIENTE por razones familiares o de hecho. Artículo 6. Derecho a la información epidemiológica Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la LEY. CAPÍTULO III Derecho a la intimidad Artículo 7. El derecho a la intimidad 1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la LEY. 2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los PACIENTES. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 187 CAPÍTULO IV El respeto de la AUTONOMÍA del PACIENTE Artículo 8. Consentimiento informado 1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un PACIENTE necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. 2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del PACIENTE. 3. El consentimiento escrito del PACIENTE será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos. 4. Todo PACIENTE o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud. 5. El PACIENTE puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación 1. La renuncia del PACIENTE a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio PACIENTE, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el PACIENTE manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. 188 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del PACIENTE, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la LEY. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la LEY Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. 3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: a) Cuando el PACIENTE no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el PACIENTE carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. b) Cuando el PACIENTE esté incapacitado legalmente. c) Cuando el PACIENTE menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. 4. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 189 establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. 5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del PACIENTE y con respeto a su dignidad personal. El PACIENTE participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito 1. El facultativo proporcionará al PACIENTE , antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente: a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad. b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del PACIENTE. c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención. d) Las contraindicaciones. 2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del PACIENTE. Artículo 11. Instrucciones previas 1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el 190 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. 2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito. 3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del PACIENTE quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. 4.Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito. 5.Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los PACIENTES y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 21. El alta del paciente 1. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa en las condiciones reguladas por la Ley. El hecho de no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias quedarán debidamente documentadas. 2. En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al PACIENTE y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisión. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 191 ANEXO III NORMATIVA BÁSICA Y RELACIONADA PARA FUNDACIONES TUTELARES EN ANDALUCÍA ɀ Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Código Civil en materia de tutela. ɀ R.D. 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades. BOE nº 115, de 1 de mayo de 1998. ɀ Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, BOJA nº 45 de 17 de Abril de 1999. ɀ Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. BOE nº 307, de 24 de diciembre de 2002 ɀ Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. BOE nº 310 de 27 de diciembre. ɀ Decreto 279/2003, de 7 de octubre, BOJA 228 de 26 de noviembre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento ɀ R. D. 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. BOE nº 254, de 23 de octubre de 2003. 192 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ɀ Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, BOE nº 277 de 19 de noviembre de 2003 ɀ R.D. 296/204, de 20 de febrero, pr el que se aprueba el régimen simplificado de la contabilidad. BOE nº 50, de 27 de febrero. Disposición adicional primera. ɀ Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 117 de 17 de junio de 2005 ɀ Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE nº 299, de 15 de diciembre de 2006. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 193 ANEXO IV DIRECTORIO DE ENTIDADES TUTELARES ANDALUZAS ALMERÍA INSTITUTO ALMERIENSE DE TUTELA (para todo tipo de personas con discapacidad). Iniciativa pública. Dependiente de la Diputación Provincial de Almería. C/ Navarro Rodrigo, 17 - bajo 04071 Almería Tel. 950 21 11 96 – Fax 950 21 15 64 e-mail: [email protected] ASOCIACIÓN ALMERIENSE TUTELA SIN LÍMITE (personas con discapacidad) Iniciativa privada C/ Reyes Católicos, 12 - 2º dcha. 04004 Almería Tel. 692 592 580 e-mail: [email protected] CÁDIZ ASOCIACIÓN AFANAS CADIZ (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada C/ José Cadalso, 4 194 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Barriada de la Paz Apartado de Correos 48 11004 Cádiz Tel. 956 25 04 84 – 956 25 12 10 Fax 956 25 10 84 Página Web http://afanascadiz.com e-mail [email protected] ASOCIACIÓN AFANAS EL PUERTO Y Bahía (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada P.I. Las Salinas – C/ Embalse, 37 11500 El Puerto de Santa María Tel. 956 54 34 33 – 956 54 35 49 Fax 956 54 34 10 Página Web www.afanas.com e-mail [email protected] ASOCIACIÓN AFANAS SAN FERNANDO (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada C/ Juan Sebastián Elcano, 35 11100 San Fernando Tel. 956 80 00 33 Fax 956 59 16 26 e-mail [email protected] ASOCIACIÓN AFANAS JEREZ (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada C/ Afanas, 6 Apartado de Correos 749 11405 Jerez de la Frontera Tel. 956 34 72 64 Página Web www.afanasjerez.com e-mail [email protected] GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 195 FUNDACION ASPRODEME (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada C/Cruz Verde, 71 11510 Puerto Real Tel. y Fax 956 83 13 76 e-mail: [email protected], [email protected] FUNDACION ASANSULL (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada C/ Duque de Tetuán, 17 11300 La Línea de la Concepción Tel. 956 76 02 79 Fax 956 64 30 59 e-mail [email protected] FUNDACION GADITANA DE TUTELA (todo tipo de personas con discapacidad). Iniciativa privada con participación de entidades públicas. C/ Chapinería, 4 - 1ª A 11403 Jerez de la Frontera Tel. y Fax 956 33 20 22 Página Web www.fundaciongaditanadetutela.com e-mail:[email protected] FUNDACIÓN ASPACE SUR JEREZ (personas con parálisis cerebral). Iniciativa privada Avda. Alcalde Alvaro Domecq, 18 - 4ºD 11405 Jerez de la Frontera Teléfono: 956 18 07 22 e-mail: [email protected] 196 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA CÓRDOBA FUNDACION CORDOBESA DE TUTELA (todo tipo de personas con discapacidad). Iniciativa privada con participación de entidades públicas. C/ Los Alderetes, 7 - 4º 14004 Córdoba Tel. 957 76 14 55 Fax 957 76 11 71 e-mail [email protected] FUNDACION PROMI (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada C / Fuente de las Piedras, s/n 14940 Cabra Teléfono 957 52 01 12 Fax 957 52 12 07 Página Web www.promi.es e-mail [email protected] GRANADA FUNDACION TUTELAR FUTURO (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada Avda. del Colmenar, s/n 18500 Guadix Tel. 958 66 06 00 – 958 66 04 06 e-mail ftfuturo@ wanadoo.es FUNDACION GRANADINA DE TUTELA (todo tipo de personas con discapacidad). Iniciativa privada con participación de entidades públicas. C/ Portón de Tejeiro, 6 - 6º A 18005 Granada Telf 958 08 37 59 e-mail: [email protected] GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 197 HUELVA FUNDACION ONUBENSE DE TUTELA (todo tipo de personas con discapacidad) (Pendiente de clasificar) Iniciativa privada con participación de entidades públicas. C/ Arqueólogo Garay de Anderage, 10 linea 4 21004 Huelva FUNDACION TUTELAR TAU Iniciativa privada C/ Puerto, 1 - 5º 21002 Huelva Tel. 959 26 20 71 JAÉN FUNDACION JIENNENSE DE TUTELA (todo tipo de personas con discapacidad). Iniciativa privada con participación de entidades públicas. C/ Federico Mendizábal, nº 1 - 4º 23001 Jaén Tel. 953 23 74 52 Fax 953 24 27 84 e-mail: [email protected] MÁLAGA TUTELAR FUNDASPANDEN (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada C/ Linda Vista, 13 Apartado de Correos 143 29670 S. Pedro de Alcántara Tel. 952 88 70 88 – 952 78 54 09Móvil 607 740 953 Fax 952 88 72 33 Página Web www.fundaspandem.org e-mail: [email protected] 198 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA FUNDACION MALAGUEÑA DE TUTELA (todo tipo de personas con discapacidad). Iniciativa privada con participación de entidades públicas. C/ Fresca, 2 – 1ºD 29005 Málaga Telf y Fax 952 60 77 02 e-mail: [email protected] SEVILLA FUNDACION TUTELAR TAU (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada Plaza Olímpia 15, entrada c/ Hockey nº 3 41020 Sevilla Tel. 954 56 32 31 Fax 954 50 01 09 Página Web www.fundaciontau.org e-mail: [email protected] FUNDACION TUTELAR NADIR (personas con enfermedad mental). Iniciativa privada C/ Manuel Halcón, 6ª. Acc. A 41018 Sevilla Tel. 954 41 89 98 Fax 954 53 13 03 e-mail: [email protected] FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES (FUNDEMA) (personas con demencia). Iniciativa privada C/ Arjona, 24 – Local 23-24 41.001 – SEVILLA 954 502804 Página Web www.foam.es e-mail: [email protected] GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 199 FUNDACION PADRE MIGUEL GARCÍA BLANCO (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada C/ San Juan de Dios, 10 41005 Sevilla Tel. 954 93 38 70 Fax 954 93 38 71 AGRUPACIÓN TUTELAR DE RETRASADOS MENTALES (personas con discapacidad intelectual). Iniciativa privada Avda. Montes Sierra, 1 41007 Sevilla Tel. 954 51 96 03 200 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 201 ANEXO V FORMULARIOS DEMANDA PROMOVIENDO INCAPACITACIÓN LA DECLARACIÓN DE AL JUZGADO D. N., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. A., vecino de , con domicilio según resulta de la copia auténtica de la escritura de poderes, que debidamente bastanteados y aceptados acompaño para su unión a los autos con devolución de aquélla, asistidos por el Letrado como mejor en derecho proceda, comparezco y digo: Que en la representación que ostento formulo DEMANDA DE JUICIO VERBAL PROMOVIENDO LA DECLARACIÓN DE INCAPACITACIÓN DE D. B., mayor de edad, de estado_..., de profesión_..., con domicilio en esta Ciudad, calle_..., núm._..., piso_...; D. B. es el padre (en su caso, se expresará *el cónyuge+, o el respectivo parentesco de descendiente, ascendiente o hermano entre el demandante y el presunto incapaz) de mi representado. Apoyo la demanda en los siguientes hechos y fundamentos de derecho. HECHOS 1.1_Mi mandante se halla activamente legitimado para promover la presente demanda, con arreglo al art. 757-1º de la LEC, por ser hijo (en su caso, se expresará *cónyuge+ o el parentesco de descendiente, ascendiente 202 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA o hermano entre el demandante y el presunto incapaz) de D. B. Así resulta de las certificaciones de las inscripciones literales de nacimiento del demandado y de mi representado, expedidas por el Registro Civil, que acompaño señaladas de documentos números_... y_... (en caso de haber sido promovida la demanda por el cónyuge, se expresará *así resulta de la certificación de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, que acompaño como documento núm._...+). 2.1_A pesar de la esmerada asistencia facultativa que se le ha prestado, el mencionado D. B. se encuentra aquejado de persistente enfermedad mental que le impide valerse y gobernarse por sí mismo en cuanto a su persona y bienes, incapacidad de obrar que de no ser legalmente subsanada podría irrogar graves perjuicios a la propia persona del enfermo, a sus intereses y a los de la sociedad en general. Según el certificado médico oficial suscrito en fecha_... por el Médico especialista psiquiatra que le asiste, D. S., se observan en D. B. períodos de depresión intensa con insomnios y estados de angustia, pérdida del impulso vital y de su interés por las cosas, aparte de la memoria cada vez peor, con debilidad mental constitutiva de un estado francamente demencial de carácter irreversible, hasta el punto de no considerarle capaz de resolver por sí mismo los problemas personales, familiares o económicos que pudiera tener. Se acompaña como documento núm._... el mencionado certificado médico. 3.1_Además de mi representado, se hace constar que los parientes más próximos de D. B. son los siguientes:_... (Se relacionarán éstos, con expresión de sus circunstancias personales y domicilios.) (En su caso, se expresará: *3.1 Aparte de mi representado, no existe pariente próximo alguno de D. B.+) 4.1 (En caso de proceder Rehabilitación de patria potestad) El demandado convive en el mismo domicilio de sus padres como se prueba por el certificado de convivencia que adjuntamos. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 203 A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- La competencia para conocer de la presente demanda corresponde al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que el presunto incapacitado tiene su residencia, por aplicación del art. 756 de la Ley de Enjuiciamiento civil. II.- Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma (art._200 del C. civil). III.- Se ejercita en esta demanda la acción de incapacitación, por causa prevista en el citado artículo del C. civil, debiendo ser tramitada con arreglo a las normas del juicio declarativo verbal segun establece el articulo 748-1º y 753 de la LEC IV.- Sin prejuzgar el resultado del dictamen pericial psiquiátrico a practicar en momento procesal oportuno, ha de tenerse presente la moderna doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, pues según la Sentencia de 10 de febrero de 1986, Aranzadi núm._540, aunque la enfermedad mental tenga su manifestación en fases cíclicas, ello no es obstáculo para que conforme al art._200 del C. civil, la causa de incapacitación no haya de considerarse como de carácter persistente a efectos de este precepto legal, pues su persistencia equivale a permanencia firme y constante, con independencia de su mayor o menor intensidad periódica. V.-En los procesos de incapacitación será siempre necesaria la intervención del Ministerio Fiscal, que si no hubiere promovido el procedimiento será Defensor del presunto incapaz tal como establece el articulo 758 de la LEC. En su virtud. SUPLICO AL JUZGADO: Que por presentado este escrito con los documentos acompañados y sus copias, se sirva admitirlos y teniendo por comparecido y parte al suscrito Procurador en la representación que acredita, haber por formulada demanda de juicio de menor cuantía en solicitud de la 204 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA incapacitación de D. B.; y con la intervención como Defensor del Ministerio Fiscal, previos los trámites legales, dictar sentencia en la que estimando la demanda se declare la incapacitación total de D. B., tanto para el gobierno de su persona como para regir y administrar sus bienes, así como se determine el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado. OTROSÍ DIGO: Para la adecuada protección del incapaz y de su patrimonio, conforme autoriza el art. 762 de la LEC y por ser necesarias, pido se adopten, con carácter cautelar o asegurativo, las medidas que a continuación se expresan:_... (Se indicarán éstas bien sea internamiento o patrimoniales, teniendo en cuenta los articulos 42.5 y 2.4 de la Ley Hipotecaria.) Por todo ello, SUPLICO AL JUZGADO: Que a instancia de esta parte se sirva disponer la adopción de dichas medidas, expidiendo al efecto los oportunos despachos. (En su caso, de no haber medidas de esta clase a adoptar, se prescindirá de insertar en la demanda este otrosí.) OTROSI DIGO: Que de acuerdo con lo establecido en articulo 759-2º de la LEC, y previa practica de las pruebas pertinentes, interesa se nombre en la sentencia, en su caso, tutor o curador del demandado en la persona de Es justicia que pido, en L y F. Abog. Proc. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 205 CARTA INICIO DE INCAPACIDAD DIRIGIDA AL MINISTERIO FISCAL Estimados Sres.: Les escribo con el fin de poner en su conocimiento la situación de mi1 ………………................................................................................................... llamado ......................................................................................................... con DNI nº .................................................................................................... nacido en ..................................................................................................... el día ............................................................................................................. vecino de ...................................................................................................... con domicilio en .......................................................................................... de estado civil ............................................................................................. que se encuentra aquejado de una2 ............................................................. que pienso le impide hacer una vida normal y gobernarse por sí mismo/a. En el caso de poder, según la Ley, instar su incapacidad y posterior tutela, les pido que lo hagan ustedes renunciando a hacerlo por mi mismo/a. Los parientes más cercanos del presunto incapaz son los expuestos en lista adjunta3, siendo la persona que habitualmente se ocupa de las gestiones y administración del presunto incapaz: D./ª4 ............................................................................................................... con DNI nº .................................................................................................... vecino de ...................................................................................................... con domicilio .............................................................................................. 206 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Adjuntamos la siguiente documentación: 1. Partida literal de nacimiento del presunto incapaz. 2. Certificado médico del mismo. 3. Certificado municipal de convivencia, si el presunto incapaz vive con sus padres. 4. Lista de parientes próximos, con sus respectivos domicilios. 5. Fotocopia del DNI del presunto incapaz y de la persona que se vaya a hacer cargo de él. Sin nada más, me despido con un saludo, en de ,a de 2.00 . Fdo.: Teléfono de contacto: ENVIAR A: SRES. FISCALES DE LA SECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA FISCALÍA DE LA A.P DE JAÉN. C/ Arquitecto Berges, 16 (Palacio de Justicia) Planta 2ª 23071 Jaén. Teléfono 953012775. 1. Hermano, Cónyuge, Padre, Hijo... 2. Poner aquí la enfermedad que padece 3. Incluir lista con nombre y domicilio de los padres, hijos, cónyuge y hermanos vivos del presunto incapaz. 4. Poner aquí a la persona que se ocupa habitualmente del presunto incapaz. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 207 INVENTARIO DE BIENES A: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº .... DE JAÉN. DE: FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ASUNTO: INVENTARIO DE BIENES. PROCEDIMIENTO: JURISDICCION VOLUNTARIA / CONTRA: DON ................................................. La Fundación Jiennense de Tutela, actuando en calidad de tutora desde el .. de ...................... de 2....., fecha de aceptación de cargo tutelar, según consta en Autos de Jurisdicción Voluntaria ...../.., seguidos ante el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos, de DON ................................................., provisto de D.N.I. ............................, declarado incapaz por sentencia, de fecha .... de ................ de ................., dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº ... de Jaén, viene a presentar inventario de bienes de su tutelado. 1.- IDENTIFICACIÓN 1.1.- Tutor: Nombre: Fundación Jiennense de Tutela Domicilio: C/ Federico Mendizábal, 1 - 4.º Localidad: Jaén C. P.: 23001 Provincia: Jaén Teléfono: 953 237 452. Fax: 953 242 780 208 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 1.2.- Tutelado/a: Nombre y Apellidos: ............................................................................... N.I.F.: ...................................................................................................... Domicilio: ................................................................................................ Localidad: Jaén. C.P.: 23.00. Provincia: Jaén Teléfono: .................................................................................................. 2.- INGRESOS: 2.1.- Pensiones: ...... percibe mensualmente de la Seguridad Social una pensión de orfandad absoluta y una prestación familiar por hijo a cargo que para el año 2005 suponen los siguientes ingresos: Cuantía mensual: Orfandad Absoluta: 458. 82 Euros (con dos pagas extraordinarias) Protección Familiar: 285.64 Euros. Cuantía anual (incluidas en su caso las pagas extraordinarias): 6423.48+3427.68 = 9851.16 Euros /año 2.2.- Otros ingresos líquidos: 0 Total líquido a percibir: 9851.16 Euros. DINERO EN CUENTA CORRIENTE: ..... es titular de una cuenta corriente en la entidad .................... , oficina de..................................... de Jaén , que responde a los siguientes dígitos ......................................, en la que a fecha de .. de ................. de 200.. existe un saldo de 1995.45 Euros. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 209 Igualmente existe una cuenta bancaria de ............................, nº ............................., de la que es titular el antiguo tutor en la que existe un saldo de 12.000 Euros y que según consta en la rendición de cuentas presentada por éste en su punto 2.2, es el resultado de la labor de ahorro que ha hecho durante el ejercicio de su cargo. 2.3.- Capital mobiliario No consta a esta Fundación. 2.4.- Capital inmobiliario ........ es usufructuario vitalicio de la vivienda en la que reside , sita en C/ ..........................................................de Jaén, según testamento otorgado por su madre, Doña ....................................., el día .. de .......... de .................., ante el Notario Don ................................... , numero .............................. de su protocolo. 3.- GASTOS 3.1.- Vivienda: La luz, agua , contribución y seguro de la vivienda corren a cargo de ....................................... y a día de hoy no existe ninguna deuda por estos conceptos. Todos estos gastos se cargan en la cuenta que tiene abierta ................... en la Entidad ................. a la que ya se ha hecho referencia. 3.2.- Por internamiento en centro residencial: ................... 3.3.- Por gastos personales: Todos los gastos personales (ropa, aseo limpieza, calzado, etc... así como el mantenimiento de la casa se sufragan con sus pensiones y han venido siendo gestionados por sus hermanos. Igualmente abona, mensualmente, con cargo a la cuenta de ................ , un seguro de defunción suscrito con .................... Actualmente esta Fundación se encuentra tramitando el ingreso de ....... en una Residencia ya que no podemos atender a su cuidado personal . No 210 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA obstante se cuenta con el compromiso de la familia de continuar con la atención de nuestro tutelado hasta que dicho ingreso se haga efectivo, no descartando la posibilidad de que si dicho ingreso tardara en producirse o no se produjera recurrir a los Servicios Sociales para dicho cuidado. 3.4.- Deudas : La única deuda que consta a esta Fundación es la que nuestro tutelado tiene con la Tesorería General de la Seguridad Social ya que fue expedientado por cobro indebido de dos pensiones incompatibles entre si teniendo conocimiento por el anterior tutor que un principio dicho expediente quedó retenido por insolvencia del expedientado. La Fundación en relación con este tema está tratando de clarificar la situación y puestos al habla con los organismos competentes, estamos a la espera de poder saber si dicha deuda pudiera haber prescrito o, en caso contrario, procurar la obtención de un certificado de crédito incobrable. Cualquier otra deuda de cuya existencia tengamos conocimiento con posterioridad a la elaboración del presente inventario será abonada y consignada en la rendición de cuentas anual a la que venimos obligados por imperativo del art. 269.4 del C. C. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 1) Certificado de pensiones (orfandad y protección familiar) 2) Fotocopia actualizada de la cartilla ( actualizada a fecha .. de .................. de 200..). 3) Fotocopia del testamento de Doña ......................................... 4) Documentación acreditativa de estar al corriente del pago de luz, agua, IBI, seguro de la casa y defunción. 5) Fotocopia de la cartilla designada en el punto 2.2 de la rendición de cuentas del antiguo tutor. 6) Documentación acreditativa de gestiones realizadas a fin de esclarecer la deuda con la seguridad social. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 211 Toda la documentación mencionada se acompaña en fotocopia, por sernos la original necesaria para otros usos, no obstante, y si por el Juzgado se considerase necesario, aportaríamos los originales, para que una vez testimoniados nos sean devueltos. Presentado en Jaén a .............. de ................. de 200... Fdo. ................................................ LETRADO DE LA FJT Col. ........ 212 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESCRITO PIDIENDO PRÓRROGA DEL PLAZO PARA HACER EL INVENTARIO DE LOS BIENES DEL TUTELADO AL JUZGADO (Poner nombre del tutor), con domicilio en (poner domicilio del tutor) provisto del Documento Nacional de Identidad número (DNI tutor), en el expediente de jurisdicción voluntaria sobre constitución de la tutela de (poner nombre del incapacitado tutelado), número (número y año del expediente judicial) del Juzgado de 1ª instancia número.... de los de ... como mejor en derecho proceda, digo: Que (motivos para pedir la prorroga) SUPLICO AL JUZGADO: Que presentado este escrito y concurriendo causa justificada para ello, se sirva acordar la prórroga por el máximo legal del plazo que inicialmente se señaló para hacer el inventario de los bienes del tutelado. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 213 ESCRITO INFORMANDO SOBRE LA SITUACIÓN DEL INCAPACITADO Y PRESENTANDO RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA TUTELA A: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº .... DE JAÉN. DE: FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ASUNTO: RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS. PROCEDIMIENTO: JURISDICCION VOLUNTARIA / CONTRA: DON .......................................................................... La Fundación Jiennense de Tutela, actuando en calidad de tutora desde el .. de ...................... de 2....., fecha de aceptación de cargo tutelar, según consta en Autos de Jurisdicción Voluntaria ...../.., seguidos ante el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos, de DON .........................................., provisto de D.N.I. ............................, declarado incapaz por sentencia, de fecha .... de ................ de ................., dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº ... de Jaén, viene a presentar, conforme previene el artículo 269 apartado 4º del Código Civil, rendición de cuentas anual respecto de la administración de los bienes de su tutelado. 1.- IDENTIFICACIÓN 1.1.- Tutor: Nombre: Fundación Jiennense de Tutela Domicilio: C/ Federico Mendizábal, 1 - 4.º Localidad: Jaén C. P. : 23001 Provincia: Jaén Teléfono: 953 237 452. Fax: 953 242 780 214 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 1.2.- Tutelado/a: Nombre y Apellidos:................................................................................ N.I.F.: ...................................................................................................... Domicilio: ................................................................................................ Localidad: ............................................................................................... C.P.: 23.................. Provincia: Jaén Teléfono: ..................................... 2.- INGRESOS: 2.1.- Pensiones: ........... percibe mensualmente de la Seguridad Social una pensión de orfandad absoluta y una prestación familiar por hijo a cargo que para el año 2006 suponen los siguientes ingresos: Cuantía mensual: Orfandad Absoluta: 488,40 Euros (con dos pagas extraordinarias) Cuantía mensual: Protección Familiar: 301,55 Euros. Cuantía anual: 6.837,60 + 3.618,60 = 10.456,20 Euros /año 2.2.- Otros ingresos líquidos: 0 Total líquido a percibir: 10.456,20 Euros. Tanto la pensión de orfandad como la prestación familiar han permanecido domiciliadas en la cuenta de .............. que más adelante se dirá hasta principios del año 2.006, dado el acuerdo existente entre esta Fundación y ................ (hermano de .............) para la gestión de sus ingresos. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 215 DINERO EN CUENTA CORRIENTE: ........... es titular de una cuenta corriente junto con sus hermanos ..........................., ................ y ............., así como con una cuñada ................................ en la entidad ..........., oficina de .....................................................de Jaén, que responde a los siguientes dígitos.................................................., en la que a fecha de .... de............ de 200.. existe un saldo de 1.813,96 Euros. A instancia de esta Fundación ...... tiene abierta una cuenta de ahorro en.........................., con los siguientes dígitos.................................., con un saldo a fecha ......................... de 1.175,46 Euros. Para el abono de las pensiones esta Fundación solicitó al I.N.S.S. en su momento el cambio de domiciliación para su ingreso en esta cuenta, por lo que comprobado que los ingresos se realizan con regularidad en la misma, la Fundación se ha hecho cargo del pago de la plaza residencial y gastos personales. Igualmente existe una cuenta bancaria de......................................., nº...................................., de la que es titular el antiguo tutor en la que existe un saldo de 12.000 Euros según ingreso de fecha ............y que según consta en la rendición de cuentas presentada por éste en su punto 2.2, es el resultado de la labor de ahorro que ha hecho durante el ejercicio de su cargo. 2.3.- Capital mobiliario No consta a esta Fundación. 2.4.- Capital inmobiliario ..................... es usufructuario vitalicio de la vivienda sita en C/ .............................................., ... de Jaén, según testamento otorgado por su madre, Doña........................................, el día ... de .... de ....., ante el Notario Don ..................................................... , numero ......................de su protocolo. 216 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 3.- GASTOS 3.1.- Vivienda: La luz, agua , contribución y seguro de la vivienda corren a cargo de ...................................y a día de hoy no existe ninguna deuda por estos conceptos de que se tenga conocimiento. Todos estos gastos se cargan en la cuenta que tiene abierta ...... en la Entidad ................ a la que ya se ha hecho referencia. 3.2.- Por internamiento en centro residencial: Actualmente D. ..................................................................reside en la Residencia de Mayores ............................................de .................. (Jaén), desde el día .... de .................. de 2.00.., ocupando plaza concertada con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Mensualmente, como se recoge en el Contrato de Ingreso, se realiza el pago parcial de su plaza, cuyo coste es del 75% de sus ingresos líquidos mensuales, cuyo abono se efectúa mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad de la residencia para tal fin. Siendo su hermano .................... quien se ha ocupado del pago de su plaza, así como de cubrir sus gastos personales, por lo que no se dispone de los justificantes de dichos pagos, estando al corriente de los mismos. Adjuntamos certificado de la residencia, así como copia del contrato de ingreso en centro, actualmente en vigor, de fecha ... de ........... de 200.., en la que se hace constar la cantidad que ha de aportar mensualmente como coste de la plaza es del 75% de su pensión, aportación que será revisada anualmente en función del incremento del I.P.C. del mes de diciembre. Asimismo se acompaña orden de transferencia de fecha ................ relativa a la prestación de orfandad y prestación familiar de ...................... de 2.00.. por importe de 1.281,45 Euros con cargo de la cuenta de .................... y a favor de la cuenta de .................., donde hasta principios del 2.00.. había permanecido la orden de transferencia para el pago de la pensión. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 217 3.3.- Por gastos personales: Todos los gastos personales (ropa, aseo limpieza, calzado, etc...) así como el mantenimiento de la casa se sufragan con sus pensiones y han venido siendo gestionados por su hermano. Consta que esta Fundación con fecha ....................... ha realizado giro postal a favor de la Dirección de la Residencia........................................., con objeto de pago de sus gastos personales por importe de 200 Euros y con unos gastos de envío de 2,93 Euros. Con carácter previo a dicho envío según se refiere en los movimientos de la cuenta de .................. se realizó un reintegro por importe de 210 Euros para cubrir dicha remisión de fondos, con lo que queda un depósito en Caja descontando ambos importes de 7,07 Euros a favor de nuestro tutelado. Igualmente abona, mensualmente, con cargo a la cuenta de ..................., un seguro de defunción suscrito con ................... 3.3.- Deudas : La única deuda que constaba a esta Fundación era la que nuestro tutelado tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social ya que fue expedientado por cobro indebido de dos pensiones incompatibles entre si teniendo conocimiento por el anterior tutor que un principio dicho expediente quedó retenido por insolvencia del expedientado. No obstante y como se informaba en nuestro escrito de ampliación de inventario de bienes de fecha......................, se obtuvo por esta Fundación un Certificado de crédito incobrable emitido por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con fecha ................... Cualquier otra deuda de cuya existencia tengamos conocimiento con posterioridad a la elaboración del presente inventario será abonada y consignada en la rendición de cuentas anual a la que venimos obligados por imperativo del art. 269.4 del C. C. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 1. Certificado de la Dirección de la Residencia de Mayores .................................. y Contrato de ingreso en centro (documentos nº 1 y 2). 218 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 2. Listado de titulares, relación de domiciliaciones, transferencias periódicas, saldo y extracto de movimientos de cuenta actualizados a fecha ................. de la cuenta de ..................(documentos nº 3, 4, 5, 6 y 7 respectivamente). 3. Movimientos de cuenta de ahorro de .............. (documento nº 8). 4. Justificante de orden de transferencia de ............. (documento nº 9). 5. Documentación acreditativa de estar al corriente del pago de luz, así como petición de información al Ayuntamiento de Jaén sobre situación tributaria o débitos pendientes respecto del IBI (documentos nº 10 y 11). 6. Resguardo de giro postal para gastos personales a favor de la Residencia .................................. Toda la documentación mencionada se acompaña en fotocopia, por sernos la original necesaria para otros usos, no obstante, y si por el Juzgado se considerase necesario, aportaríamos los originales, para que una vez testimoniados nos sean devueltos. Presentado en Jaén a .... de .................. de 200... Fdo. ............................. LETRADO DE LA FJT - Col. ............. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 219 ESCRITO ALEGANDO EXCUSA PARA SER TUTOR AL JUZGADO (Poner nombre del tutor), con domicilio en (poner domicilio del tutor) provisto del Documento Nacional de Identidad número (DNI tutor), en el expediente de jurisdicción voluntaria sobre constitución de la tutela de (poner nombre del incapacitado tutelado), número (número y año del expediente judicial) del Juzgado de 1ª instancia número.... de los de ... como mejor en derecho proceda, digo: Que nombrado tutor de dicho incapaz por auto de fecha..., conforme autoriza al interesado el artículo 251 del Código Civil y dentro del plazo a que se refiere el artículo 252 del mismo, el firmante se ve obligado a formular ALEGACIÓN DE EXCUSA, con arreglo a las razones que a continuación se expresan: (Añadir aquí las razones y la persona que pudiera hacerse cargo de la tutela) SUPLICO AL JUZGADO: Que presentado este escrito y el documento que se acompaña, previos los trámites legales, se sirva admitir la excusa alegada. 220 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESCRITO SOLICITANDO SE FIJE UNA RETRIBUCIÓN POR EL EJERCICIO DE LA TUTELA Juzgado de Primera Instancia nº Expte. de Jurisdicción Voluntaria sobre Constitución de Tutela nº ó Incapacitación nº AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº DE LA FUNDACION JIENNENSE DE TUTELA, C.I.F. G 23464126, con sede social en C/. Federico Mendizábal, 1 - 4.º de Jaén, en el expediente ……………………… nº …./…., interviniendo en calidad de tutora del incapaz D/Dª……………………………………….., ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO: Que con fecha ……………….. se dictó Auto núm…… (ó Sentencia núm…), de fecha ……… por el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos, en virtud del cual conforme a lo previsto en el artículo 242 del Código Civil, se nombra a esta Fundación tutora del/la incapaz arriba referenciado/a, procediéndose a la aceptación del cargo a presencia judicial mediante (comparecencia /exhorto) de fecha …………………………….. Que permitiéndolo el patrimonio de nuestro/a tutelado/a y tomando en consideración el valor y la rentabilidad de los bienes, así como la complejidad de la administración y el trabajo a realizar respecto de la tutela del Sr/a ………………………………….., se interesa se conceda a esta Fundación la retribución del tutor que determina el artículo 274 del Código Civil, solicitando se fije en el veinte por ciento (20 %) de sus ingresos netos (o rendimiento líquido de sus bienes) con carácter anual. En su virtud, SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, se se sirva admitirlo y acuerde conforme se interesa en el mismo. Es de Justicia que solicito y espero en ……….., a …………………………. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 221 ESCRITO PIDIENDO AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA ENTABLAR DEMANDA EN NOMBRE DEL TUTELADO (Poner nombre del tutor), con domicilio en (poner domicilio del tutor) provisto del Documento Nacional de Identidad número (DNI tutor), en el expediente de jurisdicción voluntaria sobre constitución de la tutela de (poner nombre del incapacitado tutelado), número (número y año del expediente judicial) del Juzgado de 1ª instancia número.... de los de ... como mejor en derecho proceda, digo: Que en la diligencia judicial de inventario de los bienes del tutelado figura incluido en el activo patrimonial un crédito a su favor por el total importe de xxx euros, dimanante del préstamo que XXX había hecho a YYY, según resulta de la escritura de fecha xxx, autorizada por el Notario de Xxx, Don XXX, núm. xx de su protocolo. Después del fallecimiento de XX y constituida la tutela de su hijo XX , el mencionado acreedor continuó atendiendo el pago de los vencimientos periódicos según se había obligado, que vino satisfaciendo a mis representados en su calidad de tutores del incapacitado, hasta llegar a los plazos que debía abonar en fechas xxx y xxx, que no ha pagado. Como resulta del pacto x de la expresada escritura, se establece que « si el prestatario dejara de atender el pago de dos de los vencimientos estipulados, en sus respectivas fechas, por este hecho se reputará vencido el remanente que entonces adeude al prestamista, que tendrá derecho a reclamarlo en su totalidad, así como los intereses pactados». Hasta el momento han resultado infructuosas cuantas gestiones se han realizado para lograr el cobro, lo que impone a mis mandantes, en representación legal del tutelado y cumpliendo su deber de velar por él, la necesidad de ejercitar las correspondientes acciones contra el deudor. Invocando el artículo 272, núm.3-1º, del Código Civil, así como los demás fundamentos legales aplicables, 222 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA SUPLICO AL JUZGADO: Que presentado este escrito se sirva admitirlo y, previos los oportunos trámites, conceder a XXX, como tutor y en representación legal de XXX, autorización judicial para entablar demanda de juicio (en su caso, se expresará la clase de juicio de que se trate) contra YYY, en reclamación de la cantidad de xxx euros que adeuda por incumplimiento del contrato de préstamo de fecha xx, según la escritura antes indicada. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 223 ESCRITO SOLICITANDO ENAJENACIÓN DE BIENES DE INCAPACES AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA (Poner nombre del tutor), con domicilio en (poner domicilio del tutor) provisto del Documento Nacional de Identidad número (DNI tutor), en el expediente de jurisdicción voluntaria sobre constitución de la tutela de ( poner nombre del incapacitado tutelado), número (número y año del expediente judicial) del Juzgado de 1ª instancia número.... de los de ... como mejor en derecho proceda, digo: Que mediante el presente escrito, promuevo expediente de jurisdicción voluntaria, en solicitud de AUTORIZACION JUDICIAL PARA LA ENAJENACION DE BIENES propiedad de mi tutelado XXX, en base a los siguientes: HECHOS PRIMERO.- El promotor del expediente fue nombrado tutor por sentencia (en su caso, auto) de fecha xxx del Juzgado de 1ª instancia número x de los de XXX en que fue incapacitado XXX ( en su caso, incapacitado por sentencia de fecha xxx del Juzgado...) , lo que se acredita por las fotocopia/s que se acompaña/n como documento/s número uno y dos. SEGUNDO.- El incapacitado es propietario de los siguientes bienes: 1.º «Mitad indivisa de la siguiente finca: Número dos. Casa sita en esta ciudad, calle Málaga número 19, enclavada sobre solar de cien metros cuadrados, que fue segregado de la finca «Mar». Consta de planta baja con una cocina, estar-comedor y aseo y una planta alta con un aseo y tres dormitorios. Tiene una superficie de ciento diez metros cuadrados, distribuidos en setenta metros cuadrados para la planta baja y cuarenta metros para la planta alta. Inscripción. En el Registro de la Propiedad de Málaga, al tomo, folio , finca número , inscripción » 2.º «CUARTA parte indivisa de la siguiente finca: Urbana. Número veintisiete. Vivienda tipo B, en la planta cuarta, con acceso por el núcleo central, del edificio «Residencial Málaga», sito en la Urbanización Pleamar, de Málaga, parcela 123. Consta de vestíbulo, estar-comedor, dos dormitorios, 224 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA cuarto de baño y cocina. Ocupa una extensión superficial construida de ochenta y siete metros y doce decímetros cuadrados. Inscripción. En el Registro de la Propiedad de Málaga, al tomo , folio , finca número , inscripción » TERCERO.-Habida cuenta del gran gasto que supone la atención del incapacitado y la baja productividad de los bienes indicados, se hace preciso adoptar medidas que permitan la obtención de los ingresos necesarios para atender las necesidades del mismo, entre las cuales figura la venta del inmueble descrito en segundo lugar en el hecho anterior, ya que por otra parte, al no generar éste ningún tipo de ingresos y sí por el contrario numerosos gastos de conservación, gastos comunitarios e impuestos, su mantenimiento es prácticamente inviable. A efectos de prueba se adjunta como documento número xxx copia de la pensión que recibe el incapacitado y como documento número cinco, diversas facturas generadas por el inmueble que se pretende enajenar CUARTO.-Por todo lo anterior, conforme a lo preceptuado en el artículo 271-2º del Código Civil, en relación con los artículos 2011 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se formula el presente expediente en solicitud de la previa y necesaria autorización judicial para la venta del citado inmueble, descrito en segundo lugar en el hecho tercero de esta solicitud, propiedad del incapacitado, haciéndose constar expresamente, a los efectos del número 2 del artículo 2012 de la LEC, que la cantidad obtenida con la venta del mismo se ingresará en una entidad bancaria o se invertirá en obligaciones o depósitos de renta fija, o fondos de inversión vinculados al Tesoro Público, para con los intereses obtenidos sufragar en parte los gastos originados por la asistencia al incapaz. FUNDAMENTOS DE DERECHO COMPETENCIA.- Que es competente el Tribunal al que tenemos el honor de dirigirnos por ser el de 1ª instancia del domicilio del tutelado de acuerdo con lo establecido en los artículos 45 y 52-5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. LEGITIMACION.-Está legitimada activamente el promotor del expediente conforme a lo establecido en el artículo 2012-1º-a) de la LEC de 1881, GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 225 declarado vigente por la Disposición Derogatoria única 1-1º de la Ley 1/ 2000, ya que ostenta la patria potestad de los menores. De acuerdo con el apartado 4.º del citado artículo, deberá de ser oído el Ministerio Fiscal. PROCEDIMIENTO.-El procedimiento a seguir viene regulado en los artículos 2011 y siguientes de la LEC de 1881, declarado vigente por la Disposición Derogatoria única 1-1º de la Ley 1/2000, sin que sea necesario acudir a la venta en pública subasta, habida cuenta de la excepción establecida en el artículo 2015 de 1881, declarado vigente por la Disposición Derogatoria única 1-1º de la Ley 1/2000, para los supuestos en que las ventas son hechas por el padre o la madre con patria potestad. DERECHO SUSTANTIVO.-Conforme al artículo 271-2º del Código Civil los tutores necesitaran autorización judicial para «enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción». Por lo expuesto, SUPLICO AL JUZGADO: Que habiendo por presentado este escrito y documentos que lo acompañan, se sirva admitirlos, tener por instado expediente de jurisdicción voluntaria, y previos los trámites legales, con intervención del Ministerio Fiscal, se dicte auto autorizando la venta de la vivienda propiedad del incapacitado descrita en este escrito, y firme dicha resolución, acuerde la expedición y entrega a esta parte de un testimonio de la misma, así como el desglose de los documentos presentados. PRIMER OTROSI DIGO: Que para justificar la necesidad o utilidad de la enajenación, y conforme a lo acordado en el artículo 2013 de la LEC de 1881, declarado vigente por la Disposición Derogatoria única 1-1º de la Ley 1/2000, ofrezco información testifical de don , don y doña , mayores de edad, con domicilio el primero en y los últimos en que comparecerán a presencia judicial en calidad de testigos para adverar tal extremo, sin que sea necesaria su citación judicial, ya que comparecerán voluntariamente en la fecha que se acuerde. 226 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por hecha la anterior manifestación, admitiendo la información testifical ofrecida, señalando día y hora para su práctica. Por ser justicia que pido en (lugar y fecha). Otrosí a añadir sólo en el caso de que el peticionario sea el tutor del incapaz y no sea padre del mismo.OTROSÍ.- Que, a pesar de lo establecido en el artículo 2015 y siguientes de la LEC de 1881 todavía vigente, instamos del Juzgado se nos exima de la realización de la venta en pública subasta por entender que esto iría en contra de los intereses económicos del discapaz, principio a tener en cuenta como prioritario en nuestro ordenamiento jurídico, y dados los diferentes sistemas establecidos en los artículos 636 y siguientes de la LEC 2000, interesamos del Juzgado que nos conceda la posibilidad de venta directa por convenio sin perjuicio de la adopción por el mismo de los mecanismos de control que considere necesarios. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 227 PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA POR TUTOR SIN BENEFICIO DE INVENTARIO AL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA (Poner nombre del tutor), con domicilio en (poner domicilio del tutor) provisto del Documento Nacional de Identidad número (DNI tutor), en el expediente de jurisdicción voluntaria sobre constitución de la tutela de (poner nombre del incapacitado tutelado), número (número y año del expediente judicial) del Juzgado de 1ª instancia número.... de los de ... como mejor en derecho proceda, digo: Que mediante el presente escrito, promuevo expediente de jurisdicción voluntaria, en solicitud de AUTORIZACION JUDICIAL PARA LA ACEPTACION DE HERENCIA SIN BENEFICIO DE INVENTARIO en nombre de mi tutelado XXX, en base a los siguientes: HECHOS PRIMERO.- El promotor del expediente fue nombrado tutor por sentencia (en su caso, auto) de fecha xxx del Juzgado de 1ª instancia número x de los de XXX en que fue incapacitado XXX (en su caso, incapacitado por sentencia de fecha xxx del Juzgado...), lo que se acredita por las fotocopia/s que se acompaña/n como documento/s número uno y dos. SEGUNDO.-Que después de aceptar el cargo, y antes de realizar el inventario prevenido en el artículo 262 del CC, es necesario proceder a la aceptación de la herencia en nombre del incapaz, para lo cual, por imperativo del artículo 272 del Código Civil, se hace preciso recabar previamente la necesaria autorización judicial para ello, ya que dicha aceptación se llevará a cabo sin beneficio de inventario. TERCERO.-Que la herencia consta de los siguientes bienes: (Se describirá el activo y el pasivo conocido de la herencia). FUNDAMENTOS DE DERECHO COMPETENCIA.- Que es competente el Tribunal al que tenemos el honor de dirigirnos por ser el de 1ª instancia del domicilio del tutelado de 228 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA acuerdo con lo establecido en los artículos 45 y 52-5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. LEGITIMACION.-Está legitimada activamente el promotor del expediente conforme a lo establecido en el artículo 2012-1º-a) de la LEC de 1881, declarado vigente por la Disposición Derogatoria única 1-1º de la Ley 1/ 2000, ya que ostenta la patria potestad de los menores. De acuerdo con el apartado 4.º del citado artículo, deberá de ser oído el Ministerio Fiscal. PROCEDIMIENTO.-El procedimiento a seguir viene regulado con carácter general en los artículos 2011 y siguientes de la LEC de 1881, declarado vigente por la Disposición Derogatoria única 1-1º de la Ley 1/ 2000, y según lo dispuesto en el artículo 2025 y siguientes del mismo cuerpo legal. DERECHO SUSTANTIVO.-Conforme al artículo 271-4º del Código Civil «El tutor necesita autorización judicial: 4.º Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o para repudiar ésta o las liberalidades». Por lo expuesto, SUPLICO AL JUZGADO: Que habiendo por presentado este escrito y documentos que lo acompañan, se sirva admitirlos, tener por instado expediente de jurisdicción voluntaria, y previos los trámites legales, con intervención del Ministerio Fiscal, se dicte auto autorizando la aceptación solicitada, y firme dicha resolución, acuerde la expedición y entrega a esta parte de un testimonio de la misma, así como el desglose de los documentos presentados. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 229 SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INTERNAMIENTO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO ............ DE .................................... (POR ANTECEDENTES) ............................., Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, Colegiado núm. ................., en nombre y representación de la FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA, C.I.F............................, con domicilio en C/ Federico Mendizábal, 1 - 4.º de Jaén, representación que acredito mediante copia de escritura de poder que acompaño, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO: Que mediante el presente escrito y al amparo de lo dispuesto en el art. 763.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicito la previa autorización judicial para el internamiento no voluntario en un centro asistencial de D....................................., por no encontrarse en condiciones de decidirlo para sí, y ello con base en los siguientes HECHOS PRIMERO.- Que con fecha .. de .......................... de 2.00... se dictó sentencia por el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos, en procedimiento de incapacidad núm....., en la que se declaraba la incapacidad total del Sr. ................................ para regir su persona y bienes en todo tipo de actos jurídicos patrimoniales de administración o disposición y para el derecho de sufragio activo, decretando igualmente que aquél quedaba sujeto a tutela , debiendo procederse a la constitución de la misma en ejecución de sentencia. En dicho trámite se nombró tutora del mencionado Sr. a la Fundación Jiennense de Tutela, en cuya representación actúo, tomándose posesión del cargo con fecha ... de ......... de 2.00.... SEGUNDO.- ................................... padece desde su nacimiento de trastorno orgánico cerebral que le ocasiona un retraso mental moderado, 230 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA sufriendo una enfermedad persistente e irreversible de carácter psíquico que le impide gobernarse por sí mismo al tener alterada su capacidad intelictiva y volitiva. TERCERO.- Que nuestro tutelado suele vivir solo en una casa propiedad de su familia en .................. sita en C/. ....................... nº .... Cuando la abuela materna se encuentra en la localidad, es ella quien se ocupa de sus cuidados. Las temporadas en que ésta se desplaza a visitar a sus hijos, son los padres de .............................. quienes le suministran la comida. Asimismo consta que en temporada de verano se ha desplazado a la localidad de ......................................................., municipio en que residen sus hermanas. CUARTO.- Que se están realizado, por los profesionales implicados en la asistencia de .................., las gestiones tendentes a conseguir plaza en un centro adecuado, llegando el mismo a suscribir personalmente con fecha ................. solicitud de ingreso en centro de atención para personas con discapacidad psíquica, dirigida a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, manifestando de este modo expresamente su voluntad de ingresar en un centro asistencial. Asimismo tiene interesada ante el Centro de Valoración y Orientación de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía la revisión de su declaración de minusvalía, por agravamiento de su enfermedad. QUINTO.- Este internamiento, de carácter asistencial, se considera estrictamente necesario para que nuestro tutelado pueda recibir los cuidados y asistencia apropiados para preservar su salud y dignidad, dadas la condiciones personales del mismo, la inexistencia de parientes idóneos que puedan atenderlo y, más concretamente, la situación de aislamiento y abandono personal del mismo. Entendemos que no existe otra posibilidad que sea menos gravosa para .................... y que le permita una existencia digna. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 231 A esta conclusión llegamos por la lectura del informe emitido por los Servicios Sociales Comunitarios de ................ con fecha ................... que en su juicio técnico establece literalmente: «una vez conocida la unidad familiar, podemos decir que es una familia «especial» con unas características que hacen pensar (y con poco margen de error) que tanto la madre como el hermano, ................., presentan características propias de padecer una discapacidad o cierto «retraso» psíquico. Asimismo el padre se caracteriza por una anulación completa en la unidad familiar limitándose a estar constantemente trabajando en una pequeña huerta que poseen. Dadas las características de la familia .................. se considera que este ambiente familiar a ............... para su desarrollo, por lo que el ingreso en el Centro Asistencial ........... le sería de especial utilidad e interés para el desarrollo personal, social y psicológico de .........». Este informe social, ya en fecha más reciente, es corroborado por otro de Dª....................................................., trabajadora social de los servicios sociales comunitarios de ..............., de fecha..............., que insiste en la conveniencia de que ..................... sea internado en un centro o institución que le proporcione los cuidados básicos y permita la supervisión de su enfermedad. Así en su apreciación diagnóstica se indica expresamente: «existe una problemática familiar que deriva en un aislamiento de .......... ya que no hay quien se ocupe y preocupe de forma adecuada de él atendiéndole acuerdo a sus necesidades y limitaciones específicas. Teniendo en cuenta la situación existente ............. es una persona que al no encontrarse capacitado para cuidarse a sí mismo y al no existir quien pueda o sepa realizarlo correctamente debería de ser ingresado en un centro adecuado a la discapacidad que le afecta». SEXTO.- En apoyo de cuanto antecede se acompaña la totalidad de documentación que obra en poder de la Fundación Jiennense de Tutela respecto de ..................................................... y que a continuación se relaciona: 232 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 1. Informe social expedido por la trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios de ..................(............). 2. Informe médico-psiquiátrico emitido por el Dr. .............. (..................). 3. Informe médico-forense emitido por la Dra. .......................... (.................). 4. Certificado de minusvalía emitido por la Directora del Centro de Valoración y Orientación de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social (.....................). 5. Informe social expedido por la trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios de ................. (..................). 6. Informe negativo de la trabajadora social del centro de salud de ........................ 7. Historia clínica correspondiente a .................................. expedida por el Centro de salud de ..................... 8. Informe social emitido por la trabajadora social del Equipo de Salud Mental del Distrito de Úbeda (................), según el cual no consta historia clínica ni información alguna relativa a ........................... en dicha Unidad. 9. Solicitud de ingreso en centro de atención para personas con discapacidad psíquica, dirigida a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, tramitada a través de la trabajadora social del Ilustre Ayuntamiento de .................... (.................). 10. Solicitud de reconocimiento de grado de minusvalía por agravamiento de la enfermedad, tramitada a través de la trabajadora social del Ilustre Ayuntamiento de ..................... (....................). Toda la documentación mencionada se acompaña mediante fotocopia, por sernos la original necesaria para otros usos, no obstante, y si por el Juzgado se considerase necesario, aportaríamos los originales, para que una vez testimoniados nos sean devueltos. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 233 En su virtud, SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que se acompaña, se sirva admitirlos y tras la práctica de las pruebas y audiencias establecidas en el art. 763.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dicte resolución concediendo la autorización judicial para el internamiento que se interesa, lo que pido en ............... a .. de ........................... de 200... Fdo. ............................... Letrado de la F.J.T. – Coleg. núm. ........... 234 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ESCRITO SOLICITANDO EL RECONOCIMIENTO DE GUARDADOR DE HECHO AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DECANO DE D. N., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. A., según resulta de la copia auténtica de la escritura de poder que debidamente bastanteado y aceptado acompaño, para ser testimoniada en las actuaciones con devolución de la misma por necesitarla para otros usos, como mejor en derecho proceda comparezco y digo: Que mediante el presente escrito promuevo expediente de jurisdicción voluntaria, en SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE GUARDADOR DE HECHO del hermano incapaz de mí representada, D. B., en calidad de persona que convive habitualmente con el mismo, y ello en base a los siguientes HECHOS: 1º.- El hermano de mí representada D.B, fue incapacitado por sentencia de fecha dictada por el Juzgado de 1ª instancia numero de los de En el juicio de menor cuantía numero , cuyo testimonio se aporta como documento numero uno. 2º.- En dicha sentencia se rehabilitaba la patria potestad de mi madre DC, que era la persona que en aquel momento convivía y cuidaba a mi hermano. 3º.- Posteriormente mi madre se ha visto aquejada por una enfermedad que ha provocado su ingreso permanente en la Residencia Geriátrico de X y que hace imposible el correcto ejercicio por la misma de las facultades tuitivas inherentes a la patria potestad. Acreditamos estos hechos con certificado medico (doc. DOS) y certificado de la residencia ( DOC. TRES) 4º.- Como consecuencia de lo anterior mi representada se ha hecho cargo de la convivencia y cuidado de su hermano, para lo que necesita poder cobrar y administrar su pensión entre otras actuaciones en representación del mismo, lo que hoy le es imposible realizar tanto a ella como a su madre con los problemas para el incapaz que todo ello comporta. Acreditamos la convivencia con certificado municipal ( DOC. CUATRO). GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 235 I.- Es procedente el reconocimiento por darse los requisitos para considerar a la solicitante guardadora de hecho, tal como lo determina la doctrina, siendole aplicables en cuanto al fondo los articulos 303, 304 y 306 del Cc. II.- Son aplicables en cuanto al procedimiento las reglas generales de la jurisdicción voluntaria contenidas en los artículos 1811 a 1824 de la LEC de 1881 declarado vigente por la disposicion derogatoria unica 1-1ª de la Ley 1/ 2000., tal como determina la disposicion adicional 3ª de la Ley Orgánica l/96 de 15 de Enero sobre protección jurídica del menor. III.- Es competente el Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos de acuerdo con lo establecido en los artículos 22-3ºy 85—1º y 2º de la LOPJ y 63—17 de la LEC de 1881 declarado vigente por la disposicion derogatoria unica 1-1ª de la Ley 1/2000. IV.- Se encuentra legitimada mi mandante por aplicación analógica de los artículos 229 y 230 del CC, y por tener interes directo en el bienestar del incapaz. Invocando los preceptos legales citados y demás de aplicación, SUPLICO AL JUZGADO: Que teniéndome por comparecido y parte en la representación que ostento de D. A. y disponiendo la inserción del poder y la unión de los documentos presentados, en la forma solicitada, se sirva incoar expediente de jurisdicción voluntaria y previos los trámites legales oportunos, dictar auto en que se reconozca a DH como guardadora de hecho del incapaz D. B., señalándole las facultades en derecho precisas respecto al expresado cargo y al que se le entregue el correspondiente testimonio acreditativo del mismo; y acordar el desglose y devolución a esta parte de los documentos acompañados. OTROSÍ DIGO: Que para justificar los extremos a que se refiere el presente escrito, ofrezco información testifical, debiendo ser citados D. S. y D. T., con domicilio ambos en esta Ciudad, calle ... y ..., respectivamente, por lo que SUPLICO AL JUZGADO: Se sirva admitir la información ofrecida y señalar día y hora para su práctica. Es justicia que pido en cuanto a principal y otrosí, en L y F. 236 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA MODELO SOLICITUD PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 237 238 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 239 MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL GUARDADOR DE HECHO D./D.ª .................................................................. mayor de edad, con domicilio en .................................................................... Calle/Avda./Plaza ............................................................................... núm. Código Postal (...) provincia de ....................... D.N.I. / N.I.E./Pasaporte núm. ...................., a los efectos de poder representar ante el correspondiente Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en el expediente de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a favor de D./D.ª ............................................................................................ hijo de .................................... y de ..............................................., con domicilio en ........................................................... Calle/Avda./Plaza .......................... ............... núm. ................, Código Postal ..................... Provincia de ............................. y D. N.I./N.I.E./Pasaporte núm. ........................... DECLARA bajo su responsabilidad: 1.º) Que tiene bajo su guarda y ciudado a la persona anteriormente citada por las razones que a continuación se expresan: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 2.º) Que a su juicio dicha persona no tiene capacidad de autogobierno. 3.º) Que la persona presuntamente incapaz tiene los siguientes familiares: Nombre y Apellidos Edad Parentesco Dirección ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 240 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA 4.º) Que, en el supuesto de que prospere la solicitud que tiene formulada en nombre de la persona indicada, asume la obligación de administar los derechos que pudieran reconocerse con la debida diligencia y en interés de la misma. Asimismo se compromete a comunicar cualquier variación de las circunstancias personales y familiares, ya que pueden tener incidencia en los derechos que en su caso se reconozcan. 5.º) Que pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de forma inmediata cualquier cambio que, en relación a la custodia del presunto incapaz, pueda acaecer en el futuro. Fecha Firma GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL ANEXO VI DIRECTORIO JUZGADOS Y FISCALÍA JUZGADOS: AUDIENCIA PROVINCIAL Arquitecto Berges, 16 23071 - Jaén SECCIÓN 1ª Teléfono: (953) 01 27 01 Fax: (953) 01 27 09 SECCIÓN 2ª Teléfono: (953) 01 27 05 Fax: (953) 01 27 16 SECCIÓN 3ª Teléfono: (953) 01 27 38 Fax: (953) 01 27 39 JUZGADO DECANO Arquitecto Berges 28, Teléfono (953) 00 19 28 Fax (953) 00 19 31 241 242 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA PARTIDOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN ALCALA LA REAL Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 Antonio Machado s/n - 23680 Teléfono (953) 59.93.06 Fax (953) 59 95 28 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Antonio Machado s/n - 23680 Teléfono (953) 59.93.10 Fax (953) 59 95 28 Registro (953) 59 95 26 ANDUJAR Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 C/. La Feria nº 5 - 23740 Teléfono (953) 53 93 05-02 Fax (953) 53 93 22 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 C/. La Feria nº 5 - 23740 Teléfono (953) 53 93 09-15 Fax (953) 53 93 15 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 C/. La Feria nº 5 - 23740 Teléfono (953) 53 19 16-22 Fax (953) 53 93 22 Registro: (953) 53 93 27 Fiscalia: (953) 53 93 24 Forense: (953) 53 93 23 BAEZA Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Plz. Del Pópulo, s/n - 23440 Teléfono (953) 77 98 93 Fax (953) 77 98 98 Registro (953) 77 98 97 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL LA CAROLINA Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 Juez Braulio Sena 7, 1º Planta – 23200 Teléfono (953) 60 93 58 Fax (953) 60 93 62 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Juez Braulio Sena 7, 2º-Planta - 23200 Teléfono (953) 60 93 65 - (953).66 02 09 Fax (953) 60 93 76 Registro (953) 60 95 26 CAZORLA Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 Mercedes Gómez s/n - 23470 Teléfono (953) 71 13 15 Fax (953) 71 13 17 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Mercedes Gómez s/n - 23470 Teléfono (953) 71 13 21 Fax (953) 71 13 24 Registro (953) 71 13 28 JAEN JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA Juzgado de Primera Instancia Número 1 Cronista González López, 4 bajo - 23007 Tfno: (953) 01 07 78 Fax: (953) 01 07 81 Juzgado de Primera Instancia Número 2 Cronista González López, 4 bajo - 23007 Tfno: (953) 01 07 60 Fax: (953) 01 07 63 Juzgado de Primera Instancia Número 3 Cronista González López, 4 bajo - 23007 Tfno: (953) 01 07 54 Fax: (953) 01 07 63 243 244 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA Juzgado de Primera Instancia Número 4 Arquitecto Berges, 16 CP 23007 Tfno: (953) 01 27 33 Fax: (953) 01 27 35 Juzgado de Primera Instancia Número 5 Arquitecto Berges, 16 - 23007 Tfno: (953) 01 27 47 Fax: (953) 01 27 51 JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN Juzgado de Instrucción Número 1 Las Minas, 1 - 23007 Tfno: (953) 00 35 52 Fax: (953) 00 35 56 Juzgado de Instrucción Número 2 C/ Carmelo Torres 16, Esq. Ejercito Español - 23007 Tfno: (953) 01 08 28 Fax: (953) 01 08 29 Juzgado de Instrucción Número 3 C/ Arquitecto Berges, 16 - 23007 Tfno: (953) 01 27 57 Fax: (953) 01 27 56 LINARES Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 Canovas del Castillo 49 – 23700 Teléfono (953) 01 29 25 Fax (953) 01 29 28 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Canovas del Castillo 49 - 23700 Teléfono (953) 01 29 31 Fax (953) 01 29 35 Registro: (953) 60 01 68 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 Canovas del Castillo 49 - 23700 Teléfono (953) 01 29 09 Fax (953) 01 29 13 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 Canovas del Castillo 49 - 23700 Teléfono (953) 01 29 16 Fax (953) 01 29 20 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL MARTOS Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 Teniente General Chamorro Martínez, 99 - 23600 Teléfono (953) 31 33 13 Fax (953) 31 33 14 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 Teniente General Chamorro Martínez 99 - 23600 Teléfono (953) 36 65 40 Fax (953) 70 05 65 Registro: (953) 31 33 25 UBEDA Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 Plz. Vázquez de Molina s/n – 23400 Teléfono (953) 77 93 03 Fax: (953) 77 93 07 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 Plz. Vázquez de Molina s/n - 23400 Teléfono (953) 77 93 10 Fax: (953) 77 93 14 Registro: (953) 79 09 42 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 C/ Chiclana de la Frontera s/nº - 23400 Tlf. (953) 77 94 50 - Fax: (953) 77 94 54 VILLACARRILLO Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 Feria 41 - 23300 Teléfono (953) 42 93 06 Fax (953) 42 93 07 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 Feria 41 - 23300 Teléfono (953) 42 93 10 Fax (953) 45 40 14 Registro: (953) 44 00 33 245 246 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA FISCALIA Sección de Protección al Discapacitado de la Fiscalía de la AP de Jaén C/ Arquitecto Berges, 16 2ª Planta – 23007 Teléfono (953) 01 27 75 - (953) 01 27 17. Fax: (953) 01 27 30 Fiscalía. Adscripción de Linares C/ Ponton, 49 – 23700 Teléfono (953) 01 29 04 – (953) 01 29 05 Fiscalía. Adscripción de Úbeda Plaza Vázquez de Molina, s/n - 23400 Teléfono (953) 75 54 78 ENTIDADES QUE COMPONEN EL PATRONATO DE LA F.J.T. ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Representante: D. MANUEL FERNÁNDEZ PALOMINO Diputado Delegado del Área de Igualdad y Bienestar Social Ctra. de Madrid, s/n 23.071 – JAÉN 953 248105 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL Representante: Dña. CARMEN ÁLVAREZ ARAZOLA Delegada Provincial en Jaén de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social Paseo de la Estación, 19 – 5ª Planta 23.007 – JAÉN 053 013117 GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 247 FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL Representante: D. MANUEL ALEN FIDALGO Gerente de Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM) Avda. Las Ciencias, 27 – Accesoria A 41.020 – SEVILLA 955 007501 FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES (FUNDEMA) Representante: D. MANUEL ATAIDE PASCA Gerente de la Fundación para la Promoción, Desarrollo y Protección de las Personas Mayores (FUNDEMA) C/ Arjona, 24 – Local 23-24 41.001 – SEVILLA 954 502804 CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE ORGANIZACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON RETRASO MENTAL (FEAPS-ANDALUCÍA) Representante: Dª. ESPÍRITU SANTO FUENTES GÓMEZ Avda. de Madrid, 1 – Entresuelo 23.001 – JAÉN 953 222900 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ALLEGADOS Y ENFERMOS MENTALES (APAEM) Representante: D. ÁNGEL VALDIVIA BAUTISTA Asociación Provincial de Allegados y Enfermos Mentales (APAEM) C/ Travesía Menéndez Pelayo, 7 – Bajo 23.003 – JAÉN 953 083392 248 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER «LA ESTRELLA» Representante: Dña. ANTONIA COLLADO ESPINOSA Presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer «La Estrella» C/ San Clemente, 4 – 4 23.004 – JAÉN 953 237294 ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE JAÉN Y PROVINCIA Representante: D. CARLOS ESPINILLA LAVÍN Vocal de la Asociación Síndrome de Down de Jaén y Provincia Avda. de Andalucía, 92 – Bajo 23.006 – JAÉN 953 260413 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ANDALUCÍA (SAVA) Calle Cronista González López, 1. Palacio de Justicia. 23071 – JAÉN Teléfono: 953 003047 - Fax: 953 003078 Correo electrónico: [email protected] ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN (web: www.icajaen.es) Sede colegial: - Jaén: Carmelo Torres, 13. 23007 Jaén. Tel. 953/257300. Fax 953/255009 - Jaén: Servicio de Orientación Jurídica. Arquitecto Berges, 16. Palacio de Justicia. 23007 Jaén. Tel. 953/257360. Fax 953/271143. e-mail: [email protected] GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 249 Delegaciones: - Úbeda: Plz. Vázquez de Molina, 4. 23400 Úbeda. Tel. 953/791503. Fax 953/791503 - Linares: Cánovas del Castillo, 49. 23700 Linares. Tel. 953/650357. Fax 953/650357. - Andújar La Feria, 5. 23740 Andújar. Tel. 953/504173. Fax 953/504173. COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. C/ Peso de la Harina, 3. 23001Jaén. Telf: (953) 31 30 81. Fax: (953) 31 30 91. CENTRO DE ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN C/ Linares, 2 – 4 23.008 - JAÉN 953 002900 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Paseo de la Estación, 30-9ª planta. 23001 Jaén. Telf: 953 005440 – Fax: 953 002820. 250 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 251 ANEXO VII ALGUNAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ɀ Aznar López, Manuel. Internamientos involuntarios: intervenciones corporales y tratamientos sanitarios obligatorios. Ed. Consejo General del Poder Judicial. 2000. ɀ Baviera Puig, Inmaculada. Protección de la Dependencia: Un estudio global. Claves para su aplicación y desarrollo legislativo. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2007. ɀ Blanco Pérez-Rubio, Lourdes. Las Personas Jurídicas Tutoras. Ed. Marcial Pons. Madrid 2003. ɀ Cabra de Luna, Baiffi, Fco; Palacios, A. (coord.); Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad: La Convención Internacional de las Naciones Unidas. Colección La Llave- Por más señas. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid 2007. ɀ Cabrera Forneiro J., Fuertes Rocañín J.C. La Salud Mental en los Tribunales. Arán Ediciones. 2ª edición revisada y ampliada Madrid 2007. ɀ Chimeno Cano, Marta. Incapacitación, Tutela e Internamiento del Enfermo Mental. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2º Edición 2004. ɀ De Couto Gálvez, Rosa, Mirat Hernández, Pilar y Armendáriz León, Carmen. La protección jurídica de los ancianos. Procedimiento de incapacitación e instituciones tutelares que los protegen. El internamiento involuntario y su incidencia penal. Ed. Colex – Constitución y Leyes. Madrid 2006. 252 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ɀ Discapacidad intelectual y derecho. IV Jornadas Fundación Aequitas 2003. Colección La Llave. Madrid 2004. ɀ Fábrega Ruiz, Cristóbal y Heredia Puente Mercedes. Protección legal de incapaces. Biblioteca jurídica de bolsillo. Ed. Colex nº 36. Madrid 1998. ɀ Fábrega Ruiz, Cristóbal. Protección jurídica de la tercera edad. Biblioteca jurídica de bolsillo. Ed. Colex nº 42. Madrid 2000. ɀ Fábrega Ruiz, Cristóbal. La Guarda de Hecho y la protección de personas con discapacidad. Editorial universitaria Ramón Areces. Madrid 2006. ɀ Ganzenmüller Roig, C. y Escudero Moratalla, F. Discapacidad y Derecho. Tratamiento jurídico y sociológico. Ed. Bosch. Barcelona 2005. ɀ García García, Lucía. Marco jurídico de la enfermedad mental. Incapacitación e internamiento. Ediciones Revista General de Derecho. Valencia 2000. ɀ Guía legal práctica de FEAFES-Andalucía. Federación Andaluza de Familiares de Personas con Enfermedad Mental. ɀ Guía práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas discapacitadas. Fundación Tutelar de La Rioja. 2004. ɀ Gutiérrez Calles, José Luis. La guarda del enfermo mental: deberes y responsabilidades. Ed. Dikyinson. Madrid 2004. ɀ Huertas Martín, Isabel. Proceso de incapacitación en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, El. Aspectos Procesales y Sustantivos. Ed. Comares. Granada 2002. ɀ Informe Social y Programa de Atención (PIA).Documento de Trabajo Social para la valoración y el acceso a las prestaciones de las personas en situación de dependencia. Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Abril, 2007. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 253 ɀ Jornadas sobre Protección Jurídica en la Incapacidad. Fundación Tutelar de La Rioja. Mayo 2005. ɀ Lasarte Álvarez, Carlos (coord.) La protección de las personas mayores. Ed. Tecnos. Madrid, 2007. ɀ Lorenzo García, Rafael de. Discapacidad, Sistemas de Protección y Trabajo Social. Alianza Editorial. Madrid 2007. ɀ Marín Calero, Carlos. La integración jurídica y patrimonial de las personas con Discapacidad Psíquica o Intelectual. Editorial universitaria Ramón Areces. Madrid, 2005. ɀ Mateo Ayala, Eladio José. La Medida de Seguridad de Internamiento Psiquiátrico. Su Ejecución y Control. Ed. Edersa. Madrid 2004. ɀ Montoya Melgar, Alfredo (Director). La protección de las personas dependientes. Comentario a la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.. Civitas Ediciones, S.L. Madrid 2007. ɀ Quesada González, M. C. Tutela y otras instituciones de protección de la persona. Un estudio a través de Sentencias, Autos y Resoluciones. Ed. Atelier Libros. Barcelona 2004. ɀ Revisión de los procedimientos relativos a la incapacidad. Fundación Aequitas. Colección La Llave. Madrid, 2004. ɀ Rodes Lloret Fernando. (Director) Enfermedad Mental. Aspectos médicos-forenses. Ediciones Díaz de Santos. Madrid 2006. ɀ Roqueta Buj, Remedios (coord.)La protección de la Dependencia. Comentarios a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Ed. Tirant lo blanch. Valencia 2007. ɀ Ruiz-Rico, J.M. y García Alguacil, M.ª J. La representación legal de menores e incapaces. Contenido y límites de la actividad representativa. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2004. 254 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA ɀ Sánchez-Calero Arribas, Blanca. La actuación de los representantes legales en la esfera personal de menores e incapacitados. Ed. Tirant lo blanch. Valencia 2005. ɀ Santos Morón, Mª José. El supuesto de hecho del internamiento involuntario en el artículo 763 LEC. Ed. Tirant lo Blanch, 2002. ɀ Sempere Navarro, Antonio V. y Cavas Martínez, Faustino. Ley de Dependencia. Estudio de la Ley 39/2006, sobre Protección de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra 2007. ɀ Serrano García, Ignacio (coord.) La protección jurídica del Discapacitado. I Congreso Regional de Castilla y León.. Ed. Tirant lo blanch. Valencia 2003. ɀ Torres Mateos, Miguel Ángel. Tutela, Curatela, guarda de menores o Incapacitados y Defensor Judicial. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra 2007. ɀ Vega Fuente, Amando. La educación social ante la Discapacidad. Ed. Aljibe. Archidona (Málaga) 2003. ɀ Ventura Mas, Silvia y Santos Urbaneja, Fernando. La respuesta judicial ante la enfermedad mental. Consejo General del Poder Judicial. Madrid 2006. ɀ Zurita Martín Isabel. Protección civil de la ancianidad. Editorial Dykinson S.L. Madrid 2004. GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA INCAPACIDAD JUDICIAL 255 256 FUNDACIÓN JIENNENSE DE TUTELA
