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Discurso de la Vicepresidenta del Gobierno
Queridas amigas y amigos, buenas tardes,
Quiero agradecer en primer lugar al Ministerio de Economía y Hacienda y al
Instituto de Estudios Fiscales esta invitación. Gracias Juana, Gracias, Jesús. Y
gracias a todos los que habéis participado en estas Jornadas.
Me parece esencial que desde este gobierno, que ha hecho de la lucha por la
igualdad uno de sus principales ejes políticos, se aborde la cuestión de género
desde todas sus numerosas vertientes. En la medida en que vamos avanzando
y vamos destruyendo barreras, se levantan otras que es preciso también
eliminar hasta lograr algo que puede parecer utópico pero que siempre debe
estar en el horizonte de nuestro trabajo: que la igualdad entre hombres y
mujeres sea un objetivo cumplido en el siglo XXI.
Hace muy poco tiempo hubiera sido impensable que en el marco del Ministerio
de Economía y Hacienda y del Instituto se organizara un seminario sobre
Política Fiscal y Género. Ahora no solamente se ha organizado, sino que ha
sido un éxito, lo que revela esa idea de avance en las conquistas por la
igualdad a que me refería.
La igualdad es uno de los ejes político transversales, como ustedes conocen,
de nuestro gobierno. Una de nuestras señas de identidad.
La existencia de este eje (la idea de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres) se revela en la acción política diaria y la recorre sin
dificultad alguna. No me refiero solamente a los aspectos más instrumentales ­
por ejemplo que en todos los proyectos normativos la perspectiva de género
deba ser tenida en cuenta de modo obligado, como lo es la existencia de una
memoria económica- sino que la sensibilidad de género, la igualdad de
oportunidades, la paridad, la eliminación de las bolsas de discriminación
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histórica, se han erigido la política, y no solo en un aspecto de la acción
política.
Me remito a los datos:
• Tenemos un gobierno paritario (solo Suecia y nosotros);
• La primera Ley aprobada por este gobierno, fue la Ley contra la
Violencia de Género, que además de proporcionar asistencia a las
víctimas y prever los mecanismos para combatir este grave problema,
ha conseguido aumentar la sensibilidad ciudadana y la condena social
hacia el maltrato.
• Además hemos subido por encima de la media las pensiones de
viudedad.
• Hemos aprobado un plan de igualdad para la administración general del
estado.
• En el Consejo del 4 de marzo aprobamos una serie de medidas de
igualdad, cincuenta y tres en concreto, dirigidas a favorecer el empleo
femenino, y la presencia de mujeres en ámbitos como las fuerzas
armadas, la investigación científica o el deporte
• Aprobamos ese mismo día y luego hemos insistido en otros Consejos
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar (que aunque afectan
por igual a hombres y a mujeres, que están obligados a compartir,
sociológicamente se aplican más a las mujeres).
Y, además, el Gobierno está trabajando en una futura Ley de Igualdad, que
esperamos presentar al Parlamento antes del final de este año. Esta ley incluye
medidas como la exigencia de paridad en las listas electorales y otras
destinadas a asegurar una
discriminación positiva de las mujeres en los
ámbitos laboral y social con la finalidad de garantizar mejor sus derechos.
Acciones destinadas a acelerar la igualdad real entre hombres y mujeres.
En fin, creo que la acción de gobierno y la acción prelegislativa demuestran que
existe esta línea política reconocible, y esto ha provocado, en mi opinión, un
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impulso favorable en los más variados sectores sociales: empresarios,
sindicatos, partidos, movimientos sociales, movimientos académicos... hacia el
análisis de género.
Ello nos reafirma en el convencimiento de que con estas políticas no hacemos
más que responder a una demanda de todos los ciudadanos y ciudadanas y a
un mandato constitucional de primer orden.
Todo, porque la igualdad se ha convertido hoy en una seña de identidad de los
países avanzados, y ha dejado de ser un asunto de mujeres. La igualdad es un
rasgo esencial de una democracia fuerte, y tenemos que hacer de la Igualdad
una de las señas de identidad de la política, si queremos construir una
democracia y un mundo simplemente decente.
En el marco internacional, a través de varias décadas, se ha llegado al
convencimiento de que la incorporación de las mujeres a la vida política y
social con todos los derechos, no se realiza solamente con leyes especiales o
con instituciones particulares destinadas a garantizar tales derechos. Las
transformaciones sociales que se necesitan para asegurar el cambio, exigen la
movilización de todas las políticas públicas, para que todas ellas se orienten a
la consecución de la igualdad. A ello aludía anteriormente al referirme a la
transversalidad, que exige incorporar la noción de igualdad al terreno de todas
las políticas públicas.
Es un hecho que a nadie se le escapa que en el corazón de las políticas
básicas y estratégicas del Estado se localizan las políticas fiscales, destinadas
a obtener los recursos necesarios para financiar los servicios públicos propios
de nuestra sociedad de bienestar. Como seguro se ha discutido ampliamente
en esta jornada, las políticas públicas son el reflejo de los valores vigentes en
la sociedad en cada momento histórico. Cuando la sociedad cambia tanto
como ha cambiado la nuestra en apenas 30 años, se produce un desequilibrio
entre la orientación de dichas políticas sustentadas en valores ya obsoletos, y
las aspiraciones de cambio de los ciudadanos. Este es el momento que vivimos
en España, donde ha cambiado radicalmente la concepción del papel de las
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mujeres en la sociedad, lo que hace cada vez más necesario abrir el debate
que permita dar lugar a las reformas consecuentes.
Nuestro sistema de impuestos y prestaciones fue diseñado esencialmente, en
su configuración actual, a lo largo de las década de 1970 y 80. Desde
entonces, la sociedad española ha sufrido profundos cambios. Las mujeres,
que eran entonces mayoritariamente amas de casa, se han incorporado de
forma generalizada al trabajo asalariado y a todos los ámbitos de la vida
publica. Pero esta incorporación no se ha producido en igualdad de
condiciones.
Algunas manifestaciones de esta desigualdad, aunque son sobradamente
conocidas, no me parece que hayan tenido una solución aceptable hasta este
momento. Sobre las mujeres sigue recayendo la mayor parte del trabajo
doméstico, pese a estar empleadas. Las mujeres tienen tasas de desempleo,
temporalidad y subempleo mucho mayores que las de los hombres, y la
discriminación salarial sigue siendo un problema de extrema gravedad.
España, en todos estos indicadores, debemos reconocerlo, se encuentra entre
los países más atrasados de Europa, por lo que el eje político transversal a que
me refería tiene aún mayor importancia.
Esta es la realidad que tenemos que cambiar de manera prioritaria.
Para garantizar la incorporación de las mujeres a la vida pública con todos sus
derechos y en régimen de igualdad efectiva es preciso que se den tres
requisitos:
-En primer lugar es necesario promover desde las políticas públicas los
elementos que incentiven la incorporación de las mujeres a un empleo de
calidad. Según la última encuesta de fecundidad del INE, las mujeres que
menos hijos tienen son las empleadas temporales, precarias y las paradas.
-Por otro lado, las nuevas necesidades que han surgido como consecuencia de
la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, de la diversificación en las
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formas de vida y del reconocimiento social de otras necesidades, exige, por un
lado, la revisión del sistema tributario para tener en cuenta esos nuevos
fenómenos y realidades, y, por otro, el desarrollo de servicios públicos
adecuados y la adaptación de los existentes para hacerlos compatibles con los
horarios de trabajo.
-Finalmente, tenemos que avanzar en la distribución equitativa del cuidado de
las personas y del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. La gratuidad del
trabajo doméstico familiar, su exclusión a priori del sistema económico
moderno, constituyen en realidad una explotación peculiar prácticamente
oculta. Para ello estamos trabajando en las cuestiones de dependencia y
acabamos de publicar el Libro Blanco.
Cambiar las cosas en estos tres aspectos es imprescindible, tanto para
garantizar la equidad del sistema, como desde el punto de vista de la eficiencia
económica.
Lo que ocurre es que cualquier cambio en este aspecto exige adaptar los
sistemas de protección. Hay que individualizar los derechos de protección
social y hay que buscar nuevos instrumentos para conciliar la vida profesional y
familiar, que no obstaculice la carrera de seguros de las mujeres.
Es evidente, que en un sistema de Seguridad Social como el español, de
carácter fuertemente contributivo, la situación de los beneficiarios del sistema
de protección social, se encuentra directamente relacionada con la situación de
los mismos en el mercado de trabajo.
La menor incorporación de la mujer, al mercado de trabajo y su clara presencia
en la economía sumergida, hace que quede mayoritariamente excluida del nivel
contributivo de protección social o bien que acceda al mismo, solo a través de
“derechos derivados”, como en el caso de la viudedad, conformando un gran
sector de la población que accede al nivel no contributivo.
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Si a esto añadimos, el grupo de población femenina mayor de 50 años, con
muy escasa cualificación profesional: amas de casa, que nunca han cotizado
de forma individual a la Seguridad Social y trabajadoras en la economía
sumergida o a tiempo parcial, con carreras de seguros interrumpidos por largos
períodos de tiempo por la maternidad, nos encontramos con un grupo
importante de población “empobrecida”. Un grupo que pasa al sistema no
contributivo,
en
una
gran
parte,
manteniendo,
además,
familias
monomarentales.
A todo ello, habría que añadir, los cambios profundos que se han producido en
las estructuras familiares, en las que las rupturas matrimoniales dejan en
muchos casos a mujeres de edades avanzadas en una situación de
precariedad total, dado que siempre habían disfrutado de derechos subsidiarios
y no individualizados.
Por eso, uno de los retos que tiene el gobierno es el de proteger
convenientemente a las mujeres que ya se encuentran en esa situación y que
por razones de edad se ven sometidas a graves dificultades de reinserción en
el mercado de trabajo. Nos consta que hoy son muchas las mujeres que
quieren incorporarse al trabajo asalariado y no encuentran la vía que les
posibilite ejercer ese derecho, con lo cual no pueden contribuir al sistema.
Decía antes que las reformas para garantizar la incorporación de las mujeres
con todos los derechos a la vida laboral y social se justifican también por
motivos de eficiencia económica: la inversión productiva permite atribuir a las
políticas de igualdad de oportunidades un papel sustancial en el crecimiento
económico
Estos argumentos refuerzan la necesidad de situar el empleo femenino de
calidad en el centro de las políticas de género y, recíprocamente, de introducir
la perspectiva de género como elemento clave de las políticas de empleo. En
este sentido debemos entender la política social como beneficiosa para la
producción y para un funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo,
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como ya ha resaltado la Comisión Europea en el Informe de 2004 sobre la
igualdad entre mujeres y hombres.
Sin duda es indispensable debatir estos problemas y analizar los cambios
concretos junto con los interlocutores sociales, los partidos políticos, los
expertos en fiscalidad y en políticas de género y, en fin, la ciudadanía en su
conjunto. El espíritu del gobierno ante esta reforma, como recalcó el Presidente
la semana pasada en la sesión parlamentaria de control al gobierno, es el de
generar un debate ‘transparente y amplio’, ‘abierto a todo tipo de iniciativas’ y
‘con transparencia sobre el resultado’.
En relación con la vertiente del gasto público, conviene recordar que los
presupuestos, como expresión de la política económica del gobierno, tienen
que convertirse en un instrumento para avanzar en el camino de la igualdad
pues, como se ha acuñado después de muchas experiencias, ‘no hay políticas
de igualdad sin presupuesto’.
Es el momento para un debate en torno a un pacto social que establezca las
reformas necesarias para un sistema que extienda la democracia efectiva a
todas las personas, sea cual sea su sexo y que se adapte a las necesidades de
eficiencia de nuestra economía.
No podemos seguir manteniendo los elementos obsoletos del sistema que
incentivan la división del trabajo y la dependencia de las mujeres, mientras por
otro lado nos vemos obligados a utilizar una parte importante del gasto público
en paliar las consecuencias de esa situación de discriminación. Es necesario ir
a la raíz y eliminar las causas de los problemas a los que nos enfrentamos.
Finalmente hay que referirse al sesgo de género en el ámbito tributario. Sin
entrar en demasiados detalles, creo que desde la óptica de la a reforma de la
imposición sobre la renta, es preciso abordar los elementos que desincentivan
el trabajo de las mujeres casadas que pueden darse en el IRPF y asegurar al
máximo los derechos de los miembros de cada hogar.
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En ese sentido, parece necesario seguir profundizando en la línea de
promover la individualización del impuesto y, en la misma dirección, revisar el
papel y el alcance de la declaración conjunta. Igualmente, hay que revisar la
consideración que en los tributos directos tienen los gastos de cuidado de los
niños o los mayores dependientes, así como otros servicios a las familias. Del
mismo modo, las nuevas condiciones sociales y el crecimiento progresivo de
las familias monoparentales, en las que normalmente, son las mujeres las
sustentadoras principales, hace imprescindible un trato de especial protección
y de favor fiscal a este colectivo.
En definitiva, se trata de eliminar los sesgos de género y de contemplar
adecuadamente en el sistema tributario las nuevas necesidades originadas por
el mayor cambio que se ha operado en nuestra sociedad, que no es otro que
el de la incorporación de las mujeres a la vida pública y a la vida laboral
Así como me parece necesario asegurar que el sistema fiscal no penalice el
trabajo del segundo perceptor de rentas en el hogar mediante la aplicación de
elevados tipos impositivos, lo que se acaba convirtiendo en un mecanismo
más de discriminación en el mercado de trabajo y tener en cuenta el
tratamiento de las rentas no laborales o empresariales aportadas al
matrimonio, incluso en el caso de un impuesto individual. Según cual sea el
tratamiento de tales rentas, se puede o no producir sesgo de género.
En este espíritu del gobierno ante la reforma fiscal, como recalcó el Presidente
la semana pasada en la sesión parlamentaria de control al gobierno, de
generar un debate transparente y amplio, también los problemas asociados al
sesgo de género deben ser objeto de ese debate.
Podéis estar seguros de que este gobierno va a llevar a cabo todos los
cambios institucionales necesarios para conseguir avanzar hacia una igualdad
real. Se lo debemos a la ciudadanía que ha confiado en nosotros y a los
propios principios que representamos.
Muchas gracias
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