Download unidos para erradicar la pobreza y la exclusión

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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
UNIDOS PARA ERRADICAR LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN EN
UNA EUROPA DE LOS DERECHOS SOCIALES
SITUACIÓN
Desde el partido político Por Un Mundo Más Justo, M+J, proponemos un modelo de
sociedad en el que consideramos la economía como un medio para producir, distribuir
y consumir bienes y servicios, dirigidos a asegurar un nivel de vida digno a todas las
personas, garantizando el bienestar y el derecho a la felicidad. Este modelo, se
centrará en los siguientes fines:
Generar un cambio de mentalidad en los seres humanos, que nos permita vivir en
libertad y ser más felices.
Satisfacer las necesidades de las poblaciones, y equiparar las condiciones laborales,
logrando evitar ventajas competitivas y desigualdades entre países que en muchos
casos dan lugar al incumplimiento de los Derechos Humanos Universales.
Crear un sistema financiero a favor del interés general.
Potenciar el Comercio Justo y el consumo responsable y ecológico.
Primar la cooperación sobre la competitividad.
Reorientar la responsabilidad social de las empresas hacia una verdadera equidad
en las relaciones comerciales.
En este modelo de sociedad que proponemos, los derechos sociales deben
garantizarse con el mayor nivel de protección jurídica posible, es decir, proponemos su
configuración como derechos fundamentales. Los derechos deben llevar aparejados un
compromiso de gasto social que permita su pleno desarrollo en el convencimiento de
que este gasto supone una inversión que retornara beneficios muy superiores a lo
invertido. La propia Comisión europea en su estudio de la “Evolución del empleo y la
situación social en Europa (julio 2012)”, pone en evidencia que a mayor compromiso
social se obtienen unos índices más bajos de personas en riesgo de pobreza o de
exclusión social. También se consigue un mayor nivel de estudios y de empleo,
consiguiendo un PIB per cápita más elevado.
Es por ello, que damos especial relevancia a las propuestas que, sobre derechos
sociales, queremos presentar a la sociedad española en nuestro programa para las
elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014.
El quinquenio, 2014-2018, que comenzará tras estas elecciones va a estar fuertemente
condicionado por la crisis económica sistémica que padecemos y por las medidas que
se han adoptado, tanto por los gobiernos de los Estados miembro como por la propia
Unión, para hacer frente a la misma. Así, el desempleo de larga duración, sobre todo
en países, como España, donde la crisis ha sido más profunda, y el aumento en las
desigualdades sociales emergen como las consecuencias más graves de la misma,
sumándose al, todavía no resuelto, reto de abordar el cambio demográfico,
principalmente el envejecimiento, de las poblaciones europeas
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
Aunque la crisis no ha impactado con igual dureza en todos los países de la Unión
Europea, si que ha tenido un elemento común que ha sido ampliar la brecha en las
diferencias en los derechos sociales garantizados en cada uno de ellos. Desde 2012
comienzan a ser evidentes, a pesar del enfoque político casi en exclusividad en los
asuntos económicos (déficit, deuda, etc.), las debilidades de los sistemas de protección
social que llevan a un serio retroceso en las prestaciones ofrecidas. La prevalencia de
las instituciones económicas (Banco Central Europeo, principalmente) sobre las
instituciones representativas de la Unión (Parlamento Europeo) o de gobierno
(Comisión Europea) ha originado que las políticas sociales pasen a un plano muy
secundario dentro de las preocupaciones políticas europeas. Si la crisis ha tenido un
claro vencedor han sido estas instituciones que, sin ninguna legitimación democrática,
están gobernando de hecho en la Unión Europea.
Según datos ofrecidos por el Comité de Protección Social del Parlamento Europeo
(CPS), en su informe de 2013, deben destacarse los siguientes hechos:
• El aumento de la pobreza y la exclusión social en el conjunto de la población
(en13 países).
• El aumento del número de niños en situación de pobreza y exclusión social
(en10 países).
• El aumento de los trabajadores en riesgo de pobreza (en 12 países).
• El aumento del riesgo de pobreza para la población que vive en hogares con
muy baja intensidad laboral (en 12 países).
En todos estos grupos se encuentra España que lidera, lamentablemente, la carrera en
la liquidación de los derechos sociales.
Según EUROSTAT, la población europea en riesgo de pobreza o exclusión social (media
de la UE-27) ha pasado de un 24,4% en 2007 a un 25,0% en 2012, mientras que en
España se ha pasado de un 23,2% a un 28,2% en 2012. Para la Comisión Europea
(tercer informe anual sobre la situación social y laboral en la Unión Europea), este
incremento del riesgo de pobreza afecta sobre todo a los trabajadores y a los
desempleados y la causa para el primer grupo la cifra en la expansión de los contratos
temporales y en las bajadas salariales. En cifras absolutas, entre 2008 y 2012 cerca de
8,7 millones de personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza monetaria o
exclusión social, de los que 4,6 millones se han encontrado en esta situación durante
dicho periodo. Otros 9,6 millones están viviendo en condiciones de carencias severas
por falta de recursos.
En citado informe del CPS se pone de manifiesto que desde 2008, los derechos sociales
han empeorado de manera acusada en todos los países de la Unión, pero
especialmente en aquellos, como España, donde la crisis está siendo más fuerte y
prolongada. Las desigualdades, el desempleo y la exclusión de los jóvenes, son los
problemas más graves que deben abordarse.
La causa se debe al descenso, a partir de 2010, del gasto social en trece de los países
de la Unión, entre lo que vuelve a encontrarse, desde luego, el nuestro.
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
Por otra parte, en 2010, último año del que se disponen de datos comunes
consolidados, el gasto en las prestaciones correspondientes a vejez y supervivencia
representaban el 43,3 por 100 del total del gasto social de media de la Unión, seguidas
de atención sanitaria/discapacidad, 36 por 100 del gasto de media. Esto nos indica
que, en la Unión, a pesar de la crisis económica, el gasto social ha sido utilizado para
atender preferentemente los problemas originados por el envejecimiento de la
población.
El Comité Económico y Social de España nos informa que, en España, “la principal
partida de gasto en 2010, como en el resto de los países de la Unión, era la de las
pensiones de jubilación que sigue mostrando un nivel inferior de gasto al de la media
de la Unión Europea. La asistencia sanitaria era la segunda partida en volumen de
gasto social, manteniéndose en España también por debajo de la media. La tercera
fuente de gasto social era el desempleo, donde España se ha diferenciado
tradicionalmente de los demás países situándose muy por encima de la media,
tendencia que se ha visto muy agudizada desde el comienzo de la crisis. Entre las
restantes funciones de gasto en protección social con un peso bastante más reducido
sobre el PIB, destaca el considerablemente menor gasto social dedicado en España a
familia e hijos, así como a vivienda y exclusión social. En estos últimos ámbitos, hasta el
año 2010 al que alcanzan los datos comparados, el aumento de las situaciones de
riesgo social no se había traducido en un mayor esfuerzo de gasto medido en
porcentaje del PIB”.
Frente a esta situación, consideramos que debe abordarse el reto de construir una
Europa de los derechos sociales, desarrollando una autentica política social común,
dotándola de los medios económicos, a nivel europeo, suficientes. Con este fin,
presentamos un conjunto de propuestas que nos permitirán hacer frente a las
necesidades de los ciudadanos europeos.
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
PROPUESTA BASE
¿Sabias que la Unión Europea ha promulgado una carta con los derechos
fundamentales de los ciudadanos de la Unión?
¿Qué esa carta incluye derechos, libertades y principios, entre ellos los principios
sociales?
¿Y qué, además, forma parte de los Tratados de la Unión?
Pero seguro que no sabias que esos principios sociales no son exigibles directamente
ante los tribunales porque quienes han redactado y aprobado la carta se han
ocupado de que así sea, no otorgándoles el carácter de derechos.
Desde el partido político, Por Un Mundo Más Justo, M+J, queremos trabajar por una
Unión Europea de los derechos sociales porque creemos que únicamente tendremos
un futuro común si lo centramos en la solidaridad entre las personas, la educación en
valores en la unidad familiar, la cooperación en las relaciones laborales, la
colaboración entre las instituciones, la cohesión social entre los territorios y la equidad
en las relaciones con las personas y países externos.
Creemos que este modelo de sociedad es posible y para ello proponemos:
Unos DERECHOS SOCIALES QUE SEAN:
EXIGIBLES, transformando los actuales principios sociales en derechos
exigibles ante los tribunales de justicia.
UNIVERSALES, que alcancen a todas las personas que residen en el territorio
de la Unión, incluyendo a las personas en transito.
PÚBLICOS, siendo responsabilidad de los gobiernos garantizar tanto el propio
derecho como el acceso al mismo y su prestación.
EUROPEOS, con una política social, así como de cohesión económica, social y
territorial de competencia exclusiva de la Unión Europea para lo cual propondremos la
modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
PROPUESTAS
1.- CARTA DE LOS DERECHOS SOCIALES
Nos comprometemos a llevar al Parlamento Europeo una propuesta de reforma de la
carta de los derechos fundamentales, que garantice la exigibilidad de los derechos
sociales, su universalización y su carácter de servicio público.
A elaborar la propuesta mediante un procedimiento, deliberativo y participativo,
abierto a todas las personas que residan en la Unión Europea, para lo que partiremos
del anteproyecto que presentamos en este programa y a través de una plataforma
en Internet promoveremos el debate social necesario para que el proyecto que
presentemos sea realmente representativo.
Entre las propuestas contenidas en este anteproyecto de carta de los derechos
sociales (ver anexo), destacamos por su especial relevancia:
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El derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea, residentes con
permiso de trabajo o refugiados, a disponer de una renta básica que permita
su subsistencia, que para los jóvenes menores de 18 años, en situación de
riesgo de pobreza, tendrá carácter universal.
El derecho universal (residentes en la Unión y transeúntes) a la Seguridad
Social y a disfrutar, en condiciones de igualdad, de una protección, asistencial
o económica, de carácter social y de responsabilidad pública.
El derecho a disponer de una vivienda digna, orientando las políticas
sectoriales en esta dirección.
El derecho de las familias monoparentales, especialmente de las mujeres con
hijos a cargo, a mantener un nivel de vida digno.
El derecho a la maternidad en los casos de embarazo no deseado o de niños
con problemas físicos o psíquicos, mediante prestaciones asistenciales y
económicas sin limitación temporal.
El derecho a disponer de unas prestaciones sanitarias universales, públicas y
gratuitas, así como a disfrutar de un servicio público de salud.
El derecho a vivir en un entorno ambiental sano y saludable, y a exigir un alto
nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, que nos
permita disfrutar de los servicios socio-ecológicos necesarios para
proporcionarnos bienestar. Con estos fines, las políticas de la Unión
integrarán y garantizarán la adopción de medidas estructurales encaminadas
a construir un nuevo marco de gobernanza, que module las interacciones
entre la sociedad humana y los ecosistemas y que redefina el verdadero papel
de la economía en un modelo encaminado a garantizar el bienestar humano y
de los ecosistemas.
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
¿Cuáles SON LOS BENEFICIOS DE ESTA PROPUESTA para los ciudadanos
de la unión europea?
Actualmente, los derechos sociales no pueden ser exigidos por los ciudadanos
europeos ante sus gobiernos invocando el derecho comunitario, ya que en los
Tratados de la Unión, que incluyen la carta de los derechos fundamentales, estos
derechos tienen una consideración de segundo rango. Es decir, no son derechos
fundamentales. Será cada gobierno el que, según la legislación interna, los desarrolle
y ofrezca a sus ciudadanos. Por consiguiente, estos derechos pueden sufrir grandes
variaciones según el gobierno de turno, llegando incluso a suprimirse. Un ejemplo lo
hemos visto en España, donde las prestaciones a personas dependientes y a sus
cuidadores prácticamente han desaparecido por una simple decisión del actual
gobierno.
Queremos, con esta propuesta, blindar estos derechos frente a las distintas
circunstancias políticas por las que pueda pasar cada país. Así, cuando se apruebe la
carta de los derechos sociales que proponemos, los gobiernos estarán obligados a
garantizar su existencia y a proporcionar el servicio público que permita que los
ciudadanos puedan acceder a las prestaciones. Al ser europeos, nos aseguramos que
desde el Parlamento y el Consejo se emitan normas jurídicas, que garantizarán unas
prestaciones mínimas iguales para todos los países.
Poniendo un ejemplo práctico. Si disponer de una educación especialmente
diseñada para personas discapacitadas es un derecho exigible y en una determinada
localidad las autoridades no han previsto plazas educativas para atender esta
necesidad, cualquier ciudadano puede reclamar ante los tribunales su derecho. El
tribunal puede exigir de las autoridades públicas que oferten dichas plazas. En la
actualidad, esto no es posible invocando el derecho relativo a la integración de las
personas discapacitadas. Sólo podría reclamarlo si en la legislación de su país está
específicamente recogida esta prestación que, además, el gobierno puede modificar
fácilmente anteponiendo otras prioridades como las económicas.
Evidentemente, esta propuesta, por si misma, no resuelve los problemas
sociales que nos encontramos en Europa y, además, la aprobación de esta carta será
un proceso largo y difícil, ya que tendrá que ser ratificada por todos los Estados
miembro. Pero, su importancia para los ciudadanos europeos radica en la seguridad
que tendremos a partir de su aprobación de que ningún gobierno pueda llegar a
suprimir o, tan siquiera, minimizar las prestaciones sociales que se derivan de estos
derechos. Debemos ser ambiciosos en la propuesta que presentamos si queremos
que, en un futuro, podamos disponer de unos derechos sociales suficientes.
Dado el largo camino que queda por delante antes de aprobar estos derechos,
ofrecemos otras propuestas que pueden implantarse durante el próximo periodo
parlamentario y que permitirán avanzar en el camino de la Europa de los derechos
sociales en la que creemos.
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
2.- DESARROLLO DE UN SISTEMA EUROPEO DE SALUD Y DE UNA CARTERA DE
SERVICIOS SOCIALES
1.-Llevaremos al Parlamento Europeo la reforma del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea para que la política social y la de cohesión económica, social y
territorial sean políticas de competencia exclusiva de la Unión Europea.
2.- Propondremos un Reglamento para el desarrollo de un Sistema Europeo de Salud
con tarjeta sanitaria única apoyado por un Fondo Europeo de Cohesión Sanitaria, que
financie equitativamente la asistencia transfronteriza y la acreditación de centros de
referencia europeos para servicios de alta complejidad.
3.- Promoveremos la adopción por el Parlamento Europeo de una cartera de servicios
sociales mínimos que los Estados miembros deberán hacer efectivos durante la
legislatura.
Estos servicios sociales mínimos deben estar garantizados por todos los gobiernos y
estarán destinados a atender los siguientes grupos de personas:
-
Discapacitados
Personas con problemas de integración social derivada de enfermedades
mentales
Drogodependientes
Personas marginadas socialmente debido a enfermedades de transmisión,
como VIH/sida.
Cuidadores: familiares y otras personas cuidadoras no profesionales
Personas con problemas de autonomía personal
Familias con problemática social y riesgo de exclusión
Mujeres victimas de violencia de género
Infancia y jóvenes, priorizando aquellos que están en situación o en riesgo de
exclusión, incluyendo a sus familias.
Incluirán tanto prestaciones asistenciales como económicas. Las prestaciones
asistenciales que se consideran de mínimos son las siguientes:
-
Atención domiciliaria
Residencias de estancia limitada
Mediación social
Asesoramiento de atención social
Apoyo socioeducativo
¿QUÉ SUPONEN ESTAS MEDIDAS PARA LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN?
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
En primer lugar, que los dos pilares básicos, la política social y la política de
cohesión, se conviertan en políticas de competencia exclusiva de la Unión Europea.
Esto significa que la legislación se producirá únicamente a nivel comunitario y será
aplicable directamente en todos los países. Los Estados sólo podrán legislar si son
autorizados por la Unión o para aplicar los actos derivados de dicha legislación. Así,
se garantiza una política homogénea en todo el territorio de la Unión. Sin embargo,
es una política a largo plazo, ya que implica modificar unos tratados que luego
tendrán que ser ratificados por todos los países.
Independientemente de que emprendamos este camino, proponemos dos
medidas en el ámbito de la salud que consideramos de especial importancia para los
ciudadanos europeos.
Con la primera medida queremos garantizar que cualquier persona pueda
moverse libremente por el territorio europeo sin miedo a no ser atendido en los
hospitales de un país distinto al suyo, por no haber cumplimentado determinados
trámites o bien, deba abonar una cantidad de dinero por la prestación del servicio
que tendría que ser gratuito. Para evitar trabas o abusos del derecho, como puede
ser el turismo sanitario, proponemos la creación de un fondo de cohesión sanitaria
dotado con el presupuesto de la Unión Europea. Este fondo se destininaría a
compensar los costes de la atención de naturales de otros Estados miembro, bajo el
principio de la solidaridad, es decir, teniendo en cuenta además del coste incurrido,
otros factores como el grado de utilización de los servicios públicos de salud por
personas de otros países, el grado de desarrollo económico de la región o país que
presta el servicio, etc.
Finalmente, se propondrá la armonización de los servicios sociales entre los
Estados miembro, estableciendo una cartera de servicios mínimos que cualquier
Estado deberá garantizar. Tal como establece el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, ésta cartera deberá adoptarse mediante una directiva, tener la
consideración de condiciones mínimas y aplicarse progresivamente. Con esta
iniciativa, se dará un importante paso en la eliminación de una de las mayores causas
de discriminación existente, hoy en día, entre los habitantes de los distintos países
de la Unión. Sin embargo, la propuesta sólo podrá ser considerada vinculante para
los trabajadores de la Unión, teniendo carácter de recomendación para el resto de
personas. Por dicho motivo, es importante modificar la carta de los derechos
fundamentales y crear verdaderos derechos sociales aplicables a todas las personas
que habiten en el territorio de la Unión.
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3.- UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS: las personas migrantes Y LOS
REFUGIADOS en el territorio de la unión
Bajo el principio de iguales en deberes, iguales en derechos, trabajaremos en el
Parlamento Europeo para alcanzar el pleno reconocimiento de los derechos de las
personas migrantes y lograr que las instituciones europeas garanticen su efectiva
protección.
Igualmente, promoveremos un mayor control del sistema de asilo y de la protección
de las personas acogidas al mismo.
En concreto:
1. Propondremos, en el anteproyecto de carta de los derechos sociales, el
derecho y deber de acogida y reasentamiento de las personas refugiadas.
2. Garantizaremos y defenderemos el ejercicio de los derechos de las personas
migrantes, equiparándolos a los nacionales de la Unión, incluyéndolos en el
anteproyecto de carta de los derechos sociales.
3. Iniciaremos, a nivel europeo, una campaña permanente de información
ciudadana sobre los convenios de Naciones Unidas relativos a los derechos humanos
y a los derechos sociales, especialmente en lo que afectan a migrantes y refugiados, y
de denuncia de aquellos Estados que no los han firmado.
4. Promoveremos un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los derechos de las personas migrantes, independientemente de su situación jurídica
y en condiciones de igualdad con los nacionales de la Unión Europea, en el que se
garantice la atención sanitaria, la educación integradora, el alojamiento, el acceso al
trabajo y las prestaciones conexas, la acogida y asistencia, el empadronamiento, la
reagrupación familiar.
5. Promoveremos, igualmente, una Directiva sobre la integración de las
personas migrantes y fomento de la multiculturalidad en la sociedad europea, así
como la reforma de los Reglamentos de los fondos comunitarios, especialmente del
Fondo de Cohesión y del Fondo de Desarrollo Regional, con el fin de que incluyan
programas específicos, suficientemente dotados, para atender la integración de las
personas migrantes y la evolución de nuestra sociedad hacia una sociedad
multicultural.
6. Consideramos necesario que la Unión legisle separadamente sobre los
derechos de los menores y, en este sentido, propondremos una Directiva específica.
7. Trabajaremos, junto con las organizaciones sociales, para conseguir que al
final de la legislatura se hayan cerrado todos los centros de internamiento.
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8. Exigiremos un control minucioso del nuevo Sistema de Asilo Común Europeo
(CEAS) para garantizar que se utiliza para poner a disposición de las autoridades
procedimientos más claros y para garantizar una justa y adecuada protección a las
personas con necesidad de protección internacional. Para ello, promoveremos una
directiva sobre coordinación y armonización de legislaciones y una reforma en la
utilización del Fondo europeo de Migración y Asilo que permita dotarlo de una
mayor eficacia.
9. Promoveremos una revisión de la legislación que sanciona a las personas que
asistan a los migrantes en peligro en el mar y en particular de la Directiva del Consejo
2002/90/EC que define las sanciones en el caso de facilitación a migrantes de la
entrada, tránsito o residencia no autorizada en un país de la Unión.
10. Promoveremos, en el fundamento del respeto a los derechos de las personas
pertenecientes a minorías como son reconocidos por el Tratado de la Unión, la
asignación de un fondo presupuestario para estudiar, divulgar, difundir y promover
cualquiera otro tipo de acción que permitan dar a conocer a la sociedad europea la
realidad de los flujos migratorios y los beneficios reales que suponen las sociedades
multiculturales.
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
¿A qué problemas se enfrentan las personas migrantes?
Frente a la homogeneidad a la que se aferran los Estados, la mayoría de las sociedades
civiles se han constituido históricamente a partir de una multiplicidad de etnias y
culturas que han resistido generalmente las presiones burocráticas hacia la
normalización cultural y la limpieza étnica. La diversidad cultural se hace intangible
incluso en sociedades, como la japonesa o la española, supuestamente étnicamente
muy homogéneas.
Las personas inmigrantes inicialmente consideradas como buscadoras de trabajo,
como principal causa de su desplazamiento, se ven afectadas por otros problemas
relacionados con la reagrupación familiar, la sanidad, la vivienda, la educación de sus
hijos, su propia formación, su relación con la cultura y la religión, pero también su
participación en sociedades con cambios, que se resisten a admitirlos.
En Europa donde crecen las áreas de segregación, crecen también los votos de las
corrientes populistas, como forma de defensa de las minorías discriminadas, en su
desesperación para mejorar sus condiciones de vida. Es que la noción de “ciudad” ha
surgido fundamentalmente por la necesidad que tiene que tienen los distintos grupos
humanos de garantizar su seguridad.
Al paso del tiempo, tanto a nivel europeo, como a nivel mundial, los flujos migratorios
han ido caracterizándose por su diversidad, haciendo que detrás de cada persona
migrante esté un tipo diferente de migración.
Varios nuevos factores (la globalización, el fin de prohibiciones de salidas) han
contribuido a la atracción y a los nuevos dibujos migratorios; y no solo se difieren de la
antigua forma de migrar para trabajar, sino que han cambiado también las relaciones
entre los países emisores y los receptores.
En general, los nuevos movimientos son diversos pero a la vez similares a países
interesados en gestionar los nuevos flujos de reagrupación familiar, de estudiantes, de
trabajadores (cualificados, de clase media, temporeros, de fronteras, etc.), de fuga de
cerebros, solicitantes de asilo, inmigrantes irregulares, pero también de las distintas
formas de instalación en la movilidad.
Pero paradójicamente, se sigue criticando la posición de otros países que no otorgan el
derecho de salida de sus ciudadanos, acusándolos de violadores de derechos
humanos. Y dichos ciudadanos tienen que enfrentar una doble lucha contra la
violación de sus derechos, tanto en sus países de origen, como en los de destino.
En la actualidad se suele hablar de libertad de movimiento, de derechos humanos, y
otros términos relacionados con la democracia, pero la realidad de las fronteras
demuestra lo contrario.
Ya los países receptores no admiten a los demandantes de asilo, los cuales difícilmente
pueden demostrar que están perseguidos. Cada vez más disminuye el número de
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refugiados aceptados en Europa. Pero al mismo tiempo, los problemas relacionados
con la inmigración, son cada vez más ignorados, como si los propios inmigrantes fueran
los encargados de resolver sus problemas.
Frente a esa situación, no faltan discursos conscientes de personas autóctonas o
militantes que tratan de comprender y visibilizar los problemas de las personas
inmigrantes. A pesar de todo, difícilmente se entiende las razones que acompañan los
flujos migratorios.
Las próximas elecciones europeas parecen llevarse a cabo mientras se instala cada vez
más una inquietud en la sociedad. Empezando por los dirigentes de los partidos
tradicionales que ven bascular sus votantes hacia la ultraderecha, hasta la ciudadanía
manipulada por esa corriente con el pretexto de defender la seguridad nacional, y la
propuesta de una presunta “mano dura” contra el aumento de la inmigración.
El trato reservado a las personas inmigración, en los proyectos de Tratado
Constitucional de la Unión Europea, vienen caracterizándose por sus ambigüedades,
arrastrando algunas reliquias del pasado y dejando de lado los problemas que afectan
a la inmigración,
mientras quieren implantar importantes cambios en los
procedimientos normativos.
Existen posibilidades para que sean respetados aunque sea mínimamente, los
derechos de las personas inmigrantes. Pero Europa, aunque aborda el tema de la
regulación, lo hace de manera silenciosa, como si no quisiera favorecer la aplicación de
los derechos de las personas provenientes de terceros países. Como si no quisiera que
sus ciudadanos supieran que son iguales a los inmigrantes.
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¿Cómo VAMOS A DESARROLLAR ESTAS PROPUESTAS?
La protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en los Estados
Miembro de la Unión debe comenzar a garantizarse de acuerdo a los compromisos
adquiridos con la firma de los tratados y convenciones de derechos humanos
conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como con la firma y
ratificación por los Estados de todos los tratados internacionales de Derechos
Humanos: Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares. Aprovecharemos el proceso de
definición participativa de la carta de los derechos sociales para llevar a cabo una
campaña informativa permanente sobre estos convenios y su ratificación, poniendo
en evidencia a aquellos países que todavía no los han firmado.
La política de inmigración es una política común, por lo que el Parlamento y el
Consejo pueden legislar, aplicándose directamente dicha legislación en los Estados
miembro. Concretamente, tienen reconocido el derecho a legislar sobre la definición
de los derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente,
incluyendo la libertad de circulación y la residencia, así como sobre la inmigración y
residencia ilegales. Por consiguiente, mediante un Reglamento plantearemos las
siguientes garantías:
- El empadronamiento en los Estados miembro, dado que es una herramienta de censo y
planificación de políticas y recursos y que no debe restringirse ni dificultarse con trabas
administrativas salvables como son las asociadas al domicilio habitual de personas en
situación irregular.
- La eliminación de las trabas para la regularización por arraigo social.
- La estricta observancia de las leyes por las autoridades públicas antes de proceder a la
expulsión de migrante irregulares y su aplicación sólo después de una evaluación individual
que no viole el derecho a la vida familiar.
- El derecho a la prestación de asistencia a los migrantes en situación irregular, sin que
pueda ser penalizado o criminalizado en ningún país de la Unión.
- El ejercicio del derecho a la reagrupación familiar y a la superación de las trabas a la
reagrupación de ascendientes de personas adultas, así como a evitar que los baremos
económicos exigidos para la reagrupación familiar se amparen una regulación restrictiva y,
mucho menos, en una barrera encubierta que, de hecho, la impidan.
-El acceso a la atención sanitaria primaria y especializada considerando medidas como la
ampliación de horarios de consulta para facilitar el acceso de personas con horarios
laborales y situaciones familiares complejas. Junto a ello, impulsar la formación del personal
sanitario para atender adecuadamente la diferencia cultural.
-El derecho a disponer de alojamientos de emergencia dignos a las personas migrantes
indocumentadas, así como la normalización del acceso a la vivienda evitando la
discriminación en función de la situación administrativa de la persona, como ocurre en el
acceso a las viviendas de protección oficial.
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
- El acceso al mercado de trabajo, incluyendo medidas de regularización para reducir la
explotación y el estado de desprotección de los migrantes irregulares y garantizando a la
población migrante el acceso a mecanismos legales para reclamar haberes pendientes por su
trabajo, así como a servicios públicos de empleo que cuenten con orientadores preparados
para atender sus situaciones.
El Parlamento y el Consejo tienen limitadas atribuciones en cuanto a la
política de integración ya que el Tratado de Funcionamiento de la Unión sólo les
permite medidas para el fomento y el apoyo de la acción de los Estados, excluyendo
cualquier medida de armonización de las legislaciones. Por consiguiente, y en tanto
no se desarrolle la carta de los derechos sociales, únicamente podrá legislarse
mediante una Directiva que proponga medias de apoyo. Sin embargo, si que se
puede reformar los fondos europeos para incluir, como medidas exigibles, que los
Estados miembro dediquen parte de la financiación europea a estos fines. Para ello,
se promoverá una reforma de los Reglamentos de los fondos europeos. En este
sentido, nuestra propuesta se centrara en:
-Promover una política europea que apueste por una línea de trabajo que conduzca al buen
funcionamiento de una sociedad “multicultural” en la que primen las relaciones de
interculturalidad con respeto al diferente, igualdad de derechos y obligaciones y el
conocimiento, reconocimiento y colaboración mutua.
- Promover políticas de cohesión social respaldadas con los recursos públicos necesarios con
objeto de evitar en lo posible acontecimientos de confrontación social y de combatir
frontalmente la discriminación para que no aumenten la xenofobia y el racismo. Con esta
finalidad, se reclamará un programa específico con cargo al Fondo Social Europeo,
suficientemente dotado.
-Instar al cuidado de manera especial las políticas desarrolladas en los niveles
descentralizados de las Administraciones Públicas europeas, por la extrema repercusión que
tienen en la vida y respecto de los derechos de los migrantes y de sus familias. En particular
promover que se invierta lo necesario en los barrios urbanos, en formación cívica y los
recursos educativos, en educación formal y no formal, en prevención del racismo y la
xenofobia, lucha contra la discriminación y programas sociales de apoyo y asesoría a
inmigrantes y en el apoyo a las organizaciones sociales. Para ello, se promoverá un programa
especial del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
-Promover el establecimiento de mecanismos independientes en los Estados encargados de
recibir quejas individuales sobre racismo y discriminación por parte de funcionarios incluida
la Policía, y el desarrollo de investigaciones sobre dichas denuncias.
La Directiva específica sobre menores tendrá como principales finalidades la
de garantizar que los menores no extranjeros, con sus familias y los menores
extranjeros no acompañados sean tratados de conformidad con lo establecido en los
Convenios Internacionales y compromisos asumidos, así como promover una
incorporación normalizada del alumnado migrante, que prevenga el fracaso escolar y
el bloqueo de su ascenso social, y para ello impulsar el fortalecimiento desde las
administraciones de las fórmulas de refuerzo educativo con la dotación de las
personas y recursos adecuados y suficientes.
Nos proponemos exigir el cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjería (CIE), dado que su configuración y funcionamiento se aleja de las
convenciones internacionales ratificadas por España y otros países de la Unión
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
Europea. A corto plazo, nuestro objetivo es el de reducir el número de ingresos en los
CIE y el número de expulsiones - no sólo como exigencia conforme al marco legal
sino también como un imperativo humanitario – e instar a todos los Estados
Miembro a revisar los correspondientes Reglamentos asociados, de manera que se
asegure la separación de los aspectos de seguridad de los socio – asistenciales y se
acabe con la arbitrariedad, la inseguridad jurídica y la criminalización de los
residentes en los Centros.
Con carácter inmediato, promoveremos una Directiva que establezca unas
directrices europeas sobre acogida y reasentamiento e impulse una mayor
coordinación y armonización entre los actuales procedimientos de asilo y
condiciones básicas que establecen los diferentes países de la Unión, de manera que
el Sistema Europeo Común de Asilo sea efectivo, permita repartir equitativamente
entre los Estados la recepción de solicitantes de asilo y sirva para establecer un nivel
de protección adecuado y accesible a los solicitantes en todos los Estados Miembro.
Para ello, nos comprometemos a revisar el llamado “Reglamento de Dublín” de 2003,
pieza central del actual Sistema Europeo Común de Asilo e incrementar el Fondo
europeo de Migración y Asilo y promover su utilización por los Estados Miembro
para los distintos objetivos establecidos
Los hechos sucedidos en Lampedussa no pueden repetirse. Por ello, debe
establecerse y supervisarse un reparto claro de responsabilidades entre los varios
actores involucrados en el rescate de embarcaciones marítimas en peligro. La
solidaridad europea viene de la mano de la responsabilidad, por lo que se instará a
los Estados Miembro a cumplir con su obligación legal de asistencia a los migrantes
en el mar. Igualmente, impulsaremos el desarrollo de operaciones de búsqueda y
rescate en el Mediterráneo en el marco del nuevo reglamento para el control de
fronteras de la Unión Europea, Eurosur, aplicado a la búsqueda y rescate eficaz de
personas migrantes. Por otra parte, debed incrementarse el presupuesto de la
Oficina de Apoyo al Asilo Europeo (EASO), y el de la Agencia para la Gestión de la
Cooperación Operativa en las fronteras exteriores de la Unión Europea (Frontex)
para el cumplimiento del objetivo de salvar vidas humanas y combatir el tráfico de
personas mediante la asistencia a los Estados miembro en circunstancias que
requieran asistencia técnica y operacional particular, con inclusión de los rescates
marítimos y del necesario establecimiento de lugares seguros para el desembarco de
personas rescatadas.
Finalmente, promoveremos el trabajo de las organizaciones de la sociedad
civil que acompañan y asisten a las personas migrantes, para que participen
activamente como garantes de los derechos de los refugiados y migrantes.
16
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
4.- GARANTIZAR UN NIVEL DE VIDA DIGNO A LAS PERSONAS QUE
ALCANCEN LA EDAD DE JUBILACIÓN
Promoveremos las reformas necesarias para asegurar una vida plena y digna para
las personas jubiladas y pensionistas, mediante unas pensiones mínimas
garantizadas en el marco de un sistema económico sostenible, apoyado por un fondo
europeo de lucha contra la pobreza en las personas jubiladas y pensionistas.
Consideramos necesario garantizar una edad mínima de jubilación que debe
establecerse en 65 años, con el objetivo de reducirla progresivamente hasta los 60,
así como evitar que las personas jubiladas tengan que recurrir a empleos temporales,
a tiempo parcial y mal pagados para compensar pensiones escasas.
Igualmente, promoveremos una iniciativa para asegurar que toda persona que haya
cotizado un periodo mínimo indispensable tenga acceso a una pensión contributiva
exclusivamente con sus cotizaciones al sistema público de pensiones, sin que tenga
que recurrir a seguros privados para garantizarse dicha pensión mínima. Dentro del
periodo de cotización se considerara el tiempo que haya permanecido en situación de
desempleo inscrito en cualquiera de los sistemas de colocación previstos en la
legislación.
Para ello, se plantean las siguientes PROPUESTAS:
1.- Atendiendo al modelo social que propugnamos, nuestra posición es garantizar
pensiones mínimas contributivas (jubilación, incapacidad permanente y muerte y
supervivencia: viudedad, orfandad y a favor de familiares) claramente por encima
del nivel de pobreza1 y vincular la actualización de las mismas a la subida anual del
IPC, como mínimo irrenunciable.
2.- Establecer una pensión mínima no contributiva igual al salario mínimo
interprofesional de 2013, 645,30 € mensuales por beneficiario, en el caso de España.
Actualizar estas pensiones con el salario mínimo.
3.- Reforma de los sistemas de financiación de las pensiones, estableciendo planes y
programas europeos de lucha contra el fraude y la evasión/elusión fiscal,
principalmente contra los paraísos fiscales.
4.- Crear un fondo europeo de lucha contra la pobreza en las personas jubiladas y
pensionistas. Para dotarlo, poner en marcha sin dilación el Impuesto sobre las
Transacciones Financieras (ITF) y reservar parte de la recaudación que se realice a
nivel europeo para garantizar las pensiones mínimas en aquellos EEMM que tengan
dificultades para mantener el sistema de pensiones, bajo el principio de solidaridad
europea, además de habilitar que pueda emplearse el Fondo Social Europeo con
estos fines.
1
La pensión se fijará dependiendo del número de personas que habiten el hogar. Si el umbral de pobreza para 2011 estaba
fijado en 625,75 € al mes (para 12 mensualidades) en un hogar de una sola persona, la pensión propuesta es de 14
mensualidades incrementando el umbral en un 25%, es decir 914,87 € para una sola persona independientemente del tipo de
pensión. Se incrementara en un 50% por cónyuge o pareja, así como por las personas que conviviendo en el hogar a cargo del
pensionista tengan algún tipo de discapacidad o dependencia reconocida.
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
¿Por qué son necesarias estas medias y como se van a llevar a cabo?
El Libro Blanco sobre la adecuación de las pensiones, publicado por la
Comisión europea en 2012, diseña la estrategia europea para garantizar la
sostenibilidad de los sistemas de pensiones, desde la perspectiva de la más pura
ortodoxia neoliberal. Ante la cuestión de garantizar su sostenibilidad financiera
ofrece como respuesta la vía de aumentar la participación en el mercado de trabajo
de las mujeres y los trabajadores de más edad, circunloquio que esconde el retraso
en la edad de jubilación y la compatibilización de los llamados “minijobs” con el
cobro parcial de pensiones, así como la flexibilización del acceso a la vida laboral una
vez jubilado.
Igualmente, la Comisión, en su informe sobre envejecimiento 2012, llama la
atención sobre los escasos avances producidos en la adecuación de las pensiones.
Vuelve a ofrecer como soluciones la necesidad de un mayor equilibrio entre el
tiempo de vida laboral y el tiempo de jubilación, por un lado, y un papel más
importante para los planes de ahorro complementarios de jubilación. Es decir,
traducido a un lenguaje sencillo, periodos de cotización más prolongados,
incremento de la edad de jubilación y privatización, en principio parcial, de las
pensiones.
Por otra parte, el informe reconoce que en la actualidad uno de cada cinco
mayores de 65 años en la Unión Europea tiene pensiones muy próximas al umbral de
riesgo de pobreza, de modo que pequeños descensos en la cuantía pueden producir
cambios muy visibles en las tasas de pobreza de la tercera edad. La consideración de
la perspectiva de género en las políticas de pensiones y de mercado de trabajo se
señala asimismo como un elemento importante para contrarrestar las más
desfavorables consecuencias que supondrán, en las mujeres, los cambios en la
adecuación de las pensiones.
Desde el partido Por Un Mundo Más Justo, M+J, creemos que cualquier
análisis previo que se realice debe empezar planteando que el sistema de pensiones
contributivas, y concretamente la pensión por jubilación, es el primer baluarte de un
Estado social contra la pobreza. Sin este sistema de pensiones, se barajan cifras de
un 68% de ancianos pobres en España.
El problema de las pensiones no es el porcentaje del PIB que se destine para
dotar su presupuesto, indicador que habitualmente se emplea para analizar el
impacto del gasto que suponen las pensiones, sino la productividad por empleo y el
número de empleados. Hace 50 años, en España se gastaba el 3% del PIB en pagar
pensiones, en la actualidad gastamos el 10% y los cotizantes a la Seguridad Social, y
en general cualquier persona que no esté jubilada, tiene, hoy en día, más recursos
económicos y prestaciones que hace 50 años. Por consiguiente, si se desarrolla una
política económica que garantice un crecimiento de la productividad del 1,5% anual,
el PIB en 2060 será 2,25 veces mayor que el de 2007 y, por lo tanto, se podrá hacer
18
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
frente a un gasto del 15% del PIB, para atender a las pensiones contributivas,
quedando un saldo mayor que el actual para los no jubilados2.
Por consiguiente, las medidas que se están adoptando sobre el sistema de
pensiones llevan implícito un mensaje subliminal. En ningún escenario se considera
que la productividad por empleo vaya a crecer a un ritmo considerable por lo que la
competitividad de España, y por ende en la Unión Europea, estará basada en la
exportación a los países en desarrollo, necesitándose salarios bajos y una bolsa de
empleo siempre disponible que no tire de los salarios al alza, junto con una baja
cualificación del empleo. En este escenario que dibuja el actual sistema, el modelo
de pensiones es inviable a largo plazo por lo que la lógica de vincular las mismas a la
evolución económica de dicho sistema de pensiones se hace patente. La conclusión,
mantener un elevado porcentaje de pensionistas en el umbral de la pobreza (o
supervivencia) y un pequeño número de ellos con un nivel de vida aceptable,
siempre que hayan dispuesto de medios para complementar la pensión de jubilación
con seguros privados.
El primer elemento para estabilizar el sistema es, por lo tanto, impulsar una
mejora de la calidad de los empleos, reorientando el rumbo de la economía de la UE
hacia la calidad del empleo.
A corto plazo, se ayudará en este equilibrio mediante la lucha contra la
evasión y elusión fiscal, es decir el dinero que con artimañas legales se deja de
ingresar o el que directamente se defrauda mediante engaños permitirá ayudar a
equilibrar de forma importante las tesorerías de las seguridades sociales. El ITF o
impuesto sobre las transacciones financieras, aprobado por la UE en un grupo de
países y todavía no puesto en marcha, es un impuesto sobre los intercambios
económicos que se producen en la compra-venta de productos financieros
complejos y que está, prácticamente reservada, para inversionistas con una gran
capacidad económica.
En última instancia, deberá recurrirse al Fondo Social Europeo.
2
El porcentaje del PIB para atender pensiones fue del 8% en 2007, luego quedaba un saldo del 92% para atender el resto (de
cada 100 euros, 8 van a pensiones y 92 al resto). Si hasta 2060, la productividad crece a un 1,5% anual el PIB será de 225
(tomando base 100 en 2007). Si el porcentaje destinado a pensiones se estima en un 15% con base en 2007, en 2060 sería de
cada 100 euros, 33 irían a pensiones y. 192 para el resto.
19
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
5.- DERECHOS DE LA MUJER
Defenderemos el derecho de la mujer a no ser discriminada ni tratada como una
mercancía mediante una batería de medidas en el ámbito personal, familiar y laboral
para lo que deberán movilizarse los recursos económicos necesarios de los fondos
europeos.
PROPUESTAS:
1.- Exigiremos el empleo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
(Fondos EIE) y de los otros instrumentos financieros para avanzar en la igualdad de
derechos,
2.- Promoveremos una recomendación del Parlamento Europeo relativa a la
discriminación de la mujer en el mercado laboral.
3.- Apoyaremos las propuestas normativas destinadas a establecer cuotas para
aumentar la participación de las mujeres en puestos de decisión empresariales y
alcanzar la paridad en los puestos de representación políticos, con objetivos precisos
a cumplir en la legislatura.
4.- Promoveremos una Directiva sobre autonomía personal que armonice las
legislaciones de los Estados miembro y que, entre otras medidas, garantice la
protección legal de la maternidad/paternidad en las relaciones laborales.
5.- Propondremos una iniciativa destinada a garantizar el derecho a la maternidad,
incluyendo medidas asistenciales y económicas en los casos de embarazo no deseado
o de niños con problemas físicos o psíquicos.
6.- Propondremos una Directiva para erradicar la violencia de género que abarque
los aspectos de política, prevención, protección, persecución, provisión (financiación)
y partenariado (alianzas y compromisos entre las partes interesadas).
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
¿Cómo SE VAN A GARANTIZAR ESTAS PROPUESTAS?
Responderemos a las seis propuestas que planteamos en el programa:
1.- Priorizando la empleabilidad y la formación, por parte de mujeres, de
empresas, con especial referencia a las mujeres de hogares con todos sus miembros
en paro y de hogares en situación o en riesgo de pobreza. Debe establecerse en los
Programas Operativos de cada fondo EIE unos objetivos mínimos cuyo cumplimiento
formará parte de las condiciones de la reserva de rendimiento, así como condiciones
análogas para el resto de instrumentos financieros.
2.- En cuanto a la brecha salarial y al comportamiento empresarial, debe
dejarse de subvencionar a las empresas por no discriminar a las mujeres y llevar a
cabo una política más activa. En aquellas empresas donde los salarios femeninos
sean inferiores a los masculinos, tomado como referencia el sector o sectores
análogos, el impuesto de sociedades se incrementará en el mismo porcentaje que la
diferencia salarial porcentual existente entre mujeres y hombres. En aquellas
empresas donde las mujeres estén infrarepresentadas, tomando como base las
demandas de empleo sectoriales, el impuesto de sociedades se incrementará
proporcionalmente a la infrarepresentación.
3.- La puesta3 en marcha de cuotas para la inclusión de las mujeres en los
puestos de decisión, es una estrategia de empoderamiento imprescindible para
poder alcanzar la igualdad de género en las empresas e instituciones. Como se
reconoció en el Pacto Europeo por la Igualdad entre hombres y mujeres para 20112020 (7 de marzo de 2011) las políticas de igualdad de género son vitales para el
crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad, y exhortó a emprender
acciones para fomentar la igualdad de participación de las mujeres y los hombres en
la toma de decisiones a todos los niveles y en todos los ámbitos, con el fin de
aprovechar plenamente todos los talentos.
Queremos reforzar este mensaje y aunque reconociendo que la propuesta de
Directiva de Viviane Redin (2012/0299 COD) es un paso adelante y que afectaría a un
total de 5.000 empresas en Europa, quiere seguir avanzando y trabajar para poner
en marcha acciones que promuevan las cuotas no sólo en los Consejos de
Administración de las empresas cotizadas, sino haciéndolo extensible al resto de
grandes empresas e instituciones.
Igualmente, creemos firmemente que es imprescindible alcanzar un nivel de
"masa crítica importante" de participación de mujeres en puestos de decisión para
que puedan ejercer la influencia necesaria y se pueda conseguir la Igualdad real, ya
que no es posible una sociedad democrática efectiva, si se pretende dejar al 51% de
la población al margen de las decisiones que nos afectan a todas y a todos.
4.- El permiso de maternidad y paternidad remunerado debe establecerse en
24 semanas, sin excluir ninguna profesión, abonándose el 100% del salario. Para
3
Textualmente cogido del programa electoral de Equo.
21
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
reforzar la contratación de mujeres en edad fértil sin poner trabas a la maternidad, el
coste para las PYMES de los permisos de maternidad deberá ser nulo,
estableciéndose desgravaciones para los costes sociales y fiscales de los trabajadores
contratados en sustitución. Esta Directiva deberá contemplar medidas de
acompañamiento que faciliten el acceso a la escolarización, desde el nivel de
escuelas infantiles, el apoyo domiciliario, etc.
5.- Los datos del INE nos informan, para 2012, que la edad media para ser
madre ha aumentado hasta los 31,6 años y el número de hijos/as por mujer ha
descendido a 1,32, mientras que el número de nacimientos se redujo por cuarto año
consecutivo al descender un 3,9%. En la Unión Europea, los datos aunque atrasados,
indican una edad media de 29,7 años y 1,59 hijos/as por mujer (UE-27). En España,
durante el año 2012 nacieron 453.637 niños/as, un 3,9% menos que en el año
anterior. Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños/as (el máximo en 30 años), el
número de nacimientos se ha reducido un 12,8%. Estos fríos números tienen un
significado, realmente importante para nuestro futuro ya que el descenso de los
nacimientos tuvo su origen en una menor fecundidad (disminuyó el número de
hijos/as por mujer desde 1,34 en 2011 a 1,32 en 2012), pero también se debió a la
progresiva reducción del número de mujeres en edad fértil. De hecho, el número de
mujeres entre 15 y 49 años desciende desde el año 2009, debido a que llegan a ese
rango de edades generaciones de mujeres menos numerosas, nacidas durante la
crisis de natalidad de los ochenta y primera mitad de los noventa, y al menor aporte
de la inmigración exterior en estos últimos años.
Necesitamos, por lo tanto, una política que apoye decididamente la
maternidad, como bien social, incluso en las situaciones más adversas, garantizando
un apoyo económico que podrá ser permanente para los casos más adversos, como
el de familias monoparentales con hijos con discapacidades. El argumento
económico no puede ser en ningún caso una escusa para no garantizar un relevo
generacional suficiente.
6.- El presupuesto destinado a luchar contra la violencia de género deberá ser
el necesario para garantizar un apoyo continuo y permanente de todas las victimas
de violencia de género. El Parlamento Europeo ejercerá una vigilancia especial sobre
el cumplimiento de esta Directiva, incluyendo recomendaciones sobre los
presupuestos destinados a este fin.
Las4 mujeres son las principales víctimas de la violencia de género. Los
estudios demuestran que entre una quinta y una cuarta parte de todas las mujeres
europeas han experimentado violencia física al menos una vez durante su vida
adulta y que más de un 10% ha sufrido violencia sexual.
Creemos que la UE debería adoptar una estrategia política de mayor alcance
contra la violencia de género, incluyendo legislación comunitaria en forma de
Directiva proponiendo medidas dirigidas a 6 puntos clave sobre la violencia contra
4
Cogido de la posición mantenida por el grupo parlamentario de Los Verdes en el Parlamento Europeo, procedente del portal
del programa electoral de Equo
22
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
las mujeres: política, prevención, protección, persecución, provisión (fondos) y
partenariado (alianzas-compromisos entre partes). Instamos a todos los Estados
miembros a considerar la violación y la violencia sexual contra las mujeres, dentro
del matrimonio y en las relaciones íntimas informales, como un delito. El Servicio
Europeo de Acción Exterior (SEAE) y otros organismos de la UE también deberían
promover este enfoque a nivel internacional
23
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
6.- desarrollo de los derechos ambientales
Llevaremos al Parlamento Europeo una propuesta para que el medio ambiente se
transforme en un verdadero derecho social exigible y en un servicio público
garantizado por los gobiernos de los Estados miembro, así como el compromiso de
destinar los fondos europeos para construir un nuevo marco de gobernanza que
redefina un modelo económico que garantice el bienestar humano y de los
ecosistemas5.
La Unión garantizará los siguientes derechos ambientales, incluidos en la nueva carta
de los derechos sociales:
1.- Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno ambiental sano y saludable y a
exigir un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.
2.- Igualmente, tiene derecho a disfrutar de los servicios socio-ecológicos necesarios
para proporcionarle bienestar.
3.- Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán la adopción de medidas
estructurales encaminadas a construir un nuevo marco de gobernanza, que module
las interacciones entre la sociedad humana y los ecosistemas y que redefina el
verdadero papel de la economía en un modelo encaminado a garantizar el bienestar
humano y de los ecosistemas.
Con el fin de trabajar en la línea de los anteriores derechos ambientales, propuestos
en el anteproyecto de la carta de los derechos sociales, desde el inicio de la
legislatura, plantearemos las siguientes
PROPUESTAS:
1.- Condicionar el empleo de los fondos LIFE, al progreso y profundización en la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio propuestos por Naciones Unidas,
garantizando un avance significativo en el conocimiento científico sobre como se
organizan, funcionan e interaccionan los sistemas ecológicos y los sistemas sociales.
2.- Definir un programa europeo en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo
(FEDER) para la creación de un modelo de gobernanza multinivel y un nuevo sistema
de planificación territorial, económica y financiera con criterios ético-ecológicos y
vocación ecológico-distributiva.
3.- Definir un programa europeo en el marco del Fondo Social Europeo (FSE) para
desarrollar e implementar estrategias orientadas a generar en la población cambios
de valores, actitudes y comportamientos hacia los ecosistemas y luchar contra la
amnesia ecológica, que nos hace olvidar que formamos parte de los sistemas
ecológicos y que dependemos de ellos para todo, así como contra la anestesia
5
Este capítulo ha sido inspirado por el informe 2012 sobre evaluación de los ecosistemas del milenio,
http://www.ecomilenio.es/ del que hemos tomado varias propuestas.
24
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
tecnológica, que nos hace confiar ciegamente en el poder de las tecnologías
presentes y futuras.
4.- Exigir a los Estados miembro y a la Comisión que en el Fondo Europeo de
Desarrollo Rural (FEADER) y en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) se
destine, al menos el 25% de los fondos disponibles para ellos, en complementar, en
sus respectivos ámbitos, las medidas previstas en los puntos anteriores y llevar a
cabo experiencias pioneras mediante las estrategias de desarrollo local y los grupos
de acción local y de acción local pesquera, respectivamente.
25
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
¿POR QUÉ PROPONEMOS ESTAS MEDIDAS Y QUÉ BUSCAMOS CON ELLAS?
En la actualidad existe un extenso, complejo y confuso conjunto de derechos
ambientales recogidos en normas que abordan, cada una desde una perspectiva
diferente, la protección de nuestro medio ambiente. A nivel internacional, tenemos
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), el
Convenio de Ramsar o Convenio relativo a los humedales de importancia
internacional especialmente como hábitats de aves acuáticas, el Protocolo de Kyoto
y el Convenio sobre Diversidad Biológica; mientras que a nivel de la Unión Europea
podemos citar expresamente la regulación sobre la conservación de las aves
silvestres, la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el
derecho a la información medioambiental, la responsabilidad medioambiental,
además de otras regulaciones incluidas en normas sectoriales como las referidas a
impactos ambientales, política de aguas, agrícola, pesquera, etc. Todo este cuerpo
normativo tiene un carácter defensivo, ya que estas normas están elaboradas para
intentar poner freno o reparar actuaciones derivadas de nuestro modelo de
sociedad, invasivo para las personas, los seres vivos, los recursos naturales y, en
general, para todo el ecosistema.
Este mismo sesgo se introduce en la carta de los derechos fundamentales de
la Unión Europea donde bajo el título de “protección del medio ambiente” lo único
que se prevé es que “las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo
al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y
la mejora de su calidad”. Proteger frente a daños externos y mejorar lo que ha sido
deteriorado, apostando por un desarrollo continuado es el fundamento del actual
derecho ambiental de la Unión. Como alternativa a esta miope visión del medio
ambiente proponemos incluir en la nueva carta de los derechos sociales una visión
socio-ecosistémica destinada a garantizar el bienestar, humano y de los ecosistemas
como elementos integrados en un mismo entorno que no puede entenderse si los
separamos.
Este cambio que proponemos se sustenta en una realidad, hoy en día
comenzamos a disponer del conocimiento necesario que nos permite plantear una
situación radicalmente distinta. Para comenzar, somos conscientes, una vez
liberados de los prejuicios tecnocráticos, que el modelo que tenemos no es el único
posible, ya que los análisis comparativos interculturales nos enseñan que es posible
disfrutar de mejores condiciones de bienestar con modelos diferentes. Además,
podemos enfocar el medio ambiente desde un punto de vista activo, construyendo
modelos integrales que enfoquen los aspectos sociales, económicos y ambientales
conjuntamente. En definitiva, no debemos ni queremos proteger o restaurar el
medio ambiente, sino exigir su papel protagonista en el modelo de sociedad que
queremos para Europa.
Poner en valor económico la conservación de los ecosistemas tiene una doble
función. Por una parte, se desmonta el “paradigma” según el cual la utilidad
económica de los recursos naturales es su explotación hasta el agotamiento. A partir
26
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
del enfoque interactivo entre sistemas ecológicos y sistemas sociales disponemos de
herramientas para, como dice el informe de evaluación de los ecosistemas del
milenio, “asentar las bases de una nueva generación de políticas ambientales
centradas en las relaciones entre ecosistemas y el bienestar humano”. Esto nos
facilitará desarrollar modelos económicos que permitan su aprovechamiento por
todas las personas, a diferencia del modelo de explotación actual donde el beneficio
recae en una pequeña minoría.
Por otra parte, en apoyo de este enfoque, el informe “la economía de los
ecosistemas y la biodiversidad” promovido por los Ministros de Medio Ambiente del
G8+5 en 2007, concluye que “la biodiversidad tiene un valor económico de entre 10 y
100 veces mayor que el coste relacionado con su conservación y que en la primera
década del s. XXI se han perdido servicios por valor de unos 50.000 millones de euros
anuales sólo en lo referente a los ecosistemas terrestres. Esta estimación es una
aproximación conservadora ya que sólo contempla algunos de los servicios de los
ecosistemas suministrados por la biodiversidad terrestre, obviando por el momento
los ecosistemas marinos, los desiertos o los Círculos Polares. En definitiva, el informe
señala que la invisibilidad de los valores monetarios de la biodiversidad han
promovido un uso ineficiente de la naturaleza, ignorando que su conservación es la
base del mantenimiento de nuestro sistema económico”.
Conclusión que, al venir del propio sistema económico, debe poner fin a los
argumentos que propugnan una radical disminución de los gastos ambientales con la
excusa de la crisis económica. El gasto ambiental, por lo tanto, no es un coste
superfluo, sólo asumible en épocas de bonanza económica, es una inversión de
futuro que devuelve con creces los importes empleados en su mantenimiento.
Sin embargo, tal como hemos argumentado más arriba, no nos conformamos
con esta opinión, que a pesar de su utilidad es exclusivamente economicista y
aferrada a los postulados neoliberales al uso. Reafirmamos la necesidad de conservar
y restaurar los ecosistemas, como premisa necesaria para poder hacer uso integro de
sus servicios socio-ecológicos cuya finalidad, debemos repetir, es lograr el bienestar
humano y de los ecosistemas. Los modelos económicos que finalmente se
desarrollen deberán basarse en la estabilidad del ecosistema, del que forman parte
los seres humanos.
Pero esto sólo lo podremos hacer si disponemos del conocimiento suficiente
que nos permita adoptar aquellas medias estructurales necesarias para construir el
nuevo modelo económico que propugnamos. Para avanzar decididamente en este
camino, es por lo que proponemos cuatro actuaciones vinculadas con los fondos
estructurales y de inversión europeos.
Para cada fondo, reclamaremos una modificación de su Reglamento que
permita reservar una cantidad significativa del montante económico total que
dispone para emplearlo en un objetivo concreto. Esta cantidad reservada implicará la
exigencia a los Estados miembro y a la Comisión de elaborar un programa específico,
coordinado entre todos los fondos, que permita comenzar a poner en marcha
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PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
modelos económicos alternativos. Para ello, consideramos que los resultados de
estos trabajos deben integrarse en las estrategias de desarrollo local de los grupos de
acción local del Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER; antiguos
LEADER) y en los grupos de acción local pesquera del Fondo Europeo Marítimo y
Pesquero (FEMP).
ANEXO
ANTEPROYECTO DE CARTA
DE LOS DERECHOS SOCIALES
Estos derechos se alinearan con los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Los derechos sociales que proponemos
proteger son los siguientes:
I.- DERECHOS RELATIVOS A LA IGUALDAD
1.- Infancia y adolescencia
2.- Los gobiernos de los Estados miembro adoptarán medidas especiales de protección
y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por
razón de filiación o cualquier otra condición y garantizarán su cumplimiento.
2. Todo menor tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su
bienestar, a expresar su opinión libremente que será tenida en cuenta en relación con
los asuntos que le afecten, en función de su edad y de su madurez.
3. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o
instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración
primordial.
4. Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y
contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses.
5. Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser
inferior a la edad en que concluye la escolaridad obligatoria, sin perjuicio de
disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas.
6. Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de condiciones de trabajo
adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o contra
28
PROGRAMA ELECTORAL EUROPEAS 2014
cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo
físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación.
7.- Todo joven menor de 18 años tendrá garantizada una renta mínima que le permita
vivir por encima del umbral de pobreza.
2.- Igualdad entre hombre y mujeres.
1. La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos,
inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.
2. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que
ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.
3.- Personas migrantes y refugiadas
1.- Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención
de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el
Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea.
2.- Se prohíben las expulsiones colectivas. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o
extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de
muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.
3.- Toda persona migrante o refugiada que resida en territorio de la Unión Europea
tendrá los mismos derechos y deberes que los nacionales de los Estados miembro, tal
como están contemplados en esta carta.
4.- Especialmente tendrán garantizado el derecho:
a) de acogida y reasentamiento de las personas refugiadas;
b) de empadronamiento;
c) a la reagrupación familiar;
d) a recibir una educación especial que permita su integración en la sociedad de
destino, respetando su identidad cultural;
e) de acogida y asistencia;
f) a la regularización por arraigo social;
3.- Se reforzará especialmente el derecho de las personas migrantes a integrarse en la
sociedad de residencia, participando en los valores de la misma y manteniendo su
identidad cultural de forma completa excepto en el caso de que se vulnere uno de los
principios fundamentales recogidos en la carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea.
4.- Personas mayores
1. La Unión y los Estados miembro garantizarán el derecho de las personas mayores a
llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, para lo
que se dotarán los servicios públicos necesarios.
5.- Personas discapacitadas
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1. La Unión y los Estados miembro garantizarán el derecho de las personas
discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración
social y profesional y su participación en la vida de la comunidad, para lo que se
dotarán los servicios públicos necesarios, incluyendo una educación especialmente
diseñada para promover su plena integración.
6.- Educación
1.- Toda persona tiene derecho a la educación que debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. La educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de en pro del
mantenimiento de la paz.
2.- Este derecho se concreta en:
a) una enseñanza obligatoria y asequible a todos gratuitamente hasta la edad que se
establezca;
b) el derecho para escoger libremente el modelo de educación que se quiere recibir.
3.- Toda persona tiene derecho al acceso a la formación profesional permanente.
7.- Cultura
1.- Toda persona tiene derecho a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar del derecho a la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la
cultura;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora.
2.- Las políticas de la Unión garantizarán el respeto a la libertad de investigación
científica y para la actividad creadora, incluyendo la libertad de cátedra.
II.- DERECHOS RELATIVOS A LA SOLIDARIDAD
1.- Trabajo
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1.- Toda persona tiene derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado, que incluye:
1.- El derecho a acceder de forma gratuita a los servicios de colocación y a la
orientación y formación técnico-profesional,
2.- El derecho a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría
superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de
servicio y capacidad;
d) El descanso diario y semanal, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de
las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de
los días festivos.
3.- El derecho a la protección en caso de despido.
4.- El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, a negociar y
celebrar convenios y a la acción colectiva, incluida la huelga.
5.- El derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa. Se
deberá garantizar a los trabajadores o a sus representantes la información y consulta
con suficiente antelación.
6.- El derecho de todo ciudadano de la Unión, residente con permiso de trabajo
o refugiado a disponer de una renta básica que le permita la subsistencia.
2.- Toda persona residente en la Unión tiene la libertad de buscar un empleo, de
trabajar, de establecerse o de prestar servicios en cualquier Estado miembro.
2.- Seguridad Social y Protección Social
1.- Toda persona residente en la Unión Europea tiene derecho a la seguridad social y a
disfrutar, en condiciones de igualdad, de una protección, asistencial o económica, de
carácter social y de responsabilidad pública.
2.- Las prestaciones de seguridad social incluirán prestaciones sanitarias frente a
enfermedades, accidentes profesionales y maternidad/paternidad. Las prestaciones no
contributivas tendrán carácter gratuito.
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3.- Las prestaciones de protección social serán gratuitas e incluirán, con carácter de
mínimos, servicios destinados a:
-
Niños y jóvenes
Personas con problemas de autonomía personal
Personas discapacitadas
Drogodependientes
Personas con problemas de integración debidos a enfermedades mentales
Familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión
Personas afectadas por violencia de genero
3.- Familia
1.- La Unión y los Estados miembro garantizarán la protección de la familia en los
planos jurídico, económico y social.
2.- Esta protección, alcanzará los siguientes derechos, que tendrán el carácter de
mínimos:
1.- Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona
tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con
la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un
permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño.
2.- Para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación
de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de
los futuros cónyuges.
3.- A disfrutar de protección y asistencia en favor de los niños y adolescentes,
sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
4.- A disponer de una vivienda digna, orientando las políticas sectoriales en esta
dirección.
5.- A que las familias monoparentales, especialmente de las mujeres con hijos a
cargo, mantengan un nivel de vida digno.
6.- A garantizar el derecho a la maternidad en los casos de embarazo no
deseado o de niños con problemas físicos o psíquicos, mediante prestaciones
asistenciales y económicas sin limitación temporal.
4.- Salud
1.- Toda persona tiene derecho a unas prestaciones sanitarias universales, públicas y
gratuitas.
2.-Igualmente, tiene derecho a disfrutar de un servicio público de salud que garantice
el más alto nivel posible de salud física y mental. En especial:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de
los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente;
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c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad..
5.- Medio ambiente
1.- Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno ambiental sano y saludable y a
exigir un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.
2.- Igualmente, tiene derecho a disfrutar de los servicios socio-ecológicos necesarios
para proporcionarle bienestar.
3.- Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán la adopción de medidas
estructurales encaminadas a construir un nuevo marco de gobernanza que module las
interacciones entre la sociedad humana y los ecosistemas y que redefina el verdadero
papel de la economía en un modelo encaminado a garantizar el bienestar humano y de
los ecosistemas.
6.- Protección de los consumidores
1.- La Unión y los Estados miembro garantizarán un alto nivel de protección de los
consumidores.