Download ASA solicita la derogación del la Resolución 71/2006 de la

ASA solicita la derogación del la Resolución 71/2006 de la SAGPyA
En una Conferencia de Prensa realizada el pasado martes 11 de abril, la Asociación
de Semilleros Argentinos –ASA-, solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos –SAGPyA- la inmediata derogación de la Resolución 71/2006,
emitida por ese organismo y publicada en el Boletín Oficial el pasado 17 de febrero.
La Resolución 71/2006 tiene como objetivo exceptuar por un plazo de 90 días la
aplicación del sistema previsto para la aprobación comercial (desregulación) de
nuevos eventos biotecnológicos a todos aquellos que produzcan y/o comercialicen los
materiales correspondientes a variedades de híbridos que contengan el gen GA21,
propiedad de Syngenta.
A partir de la puesta en práctica de esta Resolución, se suspende temporariamente la
aplicación de todo un sistema serio y eficiente, con una decisión arbitraria, que le
brinda a ciertos semilleros la posibilidad de no cumplir con requisitos indispensables,
dejando de lado las normas legales y cuestionando seriamente todo el ordenamiento
normativo.
Para registrar un híbrido, cualquier compañía semillera debe presentar, como mínimo,
ensayos previos a campo durante 2 campañas en tres localidades distintas. Para
realizar esos ensayos con un evento no aprobado aún para siembra y consumo
(regulado), se debe solicitar obligatoriamente autorización a la CONABIA -Resolución
39/03- y estar inscripto en el Registro de operadores de Organismos Genéticamente
Modificados en el INASE –Resolución 46/05-.
Concretamente, la Resolución 71/2006 permite que cualquier semillero que posea un
híbrido que contenga el gen GA21, pueda inscribirlo en el Registro Nacional de
Cultivares y por lo tanto comercializarlo sin haber cumplido con estas dos
Resoluciones que obligan a los semilleros a declarar los ensayos de híbridos
conteniendo eventos no regulados.
Con esta Resolución se omite todo ese proceso y se permite que cualquier híbrido que
contenga el gen GA21 pueda entrar al mercado en la próxima campaña, vulnerando
así el principio de igualdad para todos los semilleros y creando un marco de
incertidumbre acerca del proceso regulatorio en la Argentina, que hace peligrar los
futuros procesos de desregulación de eventos por parte de otras empresas.
La empresa Syngenta había cumplimentado el proceso para la aprobación comercial o
desregulación del evento transgénico GA21 de su propiedad. Comenzó suministrando
información a la CONABIA para que evalúe el impacto ambiental, luego al SENASA
para que evalúe la inocuidad alimentaria y a su vez la Dirección de Mercados
Agroalimentarios había evaluado el impacto que este gen podía tener sobre las
exportaciones. Luego de cumplirse todo este proceso, la Secretaría de Agricultura en
Septiembre de 2005 aprueba comercialmente el evento GA21.
En forma paralela, si otra empresa desea registrar un híbrido transgénico conteniendo
el gen GA21, debe solicitar la inscripción de ese híbrido en el Registro Nacional de
Cultivares. Para poder registrarlo, debe presentar una declaración jurada de
realización de los ensayos previos, es decir que si lo quiere inscribir en el 2006, debe
haber realizado los ensayos durante el 2005 y 2004. Para poder haber efectuado estos
ensayos, previamente debía haber pedido autorización a la CONABIA.
Todavía no se sabe ni cuantos ni cuales semilleros se presentarán en los próximos
días a registrar híbridos conteniendo este gen, pero la realidad es que la SAGPyA está
habilitándolos para inscribirlos, aceptando que trabajaron en forma ilegal durante al
menos dos años, manipulando un material transgénico que no estaba desregulado. Lo
que si se sabe, es que la SAGPyA en lugar de preservar un sistema regulatorio está
permitiendo que ese sistema se viole, emitiendo una Resolución poco transparente
que involucra a un solo gen y por 90 días, sentando un precedente que genera
incertidumbres sobre lo que pueda ocurrir luego del 17 de mayo, fecha en que caduca
dicha Resolución.
Como consecuencia de este tipo de medidas, se perjudica seriamente la credibilidad
de las exportaciones argentinas más significativas, ya que se modificarían
transitoriamente aspectos regulatorios de productos que luego son exportados a
países consumidores de alimentos, que poseen grandes restricciones en esta materia.
Este hecho es de extrema gravedad institucional porque deja de aplicarse en forma
arbitraria la normativa altamente calificada que rige el proceso de aprobación de
cultivares transgénicos que preserva la Bioseguridad, involucrando la competencia de
la CONABIA, INASE, SENASA y Dirección de Mercados Agroalimentarios, restando
seriedad y transparencia al sistema.
Por ello, esta modificación realizada sin responsabilidad sobre la esencia y sostén del
sistema, adquiere proporciones gravísimas, ya que lesiona de hecho y de derecho a
toda la cadena, sobre la que se construyó y deberá seguir construyéndose todo nuevo
hito tecnológico.
La República Argentina, a partir de decisiones convalidadas y apoyadas por el Estado,
comenzó a transitar el camino de las semillas transgénicas, como aporte y
complemento tecnológico indispensable en la producción agropecuaria. Era un nuevo
camino y se asumía una alta responsabilidad, pero se estuvo a la altura de las
circunstancias, logrando una normativa jurídica de excelencia para regular y asegurar
el estricto manejo de la nueva tecnología, que permitió no solo apoyar su difusión en
nuestro país, sino también fortalecer nuestra posición de país exportador.
A partir de la incorporación de eventos biotecnológicos en cultivos como la soja y el
maíz, la Argentina incrementó sustancialmente su producción logrando pasar de 44
millones de toneladas a 84 millones de toneladas en casi una década. Este aumento
de la producción sirvió de base para consolidar el desarrollo de una industria
agroalimentaria que hoy abarca el 36% del total de empleos, el 45% del valor
agregado por la producción de bienes y el 56% de nuestras exportaciones.
Todo este proceso se produjo manteniendo un estricto equilibrio con las normas de
bioseguridad para asegurar que estos adelantos no pusieran en riesgo alguno la
sustentabilidad de la producción agropecuaria y el recurso natural que se estaba
utilizando.
De izquierda a derecha: Gustavo Oliverio (Fundación Producir Conservando), Iván
Ramallo (Vocal titular ASA - Relmó), Pablo Vaquero (Vicepresidente ASA y Arpov),
Raúl Palmieri (Presidente ASA), Julio Ferrarrotti (Presidente Arpov), Hernán Pettinari
(Vocal titular ASA - Syngenta), Alberto Goñi (AAPRESID).