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03/04/2017
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50.000 Categoría: Económicos
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30.000 Edición:
Nacional
Audiencia: 78.000 Página:
40
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V.PUB.: 2.573
ECONOMIA
El fraude fiscal cuesta a Italia 110.000 millones al año
Solo 200.000 de las 4
millones de empresas
son controladas
G.V. MILÁN.
Casi un 5 por ciento del PIB italiano se esfuma cada año a causa del
fraude fiscal, una cantidad que equivale al rescate de la banca transalpina y a más de 30 veces el ajuste
adicional que demanda la UE para
no tener que imponer sanciones
por incumplimiento de déficit.
Según el informe “Relación anual
sobre el fraude fiscal y contributivo”, presentado la semana pasada
en Roma, la diferencia entre los impuestos exigidos y los pagados es
de más de 100.000 millones al año.
Los datos, desvelados por una Comisión del Ministerio de Economía, se refieren al trienio 2012-2014
e indican un aumento del fraude
fiscal muy superior al crecimiento
de la economía: si en 2012 se esfumaron 108 millones de euros entre
impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, la pérdida para 2014
se valora en 111 millones.
El sector en el que se evaden más
impuestos es el de los servicios a
las familias (a menudo, los empleados del hogar y canguros trabajan
sin contrato ni Seguridad Social),
con un 30 por ciento del volumen
de negocio escondido ante Hacien-
da. Por detrás estaría el comercio
(26 por ciento) y la construcción
(24 por ciento).
“Italia tiene un problema relacionado con el crecimiento de la productividad, y es evidente que, si solo consiguen estar a flote gracias al
fraude fiscal, las empresas no tienen incentivos para invertir e innovar. Podemos decir que el fraude
tiene un papel muy importante en
la debilidad de la economía”, ha comentado Enrico Giovanni, expre-
sidente del Instituto Nacional de
Estadística y actual presidente de
la Comisión que estudia la economía sumergida y el fraude fiscal.
Además, el informe presentado
la semana pasada señala que tan solo 200.000 de las 4 millones de empresas italianas reciben controles
fiscales anuales. Es decir, a pesar de
las promesas gubernamentales, los
recursos que el Estado destina a luchar contra el fraude siguen siendo insuficientes.