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Las Pensiones de Seguridad Social en los Estados
Unidos: Desequilibrio Creciente y Soluciones
Posibles
por Carmelo Mesa-Lago
La Ley de Pensiones de Seguridad Social de los Estados Unidos (Social Security Act, 1935) se
aproxima a sus 80 años y protege a los trabajadores frente a tres riesgos: vejez, sobrevivencia
(OASI) y discapacidad (DI; combinados es OASDI). Este es el programa social más popular en
EEUU, cubre a más de 43 millones de personas y cientos de millones de ciudadanos se han
beneficiado de sus pensiones pero también es el más costoso del gobierno federal. Pese a su
importancia y popularidad, el programa está amenazado por un creciente desequilibrio actuarial;
una reforma paramétrica llevada a cabo por consenso de los dos partidos políticos en 1983 prolongó
su vida, pero se requiere una nueva reforma bipartidista para restaurar el equilibrio.
OASDI se financia con contribuciones mensuales de 158 millones de trabajadores activos que
pagan 6,2% sobre el salario, más 6,2% por los empleadores, pero para crear un estímulo económico
debido a la recesión, en 2011-2012 el Congreso redujo la primera en 2%, menguando el ingreso
total en 5%. Las contribuciones se asignan a un fondo gestionado por el Departamento del Tesoro el
cual los invierte en valores del gobierno de EEUU que generan una tasa de interés de mercado; esta
ha disminuido de forma notable (también para estimular la economía) con igual efecto financiero
adverso. La participación de las contribuciones en el total del ingreso es 70%, la del interés sólo
15% y otros ingresos 15%. El fondo paga todos los beneficios y el costo administrativo es sólo
0,5% del ingreso.
La Junta de Gobernadores de OASDI anualmente publica un informe sobre el estado financieroactuarial del programa con una proyección de 75 años; el último informe disponible es de 2012
(actualizado en abril de 2013); todavía no se ha publicado el de 2013. La situación actual y futura
de OASDI empeoró respecto al año 2010: por dos años consecutivos el costo de las pensiones
superó el ingreso provocando un déficit actuarial de 2,7% de la nómina (0,44% superior al de
2010), o sea, se necesitaría un aumento de 2,7 puntos porcentuales en la contribución para equilibrar
el programa y dicho déficit es el peor desde la reforma de 1983 (DI sufre un desequilibrio mayor
que OASI). El año proyectado para que se agote el fondo es 2033, tres años antes que la proyección
anterior, y entonces el ingreso sólo podrá financiar 75% de las prestaciones.
Varias causas generaron el empeoramiento. El ingreso cayó por el citado corte en la contribución, la
crisis, el desempleo y reducción del salario, y una recuperación débil. El desequilibrio se acentuará
por la jubilación de la generación del “baby boom” (convertidos de contribuyentes en pensionados),
la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población (en 2040 habrá solo dos contribuyentes
por cada pensionado). Es posible que el informe de 2013 muestre una leve mejoría, debido a que en
este año se restableció la contribución de 6,2% al trabajador, ha disminuido el desempleo, y hasta
ahora hay un crecimiento económico mayor reflejado en un record histórico en la bolsa de valores.
Pero aún si esa mejora ocurre, no corregirá el desequilibrio a largo plazo. Así advierte la Junta de
Gobernadores: “Se requieren modificaciones legales para evitar los efectos nocivos a beneficiarios
y contribuyentes… Los congresistas no deben demorar las medidas para enfrentar los restos
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financieros de la seguridad en el largo plazo; mientras más pronto actúen tendrán más opciones y
tiempo para hacer los cambios”. Las soluciones demandan sacrificios compartidos y un consenso
bipartidista difícil de lograr en un país ideológicamente polarizado, donde el Partido Demócrata
tiene mayoría en el Senado y el Partido Republicano domina en la Cámara de Representantes.
La reforma paramétrica tendría que incluir varias medidas susceptibles de combinación: 1) subir el
tope salarial anual de $110.000 para la contribución que favorece al grupo de altos ingresos; 2)
incrementar la tasa de contribución sobre la nómina; 3) aumentar la edad de jubilación de acuerdo
con el ascenso en la esperanza de vida al momento del retiro, pero se ha venido extendiendo
gradualmente a 67 años; 4) reducir las prestaciones (la que enfrenta mayor oposición), por ejemplo
un ajuste menor de las pensiones a los retirados más ricos; y 5) legalizar a los inmigrantes que se
convertirían en contribuyentes (una medida que se está discutiendo en el Congreso).
Frente a la reforma paramétrica que apuntala el sistema público, el sector conservador propone una
reforma estructural: la privatización total o parcial de la seguridad social. Esto fue intentado sin
éxito por el Presidente George W. Bush que quería traspasar parte de la contribución del trabajador
(exceptuando a los más viejos) a depósitos en cuentas individuales de retiro, como las que existen
en nueve países en América Latina. Pero dicho traspaso hubiese provocado la pérdida considerable
del ingreso de OASDI, adelantando su desequilibrio y forzando al Gobierno a financiar el déficit.
Una reforma más radical, propuesta por el Tea Party y que tampoco cuajó debido a la re-elección
del Presidente Barack Obama en 2012, es el cierre total del sistema público de pensiones y su
reemplazo por un sistema privado. Pero el costo fiscal de la transición de dicha reforma sería
enorme; por ejemplo, es más de 4% del PIB en Chile, casi 40 años después de su reforma
estructural que ha sido la más exitosa en América Latina.
El Presidente Obama ha prometido resolver el desequilibrio futuro de la seguridad social sin
privatización, pero para ello necesita del apoyo de ambos partidos especialmente en la Cámara de
Representantes. Es de esperar que el sentido común y el bienestar de 43 millones de pensionados
prevalezcan sobre la polarización política y la actual falta de colaboración en el Congreso.
Carmelo Mesa-Lago
Catedrático de Servicio Distinguido Emérito en Economía, Universidad de Pittsburg
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