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LA FORMULACION DEL PROYECTO NACIONAL
Con la instalación de la Constituyente de 1830, en esta ciudad de Valencia, se ratifica,
en términos jurídicos y políticos, la separación de Venezuela de Colombia. A partir de
esa fecha, la formación social venezolana estaría expuesta a un accidentado proceso de
estructuración nacional, el cual toma inicio con el intento de sentar las bases jurídicopolíticas del Estado nacional. El modelo de Estado que se adopta es el patrón
euroccidental y norteamericano, fundado en la división de poderes, de carácter
centralizado, de democracia restringida y de orientación liberal, en cuanto a su función
económica y relaciones con la sociedad. A esta voluntad política la llamaremos el
Proyecto Político de 1830.
La acción de gobierno se orienta a la búsqueda de salidas a la crisis estructural de la
sociedad implantada. Las medidas apuntan, por un lado, al restablecimiento de la base
agropecuaria y, por el otro, a la creación de formas de gobierno y marcos jurídicos
propios, como fórmula para la reconstrucción de la legitimidad después de la ruptura del
nexo colonial. Con las nuevas formas políticas y jurídicas buscaban los criollos
apuntalar su control sobre el orden social. Control que había resultado comprometido
durante las luchas de emancipación a causa de la dislocación del orden social, la
movilización de los sectores dominados y la reducción de la población blanca.
En el orden económico se intenta liberalizar la economía, reconstruir el capital y
responder a la crisis de mano de obra. Las llamadas leyes económicas [Ley de 10 de
Abril (1834); de Espera y Quita (1841)], la creación del Banco Nacional (1841), la
búsqueda de inmigración y la formalización de las relaciones con los centros de
desarrollo capitalistas son, sin duda, algunas de las piezas fundamentales de tales
propósitos.
Debemos recordar que la crisis estructural de la sociedad implantada, cuyo origen se
sitúa a fines del siglo XVIII, tuvo como manifestación más general una pérdida del
dinamismo social, cesación de los procesos de ocupación del territorio y contención en
el desarrollo y diversificación de la estructura social acompañada de una agudización de
los conflictos sociales, pues de esa manera se expresaron las luchas que por la libertad e
igualdad se plantearon los distintos sectores sociales (criollos, esclavos y pardos) de
aquella sociedad. Luchas de clase e intraclase de tanto encono que, a juzgar por lo que
dicen algunos autores, las guerras de Independencia resultaron ser cruentas guerras
sociales.
Esa crisis estructural, en la medida en que no pudo encontrar prontas y efectivas
respuestas, debido a la acción combinada de factores históricos de distinta naturaleza,
significó para el país un largo proceso de estancamiento y una crónica conflictividad
sociopolítica -luchas de clase e intraclase- que minaron gravemente la posibilidad del
progreso y la paz social, durante buena parte del siglo XIX.
Para los años de 1830, la formación social venezolana es un "ente tan desintegrado o
desarticulado como podía serlo a mediados del siglo XVIII" (1), y se encuentra marcado
además por la destrucción de las guerras de emancipación. Ocupa un espacio territorial
de más de un millón de kilómetros cuadrados, en el cual tiene .asiento una escasa
población próxima al millón de personas (2), ubicadas en los mismos espacios que
ocupará a fines del mencionado siglo, sin contar con mayores infraestructuras: Se carece
de puertos y caminos, y, lo que es peor, no se tiene la posibilidad material inmediata de
modificar tal panorama.
(1) Germán Carrera Damas: Una nación llamada Venezuela, p, 81
(2) Federico Brito Figueroa: I Gstoria Económica y Social de Venezuela, tomo 1, p. 261.
Asimismo, estaba pendiente la satisfacción de las aspiraciones históricas
socioindividuales de los grupos sociales dominados (pardos y esclavos), pues el
proyecto de redención social de la Independencia seguía sin tener realización, pese a
que la guerra había contribuido a acercar las «castas», introduciendo un componente
social de igualitarismo que, históricamente, habría de profundizarse.
La voluntad de construir a Venezuela en Estado soberano partió entre un gran consenso
y armonía, de la clase dominante criolla. Propietarios agrícolas, comerciantes, el sector
ilustrado y los jefes militares nucleados en torno al liderazgo caudillista (3) del general
José Antonio Páez (1790-1873), entonces la figura política central del país, se acuerdan
para impulsar, bajo las orientaciones de la Constitución de 1830, las tareas propias de la
construcción de una sociedad liberal. A la élite civil -el sector ilustrado- le correspondió
la gestión del gobierno.
(3) El poder personalista que brota con vigor en el inicio de la organización republicana es la contrapartida de la
inexistencia de grupos hegemónicos y la no consolidación del sujeto formal del poder, el Estado. Ambos factores resultar de
1,7 débil estructura socioeconómica y sus bajos niveles de integración. La incapacidad del Estado proviene de su condición
rudimentaria, de los precarios medios de que dispone para convertir sus decisiones en órdenes. La carencia, por caso, de un
ejército organizado y numeroso impide que el Estado posea el monopolio de la violencia. En ausencia de todo esto, se da la
existencia de un poder fáctico, personalista, basado en la capacidad de imponer decisiones y crear cierto orden, fuera del
poder formal,- es el poder de los caudillos. Que son dueños de peones y haciendas, gozar del prestigio de sus hazañas militares y concentran las lealtades políticas que, en un tiempo, se prodigaron a 1,7 monarquía, Son, en consecuencia, los
herederos de una legitimidad resquebrajada, y lo serán hasta la construcción de la próxima legitimidad. Así fue.
Este propósito de edificar las formas políticas y socioeconómicas liberales ha de
entenderse como una clara influencia de los círculos dirigentes de Europa y Estados
Unidos, pero, a la vez como la búsqueda de creación, en el interior de la formación
social venezolana, de estructuras comunes a los centros de desarrollo, para los fines de
la articulación con el sistema capitalista mundial, estimada como necesaria para la
recuperación económica. Este vínculo, para el tiempo histórico bajo atención, se expresa
básicamente a través del intercambio, la inmigración y los empréstitos
intergubernamentales.
Obviamente que las nociones de libertad política y económica del grupo dominante
estaban en abierta oposición con las prácticas del esclavismo y los intentos hechos
desde el poder, de creación de un régimen de trabajo forzado, para someter la fuerza de
trabajo libre (el peonaje), a las pésimas condiciones de trabajo de las haciendas
venezolanas de aquel tiempo. Pero todo indica, que, tales contradicciones encontraron
entonces justificación en la escasez de mano de obra que afectaba a la economía, que
aún no mostraba una total recuperación de los destrozos sufridos durante los largos
enfrentamientos bélicos de la emancipación.
Pardos -expresión propia de la Colonia-,peones y esclavos, sin embargo, no dejarían de
hacer sentir sus reclamos de igualdad y libertad a través de luchas específicas (4), o
como expresión de apoyo a los bandos en pugna de la clase dominante, en los conflictos
que éstos mantendrán por el control y dirección del orden social.
El de 1830 fue un régimen oligárquico -de participación política restngida-, que
instituyó una exigencia rentística o patrimonial para el ejercicio de los derechos de
elegir y ser elegido. Fue, asimismo, pese a su definición "centro-federal", un poder
centralizado que subsumió las tradiciones autonómicas de las Provincias. Así se dejaron
de lado las demandas de participación e igualación ciudadanas de los pardos, planteadas
conflictivamente a fines del período colonial; como las aspiraciones de participación en
términos de igualdad de las Provincias. Las cuales, por cierto, habíanse puesto
críticamente de manifiesto al momento de la declaración de la independencia, y que
explican, al par con las influencias ideológicas, el carácter federal de la Constitución de
1811.
(4) Véase: Brito Figueroa: Op. Cit., pp 275-277. Allí se da cuenta de las múltiples manifestaciones de protesta social de los
sectores populares las cuales toman la forma de “guerra de guerrillas” y de acciones en contra de la propiedad y los grandes
propietarios.
A poco y abigarradamente mezclados, todos estos elementos críticos se pondrían en
juego. Los caudillos orientales, con su sempiterno jefe José Tadeo Monagas (17841868) al frente, se levantarían contra la república, esgrimiendo una proposición
federalista y separatista: La creación del Estado de Oriente. Luchas que nos dicen de las
dificultades que entonces presentaba, en aquella sociedad de débil estructuración, la
idea de la integración nacional. El federalismo, bien como autonomía o, incluso, como
propuesta separatista, serviría para vincular la resistencia contra el centralismo y el
ejercicio exclusivista del poder, por parte de la llamada oligarquía conservadora.
Cuentan de igual forma las confrontaciones entre civilistas y militaristas. Conflicto
vinculado al tránsito de las formas políticas militaristas a las nuevas de carácter civil:
Superación de la autoridad civil y militar; carácter obediente y subordinado del poder
militar; supresión del fuero militar; ordenadas por la Constitución, y propia del régimen
republicano de estado de derecho. Aspectos éstos resistidos por prestigiosos grupos
militares, pero que son impulsados fundamentalmente por la élite civil, que es la que
entonces muestra una mayor identificación política con el proyecto liberal y posee,
además, la capacitación intelectual para la gestión del Estado.
Conviene aquí la insistencia en señalar que la construcción de las formas jurídicopolíticas liberales obedece al propósito de legitimar el poder en una doble dimensión.
En lo interno: Por la necesidad de construir un poder legal y legítimo que permitiera,
tanto el control del territorio como el mantenimiento de la dominación de los criollos
sobre los sectores populares movilizados. Y en el orden externo: Por la búsqueda del
reconocimiento internacional, para los efectos de la realización del comercio, el crédito,
la inversión, inmigración, etc.; formas de relacionamiento con el sistema de economía
mundial, procuradas como fórmulas para vencer el estancamiento y el atraso.
Los conflictos entre "civiles y militares" serán, por otra parte, la forma que tomen
también las luchas de ciertos sectores de militares-caudillos, rivales de Páez, que fueron
expresamente excluidos de la alianza de poder acordada en 1830, entre la élite civil y la
red caudillista de Páez, en contra de los gobiernos de la oligarquía conservadora. De
entre esos conflictos, sobresale por su magnitud la "Revolución de las Reformas"
(1835), que produjo el derrocamiento del gobierno del Dr. Vargas, el primer gobierno
civil del período republicano.
Empero, el conflicto fundamental de este período ocurre entre los intereses de los
propietarios terratenientes y los comerciantes prestamistas, factores de la clase
dominante, lo cual ilustra acerca de las dificultades que tiene esa clase para encontrar un
proyecto común. Ese enfrentamiento, agudizado por la caída de los precios
internacionales de los rubros agrícolas de exportación, como parte de los desajustes de
la economía internacional ocurridos a partir del 1837 (5), condujo en lo inmediato a una
disputa sobre las leyes económicas liberales que afectaban a los deudores y,
sucesivamente, a toda una discusión ideológica acerca de la manera de concebir y
entender el ejercicio del gobierno.
Ese choque de intereses será motivo primordial para la creación del Partido Liberal, en
1840,que tendría como cabeza dirigente a Antonio Leocadio Guzmán (1801-1884); y
con ello, la ruptura definitiva del consenso de 1830 entre la clase dominante. En lo
sucesivo, aparecerían las dos facciones conocidas del pensamiento liberal venezolano:
liberales y conservadores, las cuales terminarán por expresar distintas modalidades,
tanto en la concepción del Estado como en la manera de enfrentar la crisis estructural.
Las luchas de liberales y conservadores -confrontación acerca de cuál facción debía
dirigir el orden social-, una vez desatadas, sobre todo después de los incidentes de las
elecciones de 1846, no tendrán prácticamente tregua y, entremezcladas con los no
menos agudos conflictos entre los diferentes sectores y grupos de clase, que encuentran
en la crisis económica un campo abonado, darán margen a una irrupción de luchas
populares cuyo desenlace y expresión más aguda lo será la llamada Guerra Federal o
Federación, que oficialmente ocurre entre 1859 y 1863, y que constituye el segundo
gran conflicto bélico del siglo XIX.
(5) Ibídem, p. 233.
Esto, pese a la sustitución de la oligarquía conservadora por el monaguismo (1847), el
cese inmediato a la persecución del grupo liberal radical, el breve ingreso de sectores
liberales al gobierno de Monagas, la abolición de la esclavitud y la derogación de las
leyes económicas polémicas, que, como se dijo, eran factor de conflicto y perturbación,
por el perjuicio que causaban a los propietarios agrícolas endeudados y prácticamente
arruinados por la crisis económica mundial y local.
Porque el monaguismo, en su lógica autocrática y nepótica, terminaría por anular los
mecanismos constitucionales para la alternabilidad en el poder (1850), dejando así
abierto el camino a luchas de franco carácter militar. Luchas que proseguirán aun
después del breve acuerdo de liberales y conservadores que significó el derrocamiento
de la "dinastía", en 1858, y la convivencia parlamentaria ocurrida en la Convención de
Valencia (1858), ocasión para un gran debate entre las tesis centralistas y federalistas;
pero que en nada impidió la propagación de la ola violentista.
En el marco de estas luchas que anarquizan el orden social, cuya cúspide, como se dijo,
es la Guerra Federal, se profundizará una vinculación, iniciada, si se quiere, en 1846,
entre radicalizados liberales y los sectores populares. Estos, ante el clima de anarquía,
muestran una clara y espontánea tendencia a insubordinarse en reclamo de sus derechos
frente al orden oligárquico y la creciente miseria que los afecta, pero sin llegar a
conformar una alternativa propia de cambio.
Del acercamiento del liberalismo a las luchas populares se producirá una síntesis de
valores político-ideológicos, que indican, por una parte, una capacidad del liberalismo
para entender la necesidad de medidas liberalizadoras del orden social, fórmula que, a
su vez, representa una cierta manipulación -en función de sus particulares intereses de
las luchas populares; y, por otra parte, la coherencia del pensamiento liberal para
proponer, como expresión del sector más avanzado de la clase dominante, la necesidad
de reformas democrático-liberales en la estructura social.
Esos nuevos valores político-ideológicos, apreciables fácilmente en los planteamientos
de "El Venezolano" y en los documentos emitidos por los jefes de la Federación,
condensan una respuesta a las luchas históricas de las clases dominadas: Igualdad
jurídica, plena elegibilidad, sufragio directo, abolición de la pena de muerte, prohibición
de la esclavitud. Dan reconocimiento a la participación política regional; Organización
federal del Estado; y definitiva aceptación al conjunto de valores sociales propias de las
sociedades modernas, burguesas; Libertad absoluta de prensa, de tránsito, de asociación,
de industria, libertad de cultos, inviolabilidad de la propiedad, de la correspondencia,
etc.
Valores que vistos en forma conjunta poseían la potencialidad de reformar el orden
social heredado de los tiempos coloniales, poco modificado en su tránsito hacia la vida
republicana; y, sobretodo, la posibilidad de abrir los cambios que permitieran la
evolución misma de la clase dominante criolla en una burguesía plena.
Esa posición del grupo liberal que admite y propugna la liberalización del orden social,
como fórmula para preservar el papel de la clase dominante criolla, se tornará
históricamente en una concepción modélica acerca de la organización y funcionamiento
de la sociedad venezolana. Ese conjunto de valores aludidos pueden apreciarse en el
Decreto de Garantías expedido por el general Juan Crisóstomo Falcón, en 1863, y en la
Constitución Federal de 1864, sancionada en fecha posterior a los acuerdos de la clase
dominante, que dieron término a la Guerra Federal (1863).
Analíticamente ese conjunto de valores corresponde a la categoría denominada Proyecto
nacional, y ha de entenderse, histórica y teóricamente, como el resultado del proceso de
aproximaciones y búsquedas de soluciones a los problemas de la crisis estructural,
procurados desde 18101811, y después de los estallidos bélicos. Su perfeccionamiento e
instrumentación práctico-ideológica correrán a partir de 1870.
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