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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PARCELAS DISPONIBLES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PARCELAS DISPONIBLES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
SITUACION ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES
La situación de las Infraestructuras Judiciales del Partido de Santa Cruz de Tenerife,
sede de:
- Los órganos unipersonales correspondientes a su demarcación y también de los de ámbito
provincial (40 en total, su Decanato y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos
- La Audiencia Provincial (6 Secciones)
- Las Salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Lo Social y Lo
Contencioso-Administrativo, desdoblada ésta última en 2 Secciones)
- La Fiscalía de la Audiencia Provincial, con su Sección de Menores y los Equipos
Técnicos.
- El Instituto de Medicina Legal (en adelante IML),
ubicados en 6 edificios (Avenida 3 de Mayo, nº 3; Plaza de San Francisco, nº 15; Edificio el
cabo, 4ª planta; Sede de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; Sede de la Jurisdicción
Social e IML, sito en la Facultad de Ciencias de la Salud), debe considerarse muy preocupante
por las siguientes razones:
PRIMERA: El edificio denominado “Palacio de Justicia”, situado en la Avenida 3 de Mayo
(propiedad), constituye el inmueble principal afecto a la actividad judicial en la capital citada.
Construido, por iniciativa del Ministerio de Justicia, con base en un Proyecto de junio de
1991, entró en funcionamiento en 1996, con una superficie total construida de 18.242,93 metros
cuadrados en 8 plantas (1 sótano, 1 semisótano y 6 plantas sobre rasante, ocupando estas
últimas un total de 12.932,99 metros cuadrados), albergando:
- 6 Secciones de la Audiencia Provincial
- 5 Juzgados de Instrucción
- 10 Juzgados de 1ª Instancia
- 8 Juzgados de lo Penal (el nº 7 tiene su sede en Santa Cruz de La Palma)
- 2 Juzgados de Violencia sobre la Mujer
- 2 Juzgados de Menores
- 1 Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
- Servicio Común de Notificaciones y Embargos
- Decanato
- Clínica Médico-Forense
- Registro Civil Exclusivo
- Fiscalía de la Audiencia Provincial (incluye la Sección de Menores)
- Equipos Técnicos de Menores, adscritos a la Sección de Menores de la Fiscalía.
- Equipos Psicosociales de Familia, adscritos a los Juzgados de Familia
- Abogacía del Estado
- Calabozos, archivos y aparcamientos
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- Juzgado de Guardia
- Locales sindicales
- Locales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía,
Guardia Civil, Policía Local y Policía Autonómica)
- Servicios Jurídicos de la CAC e intérprete
- Abogados y Procuradores (Incluye SRNP)
En la actualidad se encuentra absolutamente saturado y ocupado al 100%, no disponiendo
de espacio alguno para albergar nuevos órganos judiciales ni fiscales. En él se han aprovechado
todas las plantas y, al dia de la fecha, 12 órganos judiciales unipersonales (7 Sociales, 4
Contenciosos y 1 Mercantil) y 2 JAT penales se encuentran en 3 edificios arrendados, lo que
indudablemente repercute en la propia estructura judicial, viéndose afectados el Decanato, el
Servicio Común de Notificaciones y Embargos y, por supuesto, los profesionales jurídicos
(abogados, procuradores y graduados sociales) a los que afecta directamente la dispersión, por
no citar los costes añadidos que para la gestión supone el no mantener una concentración de
órganos en una sola sede judicial.
Por lo que respecta al Juzgado de Guardia, en estos momentos se encuentra limitadísimo
en sus instalaciones, no admitiendo a la totalidad de la plantilla que entra de servicio, la cual
debe repartirse entre las dependencias de la Guardia y el Juzgado de origen. Igualmente
muestra carencias en salas de vistas, que influyen en los señalamientos y la Clínica Médico
Forense no reune condiciones adecuadas a la función.
Por último y no como problema menor, nos encontramos con una saturación absoluta de
los espacios dedicados a archivos de documentación y depósitos de piezas de convicción, que,
conviviendo con aparcamientos, ha llevado a planificar una actuación inmediata de espurgo,
aprovechando los espacios disponibles en los nuevos edificios de Juzgados de Güimar, Arona
y La Laguna.
SEGUNDA: La segunda de las sedes de justicia existente en la capital, el antiguo Palacio de
Justicia de la Plaza de San Francisco, se encuentra en un estado sumamente deficiente. Edificio
de muy antigua construcción (viejo convento), declarado Bien de Interés Cultural desde 1989
y con un nivel de protección 3, ha sufrido varias remodelaciones de todo tipo y ya en 1998, al
objeto de prescindir de arrendamientos de alto coste, fue acondicionado para acoger en su
interior la representación institucional del Poder Judicial en la isla, Presidente y Fiscal Jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (despachos de representación y sala de juntas),
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y las Salas de lo Contencioso-Administrativo
(desdoblada actualmente en 2 Secciones) y de lo Social (también con 2 Secciones), con sus
equipamientos y archivos (estos últimos muy escasos en atención al volumen de
documentación generado).
Con posterioridad, el aumento de las plantillas de Magistrados y funcionarios, generó la
eliminación de los despachos de representación citados (el Fiscal Jefe se trasladó a la planta 5ª
del edificio de la Avenida 3 de Mayo, siendo ocupadas sus dependencias por la Fiscalía del
TSJC y el Secretario Coordinador de Santa Cruz de Tenerife) y, en una constante y continua
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demanda de espacios, fueron ocupadas las viviendas de representación de la planta segunda
para acoger la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El inmueble, que tiene barreras físicas, se encuentra gravemente afectado en sus estructuras
y carece de las más mínimas posibilidades para una remodelación imprescindible acorde con
las nuevas necesidades de la Justicia (recuérdese su nivel de protección interior como Bien de
Interés Cultural), careciendo de toda funcionalidad, ya que su propia estructura impide llegar a
las requeridas circulaciones diferenciadas, salas comunes para funcionarios con atención por
mostrador, instalación de armarios rodantes, disponibilidad de sótanos para archivos y el largo
etcetera que engloba la tipología diseñada para sede judicial en nuestra Comunidad, que está
siendo puesta en práctica en todos los edificios que se han ejecutado (Arrecife, Arona, La
Laguna, Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y Ciudad de la Justicia de dicha capital).
Por último dicho inmueble tenía que haber sido cedido al Ayuntamiento desde 1997, al entrar
en funcionamiento el Palacio de Justicia de la Avenida 3 de Mayo, n.º 3, de conformidad con
el Acuerdo suscrito entre dicha Institución y el Ministerio de Justicia.
TERCERA: El actual IML, situado en el Campus de Ciencias de la Salud s/n, que fue
construido por el Cabildo de Tenerife, previas transferencias de capital del Capítulo VII de este
Centro Gestor, con entrada en funcionamiento en 2003, alberga los diferentes servicios que
componen la estructura del Instituto (laboratorio, anatomía patológica, histopatología, etc.).
Dispone de salas de autopsias y de un pequeño laboratorio, asi como de una cámara de
catástrofes que se construyó con posterioridad a costa de eliminar despachos de médicos
forenses, los cuales pasan consulta en las diferentes sedes judiciales, en las que hay habilitados
despachos a tal fin. Igualmente los equipos psicosociales adscritos se encuentran en el edificio
judicial de La Laguna por falta de instalaciones en la sede del Instituto
El inmueble es de muy pequeñas dimensiones y necesita ser sustituido por otro acorde a
las necesidades de la Medicina Forense en la isla, tal y como sucede con el IML de Las Palmas.
CUARTA: Por lo que respecta a las sedes arrendadas, éstas son 3:
* La sede de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, situada en la c/Aurea Díaz Flores y
en local arrendado por el Gobierno de Canarias en 2007, albergando en la actualidad los 4
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de ámbito provincial. Coste del arrendamiento:
328.303,68.- euros anuales.
* La sede de parte de la Jurisdicción Social, situada en Avda. 3 de Mayo, nº 24, esquina Lasalle,
en local arrendado por el Gobierno de Canarias en 2008 para albergar los 7 Juzgados de lo
Social de ámbito provincial. En la actualidad alberga tan sólo 5, al haberse debido construir
una quinta sala de vistas con objeto de descongestionar la Jurisdicción tras el nombramiento
de 3 Juzgados de Adscripción Territorial (JAT) provisionales, que se situaron en esta sede,
habiéndose trasladado a la 4ª planta del edificio El Cabo los Juzgados 1 y 7 en diciembre de
2014, continuando allí actualmente, con su propia sala de vistas. Coste del arrendamiento:
665.309,04.- euros anuales.
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* Locales de la 4ª planta del edificio El Cabo que albergan, en la práctica totalidad de la planta,
1 Juzgado de lo Mercantil, los Juzgados de lo Social n.º 1 y n.º 7, 2 JAT Penales, que deben ir
a celebrar sus vistas al Palacio de Justicia de 3 de Mayo, y despachos para Fiscales por
saturación de la 5ª planta asignada a Fiscalia en el Palacio de Justicia antes citado. Coste del
arrendamiento: 231.833,04.- euros anuales.
Dada la situación descrita, ya desde 1999 este Centro Gestor inició una serie de
gestiones encaminadas a disponer de suelo, inicialmente para concentrar la Audiencia
Provincial y el Tribunal Superior de Justicia, liberando espacio para Juzgados en la planta
ocupada por la Audiencia en el Palacio de la Avenida 3 de Mayo y eliminando la sede de la
Plaza de San Francisco, por las razones antes expuestas.
Con posterioridad y en función de los cambios legislativos operados con respecto a la
Oficina Judicial, las gestiones derivaron hacia la necesidad de una parcela que permitiera
albergar los siguientes órganos: Tribunal Superior de Justicia (salas de lo ContenciosoAdministrativo y de lo Social), Audiencia Provincial (Presidencia, Secciones Civiles y Penales),
Fiscalía de la Audiencia Provincial y Juzgados de lo Social y lo Contencioso-Administrativo
(con previsión de crecimiento para dichos Juzgados unipersonales), asi como servicios
comunes para todos ellos (salas de vistas, polivalentes, actos de comunicación, abogados,
procuradores, biblioteca, etc.). Tal solución significaba el mantenimiento del actual edificio de
la Avenida 3 de Mayo para la Jurisdicción Penal (Juzgados de Instrucción, de lo Penal, de
Violencia sobre la mujer , de Menores y Vigilancia Penitenciaria, asi como parte de la Fiscalía
y su Sección de Menores, incluidos los Equipos Técnicos).
Asignada parcela para tal fin, la denominada “A” (Manzana de Equipamiento), de
forma triangular, situada en el Polígono Cepsa-DISA, Ámbito La Salle, Área Ensanche Sur,
LS-08, permutada con el Ayuntamiento, cuya superficie aproximada es de 3.783,8 m², se
procedió a la redacción de un Proyecto denominado “Nuevo Edificio Sede Tribunal Superior
de Justicia, Audiencia Provincial, Juzgados Tenerife”
Entregado el mencionado Proyecto en Julio de 2008 y supervisado favorablemente el
mismo, su materialización mediante la ejecución de la obra no ha podido llevarse a efecto
como consecuencia de las circunstancias derivadas de la actual crisis económica, con lo que se
han agudizado los problemas que ocasiona la saturación del actual edificio de Juzgados de la
Avenida 3 de Mayo nº 3, habiendo también variado sustancialmente las necesidades operativas
de la Administración de Justicia y necesitándose a la mayor brevedad una concentración
completa de la misma en un solo complejo judicial, a efectos de la implantación de la Nueva
Oficina Judicial, razón por la cual se procede al análisis de las parcelas actualmente disponibles
para dicho fin.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PARCELAS DISPONIBLES
1.- PARCELAS “B” Y “C” DEL POLIGONO CEPSA-DISA: 14.125,7 m²
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Se descarta por inviable la parcela “A” asignada inicialmente y sobre la que se redactó un
Proyecto de Ejecución que, en lineas generales:
- Fuerza soluciones mas costosas al erario público, al requerirse la perforación del doble
de sótanos para cumplimiento del programa.
- No permite una distribución racional de los espacios indispensables para los usos
previstos del edificio: Tribunal Superior, Audiencia Provincial, Juzgados, Fiscalía, IML.
-Prácticamente imposibilita la diferenciación entre los usos planificados y mezcla las
previsiones de crecimiento de cada uno.
- Dificulta enormemente el cumplimiento del programa funcional diseñado.
Como alternativa en dicho Polígono se ha estudiado la posibilidad de que la Ciudad de la
Justicia se desarrolle sobre las Parcelas “B” (6.687,2 m2) y “C” (7.438,5 m²), dado que,
sumadas ambas superficies se dispondría de un solar de 14.125,7 m², en los que podría
desarrollarse el programa edificatorio previsto.
No obstante lo anterior se estima que tal solución resultaría compleja y costosa en tiempo
ya que en el PGOU aprobado, la parcela “B” se corresponde con plaza pública y parking
subterráneo y la “C” es de uso educativo y en la misma está previsto un centro de enseñanza
público, habiéndose emitido informe desfavorable de la Consejería de Educación al serle
solicitada la permuta con la parcela “A” asignada a Justicia.
Igualmente sobre parte de la parcela “B” se aprecia en el estudio de detalle que se alza un
edificio denominado parcela “8” que retranquea los espacios de la plaza, no disponiéndose, en
combinación con la parcela “C” de un todo rectangular como sería deseable cara al edificio
singular que se plantea. Asimismo la disposición de ambas parcelas requeriría una
modificación del PGOU, afectando a la empresa Cepsa-Disa, lo que no garantizaría su
disposición inmediata ni en los parámetros requeridos para nuestro programa de necesidades.
Para mayor abundamiento el parking de uso público previsto bajo la plaza no sería factible,
ya que, por motivos de seguridad, los aparcamientos bajo edificios judiciales (infraestructuras
críticas a efectos del Plan de Seguridad Nacional), son de uso privativo, requiriéndose
igualmente sótanos para calabozos (con desplazamiento de vehículos policiales y detenidos en
ellos) y depósitos de cadáveres (con circulación de vehículos funerarios asignados al IML), asi
como archivos de documentación y piezas de convicción.
En suma, que el complejo judicial no dispondría de parking público adyacente como sería
deseable, dada la experiencia adquirida con la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, que si
dispone de parking publico contiguo, de gran utilidad en atención al alto volumen de visitas
diario a las instalaciones (unas 3.000 personas).
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Reseñar que la parcela estudiada, como se ha dicho, no se encuentra disponible y su
afectación no sería sencilla, lo que demoraría la disponibilidad y la posibilidad de actuación
sobre la misma.
2.- PARCELAS 1I Y 1JL EN CABO LLANOS (GESTUR TENERIFE Y GESTURCAJACANARIAS): 11.479 m²
Con una superficie de 11.479 m², es sensiblemente inferior a la anterior parcela analizada
y se considera complicado el encaje del complejo judicial previsto con los diferentes usos
diferenciados (TSJC, Audiencia Provincial, Juzgados, Fiscalía e IML), ya que la unidad de
actuación contempla una plaza, limitando los espacios construibles a tres pastillas edificatorias
concretas.
El Proyecto de Urbanización se encuentra en tramitación y la zona afectada por Junta de
Compensación. Se requeriría, con la subsiguiente demora temporal, una modificación del
PGOU para una actuación como la prevista, estando muy colmatados los alrededores. Todo
ello influye a efectos de los sótanos previstos y a la cuestión del parking publico necesario.
Como en el caso anterior, las parcelas no se encuentran disponibles y deberían ser
adquiridas. Ello significaría una demora para la actuación prevista, que se agravaría con la
necesidad de modificar el PGOU y las decisiones de la Junta de Compensación.
3.- PARCELA CL LOS BIMBACHES SGEC-13, PARCELA EC-1.5 38107 SANTA
CRUZ DE TENERIFE (SOBRADILLO): 21.141 m²
La superficie completa de la parcela en cuestión es de 22.729 m², estando construido, en
su zona inferior izquierda un deposito regulador de agua de 1.588 m², lo que deja una superficie
útil, a los efectos que nos ocupan, de 21.141 m², la mayor de las estudiadas.
La parcela es 100% titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias y se
encuentra disponible de forma inmediata.
Tanto la forma rectangular como la superficie disponible la hacen ideal para el uso previsto,
ya que permitiría la construcción de un complejo judicial singular, conforme al programa de
necesidades previsto, en el que seria factible:
* La concentración en plantas bajas de las oficinas, servicios y dependencias
comunes en las que confluye mayor cantidad de público y profesionales jurídicos, con
el fin de evitar su desplazamiento a las plantas donde se sitúan los órganos judiciales y
fiscales propiamente dichos, a las que sólo se accederá para gestiones profesionales y
comparecencias regladas.
* La división horizontal por planta o vertical por torre o bloque de los diferentes
órganos jurisdiccionales (Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial,
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Juzgados, Fiscalía, IML), con sus propias previsiones de crecimiento de la planta
judicial en cada una de ellas, al objeto de no distorsionar en el futuro el funcionamiento
integral del complejo.
* La inexcusable existencia de anillos perimetrales de circulación diferenciada para
usuarios del edificio por un lado (Personal de la Administración de Justicia:
Magistrados, Jueces, Fiscales, Secretarios, Funcionarios), que constituyen la plantilla
del mismo, y profesionales/público por otro (abogados, procuradores, graduados
sociales, justiciables, etc.), siendo el primero restringido y con barreras de acceso, ya
que será igualmente utilizado para circulaciones de detenidos, menores, testigos
protegidos, etc.
*La flexibilidad en el diseño interno de la oficina judicial tipo con vistas a que permita
su remodelación rápida ante la existencia de cambios legislativos en la materia,
pendientes de desarrollo reglamentario (potenciación de servicios comunes, definición
de la unidad procesal de apoyo directo, etc.), lo que no impide una fijación standard
inicial de los puestos de trabajo sin posibles reacondicionamientos particulares de los
mismos no permitidos (utilización de suelos técnicos, panelados, etc.)
*La atención personalizada en los diferentes órganos y servicios a través de mostrador,
evitando la entrada indiscriminada, tanto de público como de profesionales jurídicos,
en las oficinas judiciales/fiscales.
* La habilitación de un parking publico separado del propio del edificio, para dar
cobertura a las necesidades de justiciables y operadores juridicos, siendo factible para
el mismo el régimen de concesión a efectos de ahorro de costes de construcción
Por lo que respecta a su situación, las vías de comunicación provenientes tanto de la capital
como del Norte y del Sur, son inmejorables, lo que no es baladí si se tiene en cuenta que los
órganos de ámbito provincial son 38 (2 salas del TSJC, 6 Secciones de la Audiencia Provincial,
7 Juzgados de lo penal, 7 de lo Social y 4 de lo Contencioso, asi como 1 Juzgado de lo Mercantil
y 1 de Vigilancia Penitenciaria). Igualmente existe un ramal del tranvia a la zona y se podrían
habilitar lineas regulares de autobuses con la frecuencia adecuada.
Por otro lado, la construcción de un solo complejo para toda la estructura judicial de la
capital permitiría la concentración completa de la misma, la eliminación de la dispersión actual
con el consiguiente ahorro de costes de arrendamientos (1.225.445,76.- euros anuales) y la
disponibilidad, para uso de la Administración General de la CAC, del edificio de la Avenida 3
de Mayo, n.º 3, consiguiéndose una concentración de 4 edificios administrativos propios
prácticamente contiguos. Permitiría igualmente la devolución al Ayuntamiento del Palacio de
San Francisco y la disposición de un IML adaptado a las necesidades actuales y futuras.
Por último se estima que la elección de esta parcela vendría a significar una revitalización
y revalorización del distrito en que se encuentra que, con nuevas inversiones privadas,
permitiría de disponer de oficinas para abogados, procuradores, notarios, registradores, etc.,
descongestionando asimismo el centro de Santa Cruz.
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CONCLUSIONES:
Efectuado el análisis de las parcelas factibles de utilización para la construcción de la
Ciudad de la Justicia o Campus de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, se estima lo siguiente:
La parcela situada en el Sobradillo se considera la idónea para la construcción de la nueva
sede judicial de Santa Cruz de Tenerife por las siguientes razones:
* Dispone de la mayor superficie util construible de las 3 analizadas: 21.141 m² frente a los
14.125,7 m² de las del Polígono Cepsa-Disa y a los 11.479 m² de las de Gestur Tenerife y
Gestur-Cajacanarias.
* La parcela es 100% titularidad de la CAC, se encuentra disponible y en disposición de ser
afectada inmediatamente al uso que se requiere, lo que significaría que en este ejercicio 2017
podrían iniciarse los procedimientos de contratación (Proyectos) para los que se dispone de
fondos consignados. Las otras dos parcelas no se encuentran en tal situación y requieren
actuaciones que demorarían el cambio de titularidad y su disponibilidad mas allá de lo deseado
en las actuales circunstancias de urgencia.
* Los parámetros constructivos de la parcela permiten el desarrollo completo del
programa de necesidades previsto con los diferentes usos diferenciados, lo que no ocurre
con las otras dos parcelas en atención a su menor superficie y geometría, que comprometería
la implantación del TSJC y del IML en el conjunto del complejo.
* Permite la construcción de un parking publico diferenciado del propio del edificio, acorde
con la afluencia de visitantes prevista, lo que no se garantiza en las otras parcelas. Tal
aparcamiento público podría gestionarse en régimen de concesión administrativa a efectos de
ahorro de costes de construcción
* La situación física de la parcela permite una fluida comunicación con la capital, zona norte
y zona sur de la isla, existiendo buenas vías de comunicación y servicios. Descongestionaría el
centro de Santa Cruz, de la que la separan no mas de 10 minutos en coche. Lo transportes
públicos podrían ser potenciados para dar adecuado servicio a la ciudadanía y trabajadores
(tranvia y autobuses)
* Permitiría el desarrollo y revitalización de la zona, revalorizando la misma al estimarse se
produciría una demanda de locales de oficina para uso jurídico (abogados, procuradores,
notarios, graduados, sociales, etc.).
* Permitiría la ocupación paulatina de las diferentes Jurisdicciones y usos previstos mediante
un sistema constructivo de bloques diferenciados que podrían ponerse en funcionamiento de
forma parcial sin esperar a la terminación del campus completo, lo que redundaría en la
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disponibilidad de los edificios actuales que se abandonen. Tal sistema no resulta factible en las
otras parcelas.
* La construcción de una única sede judicial con previsión de crecimiento permitiría que la
CAC dispusiera del actual Palacio de Justicia de la Avenida 3 de Mayo para su uso como
edificio de servicios múltiples en un entorno con gran concentración administrativa propia.
Igualmente el Ayuntamiento recuperaría el Palacio de San Francisco y el actual IML podría ser
adscrito a otros usos sanitarios o a ampliación del Instituto de Toxicología contiguo.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero de 2017.
Joaquín García Gómez
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