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27/07/12
Los asesores fiscales consideran que la amnistía genera inseguridad jurídica | Economía | EL PAÍS
ECONOMÍA
Los asesores fiscales consideran que la amnistía genera
inseguridad jurídica
La organización considera que el proceso tributario podría ser inconstitucional y piden aclarar las
dudas pendientes. Creen que debería regularse por ley y alargar el plazo para presentar la
declaración especial
J. S. G. / AGENCIAS
Madrid
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Amnistía fiscal
España
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25 JUL 2012 - 12:19 CET
Ministerio de Hacienda
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La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera que la normativa que regula
la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno genera inseguridad jurídica tanto por el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el PSO, como por el uso que la Agencia Tributaria haga de
la información declara en el proceso. Por eso, la organización cree que es "necesario aprobar
una ley que regule debidamente la declaración tributaria especial". Los asesores precisan que
"dicha ley se debería tramitar con carácter de urgencia y por el procedimiento de competencia
legislativa plena". Por eso, creen probable que hubiera que posponer la fecha límite para
presentar la declaración tributaria especial.
Los asesores fiscales consideran que la amnistía podría ser inconstitucional por ser contraria
al mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución, tal y como ha sido interpretado por el
Tribunal Constitucional. En un informe, Aedaf dice que la aprobación de esta medida mediante
ley ordinaria y no como orden ministerial evitaría la inseguridad jurídica que el recurso de
inconstitucionalidad presentado produce y que constituye un obstáculo para quienes pretendan
acogerse al régimen de regularización especial.
Además, los asesores fiscales consideran "conveniente" modificar la orden ministerial que
amplía la amnistía fiscal para que se limite a aprobar el modelo de declaración y la forma de
presentación, así como a introducir el resto de las cuestiones incluidas en la orden hoy en
vigor en la ley citada en el punto anterior.
De esta forma, según Aedaf, se evitarían los efectos negativos en el caso de que prospere la
petición de suspensión y se disiparían las dudas sobre el posible exceso reglamentario de la
orden ministerial de referencia. Aedaf se muestra partidario de flexibilizar los procedimientos
de comprobación e inspección, ya que parece "desproporcionado" que un contribuyente que
pretenda acogerse a la declaración especial pierda esa posibilidad por el hecho de que se le
notifique el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación. También considera
"desproporcionado" que el derecho de los contribuyentes para presentar la declaración
interfiera en el Plan de Actuaciones de la Administración Tributaria y propone que cuando se
inicien procedimientos de comprobación o investigación con posterioridad a la entrada en vigor
del real decreto ley el contribuyente pueda solicitar la suspensión de los mismos.
Por otro lado, los asesores afirman que la norma genera "serias dudas" sobre el uso por parte
de la Administración Tributaria de la información facilitada para regularizar los impuestos sobre
la renta. "Esta falta de seguridad jurídica es, probablemente, uno de los principales motivos de
recelo para acogerse a la Declaración Tributaria Especial", señala.
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