Download Santocono, Mario

Este documento ha sido preparado por
el Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa,
Ing. Enrique M. Martínez.
Fue discutido y enriquecido con las opiniones
de los siguientes integrantes de la SEPyME:
Arroyo, Daniel
Bergel, Pablo
Bertero, Juan José
Bustelo, Eduardo
Donato, Hugo
Farré, Jorge
Fazio, Carlos
Federovisky, Sergio
Ferraro, Ricardo
Fischer, Catalina
Haiek, Jorge
Herrera, Juan Carlos
Lanzilotta, Humberto
Lerner, Carlos
Novak, Daniel
Poliak, Raúl
Santocono, Mario
Scrilatti, Carlos
I – PROPUESTA - SÍNTESIS

Establecer un salario mínimo de bolsillo de cuatrocientos pesos por mes y sus
equivalentes por día y por hora. Definir la actualización anual de ese valor,
acompañando la productividad global.

Autorizar la emisión de un bono de financiación de la reactivación, con garantía estatal,
por hasta 3000 millones de pesos, que opere como financiación optativa de las empresas
PyME.

Establecer una operatoria de reparto por dos años, entre los empleadores y el Estado, de
los aportes a la seguridad social y al sistema de salud para nuevas incorporaciones de
trabajadores en empresas PyME, sin aportes del empleado, para forzar el registro
laboral de empleados en condición irregular o de nuevos empleados. Esta operatoria
regirá para salarios hasta 150% del valor del salario mínimo.

Establecer un ingreso de transición al trabajo, para un millón de personas, entre jefes de
hogar desocupados y jóvenes de 18 a 24 años, de 250 pesos mensuales. El ingreso por
persona tendrá vigencia por un año.

Los receptores del ingreso tendrán obligación de integrarse a clubes de trueque u otros
organismos de la sociedad civil con vocación productiva, en los que recibirán
capacitación y dispondrán de asistencia financiera y técnica para agruparse en
emprendimientos formales.

Implementar un Programa Nacional de Promoción de Microemprendimientos,
articulando los medios actualmente existentes para tal fin en el Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Trabajo, el Banco Nación y la Sepyme. Esto implica disponer en
forma inmediata de créditos por más de 450 millones de pesos y una red federal de
asistencia compuesta por 700 personas. El programa tendrá componentes de crédito,
capacitación, formación de una red de comercialización y promoción del compre local.
Acciones complementarias

Ordenar la relación comercial con Brasil, eliminando la tensión generada por la
coexistencia en una unión aduanera de un país con tipo de cambio fijo y otro que
devalúa de modo sistemático su moneda. Definir programas especiales y permanentes
para los sectores PyME críticos.

Promover las exportaciones argentinas, con nuevos mecanismos que faciliten el acceso
de las PyME y con recursos superiores a los actuales.

Establecer la factura de crédito conformada y obligatoria.

Promover los centros comerciales a cielo abierto, como alternativa a la concentración
comercial.

Evitar la discriminación de los pequeños comercios en la relación con sus proveedores,
impidiendo la venta ex-fábrica a valores diferentes en función del volumen, siguiendo
los lineamientos de la legislación norteamericana, vigente desde hace más de 60 años.

Dictado de una ley de equidad financiera, en términos similares a la ley de reinversión
comunitaria vigente en Estados Unidos desde 1977.
II - LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
Desde el comienzo de nuestra gestión en la Secretaría PyME construímos un plan de
labor alrededor de la mejora de la competitividad de los actores productivos. Pensábamos – y
creemos estar en lo correcto – que un ámbito con pocos instrumentos de acción directa debía
ocuparse de cuestiones estructurales, diseñando políticas para sectores o regiones y buscando
definir las correcciones a aplicar en cadenas de valor completas. Tales políticas, una vez
consensuadas con los actores públicos y privados, deben diseminarse por todos los ámbitos que
correspondan que las apliquen.
En una etapa siguiente, cuando se formularon los planes de competitividad sectorial,
esta Secretaría produjo un documento en que analizamos el concepto, caracterizando tres planos
en los que se discute y se puede mejorar la competitividad argentina. De tal manera, se ganó
especificidad en la definición de nuestra tarea.
En este momento, creemos, sin embargo, que debemos analizar la política PyME desde
una perspectiva complementaria a la utilizada hasta hoy, lo cual nos llevará a incorporar nuevos
temas a la agenda.
Todo lo que estamos haciendo hasta hoy apunta a mejorar la sustentabilidad de la oferta
de las unidades más pequeñas de la economía. Pretendemos abarcar toda la gama de unidades
pequeñas, sin límite mínimo de tamaño, con lo cual hasta hemos creado un ámbito que busca
apuntalar microempresas, la economía informal y el trueque.
Pero siempre pensamos en mejorar la oferta PyME.
Esta línea de acción sería suficiente si el país estuviera creciendo a tasa sostenida. En tal
caso, nuestro problema se reduciría a asegurar la posibilidad de las PyME de sumarse a
competir o de no ser desplazadas en tal puja comercial o productiva. Pero luego de casi tres años
de recesión, es irremediable ocuparse de la demanda orientada a las PyME.
Esto es: toda empresa se dirige a satisfacer una demanda. Si mejora la calidad de su
oferta, pero su demanda languidece, el trabajo realizado en el primer aspecto puede ser en vano.
Tenemos necesidad de entender cómo estimular la demanda dirigida a las empresas que
nuestra Secretaría debe asistir y promover, lo cual inevitablemente implica en primera instancia
analizar cómo mejorar la demanda global.
III - LA TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO
SUS LIMITACIONES PARA EL CASO ARGENTINO
La teoría que explica las variaciones en el ritmo de actividad económica de una
comunidad, hace centro en las expectativas. Básicamente, se postula que la pérdida de
dinamismo se debe a que se produce una menor propensión a consumir y/o a invertir. Esto
comienza en algún sector y se hace acumulativo mediante la diseminación de esa situación, que
lleva a una fracción importante de la población a postergar decisiones de compra de activos o de
gastos de consumo, con la consiguiente caída del producto bruto o al menos de su tasa de
crecimiento.
Por eso, en los términos más ortodoxos, se sostiene que la salida de una recesión se
producirá por generación de uno o más de los siguientes escenarios, lo cual a su vez cambiará
las expectativas, dando perdurabilidad a las medidas que se tomen:
 Promoción de nuevas inversiones, a partir de la masa de ahorros disponible en el país o
con fondos externos.
 Reducción de impuestos directos (impuesto a las ganancias u otros), lo cual aumenta la
disponibilidad de fondos para consumo o inversión.
 Reducción de impuestos indirectos (IVA u otros), lo cual reduce el costo de los bienes y
debería aumentar su demanda.
La influencia de Keynes y sus seguidores en la teoría económica agregó, desde la
década del 30, un cuarto instrumento, que es la inversión pública, como obvio refuerzo de la
inversión privada. Desde ese momento la fuerza anticíclica de la inversión social no pudo ser
eludida por los responsables de gobierno de un país.
Cualquier análisis de los que se hace en estos días sobre la reactivación se apoya en el
incremento de la inversión o del consumo, por alguno de los cuatro caminos expuestos.
Esta aproximación, a nuestro juicio, omite varios aspectos de la actual situación
argentina, que no encuadran en la teoría estándar del ciclo económico; lo cual conduce a la
necesidad de soluciones más complejas.
En primer término, omite considerar el nivel de competitividad actual de la economía
argentina.
La teoría del ciclo, como tantas otras, fue concebida en un país central, que no tiene
atrasos estructurales y globales respecto de los otros países con los que se vincula comercial o
financieramente. Allí, las variaciones de la propensión a invertir o a consumir son efectivamente
la causa principal de las oscilaciones económicas.
No sucede lo mismo en los países más atrasados. Hay países de África o Centroamérica
donde el magro ingreso total se concentra en tan pocas manos que la situación general es de
estancamiento, mientras el pequeño sector dominante busca fortalecer el poder político y el
manejo oligopólico de la actividad económica, para maximizar su beneficio. No hay allí
variaciones de la propensión a consumir, sino más bien variaciones de la posibilidad de generar
y apropiarse de riqueza a partir del trabajo de una población que no consume.
Hay otros países, típicamente Corea del Sur y Taiwán luego de la Segunda Guerra
Mundial, que a partir de una situación inicial de ingresos per cápita muy bajos, iniciaron un
período de expansión a través de fuertes inversiones locales y extranjeras, dentro de un marco
de planeamiento global muy eficaz, que eliminó los ciclos por completo. Ambos países tuvieron
más de 35 años continuados de crecimiento del producto, hasta que la globalización financiera
de la época actual cambió el contexto y sometió aún a esos países a tensiones en su ritmo de
actividad.
Hay finalmente otro grupo de países –dentro de los cuales está Argentina– que tienen
una estructura productiva de cierto desarrollo, pero insuficiente para alcanzar cifras siquiera
esporádicas de superávit en su balanza de pagos. Estos países se vinculan con el mundo de
modo tal que tienen déficit permanente en su balance comercial y de servicios y por lo tanto
tienen que asumir crecientes endeudamientos externos. Tenemos una falta de competitividad
estructural.
Algunos economistas muy escuchados en el mundo central, como Paul Krugman,
sostienen que las naciones no son más o menos competitivas; lo son las empresas. Un corolario
de eso es que los déficit de balanza comercial deberían resolverse con cambios en la paridad
cambiaria, pues aquello a lo que se llama falta de competitividad nacional no es más que atraso
cambiario. Una vez más aparece aquí un concepto construido desde el mundo central, en que un
país tiene sectores más eficientes que otros, pero la suma de los primeros siempre está en
condiciones de competir si la paridad cambiaria es la adecuada. En los países pobres –y
también en la Argentina– esto no es así. Si un país compite en el mundo sobre la base de
materias primas agropecuarias o mineras, puede perfectamente decirse que no es competitivo
como comunidad, como país. No hay devaluación que pueda multiplicar por tres la exportación
de maíz o de petróleo de un país. No es ése el camino de la corrección de su balanza de pagos.
Al menos seguro que no es el camino central.
¿Cómo se vincula esta aparente digresión con la definición de una política de
reactivación?
A través de asumir que es imprescindible entender cómo se ve afectado el tejido
productivo y social de un país, cuando éste se vincula al mundo desde una estructura productiva
y social que es competitiva sólo en ramas extractivas. Estructura que podríamos llamar de
competitividad concentrada.
En tal caso, se producen dos distorsiones graves:
a)
b)
Hay unas pocas ramas productivas que crecen de manera sustentable y el resto se
estanca o retrocede. Se produce una concentración de ingresos por esta causa.
En el conjunto de la economía que no crece, aquellos sectores con mayor poder
mejoran su situación extrayendo beneficios de los restantes, en un esquema de
suma cero, que luego de un período inicial de redistribución regresiva, genera
tensiones sociales crecientes y no es sostenible.
A esta realidad económica, que no es difícil de reconocer en el presente de nuestro país,
no se la puede encarar sólo con un análisis de expectativas o de propensión a consumir o a
invertir. Las cifras del Anexo 1 sirven para tener una estimación, si bien muy mejorable, del
efecto recesivo que ha tenido la redistribución regresiva de ingresos fruto del esquema de suma
cero recién comentado.
Nos queda claro que la fracción de la población con posibilidad de decidir un cambio en
el destino de sus ingresos no supera al 30% de los argentinos. El resto no tiene ingresos
suficientes para satisfacer las necesidades de una modesta familia de clase media, según las
pautas culturales de hace sólo una década. Para ellos la falta de demanda efectiva es fruto de la
falta de dinero en el bolsillo, no de falta de estímulos para gastarlo o invertirlo.
La situación argentina presente, por lo tanto, no puede ser tratada como una onda
recesiva de un ciclo económico común. Debe ser considerada como fruto de una estructura
desequilibrada y sólo parcialmente competitiva, a la cual la globalización la distorsionó aún más
y le agregó fuerte inequidad interna.
La salida de largo plazo, en este marco, es recorrer una estrategia de reformulación de
una estructura más compensada, donde una parte apreciable de nuestra competitividad se dé en
sectores donde deban interactuar con eficiencia redes densas de empresas, algunas grandes y
muchas PyME. En muchas de estas cosas ya está trabajando la SEPYME, como se detalla en
documentos ya difundidos.
Mientras tanto, en lo inmediato, la salida de una situación recesiva pasa por recuperar
los niveles de demanda con un menú de acciones mucho más complejo que el que aplicaría un
funcionario del primer mundo.
Por supuesto, puede apelarse a la inversión privada nacional o externa, en primer
término. No obstante, ésta es una iniciativa limitada en este momento, porque el único sector de
respuesta clara son las ramas extractivas exportadoras. La producción orientada al mercado
interno tiene alta capacidad ociosa luego de tres años de caída de la demanda, precedidos por un
ciclo de inversiones importantes; mientras que los servicios públicos ya han sido privatizados y
su expansión ahora seguirá el ritmo de la demanda local.
También pueden disponerse cambios impositivos orientados a la clase media o alta, para
mejorar su propensión a consumir.
Asimismo, puede tomarse una iniciativa más claramente keynesiana, como el aumento
de la inversión pública. En este sentido, el plan federal de infraestructura, con su novedoso
esquema de financiamiento a largo plazo por parte de los ejecutores, resulta una medida
importante.
Si las acciones se limitan a lo expuesto, sin embargo, se dejará prácticamente en la
misma situación actual al 80% de la población, que representa no menos del 54% del consumo y
que sólo podrá ser factor y sujeto de la reactivación si aumenta su ingreso. Esta fracción –la
gran mayoría de la población- sólo podría aumentar su demanda sin aumento de sus ingresos si
se redujera sustancialmente el IVA, pero en tal caso el desequilibrio presupuestario generado –
origen de tensiones financieras insostenibles– no podría ser cubierto de manera alguna. El IVA,
a nuestro juicio, sólo podrá reducirse acompañando los eventuales éxitos de la tan postergada
lucha contra la evasión.
IV - LAS FORMAS DE MEJORAR EL INGRESO DE
LOS SECTORES MÁS POSTERGADOS DE LA
SOCIEDAD
Este tema casi no ha sido tratado en los análisis del sector público argentino.
Típicamente, hay dos formas en que el mundo central defiende el ingreso de los sectores
de menores recursos:
a) El establecimiento de un salario mínimo relevante, de cumplimiento obligatorio y
efectivo.
b) El otorgamiento de un apoyo a los jefes de hogar desocupados, con carácter
permanente en algunos casos y transitorio en la mayoría de los países, vinculado a
programas de entrenamiento y promoción laboral. Estos programas tienen
cobertura universal.
EL SALARIO MÍNIMO
Después de la decisión del gobierno británico, que el año pasado estableció esta medida,
no hay país de primer nivel mundial que no tenga salario mínimo. El fundamento es que tanto
en países con sindicatos fuertes, como en los que no promueven la sindicalización, el salario
mínimo asegura una distribución de ingresos básica. En verdad, las discusiones allí no giran
sobre la existencia de un piso remunerativo legal, sino sobre la magnitud que debe tener y cómo
debe actualizarse con el tiempo.
En Estados Unidos, donde el concepto tiene vigencia desde la década del 30, el
gobierno de Ronald Reagan eliminó el ajuste, mientras el gobierno de Bill Clinton hizo dos
ajustes, con un total de 25% en dos años. Por lo tanto, aquí el debate fue más intenso. La
conclusión más nítida es la siguiente:
 Nadie ha podido demostrar que un salario mínimo alto afecte el nivel de empleo o la
rentabilidad empresaria media, como sostiene allí el pensamiento conservador. Para
desgracia de esta visión, el aumento del salario mínimo por Clinton o el establecimiento
de un salario mínimo por Tony Blair, coinciden con niveles récord de tasa de empleo en
los dos países.
 La ausencia de actualización del salario mínimo produjo en Estados Unidos una caída
del salario real, no sólo para los ingresos menores, sino también para los ingresos
medios. Esta tendencia sólo se corrigió cuando se retomó la actualización.
Toda la experiencia en el tema señala que el salario mínimo, que en la Argentina no se
actualiza hace muchos años, es un instrumento poderoso y necesario. Sin embargo, un ajuste de
este parámetro en nuestro país, necesariamente debe considerar los siguientes elementos,
propios de una economía endeble:
 Alta proporción de trabajo no registrado.
 Baja bancarización y mala financiación – en volumen y en costo – disponible para las
MIPyME, lo cual dificulta sensiblemente contar con capital de trabajo para afrontar
aumentos masivos.
 Importante inercia de una cultura confrontativa, que hace que una fracción del
empresariado, en la intimidad, imagine que su rentabilidad se recuperaría si cayera el
salario de sus empleados. Este sector no asume todavía aquella convicción de Henry
Ford, que creía que sus obreros debían ganar lo suficiente para poder comprar los
productos que fabricaba.
Con estas condiciones de contorno, nuestra propuesta en este plano pasa por lo
siguiente:
PRIMERO: Establecer un salario mínimo de bolsillo de cuatrocientos pesos por mes y sus
equivalentes por día y por hora. Definir la actualización anual de ese valor, acompañando
la productividad global.
SEGUNDO: Autorizar la emisión de un bono de reactivación, con garantía estatal, que
opere como financiación optativa de las empresas PyME.
TERCERO: Establecer una operatoria de reparto transitorio – por dos años - de aportes a
la seguridad social y al sistema de salud para nuevas incorporaciones de trabajadores en
empresas PyME, entre los empleadores y el Estado, sin aportes del empleado, para forzar
la registración laboral de empleados en condición irregular o nuevos empleados. Esta
operatoria regirá para salarios hasta 150% del valor del salario mínimo.
FUNDAMENTOS
Según las cifras de Indec (Ver Anexos), el monto necesario para llevar los salarios
registrados a un mínimo de 400 pesos es de 4500 millones anuales para la muestra de la
encuesta permanente de hogares y de unos 6000 millones para todo el país. Esta cifra, no
obstante, seguramente está muy sobrevaluada, ya que es una práctica empresaria generalizada
declarar salarios de bolsillo menores de los efectivamente pagados. Nuestra cifra de referencia
es 3000 a 3500 millones anuales, sin que las estadísticas permitan discernir tamaños de
empresas o sectores donde el tema es más relevante.
Un bono de reactivación, a 10 años de plazo y con garantía estatal, por una cifra global
de 3000 millones de pesos cubriría holgadamente las necesidades financieras de todas las
unidades que consideren que no pueden afrontar con recursos propios la elevación del salario
mínimo. Este bono podría ser asumido por cualquier unidad de negocios PyME, pagando el
10% del monto a financiar. El monto por empresa no debería superar el 100% de la masa
salarial anual y podría ser entregado a la par en cualquier banco, asumiendo así una obligación
financiera con tasas que no superen las de primera línea, sea cual sea la calificación de la
empresa, dada la garantía estatal.
La tercera medida apunta a aumentar el número de trabajadores integrados en la
economía formal. Queremos que el criterio recomendado quede especialmente claro. Si para los
nuevos empleados, se establece un reparto por dos años de los aportes a la seguridad social y a
la salud entre el empleador y el Estado, de modo tal de asegurar que el aporte del empleador es
algo mayor que el del Estado, el costo fiscal será nulo. Por el contrario, durante los dos primeros
años será algo positivo y con posterioridad se incrementará fuertemente. Este camino, por otra
parte, rompe la actual complicidad implícita entre empleador y empleado, donde éste último
admite su inseguridad laboral a cambio de contar con un peso más en el bolsillo. En caso de no
tener que hacer aportes por dos años y además contar con un salario mínimo garantizado, el
empleado se convierte en un actor que presiona para su incorporación a la economía formal.
El mayor egreso que esto representará para el empleador PyME estará más que
compensado por la disponibilidad de una línea de crédito como la arriba enunciada, que cubrirá
con exceso las necesidades directas derivadas del aumento del salario mínimo.
Nuestra convicción plena es que el traslado al consumo de los montos transferidos a los
trabajadores por esta operatoria, con el efecto multiplicador que ello tendrá, generará un
aumento del producto bruto interno de no menos de 6000 millones en el primer año. Esto a su
vez implica, con una carga impositiva promedio del 30%, un ingreso fiscal de 1800 millones.
LA ASISTENCIA A LOS DESOCUPADOS
Este es un tema de tratamiento controvertido y que seguramente no admite más
dilaciones para alcanzar una definición por encima de la política partidaria, que tenga
permanencia en el tiempo.
La asistencia alimentaria, los planes Trabajar o similares, así como el apoyo a jefes de
hogar desocupados, se han sumado y sustituído parcialmente como marco conceptual, durante
los últimos años, sin llegar a constituir una política convincente.
Como alternativa, la Central de Trabajadores Argentinos ha formalizado una propuesta,
a la cual han adherido otras organizaciones, para instalar un seguro de empleo y formación de
380 pesos mensuales para todo jefe de hogar desocupado. Sin desmedro de su valor como
movilizadora intelectual, a nuestro juicio esta propuesta tiene dos debilidades básicas:
a) Sea cual sea el origen de los fondos necesarios, el monto reclamado es mayor que
el salario de mas de 1.5 millones de argentinos que trabajan en relación de
dependencia. Por lo tanto, la medida sería inviable sin un ajuste simultáneo del
salario mínimo.
b) Mucho más importante que lo anterior, la iniciativa separa el mundo de los
trabajadores del mundo de los desocupados, con un frágil vínculo entre ambos,
esperando que el crecimiento de la economía vaya ofreciendo oportunidades a los
desocupados, pero sin que esto forme parte del plan.
Nuestra propuesta intenta operar en un marco integrado, donde el trabajo -asalariado o
no– sea considerado un capital social a utilizar en forma inmediata, en base a la experiencia de
cada uno de los actuales desocupados o de la formación que se les pueda facilitar. Por lo tanto,
creemos factible lo siguiente:
PRIMERO: Establecer un apoyo de transición al trabajo para 1 millón de personas, entre
jefes de hogar desocupados y jóvenes, de 250 pesos mensuales. Este compromiso oficial
tendrá una vigencia anual por persona.
SEGUNDO: La medida anterior establecerá la obligación de integrarse a clubes de
trueque, en los que recibirán capacitación y dispondrán de financiamiento para agruparse
en emprendimientos formales.
TERCERO:
Implementar
un
programa
nacional
de
promoción
de
microemprendimientos, articulando los medios actualmente existentes para tal fin en el
Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y la Sepyme.
Como componentes imprescindibles de lo anterior se deben tener en cuenta los
siguientes elementos:
 Los clubes de trueque serán promovidos por la Sepyme y por todos los ámbitos
provinciales y municipales que adhieran al concepto, a razón de 10 nuevos clubes por
cada uno existente –hay 400 en funcionamiento-. Los promotores de cada nuevo
espacio serán miembros actuales de los clubes de trueque, a los que se brindará apoyo
logístico, de capacitación y acceso al microcrédito.
 Incluyendo el costo de asistencia y capacitación, el programa necesita 3.100 millones en
un año. No se detalla aquí la financiación propuesta con detalle. Sin embargo, creemos
que será suficiente con apelar a un descuento de dos créditos importantes
extrapresupuestarios que el Estado nacional dispone. A saber:
 Diferimientos de IVA en proyectos industriales y no industriales en cuatro provincias
argentinas, por más de 4.000 millones.
 Reclamos impositivos en vía judicial por más de 6.000 millones.
En cualquier caso, el anexo 3 muestra que el balance fiscal global de este programa
es positivo, casi diríamos inexorablemente positivo.
Los estudios realizados en la Sepyme permiten tomar como un buen parámetro de
referencia que un club con 250 miembros genera un producto bruto equivalente a 1 millón de
pesos anuales. Por lo tanto, en el límite este proyecto significaría producir e intercambiar bienes
y servicios con un producto bruto equivalente a 4.000 millones adicionales por año. Esta es una
base de subsistencia de todos los involucrados, mientras maduran los proyectos de
incorporación a la economía formal o se produce la incorporación gradual de sus miembros
como asalariados, ante el incremento de la actividad global que el conjunto de medidas
expuestas en este documento representa. Cabe acotar que el análisis expuesto permite suponer
un aumento del ingreso fiscal de no menos de 400 millones de pesos, por el incremento de
actividad de la fracción del sistema que funcionaría dentro de la economía formal.
El encuadre conceptual del trueque como espacio económico de transición a tiempo
flexible entre la asistencia social y la economía formal, en el que incluso pueden participar de
modo permanente empresas y personas que tienen presencia regular en la economía formal, nos
parece una necesidad argentina, que por otra parte reconoce una realidad con vigencia en todo el
mundo desarrollado.
En cuanto al programa de promoción de microemprendimientos se detalla sus
componente técnicos en los anexos, pero vale la pena destacar:
 No se prevé nuevos recursos sino sólo agrupar los ya existentes en tres ministerios.
 Esto significará disponer inicialmente de líneas de financiación por más de 450 millones
de pesos.
 Asimismo, se dispondrá de una base territorial con mas de 700 agentes promotores, que
dependen del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales.
 Se trabajará en cuatro componentes: financiación; capacitación y asistencia técnica;
formación de redes de comercialización; compre regional y compre local.
Este programa está actualmente a consideración del Ministerio de Desarrollo Social y
por lo tanto puede sufrir cambios importantes en su forma de implementación definitiva.
ALGUNAS CONDICIONES DE CONTORNO IMPRESCINDIBLES
El presente documento, lo recordamos, tiene como objetivo presentar propuestas de
recuperación del consumo de los sectores más postergados de la sociedad. Estas ideas intentan
sumarse a aquellas de promoción de la inversión y de estímulo al consumo de los sectores con
mayores ingresos.
Hemos creído, sin embargo, que no puede omitirse una referencia breve, a simple título
de recordatorio, de algunas cuestiones que afectan a las PyME argentinas y que de no resolverse
podrían afectar en diverso grado las acciones presentadas, que creemos que constituyen un
conjunto valioso.
En este listado no incluímos cuestiones centrales –como por ejemplo la financiación–
para las cuales la Sepyme ya ha hecho planes de acción y los está ejecutando.
Relación comercial con BRASIL
En ninguna parte del mundo es posible imaginar una relación comercial sin sobresaltos
entre un país con paridad cambiaria fija y otro que devalúa a un ritmo que ya ha llegado al 4%
mensual. Si bien creemos que la política cambiaria de Brasil tiene su origen en una fragilidad
financiera, ya que Brasil tiene un déficit anual de balanza de pagos que es 250% superior al
argentino, no cabe duda que tiene efectos comerciales muy fuertes en varios sectores. Por lo
tanto, no vemos otra solución que convertir en una negociación de estado, de máxima prioridad,
la definición de instrumentos que eliminen la tensión que genera esta situación. Seguramente, la
solución a este problema contendrá programas de mediano y largo plazo para los sectores
críticos.
Promoción de exportaciones
Es evidente que el impulso a las exportaciones es una medida reactivadora, que sin
embargo no fue incluida en las alternativas anotadas más arriba. Creemos que debe ejercerse
una acción muy intensa en este campo, especialmente en dirección a las PyME, con recursos
humanos y materiales mayores que los que hoy está aplicando al tema la Sepyme y
seguramente en coordinación con la Secretaría de Comercio y la Cancillería. Sin embargo,
creemos que a diferencia del mundo desarrollado, donde una variación de la paridad cambiaria
puede expandir bruscamente las exportaciones de un país, en la Argentina se necesita un trabajo
tenaz y estructural, que mostrará sus frutos recién en el mediano plazo, en tanto florezcan las
iniciativas en el plano tecnológico y asociativo. Es por esa razón que no hemos incluido este
tema en el paquete reactivador, a pesar de su enorme importancia. Cabe señalar que la SEPYME
está proponiendo por vía separada un mecanismo para facilitar la presencia de las PyME en el
comercio exterior, a través de facilitar las exportaciones indirectas, con participación de grandes
empresas o de tradings de clara trayectoria y solvencia.
Factura de crédito conformada y normas vinculadas
La recesión ha agudizado, como ya se señaló en la introducción, los abusos de poder al
interior de las cadenas de valor. Para mejorar el destino de las PyME es necesario que
acompañando medidas de reactivación se decidan acciones que apuntalen a los más débiles,
especialmente en relación con los hipermercados y el sistema financiero. Por lo tanto, no
deberían estar ausentes de un programa de gobierno de corto plazo las siguientes iniciativas:
 Establecimiento de la factura de crédito conformada, de emisión obligatoria y de
gestión de cobranza obligatoria por el sistema financiero, imitando la exitosa
normativa brasileña al respecto.
 Promoción de los centros comerciales a cielo abierto, como alternativa
concentración comercial.
a la
 Eliminación de distorsiones en las condiciones de venta ex-fábrica para productos
de consumo masivo, impidiendo los descuentos por volumen, siguiendo así el
ejemplo de la legislación norteamericana al respecto, que tiene más de 60 años de
vigencia.
 Dictado de una ley de equidad financiera, que siga los lineamientos de la ley de
reinversión comunitaria dictada en Estados Unidos en 1977, que se ha probado
muy exitosa.
ANEXO 1: ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE
CONSUMO POR LA REDISTRIBUCIÓN REGRESIVA
DE INGRESOS
Es necesario señalar que no existen trabajos sobre el tema y que la forma de
presentación de las estadísticas argentinas no facilita el intento del título. Lo que sigue es, en
consecuencia, solo una aproximación para contar con un orden de magnitud del problema, que a
nuestro juicio es una causa central de la recesión.
Nuestros supuestos son:
 Los sectores de mayores ingresos tienen una mucho menor propensión a consumir los
ingresos adicionales que reciben, con respecto a los sectores de menores ingresos.
 Tales sectores ahorran sus excedentes, los que quedan solo parcialmente a disposición
de los inversores productivos locales a través del sistema financiero, ya que buena parte
del ahorro se canaliza al exterior.
 Por lo tanto, la distribución de ingresos en la Argentina no es un hecho separable de la
dinámica de crecimiento. En ningún país lo es, pero en la Argentina el problema se
agrava porque parte del producto que se concentra, ni se consume ni se ahorra en el
país.
 Las cifras de distribución del ingreso provienen de la Encuesta Permanente de Hogares,
que no es la mejor fuente posible, pero es la disponible. Tales cifras se han aplicado a la
estimación de ingreso privado total, que se ha hecho como suma del consumo privado y
el 80% de la inversión –el resto es inversión pública-, no considerándose la diferencia
entre importaciones y exportaciones. Esta aproximación, se insiste, es muy perfectible.
 A partir de las variaciones de ingreso, se ha calculado en cuanto se hubiera
incrementado el consumo si la distribución de ingreso entre el 20% mas adinerado y el
resto se hubiera mantenido en los niveles de 1993. Para hacer este cálculo se ha
supuesto que el 20% más rico solo ha destinado el 20% de su mayor ingreso al
consumo, mientras el 80% restante hubiera destinado al consumo el 90% de lo que
recibiera.
Los resultados se presentan en el cuadro que se acompaña, del que se deduce que las
pérdidas de consumo por retroceso de la distribución del ingreso superan anualmente el 2% del
PBI desde hace varios años. En la medida que no hay evidencias que esa suma se haya
canalizado a inversiones, ni siquiera a inversiones en el sistema financiero o bursátil nacional,
estas sumas aparecen como causa muy directa y casi excluyente de la recesión.
Años
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Ingreso 20 % Ingreso Resto Pérdida de
Población
de Población Consumo
De Mayores
Global
Ingresos
Consumo
Privado
70 %
Inversión
Total
Ingreso
Privado
(miles M $)
1
(miles M $)
2
(miles M $)
3=1+2
%
(miles
M $)
4
%
(miles
M $)
5=3-4
(Millones $)
6
164
180
177
186.5
203
206
197
197.5
31.5
36
32
34
40
42
35.5
32
195.5
216
209
220.5
243
248
232.5
229.5
50.7
51.6
53.7
53.9
53.6
54.6
54.9
55.4
99
111.5
112
119
130
135
128
127
49.3
48.4
46.3
46.1
46.4
45.4
45.1
44.6
96.5
104.5
97
101.5
113
113
104.5
102.5
1.400
4.200
5.000
4.800
6.500
7.000
7.500
Nota: La columna 6 se calcula como [(4) – (3) x 0.507] x 0.7.
El factor 0.7 es la diferencia de propensión al consumo ( 0.9 – 0.2 ) entre los sectores de
menores recursos y los sectores de mayores recursos respecto de su ingreso incremental sobre
la base de 1993.
ANEXO 2: RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR
EL SALARIO MÍNIMO A 400 PESOS MENSUALES
En este tema también existen importantes dificultades con las estadísticas disponibles,
para llegar a resultados precisos. La fuente principal es la Encuesta Permanente de Hogares,
pero tenemos la convicción de que las cifras declaradas tienden a ser subvaluadas, por razones
impositivas. Además la encuesta abarca 29 grandes centros urbanos, que representan solo el
70% de la población urbana y excluye a la población rural, que representa el 15% de los
habitantes argentinos. El problema es que los datos no pueden ser meramente extrapolados,
porque en las condiciones laborales no hay homogeneidad entre ciudades grandes y pequeñas y
mucho menos entre el ámbito urbano y el rural.
Sobre esa base, se ha calculado el costo de llevar los salarios de la muestra de la EPH,
en sus niveles inferiores –ingresos menores de 500 pesos por mes-, a un promedio de 400 pesos
por mes y en consecuencia su costo global.
Como se puede deducir del cuadro adjunto las diferencias de ingreso per cápita son muy
notorias, aún en el estrato inferior, con situaciones de ingresos especialmente pobres en
Tucumán, Salta, Posadas o Jujuy.
No cabe duda de que estos datos sugieren la realización de trabajos de detalle, para
mejorar la calidad de la información, con miras a generar acciones más precisas en un futuro.
Conglomerado
Cantidad
de ocupados
Costo mensual del
aumento
(millones de pesos)
Conurbano bon.
Ciudad Bs. As.
Gran Córdoba
Gran Rosario
Gran Tucumán
Gran Mendoza
Salta
Mar del Plata
Gran San Juan
Corrientes
Gran Resistencia
Gran La Plata
Posadas
Gran Santa Fe
Jujuy-Palpalá
Sgo. del Estero
Neuquén
Formosa
Gran Paraná
Bahía Blanca
Concordia
La Rioja
Gran Catamarca
Río Cuarto
San Luis
Com. Rivadavia
Santa Rosa
Ushuaia-Río Grande
Río Gallegos
982.201
240.598
207.669
166.637
117.742
140.969
69.930
73.478
58.947
55.000
49.689
88.875
39.466
56.329
38.425
48.357
30.979
26.347
38.707
34.857
22.199
25.103
25.702
23.909
22.637
17.759
19.210
5.721
10.848
131.4
24.3
20.6
17.2
17.2
16.9
12.0
9.5
9.1
8.6
7.9
7.9
7.2
6.3
6.0
6.0
4.6
4.6
4.5
3.6
3.4
3.3
2.9
2.8
2.3
2.2
1.9
0.9
0.7
Son 29 centros, con 2.738.200 personas registradas que ganan menos de 500 pesos. El total de
fondos mensuales necesarios para que el promedio llegue a 400 pesos es 346 millones o un
equivalente –con aguinaldo– de 4.497 millones por año.
Extrapolar estas cifras al total del país es una tarea llena de hipótesis. Por todo lo dicho la
tomamos como 6.000 millones por año, que ajustadas por subdeclaración la recolocamos en
3.000/3.500 millones a los efectos de estimar el mayor ingreso efectivo por aumento del salario
mínimo.
ANEXO 3: ANÁLISIS DEL BALANCE FISCAL EN
CASO DE APLICARSE LAS MEDIDAS PROPUESTAS
Medida
Costo fiscal anual
(millones $)
Salario mínimo de 400 $
nulo
Bono de reactivación
nulo
Reparto transitorio de aportes
nulo
Apoyo de transición al trabajo
3.000
Promoción de clubes del trueque
100
Programa de promoción de microemp.
nulo
Relación comercial con Brasil
nulo
Factura de crédito
nulo
Promoción de centros comerciales mínimo
Precios uniformes ex–fábrica
nulo
Ley de equidad financiera
nulo
Ingreso fiscal anual
(millones $)
1.800
300
positivo
1.800
400
positivo
positivo
positivo
positivo
nulo
nulo
Las afirmaciones cualitativas sobre el costo son precisas. En cuanto a los ingresos, minimizan el
hecho que todas las acciones, incluso aquellas que parecen no tener un efecto directo sobre los
ingresos fiscales, en la medida que todo aumento del PBI tiene un 30% de componente
impositivo, mejoran la situación fiscal. Las dos sumas de 1.800 millones incluidas como ingreso
fiscal tienen un mismo origen: parten de calcular el componente impositivo de un aumento de
actividad económica estimado en 200% el valor inicial del gasto, sea en salarios o en apoyo a
los desocupados.
No nos cabe duda que cualquier análisis econométrico, por cuidadoso que sea, concluiría que el
efecto fiscal de este conjunto de medidas es claramente positivo.
ANEXO 4: PROGRAMA PARA PROMOCIÓN DE
MICROEMPRESAS SUSTENTABLES EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL
Aclaración muy importante: Este programa se presenta en conjunto con las restantes
iniciativas, porque constituye un conjunto conceptual con ellas. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que está a consideración del Ministerio de Desarrollo Social y puede sufrir
modificaciones operativas importantes.
PARTICIPANTES:








Ministerio de Desarrollo Social y Ambiente Humano. (MDS)
Secretaría de Desarrollo Social – Programa Redes
INAES.
FONCAP
Ministerio de Trabajo (MT)
Secretaría de Empleo.
Ministerio de Economía (ME)
Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME)
Organización territorial
Se dividirá al país en seis regiones, en que se articulará la siguiente infraestructura
disponible al día de hoy, que irá creciendo acompañando al programa:
 12 coordinadores provinciales y 230 promotores municipales, establecidos en otros
tantos municipios. (MDS)
 24 Gerentes regionales de empleo y 64 coordinadores de foros de competitividad
municipales ( MT)
 20 Agencias de desarrollo productivo, 20 Secretarías de Extensión Universitaria, 56
agencias del INTA, 11 oficinas de INTI, ya articuladas por la SEPYME.
El organismo de coordinación general será la SEPYME, al solo efecto de la
implementación del presente programa.
Instrumentos a utilizar




Crédito
Crédito.
Capacitación y asistencia técnica.
Formación de redes de comercialización.
Programas voluntarios de compras regionales.
Se formula una estrategia unificada entre los siguientes organismos e instrumentos:
 Programa Iniciar, financiado por el BID y administrado por la Sepyme: Fondos totales
aplicables 230 millones ( 50% aportado por el sistema bancario).
 Foncap. Fondos aplicables: 32 Millones.
 Programa Micronación, del Banco Nación: Fondos totales 200 millones. (según
programa aprobado en 1999).
 Programa Redes, del Ministerio de Desarrollo Social: Disponible 13 millones.
TOTAL DE CAPACIDAD PRESTABLE ACTUAL: 475 millones.
Se dispone un mecanismo único de presentación de solicitudes a todos los bancos que adhieran
al sistema.
Para los emprendedores que por diversas razones no son sujetos de crédito directo, se establece
un sistema de presentación grupal con garantía mutua y reaseguro por el municipio respectivo.
Este marco conceptual es una base importante de la propuesta.
Se facilita la creación de sociedades de garantía recíproca a escala municipal.
Capacitación y asistencia técnica
Se formula una estrategia unificada entre:
 Programa de crédito fiscal para capacitación, administrado por la Sepyme.
 Programa federal de capacitación, administrado por la Sepyme.
 Programas de capacitación de la Secretaría de Empleo.
 Programas de capacitación del programa Redes y del INAES.
 Actividades de capacitación del INTA, INTI y las Secretarías de Extensión
Universitarias adheridas al plan.
Formación de redes de comercialización
 Se establece una estrategia de facilitación de la comercialización de
microemprendedores, por rama y por región.
 Se asigna responsabilidades específicas de difusión y tutorazgo de la articulación a los
miembros de la infraestructura territorial.
 Se facilita la implementación de redes virtuales, por sector y por región.
Programas voluntarios de compras REGIONALES
 Se establece el principio de compre local y compre regional, a igualdad de calidad y
precio.
 Se estimula la adhesión voluntaria, pública y permanente de los gobiernos provinciales
y municipales, así como de las empresas locales y regionales.
 Se estimula el desarrollo de microempresas que puedan satisfacer demandas locales en
términos competitivos.