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• PSIQUIATRIA CRITICA
AEP
15-OCT-2009
• CODIGOS DE ETICA EN PSIQUIATRIA
• IVAN RIOFRIO MORA
• EN HONOR
• FERNANDO DOMINGUEZ R
Declaraciones de bioética
• Luego 2 guerra mundial
• Declaración Universal de los Derechos
Humanos 1948 y, actividad medica
Ética medica
Principios básicos
•
•
•
•
•
•
•
Preservar la vida
Aliviar el sufrimiento
No perjudicar
Respeto a la autonomía del paciente
Justicia
Decir la verdad
Hacer bien a los pacientes
Limites en el ejercicio de la
Medicina
• Ausencia absoluta de conocimientos
• Falta de tiempo para movilizar recursos
• Paciente o familiar no puede hacer frente
al pago de mas tratamiento
Consentimiento informado
Psiquiatría Const.: Art. 66 No10, 11,19
• Realizar el documento de consentimiento
es responsabilidad del profesional que
realiza el procedimiento.
•
•
•
•
Grave deterioro competencia al ingreso:
Entender enfermedad
Entender tratamiento recomendado
Entender consecuencias consentimiento o
negarlo
Ingreso involuntario Psiquiatría
1. Consentimiento negociado:
1.
2.
3.
4.
5.
Participación activa paciente
Información amplia
Conocimiento ética
Conocimiento derecho
Beneficio medico conocida como la involuntariedad
de los tratamientos (convenio de Tokio), como el
derecho del estado para controlar las conductas
peligrosas, el psiquiatra demostrar que es
necesario proteger al paciente o la comunidad.
Sainz, A; quintana, O; (1994) Guia
sobre la informacion al paciente y
Confidencialidad
• Const. Art. 66 No11, 19.
Se examina la relación entre Psiquiatría y
Derechos Humanos desde las siguientes
perspectivas: el derecho a la Salud Mental,
entendiendo esta como parte indispensable e
indiscutible del estado de bienestar que define
la salud y sobre la cual incide negativamente la
realidad social y económica; los derechos
humanos del enfermo mental establecidos en
las diferentes declaraciones y acuerdos
internacionales, insuficientes para evitar la
violación sistemática de derechos humanos en
muchos hospitales mentales; y finalmente los
derechos humanos y los otros usos de la
Psiquiatría que enfatiza la relación entre
Psiquiatría y Política y sus implicaciones éticas.
Como lo indica la Asociación Mundial
de
Psiquiatría
(AMP)
en
la
Declaración de Madrid de 1996: “La
Psiquiatría es una disciplina médica
orientada a proporcionar el mejor
tratamiento posible a los trastornos
mentales, a la rehabilitación de
individuos que sufren de enfermedad
mental y a la promoción de la salud
mental” (APAL, 1998: 124).
Los fundamentos teóricos y especialmente
la práctica clínica de esta ciencia, toca lo
más íntimo y subjetivo del ser humano:
su mente. En la Psiquiatría, más que en
ninguna otra especialidad de la Medicina,
las implicaciones sociales y legales del
diagnóstico, y la posibilidad de producir
modificaciones conductuales en el sujeto,
eventualmente
permanentes,
como
producto de la intervención terapéutica,
conforman una situación que reclama por
parte
del
Psiquiatra,
un
especial
compromiso ético.
La práctica clínica de la Psiquiatría, y las
posibilidades
de
acciones
efectivas
preventivas,
terapéuticas
y
de
rehabilitación, dependen del sistema de
prestación de servicios sociales y de
salud. La participación positiva de los
Psiquiatras en el diseño de programas
oficiales de atención, depende de las
políticas sociales y de salud del Estado.
En todo caso, la participación y la actitud
del Psiquiatra frente a las políticas del
Estado
son
de
la
exclusiva
responsabilidad
del
profesional
y
producto de la posición que éste asuma
La
intervención
psiquiátrica
antiterapéutica y en general, el mal uso del
saber psiquiátrico que lesiona los
derechos humanos, ha sido motivo de
atención por parte de los organismos
oficiales
internacionales
y
de
las
asociaciones científicas y académicas.
Como consecuencia, se han elaborado
normas específicas que definen el
comportamiento ético de los Psiquiatras
en las diversas situaciones concretas de
su ejercicio profesional, establece límites
a la intervención y regula el uso de esta
ciencia a lo estrictamente terapéutico y
Es evidente que existe una
estrecha relación entre la
doctrina y el ejercicio de los
Derechos Humanos y la
Psiquiatría. En este trabajo
nos proponemos exponer
las principales perspectivas
desde las cuales puede
examinarse esta relación.
I. LA PSIQUIATRÍA Y EL DERECHO A LA SALUD MENTAL
Se entiende la salud mental
como parte indispensable
e indiscutible del estado de
bienestar, no circunscrito a
la
ausencia
de
enfermedades, que define
la salud.
La Declaración Universal de
los
Derechos
Humanos
adoptada por la Asamblea
General de la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU) en 1948 (APAL,
1998: V-X), en varios de
sus artículos establece el
derecho a la salud.
Artículo 25: “Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y
el
bienestar,
y
en
especial
la
alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”. Es fundamental establecer la
dependencia entre salud y nivel (calidad)
de vida, estrechamente vinculados a
otros factores, como son seguridad
social, trabajo, educación y cultura, a los
cuales se alude en otros artículos de la
citada Declaración.
Artículo 32 Const.….. de la vigente Constitución,
así lo establece: “.”
Titulo II, sección séptima, Art.32
Titulo VII,Capítulo I, sección II, Art.358-366
Artículos 84 y 85 informan sobre las obligaciones
estatales de organización y financiamiento del
sistema de salud. Hay otros derechos y garantías
que por su vinculación estrecha con la salud y de
cuyo ejercicio deriva en gran medida su logro, vale
la pena citarlos, tales como los que se refieren a
protección a la familia, la maternidad y la
paternidad, el matrimonio, la niñez, la adolescencia,
la ancianidad, las personas con discapacidades y
necesidades especiales, la vivienda, la seguridad
social y el trabajo; todos consagrados en el Capítulo
V del texto constitucional como “Derechos Sociales
y de las Familias”
“El objetivo de la psiquiatría
consiste
en
tratar
las
afecciones
mentales
y
propiciar la salud mental”,
señala la AMP en el punto
No. 1 de la Declaración de
Hawai/II, de 1983 (APAL,
1998: 121).
Es evidente la importancia de la
Psiquiatría en todo lo relativo a la
salud mental. No sólo en lo
referente al tratamiento de las
enfermedades y a los programas
de
rehabilitación,
sino
principalmente en la elaboración
de planes preventivos, asunto en
el cual con frecuencia quiere
disminuirse su papel.
Las condiciones indispensables para el
fomento de la salud, están determinadas
por la realidad social y económica del
país. La pobreza en la cual se encuentra
sumida gran parte de la población, cuya
corrección solo está al alcance de la
decisión política, tiene, por lo menos, dos
consecuencias negativas en tal sentido.
En primer lugar, sus efectos sociales
(inseguridad, desempleo) configuran una
situación estresante alejada de las
posibilidades de salud.
• Además,
el
deterioro
del
sistema
sanitario-asistencial, al cual, al mostrarse
incapaz de atender las necesidades
elementales de la población, no permite
exigírsele un papel razonablemente
adecuado en materia preventiva. Los
planes de autogestión y privatización que
se emprendieron desde hace varios años,
con el objetivo de mejorar las condiciones
asistenciales, deben cuidar de no
constituirse en una forma solapada de
burlar el derecho a la salud como
obligación del Estado, en aras del avance
científico-técnico.
Debemos reflexionar sobre la realidad
de la salud mental. Se ha renunciado
a la prevención y al nivel social en el
cual esa acción es efectiva. Los
servicios de los hospitales generales,
demostrados universalmente como
más efectivos y menos costosos para
el tratamiento precoz de la mayoría
de los trastornos, están incompletos,
no aplicados en nuestro país, la
salud mental aun no es de todos.
•Los servicios asistenciales de
que disponemos, aceptan la
cronificación
del
enfermo
mental como una realidad
inmodificable
y
se
fundamentan en un Hospital
Psiquiátrico
anacrónico.
Nuestra asistencia psiquiátrica
viola el derecho a la salud.
Si
examinamos
el
recordado
Plan
Decenal
de
Salud
para
las
Américas
(OPS/OMS,
1973:
38), vemos que sus
recomendaciones
“1. Mejorar la calidad de la
prevención primaria y de la
asistencia
prestada
en
los
servicios psiquiátricos y el acceso
de esos servicios a la población,
incorporando estas actividades
en los servicios básicos de salud,
con miras a alcanzar, por lo
menos, una cobertura del 60%
de la población.
2. Incluir acciones de
promoción de salud
mental
y
de
prevención
primaria
en cada una de las
actividades de salud
que se ejecuten.
3. Disminuir la tendencia al
aumento del alcoholismo y la
fármaco-dependencia, ofreciendo
servicios
de
prevención,
tratamiento y rehabilitación que
cubran toda la población.” Más de
30
años
después,
puede
afirmarse que este documento,
que despertó tantas expectativas
favorables, no se ha cumplido.
Obviamente, después de este
plan se han desarrollado
otros. Se ha abundado en
comisiones, diagnósticos y
planes, pero aún se espera
por realizaciones prácticas
que superen la indigente
situación del enfermo mental
en Latinoamérica.
II. LA PSIQUIATRÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL
ENFERMO MENTAL
Las consideraciones anteriores permiten
deslizar nuestros planteamientos hasta
los derechos humanos de los enfermos
mentales. La Declaración de Hawai/II
(APAL, 1998: 121), indica que “el psiquiatra
debe servir a los supremos intereses del
paciente lo mejor que lo permitan sus
capacidades acordes a los conocimientos
científicos y a los principios éticos aceptados y,
además, debe preocuparse por el bien común y
una justa distribución de los recursos asignados
a la salud” (Nº 1),
Y más adelante que “debe
ofrecer al paciente la mejor
terapia que este a su
alcance y, si es aceptada,
debe tratar al paciente con
la solicitud y el respeto que
se debe a la dignidad de
todos los seres humanos”
(Nº 2).
La proposición de la AMP sobre los
Derechos y la Protección Legal de los
Enfermos Mentales, adoptada por la
Asamblea General en Atenas
en 1989, que complementa los
postulados de la Declaración de
Hawai, reivindica que: “Las personas
que sufren de una enfermedad
mental deben gozar de los mismos
derechos humanos y libertades
básicas que los otros ciudadanos.
• No deberán estar sujetas a una
discriminación por razones de
una enfermedad mental.” “Los
enfermos mentales tienen el
derecho de recibir un trato
profesional, humano y digno.
Deben ser protegidos contra la
explotación, el abuso y la
degradación,...” (APAL, 1998:
119).
realidad
social
no
promociona
la
salud
mental, las consecuencias
de
las
abismales
desigualdades no permiten
hacerlo. Nadie puede negar
que sólo una minoría tiene
posibilidades de recibir
•“el tratamiento y el cuidado
correspondientes
de
acuerdo con las mejores
normas existentes”, a lo
cual tienen derecho como
lo señala la AMP (APAL,
1998: 121), dado que
existen
importantes
restricciones
sociales
y
económicas que lo impiden.
La asistencia médica, la Psiquiatría
no es una excepción, se ha
desplazado hacia la práctica
privada, inaccesible a la mayoría
de la población por sus elevados
costos.
Los
medios
de
diagnóstico
más
sofisticados
están al alcance de pocos, al
igual que los medicamentos, y
los psicofármacos son un buen
• Los centros hospitalarios del
Estado, ante la realidad de
carencia universal que les impide
prestar un servicio aceptable, en
un
desmedido
afán
autogestionario, quieren sacar de
la comunidad empobrecida los
recursos que tradicionalmente no
les ha otorgado el Estado
irresponsable.
Si bien el fomento de la salud
mental del individuo, uno de los
objetivos de la Psiquiatría, pasa
por el reconocimiento de la
realidad y el reclamo de su
concurso en la resolución de los
problemas de la comunidad, esto
supone el aprendizaje para
defender
y
reclamar
sus
derechos.
• Si, negados al compromiso de
solidaridad, emprendemos acciones
autogestionarias sin el concurso de
la comunidad, que señalará sus
límites reales, además de negarles
una
oportunidad
para
la
concienciación,
actuamos
como
agentes del Estado y nos hacemos
cómplices en la violación de los
derechos de los pacientes.
Otros derechos se derivan de la
relación
terapéutica
que
establece el Psiquiatra con su
paciente. La División de Salud
Mental y Prevención del Abuso
de Sustancias de la OMS, ha
elaborado
diez
principios
básicos de las normas para la
atención de la Salud Mental.
Destacan “la provisión del tipo de atención menos
restrictivo”, tomando en cuenta “el nivel de autonomía”
y “la aceptación y cooperación” del paciente; “la
autodeterminación”, por la cual “se requiere el
consentimiento antes de que se produzca cualquier tipo
de interferencia” y se supone “que los pacientes son
capaces de tomar sus propias decisiones, a menos que
se pruebe lo contrario”; “el derecho a ser asistido en el
ejercicio de la autodeterminación”, si tiene dificultades
para ejercerla; “disponibilidad del procedimiento de
revisión” y “mecanismo automático para revisión
periódica”, en casos de tratamientos que afecten la
integridad o de hospitalización prolongada
1998: 105-116).
(APAL,
Declaración
de
Hawai/II
(APAL,
1998: 121-122) Califica
La
esta
relación
terapéutica
como un “acuerdo mutuo”,
con
muchas
exigencias:
“confianza, confidencialidad,
cooperación y responsabilidad
mutua” (No. 3).
“El Psiquiatra debe informar
al
paciente
sobre
las
condiciones de su estado,
los
procedimientos
terapéuticos que se pueden
aplicar,
las
distintas
alternativas y los posibles
resultados que se pueden
esperar” (No. 4).
No
se
realizarán
procedimientos
diagnósticos o tratamientos sin el
consentimiento del paciente Art.:
362 Const. …., salvo que “debido a
su estado mental, el paciente no
pueda formarse una opinión acerca
de cual tratamiento servirá a sus
mejores intereses, ni saber tampoco
que sin ese tratamiento es probable
que se inflija un grave daño a si
mismo o a terceros” (No. 5).
“En cuanto desaparezcan las
condiciones
para
el
tratamiento compulsivo, el
psiquiatra debe suspender su
carácter obligatorio y, en caso
de ser necesario seguir con la
terapia, deberá obtener el
consentimiento voluntario del
paciente” (No. 6).
la hospitalización y el
tratamiento
sin
el
consentimiento del paciente es
En efecto,
uno
de
los
temas
más
controversiales de la confluencia
entre
Psiquiatría
y
Derechos
Humanos. El Psiquiatra lo es de sus
pacientes, y sus acciones no deben
obedecer sino al beneficio de ellos y
nunca a presiones familiares u
oficiales.
Situación similar se vive en los
casos
que
reclaman
la
intervención del Psiquiatra con
fines no terapéuticos, por
ejemplo
de
evaluación
forense, en los cuales “se
explicara
debidamente
su
naturaleza a las personas
interesadas” (APAL, 1998:
121).
•
•
Vladimir Bukovsky
Vladimir Bukovsky es un disidente soviético, escritor y activista de los derechos humanos, quien permaneció
durante doce años en las prisiones soviéticas, campos de trabajos forzados y hospitales psiquiátricos de
tratamiento obligado, usados por el gobierno en contra de sus enemigos. Cuando era estudiante, el Sr. Bukovsky
fue expulsado de su escuela en Moscú por haber creado y publicado una revista no autorizada. Posteriormente,
fue internado en un pabellón psiquiátrico por llevar a cabo reuniones de poesía en el centro de Moscú. En tres
oportunidades fue arrestado y encarcelado por organizar manifestaciones en defensa de los otros disidentes
soviéticos. En 1971, el Sr. Bukovsky se las ingenió para pasar de contrabando a Occidente más de 150 pages
que documentaban el mal uso que se hacía en la otrora Unión Soviética de las instituciones psiquiátricas, por
razones políticas. Esta información galvanizó a los activistas de los derechos humanos y sirvió de pretexto para
su consiguiente arresto y condena por “calumniar” a la Psiquiatría de la Unión Soviética. Escribió como
coautor A Manual on Psychiatry for Dissidents a fin de ayudar a otros disidentes a luchar contra la tortura
psiquiátrica. El destino del Sr. Bukovsky y otros prisioneros políticos, que en repetidas oportunidades llamó la
atención de grupos de derechos humanos y dicplomáticos, fue causa de vergüenza e indignación para las
autoridades soviéticas. En Diciembre de 1976, el Sr. Bukovsky fue intercambiado en Zurich (Suiza) por el líder
comunista chileno Louis Corvalan. En una oportunidad en que fue invitado a King’s College, en Cambridge, se
mudó a Inglaterra a fin de continuar su educación: neurofisiología. Allí publicó su autobiografía que llegó a ser el
libro más vendido del año: Build a Castle: My Life As a Dissenter. En 1983, en conjunto con Armando Vallladares
y otros, concursó y fue elegido Presidente de la Resistencia Internacional que luchaba por la libertad de los
presos políticos dispersos en todo el bloque comunista. Posteriormente publicó la Soviet Hypocrisy and Western
Gullibility así como To Choose Freedom. En 1992, después de la caída de la Unión Soviética, el gobierno
del Presidente Yeltsin invitó al Sr. Bukovsky a desempeñarse como experto en dar testimonios en el juicio
celebrado contra el Tribunal Constitucional de Rusia, para determinar si la actividad del Partido Comunista de la
Unión Soviética era inconstitucional y por ende se deberían prohibir sus actuaciones. El resultado de este
testimonio e investigación fue el libro Judgement in Moscow. En enero 2004, actuando con el apoyo de Garry
Kasparov y otros personajes, fundó el Comité de 2008, un paraguas de la organización de la oposición
democrática rusa, cuyo propósito era llevar celebrar unas elecciones presidenciales libres y justas en 2008.
Conferencia
Regional
para
la
Reestructuración
de
la
Asistencia
Psiquiátrica
(OPS/OMS, 1991: 77), acepta
Con
todo
y
esto,
la
que los acuerdos internacionales para la
protección de los derechos humanos,
brinda a los pacientes mentales sólo una
protección
general
“claramente
insuficiente para evitar la violación
sistemática de los derechos humanos que
ocurren en muchos hospitales mentales
• “la condición de paciente mental
está asociada con la posible
suspensión de los derechos
humanos, como si la dignidad de
la persona cesara con sus
dolencias mentales, o como si las
mismas fueran en todos los
casos absoluta y definitivamente
anulatorias de su capacidad
mental”.
Esa Conferencia produjo la
Declaración
de
Caracas
(OPS/OMS, 1991: X-XI), una de
cuyas notas fundamentales alerta sobre
el obstáculo que supone “el hospital
psiquiátrico,
como
única
modalidad
asistencial”, como es el caso de la
mayoría de los países latinoamericanos,
para lograr una asistencia psiquiátrica
humana y eficaz, especialmente por
“crear condiciones desfavorables que
ponen en peligro los derechos humanos y
civiles del enfermo”.
La participación de pacientes con fines docentes
y de investigación es también un asunto
especialmente conflictivo.
de Hawai/II,
La Declaración
establece que en todo caso
“ha de ser voluntaria”, y, en los proyectos de
investigación, después de habérsele informado
“el objetivo, los procedimientos, los riesgos e
inconvenientes”. El paciente podrá retirarse
cuando lo desee de cualquier programa docente
o proyecto de investigación, sin que esta
negativa influya en el interés del Psiquiatra por
proporciónale
la
mejor
alternativa
de
tratamiento (No. 9).
Hoy, cuando el potencial económico de
las compañías transnacionales de los
psicofármacos, financiamientos los
eventos científicos hasta en sus más
irrelevantes detalles, es necesario
deslindar la actividad docente y de
actualización científica, sujeta al
respeto a los derechos del paciente.
Definitivamente, lo que para las
compañías transnacionales es sólo
un negocio, para el Psiquiatra debe
ser la praxis solidaria de un saber.
Los principios éticos relacionados con la
investigación biomédica en seres humanos,
están contenidos en la Declaración de
Helsinki de la Asociación Médica
Mundial, revisados posteriormente
por la 29ª. Asamblea Médica Mundial
en Tokio (1975) y por la XV
Conferencia
del
Consejo
de
Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas (COIM) en
Manila y el Consejo Consultivo de
Investigaciones Médicas (CCIM) de
la OMS en Ginebra (1981),
•y
pueden
sintetizarse
en
consentimiento
con
información
suficiente; asesoramiento técnico
para
proteger
los
intereses
colectivos;
mantenimiento
de
comités locales, institucionales o
regionales para el examen ético de
los proyectos; y protección especial
a grupos vulnerables (no realizar
investigaciones
en
enfermos
mentales si pueden realizarse en
sanos) (Gutteridge, 1982: 188).
III.
LOS
DERECHOS
HUMANOS Y LOS
OTROS USOS DE
LA
PSIQUIATRÍA
Todas las consideraciones anteriores
están comprendidas en el ejercicio
ético de la Psiquiatría. La relación
entre Psiquiatría y Política, lo está
muy particularmente. El compromiso
de
Psiquiatras
con
regímenes
totalitarios de diferente signo y el
uso del saber psiquiátrico con fines
represivos en décadas pasadas, nos
justifica este llamado de alerta.
•Además
se
ha
identificado
la
Psiquiatría
institucionalizada con el
poder
políticoeconómico.
Se
nos
plantean entonces las
siguientes situaciones:
1) La Psiquiatría como ideología
“cerrada y definida en su rol de
ciencia
dogmática
que,
en
relación con el objeto de su
investigación, sólo ha sabido
definir
su
diversidad
e
incomprensibilidad, que, se han
traducido, concretamente, en su
estigmatización social” (Basaglia,
1977: 12).
• Desde el rechazo de una práctica
asistencial inhumana, el discurso
antipsiquiátrico derivó al rechazo de
la Psiquiatría, “medio de control
social y afirmación ritualizada de la
ética social dominante” (Szasz,
1981: 29) La Antipsiquiatría más
radical, considerará la enfermedad
mental como una construcción social
y plantea la abolición de la
Psiquiatría.
Debe aceptarse que, en el
origen de la Antipsiquiatría
está una protesta razonable a
una práctica psiquiátrica que
oscilaba
entre
la
racionalización psicoanalítica
descontextualizada
y
la
reclusión
asilar
alienante,
situación no definitivamente
superada.
• En las últimas décadas, los aportes
de las Neurociencias y la Psiquiatría
Biológica, y la aceptación de la
preocupación social y garantiza del
discurso
anti-psiquiátrico
y
su
incorporación al discurso habitual de
la Psiquiatría Social y Comunitaria,
han limitado los aportes de la
Antipsiquiatría, especialmente de su
tendencia extrema.
Psiquiatra como agente
represivo del Estado. (Rusia Koriagin)
2)
El
Las situaciones van desde la declaración de
enfermedad mental y reclusión indefinida en un
Hospital Psiquiátrico, con pérdida de sus
derechos ciudadanos, lo cual en el caso de
presuntos delitos, saca a la persona de la
jurisdicción y lo somete a medidas punitivas
extra-jurisdiccionales
e
incontrolables;
la
utilización de tratamientos psiquiátricos para
simular enfermedad mental o con fines de
tortura (electrochoques, comas insulínicos,
altas dosis de psicofármacos);
• la utilización de recursos de la
Psicología y de la Psiquiatría
para
torturar
(tortura
psicológica), para imponer el
terror en la colectividad o
convencer sobre la necesidad del
mantenimiento
del
régimen
político; y la falsificación de los
diagnósticos para privar de
determinados
derechos
a
personas sanas.
Obviamente, estas situaciones pertenecen
al ámbito de la responsabilidad personal
del Psiquiatra. La Declaración de
Hawai/II (APAL, 1998: 122),
insiste en los señalamientos éticos:
“nunca debe usar sus posibilidades
profesionales para violar la dignidad o los
derechos humanos de un individuo o de
un grupo, y nunca debe permitir que
interfieran con el tratamiento, los deseos,
sentimientos o prejuicios personales
inadecuados”.
•Prohíbe la participación en la
aplicación de tratamientos
psiquiátricos a personas sanas
y
la
cooperación
en
situaciones contrarias a los
principios científicos o éticos
(No.
7).
Establece
la
confidencialidad
y
la
obligación de mantener el
secreto profesional (No. 8).
3) El papel del
Psiquiatra ante la
violación
de
los
Derechos Humanos
por
parte
del
Estado.
Aunque la violación sistemática de los Derechos
Humanos es consustancial con el Estado
totalitario, cada vez se ven más casos en los
llamados
democráticos,
según
reportan
organismos que se ocupan de su vigilancia,
Amnistía
entre
los
cuales
destaca
Internacional. Así sucede en los países
latinoamericanos.
Venezuela
no
es
la
excepción. Los centros de investigación de las
Universidades del país, en varias oportunidades
han denunciado por ese motivo, a las fuerzas
represivas del Estado. Por su parte, los
sucesivos gobiernos han tratado de anular la
protesta, atribuyendo a los denunciantes falsos
vínculos con la corrupción y un propósito
Dice Delgado (1988: 43-45), del
Instituto de Criminología de la
Universidad del Zulia, que “el
derecho a la vida es violado
sistemáticamente a través de formas
sutiles de violencia encubierta... o a
través de la violencia directa que se
materializa
en
“desapariciones”,
“torturas” y “ejecuciones”. Destacan
“los muertos en enfrentamiento con
las fuerzas del orden público” y las
ejecuciones extralegales.
•Esta situación, que plantea
la existencia real, aunque
no legal, de la pena de
muerte,
se
trata
de
justificar “a través de la
manipulación
del
“sentimiento
de
inseguridad”.
La patología psiquiátrica, como resultado
de la violación de los Derechos Humanos
es variada. Una recopilación de textos
médicos (Caritat, 1979), da cuenta de
varios cuadros clínicos atendidos durante
la dictadura cívico-militar que sufrió
varios países desde 1973. Se señalan
trastornos neuróticos vinculados a la
neurosis de angustia, apatía, desinterés,
depresión,
manifestaciones
cenestopáticas (asociadas a la picana
eléctrica),
trastornos
psicosomáticos
graves (úlceras de estómago, asma,
lesiones de piel).
Es
importante
citar
la
Declaración adoptada por la
Asamblea
AMP en
Mundial
(1989), en
General de la
el Congreso
de
Atenas
la cual se declara
como “violación a la ética
profesional”, la participación
de psiquiatras en la pena de
La derogación por inconstitucional, de
la todavía recordada Ley de Vagos y
Maleantes constituye, aunque tardío,
un paso positivo en la defensa de los
Derechos Humanos en Venezuela. En
ella estaban consideradas una serie
de actitudes y conductas imprecisas,
que podían ser interpretadas como
delitos o enfermedades mentales, de
acuerdo a la subjetiva apreciación
policial.
IV. CONCLUSIONES
1. Se han planteado las principales
perspectivas desde las cuales
puede examinarse la relación
entre Derechos Humanos y Psiquiatría,
con
énfasis
en
la
situación
venezolana. A saber: el derecho a la
salud mental como parte del derecho
a la salud, los derechos humanos de
los enfermos mentales y el uso de la
Psiquiatría para la represión política.
2. Se destaca que, a pesar del
rango
constitucional
del
derecho a la salud, que
comprende el derecho a la
salud mental, contemplado
además en los acuerdos
internacionales, el sistema de
prestación de servicios no
garantiza el derecho a la salud
mental de la población.
3. La protección general que
brindan
el
texto
constitucional
y
los
acuerdos
internacionales,
es insuficiente para evitar
la violación de los derechos
humanos de los enfermos
mentales.
4. Los reportes sobre el uso de la
Psiquiatría y la participación de
Psiquiatras para la represión
política en algunos países y de la
violación de derechos humanos
por
parte
de
los
cuerpos
policiales , plantean la necesidad
de mantenernos vigilantes en
relación con el utilización ética
del saber psiquiátrico.