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• PSIQUIATRIA CRITICA AEP 15-OCT-2009 • CODIGOS DE ETICA EN PSIQUIATRIA • IVAN RIOFRIO MORA • EN HONOR • FERNANDO DOMINGUEZ R Declaraciones de bioética • Luego 2 guerra mundial • Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 y, actividad medica Ética medica Principios básicos • • • • • • • Preservar la vida Aliviar el sufrimiento No perjudicar Respeto a la autonomía del paciente Justicia Decir la verdad Hacer bien a los pacientes Limites en el ejercicio de la Medicina • Ausencia absoluta de conocimientos • Falta de tiempo para movilizar recursos • Paciente o familiar no puede hacer frente al pago de mas tratamiento Consentimiento informado Psiquiatría Const.: Art. 66 No10, 11,19 • Realizar el documento de consentimiento es responsabilidad del profesional que realiza el procedimiento. • • • • Grave deterioro competencia al ingreso: Entender enfermedad Entender tratamiento recomendado Entender consecuencias consentimiento o negarlo Ingreso involuntario Psiquiatría 1. Consentimiento negociado: 1. 2. 3. 4. 5. Participación activa paciente Información amplia Conocimiento ética Conocimiento derecho Beneficio medico conocida como la involuntariedad de los tratamientos (convenio de Tokio), como el derecho del estado para controlar las conductas peligrosas, el psiquiatra demostrar que es necesario proteger al paciente o la comunidad. Sainz, A; quintana, O; (1994) Guia sobre la informacion al paciente y Confidencialidad • Const. Art. 66 No11, 19. Se examina la relación entre Psiquiatría y Derechos Humanos desde las siguientes perspectivas: el derecho a la Salud Mental, entendiendo esta como parte indispensable e indiscutible del estado de bienestar que define la salud y sobre la cual incide negativamente la realidad social y económica; los derechos humanos del enfermo mental establecidos en las diferentes declaraciones y acuerdos internacionales, insuficientes para evitar la violación sistemática de derechos humanos en muchos hospitales mentales; y finalmente los derechos humanos y los otros usos de la Psiquiatría que enfatiza la relación entre Psiquiatría y Política y sus implicaciones éticas. Como lo indica la Asociación Mundial de Psiquiatría (AMP) en la Declaración de Madrid de 1996: “La Psiquiatría es una disciplina médica orientada a proporcionar el mejor tratamiento posible a los trastornos mentales, a la rehabilitación de individuos que sufren de enfermedad mental y a la promoción de la salud mental” (APAL, 1998: 124). Los fundamentos teóricos y especialmente la práctica clínica de esta ciencia, toca lo más íntimo y subjetivo del ser humano: su mente. En la Psiquiatría, más que en ninguna otra especialidad de la Medicina, las implicaciones sociales y legales del diagnóstico, y la posibilidad de producir modificaciones conductuales en el sujeto, eventualmente permanentes, como producto de la intervención terapéutica, conforman una situación que reclama por parte del Psiquiatra, un especial compromiso ético. La práctica clínica de la Psiquiatría, y las posibilidades de acciones efectivas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación, dependen del sistema de prestación de servicios sociales y de salud. La participación positiva de los Psiquiatras en el diseño de programas oficiales de atención, depende de las políticas sociales y de salud del Estado. En todo caso, la participación y la actitud del Psiquiatra frente a las políticas del Estado son de la exclusiva responsabilidad del profesional y producto de la posición que éste asuma La intervención psiquiátrica antiterapéutica y en general, el mal uso del saber psiquiátrico que lesiona los derechos humanos, ha sido motivo de atención por parte de los organismos oficiales internacionales y de las asociaciones científicas y académicas. Como consecuencia, se han elaborado normas específicas que definen el comportamiento ético de los Psiquiatras en las diversas situaciones concretas de su ejercicio profesional, establece límites a la intervención y regula el uso de esta ciencia a lo estrictamente terapéutico y Es evidente que existe una estrecha relación entre la doctrina y el ejercicio de los Derechos Humanos y la Psiquiatría. En este trabajo nos proponemos exponer las principales perspectivas desde las cuales puede examinarse esta relación. I. LA PSIQUIATRÍA Y EL DERECHO A LA SALUD MENTAL Se entiende la salud mental como parte indispensable e indiscutible del estado de bienestar, no circunscrito a la ausencia de enfermedades, que define la salud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 (APAL, 1998: V-X), en varios de sus artículos establece el derecho a la salud. Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Es fundamental establecer la dependencia entre salud y nivel (calidad) de vida, estrechamente vinculados a otros factores, como son seguridad social, trabajo, educación y cultura, a los cuales se alude en otros artículos de la citada Declaración. Artículo 32 Const.….. de la vigente Constitución, así lo establece: “.” Titulo II, sección séptima, Art.32 Titulo VII,Capítulo I, sección II, Art.358-366 Artículos 84 y 85 informan sobre las obligaciones estatales de organización y financiamiento del sistema de salud. Hay otros derechos y garantías que por su vinculación estrecha con la salud y de cuyo ejercicio deriva en gran medida su logro, vale la pena citarlos, tales como los que se refieren a protección a la familia, la maternidad y la paternidad, el matrimonio, la niñez, la adolescencia, la ancianidad, las personas con discapacidades y necesidades especiales, la vivienda, la seguridad social y el trabajo; todos consagrados en el Capítulo V del texto constitucional como “Derechos Sociales y de las Familias” “El objetivo de la psiquiatría consiste en tratar las afecciones mentales y propiciar la salud mental”, señala la AMP en el punto No. 1 de la Declaración de Hawai/II, de 1983 (APAL, 1998: 121). Es evidente la importancia de la Psiquiatría en todo lo relativo a la salud mental. No sólo en lo referente al tratamiento de las enfermedades y a los programas de rehabilitación, sino principalmente en la elaboración de planes preventivos, asunto en el cual con frecuencia quiere disminuirse su papel. Las condiciones indispensables para el fomento de la salud, están determinadas por la realidad social y económica del país. La pobreza en la cual se encuentra sumida gran parte de la población, cuya corrección solo está al alcance de la decisión política, tiene, por lo menos, dos consecuencias negativas en tal sentido. En primer lugar, sus efectos sociales (inseguridad, desempleo) configuran una situación estresante alejada de las posibilidades de salud. • Además, el deterioro del sistema sanitario-asistencial, al cual, al mostrarse incapaz de atender las necesidades elementales de la población, no permite exigírsele un papel razonablemente adecuado en materia preventiva. Los planes de autogestión y privatización que se emprendieron desde hace varios años, con el objetivo de mejorar las condiciones asistenciales, deben cuidar de no constituirse en una forma solapada de burlar el derecho a la salud como obligación del Estado, en aras del avance científico-técnico. Debemos reflexionar sobre la realidad de la salud mental. Se ha renunciado a la prevención y al nivel social en el cual esa acción es efectiva. Los servicios de los hospitales generales, demostrados universalmente como más efectivos y menos costosos para el tratamiento precoz de la mayoría de los trastornos, están incompletos, no aplicados en nuestro país, la salud mental aun no es de todos. •Los servicios asistenciales de que disponemos, aceptan la cronificación del enfermo mental como una realidad inmodificable y se fundamentan en un Hospital Psiquiátrico anacrónico. Nuestra asistencia psiquiátrica viola el derecho a la salud. Si examinamos el recordado Plan Decenal de Salud para las Américas (OPS/OMS, 1973: 38), vemos que sus recomendaciones “1. Mejorar la calidad de la prevención primaria y de la asistencia prestada en los servicios psiquiátricos y el acceso de esos servicios a la población, incorporando estas actividades en los servicios básicos de salud, con miras a alcanzar, por lo menos, una cobertura del 60% de la población. 2. Incluir acciones de promoción de salud mental y de prevención primaria en cada una de las actividades de salud que se ejecuten. 3. Disminuir la tendencia al aumento del alcoholismo y la fármaco-dependencia, ofreciendo servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación que cubran toda la población.” Más de 30 años después, puede afirmarse que este documento, que despertó tantas expectativas favorables, no se ha cumplido. Obviamente, después de este plan se han desarrollado otros. Se ha abundado en comisiones, diagnósticos y planes, pero aún se espera por realizaciones prácticas que superen la indigente situación del enfermo mental en Latinoamérica. II. LA PSIQUIATRÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL ENFERMO MENTAL Las consideraciones anteriores permiten deslizar nuestros planteamientos hasta los derechos humanos de los enfermos mentales. La Declaración de Hawai/II (APAL, 1998: 121), indica que “el psiquiatra debe servir a los supremos intereses del paciente lo mejor que lo permitan sus capacidades acordes a los conocimientos científicos y a los principios éticos aceptados y, además, debe preocuparse por el bien común y una justa distribución de los recursos asignados a la salud” (Nº 1), Y más adelante que “debe ofrecer al paciente la mejor terapia que este a su alcance y, si es aceptada, debe tratar al paciente con la solicitud y el respeto que se debe a la dignidad de todos los seres humanos” (Nº 2). La proposición de la AMP sobre los Derechos y la Protección Legal de los Enfermos Mentales, adoptada por la Asamblea General en Atenas en 1989, que complementa los postulados de la Declaración de Hawai, reivindica que: “Las personas que sufren de una enfermedad mental deben gozar de los mismos derechos humanos y libertades básicas que los otros ciudadanos. • No deberán estar sujetas a una discriminación por razones de una enfermedad mental.” “Los enfermos mentales tienen el derecho de recibir un trato profesional, humano y digno. Deben ser protegidos contra la explotación, el abuso y la degradación,...” (APAL, 1998: 119). realidad social no promociona la salud mental, las consecuencias de las abismales desigualdades no permiten hacerlo. Nadie puede negar que sólo una minoría tiene posibilidades de recibir •“el tratamiento y el cuidado correspondientes de acuerdo con las mejores normas existentes”, a lo cual tienen derecho como lo señala la AMP (APAL, 1998: 121), dado que existen importantes restricciones sociales y económicas que lo impiden. La asistencia médica, la Psiquiatría no es una excepción, se ha desplazado hacia la práctica privada, inaccesible a la mayoría de la población por sus elevados costos. Los medios de diagnóstico más sofisticados están al alcance de pocos, al igual que los medicamentos, y los psicofármacos son un buen • Los centros hospitalarios del Estado, ante la realidad de carencia universal que les impide prestar un servicio aceptable, en un desmedido afán autogestionario, quieren sacar de la comunidad empobrecida los recursos que tradicionalmente no les ha otorgado el Estado irresponsable. Si bien el fomento de la salud mental del individuo, uno de los objetivos de la Psiquiatría, pasa por el reconocimiento de la realidad y el reclamo de su concurso en la resolución de los problemas de la comunidad, esto supone el aprendizaje para defender y reclamar sus derechos. • Si, negados al compromiso de solidaridad, emprendemos acciones autogestionarias sin el concurso de la comunidad, que señalará sus límites reales, además de negarles una oportunidad para la concienciación, actuamos como agentes del Estado y nos hacemos cómplices en la violación de los derechos de los pacientes. Otros derechos se derivan de la relación terapéutica que establece el Psiquiatra con su paciente. La División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias de la OMS, ha elaborado diez principios básicos de las normas para la atención de la Salud Mental. Destacan “la provisión del tipo de atención menos restrictivo”, tomando en cuenta “el nivel de autonomía” y “la aceptación y cooperación” del paciente; “la autodeterminación”, por la cual “se requiere el consentimiento antes de que se produzca cualquier tipo de interferencia” y se supone “que los pacientes son capaces de tomar sus propias decisiones, a menos que se pruebe lo contrario”; “el derecho a ser asistido en el ejercicio de la autodeterminación”, si tiene dificultades para ejercerla; “disponibilidad del procedimiento de revisión” y “mecanismo automático para revisión periódica”, en casos de tratamientos que afecten la integridad o de hospitalización prolongada 1998: 105-116). (APAL, Declaración de Hawai/II (APAL, 1998: 121-122) Califica La esta relación terapéutica como un “acuerdo mutuo”, con muchas exigencias: “confianza, confidencialidad, cooperación y responsabilidad mutua” (No. 3). “El Psiquiatra debe informar al paciente sobre las condiciones de su estado, los procedimientos terapéuticos que se pueden aplicar, las distintas alternativas y los posibles resultados que se pueden esperar” (No. 4). No se realizarán procedimientos diagnósticos o tratamientos sin el consentimiento del paciente Art.: 362 Const. …., salvo que “debido a su estado mental, el paciente no pueda formarse una opinión acerca de cual tratamiento servirá a sus mejores intereses, ni saber tampoco que sin ese tratamiento es probable que se inflija un grave daño a si mismo o a terceros” (No. 5). “En cuanto desaparezcan las condiciones para el tratamiento compulsivo, el psiquiatra debe suspender su carácter obligatorio y, en caso de ser necesario seguir con la terapia, deberá obtener el consentimiento voluntario del paciente” (No. 6). la hospitalización y el tratamiento sin el consentimiento del paciente es En efecto, uno de los temas más controversiales de la confluencia entre Psiquiatría y Derechos Humanos. El Psiquiatra lo es de sus pacientes, y sus acciones no deben obedecer sino al beneficio de ellos y nunca a presiones familiares u oficiales. Situación similar se vive en los casos que reclaman la intervención del Psiquiatra con fines no terapéuticos, por ejemplo de evaluación forense, en los cuales “se explicara debidamente su naturaleza a las personas interesadas” (APAL, 1998: 121). • • Vladimir Bukovsky Vladimir Bukovsky es un disidente soviético, escritor y activista de los derechos humanos, quien permaneció durante doce años en las prisiones soviéticas, campos de trabajos forzados y hospitales psiquiátricos de tratamiento obligado, usados por el gobierno en contra de sus enemigos. Cuando era estudiante, el Sr. Bukovsky fue expulsado de su escuela en Moscú por haber creado y publicado una revista no autorizada. Posteriormente, fue internado en un pabellón psiquiátrico por llevar a cabo reuniones de poesía en el centro de Moscú. En tres oportunidades fue arrestado y encarcelado por organizar manifestaciones en defensa de los otros disidentes soviéticos. En 1971, el Sr. Bukovsky se las ingenió para pasar de contrabando a Occidente más de 150 pages que documentaban el mal uso que se hacía en la otrora Unión Soviética de las instituciones psiquiátricas, por razones políticas. Esta información galvanizó a los activistas de los derechos humanos y sirvió de pretexto para su consiguiente arresto y condena por “calumniar” a la Psiquiatría de la Unión Soviética. Escribió como coautor A Manual on Psychiatry for Dissidents a fin de ayudar a otros disidentes a luchar contra la tortura psiquiátrica. El destino del Sr. Bukovsky y otros prisioneros políticos, que en repetidas oportunidades llamó la atención de grupos de derechos humanos y dicplomáticos, fue causa de vergüenza e indignación para las autoridades soviéticas. En Diciembre de 1976, el Sr. Bukovsky fue intercambiado en Zurich (Suiza) por el líder comunista chileno Louis Corvalan. En una oportunidad en que fue invitado a King’s College, en Cambridge, se mudó a Inglaterra a fin de continuar su educación: neurofisiología. Allí publicó su autobiografía que llegó a ser el libro más vendido del año: Build a Castle: My Life As a Dissenter. En 1983, en conjunto con Armando Vallladares y otros, concursó y fue elegido Presidente de la Resistencia Internacional que luchaba por la libertad de los presos políticos dispersos en todo el bloque comunista. Posteriormente publicó la Soviet Hypocrisy and Western Gullibility así como To Choose Freedom. En 1992, después de la caída de la Unión Soviética, el gobierno del Presidente Yeltsin invitó al Sr. Bukovsky a desempeñarse como experto en dar testimonios en el juicio celebrado contra el Tribunal Constitucional de Rusia, para determinar si la actividad del Partido Comunista de la Unión Soviética era inconstitucional y por ende se deberían prohibir sus actuaciones. El resultado de este testimonio e investigación fue el libro Judgement in Moscow. En enero 2004, actuando con el apoyo de Garry Kasparov y otros personajes, fundó el Comité de 2008, un paraguas de la organización de la oposición democrática rusa, cuyo propósito era llevar celebrar unas elecciones presidenciales libres y justas en 2008. Conferencia Regional para la Reestructuración de la Asistencia Psiquiátrica (OPS/OMS, 1991: 77), acepta Con todo y esto, la que los acuerdos internacionales para la protección de los derechos humanos, brinda a los pacientes mentales sólo una protección general “claramente insuficiente para evitar la violación sistemática de los derechos humanos que ocurren en muchos hospitales mentales • “la condición de paciente mental está asociada con la posible suspensión de los derechos humanos, como si la dignidad de la persona cesara con sus dolencias mentales, o como si las mismas fueran en todos los casos absoluta y definitivamente anulatorias de su capacidad mental”. Esa Conferencia produjo la Declaración de Caracas (OPS/OMS, 1991: X-XI), una de cuyas notas fundamentales alerta sobre el obstáculo que supone “el hospital psiquiátrico, como única modalidad asistencial”, como es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, para lograr una asistencia psiquiátrica humana y eficaz, especialmente por “crear condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo”. La participación de pacientes con fines docentes y de investigación es también un asunto especialmente conflictivo. de Hawai/II, La Declaración establece que en todo caso “ha de ser voluntaria”, y, en los proyectos de investigación, después de habérsele informado “el objetivo, los procedimientos, los riesgos e inconvenientes”. El paciente podrá retirarse cuando lo desee de cualquier programa docente o proyecto de investigación, sin que esta negativa influya en el interés del Psiquiatra por proporciónale la mejor alternativa de tratamiento (No. 9). Hoy, cuando el potencial económico de las compañías transnacionales de los psicofármacos, financiamientos los eventos científicos hasta en sus más irrelevantes detalles, es necesario deslindar la actividad docente y de actualización científica, sujeta al respeto a los derechos del paciente. Definitivamente, lo que para las compañías transnacionales es sólo un negocio, para el Psiquiatra debe ser la praxis solidaria de un saber. Los principios éticos relacionados con la investigación biomédica en seres humanos, están contenidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, revisados posteriormente por la 29ª. Asamblea Médica Mundial en Tokio (1975) y por la XV Conferencia del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COIM) en Manila y el Consejo Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) de la OMS en Ginebra (1981), •y pueden sintetizarse en consentimiento con información suficiente; asesoramiento técnico para proteger los intereses colectivos; mantenimiento de comités locales, institucionales o regionales para el examen ético de los proyectos; y protección especial a grupos vulnerables (no realizar investigaciones en enfermos mentales si pueden realizarse en sanos) (Gutteridge, 1982: 188). III. LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS OTROS USOS DE LA PSIQUIATRÍA Todas las consideraciones anteriores están comprendidas en el ejercicio ético de la Psiquiatría. La relación entre Psiquiatría y Política, lo está muy particularmente. El compromiso de Psiquiatras con regímenes totalitarios de diferente signo y el uso del saber psiquiátrico con fines represivos en décadas pasadas, nos justifica este llamado de alerta. •Además se ha identificado la Psiquiatría institucionalizada con el poder políticoeconómico. Se nos plantean entonces las siguientes situaciones: 1) La Psiquiatría como ideología “cerrada y definida en su rol de ciencia dogmática que, en relación con el objeto de su investigación, sólo ha sabido definir su diversidad e incomprensibilidad, que, se han traducido, concretamente, en su estigmatización social” (Basaglia, 1977: 12). • Desde el rechazo de una práctica asistencial inhumana, el discurso antipsiquiátrico derivó al rechazo de la Psiquiatría, “medio de control social y afirmación ritualizada de la ética social dominante” (Szasz, 1981: 29) La Antipsiquiatría más radical, considerará la enfermedad mental como una construcción social y plantea la abolición de la Psiquiatría. Debe aceptarse que, en el origen de la Antipsiquiatría está una protesta razonable a una práctica psiquiátrica que oscilaba entre la racionalización psicoanalítica descontextualizada y la reclusión asilar alienante, situación no definitivamente superada. • En las últimas décadas, los aportes de las Neurociencias y la Psiquiatría Biológica, y la aceptación de la preocupación social y garantiza del discurso anti-psiquiátrico y su incorporación al discurso habitual de la Psiquiatría Social y Comunitaria, han limitado los aportes de la Antipsiquiatría, especialmente de su tendencia extrema. Psiquiatra como agente represivo del Estado. (Rusia Koriagin) 2) El Las situaciones van desde la declaración de enfermedad mental y reclusión indefinida en un Hospital Psiquiátrico, con pérdida de sus derechos ciudadanos, lo cual en el caso de presuntos delitos, saca a la persona de la jurisdicción y lo somete a medidas punitivas extra-jurisdiccionales e incontrolables; la utilización de tratamientos psiquiátricos para simular enfermedad mental o con fines de tortura (electrochoques, comas insulínicos, altas dosis de psicofármacos); • la utilización de recursos de la Psicología y de la Psiquiatría para torturar (tortura psicológica), para imponer el terror en la colectividad o convencer sobre la necesidad del mantenimiento del régimen político; y la falsificación de los diagnósticos para privar de determinados derechos a personas sanas. Obviamente, estas situaciones pertenecen al ámbito de la responsabilidad personal del Psiquiatra. La Declaración de Hawai/II (APAL, 1998: 122), insiste en los señalamientos éticos: “nunca debe usar sus posibilidades profesionales para violar la dignidad o los derechos humanos de un individuo o de un grupo, y nunca debe permitir que interfieran con el tratamiento, los deseos, sentimientos o prejuicios personales inadecuados”. •Prohíbe la participación en la aplicación de tratamientos psiquiátricos a personas sanas y la cooperación en situaciones contrarias a los principios científicos o éticos (No. 7). Establece la confidencialidad y la obligación de mantener el secreto profesional (No. 8). 3) El papel del Psiquiatra ante la violación de los Derechos Humanos por parte del Estado. Aunque la violación sistemática de los Derechos Humanos es consustancial con el Estado totalitario, cada vez se ven más casos en los llamados democráticos, según reportan organismos que se ocupan de su vigilancia, Amnistía entre los cuales destaca Internacional. Así sucede en los países latinoamericanos. Venezuela no es la excepción. Los centros de investigación de las Universidades del país, en varias oportunidades han denunciado por ese motivo, a las fuerzas represivas del Estado. Por su parte, los sucesivos gobiernos han tratado de anular la protesta, atribuyendo a los denunciantes falsos vínculos con la corrupción y un propósito Dice Delgado (1988: 43-45), del Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, que “el derecho a la vida es violado sistemáticamente a través de formas sutiles de violencia encubierta... o a través de la violencia directa que se materializa en “desapariciones”, “torturas” y “ejecuciones”. Destacan “los muertos en enfrentamiento con las fuerzas del orden público” y las ejecuciones extralegales. •Esta situación, que plantea la existencia real, aunque no legal, de la pena de muerte, se trata de justificar “a través de la manipulación del “sentimiento de inseguridad”. La patología psiquiátrica, como resultado de la violación de los Derechos Humanos es variada. Una recopilación de textos médicos (Caritat, 1979), da cuenta de varios cuadros clínicos atendidos durante la dictadura cívico-militar que sufrió varios países desde 1973. Se señalan trastornos neuróticos vinculados a la neurosis de angustia, apatía, desinterés, depresión, manifestaciones cenestopáticas (asociadas a la picana eléctrica), trastornos psicosomáticos graves (úlceras de estómago, asma, lesiones de piel). Es importante citar la Declaración adoptada por la Asamblea AMP en Mundial (1989), en General de la el Congreso de Atenas la cual se declara como “violación a la ética profesional”, la participación de psiquiatras en la pena de La derogación por inconstitucional, de la todavía recordada Ley de Vagos y Maleantes constituye, aunque tardío, un paso positivo en la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. En ella estaban consideradas una serie de actitudes y conductas imprecisas, que podían ser interpretadas como delitos o enfermedades mentales, de acuerdo a la subjetiva apreciación policial. IV. CONCLUSIONES 1. Se han planteado las principales perspectivas desde las cuales puede examinarse la relación entre Derechos Humanos y Psiquiatría, con énfasis en la situación venezolana. A saber: el derecho a la salud mental como parte del derecho a la salud, los derechos humanos de los enfermos mentales y el uso de la Psiquiatría para la represión política. 2. Se destaca que, a pesar del rango constitucional del derecho a la salud, que comprende el derecho a la salud mental, contemplado además en los acuerdos internacionales, el sistema de prestación de servicios no garantiza el derecho a la salud mental de la población. 3. La protección general que brindan el texto constitucional y los acuerdos internacionales, es insuficiente para evitar la violación de los derechos humanos de los enfermos mentales. 4. Los reportes sobre el uso de la Psiquiatría y la participación de Psiquiatras para la represión política en algunos países y de la violación de derechos humanos por parte de los cuerpos policiales , plantean la necesidad de mantenernos vigilantes en relación con el utilización ética del saber psiquiátrico.