Download CASO FILANBANCO

CARLOS BAQUERIZO
RODRIGO CABRERA
Filanbanco fue uno de los pocos bancos que tenía solidez para
sobrevivir a la crisis económica de finales de los 90, que acabó con
20 entidades bancarias. La caída de los precios del petróleo y los
desastres naturales zarandearon con dureza la economía
ecuatoriana, basada en el crudo y en la agricultura. El banco
estaba aquejado por la morosidad de clientes exhaustos por la
crisis.
 Hasta ese momento, fue la entidad ecuatoriana que captó mayor
número de líneas internacionales de crédito, unos 500 millones de
dólares. Pero la incertidumbre sobre la situación económica del
país frenó esa confianza y los préstamos de la banca extranjera se
cortaron. Filanbanco necesitó créditos públicos del BCE para
atender la corrida de depósitos que desencadenó la crisis y la mala
gestión de ésta por parte del Gobierno.
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El precio a pagar por la entidad y sus propietarios fue muy
alto. Filanbanco, bajo control del Gobierno, fue usado
en una oscura operación de salvamento de La Previsora
y de otros cuatro bancos cercanos al poder
político: Cofiec, Popular, Pacífico y Progreso. Una
operación financiada, eso sí, con los recursos de la entidad
y con unos bonos del estado devaluados.
 Entre diciembre de 1998 y julio de 2002 el banco
es administrado por el Gobierno y se producen pérdidas
documentadas por 895,3 millones de dólares. La manera
de salvar tamaño desastre cometido por funcionarios
públicos será acusar a sus propietarios privados.
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En 2000 la Fiscalía inició un proceso por
peculado (mal uso de fondos públicos, los
créditos que obtuvo del Estado) contra los
accionistas. Pero como ni la Superintendencia de
bancos ni el Gobierno pudieron aportar
documentación para sustentar las acusaciones, a
finales de 2002 la propia Fiscalía emite un
dictamen retirando la acusación: ni hay pruebas
de un delito ni hay delito, ya que lo que se juzga
no estaba tipificado por ley alguna.
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Sin embargo, en 2003, en un contexto político cada
vez más conspirativo contra la familia Isaías, sin
pruebas y de forma inconstitucional un nuevo
Presidente de la Corte Suprema decide llevar a juicio a
los ex propietarios. El artífice no es sólo Presidente de
la Corte Suprema. No era sólo un juez. Había sido
asesor jurídico de la Presidencia en tiempos del ex
presidente Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992) y, por
lo tanto, compañero de gobierno de Juan Falconí
Puig (en ese entonces Ministro de Industrias y
Presidente del Directorio del Ingenio Azucarero Aztra,
hoy conocido como Ingenio La Troncal), Super
Intendente de Bancos en abril del 2000
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En 2008, cinco años después reaparecen algunos
de estos nombres. Pedro Delgado, primo del
presidente Correa, trabajó con Falconí Puig. El
informe con el que Falconí, desde la
Superintendencia de Bancos, empieza el
proceso está firmado por Pedro Delgado y su
cuñada, Raquel Endara, la asesora jurídica de la
intendencia de banco. Un informe plagado de
errores e imprecisiones. Y el Gerente General de
la AGD en el momento de la incautación
es Carlos Bravo, abogado de Juan Falconí Puig.
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Desde entonces y sin base jurídica se inicia
una persecución judicial, política y económica
de los propietarios del banco que dura ya 10
años y ha empleado a más de 25 jueces.
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“Toda persona tiene derecho a ser juzgada
por una jueza o juez independiente, imparcial
y competente. Nadie será juzgado por
tribunales de excepción o por comisiones
especiales creadas al efecto”. Esto es lo que
dice el artículo Artículo 76 de la Constitución
de la República de Ecuador.
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Sin embargo, en el caso Filanbanco se han
violado todas las garantías procesales
posibles, vulnerando las tres constituciones y
los dos códigos penales que ha tenido el país
en estos años.
Se han hecho acusaciones sin prueba. Se han modificado
descaradamente acusaciones ante la falta de sustento jurídico.
Se ha alargado el caso por más de 10 años. Han desfilado más
de 25 jueces. Se han dictado 13 leyes con dedicatoria, pensadas,
redactadas y aprobadas para lograr condenar a personas
concretas, violando elementales principios universales de justicia.
La Ley de Extradición o la Ley para las empresas vinculadas son
ejemplos claros. Se ha obviado la presunción de inocencia. Se
han aplicado leyes retroactivas e ignorado
pruebas documentales claves.
 Y la principal garantía de todas, la independencia del poder
judicial, se ha visto violada desde el primer momento. La
intervención de la política no ha sido ocasional: ha sido
constante.
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CLIENTES
TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS
EL SISTEMA JURIDICO
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La quiebra de Filanbanco en manos del
estado y la incautacion de las empresas del
grupo Isaias ponen en peligro, mas de 7000
empleos directos y ha causado no pocos
problemas a los depositantes y clientes desde
2001.
JUICIO INICIADO SIN INFORMES Y SIN
CONOCIMIENTO. SIN FUNDAMENTO
 ACUSADOS POR UN DELITO NO TIPIFICADO
 VIOLACION AL DERECHO DE DEFENDERSE
 VIOLACION AL DERECHO DE UNA JUSTICIA
INDEPENDIENTE
 VIOLACION DE LA PRESUNCION DE
INOCENCIA
 VIOLACION DE DIVISION DE PODERES, PILAR
DE TODO ESTADO DE DERECHO
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Múltiples empresas de grupo Isaías, entre
ellos medios de comunicación, fueron confiscadas en
junio de 2008 por el Gobierno de Rafael Correa.
 Fue un acto sin base jurídica basado en las supuestas
acusaciones de un juicio no celebrado. Por eso Correa
tuvo que apartar al Superintendente de Bancos, al
Director de la Agencia de Garantía de Depósitos y al
Ministro de Finanzas.
 Usó su mayoría parlamentaria para convertir la
incautación en inapelable.
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El 8 de julio de 2008 la Asamblea constituyente
dicta el Mandato 13 que declara legítima la
incautación de los bienes del grupo Isaías por parte de
la Agencia de Garantía de Depósitos. Es el mandato
que legitima la incautación e impide la defensa, ya
que sanciona a cualquier juez que acepte
apelaciones.
 Hasta ahora la Sala de la Corte Constitucional no ha
permitido examinar la inconstitucionalidad de la
medida.
 Hasta hoy el caso no puede tener alegaciones, no
puede recurrirse a instancias nacionales y tampoco
puede recurrirse a instancias internacionales.
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Sólo en el primer día, el Gobierno confiscó 195
empresas.
La incautación a los medios de comunicación del
Grupo Isaías permiten a Rafael Correa y a su
círculo secuestrar, manipular y dominar la
opinión pública de Ecuador.
También las han convertido en “un misterio”
donde se realizan gastos sin control y sin los
procedimientos normales.
En definitiva, peligra la solvencia de un gran
número de empresas y familias que hasta ahora
tenían un empleo.
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Entre las empresas figuran varios medios de
comunicación como TC Televisión, Cable
Visión, Radio Súper K-800 y Radio Carrusel.
Gama TV fue el último medio que se unió a
este gran emporio mediático estatal con lo
que el número de empresas que ya son
estatales subió a 265.
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La crisis bancaria alberga uno de los mas
oscuros episodios en la historia de la
economía nacional. Es misión de todos no
permitir que vuelva a ocurrir.
CARLOS BAQUERIZO
RODRIGO CABRERA