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“2012 – Año Provincial del Agua de las Misiones,
Recurso Estratégico para el futuro de los Misioneros”
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Su Beneplácito por la declaración de utilidad pública del autoabastecimiento, la
explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización de los
recursos hidrocarburíferos de la Nación; así como por la expropiación de la mayoría accionaria
de la Empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
El giro copernicano dado a la política económica y social de la Nación
Argentina a partir del mes de mayo de 2003, tuvo uno de sus hitos más trascendentes el pasado
16 de abril del corriente año, con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia y envío al
Congreso Nacional del Proyecto de Ley que declara de interés público al autoabastecimiento,
la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos
hidrocarburíferos de la Nación, y dispone la expropiación del 51 % de la acciones de la
Empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales, pasando dicha medida a integrar el podio de las
principales medidas de reparación de los devastadores efectos económicos y sociales de las
políticas de ajuste neoliberal ejecutadas desde mediados de los años 70 y que hizo eclosión a
finales del año 2001, por su secuela de desinversión, desindustrialización y primarización de la
economía, altísimas tasas de desocupación, subocupación y precarización laboral y quiebra
generalizada de la economía en su conjunto.
La primera de las medidas económicas trascendentales dictadas a partir del año
2003 (renegociación de la deuda externa con fuerte quita de capital y reducción de tasas de
interés, con ampliación del plazo de pago de capital), conjuntamente con el pago de contado
de la totalidad de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, devolvió amplios
márgenes de soberanía política, al otorgar autonomía a las decisiones de política económica
tomadas y ejecutadas por el gobierno nacional.
La segunda de estas decisiones trascendentales de política económica fue poner
fin al negocio especulativo de bancos, financieras y compañías de seguros con los aportes
previsionales de los trabajadores argentinos por medio de las AFJP.
Con la re estatización de los aportes previsionales de los argentinos, se
recuperó soberanía financiera y fiscal para el Estado Nacional, permitiendo la expansión de
los servicios de la seguridad social, y con ello, la inclusión social de millones de argentinos,
vía aumentos de las primas jubilatorias y jubilación sin aportes previos (y consiguiente
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cobertura de obra social) de cientos de miles de ciudadanos mayores de edad, así como la
cobertura social de millones de ciudadanos menores de edad por vía de la asignación universal
por hijo.
Ahora, con la expropiación de la mayoría accionaria de la mayor empresa
argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y la declaración de interés público del
autoabastecimiento, la explotación, industrialización, Transporte y comercialización de
recursos hidrocarburíferos, se apunta a poner fin a catorce años de depredación de recursos
naturales estratégicos no renovables, apuntando a la recuperación de la soberanía energética
para nuestro país.
Pero esta concepción de recuperación de la soberanía energética, no parte de
una conceptualización meramente chauvinista, ni persigue, ni constituye una finalidad en sí
misma, sino que apunta a mantener y transmutar en desarrollo el más largo periodo de
crecimiento económico verificado en toda la historia de nuestra Nación.
Porque el desarrollo de una Nación se encuentra estrechamiento vinculado con
la disponibilidad y producción de energía para su sector productivo. Se necesita energía
abundante y sin interrupción para sostener ritmos de crecimiento acelerados como el
verificado en la actualidad. A la vez, esa energía debe ser comercializada a costos que
permitan a las actividades ser competitivas, local e internacionalmente. Para alcanzar ese
objetivo, en el caso argentino, es fundamental el autoabastecimiento. Y para lograrlo, es tan
importante la expropiación de las acciones de Repsol como la declaración de interés público
nacional al autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización,
transporte y comercialización, tal como lo presenta el proyecto oficial.
Esto último alcanza a todas las petroleras, además de YPF. Significa que se
pone fin a la libre disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las compañías
privadas. Es la forma de archivar el ruinoso concepto de materia prima (commodity) para el
petróleo y gas, cuyo destino lo decide quien lo extrae (las petroleras), para recuperar la idea de
recurso estratégico, como lo consideraba la YPF estatal y como lo siguieron considerando
todos los países petroleros pese a la ola neoliberal.
El petróleo y el gas –combustibles por el momento imprescindibles para
impulsar el motor de la economía– son recursos escasos no renovables, característica que los
convierte en estratégicos. Esto no es materia de discusión ni debate en los países centrales,
donde el acceso, control y utilización del petróleo son considerados una política de Estado.
Con el Estado nuevamente a cargo de YPF, se buscará recuperar el autoabastecimiento,
pérdida que lesiona la seguridad económica, fiscal y energética del país. Ese objetivo se
enfrentaba con una limitación si los recursos hidrocarburíferos seguían siendo considerados
una materia prima de libre disponibilidad, con el predominio del criterio privado de maximizar
utilidades en el período más corto, y si son empresas extranjeras, enviar esas ganancias a sus
casas matrices, con escaso compromiso de inversión y de explotación prudente de recursos
estratégicos no renovables, e indiferencia para la recuperación de reservas o por el
autoabastecimiento energético del país. Por eso resulta imprescindible la intervención del
Estado en la gestión y control del mercado de hidrocarburos, no sólo impulsando inversiones
en infraestructura, como gasoductos o centrales eléctricas, sino también en la administración y
planificación de la disponibilidad de petróleo y gas. Hoy esto significa recuperar la soberanía
energética, que incluye a los privados, pero bajo una planificación estratégica del Estado.
En el discurso en el que daba a conocer la decisión estratégica tomada, la
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recordó que “YPF obtuvo una
utilidad neta de 16.450 millones de dólares entre 1999 y 2011, período en el que giró
dividendos por 13.246 millones de dólares. Ahí están exactamente, en la distribución de
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dividendos y en la no inversión, las claves de por qué hoy tenemos que estar importando, pero
lo vamos a seguir haciendo porque necesitamos seguir sosteniendo el crecimiento de la
Argentina, que es la inclusión y el trabajo de millones de argentinos”, agregó, enunciando
algunos de los fundamentos y objetivos de la decisión tomada.
Además del autoabastecimiento, los otros objetivos de la nueva política en
materia de hidrocarburos apuntarán a la obtención de saldos exportables para alcanzar
nuevamente el superávit energético, la promoción del valor agregado y la protección de los
intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad, y disponibilidad de los
derivados de los hidrocarburos.
Para el cumplimiento de dichos objetivos, como se expresa en el mismo
proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación: “Una definida intervención del Estado en
la formulación de la política de producción y precios de los combustibles resulta crucial en un
mundo que ha estado crecientemente afectado por la participación de capitales financieros
especulativos”.
Pero diferencia de lo que se pretendió instalar desde diferentes sectores del
poder económico, la expropiación de las acciones de Repsol quedarán bajo la órbita del Estado
nacional y provincial, pero en el marco de la Ley de sociedades comerciales. Es decir que no
le será aplicable la legislación que administra o controla a las empresas del Estado. Es más, se
especifica que la gestión de YPF deberá seguir criterios de profesionalidad. Esto, que parece
una verdad de perogrullo, resulta relevante teniendo en cuenta las frecuentes críticas hacia las
empresas públicas por parte de los sectores conservadores.
“Hemos dejado sentado principios muy claros en esa ley acerca de la
profesionalización y vamos a convocar a muchos argentinos que se fueron del país, que tal
vez ocupan cargos importantes en otras empresas. Vamos a convocar a los que se fueron y
también a los que se quedaron y que apuestan a poder tener nuevamente una empresa que sea
orgullo de los argentinos”, agregó la mandataria en su exposición de motivos.
Hoy, las críticas que vienen de España y del viejo mundo – y de sus personeros
locales interesados -, son muchas y son agigantadas por algunos medios de comunicación
decididamente volcados en la defensa de sus propios intereses y del capital foráneo, agitando
fantasmas del pasado con argumentos difusos e inconsistentes, pero no olvidemos que los
gigantes que veía el Quijote en su delirio no eran más que molinos de viento. El gobierno
argentino no está expropiando una empresa, sino recuperando algo que le pertenece al país y a
su pueblo. Los molinos de viento están en otra parte y es posible que muevan como fantasmas
la crisis europea. Mientras, el pueblo, la Nación Argentina, se queda con lo que le pertenece,
para el presente y para el desarrollo de sus futuras generaciones.
Desde nuestra provincia, la conducción política de la Renovación ha anticipado
claras políticas en dirección a la importancia de la defensa de los recursos naturales, como lo
ha sido la sanción de la Ley de Soberanía Energética, que además lo fuera por unanimidad.
Las expresiones vertidas en ocasión de los debates en Comisión y luego en el tratamiento del
proyecto de ley en la Cámara de Senadores de la Nación han sido en idéntico sentido.
Por las consideraciones expuestas, pido el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.-
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