Download RTF - ararteko

Lan hau Creative Commons-en Attribution 3.0 Unported lizentziapean dago
Los derechos sociales en tiempos de crisis
Aldatu zen azken eguna: 2012-09-20
7.- LA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS
DERECHOS SOCIALES: SU EFECTIVIDAD
Los Pactos Internacionales y las Constituciones estatales dejan claro que son los Estados los responsables primeros de
hacer realidad todos los derechos humanos y, desde luego, también los derechos sociales.
La historia reciente antes relatada deja bien a las claras que solo la decidida intervención de los Estados ha sido capaz
de poner orden en el caos liberal y garantizar derechos básicos a todas las personas, derechos negados y pisoteados
por el libre mercado –mercado de trabajo, mercado del aseguramiento, mercado de la salud, mercado de la vivienda…–,
que engorda comiéndose tales derechos.
Esta tarea de hacer realidad los derechos sociales excede, desde luego, de la mera obligación de respetar esos
derechos, abstenerse de vulnerarlos y del deber de protegerlos. Los Estados están obligados a ello, pero también lo
están a algo más: existe una obligación de “efectividad” de estos derechos . Efectividad cuyo alcance variará en
función de los momentos históricos y del desarrollo de las sociedades. Pero lo que resulta claro es que las personas
seguimos siendo titulares de todos los derechos humanos, sociales incluidos, reconocidos en los diversos textos
jurídicos.
Son, sin duda, los poderes públicos los que están obligados a llevar a cabo políticas de avance en los derechos
sociales. Son estos poderes públicos los que han de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitando la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social (artículo 9.2 de la
Constitución Española de 1978 ).
Esto significa que el Estado –todos los poderes públicos, nuestros Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos
Autonómicos–, han de ser garantes del bienestar social de todas las personas. Más en este momento histórico, en el que
el proceso de globalización planetaria nos lleva a acentuar la crisis social y a quebrar aún más si cabe el respeto a los
derechos más básicos de las personas, acrecentando la división entre los poseedores y losdesposeídos, también en
nuestra sociedad.
Y deberíamos preguntarnos: ¿Pero es que los Estados no pueden hacer más? ¿Es legítimo que los Estados se excusen
ante la alegada falta de recursos para rebajar o no desarrollar los derechos sociales? ¿Seguimos estando en
democracia? ¿Sigue este siendo un auténtico Estado social?
Se atribuye a Nelson Mandela la siguiente reflexión acerca de la democracia , expresada en 1998: “Si no hay comida
cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los
derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan
Parlamento” . Ciertamente, los derechos sociales son la esencia y la finalidad de un Estado democrático.
En efecto, una lectura integral de la Constitución y de otros textos fundamentales internacionales nos van a revelar que
el pluralismo político, la democracia política, las instituciones democráticas, etc.… no son sino medios instrumentales
para el logro de las aspiraciones universales a la consecución de los valores de libertad, justicia e igualdad. La
democracia como forma de gobierno o de designación de los gobiernos no es sino un mero instrumento de decisión
acerca de la cosa pública para hacer realidad aquellas aspiraciones.
No se puede negar que los Estados precisen tiempo y medios para lograr la efectividad de los derechos sociales
–efectividad que, por otra parte, nunca será plena, pues siempre se podrá aspirar a profundizar y avanzar más en ellos–.
Pero es posible afirmar también que es inadmisible que los Estados y sus gobiernos admitan su incapacidad para
avanzar en este terreno hasta lograr mínimos irrenunciables o, en su caso, mantener los logros anteriores.
Las cifras revelan, hoy, que estamos lejos de una situación de efectividad, siquiera relativa, de los derechos sociales.
El estudio “Exclusión y desarrollo social 2012” , elaborado por la Fundación FOESSA, indica que en España se está
produciendo la siguiente situación: hay hoy más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social,
cifra en claro avance desde el comienzo de la crisis de 2008; un alto porcentaje de hogares están por debajo del umbral
de la pobreza, concretamente el 22%, y ha sido el país europeo en el que más aumentó la pobreza; un 25% de los
hogares está en situación de riesgo; un tercio de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes.
En Euskadi aumentan también de manera importante las bolsas de pobreza y hay ya 2.000 familias sin ingresos de
ningún tipo, ni siquiera de ayudas públicas.
Por otra parte, estas cifras no son sino el resultado de lo que está ocurriendo en el mundo del mercado de trabajo . Los
estremecedores datos son brindados por el propio Real Decreto Ley 3/2012 –la norma que ha decidido la última reforma
laboral–: un paro de 5.273.600 personas; una tasa de desempleo del 22,85% –el 50% en la juventud de menos de 25
años–; una alta tasa de desempleo de larga duración; altísima tasa de temporalidad, del 25%, en tanto que la
temporalidad media en la UE es del 14%.
En relación a las situaciones de pobreza, se adoptó por el Consejo de Europa, en 1984, una definición de pobreza , en
el sentido siguiente: “se entiende por personas pobres las familias y grupos de personas cuyos recursos materiales,
culturales y sociales son tan escasos que se ven excluidos de las formas de vida mínimamente aceptables en el Estado
miembro en el que viven” . Es una definición realista y de alto contenido sociológico, por cuanto que no se refiere solo a
personas, sino también a familias y grupos de personas y, aunque es menos objetiva para la cuantificación, pone el
acento en formas más extremas de pobreza. Pues bien, a este terreno de pobreza y de exclusión han llegado ya
demasiadas personas y familias en nuestro entorno más cercano.
Otros terribles efectos de esta situación son ya apreciables directamente por la ciudadanía: un descenso importante en
la formación de nuevos hogares y de desarrollo personal de la juventud, que se mantiene o regresa al hogar familiar, a
consecuencia de la falta de empleo y de los cada vez más bajos salarios.
Se constata, pues, que los fines del reconocimiento de los derechos sociales –la igualdad, la libertad y la justicia social–
están quebrando cada día. Los datos expuestos muestran una realidad social en la que se está produciendo un
constante aumento de la desigualdad entre la ciudadanía –entre personas ricas y pobres, entre mayores y jóvenes, entre
nacionales y extranjeras–, sin que sea previsible que esta tendencia se frene sino, más bien, lo contrario.
Es claro que la rebaja en los niveles de bienestar o, por decirlo en los términos reales, el aumento de la pobreza, está
en directa relación con las decisiones estatales de ajuste económico. La ciudadanía puede perder su empleo, puede no
encontrar otro, pero lo que provoca su pobreza en los términos antedichos es la falta de actuación positiva y eficaz del
Estado para subvenir a esa situación de necesidad.
Decisiones estatales de ajuste o austeridad que provocan, directamente, un descenso en las políticas públicas en
derechos sociales, además de un empobrecimiento progresivo de nuestra sociedad, en todos los terrenos.
Es imprescindible un acuerdo global institucional de todos los poderes públicos en aras de la creación de empleo:
empleo público y de calidad, en áreas de servicios y atención sociales, para reforzar la efectividad de los
derechos de todas las personas y para lograr el acceso de la ciudadanía a un trabajo digno .
Hay que exigir de los poderes públicos una decidida intervención en este terreno, priorizando el gasto público de modo
que el bienestar de todas las personas, su dignidad y la plenitud de todos los derechos humanos sean una realidad.
Es posible hoy; debemos exigirlo con rotundidad.