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PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO ACADEMICO
Grupos importantes de estudiantes de la Universidad de Antioquia se han pronunciado
públicamente, por medio de protestas y a través de la prensa, sobre la actual situación
de la Institución, sobre las que consideran sus causas estructurales y coyunturales, y
sobre posibles soluciones. Esos pronunciamientos tienen algunos contenidos comunes
que este Consejo se permite resaltar. Contextualizan la situación actual de la
Universidad en relación con la supervivencia histórica de causas, entre las cuales
aluden al modelo de sociedad, al modelo actual de universidad, a la desatención
gubernamental en relación con la educación pública, a los inveterados enemigos de la
universidad pública, y a los que hacen caudal político con sus crisis, y, sobre la base de
esa contextualización, consideran que los sucesos actuales son contingencias.
Igualmente, llaman la atención sobre el diferente trato que para efectos de las
soluciones se debe dar, tanto a los problemas fundamentales como a los emergentes.
También promueven análisis que superan el significado de la Tarjeta Integrada
Personal, TIP, compartiendo en parte la medida, aunque no algunas de sus
consecuencias. Se adentran en la conveniencia de superar las situaciones actuales de la
Universidad al reconocer la necesidad ética y política de establecer diferencias y límites
entre las acciones propiamente políticas, los actos de violencia, la venta de drogas
psicoactivas y la proliferación de ventas. En consecuencia con esa delimitación y con
este deslinde, promueven la necesidad de aplicar tratos diferentes para cada uno de
estos problemas, en contraste con quienes, sin el beneficio de la distinción, promueven
tratos represivos indistintos.
Estas acciones y estos pronunciamientos tienen, además de contenidos, características
comunes. Así, por ejemplo, sus emisores hacen pública su identidad y se
responsabilizan de sus contenidos, inclusive cuando se presentan en medios
televisivos; reivindican el carácter político de sus pronunciamientos y el carácter
pacífico de su protesta, y promueven las soluciones concertadas y las decisiones
vinculantes.
Para el Consejo Académico no cabe duda de que estos grupos forman parte de lo que
se llama la ASAMBLEA ESTUDIANTIL, y que, aunque no representen a la mayoría de los
estudiantes, constituyen un actor político que, en la medida en que mantengan la
coherencia de sus acciones en relación con los principios y con los procedimientos
básicos que enuncian, se autorizan ellos mismos para convertirse en interlocutores
legítimos, no sólo para la solución del problema coyuntural por el que estamos
atravesando, sino para la discusión y la provisión de soluciones a problemas
estructurales. Aunque ellos no constituyan lo que tradicionalmente se conoce como
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, en su actitud se gesta la base segura del fortalecimiento
gremial y de la legitimación política de aquel. El Consejo tampoco duda de que en esa
dirección se debe seguir, porque el fortalecimiento de la organización estudiantil y la
legitimidad de sus acciones convienen, no sólo para la gobernabilidad de la
Universidad, sino también para dar pleno sentido a su talante democrático.
El expreso reconocimiento de esas actitudes no debe entenderse como una cooptación
o como inducción de comportamientos políticos, porque este Consejo se acoge a un
principio básico de la democracia, según el cual se deben respetar los fueros políticos
de los procedimientos gremiales, aunque puedan ser criticables. En este caso, se trata
simplemente de constatar de manera pública que, aunque existan desacuerdos para
discutir, se observan coincidencias en los procedimientos para la discusión. Y esto, que
para algunos puede parecer mínimo, para el Consejo Académico resulta un gran avance
político que se rescata de las dificultades que nos aquejan por igual a todos los
estamentos y a todas las personas de la Universidad. Tampoco es un pronunciamiento
deliberadamente intencionado de este Consejo para concitar adhesiones, sino para
celebrar que existe el germen de acuerdos mínimos sobre los cuales puedan resolverse
problemas, uno de los cuales es inmediato: la apertura de la UNIVERSIDAD en
condiciones de sostenibilidad académica, sin las perturbaciones que los hechos
violentos, la venta de sustancias psicoactivas y la proliferación de ventas producen.
Sin duda existen posiciones divergentes sobre el deber ser de la Universidad y sobre su
situación actual, y, en aras de la claridad, este Consejo hace públicas las suyas, entre las
cuales se mencionan algunas de las más importantes: El cumplimiento estricto de la
principal misión de la Universidad, cual es proveer el derecho a la educación superior
de altísima calidad, teniendo como especial destinatario de ese derecho a los sectores
de la población que sólo por razones económicas no podrían tenerlo; crear las
condiciones de legalidad y de convivencia para el cumplimiento de esa misión; exigir y
buscar la provisión de recursos económicos y administrativos adecuados para realizar la
misión; hacer frente a cualquier contingencia reivindicando siempre la institucionalidad
y, en consecuencia, la obligatoriedad de los reglamentos sin ninguna distinción de
hecho; asegurar la vigencia y la aplicación de la normatividad universitaria en todos los
espacios adscritos a su territorialidad legal; garantizar la libertad académica e
ideológica sin imposiciones ni amedrentamientos.
Y, en relación con los problemas que hoy constituyen graves perturbaciones de la
legalidad universitaria y de la legalidad general, este Consejo tiene posiciones que ya ha
hecho públicas, pero que reitera. Asume como irreversible la implementación de la TIP,
y lanza un llamado para que ésta se entienda como un instrumento mínimo de
seguridad, de uso común en instituciones públicas y privadas de la ciudad, del país y del
mundo.
En cuanto al problema del narcotráfico, este Consejo considera que, aunque debe y
puede colaborar en su solución, no lo puede resolver la Universidad como institución,
ni la comunidad universitaria, no sólo por falta de competencias legales y de
capacidades técnicas debido a su carácter de entidad académica, sino también por el
hecho de que el reglamento interno resulta inocuo frente a la enormidad del
narcotráfico, y porque el sistema de seguridad interno tiene apenas un carácter
persuasivo y, si acaso, disuasivo. Sin embargo, la Universidad puede ayudar en la
minimización, tanto del consumo que alimenta la venta de drogas, como del daño que
produce la adicción, apoyada en un programa eficiente de prevención y de terapias
adecuadas, desarrolladas por sus científicos probadamente formados en estos asuntos.
La Universidad también puede resolver otro problema, como el de los “ventorrillos”,
con la prohibición definitiva de ellos como lo exigen las normas (Acuerdo Superior 206
del 3 de diciembre de 2001), con su deslegitimación entre la comunidad universitaria, y
con el apoyo de bienestar para quienes justifiquen plena y evidentemente sus
carencias.
En relación con la protesta atizada por la violencia, es necesario tener en cuenta que
aquella tiene unos responsables que pretenden conseguir legitimidad política. El
accionar violento tiene, en efecto, un componente que parece difícil de descifrar, pero
que resulta simple, si se entiende que se escuda en objetivos legítimos de la protesta
política, a la que termina sirviendo mal por las consecuencias contrarias que produce,
como la animadversión, la deslegitimación y la derechización política de aquellos a los
cuales dice proteger y entre los cuales busca adherencias. Y precisamente la gran
víctima política de este accionar violento es el Movimiento Estudiantil, al cual la
sociedad en general termina identificando, no con la política, sino con la violencia.
Por ello el Consejo Académico reconoce las actuaciones públicas de este importante
grupo de estudiantes, cuyo evidente interés es la normalización de las actividades
académicas. La Corporación reitera que estas manifestaciones tienen, además, un
significado muy importante, en tanto se basan en el principio según el cual los
universitarios podemos resolver nuestros problemas.
Por supuesto, no debemos caer en la fatuidad de creer que estos hechos loables, pero
aislados, garantizan una normalidad segura y estable, porque es necesario advertir que
estamos llamados a producir cambios cuyas consecuencias no son automáticas, y que
este proceso es frágil frente a sobresaltos y a provocaciones producidas para inducir
una nueva anormalidad.
El Consejo Académico seguirá reuniéndose en sesión permanente para tratar de
concretar acciones que permitan la reanudación de las actividades docentes de la
Universidad en condiciones normales y que garanticen la continuidad de todas sus
actividades sin ningún contratiempo. En ese empeño está desarrollando una serie de
reuniones con todos los estamentos de la Universidad, con el fin de lograr acuerdos
democráticamente legitimados, que nos fortalezcan contra toda contingencia en que se
corra el peligro de interrupciones de la normalidad académica o de cierres de la
Universidad aún más prolongados. Mientras persista el peligro de abrir la Universidad
para convivir con actos violentos, con las ventas informales e ilegales que violan el
espacio para el estudio, y con el expendio de drogas, no es pertinente exponer a la
Institución a decisiones más radicales y a los miembros de la Universidad a violencias
más dañinas. Por esa razón está actuando con la prudencia y con la firmeza que el
momento exige.
Medellín, 23 de septiembre de 2010