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“Reforma Económica y Política en los Países Andinos: Democracias bajo presión”
Exposición del Embajador Allan Wagner Tizón, Secretario General de la Comunidad Andina, en
la Conferencia “Reforma Económica y Política en los Países Andinos” organizada por Ágora
Democrática.
Lima, 30 de marzo de 2005
Quisiera, en primer lugar, agradecer la gentil invitación que se me hizo llegar para participar en
este importante evento. En segundo lugar, deseo felicitar a los organizadores: el Programa
Ágora Democrática, IDEA Internacional, el PNUD, el Parlamento Andino, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y la
Asociación Civil Transparencia, por la realización de este seminario sobre la Reforma
Económica y Política en los Países Andinos.
El apoyo brindado por la Secretaría General de la Comunidad Andina a este evento es reflejo de
nuestra profunda convicción de que el proceso de integración subregional, así como la futura
Comunidad Sudamericana de Naciones, requieren de democracias estables, capaces de
fortalecer su gobernabilidad y de reducir las inmensas brechas sociales que hoy subsisten.
Hace pocos días visité Ecuador para cumplir tareas propias de mi cargo. Gracias a una gentil
invitación del presidente Lucio Gutiérrez extendí mi permanencia en Quito para asistir a lo que
debió ser el inicio de un diálogo democrático y plural entre todas las fuerzas políticas de ese
país. Sin embargo, dicho diálogo no se produjo debido a la ausencia de importantes grupos
políticos, lo que me llevó a enfatizar la necesidad de perseverar en los esfuerzos por evitar una
mayor polarización política y abrir espacios de diálogo y de concertación democrática, para lo
cual puse a disposición la colaboración de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Semanas atrás hice también una visita de trabajo a Bolivia para atender asuntos de nuestra
agenda de la integración andina y sostuve reuniones con diferentes actores de la sociedad
boliviana para compartir nuestras vivencias sobre la democracia y la gobernabilidad en la
región andina. Pude constatar los grandes e importantes esfuerzos que realiza el Presidente
Carlos Mesa, en circunstancias muy difíciles, para que la democracia boliviana se preserve y
fortalezca.
Se trata, en ambos casos, de países andinos que en el pasado reciente llevaron a cabo ajustes
económicos de gran magnitud pero que, después de una década de reformas, hoy siguen
enfrentados a enormes desafíos para superar los problemas de pobreza, exclusión y
desigualdad que afectan la gobernabilidad democrática de sus sociedades. La situación que
experimentan Bolivia y Ecuador no es distinta a la de otros países de la región.
Estas experiencias personales me llevaban a reflexionar sobre el título de nuestra sesión de
esta tarde (“Los límites políticos a las reformas económicas”) y me sugieren que tal vez
deberíamos también plantearnos la cuestión, igualmente válida, de los “Límites que la reforma
económica impuso a la política en estos últimos años”.
Crecimiento, pobreza e inestabilidad
Sin desconocer que hay datos económicos en los países andinos francamente alentadores, no
sucede lo mismo cuando constatamos la realidad política y social. Por ejemplo, en casi todos
los países de la subregión la tasa de crecimiento estos últimos años ha sido positiva,
notándose, en varios de ellos un crecimiento sostenido. La tasa de inflación, que en el pasado
fue un flagelo para los sectores sociales, se mantiene baja y nada hace presagiar que
aumentará en los próximos años. Lo mismo se puede decir respecto a las posibilidades de una
gran devaluación. Igualmente, las exportaciones de todos los países se han incrementado
notablemente y el año pasado el comercio entre los países andinos alcanzó el récord histórico
de 7,600 millones de dólares.
Sin embargo, estos datos y resultados económicos no van de la mano con los resultados en los
ámbitos social y político en estos mismos países. En la región andina más del 50% de la
población continua viviendo en situación de pobreza. La desigualdad social no sólo se mantiene
sino que se ha incrementado. El ingreso, es decir de la riqueza nacional, en lugar de repartirse
equitativamente tiende más bien a concentrarse, convirtiendo a América Latina en la región
más desigual del mundo. La informalidad en nuestros países aumenta de año en año: según la
OIT, siete de cada diez empleos que se crean son informales. Y el desempleo, pese a los
esfuerzos de los distintos gobiernos, sigue afectando a nuestras sociedades.
En el ámbito político, de otro lado, la situación tampoco es alentadora. Según el último
Latinobarómetro publicado hace unos meses –encuesta que se aplica en 18 países de la regiónla democracia viene perdiendo legitimidad. En este contexto, no nos debe llamar la atención
que el informe del PNUD sobre la democracia en América Latina alerte sobre el crecimiento de
lo que define como la “amenaza autoritaria”. Quisiera recordar que en la región andina cinco
presidentes en cuatro países, desde 1990, no han logrado completar sus mandatos
constitucionales.
De regreso del Consenso de Washington
Todo ello nos muestra claramente los límites de las reformas económicas emprendidas en la
década pasada. Si bien dichas reformas lograron una eficiente estabilidad macroeconómica no
sucedió lo mismo con la vida social y política de nuestras naciones. Es paradójico que en
nuestras sociedades convivan una buena estabilidad macroeconómica con un malestar
microeconómico y con una insuficiente gobernabilidad democrática debido a la polarización
social y política. Nuestras sociedades se encuentran, con frecuencia, al borde del estallido social
y la incertidumbre política se está convirtiendo en el signo de nuestros tiempos.
Hoy es casi de sentido común -como incluso lo reconocen los inspiradores del Consenso de
Washington- que una deuda pendiente de las reformas económicas de los años noventa es su
escasa capacidad de distribuir mejor los logros del crecimiento. Sin embargo, las reformas
económicas tienen también otra deuda pendiente: una deuda con el Estado. En efecto, las
reformas económicas no contribuyeron a construir un Estado, en cuanto complejidad y
mediaciones sociales y políticas en sus relaciones con la sociedad, similares a los que nacieron
luego de la crisis de los años treinta. El principal nexo entre el Estado y la sociedad en algunos
países se limita hoy a políticas sociales que tienden crecientemente a ser focalizadas bajo
criterios técnicos y que no alcanzan a satisfacer las necesidades de la equidad social.
Ello debe llevarnos a reflexionar cuál debe ser el nuevo rol del Estado en el actual contexto de
globalización y de crecimiento de la pobreza; en suma, cuál debe ser el Estado que nuestras
sociedades requieren en estos tiempos. El informe del PNUD sobre la democracia en América
Latina, por ejemplo, se plantea este tema al preguntarse sobre la necesidad de una nueva vía
estatal de legitimación de la democracia. Ello implica, además, señalar que el rol de
subsidiaridad del Estado no es el único. Hay, por lo tanto, otros que requieren ser
considerados.
Estado y mercado: un falso dilema
Lester Thurow, un economista liberal de los Estados Unidos, nos recuerda en su libro “El Futuro
del Capitalismo” que los fines de la democracia no son los mismos que los del mercado. Thurow
incluso va más allá y sostiene que democracia y capitalismo “tienen muy diferentes puntos de
vista acerca de la distribución adecuada del poder”. Para este autor, mientras la democracia
“aboga por una distribución absolutamente igual del poder político, un hombre un voto”, el
mercado (o el capitalismo) “sostiene que es derecho de los económicamente competentes
expulsar a los incompetentes del ámbito comercial y dejarlos librados a la extinción”. Dicho de
otro modo, no es función del mercado corregir las asimetrías en una sociedad; más bien, puede
exacerbarlas.
La historia de las sociedades es, si se quiere, el equilibrio y la coexistencia conflictiva y pacífica,
al mismo tiempo, entre el Estado y el mercado. Por ello, no nos debe llamar la atención que el
Estado en los países desarrollados, como dice el propio Thurow, haya sido activamente
utilizado –por los ciudadanos y políticos- “para alterar los rendimientos del mercado y generar
una distribución del ingreso más pareja de la que habría existido si se hubiera dejado actuar
libremente al mercado”.
En nuestros países, principalmente por el carácter desigual de nuestras sociedades, esta
coexistencia ha sido más conflictiva que pacífica. Así, nuestros países han pasado de un ciclo
“estadocéntrico” a otro que pone énfasis en el mercado. Ello ha determinado que la política en
nuestras sociedades tienda, como una de sus características más saltantes, a la confrontación y
no al consenso. Hoy, diríamos, estamos saliendo de un ciclo y entrando en otro. El reto, es, por
lo tanto, cómo lograr un equilibrio y coexistencia de ambas realidades que beneficie por igual a
todos los miembros de nuestras sociedades.
Los nuevos actores políticos
El otro problema que quisiera plantear y que también está vinculado al Estado, es la demanda
de inclusión (estatal, política, nacional y social) de los nuevos grupos sociales emergentes, que
surgieron en nuestras sociedades como consecuencia de los procesos de modernización y de
cambio en las décadas anteriores, y que coincidió con un momento de repliegue de las
responsabilidades sociales del Estado. Así, lo que hemos tenido ha sido básicamente una
inclusión electoral de estos nuevos grupos emergentes mas no una inclusión estatal, social y
productiva. Las políticas sociales fueron un intento parcial de inclusión que hasta hoy se
discute.
El resultado ha sido no sólo una fractura entre el Estado y la sociedad sino también una
informalidad y un creciente malestar políticos en nuestras sociedades que tiene como
principales causas la pobreza, la desigualdad y la exclusión y, en algunos casos, hasta el
racismo, todo lo cual se expresa en una crisis de la representación política. Una consecuencia
visible de ello es el incremento de la llamada “desafección política” y la aparición de los
llamados “outsiders”, como también la pérdida creciente de legitimidad del Estado y del propio
régimen democrático. Por ello, no es extraño que hoy se proponga –como lo plantea el informe
del PNUD- el paso de una democracia electoral a una democracia ciudadana, que se sostenga
que lo que existe es un malestar “en la democracia” y no “con la democracia”, y que se
proponga un debate abierto sobre la naturaleza del Estado y de la democracia en nuestra
región.
Siete propuestas para fortalecer la democracia
Ahora bien, si se acepta lo dicho hasta aquí, la respuesta a la pregunta de cuáles son los límites
políticos a las reformas económicas sería la siguiente: son aquellos que se derivan de la
necesidad de estabilizar, fortalecer y consolidar la democracia. Es decir, avanzar en aquellos
principios inherentes a ella como son la igualdad, la libertad y la participación.
Ello implica, por lo tanto, lo siguiente:
1. Devolverle a la política su centralidad, hoy cuestionada por el predominio del
mercado y de los llamados “poderes fácticos”. Si la política, los políticos y los espacios
en los cuales se desarrolla la política están en crisis, es porque han perdido poder y
relevancia para encontrar soluciones a los problemas más urgentes de nuestras
sociedades.
2. Debatir, consecuentemente con ello, las características del nuevo Estado que América
Latina y la región andina requieren. La reforma del Estado, por tanto, debe trascender el
campo administrativo y ser pensada como una reforma política que se replantee sus
relaciones con la sociedad y su propia función. Se trata de modernizar y democratizar
tanto al Estado como a la sociedad.
3. Reducir la brecha social, es decir, reducir la pobreza y las desigualdades e incluir a
los marginados. Ello supone que un tema de la política debe ser cómo dotar a nuestras
sociedades de una mayor cohesión social. La historia nos demuestra que sólo
sociedades cohesionadas social y políticamente pueden emprender con éxito el camino
del desarrollo.
4. Avanzar en la construcción de una democracia ciudadana, que se tendrá que basar en
mayores y mejores derechos para todos, pero también en un proceso de modernización
y democratización de los partidos políticos que son los principales vínculos entre el
ciudadano y el Estado. Se debe mejorar la calidad de la representación política,
haciéndola más inclusiva y más democrática.
5. Combatir abiertamente la corrupción tanto en el Estado como en la sociedad,
mediante el desarrollo de una cultura de legalidad.
6. Poner en práctica de un modelo de desarrollo que, si bien se interese por el
crecimiento, la competitividad y la apertura con el exterior, tome en cuenta también la
equidad y la inclusión social.
7. Por último -y no por ello menos importante- es necesario desarrollar una política
basada en la generación de consensos, en la construcción de agendas nacionales que
impliquen acuerdos y pactos entre actores políticos y sociales y que vinculen lo interno
con una inserción internacional competitiva y con inclusión social.
Dicho de otro modo, dejar de lado la política de la confrontación de ámbito localista y
plantearse, más bien, de manera colectiva, la creación de un nuevo orden político,
social, económico y cultural en un mundo crecientemente globalizado.
Cada uno de estos puntos refleja los límites que la política le plantea a la reforma económica y
cada uno de ellos supone políticas públicas específicas. Ello, con seguridad, aumentaría no sólo
la legitimidad del Estado sino también la del propio orden social, al tiempo que significaría un
nuevo impulso para el proceso de integración subregional y sudamericano.
Estimados amigos:
Como lo señalé al inicio de esta presentación, los países andinos tienen por delante un gran
reto: construir democracias estables y justas. En ese proceso, los políticos, los partidos, los
movimientos sociales, los medios de comunicación y las instituciones de la sociedad civil tienen
un rol importante que cumplir, en particular, en estos tiempos en que vivimos en democracias
bajo presión.
En ese proceso, tengan ustedes la seguridad de que la Secretaría General de la Comunidad
Andina estará presente, aportando y acompañando a cada uno de nuestros países en esa
búsqueda que es de todos y, con toda seguridad, de los aquí presentes.
Muchas gracias.