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América Latina y el Caribe: progreso social con sentido nacional
que construyen los ciudadanos1
América Latina y el Caribe dejaron de ser una invención para inventar ellos
mismos su destino. Nuestro continente, en la expresión de José Martí, busca el
equilibrio entre erudición y naturaleza. Solo que ahora la erudición se orienta a crear
y no a imitar. Nuestros países buscan la “naturaleza americana” para responder a los
desafíos del Siglo XXI desde una perspectiva nacional, sin negar la cultura previa al
encuentro de dos mundos y la posterior a ella. Esta búsqueda comienza con la
reconciliación de lo que hemos sido, lo que rompe con una negación ontológica que
ha tenido en la dicotomía civilización-barbarie uno de sus indicadores más acabados.
Hoy, la dicotomía se diluye porque la idea de barbarie deja de ser tal y el
planteamiento civilizatorio averigua una definición propia la que, sin negar los
aportes europeos y norteamericanos a la reflexión sobre nuestros países, ayude a
construir una visión latinoamericana y caribeña del progreso. Hablar de civilización
en nuestro continente supone una elaboración que no viene de, sino que es desde
nuestros países.
En la búsqueda del camino hacia el progreso
Una conclusión sugerente es que las naciones latinoamericanas y caribeñas están
en la búsqueda de un camino viable hacia el progreso, entendido como la inserción
equitativa en los circuitos de globalización, junto a la existencia de políticas sociales
que promuevan la equidad y el crecimiento de las oportunidades de los individuos,
dentro de una forma de gobierno democrática. La tensión que se observa en el
hemisferio es porque ese rumbo no está claramente definido y se quiere evitar
seguir los caminos del pasado: la “sociología revolucionaria del todo o nada”, el
1
Versión corregida y actualizada de la que está en el libro AA.VV (2006), Una mirada sobre Venezuela: reflexiones para
construir una visión compartida. Caracas: UCAB-Fundación Centro Gumilla. El propósito del ensayo es ofrecer una visión de
las principales tendencias que ocurren en América Latina y el Caribe, en tres áreas: económica, social y política. Destaca los
aspectos más resaltantes que ocurren en cada una de ellas de manera descriptiva. Es una interpretación que tiene una visión
macro de los procesos, y en él no se destacan desarrollos particulares, dada la diversidad de los mismos, porque el propósito del
texto es ofrecer al lector una visión general que le permita situarse en las orientaciones más destacadas que ocurren en América
Latina y el Caribe. Para el examen de situaciones particulares, se remite al lector a la referencias bibliográficas que se incluyen
en el trabajo, que lo ubicarán en temas más focalizados por regiones o países.
Ricardo Sucre Heredia realizó estudios simultáneos y en 1991 obtuvo las licenciaturas de Comunicación Social (Universidad
Católica Andrés Bello) y Ciencias Políticas (Universidad Central de Venezuela). Esta última, con la mención Summa Cum
Laude. Es Magíster en Psicología, área Social (Universidad Simón Bolívar, 1996), graduado Con Honores. Es egresado del
programa Liderazgo y Visión. Es director-gerente de la firma Smart Thinkers, consultora de asuntos públicos. Es profesor en la
Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, en la asignatura Psicología Social. Dicta el módulo
político-institucional dentro del Programa de Formación Política Ciudadana de la Fundación Centro Gumilla. Autor del libro “La
amenaza social y el autoritarismo en Venezuela” (UCV, 1998). Su última publicación se halla en el libro editado por Margarita
López Maya, titulado “Ideas para debatir el socialismo del Siglo XXI” (Alfa editorial, Caracas, 2007), en el capítulo “Socialismo
y la cuestión militar”
1
populismo económicamente irresponsable, y las dictaduras modernizadoras. Hoy la
utopía busca asentarse en la realidad de lo que somos, pero la idea de progreso se
mantiene. La aspiración de bienestar es una constante histórica de nuestros pueblos.
Como sugiere Latinobarómetro (2007), los ciudadanos latinoamericanos y caribeños
son críticos, con formación y educación, y tienen expectativas, con una posición
política mayormente de centro (5,3/10). La aceptación de la democracia es la prueba
de que los países de la región asumen su propia realidad como primer paso para
transformarla y es, al mismo tiempo, un reto para su consolidación definitiva como
forma de gobierno en el continente.
Hay muchas iniciativas políticas, económicas, y sociales que se desarrollan de
forma simultánea –desde la “opción venezolana” hasta la “opción chilena”, las
alternativas que buscan perfilarse como la “opción boliviana” y la “opción
ecuatoriana”, junto a las redefiniciones de proyectos nacionales como ocurre
lentamente en Cuba- pero todavía no aparece la “receta” latinoamericana y caribeña
para el logro del bienestar deseado, dentro de un mundo con mayores niveles de
intercambio cultural y económico. Desde los 50 hasta la crisis mexicana de 1982, el
esquema de sustitución de importaciones sirvió como modelo de gobernabilidad para
nuestros países. Agotado este modelo, todavía no se ha hallado quien lo releve. Los
ajustes neo-liberales pusieron “orden en las cuentas de la casa”2, pero no dejaron
abierto un camino definido en cuanto a cuál modelo de crecimiento y equidad
seguir. Ese camino se construye hoy.
Globalización humana y modernización nacional
Aquí entra el debate acerca de la globalización y la modernización. La OIT (2004)
recogió que en América Latina y el Caribe se perciben más amenazas que
oportunidades en la globalización, pero que había que aceptar el reto que este
proceso plantea, ya que se le asocia a la diseminación de la democracia en la región
y al debate público sobre temas como la igualdad de género, los derechos humanos,
el desarrollo sostenible, y la imbricación con movimientos sociales en el mundo. Se
2
Cuando se habla de ajustes que pusieron “orden en las cuentas de la casa” lo que se quiere decir es que las políticas neoliberales pusieron freno a la tasa de inflación, extremadamente elevada en algunos de nuestros países hasta la década de los 80.
Por ejemplo, en Perú la tasa de inflación de 1990 fue de 7.482 por ciento. En ese año, Brasil alcanzó 2.938% y Argentina 2.313
por ciento. La más alta, la vivió Bolivia en 1985: 38.000 por ciento. Hoy, estas tasas de inflación parecen ser cosa del pasado.
No obstante, hay señales de alerta que deben ser atendidas. Como sugiere Machinea (2007), en las economías de nuestros países
se observa una subida en el nivel de precios de manera constante desde mediados de 2006. Chile es un buen ejemplo, con una
inflación estimada mayor al 7,4% en 2007, y Venezuela que alcanzó la cifra de 22,5% en un año. Para una evaluación de las
políticas neo-liberales Vid. Del Búfalo (2002) y Huber y Solt (2004)
2
afirma en nuestros países la idea de una “globalización más humana”, y para ello se
reivindica el papel del Estado con capacidad para establecer alianzas estratégicas
con el sector privado y las instituciones de la sociedad civil.
Latinobarómetro (2007) revela que la percepción de los ciudadanos y ciudadanas
de América Latina y el Caribe se orienta a favorecer una mayor presencia del Estado
en la sociedad. En 2005, el 29% opinó que el Estado “puede resolverlo todo”,
mientras que en 2007, la cifra subió al 38 por ciento. Las opiniones más intensas
hacia la presencia del Estado en la sociedad se encuentran en Venezuela y en la
República Dominicana.
Sobre la modernización, el consenso apunta a superar lo que algunos estudiosos
han llamado la “mentalidad colonial”, que consiste en la importación y evaluación de
afuera de los criterios de lo que es moderno y la sola importación ya define que la
modernidad es buena para nuestros países, como una receta a aplicar. No se trata
de rechazar lo que encierra el concepto de modernidad, sino de definir un juicio
propio que apoye una idea de modernización que parta de la realidad de las
naciones de América Latina y el Caribe. El acuerdo es que para hablar de
modernización, primero hay que apropiarse de la realidad del continente. Romper
con la “mentalidad colonial” es apropiarse de lo nuestro para lo cual hay que sentir
que se pertenece a algo. Si se siente que no se pertenece, que nuestra referencia es
definida externamente, que se necesita una valoración de afuera; no se puede
conocer lo que nos identifica como países, siempre se estará a la zaga de la
evaluación externa. Estaremos extrañados de lo nuestro y, errantes, buscaremos
muestra identidad en otra parte cuando, en realidad, nuestros países la tienen allí:
sólo hay que apropiarse de ella para poder valorar con mayor fuerza los aportes
foráneos dentro de un juicio propio. Es en este sentido en que hay que entender la
vocación nacional de los países de América Latina y el Caribe. No como
etnocentrismo, sino como una valoración que no rechaza aportes foráneos, y que
busca soluciones desde un conocimiento de lo que es propio de nuestros países: a
partir de los aportes de los indígenas hasta llegar a la evaluación crítica del concepto
de modernidad en los actuales momentos.
3
La diversidad cultural como expresión de la complejidad de la sociedad
latinoamericana y caribeña
Mención especial merece la emergencia de la diversidad cultural en la región, que
se manifiesta con fuerza en la esfera pública. Un 56% de los habitantes del
continente expresó que hay conflictos “muy fuertes” y “fuertes” entre personas de
diferentes razas (Latinobarómetro, 2007). Así las cosas, la valoración de lo que es
propio permitirá que la pluralidad cultural pueda canalizarse como expresión
ciudadana, que la dote de identidad y representación dentro de las reglas de juego
de la democracia representativa y de la democracia participativa.
La participación ciudadana que estimula la diversidad cultural es una
característica central en nuestros países. Son muchas las formas en que esta
participación ocurre: comunidades indígenas, grupos de base, comunidades
organizadas, comités populares, grupos de interés, ONG, periodismo ciudadano. Por
ejemplo, se ha encontrado que hay un aumento de la membresía a ONG en la región
en el lapso 1990-2000. En el primer año, la pertenencia a ONG se ubicó en 22.697
personas por cada millón de habitantes, mientras que en el 2000, la cifra fue de
33.565 personas por cada millón, sólo superado por Europa y Asia Central con
35.235 personas por cada millón de habitantes y la más baja pertenencia se halla en
Japón con 3.569 personas por cada millón de habitantes (Azcargorta, Briceño, y
Hurtado, 2005). Hay una ciudadanía en movimiento que busca referencias para
definir su espacio como ciudadanos, sobre la base de una diversidad de historias de
vida.
Los ajustes estructurales de los 80 que causaron una erosión en el tejido político
y social en el continente, desplazó los criterios de formación de identidades basados
en la pertenencia a partidos de masas o a un proyecto nacional desarrollista por la
pobreza, la informalidad, y la exclusión por diferentes causas. Esta realidad
promovió la aparición de nuevas formas de expresión social distintas a las
corporativas de mediados del Siglo XX, para dar cuenta de la complejidad de la
región en cuanto a identidades políticas y sociales: étnicas, lingüísticas, indígenas,
de genero, de poder, sociales, generacionales, y económicas. De aquí brotan los
nuevos movimientos sociales en nuestros países, con diferentes grados de adhesión
política y de ideologías.
4
En síntesis, hay consenso en que nuestras sociedades desean prosperidad,
quieren crecer, buscan oportunidades, en un contexto donde las instituciones
políticas no responden a las demandas de identidad, bienestar y oportunidades que
hacen los ciudadanos. Frente a una ciudadanía vigorosa aunque no totalmente
movilizada hacia la política como lo revela el PNUD (2004a), al constatar que 30%
de los ciudadanos de la región se hallan políticamente “desmovilizados”, la
participación política y social es una característica fundamental de nuestros países
como lo revelan los indicadores de gobernabilidad de la CEPAL en el cual los países
de la región alcanzan la puntuación más alta en el indicador de Participación y
responsabilidad (0,09 sobre 2,5, y la media mundial es 0), de un total de seis
indicadores (CEPAL, 2005a). De la misma manera, los seis indicadores de
gobernanza del Banco Mundial3 (2007), sugieren que en el indicador Voz y rendición
de cuentas, se observa el mejor desempeño de los países del continente, al ubicarse
en 0,09 (en valores que oscilan entre -2,5 y +2,5). Para Latinobarómetro (2007), los
hispanoamericanos e hispanoamericanas definen que la condición de ciudadano o
ciudadana se origina, principalmente, en el acto de votar (71%).
Ante esta realidad de una mayor demanda por bienes políticos, económicos y
sociales que hacen los ciudadanos, conviven estructuras políticas, económicas y
sociales, rezagadas ante la realidad de una “sociedad en movimiento”. La brecha
entre el liderazgo y la ciudadanía es amplia, y esto explica las tensiones que
experimenta la transformación hacia sociedades más globalizadas dentro de un perfil
nacional, que es el movimiento que hoy hacen las naciones de la región.
Los habitantes de nuestra región están conscientes del desafío del progreso con
sentido social. Hay expectativas, pero también se perciben amenazas: la mayoría
opina que más corrupción y menos igualdad ante la ley, es lo que les espera a las
nuevas generaciones de americanos del Sur y el Caribe (Latinobarómetro, 2007).
Después del ajuste macroeconómico viene la construcción de lo microciudadano
Luego de los ajustes económicos neo-liberales que presentan un balance mixto
entre aciertos y errores; aunque sí lograron restablecer equilibrios macroeconómicos
3
Es relevante destacar que los indicadores de gobernanza del Banco Mundial se fundamentan en indicadores subjetivos y en
juicio de expertos: una diversidad de encuestas de opinión en el mundo y de análisis de expertos, que son seleccionados y
agregados a partir de seis indicadores elaborados sobre la base del concepto de gobernanza o gobernabilidad. Los indicadores
son: Voz y rendición de cuentas, Estabilidad política, Efectividad del gobierno, Calidad de la regulación, Estado de derecho, y
Control de la corrupción. Algunos cuestionan estos indicadores. Sin embargo, la diversidad de fuentes para elaborarlos, indica
un nivel de confianza razonable en el tiempo, que hace válido su empleo como valores de análisis
5
básicos en las sociedades en las que se aplicaron las “recetas neo-liberales”4, la
etapa siguiente es la de, una vez logrado el punto de equilibrio, avanzar hacia la
inserción en el mundo y darle piso a unas políticas sociales más equitativas dentro
de los países de la región y a una política social más inclusiva. En este asunto es
donde se hallan los Estados del hemisferio ¿Cómo insertarse dentro de un mundo
cuyos actores económicos también se redefinen, y hacerlo de manera permanente,
con beneficios también sostenibles para los pueblos de la región, dentro de una
forma de gobierno democrática?
En resumen, se plantea para América Latina y el Caribe un escenario si se quiere
optimista: la ciudadanía quiere prosperidad y bienestar, pero no se ha hallado la
política ni el conjunto de políticas que traigan esa mejoría de manera sostenible. El
acuerdo apunta hacia una combinación de mecanismos de mercado con la
regulación del Estado, pero éste esquema todavía no termina de bosquejarse como
modelo de gobernabilidad. Se quiere una democracia “responsiva y responsable”
(Sartori dixit), pero sus instituciones no terminan de calzar en la realidad social que
las demanda.
Desde el plano sobre cómo abordar las opciones para construir un modelo de
gobernabilidad que sustituya al esquema sustitutivo de importaciones, sobresalen los
enfoques que sugieren que el Estado es importante y las perspectivas que afirman
que el mercado debe llevar la batuta. En lo que sí hay consenso es que el regreso al
modelo “Estado-céntrico” parece ser cosa del pasado –aunque países como
Venezuela buscan revivir el modelo, y otras naciones como Bolivia y Ecuador se
orientan a ampliar la franja de la presencia del Estado en la sociedad- y que
cualquier alternativa de desarrollo que se escoja debe tener como motor al sector
privado, y el Estado ser una suerte de cuidador, de cultivador del desarrollo (el
llamado Husbandry State), y regulador, que promueva el capital nacional. Según la
CEPAL (2005a), las empresas del Estado en la región han descendido de un 32,5%
en 1990 a un 17,1% en 2000, centradas principalmente en áreas y servicios
“estratégicos” como los recursos energéticos y el agua, mientras que se han
desarrollado 25 empresas latinoamericanas y caribeñas que son globales,
4
Al igual que la nota Nº 2, se refiere al control de la inflación principalmente
6
“translatinas”, que generan ventas por 130 mil millones de dólares al año (CEPAL,
2005b).
El reto de la formalización de lo informal: superar la fragmentación social y
avanzar en la cohesión social
En un balance global, América Latina y el Caribe han mejorado en los indicadores
económicos y sociales, pero menos en los indicadores políticos. Existe un elevado
consenso en que una de las consecuencias políticas no deseadas del ajuste neoliberal, fue la desarticulación de las bases de la movilización política de tipo
corporativa, que caracterizó a la región desde los 40 hasta la década de los 80 del
Siglo XX. Hay una nueva realidad social que no tiene representación política, y que
actúa políticamente a través de ONG, agrupaciones ciudadanas y de pueblos
indígenas, en un contexto de alta desigualdad porque el Gini5 de América Latina en
1982 fue de 0,50/1 y en la actualidad es de 0,57, el más alto si se le compara con
Africa (0,50), Asia (0,35), Estados Unidos (0,41), y Europa (0,25), lo que hace del
continente la región más desigual del planeta (PNUD, 2005; Roberts, 2002).
Esta desigualdad ha crecido, principalmente, porque el trabajo informal se
mantiene en la región, y hoy conforma el 43% de la fuerza de trabajo (OIT, 2006).
Aunque en las naciones de la región la presencia del trabajo informal ha sido una
constante, incluso durante la mejor época del modelo sustitutivo de importaciones
en la que no bajó la proporción del trabajo informal como ocurrió en los países
llamados desarrollados durante la etapa industrializadora, el ajuste neo-liberal
expulsó a trabajadores del sector formal al sector informal, al ocurrir una
heterogeneización del trabajo asalariado y la reducción del empleo en el sector
industrial. De acuerdo a la OIT (Roberts, 2002) el 59% del empleo no agrícola y el
85% de los nuevos empleos en nuestros países, se generaron en el sector informal y
en las PYMES. Igualmente, esta organización halló que entre un 65-95 por ciento de
los trabajadores en el sector de las PYMES no tenían un contrato de trabajo escrito,
y entre un 65-80 por ciento de la masa laboral, no estaba afiliada a un sistema de
salud ni a un programa de pensiones de retiro.
5
El Indice Gini mide la extensión en que la distribución del ingreso (o el consumo, en algunos casos) entre individuos o
familias dentro de una economía, se desvía de una distribución igualitaria perfecta. En consecuencia, un Gini igual a 0 significa
la igualdad perfecta (todos tienen los mismos ingresos) mientras que un Gini de 1 representa la desigualdad perfecta en la
distribución del ingreso (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). De acuerdo el IDH (2006), el Gini más bajo
del mundo lo tiene Azerbaiyán (0,19) y el más elevado lo posee Namibia (0,74)
7
La realidad socio-política de América Latina y el Caribe es la existencia del trabajo
informal que no está organizado políticamente, y que es disperso y fragmentado. La
era de los partidos políticos populistas pasó, momento que buscó la movilización de
los sectores populares dentro de estructuras políticas de representación corporativas
como gremios profesionales o grandes sindicatos. Hoy, la “desigualdad desclasada”
que existe en América Latina y el Caribe reclama, no la movilización sino la inclusión
para reducir la inequidad que estimula el trabajo informal.
En concreto, hay una crisis de representación porque la informalidad no tiene un
partido político, y esto ocurre en un ambiente de sociedades económicamente
polarizadas, de partidos con ideologías difusas, de erosión de identidades políticas, y
de maneras erráticas de participación política no partidista. Las sociedades
latinoamericanas se han informalizado en todos los aspectos y hay una ciudadanía
en movimiento, que no tiene representación, y que se vincula a las instituciones
mediante liderazgos personales y carismáticos, de diferente signo ideológico. Es la
vía para existir como ciudadanos, y esto se hace mediado por los órganos de
difusión social. El carisma construye políticamente a la informalidad, a los excluidos,
y los hace socialmente visibles. Entre el carisma y la informalidad, hay un contrato
de servicios: eficacia a cambio de apoyo político. Esto puede explicar la inestabilidad
presidencial en la región: desde 1993 hasta 2007, 14 Jefes de Estado no han podido
culminar su mandato.
Cuando el carisma llega al gobierno, la sociedad demanda, y si no hay eficacia, la
legitimidad de los mandatarios se resiente. El punto es ¿Cómo organizar a la mayoría
de la población para que conozca y represente sus intereses, no sólo mediante la
ciudadanía vertical (el voto) sino la ciudadanía horizontal (el Estado de Derecho)? El
desafío que tienen los países del hemisferio es organizar la representación de la
informalidad para avanzar, en lo económico, hacia un esquema de desarrollo
nacional que genere empleo en el sector formal. La creación de “trabajo decente”
que no es otra cosa que la creación de empleos en el sector formal (Cuarta Cumbre
de las Américas, 2005; Infante y Sunkel, 2004), como vía para reducir la exclusión.
La creación de empleos viene mejorando en América Latina y el Caribe (Machinea,
2007b), pero hace falta hacer sostenible este aumento. Esta búsqueda la presionan
los pueblos de la región. Los ciudadanos de América Latina y el Caribe quieren
8
democracia y bienestar, aunque eso signifique romper con las reglas, con las
estructuras económicas, sociales, y políticas de los países (Latinobarómetro, 2005).
El desafío es que el quiebre no sea traumático para las sociedades latinoamericanas
y caribeñas.
La XVII Cumbre Iberoamericana (Chile, noviembre 8-10 2007), acordó que el año
2008 será el “Año Iberoamericano contra todas las formas de discriminación” ¿Es
posible? Para saberlo, es menester examinar tres áreas que definen el momento
actual de América Latina y el Caribe: la económica, la social, y la política.
I. La economía: hay crecimiento ¿Será sostenible en el tiempo?
El período de ajustes estructurales logró bajar la inflación ¿Ahora hacia dónde?
Una vez lograda la estabilidad macroeconómica ¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos?
¿Es la gobernabilidad democrática o la equidad económica? ¿Regreso al esquema de
sustitución de importaciones ahora renovado o avanzar en el modelo de
industrialización exportadora? La evidencia revela que hay un mejor manejo de la
política fiscal y monetaria de los países de América Latina y el Caribe.
Desde el año 2002, las economías de la región comienzan a crecer de manera
continua. En ese año, el crecimiento económico en la región fue de -0,5% y tuvo su
pico en 2004 con un 6% (el crecimiento más alto logrado en América Latina y el
Caribe desde 1950, sólo obtenido en el lapso 1960-1973). En 2007, el crecimiento
promedió el 5,6% y el incremento del PIB per cápita fue del 3 por ciento, cifra que
se repite desde 2003 (el segundo valor más alto desde 1950, después del 3,3%
alcanzado en el período 1960-1973), aunque este crecimiento no ocurrió de forma
homogénea: América del Sur y el Caribe crecen más rápidamente que México y
Centroamérica (BID, 2004b; CEPAL, 2005c; CEPAL, 2006). Para el 2008, se espera
que la región crezca 4,9 por ciento (CEPAL, 2007)
Hoy, el 74% de los países del continente tienen tasas de inflación de un dígito y
han reducido la tasa de endeudamiento de un 5,5% del PIB en 1992 al 4,7% del PIB
en 2005, aunque el 97,9% de los países tienen una relación PIB/deuda del 40 por
ciento (Singh, 2005; ECLAC, 2006). El desempleo ha venido bajando desde 2003
cuando alcanzó el 11% (la tasa más alta desde 1990) al 7,6% de 2007. La balanza
de bienes revela un saldo positivo desde 2002 (antes de esta fecha hasta 1996, el
saldo fue negativo), y se ubicó en 2006 en US$ 103.646 millones, 22.400 millones
9
de dólares mayor a la realizada en 2005 (CEPAL, 2006). La inversión extranjera
directa en la zona bajó. En 2006, fue de US$ 33.483 millones, inferior a la lograda
en 2005 que alcanzó US$ 49.206 millones, y todavía por debajo de la lograda en
2001, que frisó los 63 mil millones de dólares (CEPAL, 2006).
Hay crecimiento pero menos inversión
Sin embargo, aunque nuestros Estados crecen, lo hacen a una tasa menor a otros
países del mundo. Para 2008, la tasa de crecimiento esperada para los países del
hemisferio es de 4,9 por ciento, menor si se compara con la calculada para los
países en desarrollo que es de 6,14% para el mismo lapso (FMI, 20076).
El desafío de la región en el campo económico es hacer las inversiones suficientes
para sustentar a mediano plazo tasas de crecimiento medias (alrededor del 5 por
ciento interanual). Parte del aumento logrado en 2007 se debe al crecimiento de la
economía mundial, a una mejoría de los términos de intercambio, y a mejoras en el
empleo y en la inversión, pero esto no es suficiente a largo plazo (Machinea, 2007b).
Sin una tasa de inversión constante, lo logrado hasta el presente no será sostenible.
Los niveles de inversión siguen bajos en la región, aunque la formación bruta de
capital fijo crece de forma sostenida desde 2003. En 2006, la tasa fue del 20,9 por
ciento. El mayor crecimiento en esta área lo registraron Haití y Nicaragua, con
34,7% y 26,8% respectivamente (CEPAL, 2006).
América Latina y el Caribe tienen como metas para hacer del crecimiento un
hecho sostenible en el tiempo, alcanzar altos niveles de competitividad, aumentar la
inversión, y darle mayor valor agregado a las exportaciones (CEPAL, 2005c;
Machinea, 2007b).
¿Cuáles reformas para cuál crecimiento económico?
Para el logro de estos tres objetivos, es importante mantener el camino de las
reformas en el área de la economía, porque los beneficios del crecimiento son
mayores en los países con un mejor marco institucional (IADB, 2002). No obstante,
en la región ocurre una “fatiga de reformas” (BID, 2004a). La “gobernabilidad
económica” todavía está detrás de otros países en desarrollo, a pesar de los ajustes
estructurales iniciados en el continente durante la década de los 80 (el índice de
6
Información
obtenida
en
el
portal
del
FMI,
visitado
el
día
2-1-08,
en
la
dirección:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=76&pr.y=13&sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=
1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C110%2C163%2C119%2C203%2C123%2C998%2C200%2C605%2C603%2C904%2
C901%2C505%2C510%2C405%2C205&s=NGDP_RPCH&grp=1&a=1
10
reformas estructurales pasó de 0,34 en 1985 a 0,58 en 1999). En los indicadores de
gobernanza de la CEPAL, en la Eficacia del gobierno, América Latina y el Caribe
lograron -0,43/2,5 (Asia=1,12/2,5) y en la Calidad regulatoria la cifra es de -0,02
(Asia=1,04), ambos valores negativos que sugieren retrocesos. Los índices de
gobernabilidad del Banco Mundial concuerdan con la CEPAL: en la Eficiencia
gubernamental, la mayoría de los países oscilan entre -0,8 y +1,2/-2,5+2,5 y
algunos países están en “rojo claro” (<0,1-0,25/-2,5+2,5): Ecuador, Nicaragua,
Paraguay, y Venezuela. Sólo un país está en “verde claro” (0,7-0,9/-2,5+2,5): Chile.
Igual ocurre con el indicador Calidad regulatoria: la gran cantidad de Estados se
ubican entre -1,35 y +1,41/1 y hay un país en “rojo oscuro”: Venezuela (<0-0,1). De
nuevo, Chile es la única nación que está en “verde” (CEPAL, 2005a; World Bank,
2007).
¿Se retrocede al populismo, se busca una socialdemocracia a la latinoamericanacaribeña, una centro-derecha con impacto en lo social, un modelo desarrollista
nacional-democrático, en el marco de la globalización, o no hay ningún modelo que
caracterice a los países de la región? En 1998, el 77% de los consultados en 17
países latinoamericanos y caribeños apoyaban la economía de mercado; en 2003, la
cifra fue del 18% (BID, 2004a). Para Latinobarómetro, la percepción sobre la
importancia de la economía de mercado se mantiene, pero baja con respecto a
1998. En ese entonces, logró 66% de opinión favorable. En 2007, la cifra fue del 52
por ciento. Igualmente, la opinión sobre si la economía de mercado es el único
sistema económico para ser desarrollado, tuvo una caída grande entre 2005 y 2007:
de 63% descendió a 47% quienes consideran que es el único sistema para ser
desarrollados (Latinobarómetro, 2007).
El PNUD recoge que el 70,3% de la población respalda la intervención del Estado
en la economía, mientras que un 26,4% prefirió al mercado (PNUD, 2004a). El
Latinobarómetro, por su parte, reveló que un 27% está satisfecho con la economía
de mercado (8 puntos más arriba que en 2004, que fue de 19%); y un 38%
consideró que el Estado puede resolver “todos los problemas” frente al 29% que
opinó igual pero en 2005. Sin embargo, la importancia de la empresa privada a los
ojos de los consultados es relevante, aunque menor en 2007 que en 1998: 56%
frente a 69 por ciento (Latinobarómetro, 2007, 2005). La Heritage Foundation indica
11
que la libertad económica en la región, en 10 años (desde 1995), sólo se ha
incrementado en 0,05 puntos aunque es más alto el promedio de las Américas que
el promedio mundial, con 12 países de la región que tienen mejoras y 12 que se han
mantenido estáticos, junto a naciones que han registrado importantes retrocesos
(Argentina, Cuba, Haití, Paraguay, y Venezuela) ¿Se quiere un capitalismo de
Estado, un mercado con regulación pública para corregir sus distorsiones, o inventar
una nueva economía? ¿Cuál? ¿Cómo será? Porque los resultados de Latinobarómetro
(2007), sugieren que no se confía mucho en la economía de mercado, pero sí más
en el Estado, pero no hay satisfacción con los servicios que éste presta, aunque se
quiere que aquél asuma nuevos servicios ¿Un Estado gerencial, pero socialmente
incluyente y dador de oportunidades? ¿Un modelo económico en el medio del medio
o en el medio de algún extremo? Se quiere mercado, pero no mucho; se quiere
Estado, pero tampoco mucho. Ese parece ser el modelo que busca la opinión pública
de nuestros países.
Nuevos clivajes económicos: avanzar, reinventar, o retroceder
Una consecuencia de lo anterior es que los países se dividan entre aquellos que
mantengan y avancen en el proceso de reformas, y aquellos que las reviertan en la
búsqueda de un nuevo esquema económico o regresen a modelos ya superados en
el continente. Este clivaje económico va a estar afectado por el clivaje político.
Lo anterior también va a estar influido por la manera cómo la región negocie su
inserción en el mundo global, lo que requiere transformar el tejido productivo creado
en el “cepalismo desarrollista”, pero no en los términos que nos coloca la
globalización; una participación limitada, centrada en materias primas y tecnologías
bajas con una participación en el comercio mundial de apenas 5,3 por ciento,
aunque alta si se le compara con la participación de China que es del 6 por ciento,
con un crecimiento promedio de su PIB de 9% interanual, aunque la estructura de
su comercio es 9% productos primarios, 91% manufacturas, y 27% tecnologías
(CEPAL, 2005a; PNUD, 2005). El nivel de exportaciones de los países de América
Latina y del Caribe se expandió a una tasa promedio casi cuatro veces mayor que la
del producto (en China fue de 1,6 veces y la India 1,8 veces) entre 1990 y 2003
(PNUD, 2003; CEPAL, 2005a), con un cambio en la estructura de las exportaciones
del continente en: Productos primarios, en 1990: 65% en 2001: 40%; Manufacturas,
12
en 1990: 34% en 2001: 49%; y Tecnologías, en 1990: 4% en 2001: 15%. Las
exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron 13% en 20077.
Diferentes aproximaciones a la globalización
Aquí, también, surgen diferencias: países que parecen van a liderizar a América
Latina sea por tamaño y tejido industrial (por ejemplo, Argentina, Brasil y México) o
por desempeño macroeconómico y desarrollo continuo (por ejemplo, Colombia,
Chile, Trinidad y Tobago, y Perú). Estos países pueden ser un factor de contención,
al tener como eje de negociación el ALCA –no lo rechazan totalmente- sino que
buscan correlaciones de poder favorables para la inserción de sus economías en el
juego mundial. Por otra parte, están países como Venezuela y eventualmente Bolivia
y Ecuador, que no han logrado desarrollar en su totalidad un tejido industrial ni
tampoco una burguesía con conciencia de clase, y que buscan una suerte de
negociación en bloque con el mundo (la propuesta del ALBA y la “politización” de
MERCOSUR, junto a la adopción de esquemas hacia una mayor integración intraregional), pero que no están en capacidad de competir mundialmente, y optan por
definir una economía tipo enclave –petróleo, gas, minerales- que genere los
excedentes de capital, para desarrollar un modelo que, en teoría, permita que estos
países se inserten en el juego global de la economía; una suerte de “sustitución de
importaciones combinada a la ortodoxia económica” (más para Bolivia y Ecuador, y
menos para Venezuela) dentro de un discurso que promueve la formación de un
capital nacional no imperialista.
En síntesis, el desafío central en lo económico es que el crecimiento en el
continente sea sostenible en un contexto global que apunta hacia una
desaceleración de la economía mundial y una mayor volatilidad de los mercados
internacionales (Machinea, 2007b), y para eso hay que mejorar los niveles de
inversión, que dependen del grado de institucionalización de las reformas
económicas y de la gobernabilidad de la economía, lo que a su vez permite una
adecuada inserción mundial al darle mayor estabilidad a nuestra estructura de
exportaciones, que debe orientarse a la producción de manufacturas y productos de
tecnología, y menos a la exportación de materias primas. Todo esto para seguir
creando empleos en el sector formal que, de acuerdo a lo datos del PNUD, es la
7
Portal
Infolatam
visitado
el
día
3-1-08,
www.infolatam.com/entrada/cepal_exportaciones_de_america_latina_cr-4946.html
en
la
dirección:
13
prioridad más importante de los ciudadanos latinoamericanos y caribeños: un 34,6%
la colocó a la cabeza de la agenda de reformas, seguida de la pobreza y la
desigualdad con 26,3 por ciento (PNUD, 2004a).
II. Lo social: mejoran los programas sociales pero la desigualdad se
mantiene
Son evidentes los esfuerzos hechos por los gobiernos de la región en promover
mejores políticas y programas sociales. Se constata, a partir de 2004, una
disminución de la pobreza y de la indigencia. Las proyecciones para 2007 revelan
que la tendencia a la baja que comienza en 2002, se mantiene, con un valor de 35%
para la pobreza y de 12,7% para la indigencia (Machinea, 2007). En la región, la
pobreza ha descendido de 48,3% en 1990 a 36,5% en 2006. La indigencia pasó de
22,5% en 1990 a 13,4% en 2006 (Machinea, 2007). En 2006, 15 millones de
personas dejaron de ser pobres, y 10 millones abandonaron la indigencia. Sin
embargo, todavía hay en la región 194 millones de personas en situación de
pobreza, de las cuales 71 millones son indigentes, cifra mayor a la de 1980, en la
que habían 136 millones de pobres y 62 millones de indigentes (CEPAL, 2006a).
Si se comparan algunos indicadores sociales del continente con otras partes del
mundo, son evidentes los resultados de las políticas sociales. América Latina y el
Caribe es la zona que registró el mayor crecimiento en el acceso a servicios de
saneamiento y en el acceso a agua potable, en los países en vías de desarrollo: 12
naciones de 25 han logrado el acceso a servicios de saneamiento en zonas urbanas,
y 18 países de 30 en la región han hecho importantes esfuerzos en el acceso de
agua potable en zonas urbanas. Igualmente, nuestros países tienen la esperanza de
vida más alta de las naciones en vías de desarrollo: en 1972 era de 61 años, en
2005 la esperanza de vida se ubicó en 72,9 años. La mortalidad infantil en niños
menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos) pasó de 110 en 1960 a 22,5 en 2005,
aunque hay cinco países retrasados en este punto para cumplir las metas de los
Objetivos del Milenio antes de 2015. La desnutrición bajó 4 puntos durante los 90,
pero sigue siendo elevada pues afecta a 189 niños por cada mil, y sólo 5 países de
24 lograron el Objetivo del Milenio de reducir el hambre, 7 han hecho progresos
insuficientes, y en tres la situación ha empeorado. La cobertura educativa es de
94,9% para primaria, 66,6% para secundaria y 28,1% en la educación terciaria. La
14
escolaridad promedio es de 5,2 años y la tasa de analfabetismo en adultos bajó de
21,5% en 1980 a 9,5% en 2005. EL PIB per cápita promedio en los países del
continente es de US$ 4.055 (PNUD, 2004a; Machinea, 2005a; Machinea, 2005b;
PNUD, 2005; ECLAC, 2006).
El gasto social por habitante viene aumentando desde 2002, y en 2006 equivale
al 15,9% del PIB. En valores nominales, el gasto social promedio por habitante para
el 2006 fue de 660 dólares por año. Ningún país de la región tuvo retrocesos en el
IDH en el lapso 1990-2003. El IDH pasó de 0,67 en 1975 a 0,79 en 2006 (Machinea,
2005b y 2007; PNUD, 2005 y 2006; CEPAL, 2006a).
En síntesis, la región ha hecho avances y está en camino de reducir el hambre, de
bajar la desnutrición infantil, de disminuir la mortalidad infantil, de subir el acceso al
agua potable, y lograr una mayor equidad de género en la educación (Machinea,
2005a).
Lo anterior parece que tiene efectos en la percepción ciudadana. Un 17% opinó
que la distribución de la riqueza en la región en 2007 es “justa”, frente a un 10%
que dijo lo mismo en 2002 (Latinobarómetro, 2007). Es un modesto avance, pero
indica una mejor percepción sobre la dinámica de la inclusión en nuestros países.
La visión desde lo microciudadano: la desigualdad se mantiene
No obstante, pese a todos estos importantes esfuerzos y resultados, la
desigualdad en la región se mantiene. El Gini es el más alto del mundo, y en
nuestros países el 10% más rico percibe 30 veces más ingresos que el 10% más
pobre (valor alto si se compara con la diferencia para que la remuneración total de
un obrero manufacturero iguale a la de un gerente general, que en España es de 17
veces y en Corea del Sur 8 veces). El porcentaje de pobres que vive con menos de
un dólar al día pasó de 10,1% en 1981 a 9,9% en 2001, una reducción modesta si
se toma en consideración que el tiempo de medida es de 20 años. Es muy probable
que seis países de la región no puedan cumplir con la reducción de la pobreza
extrema para el 2015, y el número de personas en esta situación aumentó de 3
millones en 1990 a 71 millones en 2006.
La evidencia revela que el gasto social afecta menos la desigualdad –medido por
el indicador Gini- y más la distribución de los ingresos en los hogares pobres, salvo
en los países que tienen un elevado gasto social como, por ejemplo, Argentina (el
15
gasto per cápita más alto de la región con US$ 1.283), Brasil, y Costa Rica (CEPAL,
2004; Machinea, 2005a; PNUD, 2004a; CEPAL, 2005d). Esta diferencia tal vez se
explique por un factor asociado a la desigualdad: la exclusión. Puede reducirse la
pobreza, pero mantenerse la exclusión, como lo revela la situación de Chile, ubicado
como un país con IDH alto, pero tiene el coeficiente Gini más elevado (0,57) de las
naciones en esa categoría (similar al de Paraguay ubicado como de IDH medio, pero
este país tiene mayor pobreza que Chile: 41,3% frente al 20,6% del país del Cono
Sur), en la que se hallan otros nueve países del continente, y el Gini más bajo se
ubica en Jamaica (0,37). En Chile, el 10% más rico tiene una participación del 47%
del ingreso o del consumo, mientras que el 10% más pobre alcanza el 1,2 por
ciento. En Noruega, el país que tiene el puesto número uno en el IDH de 2005, la
relación es 23,4% y 3,9% respectivamente (Infante y Sunkel, 2004; Rivarola, 2004;
PNUD, 2005 y 2006).
La desigual distribución de los ingresos es, entonces, el principal reto de la
región. Tenemos programas sociales que alivian pero no incluyen, junto a una
ciudadanía activa que ha recibido las mejoras de los programas sociales pero, en
virtud de esto, quiere consolidar su progreso. La variación interanual del PIB per
cápita en nuestros países durante el período 98-03 fue negativa: -0,1 por ciento, y la
caída más alta fue en Venezuela con un -4,9% y la subida más elevada ocurrió en
México con un 1,3 por ciento (Singh, 2005).
Entre un 30 y 60 por ciento de los latinoamericanos y caribeños expresaron haber
sido objeto de alguna forma de exclusión social, negadora de su ciudadanía (PNUD,
2004a),
especialmente
las
mujeres,
en
salarios,
violencia
doméstica,
y
representación política. La elevada presencia de mujeres sin ingreso es un factor
importante para mantener la desigualdad de género, junto a nuevos retos que
enfrentan las mujeres: son propensas a un mayor contagio de VIH/Sida,
principalmente aquellas que habitan en el Caribe, y a un mayor índice de fecundidad
no deseada en mujeres pobres (Machinea, 2005a y 2005b). Esta realidad llevó a que
la XVII Cumbre Iberoamericana (2007), asuma la “Agenda Iberoamericana de la
Igualdad”, para enfrentar las diferentes formas de exclusión que hay en el
continente.
16
Para los latinoamericanos, latinoamericanas, caribeños y caribeñas, los clivajes a
la hora de percibir los conflictos son mayormente sociales, centrados en temas
redistributivos y menos en asuntos de clase o género: un 75% opinó que hay
conflictos “fuertes” y “muy fuertes” entre ricos y pobres; un 72% entre empresarios
y trabajadores; un 67% entre empleados y desempleados; un 64% entre la gente
joven y la sociedad; un 57% entre hombres y mujeres; un 56% entre personas de
distinta raza; un 54% entre nacionales y extranjeros; y una cifra igual entre la
“gente vieja” y la sociedad (Latinobarómetro, 2007).
Ciudadanías activadas que buscan su inclusión en la sociedad
Posiblemente, los programas sociales hayan activado con fuerza la noción de
ciudadanía social y esto se observa en un atributo común en los países del
hemisferio: la emergencia de la diversidad y de grupos que buscan su autonomía e
inclusión, en un marco de redistribución del poder acelerada, aunque principalmente
político, y menos en el campo de la ciudadanía civil y la ciudadanía social. A
diferencia de la experiencia populista de mediados del Siglo pasado, es un poder que
busca ser autónomo, con una mínima mediación, y que busca un espacio directo en
la esfera pública para representar sus propios intereses. No obstante, el punto es
integrar los tipos de ciudadanías porque hay una ciudadanía social que no tiene una
representación política, y que lucha por sus derechos en tanto ciudadanía civil.
Un factor que comienza a recibir creciente interés para el análisis sobre su efecto
en los ingresos de las familias pobres, son las remesas que envían los trabajadores
migrados a sus países de origen. Durante 2004, las remesas totalizaron US$ 45 mil
millones en la región, cifra cercana a la inversión extranjera directa (IED), y la
tendencia en el comportamiento de las remesas es a aumentar. Por países, México
recibió un total de 17.000 millones de dólares, mientras que Guatemala y El Salvador
sumaron 7.800 millones de dólares. América del Sur totalizó 14.100 millones de
dólares, y los receptores más importantes fueron Brasil con 5.600 millones de
dólares y Colombia con 3.900 millones de dólares. En el Caribe, la cantidad recibida
fue de 6.500 millones de dólares. Las remesas ya son un componente importante del
PIB en algunos países del continente como Haití (29%), Nicaragua (18%), Guyana y
Jamaica (17%), y El Salvador (16%), y son porcentajes más elevados de los
destinados por estos países al gasto social (CEPAL, 2005d).
17
Las consecuencias del envío de remesas en términos de pobreza de toda la
población no son homogéneas en todos los países, y sus efectos son más
importantes en El Salvador y República Dominicana, donde la reducción de la
pobreza originada por las remesas es de 4,5 y 2,2 por ciento respectivamente. En
los demás países, la reducción se ubicó en 2 por ciento aproximadamente. El efecto
sí es significativo dentro de la estructura de los hogares pobres, especialmente en el
caso de los indigentes: el 50% o más estarían bajo la línea de la pobreza de no
contar con estos ingresos. En síntesis, las remesas mejoran la distribución del
ingreso de las familias pobres, y permiten a muchas de ellas salir de la pobreza y
mejorar su posición relativa (CEPAL, 2005d).
¿Liderazgos carismáticos para el bienestar social?
Lo que ha ocurrido en nuestros países es el nacimiento del “ciudadano con poder
dado por líderes carismáticos”, en una relación no de subordinación, sino
transaccional: poder y bienestar a cambio de votos, que es lo que produce la
inestabilidad política: ciudadanías con expectativas y activadas, y gobiernos que no
responden adecuadamente, con la posibilidad que ocurran crisis de gobernanza en la
dimensión eficacia y legitimidad del gobierno.
Una explicación tentativa para esta búsqueda de liderazgos carismáticos que sean
mediadores para lograr el bienestar, es que los ciudadanos de la región confían más
en el gobierno y en los presidentes, y menos en las instituciones políticas de la
democracia representativa (aunque la causalidad, también, puede ser al revés),
salvo el voto, el cual tiene una elevada percepción como instrumento para hacer que
las cosas cambien (de manera similar, la percepción de elecciones limpias en la
región alcanzó sólo el 38% y un 30% piensa que hay cohecho). La confianza hacia
la gestión de los gobiernos viene en aumento desde 2003: de un 36% la cifra es de
52 por ciento en 2007. La confianza en quienes dirigen a los países ha venido
subiendo, aunque con menos pendiente que la confianza hacia el gobierno: en 2001
era 26% y en 2005 el valor es de 33 por ciento (Latinobarómetro, 2005).
La era de las multitudes
El voto se considera como el mecanismo por excelencia para lograr la ciudadanía
social, ya que permite colocar en la Presidencia a personas que se perciben pueden
adelantar cambios en la sociedad, como el caso más reciente ocurrido en Bolivia con
18
la elección de Evo Morales o de Rafael Corre en Ecuador. Un 62,7% de los
potenciales votantes ha participado en las elecciones celebradas en nuestros países
entre 1990 y 2002, y los padrones electorales tienen registrados a un 89,3% del
total de electores, cifras nada desdeñables si se las compara con las de los Estados
Unidos y la Unión Europea, con porcentajes de 73,6% y 96,2% respectivamente.
Para los latinoamericanos y caribeños, la eficacia del voto –para cambiar las cosastuvo una aceptación en el 58% de los consultados, y el valor más alto fue en
Uruguay con 80 por ciento y los más bajos en Ecuador y Honduras con 45% en cada
país (PNUD, 2004a; Latinobarómetro, 2005).
La “era de las multitudes” ha generado la emergencia de nuevos clivajes producto
de la diversidad social: por clase social y etnicidad, aunque ésta última en menor
grado, y esto ha traído la reconformación de las clases sociales en América Latina y
el Caribe, que hoy está distribuida en capitalistas 1,8 por ciento; ejecutivos 1,6 por
ciento; trabajadores elite 2,8 por ciento; pequeña burguesía 8,5 por ciento;
proletariado de cuello blanco 12,4 por ciento; proletariado de cuello azul 23,4 por
ciento, y proletariado informal 45,9 por ciento (Portes y Hoffman, 2003).
En resumen, los ajustes estructurales de los 80 causaron una erosión del tejido
social creado en la modernización sustitutiva de importaciones, y los ciudadanos
buscan maneras de organizar la participación popular la que, en parte, ha sido
activada por los programas sociales, y que hoy se orienta a mejorar el ingreso de las
personas y su distribución en la sociedad, dentro del propósito de darle visibilidad a
las diversidades culturales que existen en nuestros países. Los individuos quieren
sentirse
más
ciudadanos
mediante
la
inclusión
social,
que
pasa
por
la
institucionalización de programas sociales viables y solidarios, que reduzcan la
desigualdad y la exclusión.
Las políticas sociales han beneficiado a millones de habitantes de la región.
Elementos básicos como la vivienda, agua potable, salud, y educación, son
realidades para millones de personas. Hay posesión de bienes por parte de los
individuos del continente. Ahora se quiere avanzar hacia un sistema social que cubra
a todos los ciudadanos y ciudadanas. El sistema de pensiones es la nueva meta.
Para Latinobarómetro (2007), sólo un 19% afirmó que tiene una pensión para
jubilarse. Algunos países inician modelos focalizados, como Bolivia, para los niños,
19
niñas, y adultos mayores. En Chile está planteada una reforma al sistema de
pensiones. Venezuela espera por su modelo desde 2002.
El sistema de pensiones y la seguridad social universal, apuntan como los retos a
futuro para la política social de la región. Uno de los avances concretos de la XVII
Cumbre
Iberoamericana
(2007),
fue
adoptar
el
“Convenio
multilateral
Iberoamericano de seguridad social” entre todos los países, y se colocó como punto
importante dentro del “programa de acción” acordado en la Cumbre.
Los espacios sin ley
Un desafío no menos importante es la emergencia de actores ilegales y no
estatales, y los “espacios sin ley” en donde no existe el monopolio de la violencia por
parte del Estado, y van desde zonas urbanas controladas por grupos delincuenciales,
regiones fronterizas en donde la ley la definen grupos violentos como guerrillas o
paramilitares, y los espacios que son usados para la producción y almacenamiento
de drogas.
La violencia cotidiana es muy alta en nuestros países. La tasa de homicidios en la
región es de 25,1 por cada mil habitantes, la más alta luego de Africa, y el número
de presos sin condena es del 54,8 por ciento (OPS/OMS, 2002; PNUD, 2004a).
La inseguridad ciudadana es un tema de creciente importancia para los
habitantes de nuestros países. Un 63% expresó que “vivir aquí cada día es más
inseguro” (en su respectivo país), y un 73% expresó temor porque considera que va
a ser víctima de un delito en algún momento (Latinobarómetro, 2007).
III. Lo político: de la euforia a la realidad
Si en lo económico y lo social se observan resultados que apuntan a un
crecimiento y a una mejoría en una serie de indicadores sociales, en la política el
clima es de tensión. Esto explica por qué los latinoamericanos y caribeños
consideran principalmente la situación política de nuestros países como regular
(44%), seguida de mala (37%), y la opinión buena es del 15 por ciento. En una
escala de 1 al 10 donde 10 es que el país es “totalmente democrático” y 1 que es
“no democrático”, la respuesta promedio de los latinoamericanos y caribeños es de
tensión: 5,5 puntos. Es una democracia, pero a medias, no completa. El valor más
alto fue Venezuela (7,6 puntos) y el más reducido en Paraguay con 4,2 puntos
(Latinobarómetro, 2005). La gente quiere democracia, pero que sea completa. Lo
20
anterior abre una reflexión importante ¿Qué entendemos los latinoamericanos y
caribeños por democracia? ¿Es un concepto similar para todos los países de la
región? ¿Nuestra concepción de democracia es republicana, liberal, conservadora, o
radical? ¿Son las libertades para actuar como ciudadanos o las libertades para
protegerme de los abusos del poder, lo que cuenta a la hora de definir cuál
democracia, o es otra cosa? Esto, porque la democracia pierde apoyo como forma
de gobierno. En 2005, alcanzó el 58 por ciento. En 2007, bajó al 54 por ciento. A
pesar de este discreto descenso, la satisfacción con la democracia logró 37 por
ciento, y superó al 31% alcanzado en 2005, con el valor más alto en Uruguay (66%)
y el más bajo en Paraguay con 9 por ciento. (Latinobarómetro, 2007).
Es en este punto donde aparecen las diferencias: para que sea completa, muchos
piensan que es posible lograrla por la vía autoritaria. Ante la pregunta si se prefiere
un gobierno democrático o a veces se justifica uno autoritario, las dudas o no
respuestas de los habitantes del continente ante esta pregunta aumentaron: de 6%
en 2003, la duda subió a 13% en 2005.
Se valora la democracia como idea pero no la gobernabilidad de la democracia
La razón es que la activación de la sociedad busca una forma de gobierno que
canalice las demandas por bienestar e inclusión, que es lo que genera el malestar.
La democracia parece sólida, pero su desarrollo no es homogéneo en los países de
la región. La inserción global y la necesidad de reformas para crecer y ser
equitativos plantean desafíos para la gobernanza que cada país responde de manera
diferencial. A esto hay que agregar que las formas por excelencia de articulación de
intereses –los partidos políticos- no están representando adecuadamente los
intereses de la ciudadanía y aparecen actores no partidistas que buscan cumplir ese
rol. La caída del apoyo electoral a los partidos grandes en la región fue del 19,11%
en el lapso 1990-2002, y el nivel de confianza hacia los partidos políticos bajó de un
20% en 1996 a un 11% en 2003 (PNUD, 2004a). En algunos países como Perú y
Venezuela, ocurrió un desplome del sistema de partidos en los 90, mientras que en
otros como Brasil y Guatemala, se han creado nuevas formaciones políticas, en
Ecuador se ha atomizado el sistema de partidos y el foco está en la Presidencia, y en
Costa Rica se observa un cansancio de la población con el bipartidismo (Fundación
Konrad Adenauer/Polilat.com, 2005; Alcántara, 2001).
21
En síntesis, si en la economía y la sociedad se puede hablar de fortaleza en tanto
hay esfuerzos y resultados, en la política hay tensión, derivada de la fragilidad de los
gobiernos para darle cauce a las demandas de la sociedad. Los países
latinoamericanos y caribeños se mueven entre dicotomías como gobernabilidad
democrática-igualdad económica, elites e instituciones-lo popular y lo social,
instituciones formales-la informalidad, globalización-desarrollo nacional, capital
financiero-capital industrial. El problema para la política es ¿Cómo mantener la
democracia en momentos en que hay crecimiento económico y una activación de la
ciudadanía social, que se expresa en múltiples identidades, y que demanda cambios
en las estructuras de la sociedad? Esta pregunta es respondida de manera diferente
por los países, pero las respuestas se mueven en un continuo: autoritarismodemocracia (Siavelis, 2004).
La recuperación de la política para canalizar la conflictividad social
El reto político de los países del continente es la institucionalización de las fuerzas
políticas y la promoción de una cultura política democrática, que la arraigue
sólidamente, para lograr la gobernabilidad, y la emergencia de las diversidades
políticas, que buscan canalización política. Es decir, cómo evitar la pretorianización –
la participación fuera de los canales institucionales- crónica; y por otra parte, un
equilibrio y juego de poderes en el Estado, es decir, la democracia. La conflictividad
social en la región se mantiene estable, pero con pendiente positiva: en enero-abril
de 2004 se registraron 2.139 conflictos en la región, y en el lapso enero-abril de
2005, la cifra fue casi igual: 2.131 conflictos, con la emergencia de nuevos actores
sociales:
indígenas,
agrupaciones
de
ciudadanos,
desempleados
urbanos,
movimientos para la defensa de los recursos naturales (Seoane y Algranati, 2005).
Desde el punto de vista de la participación social, hay una diversidad de
organizaciones que hacen política, con diferentes grados de adhesión a los sistemas
políticos vigentes, pero que tienen como común denominador el deseo de cambiar
las estructuras de los países del continente. Algunas organizaciones políticas como el
MAS de Bolivia, han accedido al poder por la vía electoral; mientras que otras como
los zapatistas en México, postulan “redes de resistencia y autonomía” como una
manera de separarse de la política electoral y promover una política pos-racista y
pos-colonial. Entre estas opciones, se hallan movimientos que actúan dentro de los
22
marcos políticos de cada país, aunque con severos cuestionamientos como los
piqueteros en Argentina y el Movimiento de los Sin Tierra (MST), en Brasil.
Igualmente, hay espacios para el debate de posturas con vocación transformadora,
pero que difieren en las maneras sobre cómo hacer la transformación: el Foro Social
Mundial.
Las versiones de la democracia en la región
Desde el punto de vista político, puede decirse que en América Latina y el Caribe
parecen institucionalizarse dos formas de gobierno, con sus matices: democracias
delegativas que nacen o están en vías de institucionalización (por ejemplo,
Venezuela, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador) y democracias institucionalizadas
en proceso de reforma (por ejemplo, Brasil, Uruguay, México, Costa Rica y Chile).
Son, pues, dos ejes políticos: pretorianismo-canalización (sociedad) y delegacióninstitucionalización (gobierno).
Entre estos dos modelos, hay matices que sugieren diversas formas de
democracia. La delegación supone la personalización del poder en una figura
carismática o paternal, pero la ideología puede ser diferente en esa personalización:
más cercana a la derecha (Colombia), más hacia la izquierda (Venezuela), centrada
en referencias indígenas y étnicas (Bolivia, Ecuador, Perú), pero tienen en común
figuras en el poder o que lo disputan: Uribe, Chávez, Correa, Morales o, en actores
políticos como Ollanta Humala en Perú o el ex-obispo Fernando Lugo en Paraguay.
Igual ocurre con la democracia institucional que se caracteriza por la presencia
menos saliente de la figura presidencial y la existencia de sólidos sistemas de
partidos y mecanismos de balance institucional. Aquí también hay diferencias entre
los grados de adherencia ideológica: desde una Kirchner (y su esposo) que se acerca
a un patrón delegativo, la transición hacia la izquierda dentro de la concertación con
Bachelet en Chile (aunque la concertación muestra agotamiento), la versión
socialdemócrata uruguaya con Tabaré, el modelo de izquierda con globalización que
adelanta Lula en Brasil, el inicio socialdemócrata de Colom en Guatemala, o desafíos
sociales en gobiernos institucionalizados como República Dominicana, país que tiene
elecciones en mayo de 2008.
Aunque no puede hablarse de democracias sólidamente consolidadas –salvo el
caso de Costa Rica, aunque con un cansancio de la población hacia el bipartidismo-
23
pero tampoco pueden ubicarse en un tipo de democracia delegativa, están los países
de Centroamérica, en donde las opciones de centro-derecha tienen un espacio sólido
en el poder, con la excepción de Nicaragua y el arranque de un gobierno
socialdemócrata en Guatemala, pero en la que las opciones de izquierda tienen
posibilidades de acceder al poder.
Tensión en los indicadores de gobernanza
Tal vez lo anterior explique el comportamiento de los indicadores de gobernanza
política (CEPAL, 2005a). Acerca de la Estabilidad política, la región alcanzó -0,22/2,5
(Asia=0,76/2,5), lo que indica una baja estabilidad. Desde 1993, 14 presidentes no
han podido culminar sus mandatos (Latinobarómetro, 2005). El indicador Estado de
derecho tiene un valor de -0,43 (Asia=0,96) y el Control de la corrupción sumó -0,38
(Asia=0,86), aunque en este último indicador la percepción de los ciudadanos es que
hay una mejoría en materia de corrupción, al menos con respecto a 1992 frente a
2002. En este año la corrupción se percibió menor que en 1992 (Singh, 2005),
opinión que coincide con el Latinobarómetro en la tendencia positiva en este asunto:
en 2004 un 26% opinó que había progresos en la lucha contra la corrupción, y en
2005 esa cifra subió a 30 por ciento, y la percepción más alta fue en Colombia con
45% y la menor en Guatemala con 18 por ciento.
La percepción que el dinero de los impuestos está bien gastado por el Estado
aumentó de un 15% en 2003 a un 21% en 2005, una cifra modesta pero con
pendiente positiva. No obstante, para los latinoamericanos y caribeños, 68 de cada
100 funcionarios públicos son corruptos, con el valor más alto en Ecuador con 82%
y el más bajo en Uruguay con 41 por ciento (Latinobarómetro, 2005).
Los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial sugieren en el indicador
Control de la corrupción que la mayoría de los países de la región están en “amarillo”
(0,5-0,75/-2,5 y +2.5) y “naranja” (0,25-0,5), salvo tres países que están en “rojo
claro” (<0,1-0,25) que son Venezuela, Honduras, y Nicaragua, y uno que está en
“verde claro” (0,7-0,9): Chile (World Bank, 2007).
Posiblemente esta evidencia de una baja gobernabilidad se debe a que, frente a
la demanda de articulación política que hace la sociedad, los gobiernos tratan de
generar una forma política para responder adecuadamente a esta realidad, que es la
que causa el clivaje autoritarismo-democracia. Es valioso notar que para los
24
ciudadanos del continente los gobiernos no son el actor político más fuerte, sino que
el poder político lo tienen actores extra-estatales. Para los latinoamericanos y
caribeños, el sector económico y los medios de comunicación social ejercen más
poder que los gobiernos, con una percepción de 79,7% y 65,2% respectivamente
(PNUD, 2004a). En otro estudio, un 49% opinó que el gobierno tiene “más poder”
en 2005 frente al 57% que expresó lo mismo en 2003. Las grandes empresas, por
su parte, registraron 40% y 44% respectivamente, y los medios de comunicación
social con 15% y 17% respectivamente. Los partidos políticos registraron 39% y
34% respectivamente. Sólo dos actores estatales aumentaron la percepción de
poder de 2003 a 2005: el congreso al pasar de 22% al 24% y los militares que se
movieron de un 16% a un 18 por ciento. Aquí entra el aparato judicial el cual, en la
percepción de los ciudadanos, no ha mejorado: apenas 1/3 cree que la justicia
castiga a los culpables mientras que cerca de 2/3 opina lo contrario, y un 48% en la
región considera que “la justicia tarda pero llega” (Latinobarómetro, 2005).
Una mayor concentración de poder en el Ejecutivo
La mayor concentración de poder y personalización de la política que se observa
en los gobiernos del hemisferio es, como se dijo, una manera de responder a esta
realidad. Frente a la existencia de “poderes fácticos”, las instituciones del Estado se
blindan y se recentralizan para poder responder a las demandas ciudadanas, en un
mejor contexto económico, porque consideran que es el momento para avanzar en
el progreso de nuestros países, por lo que a veces se saltan procedimientos
democráticos.
Influye también en esta concentración del poder la disputa por la hegemonía
entre proyectos sociales en la región: entre los que postulan una “democracia
revolucionaria” (Venezuela), los que plantean volver a colocar en el tapete los temas
del desarrollismo de los 60 y los 70, bajo la idea del “nuevo desarrollismo”, como
Argentina y Brasil; o los países que buscan promover opciones de centro (en sus
versiones de derecha o izquierda): Uruguay y los países de Centroamérica, por
ejemplo. Lo cierto es que en nuestros países se libra, también, una “batalla por las
ideas” para definir un nuevo “bloque histórico” que oriente la dirección de nuestros
países en un mundo más globalizado, y esta “batalla” es, en líneas gruesas, entre
25
promover un mayor acercamiento a la globalización o adelantar un mayor
nacionalismo en los estados del continente.
Aquí entra la política internacional, ya que se van dando en la región diferentes
patrones de relación con el mundo. El parte aguas en este asunto son las relaciones
con los Estados Unidos, en donde se puede observar un mayor acercamiento por
parte de los países de Centroamérica, mientras que otros países buscan ser
interlocutores para negociar la inserción de América Latina y el Caribe en la
globalización, como Brasil, Chile, México, Argentina, Uruguay, los países del Caribe,
junto a otros que estrechan relaciones políticas y militares con los EE.UU: Colombia
y Perú. En otro grupo, están las naciones que han definido una postura de hostilidad
hacia los Estados Unidos como Venezuela, Bolivia y, en menor medida, Cuba y
Ecuador, que buscan colocarse en otros ejes de poder, mayormente Venezuela, para
estrechar relaciones geopolíticas con Rusia, Francia, España, India, China, e Irán,
como una manera de depender menos de los EE.UU.
De los Estados Unidos hacia la zona, la orientación es la búsqueda de aliados
estratégicos como Colombia, Perú, y Brasil, para vincularse con la realidad de la
región y un cambio en la política exterior de ese país, a partir del discurso del
“estado de la Unión” del presidente Bush en enero de 2006: menos unilateralismo y
menos aislacionismo, pero también se observa una “hostilidad infantil” al abordar los
casos de Venezuela y Cuba. Esta búsqueda de aliados incluye también a países no
latinoamericanos y caribeños: España, como gobierno iberoamericano, se considera
preferente para dialogar con el continente.
De un desinterés en la región porque se consideraba que no había cambios, la
tendencia actual en la administración norteamericana es a una acción más
estratégica y menos unilateral, con determinados países como interlocutores y
privilegiando foros diplomáticos como la OEA, los acuerdos comerciales, y las
cumbres entre los jefes de Estado. El comienzo del proceso electoral en los EE.UU –
que parece indicar que habrá un Presidente demócrata en 2009, que puede ser una
mujer o un negro; Clinton u Obama- indica que es muy posible que las relaciones
con América Latina tengan cambios no radicales, pero sí en la manera como los
americanos del Norte abordan sus consensos y disensos con los americanos del Sur
y el Caribe.
26
Ciudadanos que no tienen representación política
Por otra parte, la ciudadanía activada que tampoco consigue representación
política organizada, irrumpe en la esfera pública y presiona para obtener políticas
públicas, pero en la tensión entre el Estado y los poderes no estatales que produce
ingobernabilidad, los ciudadanos se han tornado menos democráticos, al privilegiar
valores como crecimiento económico exclusivamente y por encima del deseo de una
forma de gobierno democrática. Una visión materialista-pragmática, pero que se
considera va a permitir llegar al ansiado progreso. Esta dualidad de ejecutivos
fuertes y ciudadanías activas, es lo que genera inestabilidad ya que, al presentarse
la crisis por el no cumplimiento de las expectativas, los sistemas políticos no cuentan
con mecanismos institucionales para resolver las crisis de gobernanza. Es aquí donde
algunos plantean el debate entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario,
como un mecanismo institucional para superar crisis de gobierno sin que perezca la
democracia.
La preferencia por la democracia frente a otras formas de gobierno es alta, pero
ha caído con respecto a 1996: en esa fecha, la opinión era del 61% y en 2002, la
cifra fue de 57 por ciento. Un 48,1% de los “demócratas” de la región prefiere el
desarrollo económico antes que la democracia, y un 44,9% del mismo grupo,
apoyaría a un gobierno autoritario si resuelve los problemas económicos (PNUD,
2004a).
En la región, las personas pueden ser clasificadas en “demócratas” con un 43%
de la población, los “no demócratas” que totalizan un 26,5% de las personas, y los
“ambivalentes” con una cifra de 30,5%, que son personas que se mueven entre los
fines democráticos y el ejercicio autoritario del poder. Los habitantes de
Centroamérica y México son los más demócratas (46,6%) y los menos demócratas
se hallan en la región MERCOSUR y Chile (34,5%), mientras que los ambivalentes
están mayormente en la región andina (34,3%).
Esto refleja la topografía democrática de la región, que recoge los procesos
sociales y políticos que han vivido nuestros países. Posiblemente, el mayor nivel de
adhesión hacia la democracia en América Central sea resultado de dolorosas guerras
civiles y la experiencia, en el caso de México, de un partido hegemónico en el
gobierno desde la década del 30 hasta el año 2000. La ambivalencia en la región
27
andina tal vez ocurra por la crisis en los sistemas de partidos en países como
Ecuador, Perú, y Venezuela, lo que abre las puertas a un tipo de democracia
delegativa, con variantes para cada país, y esta forma de gobierno se mueve entre
la democracia y el autoritarismo. Finalmente, la adhesión menos democrática que
ocurre en Chile y los países del MERCOSUR se explique por el legado de los
regímenes burocráticos-autoritarios que vivieron esos países, especialmente
Argentina, Chile, y Uruguay.
La socialización política de los jóvenes
En este punto también contribuyen otras variables. Una importante es el tema de
la construcción de ciudadanías y la socialización política, ya que hay una presencia
no desdeñable de jóvenes entre los no demócratas. La juventud no recibe
referencias políticas ni mecanismos de participación, tampoco ve oportunidades para
su crecimiento personal y profesional, en un contexto postmoderno en donde todo
es relativo, lo que lleva a la construcción de mundos individuales, alejados de la
política y, como respuesta al abandono de aquélla, muchas veces con un sesgo
autoritario. Los jóvenes no tienen anclaje con el pasado y tampoco un proyecto a
futuro. Desde Cuba donde los niños de los 90 son los adolescentes de hoy, que no
sienten una fuerte adherencia hacia la revolución cubana, hasta el surgimiento de
Las Maras en Centroamérica, que son pandillas juveniles que establecen su identidad
por la pertenencia a estas bandas, y la violencia es su medio de comunicarse con la
sociedad (Rojas, 2005b).
Desde el punto de vista social, los grupos perdedores con los ajustes económicos
tienden a ser menos demócratas: las personas que han experimentado una
movilidad social descendente ven en los autoritarismos un camino para superar la
privación relativa, causada por los ajustes estructurales de los 80 que erosionaron,
principalmente, a la clase media y que, en la actualidad, mantienen el rechazo al
llamado neo-liberalismo.
Variedad en la unidad, y unidad en la variedad
Lo anterior plantea otro desafío ¿Hasta qué punto el no reconocimiento a la
diversidad cultural no amenaza la integración política? Y, desde otra perspectiva
¿Cómo hacer de la diversidad cultural una realidad incluyente? El punto es que si la
inclusión no es tolerante, nuestros países pueden ser testigos de secesiones de
28
partes de Estados (como está planteado en Bolivia) o formas de violencia colectiva
como manera de responder a la intolerancia de los gobiernos por la forma cómo
promueven la inclusión de los diferentes.
Una fortaleza es que la democracia goza de buena salud en la región. El índice de
Apoyo Ciudadano a la Democracia (IAD) es de 2,03 que significa una situación
favorable a la democracia (1=equilibrio entre demócratas y no demócratas;
0<1=situación precaria para la democracia), medida que encuentra soporte en otros
indicadores. Destaca que el mayor significado que los habitantes del continente le
atribuyen a la democracia son libertades (38%), seguida de elecciones (26%), y una
economía que asegure un ingreso digno (21%). El valor más alto en libertades es
Venezuela (69%), en elecciones son Bolivia y México (39% cada uno), y en una
economía que asegure un ingreso digno es Brasil (37%). Un 53% estima que la
democracia sí soluciona los problemas, mientras que un 37% dijo que no (PNUD,
2004a; Latinobarómetro, 2005).
Lo que lleva a la conclusión que la democracia como forma de gobierno es la
preferida, pero las tensiones se hallan en la gobernabilidad de la democracia. El
desafío es la gobernanza de la democracia, y esto pasa por la recuperación de los
partidos políticos. Un 54% piensa que no hay democracia sin partidos políticos y un
59% sin congreso, aunque cerca de un 1/3 considera que sí pueden ocurrir ambas
cosas. Puede decirse que los “críticos duros” de la democracia en la región
promedian el 30 por ciento. Esta es la debilidad de la democracia: deseada como
forma de gobierno, pero se desconfía de su capacidad para generar bienestar en
libertad, y esto da cuenta de la apuesta autoritaria en algunas partes de la región.
Un 66% considera que la democracia es el “único sistema” para ser un país
desarrollado, aunque esa cifra en 2004 fue de 72 por ciento. La percepción más alta
se halla en Venezuela (78%) y la más baja en Paraguay 49 por ciento
(Latinobarómetro, 2005).
Las tensiones delegativas y autoritarias se disminuirán en tanto la política en la
región regrese a lo que es: la representación de los intereses, y esto pasa por el
tema de los partidos políticos, que para los líderes de la región es el asunto central,
junto a las reformas políticas. Un 35,2% consideró que hay que reformar a los
29
partidos políticos, la opinión más alta en el tema de la agenda política para el
continente (PNUD, 2004a).
El reto es hacer que la democracia funcione y la vía es darle la capacidad para
canalizar demandas de bienestar y del crecimiento económico que ocurre en
nuestros países, y se le pide a los gobiernos que hagan esto, manteniendo
relativamente el criterio liberal de las libertades. De aquí la tensión comentada.
IV. En síntesis: integrar lo político, lo social, y lo económico
El reto de nuestros países es la integración de los tres procesos que están en
marcha: el económico, el social, y el político. Hoy caminan por rutas diferentes, y la
tarea es armonizarlos. Este es el desafío y el consenso en el continente: cómo hacer
de nuestro espacio geográfico un lugar para la vida buena de sus habitantes.
Aunque no lo parezca, esta es la búsqueda que se hace, y cada nación lo intenta
conseguir por su lado, lo que genera tensiones, no sólo internas sino externas, entre
los países del hemisferio. Hay una economía que superó la época de los
desequilibrios macroeconómicos y que parece agarrará con fuerza la idea de crecer y
de entrar, sin miedo pero en términos justos, a la globalización. Igualmente, hay una
sociedad activada, mayormente informal y culturalmente diversa, y unas políticas
sociales que con rezagos, han ido ampliando su cobertura y beneficios a la
población. Finalmente, la política no sabe cómo articular ni ser canal de
representación de las demandas de crecimiento económico con equidad, y se
producen tensiones producto del rezago en vislumbrar el modelo de gobernabilidad
para el Siglo XXI, una vez cumplida la etapa sustitutiva de importaciones y del ajuste
neo-liberal.
Lo que tienen en común los países del hemisferio es esta búsqueda de la vida
buena para sus ciudadanos, con fortaleza económica, solidaridad social, y
gobernabilidad política. Se diferencian en la manera en cómo quieren llegar a esa
común meta.
Lo anterior plantea un desafío y una amenaza. El primero, en tanto se avance en
un continente diverso pero con un propósito dentro del nuevo marco de la
mundialización; una América Latina y el Caribe con sus diferencias entre países, pero
integrada al mundo. Lo segundo, porque el riesgo que enfrentan las naciones
latinoamericanas y caribeñas es repetir un hecho histórico, que nace con la
30
Independencia: que cada país vaya por su lado, que aparezcan clivajes no sólo
internos sino entre los países: países más abiertos al mundo, países más cerrados;
naciones con una renovada democracia; naciones con menos democracia;
sociedades de derecha e izquierda, pero con versiones más innovadoras o
conservadoras de estas ideologías políticas; Estados que prosiguen con reformas y
Estados que las detienen y, en algunos casos, retroceden a momentos ya superados.
En fin, una América Latina y el Caribe con velocidades distintas y, en algunos casos,
con países más cercanos al mundo y otros más alejados del planeta, aunque estén
dentro de él. Una América Latina y el Caribe globalizada, pero fracturada en su
interior.
Hace 200 años, nuestros países lograron su Independencia, al precio de una
fragmentación de los nacientes Estados, cada uno son sus particularidades, pero
siempre con la idea de la unión de nuestros países. Hoy el desafío es similar: que se
mantenga la constante histórica de países fragmentados, ahora dentro de un
contexto global, o definir un propósito común como continente, que respete las
diversidades de cada país, y que tenga como objetivo nuestra presencia como
espacio de producción, diversidad cultural, y equidad dentro del concierto de países
del planeta. Lograr esto pasa por normalizar a nuestros países para que las
instituciones respondan a la sociedad, y esta es la demanda de la colectividad: que
la región sea el espacio para desarrollar su historia de vida, sin sobresaltos, pero con
la seguridad de lograr el bienestar, la equidad, el reconocimiento, y el trabajo
productivo.
V. Post Scriptum
Este ensayo se presentó por primera vez en enero de 2006 ¿Qué puede decirse
luego de dos años? Las tendencias principales en la región se mantienen: la
inserción dentro de una sociedad global, pero en términos de equidad y bajo formas
de gobierno democráticas. Todavía se sigue buscando el “sueño latinoamericano y
caribeño” de progreso, democracia, y libertad. Sin embargo, a diferencia de 2006, el
2008 será el año de la validación de los modelos políticos que se aplican en la
región. 2006 fue el año de la euforia. 2008, será el año de los resultados.
Los números macroeconómicos son favorables –aunque hay señales de
desaceleración de la economía a nivel mundial que tendrán impacto en América
31
Latina y el Caribe- y la microeconomía también tiene condiciones favorables. En lo
social, se mantiene el interés en los programas sociales, y se avanza en el
planteamiento de sistemas de seguridad social universales.
En la política es que el comportamiento es menos lineal, y más desafiante. Los
países del hemisferio han tomado conciencia de la globalización, y de la importancia
de no quedar al margen de este proceso, especialmente cuando en el llamado
mundo en desarrollo, se asume el desafío global. Van a la cabeza China e India,
pero le siguen países asiáticos como Vietnam, y en los países del Medio Oriente y
Africa, el tema es objeto de debate. América Latina y el Caribe tienen competencia,
no sólo dentro de los países llamados desarrollados, sino también con las naciones
que aspiran a mejorar su posición global. Esto plantea desafíos para nuestros países.
El continente ya no está solo.
El primero de ellos, es que el hemisferio tenga visibilidad mundial, más allá de ser
la tierra del “buen salvaje, y del buen revolucionario”. El espacio en donde se
experimenta con toda clase de utopías sociales y políticas. En los medios mundiales,
Asia, Africa, y el Medio Oriente, tienen más presencia que América Latina y el
Caribe, zona que mantiene su tradicional posición residual en la información
mundial. América Latina y el Caribe no son temas de interés en los medios
mundiales, como ocurre con otros países. En un mundo menos globalizado, tal vez
esta ausencia no tenía mayor importancia. En un mundo globalizado, sí la tiene. En
un buen número de foros mundiales, la presencia de los representantes de América
Latina y el Caribe no es tan intensa como la de representantes de Africa, Medio
Oriente, y Asia.
Por país, el panorama político es diverso, aunque lo que hay en común es que
hay una mayor cautela política. Los radicalismos no lograron imponerse en la región
en 2007. Lo que queda es un intenso proceso de diálogo entre los actores sociales
de los países, para promover cambios estructurales sin romper con la democracia y
sin caer en experiencias populistas. Las demandas de inclusión social y progreso se
mantienen, pero las maneras de lograrlas son diferentes. Ni el populismo de los 40,
ni la revolución de los 60, ni las dictaduras de los 70. El común denominador es que
los cambios se hagan en democracia y libertad.
32
Los modelos que planteaban cambios políticos con mayor velocidad y fuerza –
Venezuela y Bolivia- fueron detenidos por las sociedades de cada país. En el caso
venezolano, con la derrota a la propuesta de cambios a la Constitución impulsada
por el gobierno de Chávez Frías en el referéndum del 2 de diciembre; y en Bolivia,
con la amenaza de secesión de seis regiones del país.
Chávez Frías arrancó el 2008 con un cambio de gabinete, y la línea que parece va
a desarrollar es medir antes de actuar; a diferencia de 2007, en donde el gobierno
venezolano desarrolló una política de avasallamiento y de no dialogar con la
sociedad, que comenzó con el anuncio de cerrar el canal 2 de televisión en
diciembre de 2006, y culminó con la derrota de Chávez en el referéndum. La posible
cautela del gobierno, no debe entenderse como un cambio en las líneas estratégicas
sino, más bien, como un intento de lograr el apoyo de la sociedad para la reelección
indefinida de Chávez –el fondo de la reforma- pero por métodos diferentes:
midiendo, evaluando la respuesta de determinados sectores del país ante las
medidas del gobierno, para tratar de evitar una situación de aislamiento, que fue lo
que ocurrió en 2007.
En el caso de Bolivia, la amenaza de separarse del país de seis regiones, generó
fisuras en la coalición de gobierno, porque en el parlamento boliviano la fracción del
MAS solicitó al Presidente Morales dialogar con la oposición. Estos diálogos
comenzaron en enero de 2008, y es de esperar que contribuyan a generar una
agenda política gobierno-oposición, principalmente en el tema de la nueva
Constitución aprobada aunque no sometida todavía a referéndum, junto al tema de
la propiedad de la tierra y la descentralización. Morales ha tenido más prudencia
política que Chávez, y supo atajar las tensiones políticas en su momento de mayor
intensidad, sin llegar al desborde, como le ocurrió al venezolano. Lo que sigue es
demostrar que Morales tiene capacidad de diálogo y a la oposición, aceptar la
necesidad que tiene la sociedad boliviana –como todas las sociedades de la regiónde cambios estructurales.
En Ecuador, la constituyente de Rafael Correa goza del apoyo popular que todo
gobierno tiene cuando arranca. La oposición del congreso ecuatoriano se resolvió a
favor de Correa con el cese de los parlamentarios y del parlamento, y Ecuador
enfrenta el reto de no repetir los errores constituyentes de Venezuela y Bolivia. En
33
ambos, la pretensión hegemónica de imponer un proyecto de país, no tuvo éxito.
Rafael Correa tiene la tarea de mostrar que son posibles cambios de fondo, pero que
respeten las libertades y el pluralismo, y evitar lo que pasó en Venezuela –la no
aceptación del proyecto político de Chávez Frías por una parte considerable de la
sociedad- o como pasa en Bolivia, el rechazo a que se imponga una hegemonía
mediante la amenaza de separarse del país, que se intenta evitar con los diálogos
entre el gobierno boliviano y la oposición.
Ecuador puede ser el modelo que haya aprendido de Venezuela y Bolivia, y se
eviten las tensiones radicales, como ejemplo para países que pueden transitar el
camino constituyente. Por ejemplo, Paraguay, país en donde lanzaron sus
candidaturas el ex-obispo Fernando Lugo de tendencia radical, y el general Lino
Oviedo, quien representa el pasado militar en esa nación, país que tendrá elecciones
en abril de 2008.
De la región, posiblemente Paraguay pueda ser la nación que asuma una vía
constituyente para los cambios que requiere. Esta vía parece que ya pierde fuerza
en todos los países, salvo el caso de Ecuador.
En naciones como Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y Perú, los
gobiernos avanzan normalmente, aunque se observa un cansancio con determinadas
maneras de hacer política e instituciones, que puede presagiar innovaciones en el
futuro.
Brasil avanza en su modelo de globalización y de mantener las banderas de
izquierda, y se perfila como un actor mundial de peso, no sólo por el tamaño de su
economía, sino por el rol que va a jugar en materia de energía, con el desarrollo de
los biocombustibles y el anuncio del descubrimiento de grandes reservas de
petróleo.
El tema de la sucesión de Lula se perfila como el principal punto de la agenda
política brasilera.
Argentina arranca con el gobierno de la Presidenta Kirchner, quien mantiene un
razonable nivel de apoyo, y sus primeras acciones apuntan a mantener las políticas
desarrolladas por su esposo.
Chile muestra el cansancio que hay en la concertación. La Presidenta Bachelet
comenzó 2008 con cambios en su gabinete y en las regiones (intendentes), de
34
manera de lograr una mejor posición para las elecciones municipales de 2008 y las
presidenciales de 2009. La principal crítica que se hace a la gestión de Bachelet es
que no ha estado a la altura de las expectativas creadas a su llegada: mujer, hija de
un respetado oficial asesinado por la dictadura de Pinochet, con una visión social. Su
gobierno no ha sido mediocre, pero tampoco brillante. Es posible que la mandataria
busque reavivar la esperanza de los chilenos y chilenas en su gobierno, para
recuperar la opinión que tuvo al inicio de su mandato.
Perú es un éxito macroeconómico, aunque en lo social falta un mayor impulso.
Sin embargo, la gestión de Alejandro Toledo echó las bases para una mayor
institucionalización política y un desarrollo económico de importancia en el país
andino. La gestión de Alan García es evaluada de manera regular, pero ha
mantenido las líneas principales del consenso peruano: macroeconomía sólida,
progresivo desarrollo social, y mantenimiento de la democracia. La firma del TLC con
EE.UU plantea nuevos retos para la sociedad peruana, que mira al Norte pero
también al Pacífico.
Colombia ya no sólo tiene el reto de la violencia política de la guerrilla y de los
paramilitares. La creciente influencia del gobierno venezolano en la política
doméstica colombiana –detenida por el fracaso de Venezuela en gestionar la
liberación de tres personas secuestradas por las FARC- plantea la posibilidad de un
gobierno de izquierda, como resultado de las elecciones presidenciales del 2010. En
las municipales de 2007, la izquierda no tuvo un mal desempeño, y puede cuajar el
llamado “frente amplio”. El desafío del gobierno de Uribe Vélez es neutralizar las
influencias del gobierno de Chávez Frías para que, si eventualmente gana la
izquierda en los comicios de 2010, el nuevo gobierno no sea influenciado por la
política de Venezuela, y no tome el camino que siguió su vecino.
De los países de América del Sur, Colombia puede ser el que tenga más presión
de sus vecinos –Venezuela, Ecuador, Nicaragua- por ser percibido como el Estado
más pro-norteamericano de la zona, y los tres países mencionados lo evalúan como
una amenaza a sus respectivos proyectos internos y externos, en el caso de
Venezuela.
En Centroamérica, México superó la prueba que puso López Obrador al gobierno
de Felipe Calderón. Este logró mantener la gobernanza de ese país, contra muchos
35
pronósticos que indicaban que no tendría éxito. López Obrador vio deteriorarse su
credibilidad, especialmente cuando se supo que el político de izquierda tenía
resultados de encuestas a boca de urna que daban la victoria a Calderón, y ocultó
esa información el día de las elecciones.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega intenta revivir una política crítica,
pero mantiene los acuerdos con el FMI, y se colocó como aliado confiable de
Venezuela. Su gobierno no ha estado a la altura de las expectativas, por la
esperanza de cambio en lo personal que había en Ortega. Guatemala arranca con el
experimento socialdemócrata con Alvaro Colom, país que también puede ser vitrina
en cuanto a cambios de peso sin romper con la democracia, especialmente de signo
de izquierda, en una región muy marcada por la Guerra Fría entre los EE.UU y la
extinta URSS.
República Dominicana avanza hacia las elecciones presidenciales en mayo de
2008, con el Presidente Leonel Fernández, quien busca la reelección, y tiene
competencia en Miguel Vargas, candidato del PRD.
Cuba plantea el reto más interesante en el Caribe. Raúl Castro ha mostrado el
deseo de promover cambios dentro del socialismo, y muchos apuestan a que en
Cuba ocurrirá una transición similar a la ocurrida en China, aunque con una
aproximación al mercado más pausada, menos espectacular que la ocurrida en el
país asiático.
Las elecciones de los EE.UU en noviembre de 2008 y el comienzo de las
primarias, muestra que la sociedad americana busca cambios radicales en la
conducción de la política interna y externa. Hasta ahora, el tema de América del Sur
y del Caribe no ha tenido el peso debido en los pre-candidatos, pero destacan el
asunto de la inmigración y la energía. Lo cierto es que los EE.UU se focalizan en
lograr su independencia energética y, de ganar Hillary Clinton o Barack Obama, es
posible que las relaciones con el Sur sean diferentes a las que desarrolló Bush, e
incluyan temas distintos al energético o comercial con los TLC. Es probable un mayor
acercamiento a determinados países de la región y una evaluación de las relaciones
del país del Norte con Venezuela y Cuba, principalmente.
En síntesis, en 2008, América Latina y el Caribe entran en una etapa en que las
experiencias radicales parecen ser superadas. El ciclo que comienza no supone que
36
no habrán tensiones, pero indica que las sociedades de la región valoran que no es
posible un progreso social que ponga en riesgo la democracia y las libertades.
Venezuela es el primer ejemplo de ese imposible. Bolivia y Ecuador están a tiempo
de demostrar que es posible conciliar cambios con democracia.
Todavía existen franjas de la sociedad con una vocación autoritaria, pero la
tendencia actual sugiere una mayor mesura en la política, sin que eso implique ceder
u olvidar las necesarias reformas estructurales que requieren las sociedades de
nuestros países. No sólo por la demanda global –Asia, el Medio Oriente, y Africa
están allí- sino porque los habitantes en cada país han experimentado con la idea de
progreso, y es una meta buscada con intensidad.
Progreso, inserción global, y democracia, se perfilan como las tres orientaciones
que serán prioridad en la región para el futuro, y el 2008 estará signado por la
posible consolidación de este trío de manera sostenible, o su fracaso, lo que plantea
que América Latina y el Caribe puedan darle vuelta al reloj de la historia para probar
de nuevo con recetas fracasadas, pero que vendrían en nuevos empaques.
37
Cuadro 1
Selección de indicadores económicos, sociales, y políticos para América Latina y el
Caribe
Indicador
América Latina
México-Centroamérica
El Caribe
PIB
6,24%
5,54%
5,93%
Nivel de precios (2006)
7,03%
6,24%
7,9%
Desempleo (2006)
9,04%
6,38%
8,88%
Población bajo línea de
36,97%
39,26%
37,43%
IDH (2003)
0,79
0,74
0,77
Gini (2005)
0,51
0,52
0,41
3,72%
1,87%
3,10%
de
20,39%
20,51%
24,75%
como
13,90%
10%
13,78%
504,4$
358,4$
414,25$
4,75/10
5,15/10
3,82/10
0,11/2,5
0,07/2,5
0,11/2,5
-0,46
-0,17
0,17
-0,26
-0,28
-0,44
0,29
0,05
-0,12
Estado derecho (2006)
-0,51
-0,46
-0,5
Control
-0,27
-0,38
-0,59
Crecimiento
(2007)
pobreza (varios años)
Variación
per
PIB
cápita (2005)
Formación
bruta
capital fijo (2006)
Gasto
social
porcentaje
del
PIB
(2004-2005)
Gasto social per cápita
en US$ (2002-2003)
Indice de Desarrollo de
la
Democracia
(IDD,
2005)
Participación
y
responsabilidad (2006)
Estabilidad
política
(2006)
Eficacia
gubernamental (2006)
Calidad
regulatoria
(2006)
de
la
corrupción (2006)
Fuentes: CEPAL (2005ª, 2005c, y 2006); ECLAC (2006); PNUD (2005); World Bank (2005 y 2007); Machinea
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