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Los derechos sociales en tiempos de crisis
Aldatu zen azken eguna: 2012-09-20
I. Harresiak Apurtuz y la noción de sociedad de la que
se parte
La Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes–Harresiak Apurtuz, nace hace más de 15 años, con
carácter no lucrativo y con el fin principal de aunar fuerzas entre el incipiente movimiento social vinculado con las
migraciones y construir colectivamente una sociedad más respetuosa de los derechos de las personas inmigrantes.
Las entidades que hacen realidad la Coordinadora forman parte del llamado Tercer Sector de Acción Social, concebido
como ¿iniciativas en activo de la sociedad civil, con autonomía de gestión e independencia, de carácter no lucrativo y,
por norma general, voluntario; y que orientan su actividad a la intervención social en sentido amplio, lo cual implica que
tienen por finalidad la mejora del entorno social desde campos muy variados? (OTSBizkaia, 2011, pág. 7).
A lo largo de estos 15 años, los objetivos fundacionales de la Coordinadora se han vuelto mucho más fuertes y
coherentes. Hoy día ya son 63, las entidades sociales que la conforman. Estas, entidades de apoyo y asociaciones de
inmigrantes, se encuentran distribuidas a lo largo de la CAPV; con mucha más implantación en Bizkaia.
Diversidad y orientación transformadora
Dos son las características principales del entramado social que conforma Harresiak Apurtuz: por un lado, se trata de
entidades de apoyo y asociaciones de inmigrantes, con una orientación transformadora en sus acciones. Y, por otro
lado, con una composición y acción muy diversa, que favorece una contribución diferencial .
En primer lugar, el ¿reconocimiento? de este elemento transformador es lo que hace que cada una de las entidades sea
capaz de trabajar conjuntamente con las otras, a favor del bien común, del interés colectivo y desde el respeto. En ese
caminar cotidiano se viven acciones informativas, formativas, derivativas, folklóricas, lúdicas, de sensibilización y de
incidencia política, como partes fundamentales de un todo. Partes reconocidas por las personas, las asociaciones y la
Administración, como herramientas diferentes de encauzar distintas necesidades hacia un norte más o menos
consensuado.
Por otra parte, la diversidad que denota la composición y la propia cartera de acciones de las entidades de apoyo y las
asociaciones de inmigrantes, constituye otro elemento fundamental que da cuenta, de forma fiel, de lo que sucede en la
propia sociedad. Encontramos pues un movimiento social asimétrico, con una constitución diversa, un tamaño
heterogéneo, unos enfoques fundacionales distintos y que atienden a la diferentes necesidades de las personas
inmigrantes y en diferentes momentos de sus proyectos migratorios.
La conjugación de ambas características hace que el trabajo común solo sea posible si se logra construir una base
consensuada de la cual partir y si se trabajan de forma constante, los procesos de fortalecimiento, individual y grupales,
al tiempo que el empoderamiento y el reconocimiento mutuo.
Así pues, entre todas las entidades de apoyo y asociaciones de inmigrantes que forman parte de la Coordinadora, se
trabaja día a día por un objetivo común: la lucha por el mantenimiento de los derechos de todas las personas y, muy
especialmente, por la defensa de los derechos del colectivo inmigrante; en el empeño de contribuir en la construcción de
una sociedad más justa.
Pero si bien se parte de un ideal de sociedad abierta: inclusiva, justa, plural, intercultural, participativa y solidaria; no hay
que obviar las condiciones estructurales que marcan –de forma real– el contexto social en el que viven las personas
inmigrantes.
Un contexto desalentador
La Ley Orgánica de Extranjería y su reglamento regulador es la norma estatal que marca la vida y la posibilidad de
integración de las personas inmigrantes en el Estado español. Esta norma, reformada en 2009 (2/2009, de 11 de
diciembre) y puesta en marcha su reglamento en 2011, restringe los derechos de las personas inmigrante,
mercantilizando su estadía en el territorio español y negando derechos fundamentales como el de vivir en familia o
acceder regularmente a un puesto de trabajo.
En contexto de crisis, esta norma coercitiva se convierte en la justificación más utilizada para avivar discursos
xenófobos y racistas; al tiempo que para rechazar la permanencia de las personas inmigrantes en territorio español.
Pero no conformes con esta Ley Orgánica, hace unos pocos días el Gobierno Español ha decretado un nuevo recorte
en materia sanitaria, que excluye –aún más– a las personas más desfavorecidas. El Real Decreto-Ley 16/2012 ¿por el
que se establecen medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad
y seguridad de sus prestaciones?, ratificado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de mayo, dejará sin cobertura
sanitaria a las personas inmigrante en situación irregular, a partir del día 1 de septiembre del año en curso.
Entonces, ¿cómo seguir hablando de Estado de bienestar o de Estado de derecho social, si las y los propios
legisladores se encargan de dictar medidas restrictivas que siguen afectando a las y los más débiles?
Y como esto no solo pasa a nivel del Estado, en la CAPV también se ha vivido estos últimos años, retrocesos o paradas
importantes en las garantías mínimas sociales que se han alcanzado a lo largo de la lucha por los derechos sociales.
A final de la legislatura de 2008 se aprueban, la Ley de servicios Sociales y la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social; cuyo desarrollo reglamentario queda en manos del nuevo equipo de
gobierno. Bajo el paraguas de la primera se ha estado desarrollando la cartera de prestaciones sociales, el mapa de
servicios sociales, el plan estratégico y el sistema de copago. No obstante, al día de hoy, y con el fin de la legislatura en
puertas, parece que por fin se vislumbra un acuerdo de mínimos para sacar adelante la cartera de servicios sociales, del
cual todas y todos seremos usuarios y beneficiarios.
Por otra parte, la segunda Ley, que tiene que ver con la aplicación de la Renta de Garantía de Ingresos y los planes de
inclusión social, se reglamentó en 2010; sin embargo, a propósito de la transferencias de competencias al Servicio Vasco
de Empleo Público–Lanbide, sufrió una reforma en 2011 que sirvió para aumentar el requisito de empadronamiento para
acceder a la prestación social. Situación que afecta, directamente, a las personas inmigrantes en situación irregular.
De hecho, Ekain–Redes para la Inclusión Social (de la que forma parte Harresiak Apurtuz), denunció en ese momento a
través de una nota de prensa:
¿Las REDES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EUSKADI denuncian la situación de desprotección social a la
que se ve abocada una parte importante de la ciudadanía:
Con la excusa de una optimización del sistema vasco de bienestar social, la persecución del fraude y la limitación de la
solidaridad en tiempos de austeridad, se ha introducido un cambio fundamental en el espíritu de la Ley aprobada en 2008
con un amplio consenso político; que pasa de ser una apuesta por la protección y las garantías sociales, a ser un
elemento de criminalización de la pobreza.
Se han incrementado los requisitos de entrada y permanencia de las familias y las personas en el sistema de protección
social de Euskadi, atendiendo a criterios de eficiencia y economía presupuestaria, sin entrar a valorar las situaciones
globales que afectan a quienes están solicitando tal prestación?. (mimeografiado, 2011)
Así pues, la población inmigrante no solo se ve afectada por una Ley de Extranjería que le impide el acceso a un puesto
de trabajo hasta no cumplir 3 años de residencia y solicitar la documentación a través del arraigo, sino que esta
población ahora tiene que esperar también 3 años para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, único medio
que tenía hasta la fecha para poder llevar una vida digna; al tiempo que luchar contra el tope de ayuda por unidad
familiar, lo que supone una dificultad adicional en los temas de acceso a la vivienda y al empadronamiento.
Muchos han sido los argumentos esgrimidos por el Gobierno, Español y Vasco, para justificar los recortes sociales y las
leyes criminalizadoras. Desde la racionalización de los recursos hasta la lucha contra el fraude y, más recientemente,
contra el turismo sanitario. La realidad es que ¿gracias? a estas políticas sociales orientadas al recorte de prestaciones,
muchas más personas –que ya tenían una situación precaria– ahora se quedan en una situación de abandono y de
desprotección total.
En el siguiente apartado se abordará cómo se trabaja en Harresiak Apurtuz desde esta realidad tan poco halagüeña.