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Participación y control social
Sandra Jaramillo
Yo sueño con que nunca más se vacíen las calles.
Sueño con que aprendamos todos a asumir democráticamente los cambios.
Sueño con una sociedad reinventándose de abajo hacia arriba,
donde todos tengan derecho a opinar y no apenas el deber de escuchar.
Este es un sueño históricamente viable,
pero demanda que la gente anteayer hubiese descruzado sus brazos
para reinventar esa sociedad.
Paulo Freire
Introducción
La palabra participación ahora más que nunca es utilizada en forma indiscriminada
en documentos oficiales o no, que se ponen a tono con los logros alcanzados por los
movimientos sociales en la nueva Constitución y la construcción del Quinto Poder del
Estado, todo lo cual plantea dilemas complejos con respecto a la realidad de la
participación en el país y el o los sujetos sociales existentes.
De hecho, la participación solo es posible con personas reales frente a situaciones
concretas que exigen la expresión colectiva del grupo para su definición; de lo contrario, es
una palabra vacía que puede ser utilizada con levedad como un requerimiento semántico de
documentos, que pretenden legitimación para tener sustento. Por ello es importante
identificar a los sujetos que en un momento determinado forjaron la historia o la
determinaron a partir de su participación, en el marco de relaciones de poder que inclinaron
la balanza en una dirección u otra.
La presente reflexión se realiza a partir de un breve análisis histórico de los sujetos
emergentes, situaciones políticas y coyunturales y logros alcanzados, y de experiencias de
participación social en el campo de la salud, que nos permitan comprender lo que ha pasado
con la participación en el Ecuador y sus profundas limitaciones.
1
I.
Participación social en el Ecuador
Para el historiador ecuatoriano Jorge Núñez Sánchez las relaciones de poder
definidas durante la guerra de la Independencia, han determinado la construcción de la
República del Ecuador hasta nuestros días, lo que ilustra de manera clara en su obra el
Patriotismo criollo.
Para Núñez, “la gloriosa campaña de la Independencia dio nacimiento a una
república injusta, que colocó a las mayorías nacionales al margen de la vida pública y de
los derechos políticos”.1 A lo largo de su obra Núñez explica que el advenimiento de la
República garantizó la continuidad de una sociedad esclavista que encontró en la mano de
obra del pueblo indígena, negro, mulato y cholo, la estrategia para consolidar su incipiente
economía en manos de los grupos de poder, que se habían apropiado de la tierra y los
medios de producción del país emergente.
Movimiento indígena
El huasipungo fue abolido en la década de los 60 en pleno siglo XX, como rezago
de la esclavitud a la que fue sometido el pueblo indígena desde la Conquista, por lo que no
ha de sorprender que las primeras movilizaciones sociales sean llevadas a cabo por este
pueblo, incluso antes de la constitución de la República.
Entre los innumerables levantamientos indígenas Núñez nos refiere el del
Corregimiento de Riobamba 1764, Otavalo 1776, Atuntaqui y Cayambe 1777, Guano 1778
y uno de los últimos antes de la Independencia, el de Riobamba en 1803. Lo que resulta
paradójico es que las milicias de blancos y mestizos conformadas para someter y asesinar a
los indígenas insurrectos serán posteriormente el germen del ejército libertario, quedando
claro que la movilización social surge en el marco del ejercicio y la lucha por el poder;
apenas en 1990 se llevará a cabo el levantamiento indígena más significativo de la historia,
que posiciona a este pueblo como sujeto político en el entramado mapa político del
Ecuador, incorporando la plurinacionalidad y la interculturalidad como un modelo de
Estado y una nueva sociedad aun incomprensible para la mayoría de ecuatorianos.
1
Jorge Núñez Sánchez, El patriotismo criollo. De la Colonia a la República, Colección Bicentenaria. Quito, 2009.
2
Según Cano2 la organización del movimiento indígena, tal cual la conocemos en la
actualidad, se inicia en los años 20, se consolida en los años 40 con la conformación de la
Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), promovida por el Partido Comunista, y
legitimándose en forma definitiva con el apoyo de la Iglesia progresista de los años 60,
periodo en el que destaca la presencia del “Obispo de los Indios”, Monseñor Leonidas
Proaño.
El nivel organizativo alcanzado por el movimiento expresa una creciente capacidad
de organización de las comunidades ahora agrupadas en la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986. La CONAIE agrupa a
la mayoría de organizaciones a nivel nacional, y está compuesta por tres confederaciones
regionales que son su pilar fundamental: CONFENIAE, ECUARUNARI y COINCE.
A pesar del debilitamiento ocurrido en la última década, el movimiento indígena no
ha dejado de ser uno de los más importantes y representativos del país.
Paralelamente al movimiento indígena a partir de 1965, las organizaciones
indígenas, campesinas y negras se han organizado alrededor del la Confederación Nacional
de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN.
La
FENOCIN
inicia
su
trayectoria
como
Federación
de
Trabajadores
Agropecuarios, FETAP en 1965; en 1968 se constituyen como Federación de
Organizaciones Campesinas FENOC; para 1988 se integraran a la organización grupos del
sector indígena constituyéndose como Federación Nacional de Organizaciones Campesinas
Indígenas, FENOC-I; en 1999 con la integración del pueblo Afro se conformara
Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN
constituyéndose en el principal referente de unidad de los campesinos, indígenas y
afroecuatorianos del país.
Sus luchas durante los años 60 y 70 girarían alrededor de la Reforma Agraria y el
derecho a la Tierra, siendo un importante puntal de lucha contra el Neoliberalismo hasta la
actualidad.
La FENOCIN es una organización con presencia nacional constituida por 60
uniones y federaciones de segundo y tercer grado. Para esta organización la lucha por la
2
Víctor Hugo Cano A., “Movimiento indígena del Ecuador: el proceso de incorporación como actores socio políticos del
país y su relación con la seguridad nacional”, tesis para optar por el diploma superior en Democracia Política y Seguridad;
FLACSO sede Ecuador, p. 100, 2005, disponible en http://hdl.handle.net/10469/530.
3
soberanía, la igualdad, la justicia, y un justo y equitativo reparto de la riqueza es su
principal objetivo.3
Movimiento obrero
El movimiento obrero nace con el aparecimiento del capitalismo dependiente en el
Ecuador, una vez que se definen las clases dominantes caracterizadas por grupos de
terratenientes de corte tradicional en la Sierra y una elite-financiera-comercial terrateniente
en la Costa, siendo los representantes de estos grupos “quienes han disfrutado del acceso
directo a la elaboración de políticas públicas y económicas hasta la actualidad”.4
La actividad agroexportadora y bancaria permitirán el surgimiento de una clase
obrera ligada a una rudimentaria industria y los grupos de gremios y artesanos que se
formarán en la Sierra y en la Costa desde finales del siglo XIX (Sociedad Artística e
Industrial de Pichincha 1892), cuya ideología será sostenida por los partidos Socialista
(1926) y Comunista (1931).5 La emergencia de la clase obrera permitió el posicionamiento
de un nuevo actor social que ha protagonizado jornadas de lucha que enfrentaron las
políticas económicas emitidas por los grupos de poder en defensa de sus intereses y en
detrimento de las grandes mayorías.
Uno de los eventos más dramáticos en la lucha del naciente movimiento obrero del
Ecuador fue la masacre del 15 de noviembre de 1922, en la que las masas explotadas se
rebelaron en el marco de la crisis económica del país por la caída del precio del cacao,
siendo masacradas en las riberas del río Guayas. El escritor Joaquín Gallegos Lara, en su
obra las “Cruces sobre el Agua”, ilustra de forma magistral este acontecimiento.
El fortalecimiento del movimiento obrero a partir de la década de los 30 permitió la
formación del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), que tendría un papel protagónico
en la redistribución de la tierra, reivindicaciones laborales y el retorno a la democracia en
3
FENOCIN, Consolidación organizacional, revolución agraria, interculturalidad, soberanía alimentaria,
Construcción del socialismo. 41 anos de existencia.
4
Lisa North, “Militares y Estado en Ecuador: ¿construcción militar y desmantelamiento civil?”,
Departamento de Ciencia Política y Centro de Investigación en Latinoamérica y el Caribe (CERLAC), York
University, julio 2006.
5
Germán Rodas, Partido Socialista. Casa adentro. Aproximación a sus primeras décadas, Quito, La Tierra, 2006.
4
los 70.6 Lamentablemente el protagonismo del movimiento sería frenada por la política
neoliberal implementada en los 90 por los grupos de poder, la corrupción sindical y la
fragmentación del movimiento determinada por intereses de grupos.7
Movimiento de mujeres
El movimiento de mujeres, de más reciente formación, se manifiesta en el escenario
político en forma sostenida a partir de 1980. Sin embargo la presencia de la mujer
ecuatoriana ha sido crucial en la historia del país. Incluso antes de la lucha de la
Independencia se destacan las figuras de Manuela Sáenz, “La Coronela”, Manuela Espejo,
Rosa Zárate, entre otras; en la segunda década del siglo XX, Matilde Hidalgo de Prócel se
convertirá en la primera mujer en alcanzar un título universitario, convirtiéndose en la
primera médica, sufragista y diputada del país. Gracias al tesón de Matilde, el Ecuador fue
el primer país de América Latina en aprobar el derecho al voto femenino, el 9 de junio de
1924, a pesar de no contar con un movimiento sufragista. Gracias al tesón de Matilde, el
Ecuador fue el primer país de América Latina en aprobar el derecho al voto femenino el 9
de junio de 1924, a pesar de no contar con un movimiento sufragista .8
De igual forma se destacan dirigentes indígenas cuya trayectoria política marcaron
hitos en la conformación del movimiento indígena del Ecuador, entre las que sobresalen,
Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, fundadoras de la FEI, en 1944. en la actualidad
muchas mujeres de este pueblo se distinguirían como dirigentes sociales y políticas, en
distintas regiones del país.
Sin duda Nela Martínez es una de las más grandes exponentes del movimiento
feminista en el Ecuador; se destacó por ser una luchadora incansable por los derechos de la
mujer, la justicia y el respeto a los derechos humanos; luchó contra las injusticias y
diferencias étnicas y contra la intervención extranjera; es la más grande internacionalista
ecuatoriana y luchadora incansable contra el imperialismo norteamericano.
6
Daniel Suárez, “Poder popular, movimientos sociales y proyecto político en Ecuador”, Encuentro sobre Experiencias de
Poder Popular en América Latina, Sao Paulo, 26 al 30 de octubre de 2000.
7
Ibíd
Cecilia Jaramillo, “El 8 de marzo y la lucha de las mujeres trabajadoras por su liberación y el socialismo”,
El Hoy ¿?, 21 de marzo de 2006.
8
5
El movimiento de mujeres, a través de sus organizaciones, ha posicionado el tema
de los derechos políticos de las mujeres con la ley de cuotas fundamentalmente, y los
derechos sexuales y reproductivos; ha tenido un papel protagónico en la elaboración de la
Constitución de 1998 y en la de 2008; sin embargo las posiciones divergentes con grupos
de derecha, e intereses de grupo al interior del movimiento, han disminuido su capacidad de
incidencia en defensa de sus derechos, sin dejar de constituirse en un actor social
importante que ha irrumpido en el escenario político e institucional del país.
Otros movimientos
Junto a estos actores sociales han surgido movimientos barriales, estudiantiles, de
ciudadanos y otros ligados a intereses de grupo o de partidos políticos, constituyéndose en
el capital social del país, con la capacidad de derrocar presidentes –en determinadas
coyunturas─ como fue el caso de Bucaram, Mahuad o el célebre Lucio Gutiérrez.
En general, las formas de participación política en el Ecuador han sido atomizadas,
heterogéneas y segmentadas, fácilmente manipuladas por líderes populistas (José María
Velasco Ibarra o Abdala Bucarám) y partidos políticos dominados por las élites9 regionales.
Ejemplo de lo afirmado es el caso del populismo vinculado a sectores comerciales e
inclusive gansteriles liderados por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE); el de la derecha
oligárquica con vínculos con el sector financiero, agroindustrial y proveedor de servicios
privados al Estado, liderada por León Febres Cordero y el Partido Social Cristiano (PSC);
la Democracia Cristiana (DP) –responsable de la crisis económico-bancaria más perversa
que ha vivido el país─; la socialdemocracia, liderada por Rodrigo Borja y la Izquierda
Democrática (ID),10 así como los demás gobiernos de turno (Alarcón, Noboa, Mahuad,
Gutiérrez), ligados todos a los grupos de derecha encargados de fraccionar aun más los
movimientos sociales y posicionar el neoliberalismo como estrategia político-económica y
como modelo de la sociedad.
¿A quién ha beneficiado este juego de poder en el que las grandes mayorías no
tuvieron un representante ni mecanismos que garantizaran su presencia deliberante y
9
Lisa North, op. cit.
10
Daniel Suárez, op. cit.
6
decisoria? La respuesta es obvia: a los grupos de poder que han convertido al Ecuador en
uno de los países más inequitativos de Latinoamérica. La realidad actual sólo es el reflejo
de los orígenes del país caracterizado por la desigualdad y las diferencias de clase de las
sociedades capitalistas que han depredado el planeta, llevándonos al caos y a una situación
sin retorno, en la que las grandes mayorías han sido excluidas de los espacios de poder y de
sus derechos. Mil doscientos millones de hermanos muriendo de hambre en la Tierra es una
vergüenza para la humanidad, lo que debería cuestionar la pertinencia de las sociedades
capitalistas y el reino del mercado.
Si es que el análisis de la participación social nos lleva al terreno de la política, es
claro que las respuestas en la actual coyuntura ─en la que la Constitución aprobada en
septiembre de 2008 plantea la participación social como un derecho inalienable─, la
pregunta es: cuánto poder esta decidido a ceder el partido de gobierno de la Revolución
Ciudadana en la administración del Estado y a quién va ceder el mismo, toda vez que son
evidentes las graves deficiencias encontradas en el país con respecto al sujeto social y la
falta de un proyecto político aglutinador y convergente.
Más allá de ello, ¿cederán sus privilegios en función de la construcción de una
sociedad más justa y participativa los grupos de poder que han influido e influyen en la
política de Estado y que detentan el poder económico, y cuyos intereses son representados
por el gobierno? La respuesta es predecible: para el gobierno es más fácil plantearse la
explotación de los recursos mineros con las graves consecuencias para la naturaleza,
declarada como “sujeto de derecho” en la nueva Constitución, lo que ha generado la
oposición de los pueblos indígenas guardianes de la misma, y de otros sectores de la
sociedad, que promover la redistribución de la riqueza manejada por pocas manos y
presente en las grandes haciendas agroexportadoras, el sector financiero y la industria,
evidenciándose una estructura de poder casi impermeable que sigue influyendo en la
política ecuatoriana a pesar de las “buenas intenciones” del presidente Correa. Por ello no
sorprende el interés del mismo en la construcción de una base social que defienda las
propuestas del Gobierno.
En este contexto, la participación ciudadana deja de ser enunciado y se convierte en una
estrategia política siempre y cuando se promueva la construcción de un sujeto político con
poder de tomar decisiones e incidir en la política nacional de acuerdo a los intereses del
7
pueblo al que representa y en defensa del bien común. Ello supone ceder poder, aprender a
escuchar y construir una nueva sociedad en la que la igualdad de oportunidades combata la
pobreza y la delincuencia, producto de la misma.
II.
Movimientos en el campo de la salud
Lo sucedido en el sector salud en estos últimos 20 años nos da claves importantes a
partir de las experiencias del Seguro Social Campesino; las consultas nacionales llevadas a
cabo por el Consejo Nacional de Salud (CONASA), la realización de los congresos por la
salud y la vida; y los comités de usuarias/os de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a
la Infancia.
Seguro Social Campesino
La seguridad social constituye la antesala del seguro social campesino y el
movimiento social que lo salvaguarda.
Su consolidación como un derecho de los trabajadores abarca un periodo que va de
1922 hasta la actualidad. Se inicia en 1928 con la expedición de la Ley de Jubilación,
Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa; en 1938 se expide código del trabajo; en 1942 la
Ley del Seguro Social Obligatorio; en 1963 se efectiviza la fusión de las Cajas de Previsión
y la conformación de la Caja Nacional del Seguro Social; culminando con la creación del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 1970 durante la dictadura del doctor
José M. Velasco Ibarra.
11
Con la Constitución de 2008 la seguridad social en el país se
fortalece y cuenta con el respaldo jurídico que garantiza el cumplimiento de este derecho
alcanzado por los trabajadores y “extendido a la población urbana y rural con
independencia de su situación laboral”.12
Si bien el Seguro Social Campesino se consolida en el marco de la seguridad social,
la intención de proteger a la población del campo inicia en 1936 con la Ordenanza General
11
Luís Cueva Eguiguren, "El seguro social campesino: apuntes para su historia", en (periódico?), 1993.
En el Art. 369 de la Ley de la Seguridad Social se define la universalidad del seguro social obligatorio y su
extensión a toda la población.
12
8
de Misiones Sociales, destinada a proteger a la población rural a través del Instituto
Nacional de Previsión; la aprobación del Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas
en 1938, y los esfuerzos de varias personalidades, como Carlos Andrade Marín, Pablo
Arturo Suárez, Víctor Gabriel Garcés, Plutarco Naranjo, Benjamín Carrión, entre otros.13
Sin embargo no será sino hasta septiembre de 1968 que se expide la Resolución A91 del Instituto Nacional de Previsión, en la que se aprueba el Plan Piloto del Seguro Social
Campesino para iniciar la atención en 4 comunidades campesinas del Ecuador. En 1973,
durante el gobierno de Rodríguez Lara, se amplían las coberturas a través del Decreto No.
307; para finalmente en noviembre de 1981, durante el gobierno de Oswaldo Hurtado “la
Cámara Nacional de Representantes, expide la Ley de Extensión del Seguro Social
Campesino, la misma que fija los recursos necesarios para su financiamiento, y consolida la
estructura burocrático-administrativa que, dentro del IESS, debe conducir todo el esfuerzo
necesario para la incorporación definitiva del campesino a la seguridad social del país.”14
El 9 de agosto de 1988 adquiere vida jurídica la Federación Única de Afiliados al
Seguro Social Campesino (FEUNASSC), organización que con 21 años de existencia y
2.800 organizaciones afiliadas, se ha constituido en el principal defensor de la seguridad
social y el seguro social campesino en el país.
La FEUNASSC ha protagonizado varias marchas en defensa y fortalecimiento del
SSC, constituyéndose en el principal defensor de la seguridad social frente al
neoliberalismo y su perverso plan de privatización en la década de los 90, teniendo un papel
protagónico durante la elaboración de la Constitución de 2008.
Actualmente, la población afiliada al SSC es de 923.841 personas y la jubilada,
25.000; 581 dispensarios, 321 médicos, 106 odontólogos, 17 enfermeras, 585 auxiliares de
enfermeras, 49 trabajadores sociales y 141 administrativos.15 Sin embargo aún existen
falencias en la atención de los afiliados/as y la resolución de sus problemas. De igual forma
se reconoce en este espacio de organización social la influencia del MPD y su particular
forma de hacer política.
13
14
Ibíd.
Ibíd.
15
Ibíd.
9
Sistema Nacional de Salud y congresos por la salud y la vida
El CONASA, creado en 1980 como instancia asesora del MSP, con la promulgación
de la LOSNS en el año 2002, emerge como el espacio articulador de las instituciones que
forman parte del Sistema Nacional de Salud a nivel local y nacional, a través de la
conformación y funcionamiento de los consejos cantonales y provinciales de salud, en los
que se garantiza la participación de la ciudadanía en forma paritaria como lo estipula la
Ley. Ha sido la institución encargada de organizar y ejecutar los congresos por la salud y la
vida, como espacios de consulta nacional a través de los cuales se ha logrado posicionar
temas relacionados con la construcción del SNS y la emisión de políticas públicas.16
Los congresos por la salud y la vida llevados, llevados a cabo en el 2002, 2004 y
2006, se constituyeron como espacios de consulta nacional; en el del 2002, por ejemplo, se
aprobó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud que facultaba la construcción del
sistema; en el congreso de marzo de 2009 se buscó avanzar en la definición del espacio
como uno de toma de decisiones, otorgándosele el carácter vinculante de las resoluciones,
que serian aprobadas por más de 800 participantes de todo el país.
El congreso fue un éxito; sin embargo, por efecto de las resoluciones tomadas en el
marco de la construcción de la nueva institucionalidad del Estado, el Ministerio de Salud
Pública pasó por alto el compromiso adquirido con la ciudadanía y el carácter vinculante de
las resoluciones no pasaron de ser una ilusión para quienes creímos en el proceso,
convirtiéndose así la participación ciudadana en una palabra hueca y sin sentido para
quienes detentan el poder, tal vez porque estas resoluciones afectaban a los intereses de los
grupos a los que representan o porque la validez técnica de las mismas no coincidía con la
propuesta de los mandos medios comprometidos con las autoridades de turno, deseosas de
mantenerse en los espacios alcanzados a como dé lugar. Poco interesan los derechos y
necesidades del pueblo al que dicen servir y al que ni siquiera se toman la molestia de
escuchar.
Actualmente el CONASA está en proceso de desaparición, perdiéndose la
oportunidad histórica de conformar el Sistema Nacional de Salud y consolidar espacios de
participación a través en los consejos cantonales y provinciales de salud, a pesar de que
Sandra Jaramillo A., “Documento introductorio”, Foro Nacional de Consejos Cantonales y Provinciales de Salud,
realizado los días 16 y17 de julio de 2009.
16
10
estos espacios actuaron como instancias que promovieron la construcción del poder
ciudadano, incluso antes de la aprobación de la Constitución del 2008.
Comités de usuarias/os de
la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia
Al cerrar la presente exposición me referiré a una experiencia exitosa que dejó
lecciones aprendidas y claves importantes para consolidar formas de participación
ciudadana; ésta fue la veeduría realizada al Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, uno de
los más importantes del país, como un ejercicio de control social por el Comité de Usuarias
de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia de la Zona Norte de Quito. La
veeduría se llevó a cabo con el apoyo de la entonces Comisión de Control Cívico de la
Corrupción, la Universidad Andina Simón Bolívar, La Unidad Ejecutora de la Ley de
Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, y otras instituciones, lo que da cuenta que los
procesos de participación social requieren del apoyo técnico y político del Estado y que su
transformación en un Estado participativo implica el trabajo conjunto de funcionarios y la
ciudadanía.
La LMGYAI, aprobada en 2000 y en ejecución desde 2001, definió el marco
jurídico para la conformación de los comités de usuarias, encargados de vigilar la
aplicación de la ley en todo el país; esto permitió la construcción de una ciudadanía
consciente de la importancia de intervenir en el espacio público para garantizar el ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niños menores de cinco años; es así
que en el periodo comprendido entre septiembre de 2006 al 2007, el Comité de Usuarias /os
de la Zona Norte de Quito, llevó a cabo la veeduría en el HGOIA. Este ejercicio de control
social evidenció no solo los problemas que enfrenta el hospital, sino las graves deficiencias
del Sistema de Salud del Ecuador, siendo una muestra de que la ciudadanía apropiada de
herramientas técnicas es capaz de interactuar con los profesionales y prestadores de los
servicios, evidenciando aspectos técnicos y políticos que impiden la construcción y el
ejercicio del derecho a la salud en el país. El carácter técnico de la veeduría le dio
legitimidad política y la capacidad de implementar correctivos que garantizaran la mejora
11
en la calidad de la atención de las madres que acuden al hospital y de sus hijos/as recién
nacidos. Aunque tuvo un límite en los problemas estructurales del país.
El hecho de que la veeduría se basó en la negociación, consenso, identificación de
intereses y el trabajo conjunto personal de salud/ciudadanía, generó un proceso de
enriquecimiento mutuo. La ciudadanía, a más del aprendizaje obtenido, tomó conciencia de
los problemas fundamentales del hospital y el sector; y el personal de salud constató las
brechas existentes en la aplicación de la ley y la necesidad de contar con apoyo ciudadano
para reducirlas.
A partir de la ejecución de la veeduría realizada al HGOIA se iniciaron veedurías en
los hospitales Pablo Arturo Suárez y Vicente Moscoso de Cuenca y en las aéreas de salud 8
y 3 de Quito, las que no llegaron a concluirse por la falta de marco jurídico una vez que se
amplió el derecho a la salud con la nueva Constitución y la falta de compromiso del Estado
para la construcción de un nuevo sujeto social.
Los hombres y mujeres que participaron en el proceso se formaron y adquirieron
conciencia política, identificando el espacio público como uno de encuentro con los
funcionarios responsables de la implementación de las políticas públicas, sintiendo por
primera vez su propio poder en la construcción del poder ciudadano, lo cual implica un
salto cualitativo en la conciencia y la redistribución del poder en el espacio público. A
partir de esta experiencia se puede considerar que a futuro los procesos de participación en
el país ya no se desarrollarán en el campo de la confrontación sino en el de la construcción
del espacio público, para lo que se requiere de ciudadanos comprometidos con la
participación social como parte de su cultura y de su vida diaria, y políticas de Estado que
garanticen recursos para la formación ciudadana y su gestión en escuelas, servicios de
salud, municipios, instituciones de control, etc., salvaguardando, la autonomía de las
organizaciones sociales, por sobre los intereses particulares de los grupos de poder. Como
reza en las resoluciones del IV Congreso por la Salud y la Vida aprobadas por las 24
provincias del país.
De esta manera, el hogar, el barrio, la parroquia, el cantón, la provincia y la región
se constituyen en espacios donde la organización social encontrará su hacimiento. La
participación social no es solo responsabilidad de los diferentes actores sociales
representados por un porcentaje pequeño de la población, ni tan solo de las instituciones del
12
Estado encargadas de la construcción del V Poder del Estado, sino que ella es tarea de los
trece millones de ecuatorianos.
La participación social exige por parte del Estado la distribución del poder con el
pueblo soberano, lo que implica la construcción de un nuevo Estado participativo,
multinacional y pluricultural y una sociedad diversa aun por descubrir, constituida
por sujetos de derecho artífices de su destino.
No permitamos que los logros alcanzados en términos jurídicos con la nueva
Constitución, se conviertan en letra muerta. La historia juzgará nuestras acciones, esta
generación es la responsable del cambio, ya no podemos dejar de observar, escuchar y
actuar.
Bibliografía
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14