Download Uruguay: ¿Qué futuro? - Corredor de las Ideas

URUGUAY: ¿QUÉ FUTURO?
Wilson Nerys Fernández
Como muchos de ustedes saben, nuestra área particular de trabajo es la de las relaciones
internacionales y, en particular, la de la inserción internacional del Uruguay. En esta ocasión,
aprovechando esta participación en el “Corredor de Ideas del MERCOSUR”, quiero presentar una
serie de preguntas sobre cuestiones que me preocupan particularmente. Es decir, no vine a dar
respuestas sino, en el marco de estas jornadas, a hacer públicas mis dudas, mis incertidumbres.
Pensar en cómo habrá de ser la inserción internacional del Uruguay en el futuro mediato
implica, como primera tarea, procurar desentrañar de qué manera se va a resolver la actual
encrucijada de caminos a la que actualmente se encuentra enfrentado nuestro país, cuando no son
pocos los indicadores (cuantitativos y cualitativos) que nos están poniendo en cuestión un elemento
básico inicial: Uruguay, ¿tiene futuro como Nación?. Hasta hace pocos años el “ser” uruguayo, pese
a la juventud del Estado, no estaba en discusión. Más allá de las diferencias acerca de cuales habían
sido los hechos y los momentos fundacionales de la Nación, una serie de elementos conjugados
daban consistencia a una manera de ser que, más allá de las muchas semejanzas con los vecinos del
otro lado del Río de la Plata, nos identificaba como una entidad nacional aparte, diferenciada. Eran
años en los que los uruguayos aparecían como los más optimistas de América Latina y en los que los
triunfos de Montevideo y Maracaná iban unidos a la frase de que “como el Uruguay no hay”. Estaba
vigente la idea de la “excepcionalidad” del caso uruguayo.
Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Y ya no podemos hablar de
crisis, como en los sesentas y setentas: vivimos en crisis desde hace más de cuatro décadas, la crisis
es nuestro estado normal. Lo de ahora es más grave, es una situación, si se me acepta la expresión,
donde está en juego la vida o la muerte del Estado-Nación. Los geopolíticos basados en las
corrientes biologistas parten de la base de que los Estados nacen, crecen y mueren. Pues bien, pocas
veces como ahora la coyuntura en la que se halla inmerso el país y las respuestas que ante ella se
den desde los planos político, económico y social pueden ser tan determinantes de los escenarios
futuros que podrían preverse.
La década de los ochenta fue llamada la “década perdida para el desarrollo”. Pero, ¿y los 90?
Aún sin nombre, la situación económica, política y social se agravó, producto en buena medida de la
aplicación de las políticas neoliberales en nuestros países. Todos los Estados-miembro del
MERCOSUR enfrentan, como consecuencia de ello, graves, gravísimos problemas. Pero, una vez
más, la “excepcionalidad del caso uruguayo” –planteo que muchas veces molesta en el exteriorvuelve a estar presente: en esta ocasión, es su pequeñez territorial y demográfica –temas que son
conocidos pero que las sucesivas administraciones políticas no tratan seriamente- la que le vuelve
más frágil que al resto de los países del área. Por ello es que, en este abordaje nos proponemos
plantear algunas de las cuestiones que, ineludiblemente, deben ser atendidas si se quieren procurar
respuestas positivas para el futuro de este país y de sus habitantes.
1) Un primer problema a considerar es la "brasilinización" (o “latinoamericanización”) del
Uruguay. En un seminario efectuado a mediados del mes de noviembre y destinado a hacer un
primer balance de la gestión de los nuevos líderes del MERCOSUR, Benicio V. Schmidt, profesor
de la Universidad de Brasilia y uno de los intelectuales más reconocidos del hermano país, realizó
un par de menciones a este hecho. Decía el Prof. Schmidt que, hasta no hace demasiado tiempo, el
venir a Uruguay (y lo mismo ocurría cuando se iba a Argentina) era, para los brasileños, hacer un
viaje hacia un futuro mejor, hacia un modelo de desarrollo posible y más justo que el imperante en
su país, era ir hacia una sociedad más igualitaria y más democrática. Pero, agregaba, en los últimos
años los dos países del Plata involucionaron, se "brasilinizaron", en el peor sentido del neologismo:
auge del informalismo y el ambulantismo, niños en situación de calle, hurgadores no sólo de
deshechos para luego vender sino -más terrible aún- para comer, mendicidad, violencia, etc.
Uruguay hoy es un país en el cual la mitad o más de la población declara tener problemas de
empleo, donde la pobreza ha llegado a niveles anteriormente desconocidos, en el que los
asentamientos irregulares han crecido hasta límites inimaginables hace poco tiempo, y donde la
inseguridad es la consecuencia inevitable de tal situación. Un informe periodístico de noviembre
pasado señalaba que en nuestro país hay más de 180 empresas dedicadas a brindar seguridad. Y los
barrios residenciales montevideanos se pueblan de rejas. Nos vienen a la memoria los versos de
Horacio Guarany, cuando decía "estamos prisioneros, carcelero, yo de estos torpes barrotes, tú del
miedo". La salida a esta crítica situación -se ha planteado reiteradamente- depende de mejorar la
inserción internacional del Uruguay. Y hacia ese objetivo se han abocado todos y cada uno de los
gobiernos posteriores al período dictatorial.
En 1990, cuando comenzaba a plantearse el tema de la integración subregional, Felipe
Herrera decía, en un foro desarrollado también aquí en el Paraninfo de la Universidad, que un país
de apenas tres millones de habitantes, para sobrevivir en un conglomerado de doscientos millones,
tenía que destacarse por su nivel educativo. Hoy en día tenemos que, a la pérdida de capital social e
intelectual que supone la masiva corriente emigratoria registrada en los últimos años, se agrega que
el mantenimiento de la tasa bruta de natalidad en el Uruguay se debe a los nacimientos ocurridos en
hogares pobres y, especialmente, originados en madres pobres adolescentes, cuya participación en el
sistema de educación formal se da apenas en los niveles más bajos del mismo. Eso nos augura un
muy complejo panorama para el futuro.
Por otra parte, si analizamos las tendencias que en el ámbito demográfico se están dando
tanto en el país como en la región nos hallamos con que Uruguay tiende a ser un país vacío. Más allá
de la fuerte corriente emigratoria de los últimos años, las estadísticas demográficas demuestran que
la cantidad de niños que habitualmente nacen en un año en el Uruguay es similar a la que lo hacen
en Brasil en un día. Y que, mientras nuestro país se estancó, también los otros socios del
MERCOSUR, si bien con distintos ritmos, siguen aumentando sustancialmente sus respectivas
poblaciones. Para no dejar de ser nostálgicos, volvamos al año de Maracaná: en ese momento, había
25 ciudadanos brasileños por cada uruguayo; hoy en día la relación trepa a 51 a 1. Y si bien la
densidad de población aún sigue siendo relativamente baja en toda la región, los espacios
geográficos vacíos, cuando no son hostiles a la presencia humana, tienden a ser ocupados con el
tiempo. Y si no son uruguayos, otros vendrán a hacerlo. Ya la propiedad de la tierra, ante la inercia
gubernamental y pese a los reclamos que periódicamente se hacen en el Parlamento, está pasando a
manos de personas físicas y jurídicas extranjeras. Y es muy probable que en el futuro esta tendencia
siga creciendo. Los cuadros que adjuntamos a continuación son bien ilustrativos sobre estas
tendencias: en 50 años, Uruguay aumentó un 50 % su población, Argentina la duplicó y Brasil y
Paraguay más que la triplicaron.
Cuadro 1
Población de los países del MERCOSUR. Años 1950, 1960, 1980 y 2000, en millones de
habitantes
PAÍS
1950
1960
1980
2000
17,150
20,616
28,094
37,032
Argentina
53,975
72,742
Brasil
1,488
1,842
Paraguay
2,239
2,538
Uruguay
Fuente: World Population Prospects. The 2000 Revision
121,618
3,114
2,914
170,406
5,497
3,337
Cuadro 2
Porcentaje de crecimiento de la población de los países del MERCOSUR respecto del año 1950
PAÍS
1950
1960
1980
2000
100
120%
164%
216%
Argentina
100
135%
225%
316%
Brasil
100
124%
209%
369%
Paraguay
100
113%
130%
149%
Uruguay
Fuente: World Population Prospects. The 2000 Revision
Con estos datos como trasfondo cabe preguntarse nuevamente si el tamaño de la población
es, para estos países, un problema o un atributo positivo. Por un lado tenemos el caso de Brasil, que
con sus 170 millones de habitantes es el más poblado de América Latina. En él la pobreza de
grandes capas de su población se manifiesta en forma de insuficiencias alimentarias, sanitarias, de
vivienda decorosa, de educación suficiente, de trabajo e ingresos, de niñez en la calle, etc., todo ello
acompañado de manifestaciones de violencia individual y social. Aquí podría tener asidero aquellos
planteamientos que señalan que hay que romper con el círculo de reproducción de la pobreza, y que
para ello deben aplicarse políticas de población restrictivas, de modo de no seguir produciendo
pobres y poder atender con mayores recursos a los que ya están en este mundo. Se argumenta que la
torta es finita y si siguen habiendo más bocas para alimentar, cada una recibirá menos. El
crecimiento de la población obliga a crear más hospitales y centros de salud, más viviendas, más
escuelas, más fuentes de trabajo, más establecimientos geriáticos, y los recursos no alcanzan para
dar a todos una vida digna.
Pero por otro tenemos los casos de Argentina y, ya en el extremo, de Uruguay. Ambos países
fueron, en cierto modo y hasta no hace demasiado tiempo, excepcionales dentro de América Latina:
sociedades bastante integradas, politizadas, con fuerte presencia de las clases medias y con escasos
problemas en alimentación, educación, salud, trabajo e ingreso. Sin embargo, las políticas
económicas de las últimas décadas han llevado a ambos países a las actuales crisis, en las cuales el
rasgo más miserable y vergonzante de la misma es el hambre que padecen gran proporción de sus
niños, hambre en países que históricamente han sido productores de alimentos. La niñez, y con ella
el futuro de estas dos naciones, está hipotecada.
La pauperización e inclusive la marginación de gran parte de estas dos sociedades es un
fenómeno nuevo. La educación dejó de ser un elemento de ascenso social, la desindustrialización
acentuó los problemas de empleo y la desesperanza cundió como reguero de pólvora, al mismo
tiempo que se incrementaron los problemas de seguridad, los cuales han llegado a grados no
conocidos anteriormente. En estos dos casos, a diferencia del de Brasil, tenemos que los recursos
públicos sólo deben atender a poblaciones relativamente escasas. Pero si en el pasado hubo
sociedades relativamente igualitarias, ahora las desigualdades son crecientes y muy notorias. El
capital intelectual formado en ambos países enriquece cada vez más a las sociedades desarrolladas,
hacia donde emigran ante la posibilidad de trabajar en sus países. Y en un país como Uruguay, que
se está despoblando (¿desintegrando?), la falta de un mercado interno, por la ausencia de
consumidores –es decir, de población suficientemente numerosa con ingresos suficientes para poder
consumir-, es señalada (y reclamada) como una gran limitante de las posibilidades de crecimiento de
la economía y de desarrollo del país.
2) Otro tema importante que nos interesa considerar tiene que ver con el Uruguay y los
números mágicos. Cuando el gobierno de Luis Alberto Lacalle justificó públicamente la necesidad
de incorporar a nuestro país al naciente acuerdo de integración argentino-brasileño, por el cual se
dio origen al proceso de puesta en marcha del MERCOSUR, el discurso oficial insistía
machaconamente en que esto nos abría las puertas a un mercado de "200 millones de
consumidores". No hace demasiado tiempo, el Presidente Jorge Batlle hacía referencia a que quería
ver "nueve mil carnicerías que vendiesen carne uruguaya" en las ciudades estadounidenses, tal como
Venezuela tenía gasolineras que vendían su producto. Ahora, la panacea viene de la mano de un
"acuerdo sobre inversiones" con Estados Unidos, habida cuenta que todos sabemos (y asumimos)
que sin inversión no hay crecimiento del producto ni, especialmente, del empleo.
Pero es falso que el MERCOSUR tenga 200 millones de consumidores, como lo demuestran
claramente tanto los tímidos avances del Programa "Hambre Cero" del Presidente Lula –pieza
política central de sus primeros meses de gobierno- como las múltiples manifestaciones y
declaraciones del pueblo y gobierno argentinos, país donde más de la mitad de la población ha
venido viviendo en los últimos tiempos de diferentes formas de caridad. Aquellos son los números
de la población total, pero lamentablemente son muchos los que, por sus niveles de ingreso, no
consumen. El diario Clarín, de Buenos Aires, señalaba días pasados que según las cifras oficiales del
Censo del INDEC del 2001, que se acaban de procesar, en los años noventa se perdieron en ese país
un millón y medio de puestos de trabajo (“verdadera radiografía del retroceso ocupacional y laboral
de la Argentina de la década del 90”, dice el periodista) y que, actualmente, más de un 40% de los
que tienen trabajo “se desempeña en negro”. Destaca, asimismo, que el importante incremento de la
población activa –con una presencia mayoritaria de mujeres- se basa en buena medida en la
destrucción de fuentes de trabajo y deterioro salarial ocurridos en esos años. En el caso de Brasil,
por su parte, el IBGE desagrega el nivel de ingreso de la población en deciles y, de acuerdo con su
información, apenas 3/10 de los brasileños podrían ser considerados como verdaderos consumidores
de una economía de mercado. Los pobres, sabido es, consumen poco, aunque el mismo tiende a
centrarse en el rubro alimentos. Y el 10% más rico de la población brasileña, poseedor de la mitad
del ingreso total del país, no consume de manera proporcional a sus entradas el reducido grupo de
bienes que puede exportar Uruguay.
Tampoco podemos tener 9.000 carnicerías vendiendo carne uruguaya en Estados Unidos,
porque la cuota que nos asigna su gobierno es de apenas 20 mil toneladas -igual que la de Argentina,
con un stock ganadero cinco veces superior, y esa cifra obedece no a la extraordinaria capacidad
productiva de nuestro país en relación con nuestro vecino rioplatense sino a que los intereses de los
grupos económicos estadounidenses vinculados al sector agropecuario así lo imponen a su gobierno,
como veremos más adelante. En un país donde el Gobierno decide otorgar anualmente 180 mil
millones de dólares de subsidios a sus productores agrícolas, pensar seriamente que se puede
penetrar las políticas proteccionistas allí existentes es una utopía, por decirlo suavemente.
Además, en las condiciones (edáficas, climáticas y de manejo) en que se da la producción
pecuaria uruguaya, los excedentes exportables (que por sus dificultades de colocación externa se
distribuyen en más de 70 países) son limitados por las formas de explotación utilizadas. El campo
uruguayo tolera un número limitado de cabezas de ganado (el stock ganadero bovino oscila, desde
hace décadas, entre 8 y 10 millones de cabezas de vacunos) y cualquier aumento de las
exportaciones de carne, por ejemplo, se ha traducido inmediatamente en escasez de la oferta del
producto para el mercado interno y en el aumento subsiguiente del precio de los saldos cárnicos
remanentes y de aquellos otros sustitutos que, como el pollo o el pescado, podrían compensar dicha
menor oferta. Ya en los años sesenta y setenta el país vivió el absurdo de que los habitantes de
Montevideo, para consumir ciertos cortes de carne, debían contrabandearlo desde el otro lado de las
“fronteras” departamentales de Canelones y San José. Fueron los años de la recordada “veda” al
consumo de carne vacuna.
La seguridad alimentaria, es decir, la capacidad de producir los alimentos necesarios para
abastecer el consumo nacional, es un tema de interés nacional para países como los Estados Unidos,
según ha manifestado el propio Presidente George Bush. Pero en nuestro país no sólo no lo es sino
que, de acuerdo con las políticas impulsadas en los últimos años desde el Gobierno nacional, el
interés pasa en asegurarles a aquellos, los ciudadanos estadounidenses, una mayor oferta de carne
vacuna.
El interés de los consumidores uruguayos y de sus proveedores inmediatos, los pequeños
empresarios carniceros, queda postergado ante el mayor peso que las empresas frigoríficas
habilitadas para la exportación tienen entre los encargados de tomar las decisiones en el gobierno
quienes, amparándose en el argumento de que existe riesgo de reingreso de la fiebre aftosa, se
niegan a la importación de carne argentina y brasileña para abastecer, a menores precios, al mercado
local. El hegemónico discurso económico neoliberal repetido en los últimos años en nuestro país,
que abogaba por la apertura de mercados porque ésta generaría mayor bienestar para los
consumidores al poder éstos acceder así a bienes mejores y más baratos, obviamente olvidó estas
“distorsiones” del funcionamiento de la economía. Claro que es sabido que la realidad no es un
supuesto de los modelos aplicados.
Y cuando se sale hablando del establecimiento de un acuerdo sobre comercio e inversiones
entre Estados Unidos y nuestro país, es necesario tener en cuenta qué cangrejo se esconde tras la
piedra, porque ¿cuál puede ser el interés de establecer acuerdos de este tipo entre la hiperpotencia
mundial y un pequeñito país como el nuestro?
3) Importa, entonces, tener en cuenta cuáles son los objetivos económicos y comerciales de
los Estados Unidos. Las resistencias a otorgar una cuota mayor que la que ya cuentan tanto Uruguay
como otros países de similar calidad en productos cárnicos obedece a los intereses de los
productores ganaderos estadounidenses y de los frigoríficos de aquel país, y se mantendrá sin
mayores cambios porque allí rigen las VER (Voluntary Export Restrictions) y las OMA (Orderly
Market Agreement), que se mantienen en la nueva Ley Comercial de 2002, al igual que las llamadas
"Sección 301", "301 Super" y "301 Especial” que han habilitado la aplicación de salvaguardas para
su industria siderúrgica mediante la discriminación a las importaciones de aceros procedentes de
varias naciones de América Latina y Europa, lo que recientemente motivó un fallo adverso de parte
de la propia OMC. Otro ejemplo lo tenemos en la “Ley de Seguridad Agrícola e Inversiones
Rurales” (HR 2646), de mayo del 2002, por la cual se autorizó al gobierno estadounidense el
desembolso de subsidios por valor de 180 mil millones de dólares anuales y por el lapso de diez
años.
Sabido es que nadie es más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que no quiere
ver: la propia prensa que opera como vocera de los sectores empresariales del agro uruguayo
publica, recientemente, un reportaje a Larry Birns, Director del Council on Hemisferic Affairs
(COHA), quien dice que
“Los productos uruguayos no son mejores ni más baratos que los que se producen con
subsidios en Estados Unidos. Es probable, además, que la concreción de un acuerdo de
comercio bilateral entre ambos gobiernos, a pesar de los volúmenes relativamente
pequeños de la producción uruguaya, genere un conflicto de proporciones con los
agricultores estadounidenses. Estos seguramente van a contar con el apoyo de los
congresistas, sobre todo del Partido Republicano (...) con el agravante de que las
exportaciones uruguayas compiten más con los productos agrícolas subsidiados de
Estados Unidos.”
El tema arancelario, en el caso de los Estados Unidos, es un asunto menor. Si nuestras
exportaciones (o las argentinas, o las brasileñas, etc.) no entran a ese mercado en mayor medida no
es por las tarifas aduaneras: aquí lo que importan son las cuotas, las medidas fitosanitarias y de
carácter técnico, las que entran dentro del abanico de protecciones demandadas por aquellos sectores
de la actividad estadounidense que no son competitivos con los productos procedentes del exterior y
que, en función del accionar en lobbies, tienen el poder suficiente como para imponer sus criterios
en la adopción de las políticas comerciales por parte de su gobierno. Estos sectores están
principalmente vinculados a la actividad agropecuaria y a industrias productoras de bienes
estandarizados.
Pero hay otros asuntos: recordemos que desde las negociaciones que dieron origen a la
OMC, los Estados Unidos han logrado incorporar a la discusión internacional, como asuntos de
negociación comercial, algunos de los temas que más le preocupan desde hace tiempo y que tratan
de aquellas áreas donde sí son ampliamente competitivos en función de su desarrollo
científico-tecnológico: el comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual (Trade
Related Intellectual Property Rights, TRIPs), la reglamentación de las inversiones extranjeras
(Trade Related Investment Measures, TRIMs) y las compras gubernamentales, entre otros. En tanto
no se alcanzan acuerdos de carácter global, su propósito es ir estableciendo convenios bilaterales
que vayan sentando precedentes para la negociación mayor.
Todas las medidas de política comercial y relativas al comercio aplicadas por el Gobierno de
los Estados Unidos son congruentes con: a) sus objetivos en las negociaciones desarrolladas tanto en
el ámbito del GATT/OMC como en otros foros regionales y bilaterales; b) aquellas políticas
comerciales destinadas a la búsqueda de mejorar el posicionamiento comercial norteamericano; c)
asegurar su acceso a los mercados de los otros países; d) incorporar los nuevos temas que son de su
interés y e) defender las ventajas competitivas que en ellos poseen y que son derivados en gran
medida de su superioridad tecnológica y financiera.
Ninguna referencia hay a la apertura de su mercado a los productos extranjeros. Y con
relación al central tema del empleo, un muy reciente informe del Carnegie Endowment for
International Peace reseñado por el New Yor Times concluye que el NAFTA falló en general un
crecimiento sustancial del empleo en México, afectó gravemente a miles de campesinos y tuvo un
efecto neto “minúsculo” (entrecomillado en el artículo) en el empleo en los Estados Unidos.
4) Por último, está la pérdida de rumbo de la política exterior uruguaya. Luego de la salida de
la dictadura, los sucesivos gobiernos que tuvo nuestro país alcanzaron, hasta la llegada de Jorge
Batlle a la Presidencia, un relativo consenso en la dirección de la política exterior, al punto que
pareció haberse alcanzado una política de Estado al respecto. Varias figuras prestigiosas se
sucedieron al frente de la Cancillería, y las desavenencias surgidas tenían en ocasiones más que ver
con hechos del pasado o con el gasto del Servicio Exterior que con la conducción de las relaciones
exteriores. Durante la Administración de Luis Alberto Lacalle se dio la firma del Tratado de
Asunción por el cual se creaba el MERCOSUR, la que fue avalada y ratificada por la casi totalidad
de integrantes del Poder Legislativo. Las escasas voces opositoras, provenientes especialmente de
grupos minoritarios de la oposición de izquierda y de la central sindical, poco a poco se fueron
transformando en un apoyo crítico, en la medida en que una percepción inicial que vinculaba al
MERCOSUR con la “Iniciativa para las Américas” del entonces Presidente de los Estados Unidos,
George Bush padre, se fue diluyendo.
Volcados los gobiernos a generar nuevos mercados y a lograr un aumento sustantivo de las
exportaciones, el nuevo modelo de política exterior pareció centrarse en el sistema llamado de los
“círculos concéntricos” que se hizo patente durante la gestión del Canciller Héctor Gros Espiell:
primero la subregión, luego la región latinoamericana, recién después los otros mercados externos.
Pero en eso llegó a la Presidencia el representante del Partido Colorado, el Dr. Jorge Batlle. Y éste,
desde su campaña electoral, ya fue dando indicios de una ruptura con la conducción anterior: duras
críticas a Francia y a la Unión Europea, a Brasil y al MERCOSUR.
Estas actitudes fueron luego continuadas y reforzadas durante su mandato, con un progresivo
distanciamiento de los socios del MERCOSUR –distanciamiento que viene haciendo eclosión en
estos últimos meses- y un alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos que no sólo
ha provocado la sorpresa –cuando no la conmoción- de todos los sectores políticos de nuestra
sociedad sino que, en medio del desorden y la falta de claridad en que se mueven nuestros
representantes diplomáticos, también ha afectado la propia credibilidad externa de nuestro país en
los foros internacionales. Esto sólo puede entenderse como un capricho presidencial, derivado de un
pasado ideológico y familiar caracterizado por la enemistad con el Peronismo argentino, el
distanciamiento del Varguismo brasileño y la afinidad con las políticas típicas de la Guerra Fría que
la Embajada de Estados Unidos impulsaba en los años de la juventud del actual Presidente, cuando
su padre conducía los destinos del país y del Partido Colorado.
El apartamiento de la política de principios sustentada por las administraciones anteriores
post-dictadura, único sostén que puede dar sustento y honorabilidad internacional a un pequeño país
como el nuestro, carente de otro tipo de fortaleza, ha dejado al Uruguay a la deriva. Aunque esta es
una figura retórica, ya que la geografía seguirá estando ahí, y la historia nos seguirá marcando. Y
ellas nos ligan con Argentina y con Brasil en lo inmediato, y con la Europa latina en lo más mediato.
No con el mundo anglosajón. La alianza propiciada desde la actual Presidencia nos enfrenta a
nuestros vecinos, y sus anunciados beneficios no son nada evidentes. He ahí la encrucijada en la que
nos ha metido la actual Administración.
Montevideo, marzo de 2004.