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CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO.
INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO
HACIA UN NUEVO ÓRDEN MUNDIAL,
JUSTO Y ESTABLE.
Colección
Propuesta alternativa
Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática
H. Cámara de Diputados LV Legislatura
1
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
LV Legislatura de la Cámara de Diputados
Coordinadora: Dip. Rosa Albina Garavito Elías
Vicecoordinador: Dip. Gilberto Rincón Gallardo
Responsable del Área de Comunicación Social: Dip. René Bejarano Martínez
Congreso de la Unión s/n, Colonia El Parque
México, 15920, D.F.
México
Grupo Parlamentario del PRD
Integración económica para el desarrollo:
Hacia un nuevo orden mundial, justo y estable
Colección Propuesta alternativa
Primera edición: septiembre de 1992
Primera reimpresión: diciembre de 1992
Edición: — Área de Comunicación Social
Grupo Parlamentario del PRD
Coordinador editorial: César Chávez Castillo.
Impreso y hecho en México
Colección Propuesta alternativa es una línea editorial del Grupo
Parlamentario del PRD de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, tiene como propósito rescatar y profundizar el proyecto de
la revolución democrática que responde al reto de la modernización con la
defensa y la puesta al día de las conquistas históricas del pueblo mexicano: la
soberanía, la justicia social y la democracia. Con esta colección, el Grupo
Parlamentario del PRD intenta romper las barreras a la discusión amplia y
democrática de los grandes problemas de la agenda nacional.
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Índice
Prólogo
4
Democracia y nuevo orden económico
9
Por un mundo de mujeres y hombres iguales y libres
19
Un llamado a la acción
24
Hacia un internacionalismo humanista y fraterno
29
La agenda de la soberanía, la justicia y la democracia
37
Iniciativa continental de desarrollo y comercio
42
Un pacto continental y una integración viables
51
Construyamos una alternativa integral al TLC
59
Canadá y México, unidos en la misma suerte
68
Las fuerzas políticas emergentes en América Latina
74
La cooperación económica en América del Norte
82
La democracia al alcance de la mano
86
Igualdad, progreso y derechos humanos
93
3
Prólogo
El mundo cambia aceleradamente. Las mercancías y los productos que
inundan los mercados son distintos, y diferentes las formas de producirlos. La
revolución tecnológica en la que el hombre se encuentra empeñado se convierte en
el sustrato de un nuevo orden mundial. Las fronteras políticas ya no corresponden
con las fronteras económicas los mercados nacionales se internacionalizan cada
día. El espacio de la economía trasciende el espacio de la política; mercados
laborales antes protegidos hoy se regulan para reconocer la internacionalización in
situ de los trabajadores; la empresa y el capital, antes constreñido en alguna región
de un país determinado, hoy se extiende a través de los continentes; el impacto
ecológico del uso y abuso de los recursos naturales hoy viaja como un nuevo
fantasma que se cierne sobre el planeta. Las obras del hombre son cada día más
universales, aunque para serlo pareciera que tuviera irremediablemente que
destruirlas.
Cada día es más frecuente ver como desaparecen naciones, como cambia la
geografía política del orbe. De la forma en que cada país resuelve el reto de
insertarse en el nuevo orden mundial, depende su futuro como nación
independiente. Cada recomposición del perfil político del planeta lleva detrás una
historia particular, pero en cada una de ellas encontramos una constante: su
fortaleza o debilidad frente a los embates de la competencia mundial. Existen dos
formas de resolver inadecuadamente el reto: suponer que el desafío no existe y
entonces levantar murallas comerciales o dejar intocadas las que ya existen; la
otra, resolver el desafío con prisas, confundir integración con subordinación.
Ambas salidas falsas conllevan el espejismo de los resultados inmediatos que a la
postre significan sacrificio de soberanía y, en el extremo, desaparición del mapa
político.
El Partido de La Revolución Democrática nace como una alternativa real de
poder, y como tal tiene una propuesta elaborada para responder al desafío de la
reinserción en el mercado mundial. Su proyecto alternativo no se restringe al de un
país soberano, democrático y justo dentro de las fronteras nacionales el PRD
postula también la necesidad de nuevos órdenes continental y mundial, más justos
y por lo tanto más estables.
4
En el PRD existe la convicción de que estos reordenamientos tienen que
pasar por una nueva correspondencia entre las hegemonías económicas y las
políticas. Entiende que la modernidad mundial —como en el espacio nacional—
exige que cada fuerza política ocupe el lugar que le corresponde, y que esta
correspondencia se encuentre en función de la fortaleza económica, que es
también fortaleza histórica, cultural y social.
En el ir y venir cotidiano hoy se percibe la intención humana de hacer del
planeta la gran casa universal, la casa para todos. No se explicaría de otra manera
el empeño por producir en el menor tiempo posible la mayor cantidad de
mercancías y servicios, el volumen creciente de intercambios de productos y
personas; no se encontraría otra razón en el desarrollo de las telecomunicaciones,
de los transportes, de las nuevas tecnologías. Este amplio esfuerzo constructivo de
acercamiento entre naciones, de acortamiento de distancias, de reducción de
tiempos, encuentra fuertes obstáculos y graves contradicciones en el afán
persistente de la destrucción que acarrea las guerras, de la depredación por la vía
de las economías y el agotamiento de recursos naturales que se traducen en
hambrunas, insalubridad, pérdida total de expectativas.
En estas tendencias opuestas, no existe espejismo alguno: los dos
fenómenos son reales, la carrera cotidiana por construir la casa para todos, y el
frenesí diario por destruirla. En el proyecto del PRD se encuentra una propuesta
alternativa para resolver la aparente paradoja, que no es otra que la lacerante
realdad internacional que sufrimos todos los días. Para el PRD, el esfuerzo por
producir más y por intercambiar más —con todos los males y problemas que esto
pueda tener— ha traído un beneficio: la posibilidad material de que las
hegemonías políticas que antes dividían al mundo en dos, y que hoy amenazan
subordinarlo a la voluntad de uno, puedan cristalizar en pluralidades políticas
acordes con realidades regionales, con identidades culturales históricas y con la
equidad internacional que ha sido aspiración de los hombres de todos los tiempos.
Hacer emerger esta pluralidad sería el fundamento de una nueva
convivencia internacional, con relaciones de justicia; una convivencia estable,
armónica. En otras palabras, conjurar la amenaza de guerras de cualquier tamaño
y, por supuesto, eliminar para siempre la amenaza de guerra mundial.
A América Latina le cabría un papel protagónico en esta redefinición del
orden mundial, y a México en particular por su vecindad con los Estados Unidos.
En su propuesta alternativa, el PRD parte de un dato real: el intercambio
económico que define nuestras relaciones con el resto del mundo se da en la
actualidad con los Estados Unidos, y no con América Latina. Para que la identidad
cultural e histórica con América Latina se pueda transformar en unidad y entonces
en fuerza política, México tiene que —viendo hacia el sur— poner los pies en el
norte, esto es, recomponer su relación con los Estados Unidos.
El gobierno mexicano tiene una propuesta para la integración con Canadá y
con Estados Unidos. Por desgracia no es una propuesta soberana. Retoma la que
George Bush lanzó el 27 de junio de 1990 —la iniciativa de las Américas—, dos
semanas después de iniciadas las negociaciones formales con México para arribar
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a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC). Afirmamos que no es soberana,
no por su falta de originalidad, sino por el contenido mismo de la propuesta. El
presidente Bush, como sus antecesores del siglo pasado, quiere América para sus
americanos. A diferencia de sus antecesores, el garrote no lo usa sólo como
amenaza, sino que pasa a las vías de hecho y aplica cotidianamente el
estrangulamiento financiero de nuestras economías, que continúan exportando
capitales a ese país para servir una deuda injusta.
La zanahoria que Bush ofrece con su iniciativa, a la que equipara con
reinstaurar "el poder del mercado", es la disminución de aranceles de Estados
Unidos, el mayor flujo de inversiones y el mejor trato en el servicio de la deuda
externa.
El gobierno mexicano ya cayó y se tragó la zanahoria cuando celebró como
exitosa una renegociación de la deuda externa que, a dos años de su firma, ha
incrementado su volumen total en 25%, mientras que el pago de su servicio sigue
siendo oneroso para un crecimiento sano. Cayó también cuando dio la bienvenida a
la inversión extranjera, aunque el 63% de ésta se ubique en la bolsa de valores y no
en un compromiso productivo; cayó cuando se engancha en la oferta de
disminución de aranceles, aunque las barreras no arancelarias sean más fuertes y
no existe el compromiso de abatirlas, ni aún con la firma del TLC. Por último,
aceptó la oferta para convertirse en el interlocutor privilegiado de Bush y el
emisario de la "buena nueva" —la apertura comercial indiscriminada— hacia los
países latinoamericanos.
Para el PRD no se puede dar una integración económica, social y política en
América Latina, si México acepta una integración subordinada con los Estados
Unidos. Una América Latina unida supone un Estados Unidos redimensionado en
su hegemonía política, y este redimensionamiento obliga a que Estados Unidos
enfrente el reto de su falta de competitividad a nivel mundial; obliga a que Estados
Unidos recupere su solidez económica, solidez que perdió desde la década de los
setentas. La iniciativa de las Américas es una salida falsa a ese reto, porque intenta
exportar hacia América Latina los costos de su necesaria reconversión mediante
tres vías: el aprovechamiento de los energéticos, el uso de mano de obra barata y la
destrucción del medio ambiente que abarata costos en los procesos productivos (y
que en su país no puede llevar adelante).
Por eso el PRD ha dicho "no" al Tratado de Libre Comercio que actualmente se
negocia. Y junto con ese "no”, ha dicho cuál es la alternativa posible. En esa alternativa
posible, Iniciativa Continental de Desarrollo y Comercio, el comercio se define como un
instrumento del desarrollo y no como un fin en sí mismo.
La Iniciativa Continental de Desarrollo y Comercio fue presentada por
Cuauhtémoc Cárdenas en Nueva York, el 8 de febrero de 1991. Desde entonces, ha
sido punto de referencia obligado en las discusiones de quienes del lado del norte,
se encuentran preocupados de manera responsable por el impacto que este TLC
pueda traer para sus economías, sus empresas, sus familias, sus trabajadores. La
propuesta no ha corrido la misma suerte de este lado de la frontera. Varios factores
lo explican: el control de los medios de comunicación en nuestro país, con las
barreras que impone a todo aquello que desde la oposición democrática
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contribuya al debate de los grandes problemas de la agenda nacional; la estructura
corporativa de las organizaciones sociales, es también un dique a la discusión libre
de estos temas fundamentales. Otro factor es la crisis en que se encuentran
sumidas nuestras Universidades, que no encuentran espacio para abrir la
discusión de alternativas a los problemas actuales; y por supuesto, las limitaciones
de un partido como el nuestro con apenas tres años de formación y hostilizado
cotidianamente desde el gobierno.
El Grupo Parlamentario del PRD quiere contribuir a remontar esas barreras
y esas Ilimitaciones con la publicación de Integración económica para el
desarrollo: hacia un orden mundial justo y estable, que contiene catorce
ponencias de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, casi todas presentadas en el
exterior. Los catorce documentos constituyen una unidad en torno a la propuesta
alterativa de un nuevo orden mundial.
Los discursos, conferencias, ponencias que publicamos son ensayos, en el
mejor sentido del término. Como pincelazos se dibujan en ellos los rasgos de una
relación posible entre Norte y Sur, de un nuevo orden internacional. A diferencia
de las disertaciones de la vieja izquierda latinoamericana, no se lanzan como
discursos temerarios allende las fronteras. Por el contrario, tienen la calidez de un
diálogo sencillo entre los pueblos. Invitado por diversas organizaciones,
universidades, foros, acude a ellos como quien va a la casa de un amigo. EI invitado
responde con otra invitación al anfitrión: sigamos el diálogo, organicémonos para
construir un mundo mejor.
El gobierno mexicano, desde sus más altos niveles, ha reaccionado con
histeria a estos viajes de Cuauhtémoc. Sabe que en ellos está el germen de una
nueva relación entre los pueblos, más allá de los intereses particulares de los
gobiernos.
Los discursos que publicamos son también anuncio de una nueva
modernidad: la que abre las fronteras para tender puentes que beneficien a todos,
porque los puentes que se han tendido —como la apertura indiscriminada— se
convierten en barreras de exclusión del bienestar para las mayorías. En las
conferencias se encuentra no sólo la visión del líder de un partido, también está la
sensibilidad de un estadista que trasciende intereses partidarios para recoger los
de la sociedad en su conjunto, y los de un nacionalista de nuevo cuño, que sabe que
para fortalecer a la nación primero ha de concebir un mundo sin fronteras.
En estas conferencias se encuentra además el germen de una nueva relación
entre economía y política, seguramente porque se piensa a la economía al servicio
del hombre para que la política no sea otra cosa que el espacio donde se dignifica la
relación entre los hombres, entre estos y sus organizaciones y entre ellas y el
Estado. En alguna de sus ponencias, dice Cuauhtémoc: "Hemos propuesto un
compromiso social (social charter) como parte fundamental de un acuerdo entre
nuestros países. Pero estimamos que un compromiso social empieza en casa, que
es un objetivo nacional y antes de que el país convenga en un compromiso social,
hay poco que hacer para traducirlo en un pacto internacional”.
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Ese compromiso social haría de nuestra casa una casa de cristal. Si los
derechos humanos deben ser de universal observancia, pongamos a la casa
cristales en lugar de muros, que el cumplimiento al respeto a los derechos
humanos en nuestro país sea ejemplo para otros, que ello contribuya a la justicia y
paz mundiales, parece decir en sus conferencias el presidente nacional del PRD. Si
la economía se abre, que se abra también la política. El gobierno, como en los
tiempos de Don Porfirio, responde: aún no es tiempo, el pueblo aún no está
preparado para ser libre, no está preparado para la democracia.
No es pues sólo la propuesta de una economía al servicio del hombre, del
comercio como un instrumento más del desarrollo, se trata también de que sólo
una reforma económica que se proponga conciliar crecimiento con bienestar, será
la que haga posible restituir la calidad de ciudadanos libres a todos los mexicanos,
donde su voto se respete y cuente.
En estas visitas a las casas de los vecinos, no se espera que el vecino
resuelva nuestros problemas, se le pide sí que esté atento a los acontecimientos en
México. Que esté atento, pero que no se inmiscuya, lo nuestro no le es ajeno, pero
seremos nosotros quienes resolveremos nuestros problemas. Para hacer efectiva
la solidaridad que se pide, es necesario relacionarse con el país real que somos, no
con la ilusión que el gobierno vende. Las conferencias de Cuauhtémoc son también
espejos fieles de la realidad que los mexicanos sufrimos.
Esperamos que esta publicación contribuya a la discusión del proyecto
alternativo de nuestro partido, contribuya a preparar la respuesta para la crisis
que se profundiza, con o sin la firma del TLC con Canadá y Estados Unidos. Que
contribuya también a la construcción de ese nuevo orden mundial, de esa casa
universal... de cristal y para todos.
Dip. Rosa Albina Garavito Elías
México, D.F., agosto de 1992.
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Democracia y nuevo orden económico
Southern California Americans for
Democratic Action Santa Monica, Calif. EEUU.
22 de abril de 1990.
El éxito y los avances de una democracia se miden por el grado de
participación de la gente, de las mujeres y los hombres comunes y corrientes, de
todos nosotros, en la toma de decisiones, esto es, en cómo y qué tanto se participa
en el ejercicio del poder; en el respeto al derecho y el cumplimiento de la ley; en la
equidad alcanzada en la distribución de la riqueza y en las seguridades de un nivel
de vida que mejore de manera sostenida; en las posibilidades reales de acceso a la
educación, la cultura y el arte; en la garantía y estabilidad del trabajo; en la
protección de la salud y el acceso a la vivienda; en la libertad con que se debaten
las ideas, y la equidad en la presencia de las distintas expresiones políticas,
sociales, culturales y artísticas en los medios de comunicación social; en el acceso y
aprovechamiento de los avances de la ciencia y la tecnología.
Vivimos los primeros tiempos de la globalización de las relaciones
económicas y sociales y de la cultura, de la economía de la información, de un
cambio en los valores reconocidos, donde el individuo, su progreso y sus
oportunidades se tornan centrales y preponderantes. Estamos viendo como surgen
y se consolidan comunidades internacionales, económicas y políticas, que serán
determinantes en la vida de todas las naciones, se incluyan o no en ellas, en estos
años por venir.
Son también los tiempos que confirman las incapacidades y fracasos de las
economías neoliberales y monetaristas que impusieron dictaduras militares o
regímenes pseudodemocráticos en Latinoamérica, y del autoritarismo y el
dogmatismo en la Europa del Este.
Nuestras economías no han sido capaces de conciliar la equidad con la
eficiencia económica y la competitividad internacional. El crecimiento económico
promovido por sectores públicos excedidos que recurren a un fuerte
proteccionismo y a los subsidios irracionales, no creó una base económica sana y
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fuerte. En contradicción con los objetivos sociales postulados por dichas
estrategias, sus resultados han sido la concentración del ingreso en manos de unos
cuantos inversionistas privilegiados, la justificación del crecimiento de burocracias
parásitas y el fomento de la corrupción pública y privada, así como el
autoritarismo político. Por otra parte, las estrategias neoliberales y las políticas
monetaristas adoptadas con medidas dictatoriales o impuestas por el Fondo
Monetario Internacional, abandonaron abiertamente el objetivo de justicia
económica, cambiándolo por sueños irreales de prosperidad o ilusiones pasajeras
de modernización y eficiencia, reducidos a escasos sectores de la economía y de la
sociedad.
El reto de nuestro tiempo es entonces traducir la experiencia de nuestro
desarrollo económico no en nuevos dogmas, sino en una combinación realista de
fórmulas, que concilien una movilización sólida y productiva de nuestros recursos
con el imperativo social prioritario: justicia económica y oportunidades para toda
la gente.
Las motivaciones que despertaron conciencias, movieron voluntades y
condujeron a la organización política de vastos sectores populares en una y otras
partes del mundo, son las motivaciones de la lucha política actual de los mexicanos.
Para progresar, debemos volver a la constitucionalidad y desarrollar un régimen
democrático que se asiente en el respeto al voto y, por otro lado, debemos
transformar el régimen de partido de Estado —autoritario, excluyente,
patrimonialista, corrompido— en un sistema que verdaderamente permita el
florecimiento de la democracia.
La miseria creciente, que ha ido abarcando a sectores de población cada vez
más amplios, simultánea a una mayor y más agresiva concentración de la riqueza
en unos cuantos, las inestabilidades y desajustes de la economía que se han vuelto
cotidianos, el incremento de deudas externas impagables en la lógica del manejo
que se les ha venido dando, condujeron a los pueblos a presionar políticamente y a
imponer cambios en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile, donde en
un periodo relativamente corto, ante su evidente descalificación y fracaso, las
dictaduras militares se vieron forzadas a convocar a elecciones que han dado paso
a gobiernos legitimados por el voto popular.
El proceso de democratización en Latinoamérica no se reduce a las luchas
contra las dictaduras militares. En países como Colombia, Venezuela, Perú,
Ecuador, organizados formalmente como democracias electoras, la lucha se da
para hacer esas democracias realmente incluyentes. Esto sólo puede lograrse al
integrar a los sectores sociales marginados, explotados y subrepresentados, así
como incorporando al proceso político a las fuerzas proscritas y reprimidas. En
algunos de estos países, la dimensión de los espacios democráticos es tan reducida
que las tensiones sociales amenazan ya la integridad política y geográfica de la
nación. Esos ajustes políticos demuestran que a fin de sobrevivir, una democracia
autentica debe sustentarse en un consenso nacional verdadero. En Centroamérica
y el Caribe el reto es también superar la pobreza social y el saqueo económico. Las
democracias con base popular en las que participan partidos revolucionarios, se
han concebido para dar alcance a la historia y remplazar el orden pretoriano
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organizado alrededor del poder y la riqueza eh pequeñas oligarquías rurales,
aristocracias de plantación, monopolios familiares y enclaves extranjeros, por
verdaderas instituciones nacionales. México, que después de una prolongada
dictadura llegó al siglo XX con esperanzas y las energías de una revolución social,
se acerca ahora al final del milenio, oprimido otra vez por un régimen autoritario
que ha socavado a la Revolución de 1910. Para todas las naciones
latinoamericanas, principalmente para Panamá, recientemente invadido por
tropas norteamericanas, la construcción de la democracia tiene como condición el
ejercicio de la soberanía nacional y de la autodeterminación.
A pesar de los fracasos evidentes de los modelos económicos neoliberales y
monetaristas en Argentina, Venezuela, México, Brasil, Chile, etcétera, los intereses
dominantes insisten en tratar de encontrar en esas políticas la salida para sus
crisis, que en la práctica sólo vemos cómo se profundizan y extienden.
Podemos ahora hacer críticas, y son válidas, por haber confundido
principios con procedimientos, con mecanismos de acción y de trabajo. Así se
convirtieron en cuestiones de ideología la estatización, el proteccionismo
económico, el origen de las inversiones o la nacionalidad de los inversionistas, la
planificación centralizada, las funciones básicas o el grado y características de la
intervención del Estado en la vida económica.
Pero quienes formulan esas críticas, generalmente los teóricos y políticos
del propio neoliberalismo, hacen hoy cuestiones de principio e ideológicas la
privatización, la liberalización del comercio, la apertura irrestricta a la inversión
extranjera, queriendo que estos, que son mecanismos o procedimientos, se acepten
como principios para la consolidación de modelos políticos que estén repitiendo
viejos y gastados esquemas de explotación y dependencia. Se derrumban unos
dogmas y ya los intereses de la explotación pretenden substituirlos con otros,
haciendo siempre abstracción de los principios verdaderos.
En América Latina están surgiendo fuerzas de una democracia nueva, cuyo
interés o preocupación primordial es el individuo, sus libertades, sus niveles de
vida, las oportunidades que se le ofrecen; una democracia que considera al trabajo
como valor fundamental de las relaciones sociales y que tiene como objetivos la
igualdad, el mejoramiento sostenido, el fin de las exclusiones y la discriminación,
compartir conocimientos y avances, así como capacidades e inventivas, aprovechar
y al mismo tiempo elevar la calidad de recursos y potencialidades, y que tiene
como condición para realizarse y ser, la participación de la gente en la toma de las
decisiones y el poner fin a todo tipo de dependencias.
Estos son los principios que guían la lucha de muy amplios sectores en el
mundo, en este continente, y son los principios que sigue el Partido de la
Revolución Democrática en México. Y no debemos confundir más los principios y
valores que orientan una lucha, los objetivos que van cambiando en el tiempo,
según se alcanzan unos, se presentan obstáculos nuevos o las situaciones se
transforman, y los medios a los que debe recurrirse, que pueden ser cambiantes
también conforme a las circunstancias, para alcanzar fines determinados.
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Trasladar mecánicamente modelos y esquemas políticos y económicos, ha
sido siempre una forma de proceder para imponer dependencia y explotación.
Ejemplos de ello se repiten una y otra vez a Io largo de la historia universal. Lo que
hoy es bueno, puede no serlo necesariamente en el futuro. La forma como aquí se
enfoca y resuelve un problema, puede no ofrecer los mismos resultados en otros
lugares.
En México luchamos, por ejemplo, por dar fin a un régimen de partido de
Estado, hoy fuertemente centralizado y personalizado en el ejercicio del poder
presidencial, asentado en la corrupción y sostenido por sus alianzas con reducidas
minorías que concentran la riqueza y que desde el exterior reciben apoyos
políticos y económicos.
Este régimen, desde 1982, aprovechando desviaciones al proyecto histórico
del pueblo mexicano, la pérdida de autoridad moral de dirigentes políticos,
empresariales y sindicales, producto de complicidades y corrupción, la
desvinculación de las dirigencias de sus bases sociales y políticas, por las mismas
razones, ha venido golpeando y destruyendo consciente y sistemáticamente todos
aquellos logros, instituciones, leyes y relaciones alcanzados o surgidos como
reivindicaciones populares, de independencia económica y de soberanía nacional
del amplio movimiento que ha sido la Revolución Mexicana.
Se ha puesto en práctica así un proyecto económico monetarista y
neoliberal, que al cabo de siete años de aplicación inhumana alcanzó, como único
logro, reducir la tasa de inflación. No tuvo capacidad para reiniciar el crecimiento
económico ni para mejorar las condiciones sociales, que, por el contrario, han
continuado en franco deterioro. Los mecanismos utilizados para la realización de
este proyecto han sido la liberalización indiscriminada del comercio exterior; el
traspaso de las empresas públicas a grupos privados fuertemente vinculados a
intereses trasnacionales, mediante operaciones que se mantienen ocultas de la
opinión pública; la apertura irrestricta a la inversión extranjera; el
desconocimiento ilegal y el rompimiento arbitrario de los contratos colectivos de
trabajo; una distribución del presupuesto nacional que tiene como prioridad el
pago del servicio de la deuda externa, y la reducción drástica de los presupuestos
de los sectores sociales (educación, salubridad, vivienda, servicios urbanos); el
control por medio de la corrupción o la intimidación de los principales medios de
comunicación social, que se mantienen prácticamente cerrados a cualquier
expresión contraria o disidente de la oficial; y el ejercicio del poder de manera
autoritaria, con atropellos constantes a la ley y la negación para el pueblo del
ejercicio de derechos constitucionales básicos. Las pruebas recientes más claras de
ello, son el fraude que se cometió con la elección del 6 de julio de 1988 y la
consecuente imposición, y los fraudes subsecuentes en elecciones locales,
apoyadas por la violencia desatada contra el Partido de la Revolución Democrática.
Los resultados de estas políticas son la exclusión de todo beneficio de la
acción pública de la mitad de la población (40 millones de mexicanos, de los cuales
la mitad, según declaraciones oficiales, viven en condiciones de miseria extrema);
la pérdida de más del 50%, en términos reales, del poder adquisitivo del salario de
los trabajadores; una muy alta concentración de la riqueza en las manos de unos
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cuantos y el enriquecimiento desmedido de especuladores financieros y altos
funcionarios gubernamentales; el estancamiento de la economía (en los años de
crisis, 1982-89, el crecimiento económico promedio fue nulo); una fuga masiva de
capitales; la elevación de la desocupación que hoy afecta a cerca del 30% de la
población económicamente activa, esto es, a unos nueve millones de trabajadores;
una mayor dependencia económica y política de los intereses representados por el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
No estamos contra la apertura comercial, que ha venido diciendo el
gobierno tiene por finalidad modernizar nuestra planta productiva e insertar al
país, competitivamente, en la economía internacional. Con esos objetivos no
podemos estar en desacuerdo. Pero Io estamos con la forma como dicha apertura
viene dándose. Los ritmos debieron haber sido otros, de modo que no se afectara la
planta productiva, que no se produjeran quiebras, cierres y despidos, que el costo
de la modernización no se cargara exclusivamente sobre las espaldas de los
trabajadores.
Se ha favorecido en exclusiva a las ramas que producen para la exportación,
constituidas principalmente por empresas filiales de fuertes grupos
transnacionales. Se ha descuidado y se han visto afectados negativamente los
sectores que satisfacen los mercados internos; la agricultura, por ejemplo, salvo en
zonas de altos rendimientos donde se produce para exportar, pasando en muchos
casos por encima de las leyes agrarias y laborales, está en franco desastre y su
recuperación requerirá de grandes esfuerzos y cuantiosos recursos.
Oficialmente las últimas dos administraciones del país han negado estar
trabajando a favor de una integración económica con los Estados Unidos, pero esa
integración está teniendo lugar calladamente y con la complacencia de las
autoridades mexicanas. A pesar de que el actual gobierno no lo reconoce
públicamente, está negociando ya un acuerdo de libre comercio con los Estados
Unidos. La vulnerabilidad económica del país obliga al gobierno a hacer
concesiones y a admitir desventajas, que son inaceptables para la mayor parte de
los mexicanos. No se están preparando acuerdos para proteger nuestra planta
industrial. Las inversiones extranjeras se promueven desesperada e
indiscriminadamente sin considerar sus posibles impactos en la capacidad de la
economía para integrar ramas de ella o regiones y para modernizar con
efectividad. Nuestros trabajadores se ofrecen como mano de obra barata,
principalmente para el ensamble de productos que no pueden comprar, sin
ofrecerles oportunidades reales para aprender las nuevas tecnologías y para
mejorar sus niveles de vida. La región fronteriza a donde se destina la mayor parte
de las inversiones, está siendo contaminada por substancias tóxicas que en abierta
violación a nuestras leyes ambientales, las autoridades mexicanas permiten a las
firmas extranjeras que las importen como materias primas y que hagan con ellas
un manejo descuidado. El gobierno mexicano abre las fronteras al libre flujo de
todo tipo de bienes, incluyendo alimentos que no se consumen en los Estados
Unidos porque no satisfacen los requerimientos sanitarios mínimos, materias
contaminantes y productos "chatarra". Sin embargo, los funcionarios mexicanos no
demandan de los Estados Unidos el reconocimiento de que nuestras dos
sociedades han creado espontáneamente, al correr de los años, un mercado
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transnacional de trabajo. En su agenda de negociaciones, el gobierno de México
otorga la prioridad más baja a la protección de los derechos de los trabajadores
mexicanos, no exige el establecimiento de mecanismos migratorios legales
convenidos entre los dos países, que faciliten el flujo de trabajadores a través de la
frontera, impidiendo los abusos y la explotación de los trabajadores mexicanos y
haciendo compatibles los salarios y las condiciones laborales en ambos lados de la
frontera. Por el contrario, el gobierno mexicano ha hecho de su programa de
maquiladoras, un virtual "ghetto" para los trabajadores, que asegura a los
empresarios norteamericanos acceso fácil a mano de obra mexicana con bajos
salarios, prácticamente no sindicalizada, y desprotegida. Consecuentemente, las
maquiladoras fronterizas se han vuelto para los Estados Unidos una opción
atractiva para explotar a trabajadores migrantes mexicanos, manteniéndolos al
mismo tiempo fuera de los Estados Unidos. Es más, en violación a nuestra propia
Constitución y con una docilidad sin precedentes, las autoridades mexicanas se han
vuelto de hecho instrumentos para hacer cumplir en México las políticas de
inmigración restrictivas recientemente puestas en práctica en los Estados Unidos.
Los escasos frutos de esta desfavorable integración no benefician a los
mexicanos, y por el contrario, una alta proporción de sus ingresos financieros se
acumulan en cuentas bancarias de unos cuantos inversionistas mexicanos o se
utilizan para cubrir el servicio de la deuda externa.
Estas no son las condiciones en que México pueda participar
competitivamente en la economía mundial, desarrollar sus capacidades
productivas y elevar los niveles de vida de su población. De continuar en estas
condiciones, estaríamos destinados sólo a la dependencia y al empobrecimiento.
Si en lo interno luchamos por la igualdad entre todos los mexicanos, en lo
internacional luchamos por la igualdad entre las naciones.
No habrán de alcanzarse relaciones internacionales estables si se sigue,
como hasta ahora, construyendo la riqueza y el progreso de unos cuantos países, a
costa de la explotación y la pobreza de otros, que son los más.
Estudios serios de las tendencias económicas actuales, indican que el fin del
milenio verá el producto bruto mundial dividido en cuatro cuartos: uno, de los
países de la cuenca del Pacífico, Japón y unos cuantos del sur de Asia
principalmente; otro más, para Europa; un tercero, de los Estados Unidos,
compartido minoritariamente con Canadá; y el cuarto, del resto del mundo.
En este resto están las naciones latinoamericanas, las de África y la mayor
parte de las asiáticas y de Oceanía. La perspectiva para el siglo XXI no resulta
halagüeña para el llamado Tercer Mundo y tampoco para los mexicanos. Ante esto,
no podemos permanecer pasivos.
Los países ricos, con alto grado de desarrollo industrial, podrían dar
contribuciones muy importantes para desarrollar a los países del Tercer Mundo
con independencia, brindando una solidaridad real; pero no se ve, en la
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perspectiva de las próximas décadas, que puedan darse acciones de significación
en ese sentido.
Debemos sin embargo, continuar los esfuerzos porque se establezca un
nuevo orden económico internacional justo, donde se desarrollen formas de
cooperación internacional que permitan superar atrasos y elevar condiciones de
vida. De aquí en adelante, compartir conocimientos, dar acceso a los adelantos
científicos y tecnológicos, reforzar los sistemas educativos, universitarios y de
investigación, puede ser una de las formas más efectivas de practicar la solidaridad
internacional y más que eso, la solidaridad humana.
Con esta visión, la solidaridad internacional, adquiere nuevas dimensiones y
contenidos. Se le empieza a entender como la conciencia de la interdependencia y
al mismo tiempo de los efectos retardatarios de la dependencia a escala mundial.
Las economías de los países del Tercer Mundo deben reestructurarse y ser
estimuladas para crecer y desarrollarse. Una economía global, como la que surge
ya, debiera planteárselo como objetivo central y los mecanismos que para ello se
instrumenten no deben desvirtuarse y convertirse en formas nuevas de
sometimiento y explotación.
Los cambios se están dando muy rápidamente y muy profundos. La
democracia debe extenderse y desarrollarse para alcanzar cabalmente la vida
política, económica y social de los pueblos, y con una visión más amplia, regular
también las relaciones entre los distintos Estados en el mundo. Ese es nuestro
ideal, cuando se están superando las necesidades aparentes de las potencias en la
postguerra que congeló la lógica de los bloques.
Debe abrirse camino, en primer lugar, a la transformación y luego a la
disolución gradual de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Son alianzas donde la
función militar ha perdido sentido y se han vuelto así esencialmente políticas. Hay
quienes piensan que la disolución precipitada podría ser peligrosa, pero mantener
hoy vivas esas organizaciones, significaría que el fin de Yalta se torna en la
aceptación y el fortalecimiento de las zonas de influencia de las viejas potencias
militares y las nuevas potencias económicas. En este caso, Latinoamérica y el
Tercer Mundo estarían pagando por lo que no deben y no podemos admitir que
haya coincidencia entre la nueva seguridad internacional y una mayor
dependencia concertada.
Resulta paradójico que cuando ya no hay más razones para mantener los
bloques militares y el énfasis se pone en los acuerdos económicos y políticos, y
cuando se requieren nuevos sistemas de seguridad en el mundo, lo militar se
vuelve de nuevo la cuestión más importante, en un mundo convencido de que
nunca más debe ser el escenario de una nueva guerra.
Un nuevo sistema de seguridad debe surgir del respeto a la
autodeterminación y de la solidaridad internacional. Todos deben entender que el
Tercer Mundo en conjunto, o América Latina en particular, no pueden ser
considerados botines para distribuirse entre las potencias militares o los bloques
15
económicos, como garantías de un nuevo sistema de seguridad internacional, que
estaría así, una vez más, sustentado en la desigualdad y la injusticia.
Ante los cambios políticos que se dan en Europa del Este, el interés de los
países altamente industrializados se orienta a invertir principalmente en aquella
parte del mundo. Hay en ello claros y comprensibles intereses económicos y
también políticos. Esto hace pensar que la inversión extranjera para otras regiones,
y en particular para América Latina, será escasa.
Hay quienes piensan, como el actual gobierno mexicano, que la economía no
se pondrá en movimiento si no es con las inversiones que lleguen del exterior. Los
altos funcionarios las buscan con desesperación, y para ello imponen medidas que
reducen salvajemente los salarios de los trabajadores, desmantelan con
arbitrariedad organización y resistencia obreras, y no se plantean otras alterativas.
Nosotros las vemos en los recursos que no han dejado de generar nuestras
economías, a pesar de crisis y estancamiento, y en las perspectivas de la
integración latinoamericana. No es desde luego un camino fácil, exento de
obstáculos. Pero es, objetivamente, un proyecto viable.
Muchos millones de dólares, que generan los trabajadores
latinoamericanos, sirven para pagar las deudas externas de los países situados al
sur del Río Bravo. Hasta ahora, no ha habido capacidad en los gobiernos para hacer
una negociación de conjunto, con evidentes ventajas, respecto a estos
endeudamientos. Las negociaciones efectuadas, como la del gobierno mexicano
con sus acreedores, han sido benéficas fundamentalmente para estos. No ha
existido liberación de recursos para hacer crecer la economía o para dar solución a
problemas sociales. Lo que se ha garantizado es el pago puntual y cabal del servicio
de la deuda.
Creemos que es posible, por ejemplo, negociar en conjunto las deudas,
establecer condiciones de pago en función de nuestras prioridades y necesidades,
ampliar las negociaciones a otros ámbitos, como la forma de participar en los
mercados internacionales.
Por otra parte, debiera avanzarse en la integración de naciones y pueblos de
Latinoamérica. Compartimos una historia común: conquistas y rebeldías se dieron
a un tiempo; somos naciones de culturas y etnias múltiples y así nos reconocemos;
llegamos a este siglo en condiciones de desarrollo similares; nuestros presentes no
son muy distintos.
La Comunidad Europea, el Japón y su zona de influencia económica, y el
mercado común EEUU—Canadá, son los bloques económicos que se consolidan en
esta última década del siglo. Los países de Europa del Este quizá mantengan entre
sí una colaboración económica estrecha y al mismo tiempo busquen compartir
ventajas con los grandes bloques económicos del mundo capitalista.
Los grandes intercambios comerciales, por otro lado, se van a seguir dando
en el norte y mientras el lucro siga siendo el incentivo principal que mueva a las
fuerzas productivas, debemos tener claridad de que somos nosotros y sólo
16
nosotros quienes tenemos que ocuparnos de buscar solución a nuestros
problemas.
En estas condiciones, ¿cuál es nuestra posible situación en la economía
mundial?
Aislados, no se ve más camino que proseguir la integración silenciosa con
los Estados Unidos, auspiciada por el gobierno actual, desventajosa en todos los
sentidos para el país y para la gente. El destino, de seguir así, ya lo dijimos, no es
otro que nuestra explotación económica y subordinación política.
El camino para verdaderamente resolver nuestros problemas, de corto y
largo plazos, es la integración económica y política, con Latinoamérica. Pueden
ampliarse y fortalecerse las funciones del Parlamento Latinoamericano, empezar a
legislar y a planear con visión continental; unir y compartir esfuerzos y logros en
los campos del conocimiento, la investigación, la ciencia y la tecnología;
complementar, con proyección latinoamericana, nuestros sistemas de educación
superior; conjuntar esfuerzos para un mejor desarrollo de los sistemas de
transporte y comunicaciones, para la expansión y crecimiento de nuestra planta
productiva (petróleo y petroquímica, siderurgia, industria química, agricultura y
agroindustrias, etcétera). Latinoamérica integrada, constituiría un bloque con un
potencial productivo mayor y más diversificado que el que tienen los países que la
integran desarrollándose aislados unos de otros, habría más capacidad
exportadora, sería un mercado más amplio y atractivo. Es un camino posible, el
único, creemos, que conduce a la independencia y al ejercicio pleno de nuestras
soberanías. Tiene una condición, que viene de nuestras más profundas y solidas
raíces y tradiciones históricas: sólo puede darse en democracia, con regímenes
nacionales de amplia participación social y con una relación de iguales entre todas
nuestras naciones, a partir de decisiones tomadas con libertad y sin imposiciones.
En la suerte que se construyan los países latinoamericanos a partir de este
fin de siglo, será muy importante lo que en esta gran nación puedan hacer sus
fuerzas democráticas y progresistas.
Queremos, principalmente, compartir conocimientos, tener acceso a los
avances mundiales de la ciencia y la tecnología, y desarrollar esfuerzos conjuntos
que nos permitan, por un parte, terminar con las injusticias y el atraso, y, por otra,
erradicar grandes lacras con las que aún convivimos: el narcotráfico y la
drogadicción, la violencia y las guerras.
Buena parte del progreso ha llegado en el mundo a través de las inversiones
extranjeras. Con ellas han llegado también condicionamientos políticos,
explotación económica y desigualdad social. Rezagos y exclusiones se han
superado en el mundo, también, por las muy diversas formas de la solidaridad
internacional.
La inversión extranjera puede ser muy útil si se realiza en aquellas ramas de
la producción o los servicios, o en las regiones donde complemente esfuerzos
nacionales; donde se le considere necesaria, a juicio de autoridades y sectores
17
productivos del país a donde llegue; y a condición de que no se torne en factor de
descapitalización.
La inversión extranjera en estas condiciones nos interesa, y es muy
importante que, tanto la opinión pública en general, como los sectores
especializados y el medio oficial de los Estados Unidos, entiendan por qué algunas
inversiones se consideran positivas y por qué razones otras no.
Como ustedes, hemos luchado y somos muy celosos de nuestra
independencia. Para resolver muchos problemas, para impulsar el desarrollo social
y económico, sabemos que es necesario lograr que concurran esfuerzos múltiples.
Cuando estos deban proceder de dentro y de fuera de nuestro país, queremos
participar en las decisiones, llegar a acuerdos, compartir responsabilidades. Y en
las cuestiones internas, independientemente de lo que afuera pueda pensarse de
ellas, de cómo se nos vea o se nos juzgue, consideramos que sólo a nosotros
corresponde actuar.
La historia enseña que nuestro país y nuestra nacionalidad se han edificado
en la lucha contra las intervenciones.
De aquí la convicción con la que desde un principio, rechazamos la
intervención y condenamos la ocupación de Panamá. Podemos haber estado o no
de acuerdo con el gobierno derrocado por la invasión armada. Eso resulta hoy
irrelevante. Es inadmisible que a punta de bayonetas y sembrando la muerte se
haya forzado un cambio de hombres en el gobierno. Igualmente inadmisible es que
el ejército de los Estados Unidos haya montado una auténtica y típica
administración colonial. Los panameños tienen capacidad para resolver sus
problemas nacionales, para sostener o cambiar a sus gobernantes. Solos, sin
intervención extranjera, lo pueden hacer. Es preciso que cese la ocupación y se
restituya y garantice al pueblo panameño el ejercicio de su soberanía.
Aceptar la agresión en Panamá, equivaldría a pensar que si en México hubo
un fraude electoral en 1988, nosotros, quienes luchamos por la democracia, los
miembros del PRD, admitiríamos la intervención extranjera para retornar a los
cauces constitucionales. Sería lo último en lo que pudiéramos pensar. Seriamos los
primeros en combatir con todos los medios, a cualquier costo, la más mínima
pretensión de intervenir en nuestros asuntos internos, que sólo a los mexicanos
compete resolver.
En la búsqueda de entendimientos, en conocernos mejor en nuestras
aspiraciones, carencias, modos de ser y potencialidades, está algo de, lo mucho que
pueden hacer los demócratas de los Estados Unidos para fortalecer los lazos de
amistad y cooperación con los pueblos del sur, construir relaciones cada vez más
fructíferas y estrechas y labrarnos un futuro sustentado en la solidaridad y la
razón, en el que verdaderamente compartamos los frutos de la democracia, la
independencia, la paz y el progreso.
18
Por un mundo de mujeres y hombres Iguales y libres
Cumbre Popular de las Américas.
Houston, Texas, EEUU.
6 de julio de 1990.
En unos cuantos días empezaremos a conocer los resultados de la reunión
cumbre de los dirigentes políticos de los países altamente industrializados, los que
en buena parte condicionan el desarrollo y los niveles de vida de las demás
naciones y pueblos del mundo.
Quienes estamos en esta reunión popular, podemos proclamar con
legitimidad que representamos las aspiraciones de los pueblos que por diversas
razones (una de ellas primordial: una relación internacional inequitativa) no
pueden alcanzar los niveles de bienestar y las oportunidades de progreso
sostenido que ya han logrado los países avanzados.
Veremos desde lejos, o quizá desde el otro lado de la calle, a los líderes de
las potencias económicas que a partir de nuevos agrupamientos están haciendo un
reparto también nuevo de los territorios mundiales, asignando a países como los
nuestros —o a sectores sociales como los aquí representados- papeles
subordinados, carentes de expectativas de presente y de futuro.
A los pueblos explotados y oprimidos, a los países (subdesarrollados, en
crecimiento, dependientes, del tercer mundo..., ¿cómo es preferible de
nominarlos?) como México no se les propone, para su participación en los
mercados mundiales, la celebración de convenios que dieran paso a una
colaboración internacional ventajosa para todas las partes, que tuvieran como
propósito —al mismo tiempo que complementar las economías más
desarrolladas— elevar nuestras condiciones de vida, las de los amplios sectores
populares; dar acceso a participar de los adelantos científicos y tecnológicos que
pudieran incorporarse al aparato productivo: poner en marcha programas de
desarrollo regional y de expansión e integración económicas, que condujeran a
borrar desigualdades e injusticias sociales, desequilibrios regionales y a
racionalizar y modernizar la planta productiva del país.
La puesta en práctica en México de un proyecto tecnocrático neoliberal,
monetarista, conducido desde el exterior por los organismos multilaterales (Fondo
19
Monetario Internacional y Banco Mundial), ha traído como consecuencia un fuerte
deterioro social: el salario de los trabajadores, en términos reales, ha perdido de
1982 a la fecha el 56% de su poder adquisitivo; la desocupación afecta a cerca del
30% de la fuerza de trabajo del país, esto es, alrededor de 9 millones de mexicanos
han perdido su empleo o no pueden encontrar uno; así como la agudización de la
violencia y la represión políticas, que el régimen ha debido desarrollar para
romper las resistencias populares y contener la demanda social. Y la crisis sigue sin
resolverse, a pesar de la casi absoluta liberación comercial, de las restricciones
drásticas de la inversión y el gasto público, de la adopción de medidas de políticas
interna dictadas por el BM y el FMI (como son, entre otras, la venta de empresas
del Estado, los ajustes en precios y tarifas, el congelamiento de los salarios). A
pesar de todo ello, la economía no crece, la deuda externa no baja, la riqueza se
concentra cada vez más en unos cuantos, la moneda sigue devaluándose y los
precios suben y suben.
No nos oponemos a una mayor participación de México en los mercados
internacionales, sería absurdo, pero estamos decididamente en contra de la forma
como se ha estado llevando a cabo, por la irracionalidad económica y los altos
costos sociales que está implicando.
Si vamos a caminar juntos, con otras naciones y otros pueblos hagámoslo
sobre bases de equidad, como iguales. Donde existan desequilibrios, injusticias,
tratemos juntos de superarlos, conviniendo programas, concertando acciones,
compartiendo responsabilidades.
Tenemos una larga relación con los Estados Unidos. Difícil a veces, tensa en
otras épocas. Esa relación va a proseguir y si vemos con lógica las tendencias del
desarrollo mundial, habrá de estrecharse en Io económico y comercial, en lo
laboral, en la colaboración en los campos de la cultura y el arte, en los intercambios
tecnológicos y científicos.
No podemos admitir que esa relación continúe dándose como está hoy día.
México aporta mano de obra cada vez más barata, materias primas, algunas
manufacturas con escaso valor agregado y capitales, los que se pagan como
servicio de la deuda y los que van a depositarse e invertirse fuera de nuestras
fronteras. En estas condiciones están canceladas en la práctica las perspectivas de
mejoramiento social (que podría empezar a darse sólo después de condenar a
varias generaciones a la miseria y a la desesperanza) y de crecimiento para el
conjunto de la economía, ya que sólo se abren posibilidades reales a las ramas que
exportan, en manos de las grandes transnacionales, y se privilegia la maquila.
Esta situación y esta perspectiva son inadmisibles para nosotros. Estamos
decididos a alcanzar condiciones de verdadero progreso, y estamos convencidos
que contamos con los elementos para ello.
Para superar estos problemas tenemos que poner la vista en nosotros
mismos, en los recursos de los que podamos echar mano, pues las soluciones no
van a llegar milagrosamente desde afuera.
20
El gobierno actual de México considera que será primordialmente la
inversión extranjera la que le permitirá superar la crisis, esto es, atender
problemas sociales y reactivar la economía. Nosotros creemos que la inversión
extranjera, como ha sucedido en estos años de crisis en que tanto ha confiado en
ella el gobierno, seguirá siendo insuficiente y no se dirigirá, como ha venido dando
ejemplo, a donde pudiera ser más útil.
La inversión extranjera puede contribuir a nuestro desarrollo si se le ve
como complementaria, si llegara principalmente para impulsar nuevos proyectos y
no, como ha sucedido en alta proporción en los últimos tiempos (como es el caso
de los "swaps"), para comprar empresas existentes y substituir empresarios.
Es necesario renegociar la deuda externa para liberar recursos para el
desarrollo. Hacerlo preferentemente en conjunto con los demás países
latinoamericanos, también con fuerte endeudamiento. Sería, por otro lado, una
primera acción a la que podrían seguir otras, como las negociaciones también en
conjunto de una inserción ventajosa en los mercados internacionales, de acceso a
nuevas tecnologías, etcétera.
En esa negociación nueva de la deuda, tendría que lograrse el
reconocimiento de corresponsabilidades entre acreedores y deudores, por haber
permitido se elevara la deuda a los límites a los que llegó al desencadenarse la
crisis, así como la aceptación que los ejes de un nuevo acuerdo tienen que ser las
prioridades sociales y de crecimiento económico de los países endeudados.
Tenemos que ver también hacia nuestro espacio lógico de integración, hacia
donde podamos constituir un bloque territorial con potencial económico suficiente
que se equilibre y equipare con el norte de nuestro continente, por las
contribuciones que pueda hacer para el progreso común y pueda, al mismo tiempo,
diversificar sus relaciones hacia los otros bloques económicos de los países del
tercer mundo.
Un gran esfuerzo debe emprenderse en los terrenos políticos y económicos
para integrar a la América Latina. Es un proyecto viable y en realizarlo esta la
garantía de un progreso compartido para todos los pueblos de este continente, del
Ártico al Estrecho de Magallanes.
La integración Latinoamericana, económica y política, no nos aparta, ni a
México ni al resto de los países centro y sudamericanos, de la relación estrecha que
se seguirá manteniendo con los Estados Unidos y con el mercado común que forma
con Canadá. Trataremos, esa es nuestra lucha, que de esa relación se deriven en
todo momento ventajas mutuas, que fortalezcan la complementación económica y
que contribuyan al mejoramiento social.
Hasta hace unos meses, se veía al mundo dividido en dos grandes bloques,
casi inamovibles, y a todos los países evolucionando en sus modelos económicos y
políticos hacia los preponderantes en uno u otro de ellos. Era una visión parcial y
errónea. Faltaron objetividad y autocritica para reconocer que de uno y otro lado
—y sobre todo en las potencias dominantes— las prácticas distaban mucho de las
libertades y el humanismo que se proclamaban en el discurso, y en los supuestos
21
teóricos en que se pretendían sustentar las respectivas hegemonías. En el bloque
socialista, soplan vientos de cambio que están dando paso a nuevas relaciones
dentro de esos países y hacia el exterior. Por otro lado, se mantuvieron siempre, a
veces muy soterrados, los movimientos populares identificados con los principios
esenciales, empeñados en retomar los compromisos primigenios, que hoy han
aflorado en ambas partes del mundo con gran vitalidad.
Hay dos hechos que marcan esta época, a partir de los cuales habrán de
construirse las nuevas teorías políticas y económicas y a partir de los cuales,
también, surgirán sistemas nuevos y relaciones distintas a las que hasta hoy se han
desarrollados el derrumbe de los regímenes autoritarios, dogmaticos y centralistas
en Europa, y la incapacidad de los modelos neoliberales monetaristas en América
Latina para dar solución a los problemas de la economía y de la sociedad. En todos
los casos, salvo en las potencias centrales, se trata de proyectos políticos y
económicos impuestos desde fuera, exportados, que han sido ajenos al sentir, a las
aspiraciones y a los intereses de la gente.
Esos fracasos no significan que hayan desaparecido ni el ideal igualitario ni
la aspiración democrática. Muestran, simplemente, el fracaso de las desviaciones,
las claudicaciones, las incapacidades de la dependencia, y por otra parte, están
estimulando la voluntad de los pueblos por retomar los caminos de emancipación
abandonados.
La gente está decidida a tomar parte en las decisiones y a contribuir en
modelar el destino común. Nadie piensa en repetir mecánicamente experiencias
del pasado. Sin perder de vista los principios, tomando en cuenta las nuevas
condiciones, se ajustan los objetivos y actualizan los procedimientos de la acción.
No deben volver a vivirse masacres como la de Tienanmen; fascistas
disfrazados de mineros nunca más deben golpear salvajemente a las mujeres
rumanas; ni volverse a dar las condiciones de miseria y apremio que condujeron
en Argentina y Venezuela al asalto de mercados por hambre. No debe haber más
muertes ni violaciones a derechos esenciales en las elecciones mexicanas. No
podemos admitir que de nueva cuenta se den hechos que deshonran no sólo a los
directamente responsables, sino también a los gobiernos que permanecen pasivos
o hacen débiles protestas y a la humanidad entera, como la invasión a Granada en
1983, el amago y los ataques permanentes a Nicaragua desde 1979 hasta hace
unos días, o la invasión a Panamá que se inició el pasado 20 de diciembre, que
permanece todavía ocupado, con una administración colonial títere, y que muestra
un terrible saldo de destrucción y la pérdida de miles de vidas.
De esta reunión saldrá un nuevo llamado a los gobernantes y los pueblos de
las grandes potencias económicas, que remueva sus conciencias, que despierte sus
responsabilidades.
Ellos no pueden brindar seguridades en sus propias naciones si fincan su
progreso en la miseria de los demás. Y nosotros nos rebelamos y nos rebelaremos
si desde fuera se pretende seguir decidiendo nuestra suerte.
22
Los destinos de todos los pueblos se cruzan, son interdependientes.
Tenemos, por Io tanto, que modelarlos entre todos.
Aspiramos a un mundo donde se pueda reír y crear; donde la vida y las
libertades florezcan, sin guerras; en el que no haya explotadores ni explotados, con
un orden internacional justo y equitativo; donde la gente participe en las
decisiones que norman y afectan su vida política, su comunidad, su trabajo; donde
se pueda ir libremente de un lado a otro a conocer, a trabajar, a residir; un mundo
que cuide a los niños y abra perspectivas de progreso a los jóvenes..., un mundo de
mujeres y hombres iguales y libres.
23
Un llamado a la acción
Comunicado de los líderes asistentes
a la Cumbre de los Pueblos.
Houston, Texas, EEUU.
8 de julio de 1990.
Hemos venido a Houston como participantes activos de los movimientos
populares, sociales, democráticos y políticos de nuestros respectivos países; para
explorar y compartir nuestras preocupaciones, y para fortalecer los vínculos de
solidaridad que lleven hacia adelante nuestras luchas comunes para construir
sociedades más justas, democráticas y sustentables. La Cumbre Económica de los
siete países industrializados (G-7), también se realiza en esta ciudad para discutir y
adoptar directrices económicas que nos afectarán a todos.
Mientras los eventos políticos y sociales recientes, particularmente los del
este de Europa, alejan al sistema internacional de los bloques ideológicos y de las
alianzas militares; los países industrializados aún persisten en su intento de hacer
una nueva división del mundo entre ellos, creando nuevos bloques dominantes y
nuevas esferas de influencia. Frente a estos intentos nos reunimos aquí, haciendo
eco a las esperanzas y las voces de millones que no serán escuchadas en esas
discusiones. Los países del Tercer Mundo no pretenden servir como apéndices
económicos de los nuevos acuerdos.
Reafirmamos nuestra convicción de que, hasta que los países del Tercer
Mundo y sus pueblos tengan acceso cabal al poder para dirigir sus propios
destinos, no seremos capaces de crear un orden económico internacional
verdaderamente equitativo y sustentable. Es evidente que mientras el sistema
internacional favorezca a los intereses de las naciones altamente industrializadas
se frustrarán, al mismo tiempo, las esperanzas de millones de gentes en los países
del Grupo de los Siete.
Un esfuerzo verdaderamente democrático para organizar la economía
mundial no puede ignorar las realidades económicas y sociales.
24
Primero. Es un hecho que para la mayor parte del Tercer Mundo la década
pasada ha sido una década perdida. Para Latinoamérica esto ha representado una
drástica caída de los niveles de vida, en algunos países a niveles comparables a los
existentes cuarenta años atrás. El “Estudio de la economía mundial" más reciente de
las Naciones Unidas reconoce que la economía de América Latina ha tenido, en
1989, el crecimiento más bajo de entre todas las regiones del mundo y que podría
presentar, incluso, resultados aún más tristes en 1990. En África la declinación
económica ya ha alcanzado dimensiones sociales catastróficas. Para las clases
pobres y media de los Estados Unidos, la década de los ochenta también fue una
década perdida. El salario promedio de los trabajadores industriales decreció por
debajo de los niveles de 1973, y la proporción de los ingresos entre los de arriba y
los de abajo fue más inequitativa que en 1950 para un 20% de la población.
Segundo. La dirección que sigue el agotamiento de los recursos naturales
proviene en su mayoría del Tercer Mundo. La tendencia a la concentración de la
riqueza en las manos de unos cuantos, que controlan los recursos económicos en
ambas sociedades (las ricas y las del Tercer Mundo) no ha disminuido. La deuda
externa ha creado un sistema tributario neocolonialista. Latinoamérica, por
ejemplo, transfirió en la década pasada cerca de 250 mil millones de dólares al
exterior, capital vital para nuestro desarrollo. Además de esta transferencia, miles
de millones más han sido extraídos por los ricos, del Tercer Mundo hacia cuentas
bancarias en países del Grupo de los Siete. En términos de comercio,
constantemente se devalúan las exportaciones del Tercer Mundo. Los intentos
actuales de liberalizar el comercio mundial, tal y como lo propone el Grupo de los
Siete y que se negocia ahora por medio del GATT, no toma en cuenta ese
desbalance. Por cierto, todo parece indicar que será peor. Las economías
industrializadas derivan también, grandes beneficios del uso y abuso del poder de
la mano de obra del Tercer Mundo.
Tercero. Se ha creado un desastre ambiental, debido a más de medio siglo
de crecimiento económico desenfrenado. La pobreza y depravación social también
ha contribuido a la degradación de los sistemas ecológicos. Mientras que todos los
países se ven afectados por este declinamiento ambiental, es la vida de la gente en
las comunidades pobres de las aéreas urbanas y rurales que se ve más afectada,
llevando una parte desproporcionada de la carga.
La injusticia social, la intolerancia política, la caída perenne de los niveles de
vida y la destrucción del medio ambiente, continúa caracterizando la vida social en
la mayoría de nuestros países. Lo cual está acompañado por lo general de una
profunda crisis moral y espiritual. La causa de estas condiciones son, en primer
término, las estructuras mundiales injustas y los abusos e imposiciones de los
países ricos y poderosos sobre los pobres. Las élites dominantes de nuestros
propios países también han contribuido a este predicamento. Ellas se han
apropiado de recursos durante siglos, controlando al Estado y subordinando a
nuestros pueblos a sus intereses. La ausencia de instituciones democráticas y de
responsabilidad pública ha exacerbado la corrupción burocrática, la degradación
social, la decadencia ambiental y la subordinación al exterior.
25
En contraste con todos los cambios positivos y las tendencias que se están
impulsando y que encontramos en el mundo hoy, estas realidades sociales y
económicas abrumadoras no son tomadas en cuenta. Reconocemos estos cambios,
pero también debemos afirmar que todavía no vivimos en un mundo mejor. Para
millones de personas, tanto en el Tercer Mundo como en los países
industrializados, el futuro no ofrece esperanzas. No obstante, una sensación de
triunfo ideológico, en los países industrializados, ha creado la falsa noción de que
hemos entrado, en definitiva, a una era de libertad y democracia. El derrumbe de
regímenes burocráticos autoritarios en el este no puede ser interpretado como la
representación de la caída de los ideales sociales. El reemplazo del orden político
de la posguerra, en el este, no libera a los países industrializados de occidente de
su responsabilidad histórica. El trabajo de construir sociedades más igualitarias,
justas y democráticas es el reto más alto que enfrenta la humanidad en el momento
de ingresar al siglo XXI. Estos ideales están vivos y son buscados con vigor por los
movimientos populares en todo el mundo. La competencia salvaje no es una
alternativa viable para los pueblos. O la comunidad internacional construye un
orden económico en donde la equidad y la eficiencia se reconcilien, o nuestro
mundo enfrentará una decadencia social y ambiental de proporciones inmensas.
Demandamos el fin de las condiciones impuestas por los países ricos y sus
instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial; el fin de todas las imposiciones del ajuste neoliberal y sus
políticas que no toman en cuenta nuestra realidad, y que no aceptan las
aspiraciones de nuestros pueblos.
No queremos que se nos aísle de los cambios estructurales del mundo que
estén en curso: en la producción de tecnología y en el comercio. Sabemos de las
dificultades reales para transformar las estructuras de producción, construidas en
condiciones de atraso, en una dinámica nueva de integración democrática mundial.
Nuestro crecimiento industrial no estuvo acompañado de un desarrollo social y
educativo compatible con los nuevos requerimientos de las capacidades técnicas,
profesionales e intelectuales. Nuestras políticas de ajuste deben ser de cambios en
la producción con equidad, distribución del ingreso y protección ambiental.
Necesitamos romper con el pasado, superando nuestras deudas (la externa y la
social) y abriendo las puertas de nuestra futura incorporación al progreso
tecnológico, en una nueva integración con la economía mundial.
La resolución al problema de la deuda externa requiere de decisión por
parte de los gobiernos de ambos países: los deudores y los acreedores, En relación
al total de la deuda, ésta ya se ha pagado en un monto más que justo. Brasil, por sí
sólo, ha pagado 91 mil quinientos millones de dólares entre 1980 y 1988. Con todo,
en su mayoría con intereses exorbitantes de acuerdo a las tendencias en el mundo
industrializado, la deuda se ha incrementado en 60 mil novecientos millones de
dólares en el mismo periodo. También se ha aceptado ya que esta deuda es
realmente impagable. Una solución cabal no es simple económicamente pero si
políticamente, y como tal debe ser considerada por todos los gobiernos
involucrados. Para enfrentar con efectividad al cártel de los acreedores, los
deudores deben de diseñar y seguir una estrategia común. Esto es de particular
urgencia en el caso de América Latina. Hasta ahora, los países deudores han
26
negociado uno por uno con sus acreedores y con el gobierno de los estados Unidos,
en perjuicio de los intereses totales de la región, incrementando la vulnerabilidad
de cada uno de ellos.
La liberalización indiscriminada promovida por los países industrializados,
asume que somos socios iguales cuando es bien sabido que existen grandes
diferencias económicas, políticas y sociales entre los países del mundo. Un trato
igual a socios desiguales conduce a la profundización de la inequidad.
La integración económica en bloques comerciales configurados por los
países industrializados no es algo fatal ni inevitable. La integración
Latinoamericana no es, bajo ninguna circunstancia, una causa perdida. Es una
estrategia conscientemente abandonada por nuestros gobiernos, quienes aceptan
pasivamente relaciones bilaterales con los países industrializados. Coraje y una
visión política son necesarios para rescatar la integración Latinoamericana como
un objetivo viable de nuestros pueblos.
En la construcción de un nuevo sistema de relaciones internacionales, el
mundo desarrollado tiene una responsabilidad especial en romper con el pasado.
Nuestra atención está pendiente de las formas multifacéticas en las que los
gobiernos del Grupo de los Siete han combinado la agresión militar, económica,
política y diplomática para atacar los logros y las organizaciones democráticas en
todo el mundo. Dicha intervención, como la guerra de baja intensidad, debe ser
condenada y abandonada como política de gobierno.
El tráfico de estupefacientes es un negocio internacional con base en los
Estados Unidos. Debemos luchar para eliminar este tráfico, la producción y el
consumo de drogas. No podemos aceptar el uso de este problema como una excusa
para la intervención política y militar de los Estados Unidos en los países de
América Latina, como sucedió recientemente en Panamá. Urgimos a todos los
países del mundo a combatir con igual energía la producción, el tráfico y consumo
de drogas, pero de forma tal que se respete la soberanía de cada nación.
El diálogo de los líderes de los movimientos populares y de los partidos en
esta cumbre debe continuar y extenderse para incluir a representantes de otros
países. EI desarrollo más importante en este periodo reciente ha sido el
crecimiento y la expansión de la actividad de organizaciones no gubernamentales,
incluyendo sindicatos y otras organizaciones de trabajadores y agricultores,
partidos políticos populares y movimientos populares de base, quienes han crecido
en los diferentes países y han comenzado relaciones más allá de las fronteras
políticas nacionales, para unir sus manos en la consecución de metas comunes.
Nosotros hemos venido aquí para fortalecer los vínculos entre los pueblos.
Somos parte de una causa común, que defiende la cultura y las esperanzas
nacionales de la gente del mundo en contra de las tendencias de la dominación y el
colonialismo. La oportunidad de fortalecer los vínculos de solidaridad en nuestra
lucha común y llevar adelante el trabajo que empezamos en Houston para
desarrollar una agenda más comprensiva, popular y democrática para el cambio
27
económico y social es, para nuestros movimientos, un recurso de renovada
vitalidad para enfrentar los retos de la década del noventa.
Solórzano
Luiz Inacio Lula de Silva
Cuauhtémoc Cárdenas
Brasil
Adalberto Carvajal Salcedo
Colombia
México
Jesse Jackson
Estados Unidos de América
28
Hacia un internacionalismo
humanista y fraterno
Universidad Complutense (cursos de verano).
El Escorial España.
Agosto de 1990.
Agradezco a la Universidad Complutense y a don José Antonio Escudero,
Director, y don Gonzalo Santonja, Vicedirector de los Cursos de Verano, su
imitación para participar en estos cursos en El Escorial. Constituye un honor para
mí encontrarme entre ustedes y tener la oportunidad de exponer algunas ideas
sobre la situación que vive México, los anhelos de los más, los obstáculos que se
enfrentan, la relación iberoamericana cómo visualizamos nuestras perspectivas a
futuro.
Entiendo y recibo la invitación de la Universidad Complutense como la
dirigida a un participante activo en el movimiento democrático de México, por la
significación que éste ha cobrado en la vida nacional, porque representa un futuro
viable para el país, que coincide con las aspiraciones y las luchas de pueblos de
todo el mundo por su emancipación y progreso.
México accede a la independencia en 1821, después de una lucha iniciada en
1810 contra el poder colonial. No se combatió sólo por la independencia política,
aunque ésta fue la bandera que se enarboló y que cobijó toda la lucha. La rebeldía
popular se dio además contra la esclavitud, por la libertad de pensamiento; contra
las castas y las discriminaciones; por la igualdad, la justicia y los equilibrios —que
hoy podemos claramente calificar de democráticos — en el ejercicio del poder.
La lucha se enmarcó en una visión con proyección americana. La síntesis
más acabada de la propuesta insurgente, que trasciende su tiempo, la encontramos
en los Sentimientos de la Nación, dirigidos por José María Morelos al Congreso
constituyente convocado por las fuerzas de la independencia (en Chilpancingo, hoy
capital del estado de Guerrero, el 14 de septiembre de 1813). Se dice en los
Sentimientos:
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nación,
razones...
"Que la América es libre e independiente de España y de toda otra
gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las
“Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo
quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano...
"Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte
nuestro
Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo,
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre,
que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.
La esencia de esta lucha, el primero de los grandes movimientos sociales del
país, caló hondo en la conciencia de la gente y ha ido pasando de generación en
generación. Las demandas por la democracia, la igualdad, el bienestar, expresadas
en distintas formulaciones, han estado presentes en los otros movimientos sociales
que marcan también nuestra historia: la Reforma, al principio de la segunda mitad
del siglo pasado, que tiene como motor y eje la lucha por la libertad de conciencia;
y la Revolución, que en los inicios de este siglo estalla contra una opresiva y
prolongada dictadura, con el lema de "Sufragio efectivo. No reelección".
Esas mismas demandas, de ejercicio sin limitaciones de la soberanía
nacional, de democracia e igualdad, estuvieron en la raíz de las motivaciones que
desencadenaron la gran movilización popular de la contienda electoral de 198788, y lo están en el enfrentamiento que desde entonces vivimos en México, con una
intensa participación de la gente, entre dos proyectos nacionales, el del gobierno y
el del movimiento democrático.
Desde 1982 está ejecutándose un proyecto nacional que en términos de
nuestra historia podemos definir como neoporfirista,* al que pueden agregarse,
para caracterizarlo en términos menos localistas, los calificativos de monetarista,
neoliberal y antidemocrático.
*Porfirio Díaz impuso tras un golpe militar una dictadura que se prolongo, formalmente
reelección tras reelección, en la práctica fraude tras fraude en las elecciones, de 1876 a1911. Ejerció el
poder con una fuerte centralización. Dispensó favores a sus allegados y compró voluntades de
disidentes y críticos. Reprimió brutalmente la oposición política. Tuvo importante sustento en el
régimen de las haciendas, los grandes latifundios rurales. Produjo una elevada y desmedida
concentración de la riqueza en unos cuantos, a costa de la miseria de amplios sectores. Buscó atraer la
inversión extranjera, con ventajosas concesiones en ferrocarriles, electricidad, minería, petróleo.
Dependió en gran medida del crédito exterior. Fue derrocado por la Revolución.
Postula como objetivo central la modernización, que no define con claridad,
pero que debe entenderse como la de los aparatos productivos y comerciales.
Difiere, perdiéndola en un futuro de varias generaciones, la superación del atraso y
las exclusiones sociales. La apertura, la democratización del sistema político, no se
plantea ni siquiera como objetivo de largo plazo, menos aún como compromiso del
grupo gobernante.
El proyecto gubernamental se ejecuta en dos planos: el de su
instrumentación política y económica. propiamente dicha, y el de la transferencia
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del ejercicio real del poder de los grupos que tradicionalmente lo habían venido
ejerciendo y compartiendo en las últimas décadas (la alta burocracia política y
administrativa, las cúpulas sindicales oficiales, los altos mandos militares, los
banqueros y directivos de los principales órganos empresariales), a un grupo
constituido por la alta burocracia político-administrativa, en la que hoy tienen un
peso relativo mayor los funcionarios del área económica, por los grupos
financieros fortalecidos por la especulación; siguen tomados en cuenta los mandos
militares, y comparten hoy también las altas decisiones quienes están al frente de
los aparatos policiacos a cargo de la lucha contra el narcotráfico, señalados dentro
y fuera del país como fuertemente penetrados y beneficiarios del propio delito que
tienen la encomienda de combatir.
Estos relativamente nuevos depositarios del poder se han venido
relacionando entre sí por medio de una tupida red de complicidades y de
corrupción, y su proyecto encuentra lógica al buscar consolidarse ahora en el
ejercicio del poder, para seguir influyendo las grandes decisiones políticas y
económicas más allá del periodo de la presente administración.
El grupo gobernante se propuso, desde 1982, desmantelar y en su caso
reorientar los logros, instituciones, leyes, formas de organización social y
estructuras económicas surgidas de la Revolución mexicana. El gobierno actual
pretende consolidar este proyecto introduciendo cambios fundamentales en la
Constitución de la República (algunos anunciados oficiosamente) y formalizando,
por la vía de acuerdos internacionales, la subordinación a los Estados Unidos.
Nunca en la historia de México, se había tenido un grupo gobernante tan
obsecuente respecto al gobierno de Estados Unidos, ni tan coincidente con los
intereses que en lo interno e internacionalmente hoy defiende y representa.
Las políticas del Estado mexicano están entrando al terreno de las
inevitabilidades. Sostienen voceros gubernamentales que frente a la información y
consolidación de grandes bloques económicos en el mundo, es inevitable la
integración económica de México a los Estados Unidos, y por lo tanto, debe
buscarse se produzca en las condiciones menos desfavorables que puedan darse. Y
que la liberalización comercial, que es la vía para insertar al país en la economía y
la competencia internacionales, conduce de manera también inexorable, tanto a la
modernización de la planta productiva y a elevar los niveles de vida, como a la
liberalización o democratización del régimen político.
La experiencia de estos años recientes muestra otros resultados. Lo
supuestamente inevitable no sucede, y lo previsible es que de seguirse aplicando
las políticas actuales, transcurra la vida de varias generaciones y la miseria
continúe profundizándose, la planta productiva siga con un desenvolvimiento
totalmente desequilibrado y el régimen político se vuelva cada vez más rígido.
No vemos entonces, que la superación de los grandes problemas de México
vaya a encontrarse con su integración económica a los Estados Unidos.
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En primer lugar, no aceptamos que ésta sea inevitable ni menos que sea lo
que convenga al país; ni tampoco la alterativa menos desfavorable, de las posibles
hoy día. Menos aún podemos considerar como irreversibles las condiciones a las
que las políticas entreguistas y neoliberales han llevado al país.
En el mundo se han constituido grandes bloques económicos, que avanzan a
consolidarse también como importantes alianzas políticas. Algunos estudiosos
pronostican que para el final de este milenio, el producto bruto mundial estará
dividido en cuatro partes más o menos iguales: una, de los países de la cuenca del
Pacifico, los del lado asiático; otra para los Estados Unidos, que Io compartirán
minoritariamente con Canadá; una más para Europa, que en los años que faltan
para el nuevo siglo habrá que ver si termina en la frontera germano—polaca o si la
frontera europea habrá avanzado hasta incluir a los Estados del denominado
socialismo real; y la última cuarta parte para el resto del mundo, esto es, América
Latina, África y grandes porciones de Asia y de Oceanía.
Eso querría decir, en esa visión, en un mundo que se reacomoda con tres
bloques hegemónicos (que a su vez tienen hegemonías internas), que el destino
irremisible de los pueblos del sur es de dependencia, de atraso, de depredación
natural y de exclusiones. Por otra parte, que entre los tres bloques están haciendo
o han hecho un nuevo reparto de los territorios mundiales, donde unos -los de
ellos- constituyen las nuevas metrópolis, y otros —los nuestros, latinoamericanos,
africanos, del sur y suroeste de Asia y de Oceanía— estaremos asignados al
sustento y al capricho de las nuevas potencias. Así será y así sería si los pueblos
permanecieran sumisos, pasivos, resignados a un mundo de desigualdades y de
injusticias.
Nosotros vemos al pueblo mexicano y a los pueblos de otras muchas
naciones en todos los continentes, inconformes con las situaciones prevalecientes
internamente y en lo internacional, y activos en la lucha, primero, por ganar, por
hacerse de la conducción de sus propios destinos, y también porque se establezca
un orden internacional equitativo y justo.
Un nuevo reparto del mundo en la subordinación, sustentando la
prosperidad de unos en la miseria de los más, sólo conduce a situaciones y
relaciones inestables y pone en riesgo la seguridad de todos, para no hablar de la
injusticia.
En los nuevos agrupamientos, los países que se unen han buscado
compartir potencialidades y ventajas. Una mejor relación Norte—Sur, que deje de
ser desigual, puede alcanzarse, no tanto si nuestras naciones son anexadas por los
bloques existentes en condiciones de sometimiento, sino constituyendo nuevos
agrupamientos que se equiparen, por el potencial que puedan desarrollar, por su
peso demográfico, con el mercado común EEUU—Canadá, la Cuenca del Pacífico y
la Comunidad Europea.
Una Latinoamérica integrada constituiría en el continente la posibilidad,
casi única, de romper las relaciones negativas de dependencia respecto a los
Estados Unidos, y el poder abrirse a una colaboración internacional mucho más
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amplia, diversificada hacia otras aéreas económicas y al mismo tiempo más
estrecha con los propios Estados Unidos, de la que obligadamente se derivan
ventajas y beneficios mutuos.
La integración latinoamericana es un proyecto viable y, mientras se da
plena, entre países de nuestro continente y de otros continentes podemos
conjuntar esfuerzos para dar soluciones mejores a problemas que nos son
comunes: los altos endeudamientos con el mundo industrializado, una inserción en
condiciones favorables en los mercados y en la competencia mundiales, detener la
depredación de nuestros recursos naturales, entre otros.
La integración de México a Estados Unidos, en las actuales condiciones, sólo
prolongaría indefinidamente la situación existente. Las principales contribuciones
mexicanas en la relación con nuestros vecinos, seguirían siendo una mano de obra
barata y capitales (los que se van para cubrir el servicio de la deuda y los que
siguen fluyendo para depositarse en el exterior). No se abrirían oportunidades
nuevas.
La iniciativa para las Américas, lanzada recientemente por el presidente
Bush, propone una colaboración más estrecha entre los Estados Unidos y el resto
del continente. La plantea más cercana, hacia la integración, siempre subordinada,
primero con México. Para absorbernos es para lo que hoy tiene capacidad la
economía norteamericana. En pasos subsecuentes se irían dando, también en
condiciones de dependencia (sin renunciar a ejercer mientras tanto una
hegemonía política y económica, como desencarnada y casi contemplativamente
ha vivido el mundo la nueva tragedia de Panamá), las de los demás países
latinoamericanos.
Ese no puede ser el destino de nuestros pueblos. Lo sucedido hasta ahora no
era inevitable ni es irreversible. Nuestra respuesta soberana debe ser la
integración económica y política de América Latina. Es, insisto, un proyecto
cabalmente realizable.
En nuestra época hemos sido testigos de los fracasos de dos sistemas, que
las potencias hegemónicas impusieron en muchos países.
En Europa oriental hemos visto, y vemos aún, como se disuelven, como se
desintegran, al igual que castillos de arena cuando llega la ola, los regímenes de
partido de Estado, autoritarios, dogmáticos, centralizadores.
En América Latina, los modelos monetarios neoliberales muestran día con
día su incapacidad para dar solución a los problemas sociales y de la economía.
Ejemplos de ello se tienen múltiples, en Chile, Argentina, México, Venezuela, Brasil,
Bolivia, y creo que podemos agregar un etcétera.
En Europa los cambios están en curso, aceleradamente. Los pueblos han
adecuado o están adecuando sus sistemas políticos, tornándolos plurales,
abriéndolos a las prácticas democráticas; y reestructuran sus economías, al
plantearse hacerlas de mercado y de competencia. Los intereses, muy conocidos en
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el continente americano, del intervencionismo y la dependencia están al acecho. El
futuro, cuáles puedan ser los puertos de arribo de las reformas económicas y de la
nueva edificación social, es todavía incierto.
Del otro lado del Atlántico, en nuestra América, con una terquedad que sólo
explican los enormes beneficios que continúan derivando de ellas los grupos
dominantes en nuestros países y sus asociados del mundo industrializado, se sigue
insistiendo en mantener vigentes las políticas diseñadas y administradas por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han tenido y tienen alto
costo social de miseria, atraso y exclusiones, y que se realizan—por otro lado—
con una gran irracionalidad económica.
En México sufrimos por partida doble. De un lado, los efectos de la
inhumana ejecución del modelo económico neoporfirista; por otro, las
consecuencias de la extendida corrupción en que se sustenta y las limitaciones al
ejercicio de derechos y libertades fundamentales que impone, para subsistir, el
régimen de partido de Estado.
Los fracasos de esos sistemas, en uno y otro continentes, no obedecen a que
los pueblos hayan rechazado el ideal igualitario o renieguen de su aspiración
democrática. Lo que se hace evidente es el fracaso de las desviaciones de principios
esenciales, de las claudicaciones y traiciones, de las relaciones desiguales, la
corrupción y los modelos políticos y económicos exportados e impuestos contra la
idiosincrasia de los pueblos y los intereses nacionales.
Los problemas, huelga decirlo, no están totalmente superados. Hay un largo
trecho por andar. Cómo vayan a estructurarse las economías de los países de la
Europa oriental, en cada uno de ellos y en su conjunto; cómo vayan a insertarse en
la competencia mundial y en qué términos y condiciones a vincularse con los tres
grandes bloques económicos, hegemónicos en el mundo capitalista, son todavía
incertidumbres. Cegándose con la carrera armamentista, no hubo capacidad para
sostener el ritmo del adelanto científico y tecnológico que en el mundo de hoy
demanda la competencia comercial, adecuando a ello sus estructuras y relaciones
productivas, ni de asegurar un mejoramiento sostenido de las condiciones de
bienestar.
Las burocracias políticas de aquellos países fueron brutalmente insensibles
a la exigencia popular de libertades, y ante las protestas —sordas o abiertas— por
la imposición de restricciones económicas externas, producto de una gestión
ineficiente. No se ve que surjan aún las formas políticas nuevas. Son fuertes las
voces de la privatización, las que hacen de ésta principio ideológico y proclama
política. Se habla de inversiones de los países industrializados en el Este. Hay
quienes apuestan a que en ellas se encontraré la solución de los problemas
económicos y la senda hacia el bienestar. Son muchos los ajustes, las adecuaciones
que aún deben hacerse a los aparatos productivos y a las relaciones de los
trabajadores en ellos. Poco hemos escuchado de compromisos para preservar los
logros alcanzados: el hambre vencida, el acceso a la educación, el trabajo como
derecho universal, el cuidado al niño y a la madre.
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América Latina es un continente en efervescencia. Las políticas
monetaristas no hacen más que acrecentar los desajustes y las presiones sociales.
La caída de las dictaduras en el sur, no trajo como consecuencia el crecimiento de
las economías con estabilidad, ni el mejoramiento de las condiciones de bienestar
de la gente. Los impiden relaciones internacionales desiguales y estructuras
internas que discriminan y privilegian. En la mayoría de nuestros países, se ha
cobrado conciencia que es por la vía de la participación como podrá encauzarse
adecuadamente la solución de los problemas que afectan a las mayorías. Eso
explica las grandes movilizaciones electorales de México, Chile, Brasil, Colombia,
Perú.
La respuesta popular se dio en favor de alternativas democráticas, plurales,
que es necesario seguir fortaleciendo tanto internamente como a través de llevar a
cabo acciones continentales.
Existen grandes retos para quienes luchamos por libertades plenas,
particularmente en los países de uno y otro lado del Atlántico, donde está
resultando evidente el fracaso de los modelos exportados.
No es sólo seguir luchando por la democracia y la igualdad en los terrenos
de la movilización, de las elecciones, de la organización.
Es indispensable también elaborar intelectualmente, proponer. No se trata
de formular nuevas teorías o tesis que se dogmaticen, que se hagan oficiales, ni que
pudiera desarrollarse una filosofía con pretensiones de ser única. Las experiencias
recientes nos ensenan que el camino es el de la diversidad, el de las alternativas
múltiples, el del vigor que dan la pluralidad y las coincidencias.
Hay principios que guían y enmarcan la edificación social, cuya
consolidación en los derechos se viene buscando desde muy atrás. Los pueblos se
han movido en aras de la igualdad, la erradicación de la miseria, queriendo hacerse
dueños de la conducción de sus destinos, tratando de establecer un orden
internacional justo; se han movido contra opresiones, injusticias, marginaciones y
se han brindado generosa y valiente solidaridad.
Ni los modelos políticos que han caído, ni los que hoy estén sujetos a serios
cuestionamientos o los aparentemente más consolidados, estén dando solución de
fondo a estos problemas que bien podemos llamar ancestrales.
EI mundo nuevo no habrá de encontrarse si de nuevo se recorren los
caminos que condujeron al capitalismo de sentimientos primitivos, creador de
injusticias, ni al socialismo denominado real, que tan distante fue a quedar de los
ideales de igualdad y de libertades.
Sobre muchas cuestiones importantes debemos pensar, para elaborar a
propuestas que puedan llevarse a la discusión más amplia: como establecer
relaciones equitativas en nuestra simultánea condición de trabajadores,
consumidores y usuarios; en esas condiciones múltiples, qué intervención deba
tenerse en la gestión del aparato productivo para que éste cumpla su función
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social; qué modalidades y funcionas debe cumplir la propiedad; cuál es el papal del
Estado en una democracia de amplia participación social; qué transformaciones,
para tornarlas socialmente útiles y para que impulsen la estructuración de un
orden internacional justo, debieran sufrir las transnacionales y las
interdependencias que han desarrollado, los sistemas bancarios y financiaros
(principalmente de los países industrializados), las actúales economías
hegemónicas, las industrias bélicas, las redes que dominan la comunicación y las
industrias de la información.
Las formas nuevas que surjan deben garantizar la participación de la gente
en aquellas decisiones que modelan sus destinos, que afectan su vida individual, la
familia, su trabajo, su comunidad, al país, la relación internacional.
Las mujeres y los hombres, su dignidad y su bienestar, al disfruta pleno de
sus libertades y al ejercicio cabal de sus derechos, la práctica de un
internacionalismo no de las armas sino de la concertación, humanista y fraterno,
deban ser los objetivos y eje de la nueva institucionalidad política, de la
construcción social, del desarrollo económico y la colaboración internacional.
Con España tenemos afinidades en aspectos muy variados. Compartimos
cultura e idioma, aunque existan también otras culturas y otras lenguas en
nuestras naciones. Nuestros destinos fueron uno durante trescientos años.
A pesar que en algunos periodos podamos haber recorrido caminos
apartados, nunca nos sentimos lejanos; y los acontecimientos en nuestros países,
en uno y otro lado del Atlántico, en el arte y la cultura, en la vida social y en la
política, al considerarlos propios, despertaron siempre la polémica y las pasiones.
Los españoles entienden, en este nuevo acomodo del mundo, porque
conocen nuestro carácter y compartan nuestras aspiraciones, que nunca
podríamos aceptar una condición subordinada para nuestros países, ni al ser
considerados reservas para cuando algo falta a los poderosos.
Otros lucharon antes; con las ideas, en el debate, con la pluma, organizando
socialmente. Hoy somos nosotros los que recogemos la estafeta en la lucha por las
mismas causas, por colocar a nuestros países en planos de igualdad política con
todos los demás, y por un desenvolvimiento económico que permita a la gente vivir
con dignidad y abra a todos oportunidades crecientes de superación.
España debe y puede constituirse en el mejor vínculo de Latinoamérica con
la comunidad internacional, de manera especial con esta Europa unida, para que
pueda darse una colaboración que tenga como objetivos superar atrasos sociales,
dar acceso para compartir los nuevos conocimientos y los avances de la ciencia y
de la técnica, utilizar con racionalidad económica y social nuestras respectivas
potencialidades y ventajas comparativas, una colaboración que contribuya al
cumplimiento cabal de los tratados y compromisos internacionales, que favorezca,
efectivamente, el surgimiento de un orden internacional equitativo y justo.
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La agenda de la soberanía, la justicia
y la democracia
Convención de la Federación de Trabajadores
de Columbia Británica.
Columbia Británica, Canadá.
30 de noviembre de 1990.
Nuestro encuentro aquí, hoy, es no sólo el primero entre canadienses y
mexicanos con una causa común, sino que constituye el principio de una relación
duradera, substantiva y fructífera entre las fuerzas progresistas de dos países que
en el pasado siempre limitaron sus relaciones a los contactos burocráticos y
oficiales.
Esta reunión es, sobre todo, un reto para las fuerzas en favor de la
verdadera democracia, de los trabajadores, de las organizaciones populares, de los
defensores del medio ambiente, los grupos religiosos e intelectuales que están
tratando de construir —en ambos países— una visión de futuro que sea soberana
y justa, equitativa y democrática.
Otro encuentro, sostenido la semana pasada en la ciudad mexicana de
Monterrey, entre Carlos Salinas y George Bush, es la expresión de una relación
internacional que no respaldamos. Los dos gobiernos, de México y los Estados
Unidos, pretenden estar envueltos por un nuevo espíritu de amistad. Pero tras esa
fachada esta la realidad de un gobierno subordinado, que sin orgullo se rinde a las
demandas económicas y políticas de un vecino preparado para el conflicto, que
mantiene su agresividad.
Ya vamos tarde. Otro tipo de agenda se está construyendo, mucho más
rápidamente de lo que hubiéramos podido imaginar. Es la agenda de Monterrey,
que no está orientada para crear una nueva relación continental sino a subordinar
a nuestros dos países al vecino coman, los Estados Unidos. Nuestro objetivo es unir
fuerzas con ustedes y con nuestros amigos, aliados y contrapartes en los Estados
Unidos, para construir el tipo adecuado de relación entre nuestras tres naciones,
no la relación equivocada. Nuestra finalidad hoy es desarrollar juntos una relación
continental justa, soberana y democrática para el siglo XXI.
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Nuestra visita a Canadá tiene lugar en una coyuntura crítica de nuestra
lucha en México por transformar nuestro sistema político. Entre los muchos
sistemas autoritarios, monopartidistas que florecieron en el siglo XX, el régimen de
partido de Estado en México ha probado ser uno de los que tienen mayor
capacidad de recuperación. Esto puede en parte explicarse por las tradicionales
habilidades del sistema político mexicano para adoptar cualquier doctrina,
ideología o política que se consideren de moda en el resto del mundo.
Hoy, al adoptar las políticas radicales de libre mercado tipo Reagan, que son
tan populares en los organismos de crédito internacional, en las corporaciones
conservadoras y transnacionales a lo largo del mundo occidental, el régimen
autoritario de México ha encontrado aliados fuertes y ha obtenido nuevas fuentes
de apoyo político y de financiamientos.
La aparente apertura de la economía mexicana al resto del mundo ha tenido
de hecho, como resultado, que el pueblo mexicano quede encerrado tras una
muralla de intolerancia política, violaciones a los derechos humanos, fraude
electoral y creciente desigualdad social. Desde 1988 el pueblo mexicano ha estado
librando una creciente lucha por la democracia, que ha sido virtualmente ignorada
por la opinión pública mundial, engañada con la retórica del mercado libre de la
presente administración.
En elecciones estado tras estado, a lo largo y ancho del país, los votos
locales han dado al electorado mexicano la oportunidad de expresar su deseo por
la democracia y el cambio, sólo para enfrentarse con un muro de corrupción,
violencia y represión. Por lo menos ochenta personas han sido asesinadas desde
1988 en la batalla contra el fraude electoral. Este pesado tributo empieza a reducir
las perspectivas para un cambio democrático pacífico en México.
Las elecciones municipales del 11 de noviembre, en los estados de México e
Hidalgo, constituyen un ultrajante ejemplo de fraude electoral. Muchos de nuestros
partidarios, una parte importante del electorado, simplemente se quedaron en
casa, desanimados o activamente impedidos de votar por las tácticas del gobierno.
El régimen priísta celebró los bajos resultados como una victoria mayor, que fue,
por encima de todo, una pasmosa derrota para la democracia.
El gobierno contaba con desalentar el sentimiento democrático mediante la
intimidación a los votantes. Esta política parecía, al principio, tener éxito. Pero el
20 de noviembre, mientras nuestro país celebraba el 60 aniversario del inicio de la
Revolución mexicana, y en contra de las predicciones de todos los observadores
políticos, más de 50 mil personas se reunieron en la plaza central de la Ciudad de
México, en la manifestación política más grande contra el fraude electoral desde
los tensos días del verano de 1988.
Este es el México que encontramos y admiramos más y más en nuestros
constantes viajes por la República. Este es el México en el que contamos y en cuyo
nombre quisiéramos construir una relación continental. Pero el pueblo mexicano,
como todos los pueblos que en los años recientes, sea en Europa oriental o en
Chile, en Filipinas o en Haití, han librado con éxito una batalla por la democracia,
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espera el apoyo de los demócratas de todo el mundo. Sabemos que la larga
tradición democrática de Canadá no decepcionara a nuestros compatriotas.
En nombre de libre comercio, el gobierno mexicano y sus aliados en
Washington quieren que el mundo ignore a ese otro México. Su agenda de libre
comercio es simple y estrecha: México venderá barata su mano de obra para atraer
capital extranjero, que a su vez garantizará la sobrevivencia de uno de los últimos
regímenes políticos autoritarios que quedan en América Latina.
Salarios bajos, prácticas sindicales antidemocráticas, la desafortunada falta
de regulaciones y restricciones ambientales, condiciones de trabajo insalubres y
riesgosas, y consumidores desprotegidos, son presentados orgullosamente por el
gobierno mexicano como los activos de las ventajas comparativas en la lucha por la
competencia internacional. Al mismo tiempo, el gobierno disfraza la forma en la
que los verdaderos activos de México, particularmente el petróleo, se venderían en
el paquete del libre comercio.
Nos oponemos categórica e irrevocablemente a este tipo de acuerdo de libre
comercio. No corresponde al interés de México, pero tampoco favoreceré los
intereses de la mayoría de los habitantes de Estados Unidos y Canadá. No es la
forma de proceder. Los niveles de vida en su país y los logros laborales y sociales
existentes desde tiempo atrás se perderán, mientras los trabajadores mexicanos no
se verán mejorados. Por el contrario, creemos que con un tipo de pacto correcto, la
gente de las tres naciones puede resultar favorecida. El acuerdo que contemplamos
y queremos impulsar juntos debe ser un verdadero pacto continental de desarrollo
y comercio.
También entendemos que una amplia mayoría de canadienses parece haber
llegado a la conclusión que el acuerdo de libre comercio EEUU-Canadá ha sido un
mal negocio, y ahora quieren abrogarlo. Creemos que los canadienses pueden
resolver mejor los problemas que tienen con el acuerdo de libre comercio,
uniéndose con nosotros en una estrategia común para diseñar e instrumentar un
modelo nuevo para las negociaciones continentales sobre comercio.
No nos oponemos a negociar un pacto continental de comercio y desarrollo
con Canadá y los Estados Unidos. Sostenemos que el comercio debe ser visto como
un instrumento para el desarrollo, y que un nuevo tipo de modelo de desarrollo
debe estar en el centro de cualesquiera negociaciones continentales sobre
comercio. Consideramos entonces, que se requiere una relación y un modelo
alternativos para que las negociaciones continentales sobre comercio respondan a
las necesidades de desarrollo en las tres naciones.
Un acuerdo alternativo debiera incluir una carta social y basarse en normas
comunes respecto a derechos laborales, sociales y del ambiente. Asimismo, un
pacto continental de esta naturaleza fortalecería nuestra lucha interna por la
democracia, y propiciaría un mejoramiento significativo en la situación de los
derechos humanos de los mexicanos en México y en los Estados Unidos, así como
en los términos de la competencia política en México. Este arreglo debiera también
garantizar los derechos soberanos de cada nación para desarrollar sus propios
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recursos naturales, particularmente el petróleo, para satisfacer las necesidades de
su gente.
Los canadienses saben por experiencia la gran importancia que los Estados
Unidos dan al petróleo y a los recursos naturales. La única limitación expresa que
el gobierno mexicano ha puesto respecto a las demandas norteamericanas de libre
comercio, es la propiedad y dominio sobre los hidrocarburos. No creemos que el
gobierno mexicano sea capaz o tenga intenciones de resistir las presiones y
tentaciones en torno al petróleo. A fin de cuentas, sabemos que los negociadores
del gobierno mexicano abrirán nuestras reservas petroleras a la inversión
extranjera. Grandes compañías transnacionales decidirán como, cuando y con qué
propósitos deberán utilizarse los hidrocarburos mexicanos. De igual manera, una
fórmula se incluiría para asegurar a los Estados Unidos un suministro estable del
crudo mexicano, independientemente de los derechos soberanos de México.
Anticipándonos, creemos que si el petróleo es tan importante para Estados Unidos,
que manda 400 mil soldados a pelear por él al golfo Pérsico, es suficientemente
importante para que México lo defienda con igual determinación.
Un amplio acuerdo multilateral es, por definición, un mejor acuerdo que
uno bilateral limitado a cuestiones de comercio e inversión. Dos acuerdos
separados —entre Estados Unidos y México por un lado, y entre Estados Unidos y
Canadá por el otro- equivalen a un matrimonio por poder. Estados Unidos optimiza
los desequilibrios de su relación con cada uno de nosotros. Estados Unidos deriva
obvias ganancias y minimiza las concesiones al negociar separadamente con cada
uno de nosotros.
Este procedimiento simple fortalece al socio más fuerte. Desde el principio,
nuestra nueva relación debe ser un entendimiento trilateral en el que los
beneficios, costos e intercambios se acuerden entre los tres socios, en la misma
mesa. Aunque este pueda ser inicialmente un proceso prolongado, a largo plazo es
la forma más eficiente de proceder.
Dadas las disparidades de las tres economías, y el hecho de que la economía
mexicana trae su mano de obra barata y sus recursos a la agenda continental,
Canadá se verá afectado bajo cualesquiera circunstancias. Así, resulta mucho mejor
para los canadienses comprometerse en un proceso de construir una alternativa de
un pacto continental de comercio y desarrollo, a fin de verdaderamente encontrar
una forma equitativa de compartir los beneficios del crecimiento y el desarrollo
continentales.
Dentro de este marco, la participación de Canadá podría constituir un
contrapeso para México, una alianza para negociar y una fuente de experiencias. Es
un contrapeso porque muchas de las demandas de México son similares a las de
Canadá. Este es el caso, por ejemplo, de abatir tarifas y barreras no arancelarias
federales, estatales y locales en los Estados Unidos; proteger sectores importantes,
estratégicos de nuestras respectivas economías, que podrían ser hundidas por las
firmas norteamericanas; salvaguardar aspectos importantes de nuestros
respectivos estados de bienestar que, cualesquiera que sean sus inconvenientes e
ineficiencias, son todavía superiores y más equitativos que sus equivalentes
americanos.
40
Una forma de mejorar verdaderamente las condiciones de trabajo en
México, es evitar encerrarse en una situación laboral de bajos salarios, sin
sindicatos, carentes de reglas de seguridad e higiene.
Además, México y Canadá son, ambos, importantes productores de energía,
con vastos recursos energéticos no desarrollados que deben conservarse para
generaciones futuras y administrarse en función del interés nacional. Estados
Unidos es un ávido importador de energía. Quisiéramos ver a México y Canadá
desarrollar un nuevo acuerdo continental que reflejara con mayor fidelidad los
derechos e intereses de los productores de energía.
Pero también, las dudas en Canadá con respecto a las ventajas y desventajas
del libre comercio, son quizá más similares a las que surgen en México que al
aparente entusiasmo americano. Si a ésta agregamos la experiencia negociadora
que Canadá ha adquirido con los años, junto a la movilización popular y al amplio
debate democrático que ha tenido lugar en su país, creemos que la participación de
Canadá en un nuevo modelo fortalecería significativamente la posición de México.
De igual manera, los argumentos de Canadá podrían quizá ver su credibilidad
aumentada si estuvieran apoyados por una posición mexicana decidida.
Tenemos una visión del tipo de desarrollo y de relación continental que
queremos impulsar. No podemos aceptar el argumento de que cualquier crítica a
los acuerdos de libre comercio en curso está descalificada porque estamos contra
las tendencias mundiales y las ideas "modernas", que simplemente estamos
tratando de preservar estructuras anacrónicas.
Por el contrario, aspiramos a un mundo más integrado y a un marco
continental para el desarrollo en el que el progreso científico y tecnológico se
comparta para traer mejoramiento social.
Eso sólo puede ser producto de liderazgo real, no de inercia económica.
Debe surgir de la participación democrática, no de la imposición autoritaria. Debe
plantearse en tiempos prudentes y responsables, no en apresuramiento
determinado electoralmente. Debe buscar que verdaderamente se eleven los
niveles de vida de los mexicanos, pero no a expensas de las ganancias de los
trabajadores americanos y canadienses.
Finamente y por encima de todo, no debe ir en detrimento de la dignidad de
los mexicanos, canadienses o americanos, de sus recursos y medio ambiente, no
debe ir contra nuestro futuro común.
41
Iniciativa Continental de Desarrollo y Comercio
Nueva York, EEUU.
8 de febrero de 1991.
Enfrentamos un reto con el que ninguna otra generación de estadunidenses,
mexicanos o canadienses se ha encontrado: preparar el futuro creando un marco
de auténtica cooperación continental. Si tenemos éxito y establecemos un
mecanismo para compartir con equidad nuestros respectivos talentos y recursos,
nuestras economías se fortalecerán y nuestros pueblos vivirán mejor, no a
expensas de la riqueza del vecino sino gracias a la prosperidad de todos. Sin
embargo, no debemos engañarnos con falsas ilusiones o autocomplacencias esa
prosperidad compatible y equitativa no llegará automáticamente.
Para tener una nueva relación y hacer las cosas correctamente, los
mexicanos y los norteamericanos en particular, debemos reconocer que las
premisas existentes para nuestra integración económica no son las necesarias para
construir una nueva relación, viable y justa. La explotación de mano de obra
barata, energía y materias primas, la dependencia tecnológica y la débil protección
ecológica, no debieran ser los puntos de partida sobre los que México estableciera
sus ligas con los Estados Unidos, Canadá y la economía mundial.
No podríamos estar satisfechos con el tipo de futuro que surgiera de la
simple liberalización económica, que sólo extrapolaría las tendencias actuales y
agudizaría las fallas. En vez de ello, debemos actuar con visión, tratando de
asomarnos y yendo al encuentro del futuro, no simplemente esperándolo. Seamos
responsables y prudentes: no cualquier clase de comercio constituye un
intercambio mutuamente ventajoso; no cualquier tipo de inversión va a
transformar nuestras bases productivas y crear los empleos y los ingresos que
queremos para nuestra gente; no cualquier industria va a optimizar el uso de
nuestros recursos y proteger nuestro ambiente; no cualquier negocio es una
empresa responsable. La liberalización económica no es nuestro objetivo, es sólo
una de nuestras herramientas. El desarrollo, la justicia social y un ambiente limpio
son nuestros objetivos.
Estamos en favor de un amplio pacto continental de comercio y desarrollo
que considere, de entrada, el libre comercio entre México, Estados Unidos y
42
Canadá; y que corresponda, al mismo tiempo, al interés del desarrollo de México y
no afecte las normas de bienestar de Estados Unidos o de Canadá.
Sabemos que hay quienes consideran que cualquier acuerdo es mejor a que
no haya acuerdo; que para México, cualquier acceso al mercado americano es base
suficiente para aceptar indiscriminadamente las demandas americanas, ya que ese
acceso es condición tanto necesaria como suficiente para el desarrollo de México.
Rechazamos esa posición. El comercio, insistimos, debe ser un instrumento del
desarrollo, no un fin en sí mismo.
La inercia de tendencias del pasado y actuales, así como los errores
cometidos en la instrumentación de nuestras estrategias de desarrollo —falta de
visión, ausencia de toda credibilidad democrática, corrupción, mala administración
y demagogia— han dejado al país sin resolver, en buena medida, sus problemas
sociales seculares. El régimen de partido de Estado y un desarrollo distorsionado
han producido atrasos sociales y la atrofia del Estado, y crearon también empresas
y mercados igualmente distorsionados. Hasta ahora, la privatización y
liberalización de la economía mexicana no han traído consigo un impulso
económico autosostenido, ni mejorado la iniciativa empresarial o la innovación
tecnológica nacional; tampoco ha propiciado mercados más libres o más
competencia, sino que ha logrado, más bien, mayor concentración de la riqueza en
unos cuantos y una dependencia más profunda del capital y la creatividad
extranjera.
Queremos que los mercados mexicanos funcionen, estamos a favor de una
mayor y más equitativa competencia dentro de México y entre México y el resto del
mundo, y sabemos que esto no puede lograrse por el simple hecho de privatizar los
monopolios estatales. Es necesario alentar el crecimiento de una clase empresarial
progresista, moderna y vigorosa que México nunca ha desarrollado. Una gran parte
del sector privado nacional tendrá que aprender a sostenerse por sí mismo y a
obtener sus beneficios de su iniciativa y competitividad, y no ya de compartir la
corrupción con altos funcionarios del gobierno.
El desarrollo debe traducirse en el surgimiento de economías de escala;
firmas grandes donde la producción y la comercialización lo requieren y empresas
medianas y pequeñas regadas por todo el país. La preservación del núcleo de la
capacidad reguladora del Estado mexicano no debiera ser una cuestión a negociar.
Es necesario instrumentar una estrategia nacional de desarrollo, superar el atraso
social y transformar el sistema económico en su conjunto.
Es absolutamente inadmisible que en la división internacional del trabajo
entre los tres países, se asigne a México el papel de suministrador permanente de
mano de obra barata. Elevar los niveles salariales y las condiciones de trabajo en la
dirección general de los usuales en Estados Unidos o Canadá, en lugar de
sistemáticamente reducir nuestros salarios e ingresos para atraer a inversionistas
renuentes, es una razón principal para buscar nuevas formas de integración
económica.
43
Sabemos que el reto de hoy es convertir el combate contra la pobreza en un
verdadero esfuerzo económico, en el cual la riqueza no sólo se distribuya sino que
se genere por el esfuerzo mismo de erradicar la miseria. Para hacer eso sabemos
también que no debiéramos confundir la inversión productiva con la inversión
social, y no pedir a una lo que sólo la otra puede dar.
El desarrollo no es solamente el asunto de desarrollar países. Hoy está claro
para todos, pero sobre todo para los norteamericanos, que no pueden aislarse de la
miseria, las carencias, la injusticia y la degradación ambiental de sus vecinos. Si el
norte no adopta de nuevo un ideal humanista de desarrollo, la cooperación
internacional se verá obstaculizada por la contaminación, el deterioro urbano, el
crimen, el consumo de drogas y la intolerancia. Y la responsabilidad de resolver
estos problemas vinculados entre sí no es únicamente del mercado.
Lo que también debemos encontrar es como hacer para que el proceso de
desarrollo sea compatible, tanto para los millones de mexicanos empobrecidos
como para los intereses y el bienestar norteamericanos y canadienses. El núcleo de
un pacto para el desarrollo debe ser la creación de empleos bien remunerados en
México, y el incremento de la productividad del trabajo en los tres países.
Falsos profetas del determinismo económico dicen que no tenemos otra
opción, sino enrolarnos en un bloque internacional determinado. Sin embargo, hay
una cosa respecto a la cual los países como México no tienen otra opción:
redistribuir el ingreso y promover el desarrollo social, concibiendo nuevas
estrategias en consonancia con la economía mundial. No podemos aceptar el orden
actual sin tratar de negociar las mejores condiciones posibles para nuestra gradual
integración internacional. El Pacto Continental de Comercio y Desarrollo que
proponemos ofrece una oportunidad para realizar un nuevo diálogo norte—sur, no
ya más con el sólo propósito de redactar declaraciones, sino para firmar pactos
económicos y compartir compromisos de desarrollo reales. Lo que queremos crear
no son bloques defensivos o clubes exclusivos, sino un nuevo sistema de
cooperación entre países desarrollados y en desarrollo.
El reciente tropiezo de la Ronda de Uruguay del GATT ha estimulado a los
sostenedores del bilateralismo en las relaciones comerciales. No debiéramos caer
en esa tentación. Rechazamos la noción de que el Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Estados Unidos, Canadá y México sea el primer paso de una serie de tratados
bilaterales de libre comercio entre Estados Unidos y sus vecinos latinoamericanos.
La verdadera dimensión hemisférica de un pacto continental debe basarse en el
principio del multilateralismo. Si México, los Estados Unidos y Canadá son capaces
de moldear sus respectivos objetivos de desarrollo en un entendimiento que no
tenga precedentes, ese consenso debiera tornarse en el centro de un nuevo
proceso alternativo de negociaciones multilaterales para la integración
hemisférica. El Caribe y Centroamérica podrían incorporarse primero, seguidos
después por las naciones andinas y del sur de Sudamérica, que podrían
simultáneamente avanzar en sus proyectos regionales de integración económica.
El logro de esta y otras metas, es un reto a nuestra habilidad para ir un paso
adelante de nuestro tiempo. Lo que necesitamos no es un tratado de libre comercio
44
rígido, que reproduzca el poco satisfactorio modelo de TLC ya suscrito por los
Estados Unidos con Canadá; ni tampoco podemos seguir un modelo convencional
de mercado común. Si la inclusión de Canadá en las pláticas significa que México va
a ser simplemente un firmante más del TLC entre Canadá y Estados Unidos, con
pocos ajustes y modificaciones, en ese caso, nos opondremos enérgicamente a ese
acuerdo. Los pactos existentes constituyen sólo referencias vagas para lo que
realmente necesitamos. En el caso de México, los Estados Unidos y Canadá,
enfrentamos un intento sin precedentes para alcanzar acuerdos entre tres
economías agudamente diferentes.
Proponemos una negociación ambiciosa con base en un planteamiento
coherente, integrado, global, que conduzca a un pacto de libre comercio y
desarrollo amplio, visualizado a largo plazo y de alcances continentales. El TLC
propuesto, que hoy está sobre la mesa, aun cuando no tiene la amplitud del que
proponemos, no es en sentido estricto un trato de comercio incluye la agenda
norteamericana ligada al comercio inversión, servicios, propiedad intelectual,
energía—, pero deja afuera la agenda mexicana vinculada al comercio —inversión
compensatoria, movilidad laboral, ecología, un compromiso social.
El tratado alternativo que proponemos consiste de cinco paquetes de
negociación claramente definidos. Uno, las materias estrictamente comerciales;
dos, la adopción y armonización de las normas en las áreas siguientes: inversión,
reglamentación anti monopólica, un compromiso social, la ecología y la propiedad
intelectual; tres, inversiones compensatorias; cuatro, mecanismos para el arreglo
de controversias; y cinco, movilidad laboral.
Comercio
Los criterios guías para que se dé el libre comercio deben ser que la
reciprocidad no es aplicable todavía, salvo en circunstancias muy especificas y
excepcionales; que el acceso norteamericano y canadiense a los mercados
mexicanos en aquellas áreas aun protegidas debe ser gradual, selectivo y
amortiguado con los adecuados recursos adicionales; y en cuestiones
estrictamente comerciales, que este pacto debe más que nada ser un acuerdo que
quite o reduzca las barreras no arancelarias de los Estados Unidos.
Debido a las disparidades existentes entre las dos economías y al hecho de
que México, correcta o equivocadamente, ha hecho ya tanto en términos de
conceder acceso a sus mercados, debiera tener más tiempo que los Estados Unidos
para eliminar subsidios, remover las restricciones que aún quedan y poder
proteger no sólo industrias nacientes, sino ramas completas de la industria y los
servicios mientras determina cuales partes de su actividad económica pueden ser
competitivas en la economía mundial, y desarrolla nichos para ellas. México es
particularmente vulnerable en el área de servicios, donde una competencia total
con firmas norteamericanas —en la banca, ingeniería, seguros y otros campos—
podría destruir partes vitales de sus servicios.
Es a menudo el ingenio, la iniciativa o aun razones arbitrarias, así como las
oportunidades creadas por el comercio internacional, lo que determina los nichos
45
en un país dado. México tiene algunas áreas donde ya es competitivo: vidrio,
cemento, cerveza, partes automotrices. Hay otras que están determinadas
naturalmente. La más significativa es la del petróleo, desde la energía hasta la
industria petroquímica. En el campo de los servicios, México tiene un amplio
horizonte por delante. El tratado debiera incluir provisiones que permitieran a
México seleccionar aquellas industrias, y determinar cómo y cuándo desarrollarlas.
De igual modo, debieran establecerse provisiones mediante las cuales las
políticas sociales de México —subsidios, educación, vivienda, salud— no debieran
considerarse como prácticas comerciales desleales durante un periodo importante.
Como estrategia general de desarrollo, el objetivo de México debiera ser
cambiar todo el esquema de las maquiladoras, como un primer y muy importante
paso. Reglas de origen debieran diseñarse con este propósito. Después de más de
veinticinco años de operación, las ligas de las maquiladoras con el aparato
productivo mexicano siguen siendo virtualmente inexistentes. Las maquiladoras
han creado cerca de medio millón de empleos en veinticinco años y han generado
algún apoyo a la balanza de pagos. Sin embargo, muchas de ellas provocan fuertes
daños ecológicos y en ninguna parte es tan grave como en ellas, la distancia
existente entre el crecimiento de la productividad y el de los salarios, ni tan largo el
periodo en el que los salarios reales han permanecido tan bajos, comparados con
los de cualquier otro sector. Esto prueba que bajo este tipo de arreglo, no puede
esperarse que los salarios y las condiciones de vida en México se eleven
significativamente.
La agricultura de subsistencia, que produce la mayor parte de los granos
básicos de México, debe retirarse de la mesa de las negociaciones. Millones de
campesinos se verían echados de sus tierras si sus formas de producción
ineficientes, atrasadas y no competitivas se ven de repente expuestas al volátil
mercado mundial de los bienes de consumo. La modernización de la agricultura
mexicana no se va a lograr siguiendo una trayectoria que cualquier país
industrializado exitoso rechazaría para sí. México no puede ir en agricultura más
aprisa que el GATT, y debiera probablemente proceder aun con más lentitud dada
la migración y los efectos sociales que sin duda tendría la deserción en masa de las
tierras sin riego, de muy baja productividad. Necesitamos una política agrícola
radicalmente nueva, que vaya mucho más allá de la liberalización comercial.
Normas
Inversión. Los movimientos de capital, particularmente las inversiones
extranjeras directas, son una componente central de la nueva sociedad continental
que queremos construir. La cultura mexicana contraria a la inversión extranjera
está muy arraigada, y en mucho se justifica por nuestras amargas experiencias
históricas. Debemos aprender a ver a la inversión extranjera no como un mal
inevitable, sino como una oportunidad deseable y aun como un instrumento
necesario para atraer recursos, para cerrar brechas tecnológicas y para moverse
decisivamente hacia los mercados mundiales. La sociedad que queremos no se
creará si no redefinimos las reglas que gobiernan las inversiones extranjeras en
México. El sistema actual es ambiguo y casuístico. El papel de la inversión
46
extranjera en nuestra economía debiera ser claro y sus límites inequívocos. Esa
amplia redefinición debiera surgir de un debate nacional franco, verdaderamente
abierto y plural.
Aquellas secciones de las leyes y reglamentos que limitan la inversión
extranjera en México, que creemos deben mantenerse, tienen que ver con el acceso
a los recursos naturales y a los sectores estratégicos de la economía,
principalmente el petróleo. El monopolio estatal existente en la exploración,
extracción, refinación y transformación industrial del petróleo mexicano debe
permanecer intacto y excluirse de cualquier negociación. Esto incluye, obviamente,
desde nuestro punto de vista, cualquier compromiso para garantizar el suministro
de petróleo a Estados Unidos, en contraste con lo que Canadá aceptó en el TLC con
este país.
Respecto al petróleo, la posición negociadora de México debiera ser
inflexible; cualquier desviación de esta norma es inaceptable y podría conducir a
hondas divisiones políticas. La industria petrolera es a México lo que las industrias
militar y aeroespacial son a los Estados Unidos, esto es, cuestión de seguridad
nacional.
El compromiso social. Las disparidades existentes entre las tres
economías implican que un objetivo central, sustantivo de las negociaciones,
debiera ser la estandarización gradual —pero decisiva- de las normas relativas al
comercio. La primera y principal entre ellas debe ser un compromiso social, que
asegure que los trabajadores en los tres países gocen de las mismas condiciones
reales —no en el papel— de trabajo, derechos de negociación colectiva, marco
legal y condiciones de seguridad ocupacional e higiene, de modo que se evite la
explotación de los mexicanos y la actual competencia desleal con sus contrapartes
americanos y canadienses. Los salarios no pueden decretarse uniformes, pero las
condiciones en las que se establecen y el marco de trabajo en el que se dan las
relaciones entre patrones y trabajadores, pueden armonizarse.
El media ambiente. La armonización de normas también debiera
instrumentarse con relación a la ecología. El acuerdo debiera fijar límites a las
partes respecto a su acceso a los recursos naturales. México no puede
transformarse en el depósito de desechos químicos y el basurero de las industrias
americanas o canadienses, que tratan de dar la vuelta al cumplimiento de las
restricciones ambientales en sus países. La laxitud en el cumplimiento de las leyes
en la materia en México, debe cesar como una ventaja comparativa para las
compañías que invierten en nuestro país. Una de las contribuciones principales de
un pacto continental a la cooperación internacional, sería el acuerdo entre las
partes respecto a que las responsabilidades y costos de proteger el medio
ambiente se consideren como costos e inversiones del desarrollo.
También es necesario armonizar las normas de protección al consumidor.
Es inaceptable que productos, substancias o procedimientos que se consideren
peligrosos, inadecuados o tóxicos en las naciones industrializadas, se consideren
apropiados para las subdesarrolladas.
47
La armonización de normas ecológicas no significa la adopción inmediata de
exactamente las mismas normas por los tres países, sino más bien la más rápida
evolución posible de ellas en la misma dirección.
Consideración especial debe darse al capítulo de la propiedad intelectual, un
asunto que Estados Unidos ha demandado desde el principio se incluya en las
negociaciones con México. Dado el hecho que la legislación internacional existente
en la materia es de muchas maneras negativa para las necesidades de desarrollo de
México en áreas sociales fundamentales, debiera hacerse un esfuerzo para adoptar
un conjunto de normas que crearan un sistema más equitativo de transferencia de
tecnología y derechos intelectuales.
Financiamiento compensatorio
En un proceso de integración económica como el que está en curso, la
economía con más desventajas inevitablemente es la que tiene que hacer los
mayores y más costosos ajustes. También sufre más dislocaciones en el corto
plazo. Los efectos derivados tienden a ser de naturaleza global, inmediata,
mientras en las economías más ricas tienden a ser limitados y puede manejárseles
en el largo plazo. Las disparidades entre las tres economías significa que, por
encima de los fondos inducidos por el mercado que podrían llegar como
consecuencia del TLC, México requerirá recursos importantes para financiar,
primero, el proceso de ajuste, incluyendo las inversiones necesarias en
infraestructura y educación, de manera que se desarrolle la capacidad para
absorber nuevas inversiones adicionales; segundo, la armonización de normas; y
tercero, las provisiones del compromiso social.
Sabemos que financiar no es fácil, pero hacer de la disparidad fundamental
entre las tres economías la primera piedra del acuerdo, significa hacer del
financiamiento compensatorio su pieza central.
Arreglo de las controversias
Con respecto a las controversias directamente relacionadas con el comercio,
el mecanismo que se establezca, en adición o en substitución al mecanismo del
GATT, debe incluir provisiones mediante las cuales los tres países puedan recurrir
a ese mecanismo en términos de igualdad. La verificación internacional y la
obligatoriedad de cumplimiento de los procesos acordados de armonización de
normas, es también necesario. La forma de lograrlo es, simplemente, la de extender
la autoridad del mecanismos tripartita para el arreglo de las controversias
comerciales. El instrumento básico para exigir el cumplimiento debiera ser la
exclusión de los beneficios del tratado. Concurrentemente, debe adoptarse
provisiones que permitan mecanismos de verificación social de cumplimiento,
como acceso en condiciones de igualdad a los mecanismos de arreglo de
controversias para todas las partes interesadas: productores, agricultores,
sindicatos, asociaciones ecológicas, grupos de consumidores, agrupaciones de
defensa de derechos humanos, etcétera. Junto con estas entidades trilaterales, el
recurso a organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la OIT para
48
cuestiones laborales o UNEP para controversias especificas de carácter ambiental,
pueden servir como canales para encontrar soluciones justas a estos problemas.
Movilidad laboral
Una verdadera negociación entre México y los Estados Unidos no puede
concebirse si evita la controvertida cuestión de la movilidad de trabajadores a
través de la frontera. Los trabajadores constituyen el intercambio económico,
social y humano más significativo entre nuestros dos países, y por lo tanto razón
suficiente para colocar a la migración al principio de nuestra agenda.
Quienes proponen un tratado de libre comercio estrecho, abogan con fuerza
porque se retire este tema de la búsqueda de cualquier acuerdo comercial,
argumentando que impide iniciar todo trato y que contaminará el proceso de
negociación en grado tal que, al final de cuentas, se haría imposible el tratado. De
hecho, el tema de la movilidad laboral ha quedado ya explícitamente excluido de
las negociaciones en curso entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y quien
insiste en su inclusión es visto como un enemigo del libre comercio.
Entendemos las dificultades y reconocemos que existen profundas
sensibilidades sociales, y aun resistencia racista, respecto a la inmigración
mexicana y latinoamericana.
De manera ideal, los mexicanos no debieran verse forzados a dejar su país
para encontrar empleos en los Estados Unidos. La creación de oportunidades
económicas para todos es, sin duda, nuestra mayor aspiración. Un TLC es visto por
muchos, en ambos lados de la frontera, como una medida económica audaz,
necesaria para detener los flujos migratorios en su origen al crear empleos para los
mexicanos en México. Además, algunos creen que un TLC sin condiciones sociales
agregadas a él, creará el mejor de los mundos para la industria norteamericana:
acceso directo a una fuente permanente de mano de obra barata, al otro lado de la
frontera. Sin embargo, el sólo libre comercio puede muy bien dar impulso al
proceso migratorio, en vez de acabar con él.
Según todas las cuentas, en los últimos años, desde que empezó la
liberalización económica de México, la migración a Estados Unidos ha aumentado
substancialmente. Las tendencias demográficas y la escasez de mano de obra en los
Estados Unidos ofrecen amplias oportunidades de trabajo a los migrantes. Toda la
evidencia empírica, recogida por investigadores norteamericanos y mexicanos,
muestra que el factor que por sí sólo influye más en las decisiones de los
mexicanos para emigrar es el salario, esto es, un salario más alto. Hoy, el perfil
típico del nuevo migrante económico que llega de México no es el del desempleado
iletrado, sino el del trabajador semicapacitado que se mueve de un empleo con
pago muy bajo en México, a uno con un pago muy superior en los Estados Unidos.
Por si mismo, un simple acuerdo de comercio libre difícilmente podría cambiar
esta situación.
Es comprensible que muchos americanos no quieran una frontera abierta
con México. Es igualmente comprensible que los mexicanos quieran acabar con los
49
controles y limitaciones humillantes, y a menudo represivos en el cruce de la
frontera. La razón obligada para negociar sobre esta materia es encontrar un
campo común, intermedio, entre fronteras abiertas y la inmigración ilegal, benéfica
para ambas partes. Acceso legal y amplio para los trabajadores mexicanos al
mercado de trabajo norteamericano, que proteja los derechos de los mexicanos en
Estados Unidos en términos reales y socialmente aceptables —tanto desde un
punto de vista americano como desde uno mexicano— seguramente es posible.
Un tratado continental de desarrollo y comercio tomará su tiempo para
construirse; nuestros dos países tienen este tiempo, aun si la actual administración
mexicana no lo tiene. Un buen acuerdo, que tome más tiempo para alcanzarse, es
mejor que un mal acuerdo logrado bajo la coacción y las presiones del tiempo. El
avance en las cuestiones que interesan a un país, debiera estar ligado al avance en
las cuestiones que son del interés del otro.
Un Tratado de Libre Comercio carente de previsión, estrecho, sólo dará
prosperidad a unos cuantos y hará perder la esperanza a los más. Una
liberalización comercial concebida y conducida en el marco de una alternativa real
de desarrollo, movilizará el entusiasmo y el compromiso de numerosos grupos
sociales en México, que hoy se ven excluidos de todo beneficio. Estamos obligados
a tener éxito en esta oportunidad de lograr un progreso auténtico y una
cooperación fructífera entre nuestras naciones.
50
Un pacto continental
y una integración viables
Universidad Complutense.
Madrid España,
abril de 1991.
Deseo expresar mi profundo agradecimiento a la Universidad Complutense
por la honrosa distinción de que me hace objeto al entregarme esta medalla.
La acepto y recibo en nombre de los millones de mexicanos que hoy luchan
denodadamente porque el país transite hacia la democracia y como homenaje a
todos aquellos que ofrendando sus vidas, combatiendo con las ideas, las armas, con
la pluma, la organización social y política, nos han dado patria, nación y libertades.
Con este acto, la Universidad Complutense abre una oportunidad, que nos
merece pleno reconocimiento, para que a partir de él e invitando a otros
expositores, con otros compromisos políticos y otras ideologías, se conozcan las
realidades de México, muy distintas a las imágenes e impresiones que se divulgan
interesadamente y logran con ello se ignore una lucha ejemplar por el respeto y
ejercicio de derechos democráticos fundamentales, que tienen ya un alto costo en
vidas, prisiones políticas, de sacrificios, en fin, del pueblo mexicano.
Son ya seculares las luchas de los mexicanos por el goce y ejercicio plenos
de sus libertades esenciales, por la igualdad, contra la miseria y las marginaciones,
por la autodeterminación nacional y una relación internacional equitativa.
Arrancan desde que empezaron a formarse lo que hoy son nación y nacionalidad,
en la labor de los primeros misioneros que se opusieron a la explotación y las
crueldades practicadas contra los indios, en las rebeliones de esclavos y las
comunidades indias. Vinieron después las luchas por la independencia política; las
que se libraron durante largos años por la consolidación de la República, contra las
intervenciones extranjeras y las dictaduras propias, por la libertad de conciencia y
las libertades civiles. En este siglo, la lucha principal se ha estado dando por la
democracia y se centra ahora, en estos finales del siglo XX, en conquistar la
efectividad del sufragio, el respeto al voto ciudadano.
51
Los esfuerzos, en particular, por construir la democracia, vienen también
desde muy atrás en nuestra historia y no han pretendido alcanzar sólo la
democracia en el terreno político, sino que le reconocen amplias vinculaciones
sociales y la ven como parte de las luchas por el ejercicio pleno de la soberanía
nacional.
En 1988, motivada por la campaña electoral, acabó de emerger con fuerza
una gran movilización popular que se estuvo gestando por largo tiempo. Se
identificó con la propuesta política de recuperar y actualizar el camino de las
reivindicaciones populares y nacionales, que tenía su antecedente más inmediato
en la Revolución mexicana que se iniciara en 1910 con el lema de "Sufragio
efectivo. No reelección", y que plasmó sus demandas principales en la carta
constitucional de 1917. En esas movilizaciones se juntaron, es importante
destacarlo, quienes venían de trayectorias políticas muy distintas, con ideologías
diversas; corrientes que se reclamaban socialistas, nacionalistas, democráticas,
que, pienso yo, en el mejor de los casos creíamos que íbamos por líneas paralelas, y
que la realidad nos hizo ver resultaron convergentes.
Nos explicamos que en la campaña política se haya dado una gran
participación popular, debido al deterioro acelerado que han venido sufriendo los
niveles de vida de amplios sectores de la población, el fuerte incremento del
desempleo, el estancamiento de la economía, altos índices de inflación, privilegios
del Estado para la inversión especulativa y freno intencionado de la inversión
productiva, una elevada concentración del ingreso en unos cuantos; porque se
hacía cada vez más evidente la supeditación política del gobierno a los intereses
que mueven las decisiones en el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial; porque la gente, acertadamente, relaciono todo esto con una política de
deuda externa que a partir de 1982 hizo del pago de su servicio la prioridad
económica y política número uno del país, lo que consumió todos los posibles
recursos de inversión y canceló con ello posibilidades de desarrollo económico y
mejoramiento social.
Los golpes que sistemáticamente sufrieron los niveles de vida desde 1982 y
el peso evidente que fue cobrando la deuda externa, como lastre a toda posibilidad
de mejoramiento, tuvieron como efecto crear una inconformidad general,
despertar la memoria histórica de todo un pueblo y provocar una toma de
conciencia colectiva, que llevó a su vez a grandes sectores de la población a tomar
la decisión de participar activamente en la vida política, en la búsqueda del cambio.
La gente comprendió que era necesario modificar las políticas económicas,
dando la prioridad al mejoramiento social y a la reactivación de la producción.
Había que tomar decisiones con independencia de los organismos financieros
multilaterales, esto es, en función de los intereses propios, y librar un combate a
fondo para extirpar la corrupción y terminar con las complicidades de altos
funcionarios del gobierno con importantes grupos privados. Para ello, se tenía
claro, había que ganar la elección del seis de julio del 88, lo que abriría el paso, por
otro lado, para terminar con el régimen de partido de Estado —por cierto, ahora
uno de los últimos que subsiste en el mundo— con un presidencialismo
autocrático y un manejo patrimonialista de los recursos del país.
52
Factor decisivo para inducir la movilización y para lograr la convergencia de
corrientes y formaciones políticas muy diversas, en otras épocas incluso
antagónicas, fue la candidatura presidencial de unidad, mi candidatura, sostenida
por el Frente Democrático Nacional.
Así se llegó a las elecciones. Sus resultados, se saben bien fuera y dentro de
México, estuvieron y están fuertemente cuestionados. Nunca se han conocido los
verdaderos.
En demanda del respeto al voto y de que se limpiara la elección se dieron las
más grandes e impresionantes movilizaciones de carácter político electoral que
haya conocido el país.
En el Frente Democrático Nacional la unidad real se daba sólo en torno a la
candidatura presidencial. Era un mando con cabezas e intereses múltiples, que no
se brindaban confianza entre sí y no permitió una lucha más articulada por
corregir la elección y poder llegar a los resultados reales.
Hubo siempre la decisión de mantenerse dentro de los cauces de la ley.
Nadie pensó y nadie se preparó para seguir otros caminos. Estamos ciertos que
nadie quería y nadie quiere la violencia. Tenemos la convicción de que aunque
demanden esfuerzos mayores y tiempo más prolongado, los logros por vías
pacificas, en nuestras condiciones actuales, son los únicos posibles y los únicos que
podrán consolidarse positivamente.
Se vio entonces, como la alternativa más viable para proseguir la lucha, la de
organizar un partido político. El 21 de octubre de 1988 se llamó a formarlo. El 5 de
mayo de 1989 quedó formalmente constituido el Partido de la Revolución
Democrática.
Desde principios de 1982 se había hecho evidente una grave crisis
económica, que tuvo como manifestaciones principales la incapacidad del gobierno
para pagar el servicio de la deuda externa, el incremento a cifras no conocidas en el
país de los índices de inflación, una profunda intranquilidad social. Una crisis que,
por otro lado, llevó al gobierno a deslindarse de la identidad, que todos los
anteriores desde 1911 se habían reconocido, con el proyecto político de la
Revolución mexicana. El gobierno planteó a partir de entonces, supuestamente
para superar la crisis, poner en práctica las políticas tecnocráticas y neoliberales
decididas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y comenzó una
acción sistemática y consciente para substituir, revertir o destruir las leyes,
instituciones, programas, formas de organización social, esquemas económicos,
etc., surgidos e identificados con aquel movimiento.
Se dio en ello, por una parte, una actitud de sometimiento y entreguismo del
gobierno a los intereses que hoy representan el Fondo Monetario y el Banco
Mundial; por la otra, la puesta en práctica de una política de largo alcance, de
franco corte antipopular. No percibimos en aquel momento, que se trataba de las
53
primeras señales que nos llegaban de un orden internacional nuevo que se estaba
imponiendo y del papel que en él se asignaba a México.
En ese mismo tiempo, se gestaban y se produjeron las caídas de las
dictaduras militares sudamericanas, acompañadas también de crisis de deuda y la
imposición de políticas económicas neoliberales; y de los regímenes autoritarios,
altamente centralizados, de Europa del este. La Unión Soviética también sufría
cambios y enfrentaba conflictos, que le han significado, entre otras cosas, el dejar
de ser una potencia militar con capacidad para imponer equilibrios
internacionales, el poder político dominante sobre un conjunto de naciones y un
centro de divulgación ideológica con influencia determinantes en amplios sectores
sociales, políticos y culturales en el mundo. Por otro lado, de manera particular en
la última década, fue avanzando la consolidación de los nuevos agrupamientos
económicos: la Comunidad Europea, el mercado común EEUU-Canadá, y el
conjunto de países del Pacífico asiático que tienen estrechas ligas con el Japón.
Pero ha sido hasta el desenlace reciente del conflicto del golfo Pérsico,
cuando quedó claro para todos que en estos últimos tiempos se ha estado gestando
un orden mundial distinto.
La derrota de Irak tiene ya, como una de sus consecuencias, dejar el control
del petróleo del Oriente Medio, el 65% de las reservas mundiales, a los Estados
Unidos. Este país se garantiza así el suministro de este valioso recurso en la época
en que, debido al agotamiento reconocido de las existencias globales de petróleo,
tendrá que empezarse a transformar la base energética mundial. Quienes
dispongan de hidrocarburos en esta época de transición se verán sujetos a menos
apremios. En los años por delante el petróleo será uno de los elementos decisivos,
junto con el acceso al conocimiento, a los avances de la ciencia y la tecnología, para
influir política y económicamente en la vida de pueblos y naciones.
La relación mundial resultante de la guerra del golfo Pérsico no acaba de
asentarse; en poco tiempo estará más definida la estructura que vaya tomando, las
influencias regionales, los centros de decisión y los mecanismos para imponerlas.
No está claro todavía si se trata de un orden que se plantea de entrada una división
norte—sur, con varias potencias dominantes con sus respectivas zonas de
influencia; o más bien de un sistema con una sola gran potencia militar, que se
asigna el papel de policía del mundo, amplificando a dimensiones antes
inconcebibles la política del gran garrote, y que se otorga a sí misma la facultad de
identificar el bien y el mal, de decidir lo que para cada país y cada pueblo, para el
mundo en su conjunto, es bueno o es malo.
En todo caso e independientemente de lo que suceda mundialmente, para
América —si no somos capaces de imponer cambios— se anuncia un orden
hemisférico con un solo centro de poder y decisión.
Hay en los países latinoamericanos quienes favorecen y pugnan por la
consolidación de este orden hemisférico: las clases gobernantes en lo general, los
grupos que se han estado beneficiando con la especulación financiera, la mayoría
de las grandes transnacionales y sus socios locales.
54
En los Estados Unidos, las fuerzas que apoyan e impulsan al actual gobierno
están por un orden unipolar, pero existen muy importantes grupos y movimientos
políticos, económicos, culturales, sociales, que decididamente buscan una
reestructuración internacional equitativa y justa, con los cuales será necesario
coordinar la acción de quienes coincidimos con ellos en propósitos y esfuerzos en
Latinoamérica, el Caribe y el resto del mundo.
Respecto a cómo se va instrumentando la conformación de este orden
hemisférico, hace unos meses, después que el gobierno mexicano le solicitó la
firma de un Tratado de Libre Comercio entre los dos países, el presidente Bush
respondió planteando su Empresa o Iniciativa para las Américas. Propuso la
creación de una zona de libre comercio en todo el continente, pero concretando
primero el acuerdo con México y manteniendo, mientras tanto, relaciones
bilaterales con cada uno de los países del continente, para ir suscribiendo con ellos,
de uno en uno, según fuera conveniente, los respectivos acuerdos de comercio
libre.
Se trata de ir consolidando, una a una, la subordinación de los países de
Centro, Sudamérica y el Caribe, a la economía norteamericana, al seguirse el patrón
adoptado en las negociaciones que al respecto se llevan a cabo con México.
Se discute sobre tarifas, barreras no arancelarias y productos, que son las
materias de un pacto de comercio. Los negociadores norteamericanos han decidido
excluir la migración e incluir, como parte del acuerdo, cuestiones como la
legislación sobre inversiones extranjeras, los energéticos, la propiedad intelectual
y los servicios, entre otras.
El gobierno de México está cediendo ya, a pesar de declaraciones reiteradas
de que el petróleo no será materia del Tratado de Libre Comercio, en dar acceso al
aprovechamiento petrolero por vías indirectas —créditos condicionados a que
exploración y extracción las lleven a cabo empresas norteamericanas, por
ejemplo—; y ha convenido en no poner en la mesa de negociaciones el asunto de la
movilidad laboral (aun cuando son miles los mexicanos, que con documentos o
indocumentados cruzan todos los días la frontera en busca de trabajo,
constituyendo el intercambio económico, social y humano más importante entre
los dos países). Si además de esto, no se incorporan a las negociaciones acuerdos
en torno a financiamientos compensatorios, tendientes a modernizar la planta
productiva y a elevar el grado de productividad de la economía, para que
efectivamente se participe y compita en los mercados internacionales a partir de
una base de equidad; una carta o compromiso social, para proteger a los
trabajadores de ambos países; y convenios para la protección del medio ambiente,
de modo que México no quede como el depósito de desechos contaminantes de las
industrias norteamericanas, se estaría dejando como ventaja comparativa
principal, en la relación entre los dos países, el que México se convirtiera en una
fuente supuestamente inagotable de mano de obra barata y en proceso de seguirse
abaratando más.
55
No es este, evidentemente, el papel que queremos para nuestro país en su
relación económica internacional. No estamos de acuerdo en insertarnos en la
economía mundial aceptándola pasivamente tal como está hoy y como pretenden
desarrollarla las potencias dominantes, ni yendo a rastras, en una condición
subordinada, de la economía de los Estados Unidos.
Proponemos por ello, en vez del TLC que apresuradamente pretenden
firmar los gobiernos de México y Estados unidos, un Pacto Continental de
Desarrollo y Comercio, al que gradualmente se fueran incorporando los demás
países latinoamericanos, pero el que desde un principio se discutiera en sus
términos por el conjunto de los países del continente.
Vemos así para México dos líneas de colaboración internacional, muy
distintas a las que oficialmente se impulsan ahora. Una, en el plano de la
cooperación económica, a través del pacto continental de desarrollo, en el que se
concerte con Estados Unidos y Canadá; la otra, en la integración política y
económica con las naciones de Centro, Sudamérica y el Caribe. Ambas líneas
tendrían que seguirse simultáneamente. Las consideramos viables, como partes de
un proyecto de nación independiente, que se desarrolle en condiciones de igualdad
respecto a las demás del mundo. Parte también de un esfuerzo por establecer un
orden internacional justo, muy diferente del actual, en el que cada país y cada
pueblo estuviesen compartiendo y contribuyendo con su cultura y creatividad, con
sus recursos naturales y potencial productivo, sus redes de servicios y bancos de
información, sus conocimientos y los avances de la ciencia y de la técnica que vaya
alcanzando.
No estamos solos en América Latina. Compartimos ideales y objetivos con
un número importante de movimientos políticos que, al igual que el Partido de la
Revolución Democrática de México, son plurales y constituyen puntos de
convergencia por la composición ideológica y orígenes políticos de sus integrantes;
encuentran sus raíces y se reconocen en las luchas ancestrales de sus pueblos por
libertades y justicia; tienen conciencia de que el futuro no se encuentra en el
aislamiento, sino en forjarse destinos comunes; que sólo una auténtica y amplia
participación popular puede dar surgimiento a regímenes democráticos,
sociedades igualitarias y a un sistema internacional de respeto y cooperación
verdadera.
Se trata, en su mayor parte, de movimientos jóvenes. Estamos dando los
primeros pasos para coordinar nuestras acciones y trazarnos objetivos y políticas
comunes. Son complejos los intereses, concepciones y practicas por conciliar, y no
es fácil lograrlo.
Expresiones recientes de estos esfuerzos emancipadores, que tienen fuertes
coincidencias en su carácter y objetivos, son la lucha por el "no" en Chile; la
movilización popular por el cambio democrático que surgió en México en la
campaña electoral de 1987-88, y que en su parte medular forma hoy el Partido de
la Revolución Democrática; la coalición que se dio en apoyo a la candidatura de
Lula, en Brasil; el movimiento Lavalas que llevó al triunfo al presidente Aristide, en
Haití.
56
Tenemos también un destino común con España y se viven tempos de
reencuentro.
Hace quinientos años la dinámica de la economía, los juegos políticos, los
avances del conocimiento establecieron el contacto, que cobra permanencia, entre
europeos y americanos. Se inició entonces la confrontación de las culturas, que con
ritmos y trayectorias distintos se había venido desarrollando en ambos lados del
Atlántico; empezó el intercambio de productos y el cruzamiento de etnias.
Comenzó también una serie de conquistas de territorios, de naciones y
pueblos, de dominación de culturas, de lenguas, de imposición de instituciones,
creencias y costumbres.
Entre ambos continentes se dieron desde entonces toda clase de
intercambios. Hubo luces y sombras. Por tres siglos marchamos con una historia
común y, ya independientes, seguimos manteniendo vivo el interés del uno en el
otro; aspiraciones, enfrentamientos, logros y pasiones de uno u otro; a lo largo del
tiempo, en su momento los hemos hecho propias; las fusiones múltiples nos dieron
culturas con un tronco principal que compartimos, y mueven y conmueven a
nuestros pueblos los mismos valores y sentimientos.
Queremos, debemos y podemos caminar de nuevo juntos revisemos lo
sucedido en la vida compartida, desde los tiempos llamados de los
descubrimientos y las conquistas: cuáles fueron y cómo se dieron los logros más
importantes, los más trascendentes; qué ha llegado de ellos a nuestros días; cómo
aprovechar las lecciones y experiencias positivas del pasado; cómo fortalecer,
actualizándolo, todo aquello en que ganamos.
Pasemos revista también, con objetividad y sin sectarismo, con ánimo de
construir, a todo lo que no quisiéramos se repitiera o subsistiera, principalmente a
las secuelas de las conquistas y la violencia: a las exclusiones sociales, al
sometimiento e inhibición de culturas, al desprecio por el patrimonio natural y su
explotación desmedida.
Veamos al mismo tiempo cómo anda el mundo; qué potencias dominadoras
han sido substituidas en el transcurso del tiempo y qué relaciones se han guardado
con ellas; qué podemos y qué debemos hacer uno y otro y también juntos, uniendo
esfuerzos; cómo hemos ido en casi dos siglos de concentrarnos principalmente en
lo propio, y en qué condiciones nos encontramos ahora; cuáles pueden ser los
campos y las formas prioritarias de nuestra cooperación, y qué papeles nos
corresponde jugar en un destino que queremos volver a compartir.
España es parte de la Comunidad Europea y, al mismo tiempo, integrante de
la fraternidad de naciones iberoamericanas. Como ninguna otra, tiene las
condiciones para constituirse en el punto que articule una cooperación fructífera
entre ambas, que se dé en el marco de la construcción de un mejor orden
internacional.
57
La medalla que me otorga hoy la Universidad Complutense, que constituye
un alto honor para mí, me compromete para proseguir con el ánimo más alto en la
lucha de la democracia mexicana y me acerca más, si esto es posible, en
aspiraciones y afectos, a España y los españoles.
Desde pequeño, a través de mi padre, Lázaro Cárdenas, empecé a conocer y
a querer a este país y a su gente. Los primeros españoles con quienes me encontré
fueron niños que habían dejado su patria, a sus padres y familias para salvarse de
la guerra. El primer nombre de un español que identifiqué como tal fue el de
Manuel Azaña, el presidente de la República Española.
Crecí alineado con la España de espíritu quijotesco, generosa, la del
profundo humanismo, la que en México reconocemos en Vasco de Quiroga y
Bartolomé de las Casas, en las leyes protectoras de los indios, en Francisco Javier
Mina, en Juan Prim, en los fundadores de la Casa de España—Colegio de México, en
León Felipe.
Pasó mucho tiempo antes que pisara yo suelo español. Fueron las
circunstancias de un prolongado periodo. Vine por primera vez en noviembre de
1983, cuando se develó la estatua de mi padre, en el Parque Norte, que la
emigración republicana regaló a esta ciudad. Ahí, el Alcalde de Madrid, don
Enrique Tierno Galván, en conmovedora y emotiva intervención, rindió homenaje a
Lázaro Cárdenas y recordó sus vínculos estrechos con la España eterna.
Y como integrantes del movimiento democrático de México, he encontrado
y reencontrado cercanías e identidades. Aquí, como allá, se libra una lucha por
poner en el centro de la educación social y económica al hombre y su bienestar, por
una amistad y cooperación internacionales francas, abiertas, de auténtica
solidaridad. Aquí y allá hemos conocido recientemente de profundos cambios
políticos en distintas partes del mundo. Reconocemos fallas de hombres,
desviaciones de objetivos e incumplimiento de compromisos; al mismo tiempo
constatamos que somos más, muchos más, los que mantenemos fidelidad a los
principios primigenios de los grandes movimientos emancipadores y viva nuestra
confianza en la capacidad de las ideas libertarias, y en la fuerza reivindicadora y
creativa de los pueblos.
A pesar de obstáculos por superar y de descalabros ocasionales, con base —
por otro lado— en logros indiscutibles, en coincidencias que se dan en las
aspiraciones y los esfuerzos emancipadores de aquí y de allá, en nuevos y
fructíferos entendimientos, tenemos la convicción de que manteniéndonos
presentes en la lucha, por la vía de la participación y la democracia, alcanzaremos
igualdad e independencia, condiciones para un mundo de bienestar compartido,
del que desaparezcan para siempre explotados y explotadores; un mundo de
expansión de los ingenios y aliento a las culturas; un mundo de libertades, de
justicia y de paz.
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Construyamos una alternativa integral al TLC
Rainbow Coalition Policy Conference.
Washington, D. C., EEUU.
6 de junio de 1991.
Doy a nuestros hermanos y hermanas de la Coalición Arco iris los saludos
del Partido de la Revolución Democrática de México. Tengo la encomienda especial
de manifestar a nuestro querido amigo Jesse Jackson, nuestro reconocimiento por
la lucha que ha estado llevando a cabo en favor de los marginados y la igualdad en
este gran país, y por la contribución para acercar más a nuestros pueblos, lograr un
mejor entendimiento para resolver con equidad los problemas comunes y avanzar
hacia un mundo sin injusticias, de progreso y de paz.
Al mismo tiempo, quiero agradecer la distinción de que he sido objeto por
parte de la Coalición Arco Iris y de Hesse Jackson, al invitarme para dirigirme a
esta Conferencia. Aprovecharé para hacer referencia a un asunto de interés común,
que ha motivado intensos debates en ambos países: el Tratado de Libre Comercio
que negocian los gobiernos de Estados Unidos y México, y que constituye una pieza
importante del proyecto de reestructuración hemisférica que el presidente Bush
ha presentado como Empresa para las Américas.
A lo largo de la campaña electoral en 1987-88 y durante el primer año de la
administración (1989), el gobierno mexicano declaró repetidas veces que no se
negociaría el establecimiento de un mercado común o de una zona de libre
comercio en América del Norte, dado que ello impondría limitaciones al ejercicio
de la soberanía nacional. De repente, en los primeros meses de 1990, la prensa
americana anunció que los gobiernos de ambos países habían estado llevando a
cabo pláticas referentes a un Tratado de Libre Comercio. Al quedar al descubierto,
dado que toda información al respecto la había ocultado, el gobierno de México —
como si se tratase de una iniciativa nueva—· planteó al de Estados Unidos la
creación de una zona de libre comercio entre ambos países, y de inmediato el
presidente Bush respondió favorablemente, dando a conocer, por primera vez, su
propuesta de Empresa para las Américas.
Se reconoce abiertamente desde entonces que se esté negociando, pero se
mantiene la práctica de no informar sobre el curso de las negociaciones. Seguimos
59
recibiendo más información desde fuera, que la que directamente proporcionan
fuentes oficiales mexicanas.
En relación a lo que se negocia, de lo que hasta ahora se sabe, destaca la
declaración de los negociadores norteamericanos respecto a que la movilidad
laboral es el único tema que queda ya excluido de cualquier trato. Por otro lado,
plantearon la necesidad de revisar la legislación mexicana sobre inversiones
extranjeras y sobre propiedad intelectual, y el que se considere la inclusión del
sector de los servicios para el libre intercambio. Voceros del gobierno mexicano
han dicho que el petróleo no entrará en el TLC; sin embargo, los negociadores
gubernamentales y congresistas norteamericanos han dicho que ni petróleo ni
nada podrá excluirse de las posibles negociaciones. Los negociadores mexicanos,
hasta ahora, no han puesto un sólo tema sobre la mesa de las discusiones.
El gobierno de México empezó a adoptar las primeras medidas del conjunto
de cuestiones que ahora se negocian en torno al TLC, desde 1982. Lo hizo en el
marco de las negociaciones de la deuda externa, siguiendo los lineamientos
impuestos por los acreedores por intermedio del Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial. No nos percatamos entonces que se trataba ya de los primeros
pasos de una reestructuración hemisférica, en la que el gobierno de los Estados
Unidos se asignaba un papel hegemónico.
Desde 1982 empezó una liberación comercial prácticamente irrestricta, que
ha ido en aumento como decisión unilateral del gobierno mexicano. Se ha
producido a cambio de nada, fuera de acuerdos bilaterales o multilaterales. Es una
de las medidas a la que, junto con la drástica reducción de los salarios, se ha
recurrido para frenar la inflación, lo que de manera relativa se ha logrado, pero con
efectos devastadores en las condiciones de vida de las mayorías y en la planta
productiva del país.
El gobierno ha declarado una y otra vez que sus políticas económicas
pretenden captar nueva inversión, superar el estancamiento de la economía y
lograr que vuelva a crecer, elevar las exportaciones (especialmente las no
petroleras), generar empleo, incrementar salarios. Los resultados hasta hoy han
sido muy distintos: recursos del extranjero han empezado a fluir y algunos
capitales se han repatriado, pero han estado yendo a inversiones especulativas, no
a proyectos productivos. Se trata entonces, de inversiones extranjeras o
repatriaciones que bien pueden considerarse temporales. Esos capitales están
listos para volver a salir. Las cifras nacionales pueden así ajustarse hasta aparecer
favorables, pero la situación económica y las condiciones sociales continúan
agravándose.
Recientemente se ha informado que en los últimos años han cerrado 77 mil
negocios. Empresarios fuertes, ante la invasión de productos del exterior, han
clausurado sus áreas de producción y se han transformado en importadores y
distribuidores, aprovechando los aparatos de comercialización que ya habían
desarrollado.
60
Las exportaciones no petroleras han mostrado crecimiento en este periodo,
pero de manera tan distorsionada como se está produciendo el crecimiento de
toda la economía: el 40% de estas exportaciones, entre las que destacan las
automotrices, se originan en sólo 12 empresas, todas ellas filiales de grandes
multinacionales. Las que verdaderamente han crecido son las importaciones
procedentes de los Estados Unidos, esto es, las exportaciones americanas hacia
México, que pasaron en tres años de 12 mil a 30 mil millones de dólares, creándose
con ello, en ese lapso, 350 mil plazas de trabajo en Estados Unidos.
Por otro lado, la desocupación abierta ha crecido dramáticamente en
México: en 1982 se reconocía la existencia de unos 4.5 millones de desocupados,
que representaban alrededor del 15% de la población económicamente activa.
Actualmente el gobierno reconoce 12 millones de desempleados, que representan
el 46% de la fuerza de trabajo del país, lo que significa que en este periodo, al
carecer de trabajo, millones de mexicanos han emigrado a los Estados Unidos para
buscar cómo ganarse la vida o han sido lanzados a la economía informal, con todas
sus consecuencias sociales y económicas.
Además se ha generado un proceso de concentración del ingreso que puede
ilustrarse con un solo dato: 37 personas, que hacen cabeza de los principales
grupos financieros y económicos del país, concentran el 22% del PIB. En el otro
lado de la escala se hallan 40 millones de mexicanos que, de acuerdo a las normas
de la ONU y según datos oficiales, se encuentran por debajo de la línea de la
pobreza, y 17 millones de ellos viven en condiciones de miseria extrema.
El proyecto del gobierno parece tener viabilidad para 15, quizá 20 millones
de mexicanos; el resto, más de las tres cuartas partes de la población total, de no
imponerse un cambio, quedará excluido de todo beneficio del desarrollo y
sumergidos en una vida sin expectativas.
En los años de la liberalización económica, de las políticas neoliberales y
tecnocráticas (1982-1991), los salarios han perdido en términos reales alrededor
del 60% de su poder adquisitivo. El salario mínimo oficial es hoy de 11 mil 900
pesos, que equivalen a 3.95 dólares por día. EI 85% de la población urbana
ocupada gana de 1 a 5 salarios mínimos, esto es, de 357 a 785 mil pesos, o sea de
118 a 590 dólares al mes.
Con el TLC y todo lo que en torno a él se negocia, se tiende a establecer una
relación entre los dos países que va mucho más allá de lo estrictamente comercial.
Se trata de reestructurar la economía mexicana en función de una relación de
integración subordinada a la economía de los Estados Unidos, en la que México
aporte mano de obra barata y abundante —en la forma de trabajadores
indocumentados en los Estados Unidos o de los bajos y decrecientes salarios que se
pagan en México—, algunas materias primas y ventajas climáticas para obtención
de ciertas producciones agrícolas y desarrollos turísticos.
Objetivo central de la reestructuración de las relaciones económicas entre
los dos países, es ganar para los Estados Unidos acceso al petróleo mexicano. Es
éste un recurso que oficialmente no se incluye en los acuerdos de libre comercio,
61
pero que está implícito en los requerimientos de reformas a la Ley de Inversiones
Extranjeras, y al que se está ya dando acceso a través de los créditos que
recientemente ha recibido Pemex, hasta ahora por poco más de 5 mil millones de
dólares, condicionados a que las operaciones de perforación petrolera a que están
principalmente destinados se contraten obligatoriamente con compañías
norteamericanas.
México pierde control sobre sus reservas y de hecho su petróleo mismo.
Primero, porque el conocimiento de los yacimientos, vital para proyectar cualquier
desarrollo, no lo obtiene directamente el Estado mexicano. Muchas experiencias de
ocultamiento o distorsión de datos sobre depósitos de distintos recursos naturales
ha vivido ya el país, cuando no ha tenido el control de la exploración. Además, se
exporta crudo alrededor del 50% del petróleo que se extrae, cuando, ante el
agotamiento previsible de las reservas mundiales, debiera ponerse en práctica una
política de prolongación de la vida de los yacimientos y de exportación de
productos con el mayor valor agregado posible, el que no se da en el crudo sino en
los refinados y petroquímicos. Vender crudo, entonces, es lesionar al país,
agotando una reserva que debía utilizarse sobre todo para asegurar un mejor
futuro, y recibir los ingresos más bajos, que son los que corresponden a la sola
actividad primaria.
Parece entonces, que no se reconoce —o al menos no se dice— que los
Estados Unidos, con el TLC y la integración subordinada de la economía mexicana,
está estrechando su relación con una economía de bajos salarios, que se
caracteriza además por el alto endeudamiento que mantiene con el exterior,
imposible (con las políticas vigentes) de reducirse para liberar recursos para la
inversión y, por lo tanto, incapacitada para crecer si no es con capitales externos;
por el crecimiento sólo de las ramas productivas que cubren preferentemente los
mercados de exportación; con sectores económicos abandonados y en un grave
proceso de destrucción, como la agricultura y las industrias productoras de
artículos de consumo cotidiano.
Ahora bien, una economía de bajos salarios —con tendencia a reducirlos
más, como es la de México— es, por una parte, una economía que tiene límites para
absorber sus propias producciones o para seguir elevando sus consumos de
importación, debido a la baja capacidad de consumo de la población. Por otra
parte, los bajos costos de producción están influidos por los salarios reducidos,
pero también porque se ha impuesto una política de desprotección de los
trabajadores, tolerándose en alto grado el incumplimiento de las leyes laborales, y
de indiferencia respecto a las necesidades de protección y recuperación de
condiciones adecuadas, en todos sentidos sanas y racionales, para el medio
ambiente. En estas condiciones, debe tomarse conciencia que se elevan los riesgos
de que se produzcan tensiones sociales y se genere inestabilidad política, y al
asociarse con una economía de estas características, se están de hecho admitiendo,
además de acciones desde diversos puntos de vista indebidas, prácticas
comerciales desleales.
Es por todo esto que el Partido de la Revolución Democrática, por una
parte, propone en vez de un tratado de libre comercio como eje de relaciones
62
económicas entre México y los Estados Unidos, un pacto continental de desarrollo
y comercio; y por otra parte, plantea la necesaria revisión y modificación de los
tratados que van a suscribir los gobiernos de México y los Estados Unidos con el
libre comercio como eje, a fin de que la relación entre los dos países sea de
entendimiento, verdadera cooperación y ventajas mutuas.
Si la relación entre nuestros países se visualiza con base en acuerdos para el
desarrollo, que puedan proyectarse y discutirse en conjunto entre todos los países
del continente, los objetivos y las herramientas para alcanzarlos son distintos a los
que puedan utilizarse para cumplir los términos de solo un tratado de comercio y
sólo entre dos o a lo más tres naciones.
Desconocemos los términos que se estén conviniendo en el TLC entre
México y Estados Unidos, o en los que pueda darse la anunciada inclusión de
Canadá; pero podemos suponerlos principalmente por las declaraciones ya
conocidas de los negociadores mexicanos, que presentan las disparidades entre las
economías de los dos países no como brechas que deben cerrarse, sino como las
ventajas comparativas que ofrece México, y por la política que ya ha venido
poniendo en práctica el gobierno mexicano, incondicional con los intereses del
proyecto de integración subordinada que surge de la Empresa para las Américas.
Estamos entonces obligados a demandar con energía la revisión de los
acuerdos y, en su caso, su abrogación. Sabemos que este sería un camino
complicado y conflictivo, que podría evitarse si en vez de un acuerdo limitado y de
visión estrecha —que hoy se negocia con apresuramiento— se sigue la vía que ha
propuesto el PRD, de un pacto continental de desarrollo y comercio, que se conciba
como instrumento para la construcción de un orden hemisférico y mundial
equitativo y justo; que empiece por reconocer las diferencias existentes en los
grados de desarrollo y productividad de las economías, en los niveles de vida, la
riqueza que representan las inversiones en planta productiva, en infraestructura,
los recursos potenciales; y se proponga, primero, reducir substancialmente esas
diferencias, y después poner en práctica formas de cooperación que conduzcan a
crear economías que compitan con equidad, y se complementen y compartan
beneficios y ventajas.
En los acuerdos que negocian México y los Estados Unidos, que deberán
considerarse como un primer paso del pacto de alcance continental, el PRD plantea
la necesidad de que el petróleo mexicano no sólo quede excluido del TLC, sino que
bajo la plena jurisdicción del Estado y en función de los verdaderos intereses
nacionales, se proyecte su aprovechamiento y el del desarrollo de las industrias
petrolera y petroquímica.
Hace poco tiempo, en la tribuna del Senado, el senador Lloyd Bentsen dijo:
"Es crítico contar con un vecino estable, amigable. En agosto pasado,
inmediatamente después de la invasión de Irak a Kuwait, el presidente Salinas
anunció que México incrementaría su capacidad de producción petrolera en
100 mil barriles diarios para demostrar su solidaridad con nuestra causa. El
63
señor Cárdenas, principal rival de oposición de Salinas —sigue diciendo
Bentsen—, nos hubiera cortado completamente el suministro...”.
Está parcialmente en lo correcto, y por lo tanto parcialmente equivocado el
senador Bentsen: un gobierno responsable ante el pueblo, en un régimen
democrático y de derecho, hubiera mantenido los suministros ya comprometidos,
pero nunca hubiera extraído más petróleo para destinarlo a finalidades bélicas,
ante su convicción firme de que el conflicto podría haberse resuelto por medios
pacíficos, en este caso, exigiendo a todas las partes el cumplimiento del embargo
económico e intensificando las negociaciones.
Deben incluirse en los acuerdos la movilidad laboral, el establecimiento de
un mecanismo integrado con equidad por las partes involucradas para la
resolución de controversias, y la reserva para que los poderes judiciales de cada
país preserven la capacidad de decisión en sus jurisdicciones respectivas. Al mismo
tiempo, deben comprometerse inversiones que eleven la productividad general de
las economías rezagadas; llevarse a cabo una nueva negociación sobre las deudas
externas, a fin de liberar recursos indispensables para inversiones sociales y
directamente productivas; formular una carta social que dé garantías y protección
a los derechos de los trabajadores; y establecer los principios que permitan el
manejo racional y la restauración de un medio ambiente sano y productivo.
Consideramos que por ahora deben quedar fuera de toda negociación los
servicios de banca, seguros y financieros principalmente, así como la agricultura;
que deberán revisarse las políticas impositivas a la importación, a fin de proteger
sectores clave de la producción, alentar su desenvolvimiento y estimular el
crecimiento de áreas determinadas, vitales para el proyecto nacional de desarrollo;
y las políticas de fijación de cuotas a determinados productos de importación, para
evitar que se presenten déficit en la balanza comercial.
Tal como vemos que se ha desarrollado el asunto del Tratado de Libre
Comercio, resulta muy claro que las motivaciones de sus promotores en ambos
lados de la frontera, han sido y son eminentemente políticas.
Estas motivaciones quedan evidentes al leer en un memorándum del
embajador de Estados Unidos en México al subsecretario de Estado, lo siguiente:
“Desde la perspectiva de la política exterior, un TLC podría
institucionalizar la aceptación de la orientación norteamericana a las relaciones
exteriores de México...
"Otro punto importante que salió la semana pasada sería el posible impacto
de un voto negativo del fast track. En sus reuniones con las delegaciones
congresionales de Bradley y Pease, Salinas dejó claro su punto de vista de que
un voto negativo caería en manos de la izquierda y de los críticos de las
relaciones México-EEUU. Y tal vez, más que nada, dijo Salinas, representaría
la pérdida de una oportunidad que tal vez no se presente de nuevo por un
rato. Igualmente los mexicanos se ofenderían si se separan las votaciones de la
64
Ronda Uruguay y la del GATT y la de México. Esto sería como 'escupir’ en
México, dijo Salinas.
“Y por supuesto, además de la oportunidad ida, no hay duda que perder el
voto del fast track acabaría con el momentum en política exterior y reforma
económica aquí...
"...necesitamos todo el apoyo en el Congreso que el Departamento nos pueda
dar en las próximas semanas...”.
Se trata entonces, como puede verse, del reconocimiento explicito y la
respuesta favorable del embajador Negroponte al llamado del Ejecutivo mexicano,
para actuar juntos en favor de un proyecto de integración política y económica
subordinada. Es este un caso más, de los muchos que conoce la historia, de
intervención del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de México,
agravado con la invitación y la acción misma del régimen colaboracionista de
México, que pretende mantenerse en el poder cediendo tanto como sea necesario y
cerrando así el paso a cualquier alternancia democrática, con el apoyo franco y
descarado de los sectores políticos norteamericanos con los que comparte
intereses económicos y afinidades políticas.
En la práctica y como prioridad inmediata, la intervención apuntada por el
embajador Negroponte y la colaboración obediente del gobierno mexicano, son
actos tendentes a consolidar esa relación desigual y al mismo tiempo desmantelar
la capacidad regulatoria del Estado mexicano, esto es, los mecanismos (leyes,
instituciones, empresas estatales estratégicas, patrones de desarrollo y
organización económicos y sociales) que ofrezcan resistencia al proyecto
neoliberal que se está imponiendo, o que pudieran constituirse en elementos para
recuperar un proyecto de desarrollo independiente y socialmente justo.
Si se revisan las experiencias que ha vivido Canadá en poco menos de dos
años de TLC con los Estados Unidos y se ve, por otro lado, la posición de debilidad
en que negocia el gobierno mexicano (fuerte endeudamiento con el exterior, una
economía que permaneció estancada durante una década y apenas empieza a
crecer, pero lo hace lentamente y con graves distorsiones, y un gobierno carente de
credibilidad y apoyo popular, crecientemente represivo y autoritario), puede
preverse que con la firma del tratado se estará creando una estructura
supranacional que será la que tenga y ejerza en realidad la facultad de decidir, no
sólo sobre las cuestiones comerciales, sino sobre todo aquello que a través del
comercio, los servicios, las condiciones de trabajo, las inversiones o el acceso a los
recursos naturales de México (cuestiones estas últimas que han sido puestas de
modo implícito o explicito por los negociadores americanos en la mesa de las
negociaciones) pueda afectar la economía de los Estados Unidos.
No se trata de una visión falsa o alarmista. Recordemos dónde y cómo se
han resuelto las controversias surgidas de la aplicación del Tratado de Libre
Comercio entre Canadá y Estados Unidos. Si la experiencia canadiense se traslada a
México, se estará aceptando una limitante jurídica y concediendo, por lo tanto,
jurisdicción sobre asuntos y territorio de México a tribunales norteamericanos o a
65
una instancia teóricamente binacional, pero en la cual los mexicanos constituirán
la parte débil y sometida.
Con la Coalición Arco Iris hemos coincidido en nuestras preocupaciones
por la imposición de un orden mundial injusto, por la desatención a los problemas
sociales que deriva de las políticas neoliberales, las agresiones al medio ambiente,
en la prioridad que en toda acción política debe concederse a la superación de
marginaciones y desigualdades, por la necesidad, en fin, de detener y revertir las
políticas represivas, excluyentes, antidemocráticas. Habrá que proseguir en ese
camino de defensa de los intereses populares y nacionales con la mayor decisión y
entrega. Pero hoy, eso no basta.
En torno al TLC, por ejemplo, si bien se ha generado una fuerte oposición
interna en los Estados Unidos, nos parece que se ha adoptado una actitud más que
nada de defensa frente a sus efectos negativos, pero no se ha construido todavía
una alternativa integral en la que estén representados los intereses de los
trabajadores, de las mayorías y las minorías de ambos países, que se constituya en
guía de la acción y en el eje para el agrupamiento de fuerzas políticas y sociales.
En el extremo, algunos sectores laborales de los Estados Unidos, al ver
afectados sus intereses por la liberalización comercial, han adoptado posiciones
cerradas, proteccionistas, sin ofrecer ninguna otra alternativa en un mundo cada
vez más interrelacionado, lo que económica y sobre todo políticamente los ha
colocado en condiciones muy vulnerables.
Entiendo que la invitación que me hizo la Coalición Arco Iris y mi presencia
aquí con la representación del PRD, tienen entre sus propósitos el de contribuir a
desarrollar los campos de colaboración y acción comunes.
Es necesario avanzar en nuestros países en las propuestas conjuntas que
cada uno de nosotros presentemos; también en aquéllas que juntos podamos llevar
a otras partes del continente y que articulen acciones concertadas.
Son muchas y muy variadas las cuestiones que nos interesan a ambos: cómo
debiera ser la política de los Estados Unidos hacia México y hacia América Latina,
cómo la de México y los países latinoamericanos hacia los Estados Unidos; cómo
instrumentar el Pacto Continental de Desarrollo y Comercio; cómo podemos
mutuamente apoyarnos para superar rezagos económicos y marginaciones
sociales; cómo apoyar las luchas por el respeto a los derechos humanos y a la
autodeterminación; cómo echar abajo las barreras que impiden los avances
democráticos; qué corresponde hacer a los trabajadores de uno y otro país para la
defensa de sus respectivos intereses, para garantizar condiciones de
independencia y equidad en sus contrataciones, una participación justa en los
beneficios de la producción y de la productividad a través de salarios y condiciones
de trabajo mejores, seguridad en el empleo y un medio ambiente mejor.
Hoy iniciamos una relación más estrecha la Coalición Arco Iris y el Partido
de la Revolución Democrática. Debemos, a partir de ahora, multiplicar los diálogos
66
entre nuestras organizaciones y promoverlos también con y entre sectores, grupos
y personas con quienes compartimos ideales.
Construir una relación en todos los órdenes fructífera entre nuestros dos
países, en el continente y en el mundo, es tarea que hemos decidido compartir.
Estoy seguro que la Coalición Arco Iris y el Partido de la Revolución Democrática
se seguirán contando entre los constructores destacados de sociedades de iguales,
de regímenes democráticos y de derecho y de un orden mundial de libertades,
bienestar compartido y amistad franca y leal.
67
Canadá y México, unidos en la misma suerte
Nuevo Partido Democrático,
16ª Convención Bianual.
Halifax, Nueva Escocia, Canadá.
9 de junio de 1991.
Traigo a nuestros compañeros y amigos del Nuevo Partido Democrático los
saludos solidarios del Partido de la Revolución Democrática de México. Al mismo
tiempo, deseo agradecer la distinción de que me hace objeto el Nuevo Partido
Democrático al invitarme para dirigir unas palabras a esta su 16ª Convención
Bianual, que nos da nueva oportunidad para estrechar los lazos de amistad y
colaboración entre dos organizaciones políticas que, día a día, encuentran más
coincidencias en su compromiso por llegar a sociedades igualitarias en nuestros
respectivos países, y a un mundo de libertades, de justicia y de paz.
Canadá y México han transitado en la historia por caminos paralelos,
compartiendo un vecino que en el tiempo ha acrecentado su poderío, y es hasta
muy recientemente cuando hemos tomado conciencia, como países del norte de
nuestro continente, de haber compartido y de que seguiremos compartiendo un
destino común.
Canadá empezó a definir la que es su identidad actual, como nación y como
pueblo, cuando al fin del siglo XVIII decide seguir un camino propio. México nace a
la vida independiente al desmembrarse el imperio colonial de España, como
producto de las luchas libertarias de los pueblos latinoamericanos.
La vida de nuestras naciones estuvo marcada, desde esos tiempos, por la de
su vital vecino, cuyas políticas hacia el norte y hacia el sur han correspondido a lo
que en cada época Estados Unidos ha entendido como su seguridad nacional. Esta
nunca ha sido definida con claridad; interpretar lo que quiere decir y llevarla a la
práctica, ha sido cuestión del momento y de los intereses imperantes.
La aspiración o la condición de gran potencia siempre han estado implícitas
en esas políticas de seguridad nacional.
68
A partir de que Estados Unidos conquista su independencia, y por largas
décadas, un componente de esa política fue la de excluir del continente americano
la influencia y el poder colonial de los países europeos. La seguridad nacional
también se manifestó desde los primeros tiempos de esa nación, en una creciente
expansión territorial. Así, surgieron la compra de Luisiana y los enfrentamientos y
las complicadas negociaciones que desembocaron en la cesión de la Florida; la
guerra y la creación de la república de Texas; la guerra contra México, que además
de Texas incorporó a Estados Unidos vastos territorios (los ahora estados de
California, Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada y parte de lo que hoy es Colorado,
Oklahoma, Kansas y Wyoming), que coincidió en el tiempo con la disputa por una
parte del territorio de Oregón y la fijación de la frontera con Canadá; y finalmente,
la adquisición de Alaska.
Las guerras contra las naciones indias, que en su momento se justificaron
también como condiciones para alcanzar la seguridad nacional, establecieron
internamente predominios sociales y económicos.
Después, la política de seguridad se centró en garantizar los suministros de
recursos naturales, petróleo de manera predominante, y en el establecimiento de
bases militares, navales sobre todo, en diferentes partes del mundo.
Durante dos guerras mundiales la política de seguridad nacional se expresó
en la actividad de carácter militar, y en asegurar los suministros de materias
primas a la planta productiva y a los mercados del país.
En la postguerra y hasta muy recientemente, la política de seguridad
nacional de Estados Unidos fue la que se conoció como guerra fría, que se convirtió
en las últimas décadas en la gran carrera armamentista, la guerra de las galaxias,
que sometió a todas las grandes potencias a un enorme esfuerzo económico,
deprimió los niveles de vida en ellas y de manera más aguda en los países del
tercer mundo, y trajo como consecuencias el surgimiento de Estados Unidos como
única gran potencia militar del mundo, el desmoronamiento político, la
agudización de las crisis económicas y el debilitamiento militar del bloque de
países del denominado socialismo real.
La seguridad nacional, en los momentos actuales, la plantea explícitamente
Estados Unidos en el combate al narcotráfico fuera de su territorio; en la
militarización creciente de su frontera con México, para tratar de cerrar el paso a
trabajadores indocumentados; en el control político y económico de reservas de
petróleo, para contar con un abastecimiento seguro y diversificado en esta época
en que está ya en proceso el cambio de la base energética mundial; y en asegurar
mercado para los diferentes productos de su economía.
Esa política de seguridad nacional corresponde —y esto ha quedado más
evidente después del desenlace de la guerra del golfo Pérsico- a la estructuración
de un orden internacional nuevo, que está sustituyendo al surgido de los acuerdos
de Yalta, y en particular a un nuevo orden hemisférico, en el que Estados Unidos se
asigna el papel de potencia hegemónica.
69
Y es en la reestructuración del orden internacional y en asegurarse Estados
Unidos diversificación y control sobre los suministros de petróleo y mercados para
sus productos, donde se juntan hoy las suertes de Canadá y México.
El Tratado de Libre Comercio, tendiente a la creación de un mercado común,
suscrito entre Canadá y Estados Unidos, y la Empresa para las Américas propuesta
por el presidente Bush (de la que el TLC con México constituye su primer paso),
corresponden ambos a la estructuración del nuevo orden mundial y hemisférico
que las fuerzas políticas dominantes en Estados Unidos se han propuesto
consolidar.
El gobierno de México está negociando los términos de su Tratado de Libre
Comercio con el de Estados Unidos. Se trata de un acuerdo sobre cuestiones
comerciales y otras que involucran estructuras, leyes, actividades que salen de lo
comercial y que influyen de manera más amplia en el modelo de desarrollo, en las
relaciones económicas internacionales, en las condiciones sociales y el régimen
político del país. Las finalidades principales, más allá de lo declarativo, son ganar
acceso al petróleo de México, abrir nuestros mercados más y más a los productos
norteamericanos, nunca buscar entre los productores mexicanos quiénes
abastezcan sus mercados, por cierto los más competidos y saturados el mundo, y
disponer de mano de obra abundante y barata.
En un memorándum muy reciente, del embajador de Estados Unidos en
México al subsecretario de Estado, se expresa:
"Otro punto que se pierde en el debate es la importancia de nuestras
exportaciones a México. Casi 30 mil millones en 1990, de los cuales 22 mil
fueron en manufacturas. Como mínimo, medio millón de empleos en nuestro
país dependen de las exportaciones a México.
"Con el TLC, es probable que ésta siga creciendo exponencialmente (se dobló
en sólo tres años). Sin un TLC, es probable que siga creciendo, pero ante la
perspectiva de un voto negativo del fast track, puedo ver más y más de las
decisiones de importación marginales yendo a favor de Asia y Europa.
Nuestras exportaciones son nuestro mejor argumento económico en favor del
TLC".
Por su parte, las exportaciones no petroleras de México también han
aumentado, pero observándose en ello las fuertes distorsiones que se siguen
agudizando en nuestra economía: el 40 por ciento de esas exportaciones, entre las
que destacan las automotrices, las han realizado solo 12 empresas, todas ellas
transnacionales, que han podido aprovechar los canales de comercialización que
las matrices tienen en sus países de origen, principalmente Estados Unidos.
Por otro lado, en las condiciones de estancamiento económico y
dependencia en que han venido aplicando las políticas neoliberales y tecnocráticas,
en especial la liberalización comercial, se ha provocado el cierre de miles y miles
de empresas (77 mil sólo en los últimos años), elevando el desempleo abierto, de
acuerdo a cifras del gobierno, de 4.5 ó 5 millones de desocupados en 1982, a 12
70
millones hoy día, que representan el 46% de la población económicamente activa
del país.
Está quedando entonces cada vez más claro, que la relación que se establece
entre México y Estados Unidos al estarse imponiendo ese orden hemisférico nuevo,
no es a la que aspira ni la que conviene a la mayoría de los mexicanos. Es un orden
de hegemonías y dominaciones, de privilegios y exclusiones, que se va
desarrollando mediante el desmantelamiento de los mecanismos (leyes,
instituciones, empresas estatales estratégicas, esquemas de desenvolvimiento
económico y social) que pudieran ofrecer alguna resistencia al proyecto neoliberal,
o en su momento pudieran contribuir a la recuperación de una vía de desarrollo
independiente, cuyo objetivo central fuera un mejoramiento social sostenido.
En estas condiciones y en contraposición al tratado trilateral de libre
comercio Canadá—EEUU—México, que apresuradamente promueven los tres
gobiernos, nosotros visualizamos la relación económica entre nuestros países en el
marco de un acuerdo continental de desarrollo y cooperación, que parta del
reconocimiento de las diferencias en los grados de desarrollo y productividad de
las economías y en los niveles de vida de la población, se proponga abatir
gradualmente esas diferencias y crear nuevas expectativas, utilizando para ello
diversas herramientas: inversiones (como lo hicieron los países de la Comunidad
Europea, cuando se decidió el ingreso de Portugal, Grecia y España, que invirtieron
en esos países para elevar la productividad de sus economías y mejorar
condiciones de vida); reducción de la carga de la deuda externa; armonización de
legislaciones sociales, con tendencia a ir hacia las que mejor representen y
protejan los derechos de los trabajadores y de la población en general; el acceso al
conocimiento y a los avances científicos y tecnológicos; inversión en educación,
capacitación e investigación.
Y de manera particular, vemos la colaboración entre el Nuevo Partido
Democrático y el Partido de la Revolución Democrática en promover el desarrollo
de un nuevo tipo de relaciones internacionales, equitativas y justas, entre ellas las
relaciones de nuestros países con Estados Unidos, en las que su seguridad nacional
se vea en términos y dimensiones reales. Canadá y México podrán contribuir a la
seguridad nacional de Estados Unidos si en los tres países se elevan
sostenidamente los niveles de vida populares, se erradican las causas que generan
tensiones sociales, se pone fin a marginaciones sociales y exclusiones económicas;
si los tres países comparten con equidad los beneficios de sus intercambios
comerciales; combaten, dentro y fuera de sus territorios, con igual energía, el
narcotráfico; y si de acuerdo a decisiones soberanas de sus pueblos impulsan, en la
práctica de una política de no intervención y respeto a la autodeterminación, los
cambios y los avances democráticos.
La colaboración entre nuestros partidos debe darse también en la
formulación de propuestas políticas, sociales y económicas, alternativas a las
neoliberales y tecnocráticas en boga, viables políticamente y sólidas en lo
económico, que perfilen el mundo y las sociedades que aspiramos a desarrollar
desde ahora, y que se afirmen en el ya a la vista siglo XXI. Tenemos que trabajar
juntos dos propuestas específicas muy importantes: qué políticas debieran
71
instrumentarse en Canadá —y los Estados Unidos hacia América Latina, y cuáles
debieran ser las políticas de México —y de los países latinoamericanos— hacia
Canadá y los Estados Unidos.
Tenemos que partir de nuestras raíces y luchas históricas, de una valoración
objetiva de la realidad que hoy se vive y pretendemos trasformar, de los factores
internos y externos en juego, y tener muy claro hacia quiénes se dirigen nuestras
propuestas y la organización que haga el planteamiento para los diferentes
sectores sociales, autores y actores de los cambios por realizar.
No se trata, y nadie con los pies en el suelo lo pretendería, de repetir
mecánicamente experiencias del pasado, por exitosas que hayan sido. Debemos sí,
aprovechar y recoger enseñanzas de esas experiencias y de lo que hayamos
construido, mantenga su vigencia y sea útil. Renovar y fortalecer, por ejemplo, los
sistemas de seguridad social y los instrumentos de fomento económico que
permiten elevar condiciones de bienestar; estimular la producción y el
crecimiento, garantizando eficiencia y productividad, para cumplir objetivos de
justicia social y autodeterminación.
El progreso hoy día no pude sustentarse en sistemas coloniales, en
desigualdad comercial, ni en economías cerradas. Tampoco en la adopción de
medidas que dieron respuesta a otras circunstancias económicas o políticas. Los
intercambios diversificados y crecimientos que nos impone el mundo actual, deben
servirnos para sentar las bases y desarrollar estructuras y relaciones que impidan
que se reproduzcan desigualdades, desequilibrios y subordinaciones, que al mismo
tiempo abran las oportunidades que a todos garanticen trabajo —única forma de
contribuir al progreso general— y condiciones para un mejoramiento social
creciente que alcance a todos con equidad.
La lucha de los canadienses por un futuro de progreso y bienestar
compartido, pasa por la abrogación o al menos la revisión y modificación radical
del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos. Éste, ya lo dijimos,
corresponde a la estructuración de un orden internacional injusto, que no es al que
aspiran la mayoría de los canadienses, en particular los trabajadores.
En México, crear condiciones para un desarrollo independiente y con
justicia, pasa a su vez por lograr que la relación económica en Estado Unidos —y
eventualmente con Canadá- no se dé a través de los acuerdos sobre libre comercio
y otras cuestiones económicas que actualmente negocian los gobiernos de México
y Estados Unidos; que de no modificarse substancialmente en sus objetivos, y por
lo tanto en las materias sobre las que específicamente se negocia, solo vendrán a
reforzar situaciones de subordinación económica y política, y a cancelar toda
expectativa de mejoramiento para las tres cuartas partes de los mexicanos.
Por eso, desde ahora planteamos la necesidad de que nuestro petróleo no
solamente quede al margen del Tratado de Libre Comercio, sino que bajo la plena
jurisdicción del Estado y en función de nuestros intereses, se proyecte su
aprovechamiento y el desarrollo de la industria petrolera y petroquímica, como
72
factor decisivo de un proyecto nacional de desarrollo independiente y
democrático.
En los acuerdos que se están negociando debe incluirse la movilidad laboral,
el establecimiento de un mecanismo tripartita equitativo para la resolución de
controversias, mantener la capacidad de decisión de los poderes judiciales en sus
jurisdicciones respectivas; al mismo tiempo, convenir inversiones que eleven la
productividad general de la economía en sus porciones más atrasadas, integren y
den eficiencia a ramas de producción determinadas; plantear una negociación de la
deuda externa, que libere recursos que puedan destinarse tanto a inversión social
como a la directamente productiva; establecer los principios que permitan un
manejo con racionalidad social, económica y ecológica del patrimonio natural de
nuestros países; y suscribir una carta social, que establezca las normas básicas
para proteger los derechos de los trabajadores.
Deben quedar por ahora excluidos de la negociación los servicios, en
especial la banca, seguros y servicios financieros, así como todo lo relacionado con
el sector agrícola que, en todo caso, a partir de un acuerdo marco, podría
negociarse sector por sector y producto por producto, tal como México lo convino
recientemente con la Comunidad Europea. Este mecanismo de negociación podría
adoptarse para llegar a acuerdos en otras ramas de la producción y los servicios.
Por otro lado, para alcanzar una relación con ventajas y beneficios mutuos, México
tendría que revisar la fijación de impuestos de importación, temporales o
permanentes, para ciertos productos, a fin de permitir el desarrollo de ramas
estratégicas o clave de nuestra economía, así como el establecimiento de cuotas
para algunas importaciones a fin de evitar déficits en la balanza comercial.
En fin, lo importante de los acuerdos no es si el Congreso de los Estados
Unidos los aprueba o rechaza por vía rápida o mediante cualquier otro
procedimiento, sino los contenidos y sus consecuentes efectos.
En el PRD estamos convencidos que la alternativa del Pacto Continental de
Desarrollo y Cooperación tendría muchas más ventajas para nuestros países y
nuestra gente, pero de aprobarse lo que ahora se negocia (cuyos términos pueden
prevenirse con base en lo que ya han dicho los negociadores y las políticas
impuestas por la administración), asumimos el compromiso de dar la lucha por
revisarlo y corregirlo, de abrogarlo si fuese necesario, de modo que se eliminen
aquellas condiciones que limiten el ejercicio de la soberanía del país y cierren
posibilidades de mejoramiento para los mexicanos.
El futuro al que aspiramos en esta porción norte de nuestro continente,
tenemos que construirlo juntos canadienses y mexicanos, el NDP y el PRD, juntos
también con los muy diversos sectores de los Estados Unidos que comparten con
nosotros el ideal por un mundo de bienestar y progreso, sin explotadores ni
explotados. Con nuestros esfuerzos e imaginación, con creatividad y entrega.
Queremos hacerlo, podemos hacerlo, juntos lo vamos a hacer.
73
Las fuerzas políticas emergentes
en América Latina
Universidad Complutense.
Madrid, España.
15 de julio de 1991.
América Latina vivió los años ochentas como una década perdida en
materia de desarrollo, que fue, por otro lado, una década en la que se estuvieron
gestando y emergieron amplios movimientos sociales y políticos, que se delinean
hoy como las fuerzas que habrán de realizar grandes transformaciones en las
estructuras económicas, en la institucionalidad política, en las relaciones de los
países latinoamericanos con otros países y otros continentes.
La década pasada es la de las crisis por el alto endeudamiento externo; del
disparo de la inflación y la hiperinflación; de los acuerdos de los gobiernos del
continente con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a los que no
es ajeno el Tesoro de los Estados Unidos, y la imposición de los modelos
económicos neoliberales, que se extienden por toda Latinoamérica después de
hacer su prueba la dictadura militar chilena; de caída drástica de los salarios y el
deterioro de las condiciones de vida populares; de concentración desmedida del
ingreso; de cierres y quiebras de empresas y despidos masivos de trabajadores, de
incremento por tanto de la desocupación, crecimiento de las economías informales
y amplios sectores de la población que son arrojados a la miseria.
En esos años caen las dictaduras militares en el Cono Sur y llegan gobiernos
de transición que dan paso a elecciones; no acaba de lograrse la pacificación de
Centroamérica, a pesar de esfuerzos serios que hacen distintas fuerzas política y
sociales; tampoco se destierran el intervencionismo y la violencia, como atestiguan
la utilización del territorio hondureño como base para la agresión a Nicaragua y,
sobre todo, las invasiones estadunidenses a Granada y Panamá, los miles de
muertos y la imposición de administraciones coloniales, militares, y de gobiernos
títeres.
Es el tiempo en el que los modelos económicas neoliberales demuestran su
incapacidad (o en que queda evidente la falta de intención de quien los aplica) para
resolver los problemas sociales: educación, salud, empleo, salario, vivienda; y en el
74
que se ve que para mantener vigentes estos modelos en la práctica, los sistemas
políticos tienen que hacerse rígidos, que cerrar espacios de ejercicio democrático y
recurrir cada vez más a medidas represivas, como se ha visto en Argentina, Brasil y
Venezuela, cuando han habido reacciones sociales enérgicas por la insuficiencia de
los salarios y el deterioro de los niveles de vida; al atropellarse por medio de la
fuerza en México el derecho esencial del respeto al voto (se registran hasta la fecha
112 miembros del movimiento democrático asesinados, y los autores intelectuales
y materiales de estos delitos gozan hasta hoy de impunidad); y en los muy
numerosos casos que se han presentado por todo nuestro continente, para frenar
con violencia demandas obreras o romper por la fuerza relaciones laborales.
Se dan también, más hacia el final de la década pasada y ya en los primero
años de la actual, los grandes enfrentamientos electorales: en Argentina y
Venezuela triunfan candidatos apoyados por organizaciones de larga presencia en
la política, que presentaron plataformas electorales de reivindicaciones populares
y nacionales y que, al llegar al poder, empiezan a aplicar precisamente las políticas
contrarias, neoliberales y de choque, que habían sido sostenidas electoralmente
por sus opositores; en México y Brasil se producen fuertes movimientos populares,
que si bien no llegan al poder, se mantienen como opciones reales de cambio para
luchas políticas futuras; en Chile se logra, primero, una amplísima unidad que se
impone con el "no" y anula la posibilidad de reelección del dictador, después que
llegue, por medio de una elección democrática, un gobierno de transición; fuerzas
nuevas se expresan en Perú, Paraguay y Uruguay, donde el Frente Amplio,
antecedente de los movimientos plurales en el continente, se revitaliza y abre
perspectivas nuevas; en Nicaragua se lleva a cabo un proceso electoral ejemplar,
que consolida la alternancia y un sistema democrático; y como verdadera
avalancha llega el Lavalas con el presidente Aristide, en Haití.
Desde muy atrás, con amplio arraigo en sectores populares, reclamando
justicia y el respeto a derechos esenciales, se han mantenido activos movimientos
guerrilleros en El Salvador y Guatemala, que ahora sostienen pláticas con los
gobiernos de esos países para buscar soluciones políticas negociadas, que puedan
garantizar el cumplimiento de la ley, el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y
una vida política plural y democrática, que serían las vías para lograr respeto a la
vida y terminar con el derramamiento de sangre y los enfrentamientos armados,
así como para iniciar transformaciones profundas en las actuales estructuras
económicas, políticas y sociales.
En Colombia, el Movimiento 19 de Abril (M—19) fue el primero que logró
acuerdos con el gobierno, entregó sus armas y constituye hoy, como parte de un
amplio agrupamiento político, la Alianza Democrática M-19, un elemento decisivo
para que Colombia transite a una profunda transformación democrática. Otros
grupos guerrilleros han seguido el camino del M—19 y se han reintegrado también
a la vida política del País, y más recientemente se han estado llevando a cabo
conversaciones entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera “Simón Bolívar",
que reúne a tres grupos alzados en armas contra el Estado (Ejército de Liberación
Nacional, Fuerzas Armadas Revolucionarlas de Colombia y una fracción del
Ejército Popular de Liberación), para llegar a una negociación política aceptable
para las partes.
75
Alfaro Vive Carajo!, en el Ecuador, hace unos meses, como conclusión de una
negociación, entregó sus armas y es parte hoy de la vida política y de los
movimientos de avanzada de aquel país.
El final de la década vio también el derrumbamiento de los regímenes de
Europa oriental. Algunos partidos y agrupamientos políticos de América Latina
encontraban su referente en las experiencias y realizaciones de aquellos países; y
entre ellos, algunos de modo acrítico veían doctrina, ideales, ideología y las
realidades de la práctica. Los hechos (que trajeron un fuerte sacudimiento en el
mundo de las ideas, de la institucionalidad y los procedimientos del quehacer
político, de las estructuras y los mecanismos de toma de decisión en la economía y
del desarrollo social) han obligado a todos, esto es, a quienes formaban en
organizaciones que se identificaban con las experiencias centralizadoras,
estatizantes, autoritarias, y a quienes estaban en un amplio abanico que iba desde
posiciones de cuestionamiento profundo, manteniendo identidad socialista o con
otras identidades y levantando los ideales de igualdad, justicia y democracia, hasta
opositores con las más diversas definiciones ideológicas y políticas, a revisar las
posiciones propias y ajenas frente a los cambios en el Este, a retomar las raíces de
los grandes movimientos reivindicadores en cada país y en el mundo, a replantear
objetivos políticos, formas de organización económica y social, a iniciar la
elaboración de alternativas frente a las políticas y modelos fundamentalmente
injustos socialmente, dominantes hoy en la práctica.
Cuba constituye un caso especial en América Latina. La revolución
triunfante en 1959, ante las presiones intervencionistas y el aislamiento al que se
sometió al país, puso su vista en —y recibió la solidaridad de— la Unión Soviética
y las naciones del bloque del "socialismo real". Integrándose a ese bloque, y al
mismo tiempo preservando el libre ejercicio de su soberanía, pudo desarrollarse y
lograr importantes transformaciones sociales y económicas; pero al derrumbarse
los regímenes del Este y recrudecerse el bloqueo económico y sobre todo el acoso
político por parte del gobierno de los Estados Unidos, ha vuelto a enfrentar agudos
problemas económicos, ha tenido que multiplicar sus esfuerzos para empezar a
resolver problemas de producción y abasto de alimentos, materias primas y
productos básicos, y ha debido dar cada día mayor atención y destinar montos
crecientes de recursos a la defensa de la isla.
La caída de los gobiernos de Europa oriental y de las dictaduras
sudamericanas, la substitución de esos regímenes por gobiernos electos a partir de
opciones pluripartidistas, por una parte; y por la otra, el surgimiento de
movimientos plurales en el continente americano, que se han constituido en
alternativas de renovación democrática en sistemas asimismo pluripartidistas, han
hecho que surjan con fuerza algunas voces desde dentro y muchas desde fuera —
entre las que deben distinguirse las que tienen una sana preocupación frente a los
problemas de Cuba y pretenden su solución con base en la libre determinación del
pueblo cubano, de aquellas que estén guiadas por intereses intervencionistas—
para reclamar que se substituya en Cuba el régimen político de partido único por
un régimen de partidos múltiples, y que se vaya a corto plazo a un elección.
76
Sin desconocer que es hacia este tipo de sistemas hacia donde han estado
evolucionando y evolucionan los regímenes políticos de muchos países en el
mundo, entre ellos los latinoamericanos, ni desconocer que entre el pueblo cubano
(como es el caso de todos los pueblos) existe la aspiración y la voluntad de lograr
cambios que sostenidamente signifiquen mejoramiento —económico, social,
cultural, político-, viendo con objetividad la situación que vive aquel país, puede
bien pensarse que los cambios que pudieran conducir a substituir el sistema de
partido único no se plantearán por los grupos en el poder, mientras no cese el
hostigamiento desde el exterior: el bloqueo económico de los Estados Unidos, que
ha cortado toda relación de intercambio con Cuba (incluyendo alimentos y
medicinas), y las permanentes presiones de carácter militar que obligan a destinar
a la defensa no sólo presupuestos y recursos —que en otras condiciones se
destinarían con preferencia a la producción y a cuestiones sociales— sino a darle
también atención política prioritaria.
En distintos países se han venido estructurando movimientos sociales y
políticos que representan fuerzas que estarán cuestionando y disputando el poder
a los grupos dominantes actualmente, ya que se empeñarán por construir
alternativas reales de cambio. Veo entre estas fuerzas, con muy distinta
significación en la vida política de sus países, pero en todos los casos como
alternativas de poder a plazo más corto o más largo, o con la posibilidad de
constituirse como tales (o de mantenerse o de recuperarlo), al Partido de los
Trabajadores de Brasil y a los partidos y organizaciones que, en torno a él, se
unieron en la pasada campaña presidencial y pueden volver a coincidir en el
futuro, incluso con mayor amplitud; a la Alianza Democrática M—19; al
Movimiento Lavalas; al Frente Amplio; al Frente Sandinista de Liberación Nacional;
al agrupamiento que pueda llegar a darse con el Grupo de los 8, que representan
un justicialismo limpio y renovado en sus raíces, compromisos populares y
nacionales; al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional; a la Causa R y al
MAS de Venezuela; al Movimiento Bolivia Libre; a la alianza de partidos y
movimientos democráticos, socialistas, etc., que hicieron posible el triunfo del "no"
en Chile y cerraron el paso a que la dictadura se prolongara; y, desde luego, al
Partido de la Revolución Democrática, en México.
Al tiempo que en muy distintas formas estos movimientos se gestaban o
cobraban nuevos impulsos, tuvieron que hacer esfuerzos y librar sus luchas en
muy diversos frentes: en el de su organización y fortalecimiento, para avanzar en
la configuración de una correlación de fuerzas políticas favorable; en el electoral, el
programático e ideológico; en el de la estructuración de un orden internacional
equitativo y justo. Por otra parte, han debido desenvolverse y actuar en función de
las situaciones nacionales y de los nuevos condicionamientos internacionales,
surgidos de la recomposición del orden mundial, y en particular de la
estructuración de un orden hemisférico nuevo, que impulsa el gobierno de los
Estados Unidos, con las fuerzas económicas y políticas que le son afines en ese país
y en los nuestros.
Los principios que guían a estos movimientos emergentes tienen, por lo
general, hondas raíces históricas en las luchas emancipadoras de cada pueblo; se
nutren de, y combinan corrientes de pensamiento nacionales, regionales y
77
universales; coinciden en sus aspiraciones de igualdad, democracia, justicia,
participación y solidaridad. Sus programas de acción responden, en primer lugar, a
la problemática presente: se plantean en ellos transformaciones de las estructuras
agrarias, de la producción, en instituciones y leyes; así como objetivos específicos
de mejoramiento en los niveles de vida de las grandes mayorías, y de participación
efectiva en las decisiones de la vida política, del trabajo, de la economía y del
desenvolvimiento de la sociedad.
Los nuevos movimientos sociales de América Latina no plantean modelos
totalizadores, como los que pudieron darse en los países del "socialismo real". Sus
propuestas se centran en objetivos de transformación política, crecimiento
económico, mejoramiento social y relaciones internacionales, distinguiendo bien,
para no repetir errores del pasado, lo que es ideología y lo que son mecanismos de
acción para alcanzar finalidades determinadas. En muchos campos, proponen la
aplicación simultánea de; una diversidad de esquemas, que corresponden a la
búsqueda de distintas vías para resolver problemas con condicionantes
específicos, como puede ser en el agro la coexistencia de distintas formas de
tenencia de la tierra, de diferentes modalidades para la organización de la
producción y la integración de los ciclos productivos.
Las grandes movilizaciones levantan sus demandas, en lo general, en torno
a unos cuantos objetivos, que ilustramos con el caso mexicano: la efectividad del
sufragio y el fin del régimen de partido de Estado, como condiciones para alcanzar
la democracia y lograr una amplia participación social en la toma de las decisiones,
para imponer políticas de mejoramiento social, para erradicar la corrupción y
terminar con la arbitrariedad y los abusos de poder, para avanzar en la
configuración de un orden internacional justo y equitativo.
Detrás de estos planteamientos existe un intenso trabajo de elaboración
ideológica y formulaciones políticas, que ha llevado mucho tiempo, que se han ido
afinando y en ocasiones rehaciendo en el curso de la lucha.
Se cuenta en lo general con propuestas amplias, más desarrolladas en
algunas de sus partes que en otras, que quizá no se divulguen con la amplitud
necesaria por las limitaciones impuestas por los recursos disponibles y el acceso,
generalmente limitado, que se tiene a los medios de comunicación comerciales o
estatales.
Pero la gente, no sólo los militantes, saben que se lucha por cambios
amplios y profundos. Es por eso que da confianza a organizaciones y a dirigentes.
Las fuerzas políticas emergentes en América Latina, aun cuando han venido
actuando con escasa comunicación entre sí, coinciden en sus visiones nacionales,
del continente y del mundo, y por lo tanto en las posiciones políticas que adoptan
frente a problemas internos y externos.
Las coincidencias se están dando tanto en los objetivos políticos y
económicos que se persiguen, como en las modalidades de organización que
adoptan los propios movimientos o partidos.
78
Un objetivo prioritario es llegar a establecer regímenes auténticamente
democráticos, que vayan más allá de las democracias formales que ha conocido
Latinoamérica, que celebran elecciones, que respetan y cuentan los votos —con
excepciones que confirman la regla, como sucede en México —, pero que estén
diseñadas para que las cosas no cambien o cambien muy poco. Se trata ahora de
llegar a regímenes que garanticen la alternancia con base en decisiones
democráticas, con sistemas pluripartidistas, donde el ciudadano (y más allá de él,
el individuo) participe de manera efectiva en la toma de todas las decisiones que
en una u otra forma lo afecten, tanto políticas como económicas y sociales; es decir,
un sistema sin exclusiones, donde la persona —mujer, hombre, joven, niño, adulto,
de cualquier religión o perteneciente a cualquier etnia— sea tomado en cuenta y
pueda participar en las decisiones en sus distintas calidades simultáneas de
ciudadano, trabajador, usuario, consumidor, residente de una ciudad, de un barrio,
un municipio, etcétera.
Las fuerzas políticas nuevas de América Latina, no aceptan que en materia
económica el único camino posible sea el de las políticas neoliberales y
monetaristas, que han diseñado los organismos multilaterales (Fondo Monetario
Internacional y Banco Mundial principalmente) y que imponen los distintos
gobiernos, que corresponden por lo demás, al diseño de un orden hemisférico en el
que los Estados Unidos se han asignado el papel hegemónico. Presentan, en
consecuencia, alternativas distintas de desarrollo independiente, con base en
decisiones tomadas en ejercicio pleno (sin limitaciones impuestas por los centros
internacionales de poder) de la soberanía nacional, que tenga como propósito
prioritario poner en movimiento las fuerzas productivas, liberar las capacidades
creativas y aprovechar los diferentes recursos existentes para elevar, de manera
sostenida, las condiciones de vida y bienestar del conjunto de la población; dando
atención a la educación, la salud, el empleo, que han sido sectores no sólo
desatendidos sino prácticamente ignorados en los años de las políticas
neoliberales, así como al desenvolvimiento de un sistema productivo equilibrado,
suficiente y de alta eficiencia.
Son fuerzas que luchan por la igualdad, en las leyes y en la práctica, contra
todo tipo de marginaciones y para ir reduciendo, hasta eliminar, las contrastantes
y graves diferencias sociales que existen en todos los pulses de América Latina y el
Caribe.
Lograr respeto pleno a la vida, a los derechos humanos, terminar con las
arbitrariedades y abusos de autoridad, erradicar de raíz la corrupción y las
actividades antisociales como el narcotráfico (que se ha constituido en nuevo
pretexto y vía para el intervencionismo) son propósitos de todas estas expresiones
de renovación política.
La defensa del patrimonio natural, su aprovechamiento con racionalidad
ecológica y social, acciones y programas concretos para detener la depredación y el
deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente, para terminar con la
contaminación, se ven como acciones prioritarias que deben necesariamente
vincularse con el mejoramiento de las condiciones sociales y el manejo de la
economía.
79
En estas alterativas se plantea como condición necesaria la estructuración
de un orden internacional equitativo y justo, muy distinto del actual, el respeto
irrestricto a la autodeterminación y el poner fin a las intervenciones. En este orden
nuevo, se prevé que debe darse consideración especial a garantizar a todos el
acceso al conocimiento, como la más clara expresión de solidaridad entre los
pueblos y entre los hombres, para compartir los avances que en todo el mundo se
vayan logrando en la ciencia y el desarrollo tecnológico.
Frente al orden mundial que se estructura, de bloques económicos y
políticos, con zonas de influencia que abarcan a los países del tercer mundo y de
una sola gran potencia militar, la propuesta que se ha ido elaborando desde
distintos países del continente —como alternativa tanto económica como
política—, es la de la integración latinoamericana. Se le ve como un proyecto
realizable, que está condicionado a ir substituyendo a los gobiernos afines a la
Empresa para las Américas del presidente Bush —expresión que resume el nuevo
orden hemisférico que impulsa el gobierno actual de los Estados Unidos—, por
gobiernos de las nuevas fuerzas populares y democráticas latinoamericanas.
En el proceso de formación de estas nuevas organizaciones se distinguen los
partidos políticos, por un lado, y el movimiento social por el otro, que coinciden en
el objetivo general de una profunda transformación democrática, que con ese
propósito actúan juntos, se brindan solidaridad, pero al mismo tiempo mantienen
su independencia. El movimiento social, tanto urbano como rural, ha cobrado
conciencia que no puede limitar sus demandas a las meramente utilitarias (suelo,
vivienda, servicios, tierra, crédito, asistencia técnica, organización), ni pueden
satisfacerlas a menos que se produzcan transformaciones favorables en la
correlación de fuerzas políticas y en las propias estructuras económicas, sociales y
políticas. De ahí también la toma de conciencia (del movimiento social) para
participar activamente en la vida política.
Los partidos y movimientos que son parte de las fuerza nuevas han cobrado
conciencia, a su vez, que su crecimiento y actividad no pueden limitarse a la
preparación, desarrollo y búsqueda de posiciones para sus cuadros, sino que esa
tarea debe necesariamente complementarse con la vinculación de las
organizaciones políticas y el movimiento social para imprimir verdadera fuerza a
sus proyectos y, sobre todo, a su acción.
Se tiene muy claro que un proyecto continental de integración política y
económica y de desarrollo independiente, tiene que sustentarse en regímenes
democráticos de amplia participación social en cada país, y sólo puede ser
realizado por el conjunto de las fuerzas democráticas latinoamericanas.
La acción conjunta no ha sido fácil en América Latina y el Caribe. Además de
la escasez de recursos, de las limitaciones propias, los esfuerzos de integración se
han visto sistemáticamente estorbados por los intereses de dominación, y esta ha
sido una situación que una y otra vez se repite a lo largo de nuestra historia.
80
Hoy empieza a darse un nuevo esfuerzo para la acción conjunta de los
movimientos nuevos, que representan alternativas de cambio y opciones de poder
en distintos países del continente.
En julio del año pasado, convocados por el Partido de los Trabajadores (PT)
del Brasil, se reunieron en Sao Paulo representantes de poco más de cuarenta
partidos y organizaciones de América Latina, para analizar las realidades del
continente y tratar de ampliar y avanzar en las coincidencias.
Acaba de celebrarse un segundo encuentro en la ciudad de México.
Asistieron delegaciones de sesenta y ocho partidos y movimientos, de veintidós
países, que avanzaron en la formulación de alternativas económicas y políticas, en
la búsqueda de nuevas formas de solidaridad y en la definición de campos para la
acción común.
Podemos pensar que empiezan a darse los primeros pasos en un largo curso
de integración política y económica, que será producto de cambios democráticos
internos, de cambios en las relaciones entre los propios países de América Latina y
el Caribe —y de estos con los países del norte de América y de otros continentes—;
así como de acuerdos continentales y regionales para la acción concertada, de
movimientos y partidos por un lado, de gobiernos en su momento por el otro, que
confiamos, habrá de llegar a que verdaderamente se sienten las bases para formar
la patria grande latinoamericana.
81
La cooperación económica
en América del Norte.
Ponencia ante miembros del Consejo Executivo
del Departamento de Sindicatos Industriales, AFL—CIO.
Washington, D. C., EEUU.
12 de septiembre de 1991.
Permítanme primero agradecer a mi buen amigo Jack Sheinkman y a Lynn
R. Williams su invitación a esta comida, que reúne a miembros distinguidos del
Consejo Ejecutivo del Departamento de Sindicatos industriales de la AFL-CIO, y por
la oportunidad de tener un diálogo fructífero con ustedes. La ocasión resulta muy
especial para mí y para quienes luchamos por la democracia en México. Constituye
una distinción estar aquí con un grupo muy especial de dirigentes laborales de los
Estados Unidos, que estén preparados para explorar con el movimiento
democrático de México un nuevo enfoque integral de las relaciones entre
trabajadores y otros sectores progresistas de nuestras dos sociedades.
Fuerzas formidables, viejas inercias, prejuicios y temores injustificados
están tratando de convencernos que los intereses de los trabajadores mexicanos y
americanos son irreconciliables, que el bienestar de una familia de trabajadores en
México puede alcanzarse sólo a expensas de los empleos y las condiciones de vida
de las familias de los trabajadores americanos.
Con base en las negociaciones en curso sobre el Tratado de Libre Comercio
que realizan nuestros dos países, esto constituye un verdadero peligro. Si no
actuamos con prontitud y rechazamos de plano la idea que no podemos trabajar
hacia metas compatibles, los intereses de las corporaciones tendrán éxito en echar
a los trabajadores mexicanos y americanos acremente unos contra otros.
Dirigentes con valor y determinación como todos ustedes, son la fuerza que
nos conducirá a un futuro de cooperación amistosa y de entendimiento entre los
mexicanos y los americanos que trabajan. A pesar de obstáculos considerables que
enfrentamos, esta reunión es ya un éxito porque constituye un verdadero
comienzo en nuestra búsqueda conjunta de ese futuro.
82
México y los Estados Unidos están ya embarcados en un proceso de
integración espontánea que ninguna fuerza puede revertir, pero en el cual muchos
están compitiendo para orientarlo de acuerdo a sus intereses particulares. Se trata
de una integración en lo económico y social que en muchos aspectos no ha sido una
experiencia constructiva, sino que ha representado una relación profundamente
desequilibrada entre dos asociados desiguales. Para México, esta integración ha
sido motivo de daños serios al medio ambiente, ha estimulado la explotación de los
trabajadores y el agotamiento de nuestros recursos naturales.
Nuestra integridad y soberanía nacionales también han sufrido a
consecuencia de la llamada interdependencia. Hasta ahora, la integración no ha
mejorado la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos ni las condiciones de
trabajo y de vida de los trabajadores.
EI Tratado de Libre Comercio (TLC) que se está preparando es un
instrumento de visión corta, que no intenta corregir las graves distorsiones
económicas de nuestra integración, sino perpetuarlas en favor de intereses
corporativos y políticos estrechos de nuestras élites dominantes. Nosotros,
definitivamente, no podemos separar nuestras dos economías; pero sin duda,
podemos hacerlas funcionar mejor y transformar nuestra relación en una
oportunidad para compartir nuestros recursos con equidad y verdadera
responsabilidad y para mejorar nuestras vidas.
El carácter irreversible del proceso de integración significa que nuestra
lucha en México por una sociedad justa y democrática, no puede tener éxito si
fracasamos en ofrecer una visión alternativa para reorientar la relación de México
con los Estados Unidos. Estamos aquí con ese propósito y con la esperanza de
movernos con ustedes en una dirección acorde con las necesidades, aspiraciones e
intereses de las mayorías de nuestros pueblos. Para ustedes, esta inevitable
integración representa también el grave peligro de perder —en una competencia
desleal con la mano de obra sobreexplotada y barata de México— sus conquistas
históricas y deteriorar más el poder de negociación de los sindicatos industriales.
Sin embargo, ustedes no pueden voltear la espalda a la realidad ni tratar de
impedir la expansión de esta relación simbiótica ya en proceso, que debe verse
también como la oportunidad para ganar las iniciativas política y económica
necesarias para dar impulso, en la cambiante economía mundial, a una nueva
estrategia de desarrollo económico y social. Es por eso que veo ésta como una
reunión muy importante, no sólo ocasión de hacer discursos sino oportunidad para
explorar acciones comunes.
Estamos aquí para iniciar un diálogo serio, para encontrar alternativas y
construir una amistad y una hermandad verdaderas con mexicanos, americanos,
canadienses y latinoamericanos.
Antes de hacer algunas propuestas que pudiéramos comentar aquí,
permítanme compartir con ustedes algunas preocupaciones inmediatas, debido a
la situación política de México. Las recientes elecciones no sólo no constituyeron
un paso adelante hacia la democracia, sino que han sido una incuestionable
83
regresión. Todos los partidos de oposición —sea que se trate del PAN, de centro
derecha, o de los pequeños partidos paraestatales— y toda la gama de
intelectuales mexicanos —con todas las posiciones-; todo diario norteamericano,
desde el New York Times hasta Los Ángeles Times, favorable o desfavorable a la
reforma económica de Salinas, cuestionan la limpieza, legitimidad y equidad del
proceso electoral. Después de tres años en el cargo, Carlos Salinas ha sido incapaz
de producir una elección más limpia o una más creíble, ni en el criterio de sus
partidarios ni en el de sus adversarios.
Los amigos de la democracia en México, como ustedes, no requieren
explicación de lo que muchos en la prensa norteamericana llaman una derrota de
la oposición democrática en México. Baste decir que aun de acuerdo a las
cuestionadas cifras oficiales, como dije antes, por todos, la oposición al PRI obtuvo
los mismos diez millones de votos que se le adjudicaron oficialmente en 1988. Pero
el PRI, en lo que parece ser un logro electoral extraordinario, increíble e imposible,
obtuvo 50% más votos que Carlos Salinas en 1988, a pesar del hecho que
invariablemente en las elecciones de medio periodo en México —o en cualquier
otra parte del mundo— la participación de los votantes disminuye drásticamente.
Sólo una alteración general, en una escala agregada y distrito por distrito, puede
explicar este resultado. Desde luego, los reportes de las asociaciones de derechos
humanos, las organizaciones de observadores del voto y los partidos políticos de
todas las posiciones señalan el fraude masivo, que va desde el rasurado de los
opositores de las listas de electores, hasta el aumento de las listas con votantes en
favor del gobierno, el relleno de urnas, votos duplicados y manipulaciones
postelectorales. Quizá más importante para los resultados electorales, fue la
abrumadora utilización de fondos de los contribuyentes para propósitos
partidarios particulares, incluyendo en ello el tiempo preferente en los medios de
comunicación en escala sin precedentes, aun de acuerdo a las prácticas usuales en
México.
En vista de esta situación, el movimiento democrático de México necesita de
su comprensión, concurrencia y apoyo. Si su preocupación es la naturaleza,
alcances y consecuencias del TLC que negocian nuestros gobiernos, no pueden
permanecer indiferentes ante el estado que guarda la democracia en México. Si
ustedes apoyan una visión alternativa para un acuerdo de comercio y desarrollo
verdaderamente benéfico. Deben empezar a apoyar activamente la democracia en
México. No pueden esperar un TLC honorable y equitativo si no defienden la
democracia en México.
Aquí están algunas sugerencias de lo que podemos hacer juntos:
En los últimos meses hemos dedicado un esfuerzo considerable para definir
los elementos de lo que podría ser una interacción económica de verdadera
cooperación en América del Norte. Ahora tenemos que hacer de ella un esfuerzo
común. Propongo entonces, la creación de un equipo de trabajo integrado por
representantes del movimiento obrero de los Estados Unidos, que con sectores
progresistas de la sociedad mexicana avancen en la tarea de diseñar un acuerdo
continental de desarrollo y comercio que puedan suscribir nuestros tres países:
México, Estados Unidos y Canadá.
84
Es también imperativo trabajar juntos para movilizar apoyo para esta causa.
A ese respecto, la prioridad inmediata debiera ser asegurar que la comunidad
mexicoamericana tenga el papel decisivo que le corresponde en todo este proceso.
Los mexicoamericanos son la expresión más vívida de lo que a menudo representa
la integración entre nuestros dos países. Su experiencia como inmigrantes sintetiza
tanto el legado mexicano de autoritarismo y corrupción como la desigualdad, el
racismo y la intolerancia norteamericanas. El mejoramiento de sus condiciones de
vida, oportunidades sociales y el fortalecimiento de su comunidad son la piedra de
toque, la condición previa para el establecimiento de la nueva relación que
queremos construir. Propongo que juntos diseñemos un plan de acción para
acercarnos tanto a los mexicoamericanos como a los migrantes indocumentados en
los Estados Unidos, para crear una coalición amplia de fuerzas favorables a la
alternativa de comercio y desarrollo continental.
Finalmente, no debemos perder de vista el hecho de que las tendencias
corrientes en la integración económica y social, están creando también una
división del trabajo inequitativa y desventajosa entre Estados Unidos y Canadá de
un lado, y el resto de América Latina del otro. Esta integración en curso, debido a
su naturaleza no discriminante y favorable a las grandes corporaciones, constituye
un fenómeno igualmente amenazante para las conquistas laborales
norteamericanas y la integración especifica entre México y Estados Unidos, que
tanto nos preocupa.
Si el movimiento obrero de Estados Unidos está verdaderamente
comprometido en ampliar sus horizontes y fortalecer sus relaciones con el
movimiento obrero democrático más allá de sus fronteras, no debiera limitar sus
perspectivas al vecino inmediato ni reducirlas a cuestiones económicas y sociales.
La defensa de la democracia en América Latina donde no existe, debe verse como
elemento esencial en la construcción del nuevo orden mundial que debe visualizar
el movimiento obrero norteamericano.
Y reitero, nuestro encuentro aquí, hoy, no debe quedar en una simple
reunión formal y nuestras palabras no pueden quedar sólo en buenas intenciones.
Tenemos que ser constructivos, prácticos y empezar a erigir hoy el futuro común
que nuestros pueblos nos demandan.
85
La democracia al alcance de la mano
Escuela de Derecho de la Universidad Loyola.
Los Ángeles, California, EEUU.
28 de febrero de 1992.
Al comenzar la segunda mitad de la presente administración y al entrar la
economía mexicana en su décimo año de ajuste, los resultados no son
particularmente alentadores. La súbita, indiscriminada e ideologizada apertura
comercial ha generado un gran déficit comercial, que aumenta en mil millones de
dólares por mes. Las importaciones crecen más rápidamente que las
exportaciones. Los bienes, y ahora también, los servicios del extranjero, parte de
los Estados Unidos, parte de Asia, están desplazando a los bienes y servicios
mexicanos; muchos sectores industriales —desde textiles hasta automóviles—que
antes mostraban excedentes, tienen déficit ahora; y empresarios fuertes que eran
productores se han convertido en importadores. Se pierden empleos; muchas
industrias están cerrando.
Las ventajas comparativas potenciales en el comercio internacional se
pierden con esta política erróneamente concebida. En vez de abrir algunos
sectores y alentar otros, a fin de hacerlos verdaderamente competitivos en el
mercado mundial, como lo hace cualquier otro país (a través de protección,
subsidios, apoyo), la administración mexicana decidió dejar todo al mercado. El
resultado es que el sector de exportaciones que más crece es el de melones
congelados, y México regresa así a los bienes primarios, al turismo y a la
especulación.
El empleo formal no está creciendo. La ocupación en manufacturas ha caído
y como todo aquel que camine por la Ciudad de México puede ver, la economía
informal, subterránea, se está apoderando de las banquetas, las calles y lo que es
más grave, de la iniciativa económica. La paradoja es entonces que una economía
que crece, estimulada por grandes insumos de capital atraído a México por el
remate indiscriminado de bienes de la nación, no crea empleos ni expande la
economía. Simplemente esta enriqueciendo a los más ricos y generando demandas
para economías deprimidas en el extranjero. Estamos vendiendo importantes
86
activos de la nación en sectores económicos estratégicos para financiar un gasto
excesivo en importaciones suntuarias.
El tamaño de la economía informal y la velocidad a la que crece dan prueba
del fracaso del programa de modernización. Las crecientes disparidades en riqueza
e ingreso, muestran lo que verdaderamente es el modelo: un programa injusto,
depredador y humillante.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) tal como se está negociando y como los
tres gobiernos quieren firmarlo, es de hecho simplemente un instrumento para
mantener vigentes las políticas y condiciones que hacen posible este modelo. En
lugar de ser un mecanismo abierto para su transformación, el TLC está concebido
por sus impulsores como un instrumento supranacional para consolidar la
situación existente, perpetuar las actuales estructuras, y atar a México con Estados
Unidos mediante una serie de acuerdos que no ayudan a México a entrar a la
economía mundial de manera realmente ventajosa. A pesar de los numerosos
intentos por parte de diversas organizaciones en los tres países para comprometer
a las autoridades en un diálogo constructivo respecto al contexto y amplitud del
acuerdo, han seguido tercamente una línea de negociaciones que no responde a las
necesidades y aspiraciones de los ciudadanos en Canadá, Estados Unidos y México.
Hemos propuesto un compromiso social (social charter) como parte
fundamental de un acuerdo entre nuestros países. Pero estimamos que un
compromiso social empieza en casa, que es un objetivo nacional y antes de que el
país convenga en un compromiso social, hay poco que hacer para traducirlo en un
pacto internacional. El compromiso social nacional es un componente central de
nuestra lucha por la democracia. Debe ser producto de una serie de consultas entre
trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, universidades, etc. Debe tomar
en cuenta lo que se haya logrado ya socialmente en legislación, sistemas de
seguridad social, condiciones para negociar salarios, etc., y debe representar
avance real para todas las partes.
En México se aplica un proyecto económico y político diseñado por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, idéntico prácticamente al que se
aplica en Brasil, la Republica Dominicana, Venezuela, Argentina y otros países del
continente, y que tantos problemas ha ocasionado.
Estas políticas han llevado a México al borde de una nueva crisis, tan
profunda y amplia como la que agudamente se vivió en 1982 y cuyos efectos aún se
resienten.
A mediados de 1989 México renegoció la deuda externa con más de
quinientos bancos acreedores; para ello fueron decisivos los créditos del Tesoro de
los Estados Unidos y la influencia del gobierno americano en el Fondo Monetario
Internacional y en el Banco Mundial. La deuda, en ese momento de 92 mil millones
de dólares, se redujo en cifras absolutas en unos 700 millones, y se establecieron
condiciones que facilitan el pago puntual y cabal de su servicio.
87
Las políticas seguidas por el gobierno mexicano no liberaron los recursos
que se utilizan para servir la deuda y han fracasado en atraer inversión productiva,
ni nacional ni extranjera. Es cierto que México ha estado recibiendo inversiones del
exterior, pero más del 60% ha ido a la especulación, unos 20 mil millones de
dólares en los últimos años.
México ha estado viviendo así en el filo de la navaja, y la estabilidad
económica sólo se ha mantenido con los créditos acordados, por motivos políticos,
por el gobierno del presidente Bush. Hoy la deuda se ha elevado nuevamente y
llega ya a 104 mil millones de dólares.
Después de dos años de superávit, de acuerdo a cifras oficiales, en 1989 la
balanza comercial se volvió negativa, mostrando un déficit en 1990, de 5 mil
millones de dólares y alcanzando 12 mil millones para 1991.
Por otra parte, el ahorro neto del sector privado disminuyó en los últimos
dos años más del 90 por ciento. Pasó de 37 mil millones de dólares en 1989 a sólo
2 mil 320 en 1990, y en el primer semestre de 1991 tenía ya un valor negativo de 4
mil 920, esperándose que continúe la tendencia negativa.
Estos son signos claros de una crisis económica debido a la improductividad
y la corrupción, al desperdicio de los recursos del país y a la estructura de
desocupación masiva generada por la protección gubernamental a la especulación,
a los productos del extranjero y a los privilegios de unos cuantos.
Nuestro peso está sobrevaluado. Tememos una caída, una devaluación
mucho más drástica que las ocurridas en administraciones anteriores, con todas
sus consecuencias económicas y políticas.
Las condiciones sociales no son mejores. Los salarios han perdido, en la
última década, más del 60% de su poder adquisitivo en términos reales,
correspondiendo 25% a la administración de Carlos Salinas. En esta misma década,
sólo se crearon un millón 300 mil empleos, cuando han habido un millón 100 mil
jóvenes que cada año demandan trabajo. Sólo el 17% de la demanda de empleo ha
sido satisfecha. La desocupación toca hoy a 8 millones 900 mil personas, que
representan la tercera parte de la fuerza de trabajo del país. En 1982 los salarios
representaban 36% del PIB, hoy sólo son el 24%, lo que muestra como se
concentra el ingreso.
Es importante señalar también que las recientes reformas constitucionales
que modifican la base legal de nuestra estructura agraria, si no se revierten en un
plazo corto, provocarán que dos millones de familias campesinas (esto es, unos
diez millones de personas) se vean expulsadas —de la tierra que ahora ocupan y
trabajan— hacia las ciudades, y se estima que la mitad vendrán a este país a
sumarse a los cinco millones de mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos
en el último decenio.
En las negociaciones que se llevan a cabo por México, Estados Unidos y
Canadá, el gobierno mexicano ha estado presentando como nuestras ventajas
88
comparativas los bajos salarios —que tienden a seguir disminuyendo— que se
pagan a los trabajadores mexicanos, el hecho de que no se exija a las industrias que
se establecen en México que inviertan en infraestructura social o comunitaria, y la
falta de observancia de nuestras reglamentaciones ambientales.
Las leyes ecológicas de México son muy similares a las de Estados Unidos,
pero en la práctica no se exige su cabal cumplimiento. Los presupuestos de los
programas ambientales son escasos y la corrupción parece endémica.
Existen dos mil maquiladoras propiedad de americanos en nuestra área
fronteriza y es muy claro cómo desobedecen nuestras regulaciones ecológicas. Sólo
un ejemplo: el manejo de sus desperdicios. En 1990, únicamente 19% de las
plantas que utilizan substancias toxicas pudieron demostrar que habían dispuesto
adecuadamente de estos materiales; y en 1989 sólo 20 de mil 600 maquiladoras
operando en México devolvieron sus desperdicios tóxicos a los Estados Unidos, en
cumplimiento del tratado firmado en 1983 por los dos países.
La contaminación en la frontera constituye un problema grave. El drenaje
crudo que se descarga al río Tijuana fluye al río Nuevo, ocasionando enfermedades
e infecciones en ambos lados de la frontera; el "Nogales Wash", en la frontera entre
Sonora y Arizona, está altamente contaminado con drenaje industrial y doméstico,
incluyendo productos químicos tóxicos.*
*”Look before you leap” preparado por The Development Group for Alternative Policies. 1991.
De acuerdo al curso que siguen las negociaciones sobre el TLC, éste vendrá
a consolidar los desequilibrios existentes entre nuestros países, llevando a México
a insertarse en la economía mundial por la vía de la subordinación y de hecho su
absorción a la economía de los Estados Unidos.
Nos preocupa, por lo tanto, que ése pueda ser el resultado del acuerdo
comercial entre Canadá, Estados Unidos y México y sobre todo, el destino de
nuestro país.
Por eso hemos propuesto un pacto diferente: la utilización de múltiples
herramientas económicas para superar los rezagos y asimetrías existentes; una
visión distinta en las relaciones internacionales, particularmente las de Estados
Unidos y México; y como condición indispensable, la democratización de la vida
política del país.
Como alternativa al TLC que negocian los gobiernos de México, Estados
Unidos y Canadá, que es punto de arranque de la instrumentación de la Iniciativa
para las Américas del presidente Bush —propuesta insuficiente para desarrollar
América Latina y con claras pretensiones de consolidar la hegemonía hemisférica
de Estados Unidos—, planteamos la celebración de un Acuerdo Continental de
Comercio y Desarrollo, que discutan y negocien el conjunto de naciones del
continente, que parta de reconocer las diferencias existentes en grados de
desarrollo, productividades de las economías, condiciones sociales, y que se fije
89
como un primer propósito disminuir hasta cerrar esas diferencias y sentar las
bases de una competencia y complementación económicas con bases de equidad.
Las negociaciones, considerando, por ejemplo, lo que debiera resolverse
entre Estados Unidos y México, tendrían que realizarse en torno a las cuestiones
estrictamente comerciales; a la armonización de normas en materia de
inversiones, reglamentación antimonopólica, un compromiso social, la ecología y la
propiedad intelectual; los mecanismos para resolver las controversias, de modo
que no se invadan y limiten jurisdicciones nacionales para ventaja de alguna de las
partes; la movilidad laboral; e inversiones compensatorias, esto es, inversiones
como las que convinieron los países de la Comunidad Europea con Portugal,
España, Grecia e Irlanda cuando se decidió la incorporación de estos países a la
Comunidad.
Al reconocer las diferencias y proponerse eliminarlas a partir de esfuerzos
conjuntos, las inversiones compensatorias se constituyen en pieza clave del pacto y
en su eje articulador.
Alcanzar condiciones de desarrollo suficiente, equilibrado, autosostenido y
relaciones de equidad interna e internacionalmente —especialmente en nuestro
hemisferio—, exige echar mano de múltiples instrumentos económicos y no de
manera casi única, como se plantea en la iniciativa Bush, con la sola creación de
una zona de libre intercambio, de la liberalización comercial, como
demagógicamente han venido sosteniendo los negociadores del TLC. Es necesario
recurrir, con visión de largo plazo, simultáneamente, a varios instrumentos; la
propia apertura comercial y la gradualidad en su realización; inversiones
compensatorias, como ya se señaló; una nueva negociación de la deuda externa
que conduzca de modo efectivo a liberar recursos para inversión; la adopción de
medidas que estimulen la inversión productiva, y frenen y desalienten la
especulación financiera; la determinación y reconocimiento en cada país de los
nichos económicos, las actividades estratégicas y prioritarias, conductoras del
desarrollo económico general; entre otras.
En la última década, en México, ha quedado claramente demostrado que la
liberalización comercial no trae como consecuencia obligada la apertura política.
En estos años se ha caminado precisamente en el sentido contrario. El régimen de
partido de Estado, uno de los pocos que subsisten aun en el continente y en el
mundo, se ha rigidizado, ha debido recurrir de modo regular y sistemático al
fraude electoral, y cada vez más a la represión y a la violación impune de los
derechos humanos.
El autoritarismo mexicano descansa hoy por hoy en la ayuda económica y el
apoyo político y diplomático de Washington. Gracias en buena medida al empeño
de la administración del presidente Bush, la imagen internacional de
responsabilidad y democracia del gobierno de México no se corresponde de
manera alguna con la realidad. En contradicción directa con las posturas
sostenidas en los últimos años por las principales corrientes de opinión pública
internacional a favor de la democracia en el mundo, la comunidad internacional ha
extendido a la administración de Carlos Salinas una ilegitimidad política que no
90
tiene y una representatividad que no se ha ganado. En nuestro continente se ha
pasado ya, en el caso de algunos gobiernos y movimientos políticos, del respaldo
por omisión al gobierno autoritario de México, a su apoyo franco y desembozado.
Conveniencias inmediatas y actitudes acomodaticias han hecho que la causa
de la democracia mexicana, salvo aisladas excepciones, se encuentre casi sin
adeptos en los sectores oficiales del continente.
Si en México se mantiene inamovible el sistema político; si no se da su
apertura, que pasa necesariamente por el respeto al voto en una elección libre y no
manipulada; si con base en ese sistema político se profundizan las políticas
económicas de subordinación, concentración del ingreso, socialmente excluyentes;
va a impedirse el desarrollo de mercados nacionales fuertes, con consumidores
que tengan verdadera capacidad para comprar; se acentuarán las distorsiones de
la economía, pues seguirán habiendo sectores modernizados orientados a
exportar, junto a ramas en desastre (como la agricultura) o en vías de extinción
(como la industria de consumo); se seguirá requiriendo de apoyo económico
externo, como ha sido práctica usual desde 1982 y sobre todo de 1988 en adelante,
principalmente a cargo de los contribuyentes de los Estados Unidos, que han
significado y significarán aliento político al gobierno mexicano; y se incrementara
la corriente migratoria de mexicanos hacia los Estados Unidos.
Con todo, vemos el futuro y el futuro inmediato con optimismo. La
democracia está en México verdaderamente al alcance de la mano. Numerosas
organizaciones y grupos de la sociedad civil se preparan para 1994, con la
voluntad de encarar unidos la sucesión presidencial y para cerrar el paso, de
manera definitiva, al fraude electoral y a la imposición. Por ello las fuerzas
democráticas en México nos organizamos para demandar de los americanos del
sur, el centro y el norte del continente, convencidos de la razón y la justicia de la
causa de la democracia, una actitud congruente y vigilante respecto a México.
En las luchas del pasado y del presente contra las dictaduras, las
intervenciones, contra la discriminación racial, por la defensa de la soberanía y la
democracia, por el respeto a la vida y a los derechos humanos de otros pueblos,
hemos sido y seguiremos siendo solidarios. Hoy demandamos esa misma
solidaridad para quienes en México nos esforzamos por poner fin a un régimen de
partido de Estado autocrático y corrompido, y por transitar hacia una democracia
de amplia participación social.
Queremos organizar, entre otras cosas, la observación de nuestras
elecciones municipales y estatales que tendrán lugar en 1992 y 93, así como las
elecciones nacionales de 1994, como contribución para democratizar nuestra vida
política.
Sabemos que no es sólo cuestión de tener o no tener observadores
electorales para lograr pleno respeto al voto. Es necesario que una fuerza política,
con la capacidad suficiente, se imponga al gobierno para que éste acepte conducir
elecciones limpias, en las que los votos verdaderamente cuenten.
91
Crear esta fuerza, plural y diversa, que tenga la capacidad de abrir la vía a la
transición hacia la democracia, es hoy nuestro objetivo principal.
Necesitamos abrir los medios de información. Es una condición para que se
dé la democracia. Tenemos que crear los medios para comprar tiempo y espacio,
también para crear una comunicación alternativa, diferente y amplia, objetiva y
veraz.
Sabemos que podemos lograrlo. Sabemos que el pueblo mexicano puede
lograrlo.
Necesitamos su ayuda y la requerimos respetuosamente. Les pedimos
enfocar su atención en la lucha por la democracia en México, y hacer que; la
opinión pública de los Estados Unidos y su gobierno conozcan la realidad de la
situación en nuestro país.
Pero alcanzar la democracia en México tiene que ser una tarea mexicana,
lograda ante todo por los mexicanos en México. Esa es nuestra responsabilidad y
nuestro compromiso.
El pueblo de México está entregando lo mejor de su vida a ese ideal. Al final,
tenemos confianza en que ese ideal se impondrá
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Igualdad, progreso
y derechos humanos
Universidad de Colorado.
Boulder, EEUU.
8 de septiembre de 1992.
Constituye un señalado honor para mí la oportunidad que me brinda la
Universidad de Colorado en Boulder, de participar en este foro, con un distinguido
auditorio y acompañando a expositores que se destacan por su decidida
vinculación a las causas libertarias de la humanidad en los campos de la cultura y
el conocimiento, la defensa de derechos fundamentales de los pueblos, la paz, las
reivindicaciones de minorías explotadas y marginadas.
El tema bajo el cual se ha convocado este foro es por demás sugestivo.
Resume las grandes motivaciones que, están en la raíz de las luchas de los pueblos
de todos los continentes, por verdaderamente ser y ejercer plenamente su
soberanía, por recobrar identidades, por devolver a las palabras sus significados
verdaderos, por hacer francas y limpias las relaciones entre naciones y entre
pueblos, por dar reconocimiento en el ánimo público a los valores del trabajo, la
igualdad, la cooperación, la amistad, el amor, y que sean estos los que motiven las
decisiones políticas, sociales y económicas de gobiernos, colectividades e
individuos.
Hoy en día las fuerzas que han estado moviendo el desarrollo económico,
que producen crecimiento y recesión, manejo cuidadoso o depredación de
recursos naturales, progreso y bienestar junto con lacerante miseria y humillantes
exclusiones; y las que han llevado a las relaciones políticas a constituir una
compleja red en la que coinciden y conviven fuertes contradicciones, tanto en lo
internacional como en el ámbito de cada país, esto es, dependencias, cooperación,
represión, democracia más amplia o más limitada; amenazan la existencia de
naciones, de ciudades, de conglomerados sociales, de etnias; amenazan con poner
fin a lo que hay de civilización, de relación fraterna, de posibilidades de persistir en
la vida humana en una perspectiva de generaciones.
En estas condiciones se inhibe y en muchos casos se cancela de manera
absoluta la posibilidad para millones de seres humanos de ejercitar derechos
fundamentales individuales, ciudadanos, laborales, sociales.
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Garantizar hoy día, universalmente, el ejercicio de los derechos humanos,
exige de todos, esfuerzos de muy amplio espectro social y político, que pueden
llevarnos a modificar el orden mundial existente, así como regímenes internos y
ciertas situaciones especificas en la gran mayoría de los países.
El primer derecho que hoy debiéramos proponernos garantizar a los niños,
a las mujeres y los hombres, a los jóvenes, debe ser a la vida, a una vida con
bienestar y dignidad, a una vida larga, con expectativas para ser y hacer, participar
y crear en todos los campos que podamos y queramos imaginar.
El mundo no va por esta senda. El orden mundial que se ha conformado, de
un sola potencia militar, del Grupo de los 7, de bloques económicos que giran en
torno a los Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea, profundiza la división
entre Norte y Sur, aumenta las distancias entre crecimiento y subdesarrollo,
acentúa las diferencias sociales, las concentraciones de ingreso, los desequilibrios
regionales, y reduce posibilidades y expectativas para sectores sociales o
territoriales de algunos países, e incluso, países que en su totalidad, se van
quedando atrás.
El norte de las naciones altamente industrializadas, y dentro de ellas los
dueños de las grandes fortunas, que evidentemente no son todos los que ahí viven,
sólo ven en los países, regiones y grupos sociales atrasados, fuentes de mano de
obra barata y de recursos naturales que pueden depredar y agotar; sitios para
gozar como turistas aquello de lo que se carece en el norte; mercados, que si bien
limitados y en vías de estrecharse en razón de relaciones cada vez más asimétricas,
permiten en el corto plazo desfogues de producción que dan recursos y tiempo
para los reajustes que demanda la competencia entre industrializados.
Esta es la realidad que vivimos en nuestros diferentes países, pero aquí, en
esta nación que nació para ser tierra de hombres libres y comprometidos a luchar
permanentemente por la libertad, poco conocen sus grandes mayorías lo que
sucede en el sur, ni siquiera en ese sur tan cercano como es el nuestro, dividido en
la geografía por una línea imaginaria y por un río que hoy puede franquearse en
innumerables puntos; y ese desconocimiento ha estado conduciendo a la
indiferencia y a la inactividad.
Y no sabemos suficiente y objetivamente uno del otro ——aunque sabemos
más nosotros de ustedes que ustedes de nosotros—, porque la información,
aunque se recoja, muchas veces no fluye y no fluye porque hay intereses a los que
conviene que así sea.
Mucho de lo que sucede ahora en México, intencionadamente no se da a
conocer aquí. Y en diversos círculos, como los del gobierno, aunque se sabe, es
ignorado y por lo tanto no reconocido públicamente para no hacer incómoda la
relación política o comercial, para no plantearse contradicciones en la observancia
de compromisos internacionales o incluso de leyes internas.
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En el mundo actual, estructurado cada vez más a partir de los grandes
avances científicos y tecnológicos, cuando el conocimiento y la comunicación se
han constituido en elementos clave del crecimiento económico y de las relaciones e
influencias políticas, la libertad de expresión en su acepción originaria —esto es,
de palabra e imprenta, derecho básico del nacer democrático y de la democracia de
todos los tiempos—, tiene necesariamente que complementarse con el derecho a
transmitir uno sus ideas aprovechando los medios que el progreso pone a nuestro
alcance, y también con el derecho a estar informado, a recibir información, sobre
todo aquello que pueda afectamos, positiva o negativamente.
En la actualidad, tan grave es verse coartado en la libertad de expresión,
como verse privado de información.
Los estudiosos del derecho, quienes investigan sobre el desarrollo de la
democracia, y todos aquellos que luchan por hacer efectivo el ejercicio pleno de los
derechos humanos, tienen el compromiso de contribuir a elaborar y precisar lo
que es y debe ser el derecho a la información y como debe instrumentarse su
ejercicio en la práctica.
Al coartarse la libertad de expresión y restringirse el derecho a recibir
información, se imponen limitaciones a muchos otros derechos básicos y se
reducen oportunidades de mejoramiento o de acción de individuos, grupos
sociales y a veces de pueblos enteros.
Hoy en México, para ilustrar con casos cercanos a nosotros, los partidos
políticos —a excepción del partido de Estado—, por ejemplo el Partido de la
Revolución Democrática, al que yo pertenezco, no tienen en la práctica posibilidad
de acceso a un medio de comunicación como es la televisión, que en el presente es
decisivo y que cobra cada vez mayor importancia para formar opinión.
El código que regula la actividad de los partidos políticos establece que cada
partido disfrutará de 15 minutos mensuales en las frecuencias de radio y canales
de televisión. Se establece, por otra parte, que los partidos harán uso de su tiempo
mensual en dos programas semanales —el mismo programa, de 15 minutos
obligadamente continuos, en las fechas, estaciones y horarios que determine la
autoridad electoral.
Para actividades de propaganda esta modalidad de acceso a los medios
resulta altamente limitativa. Ahora bien, si pretendiéramos comprar tiempos en las
principales televisoras de cobertura nacional, que es posible puesto que la ley no lo
impide, tendríamos que pagar 100 mil dólares por minuto, que es la tarifa
corriente. Un partido como el nuestro, ni soñando podrá comprar tiempo en esas
condiciones; pero con el régimen político que existe en México, lo puede hacer un
sólo partido, el del Estado, el PRI, que mediante conductas ilegales del gobierno,
tiene acceso ilimitado a los fondos públicos.
El costo estimado de las recientes campañas oficiales por gubernaturas
estatales, en Michoacán, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca, se estima que ascendió a
más de 30 millones de dólares en cada estado. En la campaña federal para renovar
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el Congreso el año pasado, el costo de la propaganda del PRI en cada canal de
cobertura nacional, que son varios, se estima por arriba de los 100 millones de
dólares, cifras que rebasan el gasto legalmente autorizado para una campaña
presidencial en los Estados Unidos. Y se gastó además, en televisoras locales, en
radio, en la compra de grades espacios en la prensa, en transporte, alojamientos
(en una campaña para gobernador hay que pensar en más de 100 habitaciones de
hotel diarias por unos cuatro meses), alimentos y bebidas, etcétera.
En un ejercicio pleno de derechos políticos, que exige igualdad de todos
ante la ley, no pueden admitirse situaciones como ésta, en que un derecho se ejerce
o no en función del acceso que brinda el gobierno a los fondos públicos y no con
base en la determinación libre del ciudadano o de un cuerpo social determinado.
Alguna información se ha divulgado desde México respecto al mal manejo
que hacen las autoridades de los procesos electorales, pero esa información que
circula aquí y en el resto del mundo es escasa, no refleja la magnitud en la que los
derechos fundamentales de millones de mexicanos, consagrados en las leyes y
refrendados por pactos internacionales, como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son
violados y cancelados a través del fraude, la violencia y la imposición.
Quienes en México actuamos en la vida pública con independencia respecto
al régimen de partido de Estado, participamos en la actividad política en
condiciones de clara desventaja.
En las elecciones no vamos propiamente por los votos, sino para hacer más
amplia y fuerte la demanda porque el voto se respete. No se participa junto con
otros partidos políticos en una relación equitativa frente al Estado. En las
elecciones se compite contra todo el aparato del Estado: humano, administrativo,
técnico, con acceso ilimitado a los fondos públicos, que se transforma en
contendiente electoral. Sólo en estas condiciones se explican las modalidades y las
dimensiones del fraude y la manipulación de los votos.
Tampoco fluye la información sobre los problemas electorales y
postelectorales que sistemáticamente enfrentamos. Casi nada aparece en los
medios de comunicación, ni siquiera en los nuestros, ni nacionales ni locales, sobre
los 145 miembros del PRD asesinados de 1989 a la fecha (los más recientes, cinco,
en junio de este mismo año), y mucho menos se dice que los responsables
intelectuales y materiales de esos delitos permanecen impunes.
Hace más de tres años que nuestros gobiernos comenzaron las
negociaciones de un tratado de libre comercio, a las que posteriormente se sumó el
de Canadá. Las negociaciones se encuentran concluidas, aunque, hablando de
información, en los tres países la opinión pública desconoce los contenidos de lo
que ha venido negociándose.
Esta es una situación, en los tres países, inadmisible. Se trata de acuerdos
que pueden condicionar por un tiempo muy largo las relaciones e institucionalidad
políticas y las modalidades del desarrollo económico social. De lo poco que ha
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logrado filtrarse y de la experiencia que se deriva del acuerdo bilateral EEUUCanadá, puede preverse que el desarrollo de México quedara subordinado a los
intereses de la economía estadounidense y más particularmente a los de las
grandes multinacionales que operan desde este país. De esta relación y de los
cambios que ya desde ahora está provocando, que cancelan por largo plazo
posibilidades de mejoramiento para vastos sectores sociales y de un crecimiento
económico equilibrado para México, se derivarán más pérdidas de empleos en los
tres países, caída de los salarios reales de los trabajadores, el que alrededor de un
millón de familias campesinas mexicanas, esto es, un mínimo de cinco millones de
personas, emigren a los Estados Unidos en los años próximos como consecuencia
de los cambios en las leyes agrarias, que el ingreso se concentre en grupos cada vez
más reducidos, las deudas externas e internas y todo tipo de déficit económicos
sigan aumentando y, en síntesis, que las economías y nuestras sociedades acentúen
los problemas que no han podido resolver en estos años de crisis.
Se ha dicho que este pacto no se firmaría si en alguno de los países
signatarios no se cumple con una serie de normas laborales, ambientales o
económicas y si no se respetan los derechos humanos fundamentales.
Quizá a muchos de los aquí reunidos no tengan acceso con regularidad la
información sobre la situación política de México, pero no creo que los altos
funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, los propios Presidente
Bush y Primer Ministro Mulroney, ignoren que en México se violan
sistemáticamente los derechos básicos de millones de ciudadanos y trabajadores.
En su relación internacional, como puede verse a lo largo de la historia, los
mexicanos han sabido ser solidarios, nunca intervencionistas, con las causas
libertarias de otros pueblos.
Esa solidaridad, no sólo de los mexicanos desde luego, ha dado
contribuciones decisivas en el mundo, en todos los tiempos, para alcanzar
independencia, para afirmar autodeterminación, para ganar democracia y
libertades.
Los problemas de México los vamos a resolver los mexicanos y sólo los
mexicanos. Lograr la transformación del actual régimen de partido de Estado en un
sistema democrático, es el empeño principal de millones de mexicanos. La
resistencia e intereses a vencer son aún poderosos y tienen sus apoyos principales
en una amplia y compleja red que ha tejido la corrupción, y en quienes desde el
exterior ven a México como un campo de depredación y beneficios.
No queremos, y rechazaríamos con todas nuestras fuerzas, que para
terminar con la autocracia y la corrupción y transitar a la democracia en México
nos manden mariners, como sucedió en Panamá. Pero sí esperamos que quienes en
este país comparten con nosotros ideales de justicia y libertad, al cobrar conciencia
de la situación de injusticia que soportan la mayoría de los mexicanos y de las
posibilidades de cambio democrático, desaten acciones principalmente en el
campo de la información, que puedan traducirse en exigencias de las bases sociales
para que aquellos que toman decisiones en Estados Unidos se comprometan –
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como sé que lo estamos quienes estamos hoy reunidos aquí-, a centrar su voluntad
y sus capacidades en construir un mundo de paz y progreso y, de manera
particular entre nuestros países, una relación justa, equitativa y generosamente
fructífera.
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