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La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido a la Junta de Extremadura que
desahucie de las viviendas sociales de su propiedad a las personas que cometan
delitos, una medida que resultaría efectiva a la hora de combatir los graves incidentes
que se han producido durante las últimas semanas en la barriada de Suerte de
Saavedra.
La idea ha sido lanzada por el secretario regional de la CEP, Manuel Pinilla, quien
anima a la Junta a reformar la normativa legal que regula el uso de las viviendas de
titularidad pública con el fin de «proceder al desahucio de aquellos moradores que las
usan para cometer hechos delictivos».
El portavoz de este sindicato explica que desde hace bastante tiempo los juzgados
decretan el embargo de las viviendas de los narcotraficantes cuando son condenados,
una medida que proponen extender a las viviendas sociales. «En este caso no se
puede embargar el piso al traficante, porque no es suyo, pero sí se le podría
desahuciar cuando una sentencia firme diga que esa vivienda social ha sido utilizada
para vender droga o cometer actividades ilícitas».
Para ello no sería necesario cambiar las leyes, sino que bastaría con aplicar el
contrato que firman los beneficiarios de las viviendas sociales cuando se les adjudica
un piso de este tipo. En ese documento hay un epígrafe en el que se señala que serán
causas de extinción del contrato «la conducta social del inquilino cuando perjudique
gravemente la convivencia de los restantes vecinos de la promoción» y «la falta de
cumplimiento con las obligaciones establecidas para la convivencia en las
comunidades de vecinos, incluida la falta de pago de las cuotas comunitarias».
Con un artículo así en el contrato, no debería ser complicado que la Junta de
Extremadura echara a quienes poseen armas, trafican con droga o cometen otras
actividades delictivas, pero la realidad demuestra que en Suerte de Saavedra y
Colorines sigue habiendo familias extremadamente conflictivas.
La Confederación Española de Policía tampoco entiende la razón por la que se
consiente que las viviendas sociales en las que se trafica con droga cuenten con
puertas y rejas de refuerzo.
«En algunos registros hemos tardado incluso 10 minutos en abrir la puerta y eso ha
permitido a los delincuentes deshacerse de la droga a través del inodoro», denuncia
Pinilla.
Desde el sindicato policial CEP se considera inadmisible que esas obras realizadas sin
autorización no sean controladas por el propietario de las viviendas, en este caso la
Junta de Extremadura. «El propio contrato de alquiler dice que será causa de extinción
del contrato la realización de obras en la vivienda sin la debida autorización, pero eso
no lo ha hecho ni lo está haciendo la Junta a pesar de que muchas veces las obras se
ven desde fuera».
Manuel Pinilla lamenta que en algunos de los registros llevados a cabo por el Cuerpo
Nacional de Policía los agentes se hayan encontrado hasta cuatro puertas. «Incluso
hemos tenido que utilizar una radial, eso no es lógico que ocurra en una vivienda
social».
Por eso piden medidas contundentes para sacar de Suerte de Saavedra y Los
Colorines, en Badajoz, y de la barriada de San Lázaro, en Mérida, a las familias que
trafican con droga, usan armas y atacan a la Policía. «No se puede permitir que tres o
cuatro familias tengan en vilo a una barriada entera, porque eso afecta a todos los
vecinos».
El portavoz de la Confederación Española de Policía es contundente cuando dice que
con los delincuentes no se debería tener ningún tipo de miramiento. «¿Qué haríamos
con esas familias? La respuesta no la tengo yo, la deberían dar los entendidos en el
tema, pero los jueces dictan a diario órdenes de alejamiento que obligan a los
condenados a marcharse de sus casas porque hacen la vida imposible a su pareja o
su vecino, y en esos casos tampoco se indica dónde deben ir».
Como ejemplo de que el alejamiento es posible habla de lo que sucedió con la familia
que causó disturbios en Mirandilla, que tuvo que marcharse del pueblo. «Está claro
que hay que poner un poco de orden, y quien no sepa comportarse no debería seguir
ocupando una vivienda social, porque en esas barriadas viven muchas personas sin
medios económicos que mantienen una conducta exquisita»