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Panorama socio-económico y político de Colombia
PANORAMA SOCIO-ECONOMICO Y POLITICO DE COLOMBIA
A PARTIR DE 1.9501
Hernán Mejía Velásquez2
Carlos E. Londoño Rendón3
Alberto Granda Marín4
PRESENTACION
La actual situación de Colombia tiene que ver, en gran parte con la crisis generalizada y agudizada en la
década de los años ochenta, resultado, no sólo del desarrollo de ciertas variables coyunturales, entre otras,
la del narcotráfico, sino de transformaciones estructurales que tienen sus raíces fundamentalmente en los
años siguientes a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esta ubicación en el tiempo de las
causalidades de la crisis del país, no pretende desconocer, de ninguna manera, antecedentes que vienen
determinando la configuración de la historia de la nacionalidad colombiana, desde el mismo momento de
la independencia en el siglo pasado. La definición del Estado sobre la base de una nacionalidad
inexistente, donde territorio y sociedad eran más una suma de individuos que una realidad integrada
alrededor de proyectos socio-económicos, políticos y culturales comunes, no puede ser desconocida al
momento de explicar científicamente nuestro acontecer histórico pasado y presente. Los problemas
propios de la conformación de una verdadera sociedad civil y de la legitimidad del Estado frente a ésta,
que están a la base de la actual situación crítica colombiana, están presentes a lo largo de nuestra historia
desde el siglo pasado. Por ello, será necesario hacer referencia en muchas oportunidades a asuntos
anteriores a los que se dan a partir de la mitad del siglo XX.
Pero la crisis de cualquiera de las regiones particulares de Colombia, no es comprensible absolutamente
desde este contexto general. Este es fundamental, pero las regiones presentan en sus desarrollos
especificidades que requieren explicaciones también particulares. En los campos económico, social,
político, religioso, etc. es posible encontrar importantes diferencias frente a lo acontecido en el resto del
país (Cfr. Uribe y Alvarez, 1987). Es el caso singular de Antioquia. A pesar de ser una región de difícil
interconexión con el resto de la nación y con los mercados mundiales, se convierte, hasta los años 60, en
la capital industrial del país. Con base en el café, el comercio y la industria, la clase dirigente antioqueña
conquista el poder político y traza sus pautas a lo largo de este siglo. Las características de su modelo de
desarrollo económico llevan a que la crisis de la sustitución de las importaciones repercuta, de manera
más acentuada, en Antioquia y, sobre todo, en Medellín.
1
Tomado del capítulo 2.1."Ubicación histórica de la crisis de Medellín", en: GRANDA, Alberto; MEJÍA, Hernán Y
LONDOÑO, Carlos Enrique. La Juventud de Medellín y la Construcción de la Democracia. Medellín, UPB, 1994.
2
Sociólogo. Profesor Titular de la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín.
3
Magister en Psicopedagogía de la Universidad de Antioquia. Profesor Titular de la Universidad Pontificia Bolivariana.
4
Magister en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Profesor Titular de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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Panorama socio-económico y político de Colombia
El entrecruzamiento de múltiples formas de violencia, convierte a Medellín en objeto del "señalamiento",
no sólo nacional, sino mundial. Esas particularidades que permiten la diferenciación de esta región frente
a las demás, posibilitan también comprender por qué habrá de encontrarse un terreno abonado para el
nacimiento y crecimiento del narcotráfico.
Pero las regiones también son particularizables por las posibilidades que construyan en función de la
superación de una etapa de crisis. Medellín, por ejemplo, es hoy una ciudad que ha comenzado a pensarse
a sí misma; desde muy diferentes ámbitos como los sociales, religiosos, políticos, se ha iniciado un
proceso de toma de conciencia sobre los caminos y las posibilidades que la misma ciudad y toda
Antioquia tienen para superar la crisis y construir alternativas de futuro hacia la estructuración de una
democracia como modo de vida. La ciudad ha comenzado a mostrarle al país, y precisamente desde los
sectores que habían sido más excluidos de los beneficios del desarrollo, como los sectores sociales
medio-bajos y bajos, y los sectores juveniles, que es posible construir la democracia mediante la
integración comunitaria y la participación ciudadana. Las muy variadas y numerosísimas organizaciones
juveniles existentes en Medellín, son una buena esperanza de ello. La correcta comprensión de los
procesos de transformación del país debe, pues, tener en cuenta, además del panorama general, los
desarrollos históricos específicos de cada una de las regiones. En este documento, precisaremos lo
relativo al primer aspecto, el general.
1. LOS COMIENZOS DE LA MODERNIZACION
Desde mediados del siglo XX Colombia ha sido objeto de profundas transformaciones. Al comparar el
país actual con el de los comienzos de la década de 1.950, en muy poco, el de hoy, es similar a aquel. El
desarrollo económico desde un modelo de sustitución de importaciones hasta los inicios de la apertura
económica, la urbanización acelerada, la universalización de parámetros culturales mediante la expansión
de los medios de comunicación, la ampliación de la cobertura educativa en todos los niveles, el
surgimiento de nuevos y variados actores sociales, la esperanza de democratización que abre la
Constitución de 1991, todo ello marca una gran diferencia con el país de 1950, en un período de tiempo
muy corto, si se le compara con el que han tenido los países europeos para llevar a cabo los mismos
procesos. En términos de Leal Buitrago (1991) y Consuelo Corredor (1992), el país ha tenido un amplio y
acelerado proceso de modernización.
Ya en los años veinte, con base en el aumento de los precios del café, importantes empréstitos y la
indemnización por el canal de Panamá, se da una monetarización de la economía que marca para
Colombia, según Leal Buitrago, el surgimiento de "un clima de modernización" (1991: 399). Y sobre esta
base se produce el primer intento de modernización del Estado. "Fue el experimento de la Revolución en
Marcha de Alfonso López Pumarejo a mediados de los años treinta. En contra de la mayoría de los
grupos dominantes, básicamente terratenientes, exportadores de café y emergentes industriales, los cuales
se unificaron en torno a un proyecto autoritario contra la intervención que frenó la mayor parte de
reformas, se logró un avance hacia la autonomía económica, la liberalización y la secularización del
Estado" (: 399). Son éstos los antecedentes de lo que Corredor (1992: 23) denomina un proceso de
modernización sin modernidad, contradicción que es ubicada como una de las causas de la crisis nacional
a partir de la década de 1980.
López Pumarejo intenta reformas que podrían haber facilitado más tempranamente un amplio proceso de
modernización. Piensa la educación como una condición importante para desarrollar las capacidades
técnicas y laborales en el país, poniéndola así al servicio del desarrollo del proceso industrial y
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recuperando, de paso, para el Estado la capacidad de vigilancia y control sobre la misma. Más que una
real redistribución de tierras, lo que la ley 200 de 1936 pretendía era obligar a los grandes terratenientes a
convertir el campo en una gran empresa capitalista cuya productividad pudiera suplir las necesidades de
materias primas de la naciente industria y alimentar la población urbana en crecimiento. Intenta facilitar
el fortalecimiento de los nuevos actores sociales, como la recién surgida clase obrera, por medio de la
organización sindical. Era, en una palabra, otro intento por construir un Estado Liberal, propiciando la
participación de los nuevos sujetos sociales surgidos como consecuencia del crecimiento industrial,
significativo después de la gran depresión capitalista en 1929. Pero este intento, por cambiar la
conducción autoritaria y verticalista de la nación, fracasa ante la reacción de los sectores que mucho
tenían que perder con estas transformaciones. La coyuntura de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de
Abril de 1948, le permite a la oligarquía colombiana superar este riesgo, al propiciar una década de
terrible violencia sectaria entre los dos partidos tradicionales (Cfr. Melo, 1979: 213. García, -sf-: 15).
La década de 1950 es fundamental con miras a la comprensión de la situación actual del país. Se expresan
y entrecruzan allí diferentes procesos que habrán de determinar los rumbos de la nación en la segunda
mitad del siglo XX.
2. EL PROCESO ECONOMICO
En lo económico, terminada la Segunda Guerra Mundial y facilitada por la coyuntura de la elevación de
los precios del café, se da una ampliación y profundización de la industrialización dentro de la mecánica
de la sustitución de importaciones; el país entra a la fase de producción de bienes intermedios, pero con la
limitación de que éstos y los bienes de consumo sólo son producidos para satisfacer las necesidades del
mercado nacional, muy restringido ante la insuficiente redistribución del ingreso y la cada vez mayor
monopolización y concentración de los medios de producción. "El modelo de desarrollo seguido ha
profundizado los desequilibrios económicos y sociales que se expresan en la centralización y
concentración de los poderes económico y político y en la polarización social en los ámbitos nacional,
regional y local. La estructura productiva altamente concentrada, cuya expresión importante es la
inequitativa distribución del ingreso, ha sido uno de los obstáculos claves para la ampliación del mercado
interno. Pero este último, a su vez, constituye una seria restricción para la diversificación del aparato
productivo y para la inversión y el empleo" (Corredor: 309).
El campo, en regiones como la Costa Atlántica, el Valle, Tolima, Huila, llega a ser objeto, durante estos
años, de grandes inversiones de capital para la producción de materias primas para la industria y de
productos para alimentar la cada vez mayor población urbana. Esta modernización de algunos sectores
del campo entra en contradicción con la otra gran propiedad tradicional, representativa más de un poder
social que de un poder productivo, y en contradicción, sobre todo, con la pequeña propiedad, dedicada
fundamentalmente a la subsistencia. Estos factores contribuirán ampliamente a la descomposición del
campesinado que, también afectado por la violencia sectaria, tiene que migrar masivamente a las ciudades
o a nuevas zonas de colonización como los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, Urabá. Se comprende
entonces cómo la modernización económica que se desarrolla a partir de estos años de mediados de siglo,
no asume la transformación de los distintos sectores socio-económicos como un proyecto integral. Por el
contrario, comienza a perfilarse un resquebrajamiento entre los que se modernizan bajo el impulso directo
del Estado y los que permanecen excluidos de dicha posibilidad. Este proceso de exclusión, de no
modernización integral, habrá de convertir los sectores atrasados en un lastre para el mismo desarrollo
industrial y en causa del agravamiento de la crisis social.
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En la década de los años 70, todos los esfuerzos políticos y financieros del Estado son conducidos a
favorecer el proyecto de la diversificación de las exportaciones como una vía para superar la crisis en la
que había entrado el modelo de desarrollo con base en la sustitución de las importaciones. Tanto el ahorro
nacional, sobre todo el proveniente de la bonanza cafetera que le correspondió al gobierno de López
Michelsen, como los grandes empréstitos en los que se embarcará el país, son utilizados
fundamentalmente para la modernización de los "sectores de punta" en los campos minero, manufacturero
y agroindustrial que ofrecían ventajas comparativas. Sólo un pequeñísimo sector de colombianos se
beneficiará realmente con el incremento de las exportaciones, pero todo el país sí tendrá que asumir las
consecuencias de la crisis que implica el crecimiento de la deuda externa y la reducción significativa de la
inversión social durante la siguiente década. El viraje "hacia afuera" del modelo de desarrollo dejará sin
posibilidades el desarrollo interno. Las consecuencias se agudizarán en sectores como la educación, la
vivienda, la salud y el campo (Cfr. Bejarano, 1984: 17-46).
El final de la Guerra Fría eliminó los obstáculos propios de un mundo bipolar para la consolidación del
mercado mundial como punto de referencia para el desarrollo de los países. "El recurso al mercado, en su
acepción más radical, fue el principal mecanismo empleado tanto como principio de organización social
como de medio a través del cual se afirmaba la integración de los diferentes Estados en la economía
mundial" (Fazio: 69).
Las naciones se ven "obligadas" a abrir sus fronteras y a supeditar muchas esferas de su soberanía a los
condicionamientos de los capitales internacionales. Los desarrollos empresariales ya no se supeditan a las
fronteras de una nación. "La 'revolución' informática está generando por sí sola enormes excedentes y sus
aplicaciones son una fuente casi inagotable de nuevas tecnologías derivadas. Este desarrollo está
cambiando la tecnoestructura mundial. No sólo revoluciona las condiciones de circulación de los bienes
sino su misma producción, cada día más automatizada. Pero la transformación más significativa proviene
de la aplicación de la informática a la organización y gestión empresarial. Nace la empresa mundial"
(Restrepo. 1991: 80).
Los condicionamientos del FMI a partir de la crisis de la deuda externa latinoamericana y la mejoría en la
balanza de pagos a partir de 1986, crearon el ambiente apropiado para que el equipo económico del
presidente Virgilio Barco Vargas "considerara que el país requería no sólo de un ajuste coyuntural, sino
que era necesario ir más allá, para disminuir el papel del Estado en la economía y estimular el 'desarrollo
hacia afuera', reduciendo la dependencia que en relación con el mercado interno tenía el aparato
productivo" (López: 20-21).
Ante la solicitud de nuevos créditos al Banco Mundial, éste presionó la aprobación de un programa de
liberalización de importaciones y de reestructuración industrial. De esta manera, en Febrero de 1990, el
Conpes aprobó el 'Programa de modernización de la economía colombiana' (Ibid: 22).
La administración de César Gaviria, para septiembre de 1991, olvida los criterios fundamentales con base
en los cuales había sido planeado el proceso de apertura económica: gradualidad, selectividad e
integralidad, determinando una apertura radical, al rebajar intempestivamente los niveles arancelarios
cuando la mayoría de las empresas no había tenido el tiempo suficiente para transformarse, modernizando
sus procesos de producción y de administración. Esto las llevó a enfrentarse a un mercado mundial en
cuya competencia buena parte de nuestros sectores productivos, de manera muy sensible, el agrario,
llevaron todas las de perder, lo que implicó de inmediato la elevación de los índices de desempleo a
niveles antes nunca conocidos. Buena parte de los colombianos sólo encontraron como única alternativa
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para sobrevivir hacer parte de la subversión, de la antisubversión, del mundo del narcotráfico o de las
bandas armadas en los sectores urbanos de las principales ciudades.
Indudablemente la apertura económica favorecerá a los grandes capitales nacionales y transnacionales en
contravía de las grandes mayorías del país que han visto incrementarse la concentración de la riqueza en
un sector cada vez más reducido, sobre la base del aumento acelerado de la pobreza, más del 60% de los
colombianos, y de la miseria, casi el 30%. Dicha situación habrá de agudizarse ante el empeño de la
administración del presidente Alvaro Uribe Vélez de firmar a toda costa un Tratado de Libre Comercio,
sobre la base de las condiciones impuestas por Estados Unidos.
3. EL DESARROLLO SOCIO-URBANO
Otro de los procesos que tiene sus comienzos en los años 50, es el del rápido crecimiento del sector
urbano. Factores como la ya mencionada violencia sectaria, la concentración de la propiedad de la tierra
o la búsqueda de un mejor nivel de vida en la ciudad ante las promesas de progreso propias del
crecimiento industrial, causan un crecimiento urbano muy acelerado que lleva a que Colombia con una
población en su mayoría rural, para la década de 1980, sea ya predominantemente urbana, y que, para el
año 2025, según el estudio de "Colombia Siglo XXI", llegue a tener una proporción de cuatro habitantes
urbanos por uno que vivirá en el campo, proyección que parece estarse cumpliendo 20 años antes de lo
previsto. Lo acelerado del proceso choca con la incapacidad de las ciudades para integrar toda esa gran
masa migrante desde el campo. Las ciudades se tornan incapaces de responder a las necesidades de
vivienda, servicios, vías, educación, empleo, salud y recreación, llenándose rápidamente de cinturones
de miseria, los que se constituirán, a su vez, en la raíz de nuevas violencias. El orden tradicional y sus
valores de integración social, propios de una sociedad agraria, se rompe, no siendo reemplazado por uno
nuevo, de valores acordes con las también nuevas realidades y que les permita a los individuos entrar a
integrarse al colectivo socio-urbano, mediante la creación de una mentalidad cultural adecuada a las
exigencias de la convivencia ciudadana. Si bien, la educación creció significativamente en cobertura, no
lo fue mucho desde el punto de vista cualitativo como para contribuir con la creación de dicha cultura
urbana. Al hombre y la mujer de la ciudad se les continuó educando con los valores propios de la
tradición y no con los necesarios para la formación de un ciudadano, dentro de un contexto de actores
sociales múltiples y diferentes.
La acentuación de las violencias producto de la confrontación entre subversión y antisubversión,
alimentados por el fenómeno del narcotráfico, la crisis del sector agrario, la cada vez mayor
concentración de la tierra, llevan a que, en los años finales del siglo XX y en los primeros del siglo XXI,
asistamos al desplazamiento de enormes sectores de población, sobre todo a las zonas urbanas,
agudizando aún más las crisis sociales en nuestras ciudades.
4. LA RECOMPOSICION DEL SISTEMA POLITICO
Por otro lado, acontecimientos como la violencia sectaria y su posibilidad de transformación en
revolución social, el intento de Laureano Gómez por corporativizar el Estado y la "dictadura"
(arbitramento) de Gustavo Rojas Pinilla, ponen en peligro la tradición de Colombia como Estado de
Derecho y, de paso, también, el gran crecimiento económico y los beneficios que de ello derivaba la
oligarquía de ambos partidos. La respuesta o salida para esta crisis socio-política será el pacto del Frente
Nacional, pacto hecho por arriba entre las dirigencias de los dos partidos con la aparente participación de
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una amplia base social a través del Frente Civil que se formó en contra de la permanencia de Rojas Pinilla
en el poder.
El Frente Nacional nace, pues, como una respuesta a la crisis socio-política del país, sobre todo al estado
de violencia sectaria que comenzaba a poner en peligro el tradicional dominio y usufructo del Estado por
parte de las dirigencias de los partidos Liberal y Conservador y, como tal, deja en la penumbra toda
perspectiva de cambio democrático. Ni los campesinos, ni los nuevos actores sociales, surgidos como
consecuencia de la modernización económica y socio-urbana, encontrarán canales de participación o de
acceso al ejercicio del poder en el Estado. De ahí que sus necesidades permanezcan insatisfechas o que se
comience a buscar "otros" caminos para su solución por fuera de las vías institucionales. Por medio del
pacto, Liberales y Conservadores se distribuirán en partes iguales el poder político y burocrático,
cerrando los espacios a la presencia de cualquier otro tipo de movimiento político, ideológico o social.
Permite que las fuerzas armadas jueguen un papel fundamental como árbitro en el ejercicio del poder por
parte de los dos partidos y que con base en el carácter autoritario asumido por las clases dirigentes y
ejercido por medio del Estado de Sitio -casi continuo desde la década de 1950- se proteja el poder en
contra del aparecimiento de cualquier otra fuerza que pretendiese asumirlo. Mientras en casi todos los
países latinoamericanos los militares recurrieron a la dictadura para ejercer realmente el poder, en
Colombia las fuerzas armadas participaron del mismo sin aparecer formalmente como dictadores ni tener
las consecuencias del desgaste que ello representaba.
El Frente Nacional aparece entonces como una negación continua de los derechos fundamentales a la
participación verdaderamente democrática en la conducción del Estado. Es cierto que todo el mundo
podía votar pero de antemano estaba determinado por quién se debía hacerlo. Manifestaciones políticas
diferentes terminaron siendo incorporadas a los partidos tradicionales o reprimidas al amparo de la
Doctrina de la Seguridad Nacional5. Cualquier intento de organización y de movilización de los sectores
carentes de poder político (campesinos, obreros, estudiantes, grupos marginados como los indígenas), fue
calificado de subversivo y "solucionado" sólo por la vía de la fuerza. El Estatuto de Seguridad durante el
gobierno de Turbay Ayala es una expresión sobresaliente de la mentalidad de la clase política dirigente y
del papel jugado por los militares. Con él se reprimió toda exigencia de desarrollo social para las
mayorías de los colombianos y se desaparecieron innumerables líderes luchadores por las causas sociales.
En los últimos 40 años, han sido muy pocos los momentos en los que se ha gobernado sin el Estado de
Sitio (Art. 121 de la anterior Constitución), como estado de excepción que le otorgaba facultades
extraordinarias al Presidente de la República para el control autoritario y represivo del orden público,
sepultando así, muchas veces, no sólo el carácter de democracia formal, sino el mismo principio de
Estado Liberal de Derecho en cuanto a la separación entre las tres ramas para el ejercicio del poder. El
Presidente, la mayoría de las veces, pareció más un dictador. No sólo la ejecución sino buena parte de la
legislación y la justicia dependieron de sus manos. Lo anterior explica por qué el abstencionismo llega a
niveles del 65 o 70% a lo largo del período del Frente Nacional y en los años subsiguientes. Para la
mayoría de la población colombiana los gobernantes no eran legítimos, no eran representantes reales de
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La Doctrina de la Seguridad Nacional se construye durante el orden mundial de la Guerra Fría. Y más que una doctrina para
la seguridad de cada Estado, es una doctrina practicada por el bloque occidental, liderado por EEUU, para contener el avance
del comunismo internacional, mirado como un gravísimo peligro de los valores de la civilización occidental. Esto llevó a que
los países latinoamericanos tuvieran que condicionar todas sus políticas a la represión y contención de cualquier síntoma que
pudiera ser catalogado como síntoma de comunismo. Estas sociedades que estaban sufriendo fuertes transformaciones
urbanas y de modernización industrial y agroindustrial, después de los años 50, implicando con ello el surgimiento de nuevos
sectores sociales con nuevos problemas y nuevas exigencias al Estado, van a ser estigmatizadas en sus protestas como
semillas de comunismo y como tal reprimidas y los problemas acumulados sin resolver.
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sus intereses. Con razón indica Tirado Mejía (1989: 399) que ante los cambios trascendentales en campos
como lo económico y lo socio-urbano, el Frente Nacional se dio como un "mecanismo para evitar pero
no para innovar; para mantener pero no para avanzar; para evitar que un partido tomara la primacía sobre
el otro, fuese cual fuese su respaldo popular; para impedir que en el panorama político pudieran aparecer
institucionalmente otras fuerzas concurrentes".
El Frente Nacional lleva, no sólo a que no se puedan constituír partidos de oposición y, con ellos,
alternativas que respondan a las necesidades de transformación socio-económica, política y cultural de
todos los pobladores de la nación, sino a que los mismos partidos tradicionales desaparezcan como tales.
Asegurado el poder y la burocracia por medio del pacto, Liberales y Conservadores no requieren de la
confrontación ideológica, política y programática frente a los electores, desdibujándose por completo la
frontera entre los dos partidos y los mecanismos de control del ejercicio del poder que normalmente
realiza el movimiento político diferente a aquel que está ejerciendo el poder. Es decir, los partidos dejan
de funcionar como ese puente fundamental, que deben ser, entre la sociedad civil y el Estado. Si a lo
anterior agregamos procesos como la superación del sectarismo político a que conduce el Pacto, la
secularización, las distancias entre el sistema educativo y las nuevas realidades socio-urbanas, se
comprenderá el vacío que se comienza a perfilar en la sociedad colombiana desde la década de 1960:
erosionados los mecanismos tradicionales de integración social correspondientes a una sociedad
esencialmente agraria, no se construye un orden de valores diferente que le permita a los individuos
integrarse al colectivo social para construir un proyecto común que les permita conformarse como
sociedad civil. Ni la educación, ni la moral cristiana, ni la clase política y económica tienen la capacidad
de responder a las exigencias de las realidades que surgen como consecuencia de las transformaciones del
proceso de modernización. Al estallar la crisis, sobre todo en los años 80, el problema se explicará como
el resultado de la pérdida de los valores y la solución que se plantea se moverá sólo dentro del estrecho
marco de la recuperación de los mismos y no de la construcción de unos nuevos en concordancia con las
nuevas realidades. Para las mayorías de la población, marginadas de los beneficios del desarrollo en los
cinturones de miseria de las grandes ciudades o en el campo, sobre todo en zonas de colonización, el
Estado estará ausente o sólo presente para reprimir los conflictos y no como árbitro para solucionarlos.
Este vacío de Estado será necesariamente el terreno abonado para el surgimiento y consolidación de los
diferentes movimientos guerrilleros; el espacio adecuado para la construcción de la variable del
narcotráfico; campo para el desarrollo de la justicia privada y el paramilitarismo como uno de sus
fundamentos; marco para el incremento acelerado de la violencia común. Vacío de Estado que, ante los
conflictos que genera y que pretende solucionar, sólo por la vía de la fuerza, no crea las condiciones
necesarias para el desarrollo de una sociedad civil fuerte, justa y equitativa. El Informe sobre el desarrollo
humano, de la ONU presentado en el año 2005, indica que Colombia es uno de los países más
inequitativos del mundo: puesto 11 en el mundo y 5 en América Latina6.
La deslegitimación del Estado encuentra en el clientelismo un camino para la supervivencia de los dos
partidos tradicionales y una forma de mantener la comunicación con una parte muy pequeña de la
sociedad, con aquellos que encuentran en el "negocio del voto" algunas respuestas a sus necesidades. El
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http://www.google.com.co/search?hl=es&q=Informe+Desarrollo+Humano+Colombia+2005&btnG=B%C3%BAsqueda+en+
Google&meta=cr%3DcountryCO
Restrepo, Juan Camilo. “Desarrollo Humano, 2005”. Portafolio. Bogotá, septiembre 20 de 2005.
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_opin_online/2005-09-20/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-2538284.html
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clientelismo termina siendo la muestra más clara de apropiación de lo público para beneficio particular.
El clientelismo y su secuela la corrupción terminan desvirtuando el papel fundamental del ejercicio de la
política en la construcción de la nacionalidad. "El clientelismo es un sistema de intercambio que comporta
siempre una relación de subordinación. El 'jefe', poseedor del poder y de los medios para su ejercicio,
subordina al 'cliente' mediante el otorgamiento de bienes y/o servicios a cambio de su lealtad e
incondicionalidad políticas. Por tanto, no se trata de una adscripción partidista, fruto de una libre opción
política, respaldada en principios doctrinarios o en una identificación con un discurso político. Al
contrario, es una adscripción coercitiva, en tanto que su no aceptación priva al cliente del acceso a los
bienes y/o servicios que se utilizan como medio de trueque" (Corredor: 318).
5. LA TENSION ENTRE MODERNIZACION Y MODERNIDAD
Este es el panorama histórico a partir del cual es posible afirmar con Consuelo Corredor (1992: 75) que
Colombia optó por "el modelo liberal de desarrollo.... en el que prevalecen los intereses e iniciativas
privadas en desmedro del interés colectivo. Ello significa hacer del mercado el núcleo de la organización
económica y social, y del Estado una instancia que refrenda la consecución de los intereses particulares, a
través de la protección del orden, en el cual tiene lugar dicha consecución. El sistema político se confina a
una conservación del poder sin proponer y, aún menos admitir, la posibilidad de un orden alternativo....
De tal forma, el modelo liberal de desarrollo arrastra consigo la exclusión política, social y económica
de amplios sectores de la población....". Tras formas aparentemente modernas como el mercado, el Estado
y los partidos políticos, se esconden unas relaciones propias de una sociedad tradicional como el
clientelismo, el parentesco y las lealtades personales. Relaciones que no son propiamente igualitarias
como lo serían las de una sociedad moderna, sino jerárquicas, relaciones de corte verticalista que hunden
sus raíces en los mismos momentos del nacimiento de nuestras repúblicas latinoamericanas cuando,
después de la Independencia, se fundan Estados sobre bases nacionales inexistentes, es decir,
ordenamientos que vienen dados desde arriba, impuestos por un reducido sector de clase dirigente con
poder económico, social y político y que, desde un comienzo pone el Estado al servicio de los intereses
particulares en desmedro de los colectivos. Más que como cosa pública, el Estado nace como una
institución privatizada (Cfr. Corredor: 54-56).
Sobre estas bases es comprensible la tesis central del trabajo de Consuelo Corredor: "La crisis actual de la
sociedad colombiana es la expresión de la extrema tensión resultante entre un proyecto de modernización
económica ajeno a un proyecto de modernidad"... donde "el modelo liberal de desarrollo ha sido el
contexto que ha permitido el avance de la modernización económica y la contención de la modernidad",
es decir, éste es un modelo que "ha significado la subordinación del Estado, minimizando su función de
interpretar, gestionar y regular los intereses colectivos y obstaculizando la configuración de un espacio
público en el que se puedan expresar, confrontar y resolver los conflictos sociales. El Estado colombiano
es un Estado privatizado, atrapado entre el liberalismo económico y el conservadurismo político"
(1992:23).
Hemos de entender por "modernización el proceso de mutación del orden social inducido por las
transformaciones derivadas del desarrollo de la ciencia y la técnica"(Corredor: 51). La modernización
ofrece la posibilidad de comprender el orden del mundo natural y social, como un orden que se puede
construir y transformar y no simplemente como un orden que se recibe. De ahí que en correspondencia
con la modernización, la modernidad implica la posibilidad de que los actores sociales se conviertan en
sujetos de su propio destino, en sujetos históricos. Es elemento caracterizante de la modernidad la
constitución de las comunidades en naciones que se afirman como origen de la propia soberanía. La
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ciudadanía, como expresión de la constitución del individuo de una organización social en sujeto político,
es un elemento esencial de la modernidad sobre el que se hace posible el desarrollo de la democracia.
Desde diferentes procesos como el económico, el socio-urbano, la expansión de los medios de
comunicación, la ampliación de la cobertura educativa, el país ha vivido transformaciones profundas y
aceleradas que han llevado al surgimiento de sectores sociales nuevos. Ello explica el incremento y la
complejidad de los conflictos habidos en Colombia en las últimas cuatro décadas. Pero en la medida en
que no se ha desarrollado un Estado acorde con estas realidades, éste no ha estado en capacidad de
posibilitarse como escenario público donde las confrontaciones entre los diferentes actores sociales
encuentren vías de solución civilizadas, de consenso y no de fuerza. Al no existir estos espacios, la
misma sociedad se ha ido planteando soluciones propias por diferentes caminos de violencia. Y, en este
sentido, los colombianos han terminado convirtiendo en sinónimos los conceptos de "conflicto" y
"violencia".
6. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA
Si bien, la década de 1980, por muy distintas razones como las que hemos venido analizando, se presenta
como el período de mayor resquebrajamiento de la sociedad colombiana, manifestado en las muchas y
muy variadas formas de violencia, también se asiste al surgimiento de nuevos contextos creados por la
misma sociedad civil que, desde finales de los años 80, comienza a ver la revitalización de los
movimientos sociales, como organizaciones que desde los sectores más marginales de los beneficios del
desarrollo, empiezan a darse cuenta de que es su propia organización la única que les puede permitir abrir
caminos para presionar la creación de formas de participación. Allí se comienza a construir ciudadanía y
sociedad civil mediante el desarrollo de valores propios de la democracia en una sociedad moderna, como
el pluralismo, el reconocimiento y respeto del otro como diferente, el derecho a la libre participación, la
solución de las diferencias por la vía del consenso y no de la fuerza, la fundamentación de las decisiones
en todos y cada uno de los integrantes del respectivo movimiento. Allí, no se puede desconocer, ha
comenzado a germinar una nueva cultura, unos valores y actitudes distintos a los de la sociedad
tradicional y propicios para proyectar la posibilidad de una democracia participativa para Colombia. Estos
movimientos indudablemente han presionado al Estado a encontrar caminos alternativos para enfrentar
los conflictos propios de una sociedad en proceso de modernización. Una expresión de lo anterior la
encontramos en el desarrollo de políticas de descentralización planteadas desde el gobierno de Belisario
Betancur y que comienzan a tener su consolidación con base en la Constitución de 1991, posibilitando
escenarios favorables para la construcción de la democracia. Los diálogos con la guerrilla, más allá de sus
éxitos o fracasos, han señalado la necesidad del reconocimiento de otros actores sociales con ideas y
propuestas que merecen ser escuchadas, analizadas y puestas en ejecución para responder así a esas
particulares necesidades de esos sectores sociales.
El pluralismo, la participación y la democracia como características sobresalientes de la Constitución, son
espacios requeridos para su desarrollo moderno por una sociedad que ya no es de ninguna manera la
misma sociedad agraria del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Pero esos espacios tendrán que
ser objeto de apropiación por parte de todos los actores sociales, como vías para la superación de los
conflictos tal como lo sería en una sociedad moderna. De otra manera, el Estado Social de Derecho
definido en la Constitución como el fundamento del ordenamiento social, estará siendo supeditado a los
fines del Estado Neoliberal que ha venido siendo puesto en ejecución con los procesos de apertura
económica y con las negociaciones del TLC que se han realizado en la administración Uribe Vélez.
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Panorama socio-económico y político de Colombia
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Documento revisado y actualizado por el profesor Carlos Enrique Londoño Rendón.
Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, septiembre 21 de 2005.
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