Download Maqueta Econom.a sumergida - Confederación de Empresarios de

Edición:
Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)
Edificio CREA
Avd. Ranillas, 16
50015 Zaragoza
www.crea.es
Coordinación:
José María García López
Departamento de Economía CREA
Autores:
José María Serrano Sanz (Director)
Eduardo Bandrés Moliné
María Dolores Gadea Rivas
Jaime Sanau Villarroya
Universidad de Zaragoza
ÍNDICE
INDICE
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Primera Parte:
El estado de la cuestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.1. Sobre la naturaleza de la economía sumergida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.2. Los trabajos empíricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.1. Las vías de cuantificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.2. El estudio de las irregularidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.3. Estudios previos sobre España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Segunda Parte:
Los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1. Modelo monetario de estimación de la economía sumergida . . . . . . . . . . . . . 24
2.2. La discrepancia renta-gasto y su distribución entre Comunidades
Autonomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.1. Las estimaciones de renta regional del Instituto Nacional de Estadística:
consideracionesmetodológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.2. La diversidad de estimaciones de la renta regional de Aragón . . . . . . . . 38
2.2.3. Una estimación de las regionales a partir del consumo . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.4. Distribución regional de la economía irregular en España (1995) . . . . . 48
2.3. Las irregularidades laborales, un indicador complementario . . . . . . . . . . . . . . 52
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Apéndices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3
Introducción
INTRODUCCIÓN
La existencia en las sociedades modernas de una actividad económica
no recogida en las estadísticas oficiales, es un problema reconocido y aceptado generalizadamente desde hace decenios. Los intentos de conocer esa
parte de la economía se enfrentan con dos tipos de dificultades, que, a pesar
de su entidad, no han desanimado a múltiples investigadores. Unas son de
orden conceptual, pues más allá de las estadísticas existen multitud de actividades económicas tan heterogéneas entre sí, que no se pueden reducir a un
único problema; se hace necesario, en consecuencia, aclarar qué se quiere
medir, antes de plantearse cómo hacerlo. Las otras dificultades son de orden
práctico, pues no resulta sencillo penetrar en el funcionamiento, y menos aún
en la cuantificación, de hechos que resisten con éxito a los sofisticados y
complejos aparatos estadísticos y de control de los modernos estados desarrollados.
La economía no oficial, oculta, sumergida, o con cualquiera de las denominaciones que se le conozca, es una realidad que no se distribuye de manera homogénea en el espacio, como tampoco lo hace en los distintos sectores
económicos. Por este motivo no es un plus que se pueda añadir a las estimaciones oficiales de renta. Así parecen confirmarlo, además, los trabajos en
los que se hacen comparaciones internacionales con criterios similares. Estas
son razones suficientes para presumir que tampoco en un solo país, España,
las irregularidades se distribuyen de forma homogénea entre las diversas
comunidades autónomas.
El presente trabajo se plantea un doble objetivo: medir la economía
sumergida en España, y además, investigar su distribución espacial. Se divide
para ello en dos grandes apartados. En el primero se traza un estado de la
cuestión. En el segundo se presentan los resultados aquí alcanzados.
4
Introducción
Se ha realizado, primero, una estimación de la economía sumergida a
través de un modelo monetario, que es la vía más reconocida en la literatura. El modelo monetario tiene, sin embargo, una limitación para el planteamiento realizado hace un momento: sólo permite hacer una estimación
nacional, porque la circulación monetaria tiene tal carácter, y no se conoce su
distribución territorial. Los modelos que exploran las discrepancias entre
renta y gasto, en cambio, hacen posible superar ese problema. Parten del
supuesto de que los datos de gasto obtenidos a través de encuestas son más
fiables que los de ingresos y permiten detectar la presencia de rentas irregulares. En España la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, es el documento adecuado para explorar esta vía, pues proporciona información provincial y de comunidades autónomas. A partir de
ella se ha elaborado un índice para distribuir espacialmente la economía
sumergida entre las comunidades autónomas. Finalmente, se ha examinado en
el tercer capítulo de esta segunda parte el mercado de trabajo, pues en él se
refleja en buena medida la realidad de la economía oculta. El mercado de trabajo como vía para el estudio de la economía sumergida tiene limitaciones,
pues no se pueden traducir automáticamente las irregularidades detectadas
en renta, ya que no se conoce la productividad en este tipo de trabajo, pero
hemos decidido analizarlo como un indicador complementario, dada la trascendencia de la cuestión.
El trabajo finaliza con unas conclusiones, en las que se recogen los principales resultados alcanzados, los Apéndices, en los que se ofrece información
complementaria, y una Bibliografía con los libros, artículos y documentos citados en el texto.
5
primera parte
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
El estado de la cuestión
1.1. SOBRE LA NATURALEZA DE LA
ECONOMÍA SUMERGIDA
La primera dificultad con que tropieza un trabajo sobre la economía
sumergida es -como se acaba de señalar- la misma delimitación del objeto de
estudio. Con el término aquí propuesto (y con cualquiera de las múltiples
alternativas que se barajan en otros trabajos: economía oculta, negra, paralela, subterránea, irregular, clandestina, etc.) se evoca una actividad económica
que permanece en la sombra.
Sin embargo, hablar de sombras contiene elevadas dosis de ambigüedad, pues una cosa es permanecer fuera del campo visual de las estadísticas,
otra de los inspectores de hacienda, de los controladores del ámbito laboral,
de la misma policía o del mundo conceptual de los economistas. Es decir, una
parte de la economía sumergida lo es por motivos estadísticos, otra por
razones fiscales o de legislación laboral, una parte por estar constituida por
actividades ilegales y otra más porque los economistas no están de acuerdo
sobre si incluirla o no en la actividad económica medible y en su caso cómo
hacerlo. En ocasiones los economistas son quienes envían a conciencia a una
actividad productiva al reino de las sombras, como ocurre con el trabajo
doméstico, que se realiza en el seno de la familia, o con la ayuda altruista que
se presta a los amigos. En otras son los agentes económicos que protagonizan la actividad quienes tienen empeño en ocultarla, bien porque se trata de
algo ilegal, o bien porque desean evadir impuestos o no respetar regulaciones. Finalmente hay problemas meramente estadísticos para contabilizar ciertas operaciones legales, en mundos tan complejos como el de las sociedades
desarrolladas, a pesar del impresionante aparato administrativo de que se
suelen dotar. De manera que las definiciones posibles son múltiples y la casuística inagotable y aunque ello no impide que se pueda seguir avanzando, si
exige unas ciertas precisiones conceptuales en los comienzos del trabajo.
8
El estado de la cuestión
Especialmente porque la delimitación del objeto de estudio determina, de un
modo decisivo, la metodología a emplear para su conocimiento.
Cowell (1995) ha planteado gráficamente de un modo sencillo y eficaz
una propuesta que puede resultar útil para introducir la cuestión (Gráfico 1).
La producción total (I) incluye dos grandes áreas: la oficialmente contabilizada (II) y la que no aparece en las estadísticas (I-II).Ambas se dividen, a su vez,
en otras dos áreas. La primera comprende la economía legal registrada en las
estadísticas (b) y aquélla que siendo sumergida desde la perspectiva del fisco
o las autoridades laborales, acaba por ser contabilizada debido a los cruces
de información con que trabaja el aparato estadístico; por ejemplo, por vía del
gasto que realizan los agentes que defraudan (g). La segunda incluye la actividad económica que no se considera a efectos estadísticos, como el trabajo
doméstico del ama de casa (a) y la economía sumergida que se oculta al ámbito de lo puramente estadístico (d). En consecuencia, la economía sumergida
(área III), en sentido estricto, estaría formada por la suma de las dos áreas
GRAFICO 1
PRODUCCIÓN TOTAL, PRODUCCIÓN OFICIAL Y ECONOMÍA SUMERGIDA
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El estado de la cuestión
señaladas (g, d) y de aquellas actividades que no aportan producción, aunque
representan fraude, por ejemplo la defraudación en las prestaciones sociales
(e). Obsérvese que no se establece en ella distinción alguna entre la legalidad
o ilegalidad en último extremo de las actuaciones que dan origen a la economía sumergida y tampoco es determinante el criterio estadístico; el punto
crucial en esta definición es la existencia de ocultación para las autoridades
fiscales o reguladoras.
La presentación que hace Feige (1989) del problema es igualmente interesante, aunque algo más compleja y abierta (Gráfico 2). La actividad económica se puede clasificar de acuerdo con cuatro criterios: su presencia en el
mercado, su status legal, su status estadístico y su relación con las cuentas
nacionales. Cada uno de ellos determina la existencia de diversas fronteras,
que permiten separar en distintos componentes el conjunto de la actividad
económica. La producción dirigida al mercado no sólo es la parte decisiva de
la economía, sino que el proceso de desarrollo moderno ha consistido, en
buena medida, en ampliar las fronteras de la misma. El mercado, sin embargo,
puede canalizar tanto actividades consideradas legales, cuanto otras caracterizadas como ilegales; en Estados Unidos -que es la referencia de Feige- las
actividades ilegales no se contabilizan en las cuentas oficiales1 y también algunas de las actividades legales pueden ocultarse; de ahí que la frontera superior E-F esté por debajo de C-D.Todas esas transacciones de mercado ilegales y ocultas, utilizan dinero para los intercambios y por eso constituyen lo
que el autor denomina “sector monetario no observado”, la parte esencial de
la economía sumergida, que es susceptible de ser conocida a través del comportamiento de las variables monetarias.
1. El mismo Feige admite, sin embargo, una complejidad adicional y es que algunas actividades ilegales pueden
aparecer finalmente en las estadísticas oficiales, tras el “blanqueo” del dinero que es producto de ellas
(p. 19).
10
El estado de la cuestión
GRAFICO 2
La actividad que no se canaliza a través del mercado también se puede
dividir en legal o ilegal. Dentro de la primera, una parte se estima para ser
imputada en las estadísticas oficiales, pero otra permanece no registrada
junto con las actividades ilegales. Todo ello resulta muy difícil de conocer, ni
siquiera a través de estimaciones indirectas, pues al no aparecer en los mercados no utiliza dinero: son el “sector no monetario no observado”, que
junto con el sector monetario no observado forman la ECONOMÍA oculta
que permanece al margen de las estadísticas oficiales. Estas se forman con la
suma de renta registrada y renta imputada, que en conjunto son el producto
nacional bruto estimado, que aparece delimitado (en el Gráfico 2) por las
fronteras G-H superior e inferior.
Se podrían presentar, adicionalmente, muchas otras taxonomías de la
actividad económica para delimitar los contornos de lo que diversos autores
entienden por economía sumergida, pero los términos esenciales de la cuestión ya están planteados y será más útil ahora recapitular, para continuar adelante en nuestra propia investigación de la economía oculta en España.
11
El estado de la cuestión
Entre la producción o la renta recogida en las cifras oficiales y la que
realmente se alcanza en un país durante un año, existe un amplio espacio
inexplorado en las estadísticas. En ese espacio caben tres categorías distintas
de hechos económicos, más allá de los problemas estrictamente técnicos que
plantean los errores estadísticos, a los que no nos referiremos, porque son
cada vez menos significativos en los modernos sistemas de información con
que cuentan los países desarrollados como España. En primer lugar existe una
producción que no es objeto de intercambio en ningún mercado y no cuenta, en consecuencia, con el dinero como instrumento; el trabajo doméstico en
el seno de la propia familia es el ejemplo típico de ella. Esta clase de actividad
no entra en la consideración de los economistas y resulta muy difícil de estimar, pues apenas deja rastros en otras variables económicas conocidas, de
modo que, convencionalmente, se deja también al margen en los intentos de
estimar la economía sumergida.
Ésta se encuentra formada por los otros dos tipos de actividades económicas que ocupan el espacio entre las cifras oficiales y el conjunto de la
producción. Una es la actividad que, pudiendo ser legal por su naturaleza, se
oculta conscientemente a las autoridades con objeto de evadir impuestos o
incumplir regulaciones. Otra es la producción de bienes o servicios declarados ilegales en las normas de cada país. Debe hacerse notar que una parte de
la actividad oculta y también una parte de la ilegal sí pueden estar recogidas
en las estadísticas oficiales de renta, puesto que el producto de ellas es susceptible de ser parcialmente “blanqueado”, o aparecer mediante informaciones cruzadas a los ojos del estadístico -cuya perspectiva agregada preserva el
anonimato-, aunque continúe velada para inspectores administrativos, policías o jueces, que necesitan sujetos concretos.
El reconocimiento de que una parte de la actividad económica real se
desenvuelve en una zona de sombra, plantea dos tipos de problemas de muy
distinta naturaleza. En primer lugar, problemas de información, pues aceptar
la existencia de economía sumergida introduce incertidumbre acerca de las
12
El estado de la cuestión
magnitudes reales de la economía. La renta estimada en las estadísticas oficiales podría estar infravalorada por no recoger el conjunto de las actividades sumergidas, aunque -como se acaba de señalar- una parte de ellas habrá
aflorado, bien a causa de los propios agentes (blanqueo), bien por el aparato
estadístico (cruce de informaciones entre producción, renta y gasto). El
hecho de que una parte de la actividad económica calificada como sumergida, esté recogida en las cifras oficiales complica, naturalmente, su cálculo, pues
abre incertidumbres respecto a la proporción en que eso suceda. No cabe,
en consecuencia, encontrar una cifra que represente a la economía
sumergida y agregarla a la oficial, pues entre ambas existe una zona
de convergencia.
El segundo género de problemas que plantea la aceptación de la economía sumergida como una realidad es de un orden distinto; es un problema
de equidad. Aceptar la economía sumergida como un fenómeno relevante
equivale a reconocer que todos los agentes económicos no operan bajo el
mismo marco institucional. Quienes respetan la legalidad asumen unos costes de funcionamiento, en forma de impuestos pagados y regulaciones que
pueden traducirse en cargas, muy diferentes de aquellos que ocultan toda o
una parte de su actividad. En los modernos estados donde la presión fiscal y
reguladora es muy intensa, la diferencia entre soportarla o no, es también
considerable. Como se trata de sociedades donde lo público tiene un componente distributivo elevado, pues se proporcionan gratuitamente o a precios
subvencionados a los usuarios multitud de bienes, como la sanidad, la educación o ciertas infraestructuras, la actividad sumergida es una forma clave del
comportamiento de los free riders o gorrones.
Esto nos lleva como por la mano a los motivos de la existencia de economía sumergida. Como estímulo a la ocultación, actuará el beneficio esperado
de la misma, que crecerá cuanto más elevados sean los costes impuestos por la
fiscalidad o las regulaciones. Como freno operará la intensidad de las sanciones
y la certidumbre respecto a su cumplimiento, ponderada por la probabilidad de
13
El estado de la cuestión
ser descubierto. Todo ello variará de unos agentes económicos a otros, entre
sectores productivos y también espacialmente, ya que no todos tienen las mismas posibilidades de ocultación, ni pueden esperar idénticos beneficios. Sobre
este esquema general de comportamiento, que describe el cálculo esperable de
un agente racional, actúan otros principios, que podemos denominar culturales,
y que lo modulan; por ejemplo, la moralidad fiscal o el papel de la reputación.Y
más allá de esto, aparece la decisión personal de cada agente económico, que
puede elegir el respeto a la legalidad, actuar al margen de ella, transgrediendo
normas periféricas, o bien operar en la estricta ilegalidad. Sin embargo, no se
puede ignorar que las normas no son neutrales e inducen en alguna medida el
comportamiento de los agentes económicos, de modo que una presión elevada estimulará la ocultación.Y eso, sin duda, perjudica la equidad, que aparentemente se quiere preservar. El mercado de trabajo en España, del que se afirma
está dualizado, es ilustrativo de los problemas de equidad aludidos.
Ahora bien, la falta de equidad introducida por la existencia de actividades irregulares, no se limita a una dimensión personal o sectorial, sino que también tiene una traducción territorial. En la medida en que la presencia de
la economía sumergida no es homogénea en el espacio, las cifras oficiales de renta para cada territorio pueden discrepar de las reales.Al
ser tomadas las primeras como base para llevar a cabo una política redistributiva, resultará ésta tanto más injusta cuanto mayores sean las diferencias entre
las dos rentas. Las regiones con una economía sumergida importante
recibirán un mejor trato que aquéllas en que las cifras oficiales y reales estén muy próximas. Y no se piense que se trata de un tema menor en
España, pues es el papel redistributivo en lo territorial asumido aquí por el
Estado está entre los más activos de la Unión europea, como puede constatarse en múltiples trabajos. La sola evocación del Fondo de Compensación Interterritorial, o los mismos fondos estructurales europeos
ilustran la magnitud de tema. De ahí que para tener una visión completa
de los problemas de equidad que plantea la existencia de actividad económica
irregular, hayamos considerado imprescindible explorar su dimensión espacial.
14
El estado de la cuestión
1.2. LOS TRABAJOS EMPÍRICOS
Desde que el fenómeno de la economía sumergida fue reconocido
como una realidad insoslayable, se han ensayado en diversos países multitud
de fórmulas para acercarse a un conocimiento preciso del mismo. En términos generales puede hablarse de dos tipos de trabajos: los que aspiran a una
cuantificación global de la economía que no aparece en las estadísticas y los
que aportan información relevante sobre aspectos parciales del problema, sin
pretender homogeneizar lo sumergido con la renta conocida.
Los primeros se fundan en estimaciones indirectas de la renta oculta,
para las que se utilizan habitualmente informaciones estadísticas disponibles,
que no han sido elaboradas ni diseñadas a propósito para conocer la economía sumergida. Se basan en el supuesto de que las actividades sumergidas
dejan rastros en el comportamiento de ciertas variables, que, adecuadamente tratadas, permiten un conocimiento bastante preciso de la economía que
se oculta bajo la superficie registrada en las estadísticas. Son los modelos
monetarios, los basados en las discrepancias entre renta y gastos y los denominados por Cowell “modelos blandos”.
Los trabajos aludidos como de objetivo parcial, son aquellos en los cuales no se trata de estimar el valor de la renta producida y no registrada, sino
de describir las razones y formas de la ocultación. No interesa el cuánto, sino
el cómo se produce la disociación de una actividad respecto a la economía
oficial. La información así obtenida acostumbra a ser de tipo cualitativo y por
eso sus resultados son difíciles de comparar. Los ámbitos más estudiados en
estos análisis son el mercado de trabajo y la ocultación fiscal, pues se presume que en ellos se concentra buena parte de las irregularidades. Los métodos de estudio son directos, con utilización de encuestas y recurso a paneles
de expertos. Aparte del problema que representa no concluir en una cifra
precisa de renta oculta, este tipo de trabajos tiene el inconveniente de su ele-
15
El estado de la cuestión
vado coste, cuando se pretende una representatividad suficiente, y la dificultad de conseguir la colaboración de los agentes implicados, en el caso de las
encuestas selectivas.
1.2.1. Las vías de cuantificación
A) Modelos monetarios
Los primeros enfoques monetarios en la estimación de la
economía sumergida se deben a Gutmann (1977), aunque después la literatura ha utilizado preferentemente esta aproximación. Los pilares básicos del modelo son la definición de la economía sumergida como respuesta a la fiscalidad y el supuesto de
que ésta se canaliza básicamente hacia el dinero en efectivo.
En síntesis, el fundamento del enfoque monetario consiste
en suponer que las actividades irregulares inducidas por la actividad fiscal del Estado producen un exceso de demanda de efectivo. De esta forma, la estimación de la función de demanda de
efectivo mostrara una elasticidad renta muy elevada y no estará
correctamente especificada si no se incorporan a la ecuación
variables de carácter fiscal. Los parámetros asociados con dichas
variables permiten conocer la sensibilidad del efectivo ante modificaciones en la carga tributaria y, en suma, estimar por defecto la
proporción de efectivo demandado por actividades legales e irregulares. La conversión de este efectivo en renta se realiza multiplicándolo por la velocidad-renta de circulación, lo que obliga a
realizar supuestos sobre el agregado monetario más apropiado.
16
El estado de la cuestión
B) Discrepancias renta-gasto
El denominado método de las discrepancias entre renta y
gasto se apoya en la existencia de diversas vías de estimación de
la renta, entre las que pueden existir discrepancias que no sean
de carácter meramente técnico. Estas discrepancias, a un nivel
agregado, están normalmente resueltas por el propio aparato
estadístico oficial, de forma que las cifras finales son coincidentes.
Sin embargo, si se dispone de gastos e ingresos detallados por
familias, se pueden encontrar pautas de comportamiento desagregado que descubran rentas sumergidas. La idea subyacente en
que en una encuesta se responde de un modo más fiable a las
preguntas sobre los gastos que a las relativas a ingresos, pero a
través de las primeras respuestas se pueden conocer las verdaderas rentas. Este planteamiento ha sido utilizado en estudios
internacionales para Gran Bretaña y Noruega2, tratando de aislar
grupos sobre los cuales existe la presunción de que son particularmente sensibles a la economía oculta, para estudiarlos detenidamente. Analizados sus gastos y supuesta una determinada propensión al consumo, se calcula la renta que habría de corresponderles. En España este tipo de aproximaciones no se han realizado hasta la fecha. En el presente trabajo hemos introducido una
novedad respecto a la literatura internacional citada, y es utilizar
las discrepancias entre renta y gasto, para conocer la economía
oculta en las diferentes comunidades autónomas, en lugar de
explorar las irregularidades en ciertos colectivos sociales.
2.Véase Dinot y Morris (1981), Smith (1986), Esachen, Kouland y Strom (1982) e Isachen, Samuelsen y Strom
(1985).
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El estado de la cuestión
C) Modelos estimados con determinantes múltiples y sin
conocer la variable endógena
Estos métodos, denominados por Cowell (1996) “modelos
blandos”, tratan de averiguar la renta sumergida a partir de un
conjunto de indicadores y supuestos unos coeficientes, que traducen en renta los citados indicadores de irregularidades. Lógicamente los resultados son muy sensibles a los citados coeficientes
y el grado de arbitrariedad con el que debían adoptarse los mismos era considerable, por lo que estos modelos han recibido
muchas críticas. Para contrarrestarlas los trabajos se hacían casi
siempre con grupos amplios de países, de forma que se pudieran
aquilatar mejor los coeficientes. Diversas variantes de estos
modelos se utilizaron con cierta profusión en la primera mitad de
los años ochenta, ligados casi siempre al nombre de Bruno Frey3.
1.2.2. El estudio de las irregularidades
A) El mercado de trabajo
La realización de actividades ocultas requiere la contratación de trabajo, capital y otros recursos por parte de las empresas. De ahí que numerosos autores hayan intentado cuantificar la
economía oculta a partir de la información existente acerca de los
factores productivos, particularmente del factor trabajo, utilizando tanto procedimientos indirectos como directos.
3. Frey y Pommerehne (1982), Frey y Weck (1983a, b, 1985),Weck, Hanneman y Frey (1985).
18
El estado de la cuestión
Las investigaciones que pretenden estimar la economía oculta a través del estudio de la irregularidad laboral presentan, al
menos dos serios inconvenientes. Por un lado, ha de tenerse en
cuenta que el empleo irregular es sólo una parcela de la economía
oculta. Y, por otro, que para derivar una estimación del tamaño de
la economía oculta en términos de PNB, hay que conocer la productividad de los trabajadores irregulares, sobre la cual sólo
puede conjeturarse es que seguramente es inferior a la del
empleo irregular.
B) La fiscalidad
La economía paralela o sumergida supone una merma en la
recaudación fiscal. De ahí que, las autoridades fiscales se interesen por su conocimiento y dimensión y traten de obstaculizar su
existencia. A pesar de este interés, la mayoría de las administraciones tributarias no suele informar ni sobre el tamaño ni sobre
la evolución de la economía sumergida. Como ha señalado anteriormente la economía oculta se puede estimar con métodos
directos o indirectos. En el caso de la fiscalidad, los primeros consisten en investigaciones por encuesta de respuesta voluntaria, e
investigaciones o comprobaciones de los servicios de inspección
de las administraciones de Hacienda y de la Seguridad Social.
En cuanto a los procedimientos fiscales indirectos los hay de
dos tipos: unos estiman la parte de PIB oculta a partir de un volumen previamente estimado de fraude; otros, comparan los agregados deducibles de las estadísticas fiscales con los que elabora a
través de las estadísticas oficiales.
19
El estado de la cuestión
1.2.3. Estudios previos sobre España
En España, siguiendo las pautas de otros países, se han realizado algunos estudios sobre la economía sumergida. Los intentos de
cuantificación de la renta oculta se han llevado a cabo por la vía
monetaria en exclusiva y han sido tres.
En cambio han sido muy numerosos los trabajos consagrados
al estudio de las irregularidades en el mercado de trabajo. Sin duda
lo elevado del nivel de desempleo y la conciencia de que la normativa laboral era extremadamente rígida en España, han llevado al
ánimo de los investigadores la presunción de que las irregularidades
en ese ámbito habían de ser abundantes. De una parte, como respuesta al desempleo y explicación complementaria de la no alteración del equilibrio social, a pesar de paro tan elevado. De otra, como
respuesta de mercado -mercado negro- a los controles y regulaciones. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos tienen un carácter
micro, pues consisten en el análisis de una pequeña zona geográfica
(una provincia, una comarca,...) y de ciertos sectores sensibles. Casi
todos ellos utilizan procedimientos directos con encuestas. Solamente dos grandes trabajos: uno de 1986 y otro de 1993 abarcan un
ámbito nacional.También en relación con la fiscalidad se han explorado las zonas ocultas, aunque con escaso fruto.
20
El estado de la cuestión
21
segunda parte
LOS RESULTADOS
Los Resultados
2.1. LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA:
MODELO MONETARIO
La estimación de la economía sumergida en España a través de un
modelo monetario se enmarca en una metodología derivada de la propuesta
por Tanzi, que es la más acreditada en los trabajos internacionales y además
permite conocer su evolución a lo largo del tiempo. Los modelos monetarios
parten del supuesto de que las actividades irregulares utilizan el dinero en
efectivo como medio de pago preferente. De ahí resulta que el efectivo
requerido por la economía responde, en una parte, al peso en la misma de las
actividades sumergidas, y éstas se pueden conocer a través de la estimación
de una función de demanda de efectivo. De entre todos los agregados monetarios posibles se ha elegido el efectivo en manos del público, (en adelante,
EMP) como variable preferida por las actividades sumergidas y el periodo, de
referencia comprenderá los años 1964 a 1995, para tener una muestra sufi-
GRAFICO 3
EVOLUCIÓN DEL EFECTIVO EN MANOS DEL PÚBLICO
24
Los Resultados
cientemente amplia que permita una estimación econométrica más refinada.
La elección de una etapa tan dilatada en el tiempo hace complejo el conseguir una relación estable entre el efectivo y sus principales determinantes,
pues en ella han confluido algunos importantes factores de perturbación,
como la transformación radical del esquema tributario o un acelerado proceso de innovación financiera.
Una simple ojeada a la evolución del efectivo en manos del público en
términos reales, confirme esta impresión de complejidad (Gráfico 3).Tras un
periodo de moderado crecimiento, hasta 1977 y otro de retroceso y estabilización, hay que resaltar su espectacular crecimiento durante el periodo
1986-1991, que no se corresponde ni con la evolución de los precios, ni con
el fenómeno de innovación financiera que amplía notablemente los medios de
pago. La desaparición o mayor control fiscal de instrumentos financieros opacos en momentos de elevada presión tributaria, parece haber tenido efectos
expansivos sobre la demanda de efectivo4. Otro tanto sucede si se relaciona
el efectivo en manos del público con otro agregado monetario más amplio,
los activos líquidos en manos del público (en adelante, ALP), o con el Producto Interior Bruto (Gráfico 4). La demanda de efectivo disminuye en relación con otros activos alternativos y en proporción al PIB hasta 1985, y a partir de ese momento inicia una senda ascendente. El dinamismo de la actividad
4. Jareño y Delrieu (1993) afirman que las altas tasas de expansión de la circulación fiduciaria durante los ochenta se deben a la utilización del efectivo para materializar actividades que escapan del control impositivo ante la
desaparición de otro tipo de activos opacos fiscalmente. Para apoyar este argumento estiman, en primer lugar,
el atesoramiento de acuerdo a la vida media de los billetes en circulación discriminando según su valor, supuesto que los billetes de mayor valor tienen una vida más larga. Ahora bien, el atesoramiento no sólo esta originado por las transacciones sumergidas, aunque sí parece inducido por fenómenos de carácter fiscal.Y en segundo lugar, plantean a partir de Baumol y Tobin una función de demanda de efectivo distinguiendo dos componentes: la producida por transacciones legales y el atesoramiento.
El efectivo demandado por las primeras dependerá de la renta legal, del coste de oportunidad y las segundas,
además de la renta ilegal y su coste de oportunidad, de la probabilidad de que las autoridades detecten la presencia de rentas sumergidas y la penalización que le apliquen. Mientras que la demanda de efectivo asociada a
actividades legales es totalmente rígida ante los fenómenos fiscales, la asociada a la economía irregular es muy
sensible. La consecuencia de lo anterior es que la elasticidad renta que resulta cuando la estimamos a partir de
los datos observados de EMP e Y es mucho mayor que la que obtendríamos si tuviésemos en cuenta la presencia de rentas sumergidas.
25
Los Resultados
económica durante ese periodo que incentiva la aparición de economía
sumergida5, la elevación de la presión fiscal, la materialización de importantes
plusvalías inmobiliarias y el endurecimiento de la legislación sobre activos
financieros opacos (en 1986, 1989 y 1991) son algunos de los factores que
pueden explicar el aumento de la demanda de efectivo.
GRAFICO 4
EL EMP EN PROPORCIÓN A LOS ALPS Y AL PIB
En consecuencia se ha planteado la siguiente función de efectivo donde,
además de las variables habituales como renta y tipo de interés, se incluyen
otras que recogen el proceso de innovación financiera, la presión fiscal y los
cambios en la legislación que afectan a los activos financieros:
5. En un reciente artículo Giles (1997), utilizando el test de cointegración de Granger, destaca la relación de
causalidad que existe de la economía legal a la sumergida. El autor concluye que en periodos de bonanza económica aparecen mayores incentivos para realizar actividades irregulares que escapen del control fiscal.
26
Los Resultados
E=f (Y, P, R, INNV,T, F) donde
E= efectivo en manos del público en términos reales.
Y= renta real, representa la demanda de efectivo para realizar transacciones económicas.
P= IPC. La inflación como proxy del coste de oportunidad de mantener posiciones en efectivo frente a activos reales.
R= varias opciones TiCORTO, TiMOISES, TiOBLELEC, INTERB3M,
(*) tiALP. Los tipos de interés recogen el coste de oportunidad
frente a otros activos líquidos.
INNV= Los ALPs una vez deducido el EMP. El proceso de innovación
financiera reduce la demanda de efectivo al aparecer otros
medios de pago alternativos.
T= DIR, IND, CSS, PREFIS, DIRT. (*) Diferentes medidas de presión
fiscal.
F= variable ficticia representativa del endurecimiento de la legislación sobre la utilización de activos opacos fiscalmente.
Las últimas variables requieren alguno comentario adicional.
La elección de los tipos de interés a corto resulta muy compleja
para el periodo seleccionado por estar regulados durante buena parte del
mismo. Por ello hemos trabajado con los siguientes tipos de interés:
- hasta 1983 el IPC, desde 1984 el tipo medio de los depósitos inferiores a un año en bancos y cajas de ahorro (TICORTO).
- el propuesto por Corrales y Taguas (1991) hasta 1988 y a partir de
entonces la media simple de los tipos de cajas y bancos para depósitos inferiores a un año (TIMOISES).
- el tipo de interés de la obligaciones eléctricas (TIOBLELEC).
(*) Se aplican más adelante
27
Los Resultados
- desde 1973 el tipo de interés del mercado secundario a tres meses
(INTERB3M).
- el tipo de interés de los ALPs calculado como la media ponderada
de los tipos de depósitos a la vista, de ahorro y a plazo a los que
se les añaden en años sucesivos el de los pagarés y las letras.Tiene
el inconveniente de que la mayor parte del periodo los primeros
están regulados (TIALP).
Respecto a las variables fiscales se han seleccionado el porcentaje de
impuestos directos sobre el PIB (DIR), el de impuestos indirectos (IND), el
de directos más cotizaciones sociales (DIRCSS), la presión fiscal total (PREFIS) y la proporción de impuestos directos sobre el total de impuestos
(DIRT).
La variable ficticia F (LEGFIS) que representa gradualmente la eliminación de activos opacos fiscalmente y, por tanto, la desaparición de otras vías
alternativas al efectivo para ocultar la renta procedente de actividades irregulares6. Esta variable toma los siguientes valores:
- 0 entre 1964 y 1984.
- 1 entre 1985 y 1987.
- 2 entre 1988 y 1989.
- Y 3 a partir de 1991.
Los escalones se explican del siguiente modo:
- en 1984 junto con la Ley de reforma del IRPF se aprueba la Ley
para el régimen fiscal de determinados activos financieros impone
6. Para aproximar dichos factores Jareño y Delrieu (1993) utilizan varias variables ficticias: impulso en el primer
trimestre de 1983 (primer gobierno socialista, expropiación de Rumasa), escalón a partir del segundo trimestre de 1985 que recoge la reducción de activos financieros opacos y la introducción del IVA que no sólo supone un incremento de la presión fiscal sino también un mayor control sobre dicho objeto imponible; y, por último una variable escalón en el primer trimestre de 1989 correspondiente a la intensificación del control fiscal.
28
Los Resultados
las retenciones y la obligación de tributar sobre activos hasta ese
momento exentos.
- a partir de 1988 y en 1989 se producen un conjunto de causas cuyo
denominador común es el endurecimiento de la legislación fiscal. La
reducción en 1988 de tipo de interés medio de los Pagarés (un
importantísimo vehículo de economía sumergida), la investigación
por parte del Ministerio de Hacienda de las operaciones de seguro
de prima única, la regulación en 1989 de las trasferencias de activos
privados y la limitación de la emisión de pagarés forales.
- en 1991 la Ley de Renta que contempla la eliminación de los pagarés del Tesoro. Los que están en manos de particulares pueden convertirse en deuda pública especial que desaparecerá paulatinamente hasta 1997. Los que tenía el sistema crediticio para cubrir el coeficiente de inversión obligatoria desaparecen con éste en 1993.
Una vez se ha seleccionado el conjunto de variables, la función de
demanda de efectivo quedaría especificada del siguiente modo:
l nEMP= α + α l nY + α l nP + α l nR + α l nI NNV + α lnT + α F + ε
0
1
2
3
4
5
6
Para su estimación se ha optado por un método general dinámico, a fin
de eliminar los problemas habituales de no estacionariedad de series temporales e incorporar sus efectos dinámicos al cálculo de las elasticidades a largo
plazo.Adicionalmente se ha utilizado la técnica de cointegración de Johansen
y el mecanismo de corrección del error. (Los resultados en el Apéndice nº 1)
En primer término se ha regresado la variable endógena (EMP) con sus
determinantes habituales (renta y tipos de interés), con objetivo de comprobar su estabilidad y comparar resultados, una vez incorporadas las variables fiscales. Las estimaciones permiten obtener las siguientes conclusiones. La función de
demanda de efectivo no está correctamente especificada a partir de la renta y los
29
Los Resultados
tipos de interés en cualquiera de sus variantes. En realidad, éstos últimos resultan
irrelevantes en la explicación del efectivo en manos del público; resulta mucho
más significativa la evolución del nivel de precios. Del mismo modo, la variable que
representa la innovación financiera no aumenta la capacidad explicativa del modelo. Sin embargo, la incorporación de la variable ficticia LEGFIS, que recoge los cambios en la legislación fiscal, mejora notablemente los resultados. Las variables PIB
e IPC resultan significativas y los test de raíces unitarias confirman sus efectos a
largo plazo y la existencia de cointegración entre ellas y la variable endógena. En
estas condiciones se introducen las variables fiscales con el objeto de estimar la
respuesta de la demanda de efectivo ante la evolución y el cambio en la tributación. De entre ellas DIR y PREFIS son las que arrojan mejores resultados desde
el punto de vista econométrico. En ambos casos la significatividad del término de
error y los test propuestos por Johansen garantizan la estabilidad de la relación a
largo plazo.
Tras estimar los parámetros a se puede calcular la demanda de EMPt, tanto
por los motivos habituales de demanda de efectivo como por motivos de ocultación de rentas y si se realiza el mismo cálculo eliminando las variables fiscales T y
F se obtiene el nivel de efectivo demandado únicamente por motivos legales.
Nótese que para realizar este cálculo es necesario precisar el año base. En caso
de tomar el inicial, 1964, se supone constante durante todo el periodo la presión
fiscal de ese año, aunque también cabría suponer constante la presión fiscal del
año en que fuese menor. Otra alternativa consiste en tomar como cero la presión fiscal del origen 19647. El primer escenario permite conocer el incremento
de economía sumergida; el segundo su nivel absoluto. A partir de aquí el cálculo
del efectivo demandado por actividades ocultas es inmediato como la diferencia
entre ambos.
EMPt-EMPl=EMPs.
7. Este último supuesto obliga a introducir una pequeña modificación en la estimación e introducir las variables
fiscales de la forma T+1, para que cuando T=0 - l(T+1)=0.
30
Los Resultados
Una vez estimado el nivel de efectivo asociado a la economía sumergida, el siguiente paso es convertirlo en renta. Para ello necesitamos conocer
su velocidad renta de circulación. Se utilizan para su cálculo varios agregados
monetarios (M1, M2,ALP), a los cuales se les deduce el EMP con el objeto de
conocer la parte de dinero que corresponde a actividades regulares y ponerla en relación con el PIB observado. Es decir:
PIBreal/(M - EMPs)=v
Multiplicando v por el EMPs se obtiene la renta asociada con la economía sumergida.
EMPs.v=Ys
Dos decisiones cruciales, hay que adoptar por tanto, antes de obtener
como resultado final el porcentaje que representa la economía sumergida
respecto a la oficial, derivado de la demanda de efectivo imputada a las actividades irregulares. La primera es la variable más representativa de la presión
fiscal; aquí se ha tomado la presión fiscal directa. La segunda, la velocidad de
circulación del dinero tomada como referencia para pasar de la demanda de
efectivo a la renta; se ha optado por la correspondiente a M2.
Los resultados finales indican que a mediados de los años
noventa la economía sumergida venía a representar, de acuerdo
con el modelo estimado, un 14,1% del PIB (Cuadro 2 y Gráfico 5).
Su evolución a lo largo del período analizado muestra una gran sensibilidad
respecto a la posición cíclica de la economía, con aumentos en las fases de
auge y disminuciones cuando llega la recesión.Asimismo, ha resultado afectada a partir de 1977 por la creciente recaudación fiscal, que estimula su crecimiento. El momento de mayor actividad sumergida se habría situado entre
1989 y 1992 coincidiendo con la etapa expansiva y los cambios en la fiscalidad sobre activos financieros de 1991.
31
Los Resultados
32
Los Resultados
GRAFICO 5
2.2. LADISCREPANCIARENTA-GASTO YSU DISTRIBUCCIÓN
ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El objetivo de esta parte del trabajo es doble: en primer lugar, se pretende revisar las cifras de renta regional proporcionadas por la Contabilidad
Regional de España tomando como base de nuestra estimación el consumo
de los hogares de cada comunidad autónoma y, en segundo lugar, se trata de
establecer una comparación entre los resultados anteriores y los ingresos
que declaran las familias en la Encuesta de Presupuestos Familiares, con objeto de determinar el tamaño que alcanza la renta irregular. En ambos casos, las
estimaciones efectuadas no cuestionan el valor total de la renta nacional
española según el Instituto Nacional de Estadística (Contabilidad Nacional de
España y Contabilidad Regional de España), pero sí se revisan los datos
correspondientes a las comunidades autónomas. En definitiva, lo que se cuestiona no es el valor total de la renta nacional, sino su distribución por comu-
33
Los Resultados
nidades autónomas. Al mismo tiempo, la discrepancia entre la renta declarada en las Encuestas de Presupuestos Familiares y la que se deduce por comparación con el gasto (consumo) es aquella parte de la renta real que no se
declara, y que puede identificarse con un buen grado de aproximación con la
renta irregular.
2.2.1. Las estimaciones de renta regional del Instituto Nacional
de Estadística: consideraciones metodológicas
La contabilidad regional de una comunidad autónoma puede
realizarse con tres métodos posibles y equivalentes por definición:
la producción, la renta y el gasto. El primero se basa en la cuantificación de las operaciones propias de la actividad productiva en las diferentes ramas y da como resultado el empleo (total y asalariado) y el
valor añadido bruto (VAB) de cada rama, así como su distribución
entre remuneración de los asalariados, impuestos ligados a la producción, subvenciones de explotación y excedente bruto de explotación. La suma del VAB de todas las ramas productivas es el producto interior bruto (PIB) regional8. El segundo método calcula las
rentas -ingresos- de los factores productivos, es decir, salarios y
otras rentas del trabajo, rentas mixtas del capital y del trabajo
(empresarios, autónomos y profesionales liberales), rentas del capital (beneficios retenidos por sociedades y empresas, y rentas de la
propiedad inmobiliaria) y rentas de las Administraciones públicas,
formadas estas últimas por los impuestos directos sobre sociedades
y por las rentas patrimoniales de las propias Administraciones públicas. La suma de todas estas rentas proporciona la renta regional al
coste de los factores, bruta o neta según se considere o no el consumo de capital fijo. Por último, el tercer método sitúa el análisis en
8. En realidad, para obtener el PIB regional debe añadirse a la suma del VAB de todas las ramas a precios básicos los impuestos indirectos netos de subvenciones que gravan los productos, sean de producción interior o
de importación, incluido el I.VA.
34
Los Resultados
el lado del gasto, contabilizando la utilización que se hace de los
bienes y servicios finales producidos, ya sea en forma de consumo
privado, consumo público, formación bruta de capital fijo (en bienes
de equipo y en construcción), variación de existencias y saldo neto
de la balanza corriente de bienes y servicios con el exterior (exportaciones de bienes y servicios menos importaciones de bienes y servicios).
Cualquiera de los tres métodos conduce a la misma solución:
la determinación del producto interior bruto regional, considerado
como el resultado de la actividad económica regional en un año
dado. Aunque las tres vías de aproximación a esta magnitud pueden
arrojar alguna discrepancia, puesto que la información se basa en
fuentes diversas no siempre coincidentes, el proceso de depuración
de los datos permite contar con una cifra final que refleja, a la vez,
la producción, la renta y el gasto de la economía.
Las estimaciones oficiales de la Contabilidad Regional de España realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) combinan
los tres métodos señalados, pero el que predomina sobre todos
ellos es el basado en la producción. A tal fin, el INE maneja fuentes
estadísticas diversas entre las que cabe mencionar algunas de carácter general, como la Encuesta de Población Activa, y otras de carácter sectorial, como las Cuentas del Sector Agrario, elaboradas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Encuesta Industrial, del Ministerio de Industria y Energía, datos directos provenientes de empresas como Telefónica, RENFE o Iberia, y finalmente, estadísticas de los ministerios de Economía y Hacienda, Educación, Sanidad y otros, sobre las actividades de servicios públicos no destinados a la venta. Ello permite conocer el empleo y estimar el valor añadido bruto por ramas de actividad con un alto nivel de desagregación: una rama de agricultura, silvicultura y pesca, otra de productos
35
Los Resultados
energéticos, nueve de productos industriales, una de construcción y
obras de ingeniería civil, cuatro de servicios destinados a la venta, y
otras dos de servicios no destinados a la venta y producción imputada de servicios bancarios, respectivamente.
En consecuencia, el mejor o peor ajuste de los datos de la
Contabilidad Regional de España a la realidad económica depende
de dos factores: la fiabilidad y solvencia de las fuentes en que se basa
la estimación del valor añadido de cada rama productiva y, sobre
todo, del procedimiento de desagregación regional que se lleva a
cabo a partir de los datos de la Contabilidad Nacional de España.
Adoptando la tradicional división de la actividad productiva entre
agricultura, industria, construcción y servicios, y dejando al margen
las fuentes de carácter general (Encuesta de Población Activa en
cuanto al número de ocupados, principalmente) puede realizarse una
valoración aproximada de la calidad de los datos y, por consiguiente, de las estimaciones de la Contabilidad Regional de España.
En agricultura, la información sobre producción y valor añadido proviene de las Consejerías de Agricultura de las Comunidades
Autónomas y del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dado el reducido tamaño del sector, su estrecha vinculación
con actuaciones del sector público (el ejemplo más claro es el de las
subvenciones derivadas de la política agraria de la Unión Europea) y,
sobre todo, la existencia de una red contable de gran tradición en
todas provincias, la calidad de la información puede considerarse
buena, salvando algunas discrepancias entre la suma que resulta de
agregar los datos de las Consejerías de la Comunidades Autónomas
y las cifras globales que proporciona el Ministerio.
En el sector industrial, la fuente básica para la desagregación
regional es la Encuesta Industrial, elaborada por el propio INE con la
36
Los Resultados
colaboración de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación
para las ramas agroalimentarias y del Ministerio de Industria y Energía para algunas ramas de la industria. En el caso de los productos
energéticos, se utilizan principalmente la Estadística Industrial, la
Estadística Minera de España y la Estadística de la Energía Eléctrica,
todas ellas del Ministerio de Industria y Energía. Los principales problemas se presentan, sin embargo, con la Encuesta Industrial, entre
otras cosas, por la falta de representatividad de la muestra en cuanto a pequeños establecimientos industriales sin asalariados, y que la
Contabilidad Regional de España corrige posteriormente.
En el sector de construcción, las estimaciones de la Contabilidad Regional se realizan con información de la Encuesta de Población Activa y de SEOPAN, así como con otros indicadores indirectos como el número de viviendas construidas, la licitación oficial o el
consumo de cemento.Aunque las fuentes manejadas son muy diversas, no existen razones a priori para cuestionar las estimaciones
resultantes.
Las principales dificultades se producen en el sector servicios,
dada la enorme complejidad que representa medir el valor añadido
de las actividades terciarias, la gran heterogeneidad que presentan
las distintas ramas agrupadas bajo la rúbrica de servicios y la fuerte
atomización de muchas de ellas. El problema es especialmente grave
porque, en conjunto, los servicios representan el 65 por ciento del
PIB nacional y el 63 por ciento del empleo, de manera que cualesquiera errores de estimación en este sector -el de más difícil medición- tienen una incidencia muy importante en el total del PIB regional. Si bien en servicios públicos como enseñanza o sanidad se cuenta con buena información -aunque no tanto en lo que concierne a
los establecimientos privados-, y en actividades como transporte
ferroviario, transporte aéreo, comunicaciones, o banca y finanzas, es
37
Los Resultados
fácil conocer la realidad a partir de las grandes empresas que operan en el sector o del Banco de España -otra cosa es su desagregación regional-, en el resto de ramas productivas la información es
muy escasa, fragmentada y, por lo general, poco fiable. Así sucede,
por ejemplo, con el comercio, talleres de reparación, hostelería y
restauración, transporte por carretera, servicios a las empresas y
servicios personales.
En resumen: las estimaciones del producto y la renta regionales realizadas con el método de la producción son, en términos
generales, bastante fiables en los sectores de agricultura, industria y
construcción, pero mucho menos en las actividades de servicios. El
problema se agudiza por la necesidad de desagregar regionalmente
estadísticas provenientes de encuestas e informes que, en muchas
ocasiones, se conciben para dar resultados solventes a nivel nacional
y que han de regionalizarse con indicadores indirectos. Los posibles
sesgos existentes en las estimaciones nacionales de los servicios se
agudizan, por consiguiente, al proceder a desagregarlos por comunidades autónomas.
2.2.2. La diversidad de estimaciones de la renta regional de
Aragón
La primera publicación del INE dedicada a la Contabilidad
Regional es el informe Indicadores estadísticos regionales (Una aproximación a la Contabilidad Regional), aparecido en 1982 y en el que se
incluyen los datos del valor añadido bruto por comunidades autónomas referidos al año 1979. Se trataba con ello de dar cumplimiento a la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 8/1980,
de 27 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas en cuanto a la cuantificación de las variables que iban a interve-
38
Los Resultados
nir en la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial
para 1983. Con anterioridad el INE ya había presentado sendas estimaciones de las cuentas regionales españolas para 1978 y 1979 que,
aun sin llegar a constituir una serie homogénea, fueron utilizadas en
la distribución del FCI de 1982.
Con el mismo título que la publicación anterior -Indicadores
estadísticos regionales (Una aproximación a la Contabilidad Regional-, el
siguiente informe del INE sobre cuentas regionales se llevó a cabo
en 1984, con datos referidos a 1980. Pero cuando los informes del
INE adquirieron una dimensión de verdadera contabilidad regional hasta entonces se hablaba de “Una aproximación a la Contabilidad
Regional” en los subtítulos de las publicaciones- fue con la serie Contabilidad Regional de España, Base 1980, iniciada para el periodo 19801984 y que culminó con la serie 1980-1987, elaborada a partir de la
Contabilidad Nacional de España Base 1980.A partir de ese momento, las estimaciones presentan una homogeneidad de la que habían
carecido los cálculos anuales precedentes y ya puede hablarse de un
sistema de cuentas regionales adaptado a la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas, aplicación regional
(SEC-Reg).
La culminación de una nueva serie de la Contabilidad Nacional
de España con base en 1985 y la disponibilidad de nuevas estadísticas regionales dieron paso a su correspondiente Contabilidad Regional de España Base 1985, que llegó confeccionar una serie 1985-1990
y que reemplazada, al poco tiempo, por la Contabilidad Regional de
España Base 1986. Este último cambio de base se debió a la introducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el sistema fiscal español el 1 de enero de 1986 como consecuencia de la integración de España en la Comunidad Económica Europea. Este cambio
en la imposición indirecta modificó los sistemas de valoración de las
39
Los Resultados
operaciones de bienes y servicios -piénsese en las diferencias de
valor añadido cuando se opera con impuestos en cascada, como
sucedía antes de aplicar el IVA, y cuando se opera con impuestos
neutrales-, de modo que las estimaciones posteriores a 1986 no
resultaban comparables con las anteriores. La Contabilidad Regional
de España Base 1986 ha realizado una homogeneización del periodo
1980-1989 (Contabilidad Regional de España. Serie homogénea 19801989; Base 1986) y, hasta el momento, ha completado la serie 19911995 (Contabilidad Regional de España. Base 1986. Serie 1991-1995).
El hecho es que las estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística permiten disponer de una serie completa de cuentas
regionales homogéneas y homologables con la metodología propia
de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat). Sin
embargo, una comparación de estas estimaciones con las otras dos
más solventes de las realizadas por entidades privadas -las correspondientes a la Fundación BBV y a la Fundación FIES de las Cajas de
Ahorros Confederadas-, pone de relieve la existencia de notables diferencias en lo que concierne al caso de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Con los datos de valor añadido bruto al coste de los factores
del Instituto Nacional de Estadística (cuadro 3), puede apreciarse
una participación de la economía aragonesa sobre el total nacional
que, desde 1980, oscila entre un máximo del 3,53 por ciento en 1988
y un mínimo del 3,34 por ciento en 1981. Al margen de las diferencias en los valores totales (debidas en su mayor parte al sistema de
asignación de la producción imputada a los servicios bancarios, que
el INE resta íntegramente de los sectores productivos, mientras las
otras dos fuentes asignan una parte a la demanda final, por lo que el
VAB total es mayor), los datos de la Fundación BBV y de la Fundación FIES -elaborados conjuntamente para los últimos años y coin-
40
Los Resultados
cidentes, por tanto, desde comienzos del decenio- arrojan porcentajes sistemáticamente inferiores a los del INE, aunque con un perfil
temporal bastante parecido (cuadros 4 y 5).
Dividiendo las cantidades anteriores con la población de derecho estimada por el INE a 1 de julio de cada año (cuadro 6), se
obtiene el valor añadido bruto por habitante, que puede ponerse en
relación con la correspondiente magnitud española, resultando
entonces un índice que asigna el valor 100 a la media nacional. Es
entonces cuando se aprecian con mayor claridad las diferencias
entre las estimaciones oficiales del INE, por una parte, y las de la
Fundación BBV y Fundación FIES, por otra, que arrojan en la primera de las fuentes una desviación sistemática al alza (cuadro 7 y gráfico 6).
La comparación de las tres fuentes consideradas muestra que
hasta 1987 no existían discrepancias fundamentales -aunque siempre
el INE daba cifras superiores-; pero a partir del año siguiente la Contabilidad Regional de España se aleja de las otras dos hasta superarlas en un promedio de 4,8 puntos porcentuales -sobre una base 100
para España- en el periodo que transcurre desde 1988 hasta la fecha,
con una diferencia que va en aumento y que alcanza un máximo de
7,1 puntos en 1995. Salvando las distancias metodológicas existentes, estos resultados permiten obtener dos conclusiones principales.
Primera: que en todas las estimaciones presentadas el valor añadido
bruto por habitante de Aragón se sitúa por encima de la media española. Y segunda: que las diferencias existentes en las estimaciones
manejadas suscitan la duda de cuál es la mejor aproximación a la realidad de la economía aragonesa. Como se verá más adelante, la estimación que hemos efectuado pone de relieve que la comunidad
autónoma de Aragón está entre las que soportan una mayor sobrevaloración en las cifras oficiales del INE.
41
Los Resultados
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Los Resultados
43
ILos Resultados
GRAFICO 6
V.A.B. per cápita de Aragón (España=100)
44
Los Resultados
Lo señalado hasta el momento no debe interpretarse, sin
embargo, como una crítica al método de estimación de la Contabilidad Regional de España. La metodología aplicada por el INE para las
cuentas regionales está completamente homologada con el Sistema
Europeo de Cuentas Económicas Integradas, aplicación regional
(SEC-Reg), que confecciona la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), salvando algunas peculiaridades relacionadas con las
estadísticas de base de nuestro país. Debe anticiparse este juicio
porque en este trabajo no se pretende llevar a cabo una crítica de
la Contabilidad Regional de España, objetivo éste que requeriría un
análisis de otras características. Sin embargo, también debe ponerse
de manifiesto que las estimaciones oficiales se realizan con base en
el año 1986, aun cuando existe una información exhaustiva sobre el
gasto y el ingreso de las familias españolas derivada de la última
Encuesta de Presupuestos Familiares 1990/91, elaborada asimismo
por el Instituto Nacional de Estadística.
45
Los Resultados
2.2.3. Una estimación de las rentas regionales a partir
del consumo
Aun sin llegar a proponer una estimación alternativa de la contabilidad regional en España, este trabajo se ha planteado una aproximación a la renta regional utilizando el método del gasto. Admitiendo como buenas las cifras totales de España en cuanto a producto interior bruto y renta nacional estimadas por el INE, ofrecemos una revisión de las cifras de renta de las diecisiete comunidades
autónomas tomando como base la distribución provincial del consumo privado nacional realizada por la Fundación BBV y la propia
Encuesta de Presupuestos Familiares, 1990/91, realizada también por el
INE9. Se trata de un método que tiene la misma validez teórica y
empírica que el método de la producción y que, en principio, debería arrojar resultados muy parecidos; en teoría, idénticos.A pesar de
ello, las estimaciones de renta oficiales -entre ellas las posteriores a
1990- siguen realizándose con la base de 1986. Sólo está previsto
que, en cumplimiento del Reglamento del Consejo de la Unión Europea relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, la nueva metodología SEC-1995 se aplique como máximo en el
año 2000, contando con un nuevo año base 1995 para la Contabilidad Regional de España.
La clave de nuestra estimación es, por tanto, considerar que el
consumo delata la verdadera capacidad económica de los hogares, su
nivel de ingreso, de manera que con las cifras de consumo puede
estimarse la renta disponible sin más que aplicar un índice de propensión media al consumo. Se pasa así, por tanto, del lado del gasto
al lado de la renta, procediendo a continuación a efectuar los cálcu-
9. El análisis se refiere, en tanto no se diga otra cosa, al año 1990 en todas las estimaciones y cálculos realizados.
46
Los Resultados
los que permiten llegar desde el concepto de renta disponible de los
hogares al de renta regional. Nótese que en ningún momento se
cuestionan las cifras nacionales de producción, renta o gasto que
proporciona la Contabilidad Nacional de España. Admitiendo
dichas cifras nacionales, lo que aquí se pone en tela de juicio son los resultados derivados de la regionalización.
La estimación, cuya metodología se explica con mayor detalle
en el Apéndice nº 2, se inicia, por tanto, con los datos de consumo
nacional derivados de la Contabilidad Nacional de España, cuya distribución por provincias y dentro de éstas por decilas de ingresos se
efectúa con arreglo al Informe sobre Renta Nacional de España de
la Fundación BBV y a la Encuesta de Presupuestos Familiares del
INE. De esta misma Encuesta, una vez efectuados los ajustes oportunos, se deducen las propensiones marginales al consumo, que se
aplican a los datos de consumo para calcular la renta disponible de
las familias. Como lo que interesa es aquella parte de la renta disponible que proviene de las actividades económicas -la que hemos
llamado renta directa-, puesto es la que mejor se aproxima al concepto de PIB regional, se restan de la renta familiar disponible las
cantidades correspondientes a prestaciones sociales y transferencias
percibidas y se suman los impuestos y cotizaciones sociales. Esa magnitud de renta directa es la que se utiliza para efectuar las comparaciones con el PIB per cápita de las diecisiete comunidades autónomas derivado de la Contabilidad Regional.
Por último, la discrepancia entre la renta directa obtenida por
el procedimiento anterior y los ingresos declarados en la Encuesta
de Presupuestos Familiares se utiliza como aproximación al concepto de renta irregular. El cociente entre dicha renta irregular y el valor
del producto interior bruto proporciona el índice de irregularidad de cada comunidad autónoma.
47
Los Resultados
A través del procedimiento descrito, se obtiene una distribución regional de las rentas directas que es la que recoge el cuadro
8.Y dividiendo la renta directa de cada comunidad entre la población
y una vez asignado un índice 100 a la media nacional, pueden compararse los resultados del nivel de renta relativa de nuestra estimación con los de la Contabilidad Regional de España para 1990 (véase
el cuadro 9).
De acuerdo con esta estimación,Aragón, Cantabria, País Vasco,
Navarra y La Rioja arrojan índices estimados claramente inferiores a
los que proporciona la Contabilidad Regional de España, Baleares,
Canarias, Cataluña y Madrid obtendrían rentas superiores, especialmente las dos últimas. En el resto de comunidades las diferencias
serían mucho menores.
2.2.4. Distribucción regional de la economía irregular
en España (1995)
Tal como se ha señalado con anterioridad, la discrepancia
entre la renta directa estimada con el método desarrollado en los
apartados precedentes y la renta declarada en la Encuesta de Presupuestos Familiares una renta que no se declara, y que puede identificarse por tanto con la renta irregular. En consecuencia, a los datos
de ingreso neto declarado en la Encuesta de Presupuestos Familiares se le han deducido los conceptos equivalentes a prestaciones
sociales y transferencias percibidas, tomando los datos de la propia
Encuesta.Tenemos así los ingresos netos (esto es, los percibidos una
vez descontados los impuestos y cotizaciones sociales correspondientes) que declaran las familias españolas en la Encuesta de Presupuestos Familiares.
48
Los Resultados
A su vez, para obtener el peso relativo de las rentas irregulares se divide esa diferencia -formada por rentas netas no declaradasentre el valor total del PIB regional estimado por la Fundación FIES.
Ese es el que llamamos índice de irregularidad.
Los resultados muestran que, en promedio, del total nacional
de renta directa de las familias -del trabajo y del capital- en 1990 un
18,3 por ciento no se declaraba en la Encuesta, por lo que puede
presumirse que tiene carácter irregular. Si se supone que la distribución regional de la economía sumergida era en 1995 igual que en
49
Los Resultados
1990, puede calcularse el índice de irregularidad correspondiente al
valor de la economía sumergida estimado a través del modelo
monetario para el total de España en el apartado 2.1. de este trabajo y que equivalía al 14,1% del PIB (cuadro 10 y gráfico 7). Dicha
cifra, por otra parte, no está muy lejana de la que se obtiene mediante el procedimiento de estimación descrito en este apartado, puesto que si el 18,3 por ciento referido a la renta directa se aplica al
total del PIB estimado por FIES o BBV, se alcanzaría un índice de irregularidad del 14,7%, en el supuesto de que no existiera irregularidad
50
Los Resultados
GRAFICO 7
ÍNDICE DE IRREGULARIDAD (1995)
51
Los Resultados
en la parte de PIB que no se corresponde con la renta directa de los
hogares.
En cuanto a la distribución regional de la economía
irregular, y frente a un índice medio nacional del 14,1%,
comunidades como Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña y Madrid alcanzan cifras entre el 15
y el 19%, en tanto que Aragón,Asturias, Extremadura, Cantabria, Navarra y el País Vasco se sitúan entre el 9 y el 12%.
2.3. LAS IRREGULARIDADES LABORALES,
UN INDICADOR COMPLEMENTARIO
La irregularidad laboral en España ha sido analizada por dos encuestas
realizadas a un conjunto de individuos afectados por estas modalidades de
contratación en los años 1985 y 1993. La primera de ellas, del Ministerio de
Economía y Hacienda (1986), investiga cinco categorías de empleo irregular:
a) Asalariado o autónomo que indebidamente no está dado de alta en
la Seguridad Social.
b) Asalariado o autónomo dado de alta, pero que no cotiza.
c) Asalariado que cotiza como autónomo.
d) Autónomo que cotiza como asalariado.
e) Perceptor del seguro de desempleo ocupado.
El índice de irregularidad se define como la relación entre el número
de ocupados irregulares respecto del total de ocupados.Algunas de las características del mercado de trabajo irregular en relación con el regular son:
a) Mayor proporción del empleo juvenil.
b) Menor nivel educativo y cualificación profesional.
c) Mayor rotación de la mano de obra.
d) Mayor proporción de trabajadores a domicilio.
52
Los Resultados
e) Menores salarios.
f)Los puestos de trabajo requieren una preparación menor.
g)Relación inversa entre cualificación poseída y requerida por puesto
de trabajo en el mercado regular e irregular.
h)Mayor índice de irregularidad en los trabajadores marginales que en
los estrictos.
i)Mayor índice de irregularidad en las mujeres que en los hombres.
j)Predominio de trabajadores sin responsabilidades familiares.
Por sectores la proporción de desempleo irregular que se cifraba era
la siguiente:
- Agricultura:
30,9%
- Industria:
15,7%
Textil:
34%
Confección:
43%
Cuero:
32%
Calzado:
38%
- Construcción:
18,7%
- Servicios:
22,7%
Hostelería:
26%
Servicios personales:
26%
Servicio doméstico:
60%
- No clasificables:
24%
Por regiones, los valores más altos se registraban en aquellas donde se
concentraban las actividades antes destacadas: Murcia (31,9%), Andalucía
(28,9),Valencia (24,5%) y Castilla-La Mancha (27,4%).
La segunda de las encuestas, Informe FOESSA (1995), apuntó que la
irregularidad en 1993 iba acompañada de unas condiciones notables de debilidad en las relaciones laborales establecidas (un 53,4% del colectivo quedaba al margen de los beneficios sociales que constituían la protección global
53
Los Resultados
del sistema). No obstante, la familia proporcionaba un paraguas sanitario al
facilitar la inclusión del trabajador irregular en la cartilla de un familiar (2/3 se
encontraban en esta situación). Por otra parte los asalariados que cotizaban
como autónomos representaban el grupo más reducido, un 4,8%. Al parecer,
el ahorro de costes empresariales (Seguridad Social y despido) y la escasez
de oportunidades de empleo empujaba a ciertos asalariados a aceptar este
tipo de condiciones laborales con tal de mantener un puesto de trabajo. Un
23,3% de los autónomos cotizaba como asalariado. Los ocupados que simultáneamente eran beneficiarios del seguro de desempleo eran un 8,3% de los
irregulares, y entre ellos se encontraban trabajadores sometidos a regulación
de empleo, situación que se asociaba a un proceso de rotación de puestos de
trabajo.
La irregularidad afectaba especialmente a colectivos cuyas relaciones
laborales eran cuantitativamente poco importantes en el mercado de trabajo español. Así, los trabajadores asalariados que constituían el 74,8% de los
empleos en el mercado regular, en el irregular sólo suponían el 40,1%. Las
ayudas familiares suponían el 0,6% del mercado regular y un 7,5% del empleo
irregular; los empleados de hogar, un 0,7% y un 9,3%. Los autónomos suponían el 19,7% del mercado regular y un 325 del irregular.
Las características del empleo irregular eran las siguientes:
a) El ocupado irregular era un trabajador menor de 25 años. Suponían un
20,5% y tienen un índice de irregularidad del 31,3%.
b) Era mujer. Representaban un 54,1% de los irregulares y su índice de
irregularidad era del 23,4%.
c) En agricultura, ganadería y pesca se encontraba el 9,9% de los irregulares. El índice era del 23,2%.
d) En comercio, hostelería y restauración, estaban el 27,6% de los irregulares, con un índice de irregularidad del 20,1 %.
e) En otros servicios, un 44,7% de los irregulares y un índice del 21,1%.
f) Eran empleos de gran rotación, en que los trabajadores que los ocupa-
54
Los Resultados
ban tenían una antigüedad de un mes, puesto que representaban el 4,5%
del empleo irregular y tenían un índice de irregularidad del 53,8%.
g) Los puestos de trabajo irregulares se ubicaban en pequeñas empresas
de menos de seis trabajadores, ya que éstas suponían el 63,4 del empleo
irregular y tenían un índice de irregularidad del 23,9%.
Otras características relevantes de la ocupación irregular eran las
siguientes:
a) La irregularidad era máxima al comienzo de la vida laboral y disminuía
con la integración estable del trabajador. Una vez que el ciclo laboral
alcanzaba su fin, la estabilidad iba sustituyéndose por relaciones laborales cada vez más ocasionales que iban acompañadas de un incremento
de la irregularidad, aunque sin alcanzar los niveles del proceso inicial.
b) La irregularidad continuaba afectando principalmente a las mujeres,
cuyo índice de irregularidad duplicaba al de los hombres (23,4% vs.
11,6%). Su irregularidad predominaba en el tramo final del ciclo laboral
vital por motivo de seguridad. Su diferencia con los hombres prácticamente no existía en la cohorte entre 25 y 29 años.
c) Las personas que detentaban la responsabilidad de una familia tenían
menor propensión a ocupar empleos irregulares.
d) La inserción en el mercado irregular estaba en relación inversa con el
nivel de estudios.
e) La desagregación de la irregularidad en las tres ramas de actividad era
como sigue:
SECTOR
ÍNDICE IRREGULARIDAD
• Agricultura, ganadería y pesca
23,2%
• Servicios
16,5%
- Comercio, hostelería
20,1%
- Otros Serv. del sector privado
21,1%
- Otros Serv. del sector público
6,9%
• Industria
7,6%
55
Los Resultados
f)Los puestos de trabajo estables se ubicaban en organizaciones consolidadas que solían estar ligadas a un volumen importante de mano de
obra. Los puestos ocasionales se encontraban en pequeñas empresas
con reducido número de trabajadores.
g)Las relaciones laborales de carácter marginal que se desarrollaban en
sectores económicos con elevado nivel de irregularidad daban origen a
participaciones más elevadas en la economía irregular.
h)La irregularidad observada estaba negativamente correlacionada con la
antigüedad, es decir, es menor a medida que la antigüedad en el empleo
era mayor.
i)El perfil de la irregularidad según el número de horas trabajadas tenía la
forma de V, con el vértice inferior en la jornada habitual de trabajo de 35
a 40 horas a la semana. Para jornadas inferiores, la irregularidad alcanzaba cuotas más elevadas que para jornadas superiores. El nivel máximo de
irregularidad se correspondía con una jornada semanal inferior a 20
horas. En el intervalo de 35 horas o menos semanales, el porcentaje de
mujeres era notablemente elevado en comparación con el de varones.
Por el contrario, el porcentaje de varones en el tramo de 40 horas o más
semanales era en términos relativos muy elevado. Los puestos de trabajos estables se hallaban asociados a jornadas laborales más amplias que
la regla. En cuanto a la irregularidad por comunidades autónomas cabe
destacar que Aragón era la región con más bajo índice de irregularidad
(9,2%) y Murcia, la del más alto (33,3%).
Comparando ambos estudios, puede concluirse, por un lado, que el
perfil de la irregularidad a nivel de sectorial se mantuvo relativamente estable y, por otro, que los irregulares optaron por modalidades de contratación
que no les obligaran a renunciar a la protección social que percibían. Su distribución espacial por comunidades autónomas era notablemente desigual
(Cuadro 11).
56
Los Resultados
Estos trabajos no pueden desembocar en estimaciones de la
renta sumergida, como ya se indicó, pues se desconoce la productividad de cada uno de los empleos irregulares. Por otra parte, la casuística de situaciones es inagotable y por eso hemos intentado reducirla a unos
pocos factores que nos permitan explicar en un sentido cuantitativo el índice de irregularidad. Esto tiene una ventaja adicional, pues un modelo econométrico aceptable, permitiría estimar los índices de irregularidad en fechas
diferentes, con el único supuesto de considerar que las variables explicativas
mantienen su poder en las nuevas coordenadas.
57
Los Resultados
Se parte de 21 variables que potencialmente pueden explicar la irregularidad laboral de las regiones -de acuerdo con las conclusiones antes comentadas- agrupándolas en tres bloques: aquéllas relacionadas con la estructura
productiva de las comunidades españolas, las referidas a la tipología de sus
unidades productivas; y, en tercer lugar, algunas que recogen características
particulares de ciertos mercados de trabajo. Las variables seleccionadas se
cuantificaron a partir de la información que proporcionan tres de las estadísticas oficiales sobre el mercado de trabajo10: la Encuesta de Población Activa,
la Contabilidad Regional y el Registro de Parados del Instituto Nacional de
Empleo11.
Dado que la variable a explicar es un cociente, el índice de irregularidad laboral de las regiones españolas, todas las variables explicativas se han
definido también en términos relativos.Así, la estructura sectorial del empleo
regional se cuantificó con las siguientes variables: el peso relativo del empleo
agrícola (AAAT); del empleo de las actividades manufactureras (AMAT) y de
los servicios (ASAT); el porcentaje de empleados en los servicios destinados
a la venta respecto al total de ocupados en los servicios (ASMAS) o respecto al total de ocupados (ASMAT); el peso relativo de los empleos en las
manufacturas sensibles a la irregularidad -esto es, en productos alimenticios,
bebidas y tabaco y en textil, cuero, calzados y vestidos- (AMSIAT); el peso de
los servicios sensibles a la irregularidad (comercio, hostelería y restaurantes)
(ASSSIAT); y, por último, una variable que recoge la importancia del total de
actividades sensible a la irregularidad (ASSIAT), que definimos como suma de
10. También se trabajó con los datos de empleo de la “Renta nacional y su distribución provincial” que elabora el Servicio de Estudios del BBV.Aunque se descartó esta fuente estadística -por no ser oficial y por facilitar
datos sólo hasta 1993-, conviene advertir que al utilizarla para el año 1985 el modelo econométrico que explicaba la irregularidad laboral era análogo al que presentamos en este apartado.
11. La otra fuente estadística oficial es el Registro de Afiliación a la Seguridad Social en alta laboral que también presenta sesgos e insuficiencias -especialmente en el ámbito regional- y estima un número de afiliados a
la Seguridad Social muy superior a l os ocupados computados por la EPA.
58
Los Resultados
AAAT,AMSIAT y ASSSIAT -es decir, agricultura, silvicultura y pesca, productos
alimenticios, bebidas y tabaco y en textil, cuero, calzados y vestidos, comercio, hostelería y restaurantes-. Con estas variables pretendíamos comprobar
-por un lado- si la irregularidad regional se reducía conforme aumentaba el
nivel de desarrollo de las regiones -medido por el tamaño de las actividades
manufactureras y de los servicios tanto los públicos como los destinados a la
venta- y, por otro, si la irregularidad se elevaba en las comunidades donde las
actividades con propensión a la misma eran más importantes. De ahí los signos que se recogen en el citado apéndice.
Con el segundo grupo de variables, se deseaba contrastar si la irregularidad laboral podía vincularse con la tipología de las unidades productivas,
ya que tanto en Ministerio de Economía y Hacienda (1986) como en el Informe FOESSA (1995) se había destacado que la irregularidad era mayor en las
pequeñas y medianas empresas. En este sentido se seleccionaron 7 variables:
el peso de los autónomos agrícolas en la ocupación del sector (AAOA); el
grado de asalarización del sector primario (ASAOCUA); el grado de asalarización y ayudas de la agricultura (AASAOCUA); el porcentaje de empresarios
en el total de empleos de la industria (AIOI), construcción (ACOC) y servicios (ASOS); y, por último, el pero relativo de los autónomos y ayudas en el
total de empleos del sector terciario (AASOS). El signo esperado de estas
variables era positivo en todos los casos, salvo en la agricultura, de manera
que la irregularidad debería crecer conforme aumente el número de las
empresas pequeñas (autónomos). El comportamiento diferencial del sector
primario podía justificarse por un lado porque el régimen de afiliación a la
Seguridad Social de sus autónomos les incentiva a legalizar su situación laboral y, por otro porque la generosa protección contra el desempleo en el sector favorece la proliferación de situaciones de irregularidad entre los asalariados y ayudas.
El tercer grupo de variables escogido se relaciona con el propio funcionamiento del mercado de trabajo para lo cual se han definido seis varia-
59
Los Resultados
bles: la tasa de paro (TP), la tasa de paro registrado (TPR), la diferencia entre
las tasas de paro estimado y registrado (DTP), el paro estructural (PESTR), el
porcentaje de población económica dependiente (INACT) y el peso relativo
de los pensionistas de invalidez en el total de población inactiva (INV).Todas,
salvo DTP, se consideran positivamente relacionadas con la irregularidad.Así,
parece razonable que cuanto mayor sea el desequilibrio entre la oferta y
demanda de trabajo (paro) mayor sea la probabilidad de que el desempleado
acepte trabajos dentro de la economía oculta. Por otra parte, también puede
aumentar conforme lo haga el paro estructural -colectivo en el que se incluye a los desempleados que buscan un primer empleo y a los que llevan más
de tres años sin encontrarlo-, el porcentaje de inactivos en el total de población en edad de trabajar o el de inválidos que quedan protegidos socialmente y con capacidad física para desarrollar actividades productivas. Por último,
se prevé un signo negativo para la variable DTP, ya que recoge el colectivo
que se declara parado pero decide no inscribirse en el Registro, probablemente porque no piensa realiza ninguna actividad laboral.
Lamentablemente, no se dispuso de información sobre otras variables
que según las encuestas analizadas podían ser significativas en la irregularidad,
tales como la cualificación de la mano de obra, rotación laboral por sexos o
las responsabilidades familiares de los trabajadores. No obstante, ha de tenerse presente que el objeto de esta aplicación empírica no es analizar las causas de la irregularidad laboral, sino tan solo explicarla en 1985 y en 1993, a
partir de una serie de variables, relacionadas con la estructura productiva, la
tipología empresarial y el mercado de trabajo de las regiones españolas y
predecir su magnitud en 1991, 1995 y 1996.
La reducida dimensión de nuestra muestra -sólo se dispuso de dos
observaciones temporales para las diecisiete comunidades y para el total
nacional- condicionó el trabajo en un doble sentido. Por un lado, se asumió la
homogeneidad de los parámetros de las variables explicativas, supuesto aceptado en la literatura empírica cuando el objetivo es obtener respuestas pro-
60
Los Resultados
medio. En otras palabras, supone que la irregularidad se puede explicar con
las mismas variables en todas las regiones. Por otro lado, no pudieron estimarse coeficientes de las 21 variables seleccionadas. De ahí, que se optara
por explicar la irregularidad en cada año (1985 y 1993) aplicando un proceso de selección de variables. En concreto, siguiendo a Maddala (977) un “procedimiento de regresión por etapas” (Los resultados pueden verse en el
Apéndice nº 3).
A partir del modelo final estimado -con el que se explica el 64,7% de
la variable endógena- se han podido predecir las cifras la irregularidad laboral de las regiones españolas en 1991, 1995 y 1996 tomando, nuevamente,
61
Los Resultados
datos de la Encuesta de Población Activa, las Estadísticas Laborales y de la
Contabilidad Regional. Los resultados conducen a subrayar dos conclusiones
principales. Primera, la irregularidad laboral se ha mantenido relativamente
estable en la década de los noventa, con un índice que puede cifrarse en
torno al 18-20% de la ocupación. Segunda, pueden distinguirse dos grupos de
regiones. El primero, estaría integrado por Cantabria, Madrid, Castilla-León,
Aragón y País Vasco, comunidades que en la década de los noventa presentan
índices de irregularidad más bajos que la media nacional. El segundo, lo formarían las comunidades más meridionales de la península: Murcia, Andalucía,
Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura caracterizadas por alcanzar valores del índice superiores a la media nacional.
En definitiva, en la década de los años noventa, el fenómeno de la irregularidad laboral -que puede afectar en torno al 18-20% de la ocupacióncontinúa presentando importantes diferencias a nivel regional que parecen
explicarse más por tipología de las unidades productivas y por el propio funcionamiento del mercado de trabajo que por la desigual estructura sectorial
de las comunidades.
62
CONCLUSIONES
Conclusiones
CONCLUSIONES
El fenómeno de la economía sumergida plantea graves dificultades de
estudio y de estimación no sólo por su propia naturaleza, sino incluso por la
dificultad de definir exactamente lo que se entiende por economía sumergida, oculta o irregular.
Este estudio, tras plantear y definir el ámbito de la economía sumergida y hacer un breve repaso a los estudios realizados para España con anterioridad, plantea una aproximación al fenómeno de la economía sumergida a
través de dos distintos caminos. Sus resultados son muy próximos, viéndose
además reforzados por un tercer indicador, el del empleo oculto.
El primero de ellos es el llamado modelo monetario. Este modelo es el
más acreditado por los trabajos internacionales y permite además conocer
su evolución a lo largo del tiempo. Los modelos monetarios parten del
supuesto de que las actividades irregulares utilizan el dinero en efectivo como
medio de pago preferente. Partiendo de esta premisa, una parte de la demanda de dinero responde a la importancia de las actividades de economía
sumergida, que se puede estimar a través de una función de demanda de efectivo.
Según este modelo, cuyas estimaciones parten desde 1964 hasta 1995,
la economía sumergida representa en España en torno a un 15% del PIB registrado en la década de los 90, alcanzando un nivel máximo en 1992 (15,42%).
66
Conclusiones
GRAFICO 8
La evolución concreta de la economía sumergida, en porcentaje del PIB
registrado en los últimos 10 años es el siguiente:
67
Conclusiones
Un segundo método, mucho menos explorado dada su dificultad, es el
derivado de las discrepancias entre las distintas fuentes de estimación de las
rentas regionales. Este método sin embargo es especialmente valioso porque
aporta información no sólo sobre el fenómeno de la economía sumergida,
sino que además permite realizar una estimación sobre su distribución espacial. De esta forma, se realiza un estudio del reparto de la economía irregular entre las distintas Comunidades Autónomas de nuestro país.
En este caso, la estimación a través de las discrepancias entre renta y
gasto en 1990 (año de referencia obligado, puesto que es la fecha de la
Encuesta de Presupuestos Familiares) conducen a una cifra del 18,3% del PIB
para España. Esta cifra, cercana a la anterior, aún lo es más si se tiene en cuenta que las diferencias entre distintas estimaciones del PIB español sesgan al
alza la cifra del modelo de discrepancias.
Pero además, este modelo ofrece información referente a la distribución del fenómeno entre las distintas Comunidades Autónomas, que combinado con el indicador del empleo oculto, nos dibujan el mapa de la economía
sumergida en España.
Un primer grupo de Comunidades está formado por aquellas cuyos
índices de ocultación son inferiores a la media nacional, tanto en términos de
renta (economía sumergida) como de empleo (irregularidades laborales). Este
grupo lo forman las Comunidades del norte, con un claro predominio de la
actividad industrial: Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco.
Un segundo grupo lo componen las Comunidades con más renta
sumergida que la media pero con menos irregularidades laborales, como son
Castilla y León (con predominio de la pequeña propiedad agrícola) y Madrid
(con gran peso de la Administración Pública)
68
Conclusiones
Un tercer grupo lo conforman las Comunidades con un elevado índice
de irregularidad laboral, aunque menor renta oculta que la media nacional.
Son regiones relativamente pobres con fuerte presencia de la actividad agrícola:Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, cuya relación con
las demás no parece clara.
Por último el cuarto grupo está compuesto por aquellas comunidades
en las que ambos índices son superiores a la media, que son aquellas en cuyas
actividades predomina el turismo y la industria de bienes de consumo: Baleares, Canarias, Cataluña,Valencia, Galicia y Murcia.
GRAFICO 9
ÍNDICES DE ECONOMÍA OCULTA DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
69
Conclusiones
Por último, y como consecuencia de la comparación entre las distintas estimaciones de renta para las CCAA realizadas para el método anterior, se pone de
relieve la existencia de notables diferencias en lo que concierne a la Comunidad
Autónoma de Aragón.
En todas las estimaciones, el valor añadido bruto por habitante en Aragón
se sitúa por encima de la media española.Además las diferencias existentes en las
estimaciones manejadas suscitan la duda sobre cual es la mejor aproximación a la
realidad de la economía aragonesa. La estimación realizada por el estudio pone de
relieve que la Comunidad Autónoma de Aragón está entre las que soportan una
mayor sobrevaloración en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
70
Conclusiones
GRAFICO 10
V.A.B. per cápita de Aragón (España=100)
71
Conclusiones
Esta sobrevaloración tiene unas implicaciones prácticas muy importantes. La inclusión de Aragón entre las Comunidades Autónomas con mayor
renta por habitante ha hecho que esta Comunidad se quede fuera de las
zonas objetivo 1 de los fondos comunitarios, a pesar de las grandes diferencias entre el centro (Zaragoza) y la periferia (Huesca y sobre todo Teruel).
El hecho es que la combinación de dos factores, la sobrevaloración de
la renta y la menor incidencia de la economía sumergida, podrían haber situado injustamente a la Comunidad de Aragón fuera de las susceptibles de percibir fondos destinados a impulsar su desarrollo..
72
73
APÉNDICES
Apéndices
APÉNDICES
Apéndice nº 1
76
Apéndices
77
Apéndices
Apéndice nº 2:
Metodología de estimación de la renta regional a partir del consumo
1. Estimación del consumo provincial
La homogeneización metodológica de las cifras de gasto de la
Encuesta de Presupuestos Familiares 1990/91 y del consumo de los
residentes españoles de la Contabilidad Nacional de España 1990,
pone de manifiesto que el consumo declarado y ajustado de la
Encuesta de Presupuestos Familiares ascendió en 1990 a 27,852
billones de pesetas, en tanto que el valor equivalente de la Contabilidad Nacional de España fue de 30,550 billones12. Esta es la cifra que
tomamos como representativa del consumo total nacional en 1990.
Las diferencias, que no pueden explicarse por causas metodológicas,
se concentran principalmente en la función de Otros bienes y servicios (hostelería, ocio, servicios personales) y en la de Transporte y
comunicaciones (sobre todo, gastos de utilización de vehículos).
Pero además de la infraestimación de la Encuesta de Presupuestos Familiares, el problema más importante, a los efectos de
este trabajo, es que las discrepancias no se distribuyen por igual
entre todas las provincias. Como la Contabilidad Regional de España no proporciona datos provinciales, se ha dado como bueno el
consumo total nacional ajustado de la Contabilidad Nacional de
España 1990 y se ha distribuido entre las provincias atendiendo a la
participación de éstas en el consumo familiar según el Informe del
BBV de 1991. Aunque puede existir una pequeña discrepancia por-
12. Véase Begoña Sanz (1995): La articulación micro-macro en el sector hogares: de la Encuesta de Presupuestos Familiares a la Contabilidad Nacional, Instituto de Estudios Fiscales, Papeles de Trabajo nº 27/95, octubre.
78
Apéndices
que el año es distinto, se ha preferido actuar de esta manera para
mantener el análisis en el nivel de desagregación provincial, como
hasta ahora. Tras corregir las cifras de alguna provincia para que el
gasto declarado en la Encuesta de Presupuestos Familiares no
supere en ningún caso al de la distribución provincial efectuada a
partir de la Contabilidad Nacional de España, se obtiene finalmente
el consumo estimado por provincias.
A partir de dicha estimación se realiza una distribución del
consumo de cada provincia en diez intervalos, correspondientes a
las diez decilas de ingresos a nivel nacional, en proporción al gasto
declarado por esas decilas en la Encuesta de Presupuestos Familiares. Así, por ejemplo, el primer intervalo de cada provincia refleja los
gastos del 10 por ciento de los hogares de esa provincia ubicados
entre el 10 por ciento con menores ingresos a nivel nacional (véase
el cuadro A.2.1. para el caso de Aragón).
79
Apéndices
2. Del gasto declarado a la renta familiar disponible
Para pasar del gasto estimado a la renta familiar disponible es
preciso definir el valor de la propensión media al consumo en cada
una de las diez decilas provinciales, que refleja la relación entre consumo y renta. El problema es que así como los datos de gasto de la
Encuesta de Presupuestos Familiares son bastante fiables, los datos
de ingresos de la misma Encuesta presentan un sesgo sistemático de
ocultación de rentas que limita seriamente su validez, hasta el punto
que, de creerlos, resultarían propensiones al consumo superiores a
1 y, por consiguiente, tasas de ahorro familiar negativas para el conjunto de la economía española. En consecuencia, se ha procedido a
estimar la propensión media al consumo tomando información desagregada de cada una de las diez decilas nacionales en que pueden
dividirse los hogares de las cincuenta provincias españolas según sus
ingresos. Ello nos ha obligado a trabajar con una base de datos de
500 intervalos.
A cada decila nacional -de la que forman parte hogares de las
cincuenta provincias- se le aplica una sola propensión media al consumo. Esto equivale a suponer que dicha propensión depende únicamente del nivel de renta de las personas, pero no de su lugar de
residencia o cualesquiera otros factores sociales o demográficos.
Para evitar el efecto distorsionador que puede ocasionar el diferente tamaño de los hogares, se han tomado datos de gasto e ingreso
medio por persona en cada uno de los diez intervalos de las cincuenta provincias.
Pero como la relación entre gastos e ingresos derivada de la
Encuesta de Presupuestos Familiares está viciada por efecto de la
ocultación de ingresos, se ha estimado la verdadera propensión al
consumo de cada una de las diez decilas nacionales aplicándoles, en
80
Apéndices
una primera etapa, la media de las cinco provincias españolas más
honestas, es decir, que tenían un mayor cociente ingreso/gasto (las de
menor propensión al gasto), asumiendo que esa media recoge con
bastante fidelidad la mejor aproximación a la propensión al gasto
entre los diferentes niveles de renta. La elección de cinco provincias
de entre las cincuenta posibles es a priori suficientemente exigente,
por cuanto a las otras cuarenta y cinco, que declaran menos ingresos en relación con su consumo, se les va a aplicar la ratio que se
obtiene para las cinco que más declaran.
Con todo, aplicando la media de las cinco provincias en las que
cabe presumir mayor sinceridad al declarar sus ingresos, las cuatro
primeras decilas de ingresos -el 40 por ciento de los hogares- aún
presentarían tasas de ahorro negativas de alrededor del 5 por ciento de los ingresos, lo que no resulta aceptable contrastando con cualesquiera otras fuentes informativas. Por ello, se ha ajustado la propensión de estas cuatro primeras decilas hasta dejarla en el valor 1,
es decir, con una tasa de ahorro igual a cero, pero no negativa.
81
Apéndices
Asimismo, y para mantener las proporciones derivadas de la propia
encuesta, se ha corregido la propensión de las restantes seis decilas
en la misma medida relativa. El resultado finalmente obtenido se
recoge en el cuadro A.2.2.
Aplicando las propensiones corregidas (cuadro A.2.2.) al gasto
estimado en cada uno de los diez intervalos considerados (según
decilas nacionales) para cada provincia se obtiene el ingreso estimado por persona y multiplicando por la población correspondiente,
se llega a determinar el ingreso total estimado en cada una de las
quinientas observaciones. Para conocer el ingreso total estimado de
los hogares por provincias y comunidades autónomas, basta con
agregar primero los diez intervalos de cada provincia y después las
provincias de cada comunidad autónoma. Los ingresos así obtenidos
son netos de cotizaciones sociales e impuestos directos sobre las
familias, por lo que equivalen al concepto de renta familiar disponible.
3. De la renta familiar disponible a la renta directa
Con objeto de aislar aquella parte del ingreso total que procede estrictamente de actividades productivas -la que denominamos
renta directa- y obtener una estimación lo más cercana posible al
producto interior bruto regional, deben restarse a la renta familiar
disponible obtenida en el apartado anterior, las prestaciones sociales
y transferencias recibidas -con lo que se obtiene la renta directa después de impuestos y cotizaciones- y sumarse los impuestos directos
sobre las familias y las cotizaciones sociales, reales y ficticias, a cargo
de empresarios y trabajadores, llegando finalmente al concepto de
renta directa antes de impuestos y cotizaciones, que es el más próximo al de renta regional (véase el esquema A.2.1).
82
Apéndices
ESQUEMA A.2.1.
Renta familiar disponible (después de impuestos y cotizaciones)
- Prestaciones sociales
- Transferencias netas recibidas
= Renta directa después de impuestos y cotizaciones
+ Impuestos directos sobre las familias
+ Cotizaciones sociales a cargo de empresarios y trabajadores
= Renta directa antes de impuestos y cotizaciones
= Sueldos y salarios brutos (trabajo por cuenta ajena)
+ Rentas mixtas brutas (trabajo por cuenta propia)
+ Rentas del capital brutas (mobiliario e inmobiliario)
Los datos de prestaciones sociales, transferencias, impuestos
sobre la renta y el patrimonio y cotizaciones sociales a cargo de
empresarios y trabajadores, se han tomado de la Contabilidad
Regional de España, habida cuenta que se trata de conceptos relacionados con el sector público (liquidaciones de los presupuestos
públicos) o con el sector exterior (balanza de pagos) para los que la
información del INE es plenamente fiable. Los resultados obtenidos,
una vez deducidas las prestaciones y transferencias y sumados los
impuestos y cotizaciones, proporcionan los valores de lo que hemos
denominado renta directa.
4. ÍNDICE de renta directa per cápita de Aragón
respecto a España
La diferencia principal entre la renta directa neta antes de
impuestos y cotizaciones y el valor añadido bruto regional se debe
a los tres sumandos siguientes: el excedente de explotación no distribuido de las empresas no individuales -puesto que el de las
empresas individuales está incluido en los ingresos de los hogares-,
83
Apéndices
el consumo de capital fijo y las rentas patrimoniales de la Administraciones Públicas. Con el método propuesto, basado en el gasto
declarado de los hogares, no es posible estimar estas magnitudes,
por lo que nuestros resultados han de referirse a la renta directa
antes de impuestos y cotizaciones y no al valor añadido bruto total.
No obstante, la aproximación es suficientemente representativa si se
tiene en cuenta que, según los datos de la Fundación BBV para 1993,
la renta directa suponía, en el caso de Aragón, un 81,1 por ciento del
valor añadido bruto total (80,1% para el total nacional). Con todo,
en aquellas comunidades en las que el excedente de explotación
generado, y no distribuido, por empresas societarias fuese proporcionalmente muy elevado, el valor obtenido del índice de renta
directa per cápita podría estar subvalorado respecto al verdadero
producto interior bruto per cápita.
Pues bien, dividiendo la renta directa antes de impuestos y
cotizaciones entre la población residente se obtiene la renta directa
per cápita, para cada comunidad autónoma, y tomando como base
igual a 100 el valor correspondiente a la media española, se deduce
la posición relativa de cada comunidad autónoma, que se compara
con el PIB per cápita de la Contabilidad Regional.
84
Apéndices
Apéndice nº 3:
85
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