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2.19. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA CUMPLIR LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE OBLIGA AL TRASPASO A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7%
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
PARA FINES SOCIALES.
(Núm. exp. 680/000162)
AUTOR: JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPER)
El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Pregunta de don Jordi Martí Deulofeu.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, las políticas sociales son una competencia exclusiva de
las comunidades autónomas. La sociedad civil catalana y las entidades del
tercer sector social tienen un papel fundamental en la prestación de servicios
de atención a las personas, innovan y contribuyen a la equidad y la cohesión
social. En los últimos veinte años el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional han dictado un total de 14 sentencias indicando que la
competencia de gestionar y distribuir los fondos que provienen de las
subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés
general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF es de las
comunidades autónomas y no del Estado. Por tanto, estos fondos deben
territorializarse. En este mismo sentido se ha pronunciado la sentencia del
Tribunal Constitucional de enero de 2017 en el conflicto de competencias
contra el real decreto que establecía las bases reguladoras de las
subvenciones estatales destinadas a realizar programas de interés general,
dando la razón a la Generalitat de Catalunya. En palabras de la consellera
Dolors Bassa, esta sentencia reconoce que las funciones ejecutivas de
convocar, gestionar y otorgar subvenciones corresponden a la Generalitat, que
debe desarrollar la regulación de sus condiciones.
Por todo ello, señora ministra, ¿piensa cumplir el Gobierno español la
sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al traspaso a las comunidades
autónomas de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF para fines sociales?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidente.
Señor Martí, por supuesto que el Gobierno de España cumplirá la
sentencia del Tribunal Constitucional respetando las competencias
autonómicas y garantizando la solidaridad y la cohesión que expresan todos los
españoles al marcar la equis del 0,7% en su declaración de la renta; algo que
hacen de forma anónima, solidaria y voluntaria.
Voy a decir más. La sentencia del Tribunal Constitucional no
territorializa, sino que, como usted sabe, solo estima parcialmente el conflicto
de competencias planteado. Por tanto, la sentencia establece que la
competencia del Estado es determinar los objetivos, los requisitos, los criterios
y el programa del 0,7%.
Por tanto, el Gobierno de España cumplirá de verdad la sentencia, que
no habla justamente de territorialización.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Senador Martí, tiene la palabra.
El señor MARTÍ DEULOFEU: Señora ministra, sus palabras están
cargadas de buenas intenciones pero no de hechos. En este sentido, el
secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad descartó hacer algún
cambio en el sistema. El no cumplimiento de las sentencias ha provocado que
el conjunto de las entidades catalanas hayan dejado de recibir en 2015 unos
26,4 millones de euros, con las dramáticas consecuencias que esto supone
para la atención de las personas más vulnerables.
En definitiva, este y los anteriores Gobiernos han desobedecido al no dar
cumplimiento a las diversas sentencias dictadas sobre este asunto. Sí, lo han
oído bien, he dicho desobedecer. Parece ser que incluso acérrimos garantes
de la Constitución española, como ustedes, también desobedecen a los
tribunales. Es aquello del cazador cazado.
Mi duda, señora ministra, es si piensan concretar en breve qué medidas
van a tomar para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional; si
piensan en una reunión bilateral entre el vicepresidente de la Generalitat y su
homóloga del Gobierno del Estado, a través de una comisión bilateral
Generalitat−Estado, o si, contrariamente, deberíamos requerir que el alto
tribunal tome las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. Sería como
mínimo curioso que una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
con fines políticos acabe volviéndose en contra del propio Gobierno, como un
efecto bumerán. A mí me produciría cierta vergüenza ajena.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor MARTÍ DEULOFEU: Por cierto, la sentencia del Tribunal
Constitucional advierte al Gobierno -cito textualmente- que la lealtad
constitucional es obligatoria para todos. Menuda operación diálogo.
Y un ruego: lleguen inmediatamente a un acuerdo político con la
Generalitat de Catalunya y practiquen con el ejemplo.
Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidente.
Señor Martí, llegaremos a un acuerdo con todos los españoles, pues son
ellos los que con su equis en el 0,7% del IRPF, de forma anónima, voluntaria y
solidaria, establecen que quieren que sus fondos, su dinero llegue a las
personas más vulnerables, residan donde sea, en cualquier rincón de España.
Yo, como catalana que marca la equis en el IRPF, hago esto. Porque los
impuestos no los pagan los territorios, los pagamos las personas.
Le voy a decir más. El tercer sector de acción social español es una
referencia en Europa; lo forman alrededor de 30 000 entidades y cuenta con
645 000 profesionales y 1 300 000 voluntarios. La convocatoria nacional de
subvenciones con cargo al IRPF ha ayudado a vertebrar el tercer sector social
en España, y, gracias a eso, este ha llegado donde la Administración no ha
podido y se sigue atendiendo a personas vulnerables y en exclusión social.
Por tanto, el sistema funciona y, además, ha sido un éxito. Gracias a la
solidaridad de todos los españoles que marcan esa casilla en su declaración de
la renta, cada año el Gobierno de España distribuye 234 millones de euros. Es
más, en el año 2016 Cataluña ha recibido 31 millones de euros, lo que ha
permitido subvencionar 150 entidades y 387 programas. Cataluña es la
segunda comunidad de España que más recibe del 0,7% y es la primera
comunidad autónoma en número de programas, la que más tiene.
Por tanto, como ya he comentado, el Gobierno de España va a cumplir
la sentencia. Pero le digo bien claro que los impuestos los pagan las personas,
no los territorios, y la sentencia no dice nada de territorializar el dinero del
0,7%. Somos las personas quienes, de forma anónima, voluntaria y solidaria,
decidimos marcar la equis en nuestro IRPF, y con eso pretendemos ayudar a
las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad,
independientemente de dónde residan.
Por tanto, el programa del 0,7% es una señal indiscutible de que
tenemos una red de entidades del tercer sector de la que hemos de sentirnos
muy orgullosos, una sociedad española muy solidaria y un sistema de
convocatorias que permite que la ayuda llegue a todos los rincones de España
y a las personas más vulnerables.
El Gobierno de España cumplirá la sentencia y garantizará el programa
del 0,7% y la cohesión de todos los españoles. Pero me sorprende que sea
usted quien nos reclame a nosotros que cumplamos las sentencias, cuando el
respeto de este Gobierno a las sentencias judiciales es absoluto. La pregunta
sería para usted.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD (Montserrat Montserrat): ¿Cuándo piensan someterse ustedes a la
ley y al cumplimiento de las sentencias? Cataluña lo necesita.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.