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Noticias Prensa 01-10-2011, 02-10-2011 y 03-10-2011
Fiscal
España es el único gran país que ha subido el IRPF este año
La subida del IRPF que aprobó el Gobierno y que entró en vigor este año supone una rara avis dentro del
panorama mundial. Ninguna de las 20 economías más grandes de Europa ha seguido el mismo camino,
según un informe de KPMG que analiza la fiscalidad sobre los asalariados en 96 países.
El Ejecutivo incrementó el gravamen del 43% al 44% para aquellos contribuyentes que ganan más de
120.000 euros y estableció, con carácter general, un tipo máximo del 45% para rentas superiores a 175.000
euros. Eso convierte a España en uno de los países europeos con un tipo marginal más alto. Sin embargo,
son muy pocos los contribuyentes que aplican este tipo, ya que la subida aprobada en los Presupuestos de
2011 afectará solo a unos 165.000 contribuyentes.
Por otro lado, existen notables diferencias entre la fiscalidad que soportan las rentas del trabajo en las
distintas zonas económicas del mundo y, incluso, de dentro de la UE. Los países del Este europeo aplican
un gravamen marginal máximo en torno al 17% de medida, un nivel mucho menor que el vigente en los
Estados del sur de la UE, con tipos que se mueven en torno al 39%. En cualquier caso, son los países del
norte de Europa -con Estados del bienestar mucho más desarrollados- quienes mantienen una fiscalidad
sobre las rentas del trabajo mayor, del 40%.
El informe ofrece datos singulares. Por ejemplo, Aruba, una pequeña isla en la Antillas, es el país del mundo
con un tipo en el IRPF mayor, del 50%. Sin embargo, los Estados que le siguen son todos europeos: Suecia
(57%), Dinamarca (55%), Países Bajos (52%) y Bélgica, Austria y Reino Unido con gravámenes del 50%. Si
bien España mantiene un tipo máximo del 45%, algunas comunidades, como Cataluña, están cerca del nivel
de Bélgica o el Reino Unido. La Generalitat elevó cuatro puntos el tramo autonómico del IRPF, lo que implica
que los catalanes tributan a un gravamen marginal del 49%.
Los Estados han sido reacios elevar la fiscalidad de las rentas del trabajo y, sobre todo en Europa, han
optado por incrementar impuestos indirectos como el IVA. Este es el camino que han emprendido doce
países de la UE desde que se inició la crisis económica. España, en este sentido, siguió la tendencia y en
julio de 2010 elevó del 16% al 18% el tipo general del IVA. En cualquier caso, se mantiene por debajo del
gravamen medio de la UE, que es del 20,8%.
En este sentido, la Comisión Europea y el FMI han instado a España a elevar nuevamente el gravamen
indirecto para reducir su déficit fiscal, que cerró 2010 en el 9,2% del PIB. En cualquier caso, el aumento más
notable se produjo en Grecia, cuyo tipo se ha incrementado cuatro puntos desde 2009, del 19% 23%.
KPMG destaca el debate que se ha abierto en multitud de países acerca de la presión fiscal que soportan
los ricos. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama propuso, sin éxito, la llamada regla Buffett para
elevar los impuestos a las rentas más altas. En España se recuperó el impuesto sobre el patrimonio,
mientras que en Italia se ha puesto en marcha un "suplemento de solidaridad" del 3% para rentas superiores
a 300.000 euros. Portugal, además de subir el IRPF, también estableció un recargo adicional del 3,5% para
los ingresos excepcionales.
Mientras los Estados no logren reducir sus abultados números rojos, todo indica que el debate en torno a los
impuestos de los ricos se mantendrá en la agenda política.
(Cinco Días, 03-10-2011)
Andorra implantará el IRPF esta legislatura
El Cap de Govern de Andorra, Antoni Martí, ha anunciado un audaz plan de ajuste para la economía del
País dels Pirineus que supone, entre otras medidas, la implantación de un IRPF esta misma legislatura,
además de la introducción a partir del 1 de enero de 2012 de un impuesto de sociedades y otro que gravará
las actividades económicas. La entrada en vigor del IVA se pospone para un año más tarde, el 1 de enero
de 2013. Martí pidió un esfuerzo a todo el país para poder atacar la crisis, contener el gasto e incrementar
los ingresos y así cambiar el modelo económico andorrano. Además de doblar el presupuesto para turismo y
reducir el sueldo de funcionarios, Martí anunció que se legalizará el juego y se construirá un helipuerto
nacional para la conexión aérea con Barcelona y Toulouse, como nuevas vías para la reactivación.
Martí se mostró "dispuesto a tomar todas las medidas necesarias, por complicadas, duras y drásticas que
sean" para reconducir la situación actual del país, que acumula 825 millones de deuda, tres veces los
ingresos que obtiene. El ejecutivo andorrano se ha visto obligado a aceptar el impuesto sobre la renta que
sólo proponían los socialdemócratas y que el anterior gobierno de Jaume Bartumeu tuvo que aparcar por no
tener la mayoría suficiente. "No me importa reconocer que tenían razón aquellos de dentro y fuera de mi
formación política que decían que se imponía ir más allá". De igual forma el mandatario andorrano dijo que
"trabajará por cerrar con Francia un convenio de no doble imposición el primer semestre de 2012 y si es
posible también con España. Esto supondrá la apertura total a la inversión extranjera, lo que eliminará
medidas proteccionistas. También se modificará la ley de la Seguridad Social, que el año que viene superará
los 40 millones en negativo, para aplicar "una revisión global del modelo" de la sanidad del país a través de
un pacto de Estado.
La legalización del juego cierra un debate histórico en Andorra ya que la posible implantación de un casino
se remonta a principios del pasado siglo.
(La Vanguardia, 03-10-2011)
Exención fiscal para promover la dación en pago
La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), que se opone a modificar la ley hipotecaria para
establecer un modelo hipotecario basado en la dación en pago como única vía para saldar la deuda,
considera que sería "más práctico" incentivar el uso de la opción de dación en pago que existe en la ley
vigente mediante incentivos fiscales. La propuesta está incluida en el informe de la CECA entregado a la la
subcomisión del Congreso que debatió la reforma de la ley hipotecaria en septiembre. "Las entidades de
crédito podrían abrir una línea específica de préstamos con garantía limitada al bien", asegura el informe.
(La Vanguardia, 03-10-2011)
Laboral
El IEF ve difícil reducir el déficit al 3% sin medidas de impulso al crecimiento
El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) asegura que "será complicado" reducir el déficit público al 3% en
2013, tal y como exige Bruselas, sin crecimiento ni creación de empleo, por lo que habrá que adoptar las
reformas necesarias para conseguirlo. Así lo pone de manifiesto el director del servicio de estudios del IEF,
Esteban Sastre, en la última revista del Instituto, donde recuerda que España es el país en el que más ha
crecido el paro durante la crisis, lo que aumenta el desequilibrio fiscal porque hay menos empresas y
trabajadores sosteniendo un gasto público, que apenas ha bajado. "Por eso es tan importante abordar las
reformas económicas", señala Sastre, tras recordar que las empresas son las que sacarán al país de la
crisis, por lo que apuesta por profundizar en la unidad de mercado, la reestructuración financiera, la reforma
laboral y la de los convenios colectivos. Al tiempo, añade, deben realizarse los "ajustes necesarios" en el
gasto público y los precios. En este sentido, considera que el acuerdo de los partidos para limitar el déficit en
la Constitución es una "buena noticia que manda un buen mensaje" a los mercados, ya que establece las
bases para evitar futuras crisis de deuda como la actual, aunque probablemente los efectos no se noten en
el corto plazo.
(La Vanguardia, 03-10-2011)
La Administración y las empresas deben suprimir liberados sindicales
Reducción significativa del número de liberados sindicales. La protección de los derechos laborales resulta
compatible con una sensible reducción del número de liberados y de las excesivas horas dedicadas a
actividades sindicales. Es esencial eliminar rigideces en la representación de los centros de trabajo que
inducen el mantenimiento artificial de unidades que, sin producir valor añadido, sirven de circunscripciones
para la designación de puestos de delegados.
La crisis ha sacado a la luz muchas actividades de la Administración que habían pasado de soslayo en el
debate económico de los últimos años. Por ejemplo, el papel de los liberados sindicales tanto en el sector
público como en la empresa privada. Estos representantes dedican toda su jornada laboral a tareas
sindicales, por lo que sus puestos de trabajo deben ser cubiertos por otros empleados, aumentando así los
costes salariales.
Los liberados se escudan en la Ley de Libertad Sindical y en el Estatuto del Empleado Público, que fijan una
determinada bolsa de horas de representación en función del número de trabajadores que tenga una
compañía o departamento administrativo. Por ejemplo, en una plantilla de 751 empleados o más, cada
delegado laboral tiene derecho a 40 horas mensuales. Lo que sucede es que los representantes pueden
repartirse dichas horas como les convenga, de modo que algunos acumulan las suficientes como para cubrir
toda su jornada laboral. A posteriori, esa bolsa puede incrementarse o reducirse según el convenio que
pacten empresarios y asalariados, en caso de empresas privadas, o administraciones y funcionarios, si se
trata del sector público.
Calcular cuántos liberados sindicales hay en España es un ejercicio complicado, por la escasa transparencia
que al respecto mantienen el Estado y las propias centrales sindicales. No obstante, investigaciones
periodísticas han destapado que en el país podrían existir unos 57.000. Sólo en el cuerpo de funcionarios de
las comunidades autónomas hay casi 10.000, tal como informó recientemente EXPANSIÓN. Este mismo
diario, además, reveló que el coste de los 4.127 delegados presentes en las empresas españolas asciende a
unos 250 millones de euros.
No es extraño, por tanto, que los gobiernos autonómicos hayan puesto el punto de mira sobre este colectivo
a la hora de emprender sus duros recortes del gasto público.
La primera en abrir el melón fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al identificar
el año pasado la influencia de los liberados. Después pasó a los hechos: los redujo de 3.600 a 1.200. Tras
las elecciones autonómicas del 22-M, diversos gobiernos regionales han hecho lo propio. María Dolores de
Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, prescindió de 501; el líder de Baleares, José Antonio Bauzá,
suprimió a 89 de su Administración y el jefe del Ejecutivo valenciano, Alberto Fabra, siguió recientemente los
mismos pasos y se deshizo de 174 representantes.
La solución no consiste en exterminar a este tipo de representantes ni de demonizar el papel de los
sindicatos, sino en adelgazar las plantillas de las centrales –como están haciendo las Administraciones
públicas y los empresarios– para reducir el excesivo coste de estos liberados. Una buena medida sería
vigilar con más detenimiento la distribución de horas que realizan los delegados, de forma que se ajusten a
los máximos legales y no se comporten como unos privilegiados que, escudándose en sus intocables
derechos y repartiéndose la tarta sindical, se dedican a actividades que nada tienen que ver con la legítima
representación.
Sólo así se pueden evitar obscenas estampas como la reunión, en un día laborable de septiembre de 2010,
de 20.000 delegados en el madrileño Palacio de Vistalegre. Exhibiciones así se burlan del espíritu de
austeridad al que han tenido que doblegarse muchos españoles, sobre todo los cinco millones que no tienen
empleo y a los que los sindicatos aseguran defender.
(Expansión, 03-10-2011)
La CEOE dice que no hay una propuesta firme para revisar los sueldos del 2012
Arturo Fernández, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
dijo ayer que aún no hay una propuesta firme para revisar la moderación salarial prevista en el Acuerdo para
la Negociación Colectiva (ANC) 2010-2012, acuerdo que establece incrementos de entre el 1,5 y el 2,5%.
Según Fernández, en un contexto de cinco millones de parados, "conviene congelar esas subidas".
(La Vanguardia, 01-10-2011)
Mercantil, Civil y Administrativo
Japón sale de la crisis gracias a los trabajos de reconstrucción
El pasado 11 de marzo, un terremoto seguido de un tsunami borró del mapa parte de la costa oriental de
Japón, provocando miles de muertos y la destrucción de un país que afrontaba una incipiente recuperación
económica. En 2010, el PIB experimentó un crecimiento del 4%, que se vio frenado en seco por el accidente
de Fukushima.
El coste de los trabajos de reconstrucción, según las primeras estimaciones, se elevará a 200.000 millones
de euros. Solo las dos primeras fases, ya puestas en marcha, están dotadas con 57.000 millones Las
prioridades se están centrando en el desescombro de una línea de costa que abarca 600 kilómetros, la
reconstrucción de las infraestructuras básicas como los tendidos de luz o las conducciones de agua y la
reconstrucción de 70.000 viviendas. Esa primera inyección ya ha provocado, según las estimaciones de
Citigroup, una avance del 2% del PIB, lo que permitirá a la economía japonesa cerrar este ejercicio con tan
solo una caída del PIB del 0,5%. Los últimos datos macroeconómicos muestran una aceleración muy
importante del mercado inmobiliario y de la obra civil. Las viviendas iniciadas en agosto han subido un 14%
en tasa interanual, según la Oficina Nacional de Estadística, mientras que los pedidos de la construcción han
repuntado también un 9,3% anual. En ambos casos, los registros están muy por encima de lo previsto por
los analistas.
Las sucesivas inyecciones de dinero tendrán un efecto balsámico sobre la economía japonesa que retomará
la senda de crecimiento el año que viene al mismo ritmo que antes de la crisis de Fukushima. En su último
informe de perspectivas, presentado a principios de semana, el FMI pronostica que el PIB avanzará un 3,2%
en 2012 gracias a las ingentes inversiones en infraestructuras. Este organismo, sin embargo, advierte en el
mismo informe sobre los dos principales riesgos que debe afrontar la economía japonesa: la posibilidad de
un nuevo apagón nuclear y el crecimiento imparable de la deuda y del déficit.
El cierre progresivo de centrales nucleares puede provocar una escasez de suministro energético que
bloquearía la producción industrial de un país dominado por grandes multinacionales electrónicas. Esa
situación ya se produjo en las semanas posteriores a Fukushima y provocó un frenazo sin precedentes en la
fabricación y en la distribución mundial de bienes y piezas de grandes compañías como Toyota, Canon,
Honda o Nintendo.
Otro problema añadido es el elevado nivel de endeudamiento en el que ha tenido que incurrir el Ejecutivo
nipón para financiar la reconstrucción. La deuda podría alcanzar el 225% del PIB y el déficit se podría
disparar hasta el 10,5% a finales de este año. En este escenario, el FMI instó al Ejecutivo a buscar la
fórmula que permita un crecimiento sostenido y unas finanzas saneadas. Y eso pasa por una fuerte
reducción del gasto público y una subida generalizada de impuestos. El objetivo del gobierno nipón,
expuesto a principios de semana, consiste en subidas selectivas del impuesto sobre la renta, sobre
sociedades y sobre tabaco durante los próximos diez años con las que prevé recaudar 21.000 millones de
euros adicionales. A esa cifra se tienen que sumar otros 65.000 que procederán de la venta de las
participaciones estatales en compañías como Japan Tobacco.
(Cinco Días, 03-10-2011)
Lisboa admite que su país es el más amenazado por la crisis griega
Portugal vive bajo el síndrome griego. En Lisboa casi todo remite a Atenas. El primer ministro conservador,
Pedro Passos Coelho, ha admitido que su país necesitaría un segundo rescate internacional si Grecia entra
en suspensión de pagos. La amenaza de caer en un caos como el heleno ha sido la justificación utilizada
por el Gobierno conservador luso para justificar el impuesto sobre la paga extra de Navidad aprobado este
verano. Y en los medios lusos ya es un lugar común presentar a Madeira como la Grecia
portuguesa,después de que se constatase el falseamiento de las cuentas del Gobierno autónomo del
archipiélago. El pasado viernes Portugal reconoció que sigue sin cumplir los objetivos de déficit público, lo
que complica su plan de alejarse lo más posible de Atenas. Y el sábado, en las grandes manifestaciones del
sindicato CGTP en Lisboa y Oporto contra los ajustes, decenas de miles personas clamaron contra la
posibilidad de que Portugal caiga en un agujero como el griego.
Si durante su agónico último año como primer ministro, el socialista José Sócrates entonó sin éxito la letanía
de que Portugal no era Grecia, ahora el lema gubernamental es que Portugal corre el riesgo de acabar como
Grecia, con lo que pretende, por una parte, que la ciudadanía acepte nuevos sacrificios y, por otra, obligar al
resto de la Unión Europea a proteger a su socio luso, tanto a través de la solución de la crisis helena como
mediante el refuerzo de la ayuda a Lisboa.
"Si ocurriera algo muy grave en Grecia, no podemos excluir esa posibilidad", dijo hace unos días el primer
ministro en un exceso de sinceridad, al ser interrogado sobre lo que hasta hace poco era un tabú, la
eventualidad de que Portugal pida un segundo plan de ayuda. Pero el Gobierno luso sigue sin admitir que
puede necesitar renegociar su deuda.
Las palabras de Passos Coelho suponen la confirmación de que se está alterando la secuencia de las
caídas de los países de la zona euro. Al primer rescate griego de abril de 2010 le siguió el de Irlanda en
noviembre del año pasado y el de Portugal en abril del 2011. Pero ahora la economía lusa muestra un mayor
riesgo que la irlandesa de sufrir el nuevo contagio heleno, como se refleja en la cotización de sus bonos
soberanos. Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que el producto interior bruto (PIB) griego y
luso también se reducirán el próximo año, mientras el irlandés crecerá.
El Instituto de Estadística portugués informó el pasado viernes de que en el primer semestre de año el déficit
público se situó en el 8,3% del PIB, muy por encima del 5,9% previsto para final de año en el acuerdo de
rescate internacional suscrito con el FMI, la UE y el Banco Central Europeo (BCE).
La galopante deuda de la región de Madeira, así como otros desvíos en las cuentas públicas, han abocado
al Gobierno de Lisboa a anunciar que va a aplicar nuevas medidas de austeridad, que todavía no ha
detallado, en un ambiente cada vez más tenso.
Las manifestaciones del sábado en Lisboa y Oporto, las primeras contra el Gobierno de Passos Coelho,
constituyen el preludio de un otoño de movilizaciones y parecen indicar un recrudecimiento de las protestas
sociales contra el rescate internacional, que hasta ahora no han sido muy intensas. Y siempre con la vista
puesta en Atenas.
(La Vanguardia, 03-10-2011)
Grecia admite que no cumplirá el déficit previsto y acelera los recortes
En Grecia, la realidad ya ha desbordado todas las expectativas. La situación económica es peor de lo
previsto. El agujero en las cuentas públicas es más profundo. Y el Gobierno se ve en la necesidad de
acelerar los recortes, que amenazan con alimentar la recesión. El Ministerio de Finanzas admitió ayer que ni
este año ni el siguiente va a cumplir los objetivos de déficit que había acordado con los tres organismos que
en mayo del año pasado salieron a su rescate: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo
y la Comisión Europea. "Nos quedan tres meses críticos para terminar el año", anunció en un comunicado el
ministro de Finanzas, Evangelos Vanizelos.
En los Presupuestos que ayer envió al Parlamento, el Gobierno admite que en lugar del 7,6% de déficit al
que se había comprometido, los números rojos finalmente subirán este año al 8,5% del PIB. Además, este
objetivo tampoco está asegurado. Venizelos dijo que es alcanzable si "el mecanismo del Estado y los
ciudadanos responden adecuadamente".
Para el año próximo también se aleja la perspectiva de reducir el desajuste fiscal hasta el 6,5%. La nueva
previsión eleva este porcentaje tres décimas. Los tres organismos -la denominada y en Atenas demonizada
troika- analizan estos días si Grecia cumple o no con las condiciones del plan de rescate y tiene que
autorizar en las próximas semanas el nuevo tramo del préstamo -8.000 millones en este caso- que el
Gobierno necesita para pagar a médicos o maestros.
Las nuevas previsiones se asientan sobre una certidumbre: la recesión está siendo y va a ser mucho más
dura de lo previsto. El Gobierno ya comparte el pronóstico del FMI: la economía se contraerá este año un
5,5% y un 2% el próximo. Estas cifras son mucho más pesimistas de las que se emplearon para diseñar el
segundo plan de rescate, aprobado el pasado mes de julio, donde se esperaba que el despegue comenzara
en 2012. "Es evidente que ni este año ni el siguiente vamos a crecer. Y nadie sabe cuándo vamos a salir del
túnel. Todo el mundo es muy pesimista. Cada día se ven más tiendas cerradas. Más gente pierde sus
empleos. Y el Gobierno trata de exprimir demasiado a los contribuyentes, que ya no pueden más", asegura
por teléfono desde Atenas Gkikas Jardoúvalis, economista que a principios de la pasada década dirigió la
oficina económica del ex primer ministro Kostas Simitis.
Los nuevos Presupuestos no solo admiten que el país va a crecer menos y que el déficit va a ser mayor,
también ponen en marcha los recortes que Atenas había pactado con la troika y que amenazan con
soliviantar a una sociedad ya exhausta. Las arcas públicas necesitan 6.600 millones más este año y el
siguiente. Y para ello, entre otras medidas, se aprueba el traslado a la "reserva" de 30.000 funcionarios.
Cobrarán el 60% de su sueldo durante un año . Tras este periodo, los que no se hayan reconvertido ni
hayan encontrado un puesto en la empresa perderán su puesto de trabajo. Una situación muy peligrosa en
un país en el que la cifra de paro oficial acaba de superar el 16%; y la real es bastante superior.
Para explicar los nuevos pronósticos, el Gobierno insiste en que la economía ha evolucionado peor de lo
previsto. Los críticos recuerdan a Papandreu que a mediados del año pasado perdió un tiempo precioso,
cuando abandonó el ímpetu reformista que le invadió tras la aprobación del rescate en mayo de 2010.
"Impulsaron las reformas los primeros meses. Pero luego, cuando tenían que haber aprobado medidas
perjudiciales para ciertos sectores e intereses, lo paralizaron. Ahora ya saben que no tienen más tiempo
para juegos", concluye Jardoúvalis.
(El País, 03-10-2011)
El BCE bajará los tipos de interés...pero no esta semana
No se esperan cambios en los tipos de interés en la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del próximo
jueves. La entidad presidida por Jean-Claude Trichet los mantendrá en el actual nivel del 1,5%, según
prevén los analistas consultados. En su opinión, las subidas están totalmente descartadas mientras que la
posibilidad de recortes estará sobre la mesa, aunque todavía es pronto para materializarla.
El banquero francés ya cambió el tono de su discurso en la anterior reunión de septiembre. Sus palabras
hacen ver que la fase de incrementos ha finalizado y el BCE pronto tendrá que rectificar las subidas
aplicadas en abril y julio, presionado por la degradación que sufren las economías europeas, incluidas las
principales potencias (Francia confirmó su estancamiento en el segundo trimestre y Alemania frenó en seco
su crecimiento). Con unas perspectivas poco halagüeñas, el mercado apuesta por que el cambio de rumbo
de la política monetaria está cerca y será firme. Además, la llegada de Mario Draghi al frente de la institución
al expirar el mandato de Trichet el 31 de octubre augura novedades.
Itziar Mendía, de Fineco, expone que de las 39 estimaciones de mercado, 29 dicen que el precio del dinero
se dejará este mes en el 1,5%, seis que bajará al 1%, y cuatro que se recortará al 1,25%. Pero la cosa
cambiará con el desembarco de Draghi. "La política monetaria será diferente y se pueden esperar bajadas
de tipos", comenta.
Natalia Aguirre, analista de Renta 4, explica que parte del mercado se decanta por una relajación monetaria
y otra parte por agresivos recortes a corto plazo. En cualquier caso, "octubre es demasiado pronto para
bajar los tipos", afirma, ya que la inflación se sitúa todavía por encima del objetivo del 2% del BCE. Es más,
el cálculo preliminar de Eurostat indica que el IPC interanual de la zona euro repuntó cinco décimas en
septiembre, hasta el 3%. No obstante, "la situación económica evidencia a Trichet que se ha equivocado y el
BCE tendrá que dar marcha atrás", opina.
A juicio de Aguirre, es necesaria una bajada de tipos importante, al menos de los 50 puntos básicos que se
ha subido este año, "o incluso más", aunque dependerá de lo que se agrave la debilidad económica en los
próximos meses. Los indicadores adelantados apenas dan señales de mejora de cara al tercer trimestre ni la
recta final del año. En España, el Banco de España constata en su último informe mensual que la actividad
sigue mostrando "atonía" en línea con la ralentización del segundo trimestre.
Desde Ahorro Corporación, Nuria García, indica que en la cita anterior "Trichet dio un sesgo neutral y ahora
está por ver un sesgo bajista". Sostiene que, aunque no habrá bajada de tipos en esta ocasión, sí se
discutirá dicha opción para el corto plazo, "sobre todo si la situación financiera europea no se estabiliza". Un
recorte de tipos "no es lo que Europa más necesitaría, pero sí complementaría otras medidas que se están
llevando a cabo", asevera.
Félix López, de Atlas Capital, considera que las presiones inflacionistas se han moderado al tiempo que se
tensiona la situación política y económica. Espera que en noviembre lleguen los recortes de tipos, "pero de
50 puntos básicos, no de 25", apunta, ya que "se necesitan movimientos firmes visto el pesimista panorama
económico".
Para José Luis Martínez Campuzano, Estratega de Citi en España, las bajas de los tipos oficiales se
aplicarán "más bien a finales de año o principios del próximo", en un contexto económico europeo
desfavorable que incluso puede dar lugar a un crecimiento ligeramente negativo en 2012, según sus
estimaciones.
(Cinco Días, 02-10-2011)
La capitalización de cajas y bancos ha costado al Estado 8.000 millones
La reestructuración del sector financiero no ha acabado. Así lo admitió ayer Miguel ÁngelFernández
Ordóñez, gobernador del Banco de España, el día en el que culminaba el plazo para que las entidades
cumplieran con los requisitos de capital fijados por el Gobierno en febrero. De las 13 entidades que
necesitaban fortalecer sus recursos propios, cuatro de ellas se han visto obligadas a acudir al Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que les inyectará de forma inmediata 7.931 millones.
Esta cantidad - que incluye los 380 millones que el fondo prestó a Unnim y que ahora se han convertido en
capital-podría aumentar hasta los 8.741 millones si BMN y Liberbank fracasan en las próximas semanas en
su intento de dar entrada a inversores en sus respectivos bancos. De momento, lo seguro es que a la ya
intervenida CAM (en plena fase de subasta) se añaden Nova Caixa Galicia, Catalunya Caixa y Unnim como
grupos de cajas que han pasado a estar controlados casi totalmente por el Estado.
El FROB elaborará ahora, como obliga Bruselas, un plan de viabilidad que incluirá despidos y cierres de
oficinas. Y luego buscará un comprador, aunque las entidades tienen la posibilidad de buscar un socio antes
de finalice el primer año.
Hasta que no se conozca el futuro de las cuatro cajas ahora nacionalizadas y de las otras dos que tienen
pendiente su capitalización, el proceso de reestructuración no puede darse por cerrado. En un momento en
el que algunas autoridades de Estados Unidos y de Europa - junto con multitud de analistas-cuestionan la
solidez de la banca europea, Fernández Ordóñez recalcó que las entidades por él supervisadas cuentan con
el capital suficiente. "De 114, sólo 13 no cumplían los requerimientos de capital", recordó el gobernador. Dos
cajas - Bankia y Banca Cívica-salieron a bolsa y captaron 3.700 millones, Unicaja se ha hecho cargo de
España-Duero, tres bancos ampliaron capital y el cuarto - Bankpime-ha traspasado su pequeño negocio
bancario a Caixa Bank. De las restantes, cuatro están en el FROB y dos más tratan de evitar su entrada con
la apelación al mercado. Precisamente ayer, la CECA recalcó el esfuerzo realizado y que las cajas
intervenidas sólo suponen el 14% de los activos del sector.
En esta línea, el gobernador insistió en que las cantidades aportadas por el FROB le pueden parecer muy
elevadas a un ciudadano cualquiera, pero que en realidad son bajísimas si se compara con el coste de la
capitalización pública en otros países. En su cómputo pasó por alto los 10.000 millones de préstamos del
FROB, que aún deben ser devueltos.
Sin embargo, la incógnita no es tanto el coste de lo realizado, sino lo que puede venir si la situación no
mejora. En este sentido, el gobernador admitió que el Banco de España no descarta nada para el futuro: ni
nuevas intervenciones, ni nuevas ayudas si la situación lo requiere o se adoptan decisiones en este sentido
en Europa. Pero, admitida esta posibilidad, reclamó una cierta dosis de tranquilidad: "Ahora se ha acabado
una etapa durante algún tiempo y ya queda menos para superar la situación en el sector financiero y enel
conjunto de la economía española".
El sector financiero, y en especial las cajas, ya no están en el centro de atención de los mercados, dijo
Fernández Ordóñez. "Ahora, el foco está en los grandes bancos europeos y en si deben ser
recapitalizados", apuntó en relación a las carteras de bonos griegos que tienen los bancos franceses y
alemanes. Por eso, el gobernador consideró que "lo prioritario ahora es resolver el problema de la deuda
soberana" y la falta de acuerdo en Europa para abordar la crisis de un país cuya economía supone apenas
el 2% del PIB europeo.
Cuestionado sobre la digestión del empacho inmobiliario, que tanto preocupa a los analistas extranjeros,
Fernández Ordóñez recordó que el sector bancario ha destinado más de 105.000 millones de euros a
provisiones desde que empezó la crisis. "Son recursos privados que se han puesto para solucionar todos los
problemas", recordó. En su opinión, ya se ha hecho todo lo que se podía hacer para tratar de convencer al
mercado de la digestión del estallido de la burbuja, con actuaciones como la exigencia de mayores
provisiones o los obligados ejercicios de transparencia sobre la exposición de cada entidad a los riesgos con
los promotores.
Pero el mercado, aparentemente, sigue sin estar convencido. Ayer mismo, a las pocas horas de la
intervención de Fernández Ordóñez, Fitch afirmó que será necesario realizar más provisiones en las cajas
rescatadas debido a sus carteras de construcción y promoción inmobiliaria. El reciente ejemplo de la CAM,
cuya morosidad con los promotores supone el 50% de su crédito con este sector, está en la mente de todos
los analistas.
En el plano político, Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, criticó anoche la supervisión del
Banco de España y dijo anoche que está "el proceso de reestructuración del sector está lejos de haber
culminado". Según Montoro, las cifras de capital que se buscaban mediante la aportación privada "no se han
conseguido" yha tenido que intervenir finalmente "el dinero de todos los españoles" a través del FROB. "Las
advertencias que hicimos este año y que ha llevado a una restricción aún mayor de crédito bancario se han
cumplido", culminó Montoro.
Por su parte, José María Martínez, secretario general de Comfia-CC. OO. valoró que "este es un proceso
fallido porque se inició tarde, la política de avales debería haber sido la de la recapitalización y el FROB se
inició un año tarde y mal orientado".
(La Vanguardia, 01-10-2011)
El gas natural sube hoy un 1,2% y el butano, un 1,96%
Las tarifas de gas natural y de la bombona de butano experimentarán hoy incrementos del 1,2% y del
1,96%, respectivamente. En el caso del gas, esta última subida implica que el recibo acumule ya un
incremento del 12,1% en todo el 2011. En el del butano, el precio de la bombona se sitúa en 15,08 euros,
frente a los 14,8 anteriores, ascenso que afectará a entre ocho y diez millones de usuarios. El precio de la
luz se congela.
(La Vanguardia, 01-10-2011)
El déficit por cuenta corriente disminuye el 9,86%
El mayor dinamismo de los flujos comerciales, la reducción del déficit no energético y el aumento del turismo
permitieron que el déficit por cuenta corriente fuera de 28.919,1 millones de euros en los siete primeros
meses del año, una reducción del 9,86% respecto al mismo periodo del 2010, dijo ayer el Banco de España.
Aun así, el importe de los ingresos del exterior todavía es menor que el de los pagos que debe realizar
España.
(La Vanguardia, 01-10-2011)
Sector
Fingir una cojera para alargar la baja no es causa de despido
Un juzgado de Cádiz declara improcedente la sanción impuesta a un trabajador pese a que la empresa
probó que simulaba la dolencia cuando acudía al centro de trabajo a entregar documentación.
Un juzgado de Cádiz ha estimado improcedente la decisión empresarial de despedir a un empleado que
fingía una cojera con el afán de demostrar que persistían los síntomas que le habían llevado a estar en
situación de incapacidad temporal.
Para el juez, la actuación del trabajador aparentando ante la empresa la persistencia de un síntoma es una
irregularidad que, sin embargo, no reviste suficiente gravedad como para despedir.
La sentencia cuestiona, por tanto, la potestad disciplinaria del empresario que, pese a haber demostrado con
la intervención de un detective que su empleado simulaba la cojera, no encuentra respaldo ante el tribunal.
El litigio surge tras haber notificado la compañía al trabajador su despido por haber mantenido
“artificiosamente” y “alargar innecesariamente” la situación de incapacidad temporal provocada por una
lesión en su rodilla tras caerse de una escalera.
La empresa, que pertenece al sector de la hostelería, llega a esta conclusión tras haber puesto un detective
para comprobar si la dolencia del trabajador era real o no.
En su informe el detective, deja constancia de que el empleado camina con normalidad durante tiempo
prolongado varios días. Además, carga con bolsas del supermercado, incluso introduce material infantil en
un vehículo que, después, conduce. También refiere cómo, cuándo acude a la empresa, sale de su domicilio
caminando con normalidad y que sólo cuando llega al centro de trabajo y al salir de él cojea. Posteriormente,
cuando regresa a su casa y baja del coche la dolencia o lesión desaparece, andando sin problema alguno.
El trabajador impugnó la decisión del empresario alegando, en primer lugar, que se trataba de una represalia
pues había interpuesto una denuncia penal contra un superior cinco meses antes. Sin embargo, el
magistrado desestima esta cuestión amparándose en que la Inspección de Trabajo no estimó que hubiese
ilicitud laboral alguna. Lo que sí entra a analizar el juez es la causa objetiva planteada por la empresa sobre
la cojera del empleado cuando iba al centro de trabajo a recoger o entregar documentación y que, sin
embargo, no concordaba con las observaciones efectuadas por un detective.
El magistrado recoge en su resolución como hecho probado que el trabajador cojea en la empresa pero no
antes ni después. Al respecto, afirma que este comportamiento “ciertamente es una irregularidad sin causa
que se produce en la empresa o se busca que aparente una persistencia de un síntoma”.
Pero también advierte de que “son los servicios médicos quienes expiden los partes de confirmación
semanales”, reprochando a la compañía que, tras observar esa actuación, “no reclama ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social o Servicio Andaluz de Salud”. Es más, recrimina a la compañía que “ni
siquiera le preguntara al propio trabajador” por qué simulaba la dolencia.
Por tanto, aunque el magistrado dice “aceptar que hubo una exageración” por parte del empleado,
contrariamente a la opinión de la empresa, estima que “su incapacidad laboral era objetiva y previa”. Para
justificarlo, argumenta que después de haber sido despedido fue operado de menisco, intervención
quirúrgica que tenía solicitada desde antes de ser sancionado. En su opinión, de este dato resulta “claro”
que existía “una dolencia susceptible de cojera”.
Concluye, pues, indicando que, en este caso, imponer la sanción más elevada “no se corresponde ni con los
hechos aislados ni con su visión de conjunto”, calificando el despido de improcedente.
La sentencia, que no es firme, obliga a la compañía a optar bien por readmitir, bien por indemnizar al
trabajador con 9.190,50 euros más los salarios de tramitación.
(Juzgado de lo Social 2 de Cádiz, 13/09/2011, Sª 270/11).
(Expansión, 03-10-2011)